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Res. 02375-2017 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 15/02/2017

Law 9205 struck down for lack of prior technical studiesLey 9205 declarada inconstitucional por falta de estudios técnicos previos

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

Law No. 9205 is declared unconstitutional and annulled due to an essential procedural defect for lacking prior technical studies.Se declara inconstitucional y se anula la Ley N° 9205 por vicio esencial en el procedimiento legislativo al carecer de estudios técnicos previos.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber declared unconstitutional Law No. 9205, which had authorized the titling of land within JAPDEVA's property in Limón. The law sought to grant property rights to long-term possessors, but involved the removal of protected wild areas, state natural heritage, wetlands and the maritime-terrestrial zone from their protective regime. The Chamber found that the legislature committed an essential procedural defect by failing to obtain prior technical studies justifying the reduction or declassification of these environmentally sensitive areas. It held that Article 38 of the Organic Environmental Law and the principle of constitutional reasonableness require such studies to be conducted before enactment, not afterwards. The absence of those studies violated Articles 50, 89 and 121(14) of the Constitution, as well as the principle of non-regression in environmental matters. The annulment has declaratory and retroactive effect to the date the law took effect, without prejudice to good-faith acquired rights.La Sala Constitucional declaró inconstitucional la Ley N° 9205, que autorizaba la titulación de terrenos dentro de la finca de JAPDEVA en Limón. La ley buscaba reconocer derechos de propiedad a poseedores de larga data, pero implicaba la desafectación de áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, humedales y zona marítimo terrestre. La Sala determinó que el legislador incurrió en un vicio esencial del procedimiento legislativo al no contar con estudios técnicos previos que justificaran la reducción o desafectación de estas áreas ambientalmente sensibles. Señaló que el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y el principio de razonabilidad constitucional exigen que dichos estudios sean previos a la promulgación de la ley, no posteriores. La falta de esos estudios violó los artículos 50, 89 y 121 inciso 14 de la Constitución Política, así como el principio de no regresión en materia ambiental. La anulación de la ley es declarativa y retroactiva a la fecha de su vigencia, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.

Key excerptExtracto clave

In this case, there is no doubt, for this Constitutional Tribunal, that the legislature incurred an essential procedural defect in the enactment of Law No. 9205, the subject of this unconstitutionality action, given that there is no prior technical study demonstrating the nature of the lands to be titled and the possible impact on the environment resulting from the coexistence of both people and the ecosystem, as well as the consequences derived from this, a situation that is not remedied by conducting, after the enactment of the law, the technical studies that are lacking, since this would allow areas of environmental importance or belonging to the state's natural heritage to be titled indiscriminately—or at least to be endangered—which would be contrary to the very conservationist environmental policies that the State has pursued by virtue of the mandates imposed by the Political Constitution and the International Treaties it has signed. This essential procedural defect affects the entire law, not only those articles that specifically establish the declassification of the public domain property in question or postpone the completion of the technical studies to a stage after the enactment of the law.En este caso, no existe duda, para este Tribunal Constitucional, que el legislador incurrió en un vicio esencial en el procedimiento legislativo en la promulgación de la Ley N° 9205, objeto de esta acción de inconstitucionalidad, dado que no existe un estudio técnico previo que demuestre la naturaleza de los terrenos a titular y la posible afectación del medio ambiente, producto de la convivencia tanto de las personas como del ecosistema, así como las consecuencias que de esto se deriven, situación que no se subsana con la realización, de forma posterior a la promulgación de la ley, de los estudios técnicos que se echan de menos, puesto que ello permitiría que se titulen, indiscriminadamente -o, al menos, que se pongan en peligro-, áreas de importancia medioambiental o pertenecientes al patrimonio natural del Estado, lo que resultaría contrario a las mismas políticas conservacionistas del ambiente que ha procurado el Estado en virtud de los cometidos ordenados por la Constitución Política y los Convenios Internacionales que ha suscrito. El apuntado vicio esencial en el procedimiento legislativo afecta a toda la ley, no solo a los artículos que, en concreto, establecen la desafectación del bien demanial en cuestión ó que postergan la realización de los estudios técnicos para una etapa posterior a la promulgación de la ley.

Pull quotesCitas destacadas

  • "De conformidad con el principio de razonabilidad constitucional y el contenido del artículo 50, de la Constitución Política, los estudios técnicos necesarios para desafectar un bien de dominio público, en general, y, en concreto, para desafectar terrenos que forman parte del patrimonio natural del Estado, deben realizarse de previo o durante la tramitación del respectivo proyecto de ley, so pena de omitir, en el procedimiento legislativo, un requisito sustancial que toma en inconstitucional la ley así aprobada."

    "In accordance with the principle of constitutional reasonableness and the content of Article 50 of the Political Constitution, the technical studies necessary to declassify a public domain property in general, and specifically to declassify lands that are part of the state's natural heritage, must be carried out prior to or during the processing of the respective bill, under penalty of omitting a substantial requirement in the legislative procedure, rendering the law thus approved unconstitutional."

    Considerando – análisis del vicio de procedimiento

  • "De conformidad con el principio de razonabilidad constitucional y el contenido del artículo 50, de la Constitución Política, los estudios técnicos necesarios para desafectar un bien de dominio público, en general, y, en concreto, para desafectar terrenos que forman parte del patrimonio natural del Estado, deben realizarse de previo o durante la tramitación del respectivo proyecto de ley, so pena de omitir, en el procedimiento legislativo, un requisito sustancial que toma en inconstitucional la ley así aprobada."

    Considerando – análisis del vicio de procedimiento

  • "El principio de razonabilidad en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente."

    "The principle of reasonableness in relation to the fundamental right to the environment requires that the norms issued on this matter be duly supported by serious technical studies, even if no other legal provision expressly establishes this."

    Considerando – objetivación de la tutela ambiental

  • "El principio de razonabilidad en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente."

    Considerando – objetivación de la tutela ambiental

  • "La omisión de los estudios técnicos previos y necesarios para establecer cuáles terrenos en concreto, de la finca de JAPDEVA... pueden ser desafectados sin que se ponga en peligro la protección ambiental de Parques Nacionales y demás áreas protegidas, constituye una violación clara a los artículos 50, 89 y 121, Inciso 14), de la Constitución Política."

    "The omission of the prior and necessary technical studies to establish which specific lands of the JAPDEVA property... can be declassified without endangering the environmental protection of National Parks and other protected areas constitutes a clear violation of Articles 50, 89 and 121(14) of the Political Constitution."

    Considerando – conclusión sobre el vicio

  • "La omisión de los estudios técnicos previos y necesarios para establecer cuáles terrenos en concreto, de la finca de JAPDEVA... pueden ser desafectados sin que se ponga en peligro la protección ambiental de Parques Nacionales y demás áreas protegidas, constituye una violación clara a los artículos 50, 89 y 121, Inciso 14), de la Constitución Política."

    Considerando – conclusión sobre el vicio

  • "No cabe duda, para esta Sala, del fin social que el legislador pretende tutelar con la promulgación de la Ley N° 9205... Sin embargo, ello no se puede hacer si no se garantiza razonablemente la protección al medio ambiente, dado que la finca en cuestión abarca terrenos que resultan, en diversa medida, de interés ambiental."

    "There is no doubt, for this Chamber, about the social purpose that the legislature sought to protect with the enactment of Law No. 9205... However, this cannot be done if environmental protection is not reasonably guaranteed, given that the property in question encompasses lands that are, to varying degrees, of environmental interest."

    Considerando – ponderación de intereses

  • "No cabe duda, para esta Sala, del fin social que el legislador pretende tutelar con la promulgación de la Ley N° 9205... Sin embargo, ello no se puede hacer si no se garantiza razonablemente la protección al medio ambiente, dado que la finca en cuestión abarca terrenos que resultan, en diversa medida, de interés ambiental."

    Considerando – ponderación de intereses

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Sections

Procedural marks

**File 14-004297-0007-CO** **Res. No. 2017002375** **CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at ten hours and forty minutes of February fifteenth, two thousand seventeen.

An action of unconstitutionality brought by Roberto Miguel Molina Ugalde, of legal age, married, park ranger, resident of Barrio Córdoba, San José, with identity card number 501950151, in his personal capacity and as General Secretary of the *Asociación Sindical de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Energía e Instituciones Afines de Conservación (SITRAMINAE)*, legal entity identification number 301-1212127, and Mauricio Álvarez Mora, of legal age, married, geographer, resident of Los Yoses de Montes de Oca, San José, with identity card number 108770217, against Law No. 9205, of December 23, 2013, Ley de Titulación en inmueble propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Also intervening in the action are the Procuraduría General de la República and the Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

**Whereas:** - By brief filed in the Secretariat of the Chamber at 13:03 hours on April 3, 2014, the plaintiffs request that the unconstitutionality of Law No. 9205, of December 23, 2013, Ley de Titulación en inmueble propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), published in Digital Supplement No. 4, of the Official Gazette *La Gaceta*, of February 26, 2014, be declared. They allege that said law is unconstitutional with respect to the parliamentary procedure, for not having had prior technical studies before the approval of the law that justify the reduction or declassification (desafectación) of protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas). Article 3 of the challenged Law decrees the general declassification (desafectación) of the property registered in the Public Property Registry, in the name of JAPDEVA, Partido de Limón, real folio No. 96658, sequence 000. This is done for the purpose of authorizing the titling of properties by possessors, under the terms of Article 1, of the Ley de Informaciones Posesorias. The declassified (desafectados) lands of said property form part of protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), and lands subjected to various categories of environmental protection, among them the Tortuguero National Park, the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, the Tortuguero Protected Zone, the Cariari National Wetland, the Dr. Archie Carr Wildlife Refuge, the forest reserve created by Executive Decree No. 2886, the protected zones established in Decree No. 23253, the forest areas incorporated into the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), the Humedal Caribe Norte, and the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre). They allege that Articles 71 and 72, of Executive Decree No. 34433-MINAE, implementing regulation of the Biodiversity Law, were also violated, according to which, for the declaration, modification, or change of management category of protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), a technical report coordinated by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) must be prepared. Such a study must meet minimum conditions of rigor and depth, defined in Article 38 of the Organic Environmental Law, and must be prior to the approval of the draft law. Furthermore, as substantive defects, the plaintiffs adduce the following: a) that Article 8 of the challenged law establishes that the declassified (desafectadas) protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) and wetlands, generically and without technical studies, would maintain their status as public domain property (bien demanial) and their declassification (desafectación) is subject to subsequent studies; but the same provision establishes that this would be with the exceptions of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, excluding from the procedure those possessors of ten years prior to the creation of the protected area. This opens the door for the permanent declassification (desafectación) of the public domain of the aforementioned zones, when what the provision of the Ley de Informaciones Posesorias seeks is to guarantee the right to compensation of the possessors, not to consolidate their ownership over a public domain asset. b) Furthermore, Article 8 declares of urban interest a series of towns and lands, declassifying (desafectando) from the public domain the restricted zone and significantly reducing the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), in violation of the principle of inviolability (intangibilidad) of that public domain asset (bien demanial), which forms part of the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado) and is for common use. Its titling and definitive appropriation by private individuals, under the private property regime, is being allowed (Articles 8 and 9 of the questioned law). c) They believe that it should be taken into account that Tortuguero National Park was designated a Ramsar site in 1996, for the wetlands it protects. Also located in the zone is the Cariari National Wetland, established by Executive Decree No. 23253 of April 23, 1994, which covers coastal channels, natural drains (caños), and lagoons located between the mouth of the Moín River and the boundary of Tortuguero National Park. d) They also adduce that this Chamber has repeatedly held that the reduction of a protected zone is constitutionally possible only if it does not entail detriment to the right to a healthy environment. e) Likewise, they accuse the violation of the principle of imprescriptibility of public domain assets (bienes demaniales), the right to property over public and private assets, and the right of access to justice, due to the arbitrary prohibition contained in Transitory Provision II of Law No. 9205, of annulling administratively or judicially the property titles obtained in the property owned by JAPDEVA, which makes it impossible to discuss the public or private ownership over the asset. f) Likewise, they consider that the Law implies an injury to the right of persons to free transit, access to public roads, and to enjoy an orderly and planned urban environment, with quality public services, by exempting, in its Article 10, for the registration of plans in the National Cadastre, from the basic requirements established in Articles 4 of the Law on Public Roads, and 32 and 33 of the Urban Planning Law, regarding width of highways and local roads (caminos vecinales), access to a public road, cession of areas for public use, conditions for construction of streets, sidewalks, pipes, stormwater and sanitary drainage, electrification and public lighting, municipal approval (visado) and endorsement (refrendo) of the INVU, and establishment and termination of easements (servidumbres). They consider that it should not be overlooked that the titling of lands of up to 300 hectares is allowed (Article 5 of the law). g) On the other hand, it is requested to declare Law No. 9205 unconstitutional, because its Article 16 violates the principle of separation of powers, the reservation of jurisdiction, the state duty to protect and recover public assets, the non-retroactivity of the law, and the principle of res judicata (cosa juzgada), by allowing that pending causes related to the JAPDEVA property, of any kind, be archived, and the restitution of evicted possessors. Article 17 contradicts the right to property and legal certainty, by authorizing the registration of property titles over real estate, even when they have registrable titles in the Public Property Registry. The possibility of omitting the requirement of Article 1, subsection f), of the Ley de Informaciones Posesorias, opens a dangerous legal loophole. h) They also allege that the principle of non-regression of the right to a healthy and ecologically balanced environment was breached. They request that the action be granted and the challenged law be annulled from the legal system.

- For the purpose of supporting the standing they hold to bring this action of unconstitutionality, the plaintiffs point to the protection of collective or diffuse interests (intereses difusos) of the community as a whole, whose affectation, in turn, translates into an individual injury for each of the inhabitants of the Republic. The foregoing, insofar as the challenged provisions injure the right of every person to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, as well as the right of citizen participation in matters affecting the environment, protected in Articles 9, 50, and 89 of the Political Constitution.

- By resolution of the Presidency of the Chamber, at 11:17 hours on April 8, 2014, Mauricio Álvarez Mora, identity card number 108770217, acting on behalf of the *Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)*, was warned that, within three days, counted from the day following the notification of this resolution and under warning of denying the processing of the action in case of non-compliance, he clarify whether he has sufficient power of attorney to act in the name of that Federation, or indicate in what capacity he acts.

- In a brief filed at 15:01 hours on April 23, 2014, the plaintiff Mauricio Álvarez Mora, in compliance with the warning made to him, stated that he acts in his capacity as a private individual, by virtue of the diffuse interest conferred on him by the Political Constitution, and not on behalf of the *Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente*.

- By resolution at 13:32 hours on May 21, 2014, the Presidency of the Chamber gave course to the action, and granted a hearing to the Procuraduría General de la República and the Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

- The notices referred to in the second paragraph of Article 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional were published in numbers 105, 106, and 107 of the *Boletín Judicial*, on June 3, 4, and 5, 2014, respectively.

- By brief filed before this Chamber at 13:02 hours on June 11, 2014, Ulises Blanco Mora, of legal age, married, farmer, resident of Guápiles de Pococí, with identity card number 103790880, in his capacity as Special Agent (Apoderado Generalísimo) of the Asociación Agroforestal del Caribe, requests to be considered as a coadjuvant, so that the action be declared without merit.

- Ana Lorena Brenes Esquivel, in her capacity as Procuradora General de la República, in a brief filed at 15:31 hours on June 11, 2015, rendered the report of law, in which she pointed out that the law called "Titulación en inmueble propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica”, No. 9205 of December 23, 2013, intends to introduce an exception to the normal regime established by the Ley de Informaciones Posesorias —to whose procedure people resort in an attempt to obtain title to their unregistered lands— so that properties within property No. 96658-000, of the Partido de Limón, can be registered, despite already being registered in the name of JAPDEVA and its lands having been transferred to it since February 18, 1963, in accordance with Article 23 of Law No. 3091, in its original text. She indicates that property No. 96658-000, of the Partido de Limón, measures 132,000 hectares and 7,150 square meters, and comprises numerous public environmental assets, among others, those referred to by this Procuraduría to the Legislative Assembly on the occasion of draft laws related to this property (statements OJ-155-2006 and OJ-020-2012), as well as biological corridors and zones of influence or buffer zones of many protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas). Likewise, property No. 7-96658-000 also comprises the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), which is an environmental asset composed of highly valuable resources, in each of its components: soil, subsoil, sea, marine flora and fauna, etc., forest areas, forest lands or lands with such aptitude, yolillal palm swamps (yolillales), estuarine marshes (estivales, marismas), flooded or waterlogged forests, wetlands located outside of protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), but which automatically became part of the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado) by being the property of a public entity, except for previously acquired rights (Articles 13 and 14 of the Ley Forestal, and statements of the Procuraduría General de la República numbers C-321-2003 and OJ-142-2006). All of them providers of multiple environmental services, at the local and global level: climate regulation, air and water quality, soil conservation, protection against natural risks, recreational needs, ecological tourism, etc. Wetlands are "reservoirs of biological diversity," a genetic bank, key habitat for the conservation of species, including endemic ones, and breeding grounds for marine and terrestrial species of great economic and cultural importance, as stated in the briefs filed by that Procuraduría in files numbers 06-007154-0007-CO and 10-011393-0007-CO of this Chamber. She states that the legal provisions that are enacted in relation to those aforementioned areas must have technical support, in accordance with the constitutional principle of the objectivization of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental) or principle of linkage to science and technique, as this Chamber has stated, among others, in Judgments No. 6322-2003, 14293-2005, 17126-2006, 2063-2007, and 21258-2010, which is related to the principle of reasonableness as a parameter of constitutionality, as expressed by this Chamber in Voting No. 7294-1998. She indicates that, according to the optional consultations on constitutionality filed on October 31, 2013, regarding the draft that resulted in Law No. 9205, there are no technical studies that prove the possibility of declassifying (desafectar), titling, granting concessions on the lands, or modifying their regime (files numbers 13-012478-007-00 and 13-012479-007-CO). The very text of the law evidences this defect: Articles 2 and 3, in relation to Transitory Provision III, 9 (with regard to the census), and 15. Regarding the titling of some of the areas comprised in property No. 7-96658, Voting No. 2988-1999 of this Chamber constitutes an important precedent. For the Constitutional Chamber, for the reduction of an environmentally protected territorial area or to declassify (desafectar) an area from the protective legal regime to which it is subject, the fulfillment of two requirements is necessary, namely, that it be done by means of a formal law and prior completion of sufficient technical studies that justify the measure, as stated in Votings No. 13367-2012 and 10158-2013. This Tribunal has insisted that the studies must be prior to the enactment of the law, and not subsequent, as established by the questioned law (Voting No. 13367-2012). Therefore, the lack of prior technical studies renders Article 1 of the challenged law unconstitutional, since it is not clear in indicating whether the persons entitled to title are those who possessed the lands registered in the name of JAPDEVA, under the terms of Article 856 of the Civil Code, in a public, peaceful, and uninterrupted manner with more than ten years prior to Law No. 3091 of February 18, 1963, the only scenario under which they could have acquired by usucapion (usucapido) and possess as owners; any other later occupation would be on a precarious basis. The imprecision of the provision contravenes the constitutional principle of reasonableness, since it seems to create —without any justification— a legal fiction by which a mere illegal detention becomes a possession suitable for positively usucapting and titling in public domain areas of the State. The same occurs with the initial sentence of Article 12, which says: "The lands mentioned in the previous articles shall be registered in the name of their respective possessors, by means of a final judgment (sentencia ejecutoria)...", since, in accordance with the provisions of Article 860 of the Civil Code, the right to possess is prescribed by possession of one year, with the aggravating factor that in the articles preceding the cited one, the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), the protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), public roads, and other public domain assets (bienes demaniales) have been mentioned. Likewise, the phrase "existing forest lands" of Article 4 is unconstitutional, since those lands form part of the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado) by being the property of a public entity (Articles 13 and 14 of the Ley Forestal), except for previously consolidated private property rights. The interpretation that titling will be granted in favor of mere holders of public domain is reinforced by Article 16, which provides for the archiving of administrative or judicial proceedings brought against "existing possessors" and the restitution of those "possessors" who may have been evicted as a consequence of that type of proceeding. In relation to Articles 6 (Concessions) and 7 (Fee (Canon)) of the questioned law, what was resolved by the Chamber in Voting No. 010158-2013 is applicable, regarding the non-existence of technical studies for a draft law that would determine the possibility of granting concessions for the development of activities in a Wildlife Refuge, in which, among other things, it is stated that there is an important qualitative difference if the requirement of having an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) is fulfilled before or after the approval of the provision. In this sense, the omission of having that study before the approval of the law implies a violation of the precautionary principle and the principle of progressivity of the scope of protection of fundamental rights. Furthermore, regarding the last paragraph of Article 6, it lacks reasonableness for the State to have to pay for an environmental service (servicio ambiental) that it currently enjoys at no cost on public domain lands, since it has been the very legislation and administrative activity that has allowed many of those forest or forested areas to remain unaltered by man (OJ-142-2006). She states that the "tourism development," referred to in Articles 8 and 9 of the law, is not a special condition that merits different treatment or a differentiated regime from the rest of the country's coastlines, introduced in both provisions in contravention of the constitutional principle of reasonableness: they also violate the constitutional principle of inviolability (intangibilidad) that protects the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), derived from the relationship between Articles 6, 50, and 121, subsection 14, of the Political Constitution, as resolved by the Chamber in Voting No. 003113-2009. Furthermore, in that same voting, the Chamber indicated that "...a public domain environmental asset cannot be declassified (desafectar) to transfer ownership into the hands of private individuals without a superior public interest or sufficient justification...". She points out that Article 8 not only declassifies (desafecta) the restricted zone without technical justification, but also "reduces the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) from then on to the fifty meters of public zone contiguous to the ordinary high-water mark (línea de pleamar ordinaria) and to 15 meters on the banks of the main and secondary canal system that connect the ports of Moín and Barra del Colorado." That wording, in terms of reducing the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) to 50 and 15 meters, respectively, suggests the change of the regime from the public zone —reserved for common use—, to the restricted zone —subject to private use by individuals—. Private use in the public zone is also permitted in Article 9, for those lands that have been occupied since February 26, 1984 (arbitrary date), according to the statement of the occupants themselves in the census that JAPDEVA will conduct after the law comes into effect (the conducting of the census after the law is in force demonstrates the absence of prior studies). The foregoing, in the opinion of the Procuraduría, clearly violates the constitutional principles of reasonableness and inviolability (intangibilidad) of the public zone, as considered by the Chamber in Voting No. 10158-2013. She affirms, likewise, that the questioned law leaves state public assets unprotected, in violation of Articles 50, 89, and 121, subsection 14), of the Political Constitution, and the constitutional principles in environmental matters.

Various texts of the law harm public domain assets, in violation of Article 121, subsection 14, of the Constitution: the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), the border zone (zona limítrofe) with Nicaragua, the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), areas adjacent to springs (manantiales), watercourses and bodies of water, rights of way, railway assets, lands destined for educational or health centers, parks, squares, etc.; and even patrimonial assets of the State and other state institutions. On the other hand, according to constitutional jurisprudence, the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado) has two components: a) protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) and b) other forests and forest lands or lands of forest aptitude of the State and public institutions (Article 13 of the Ley Forestal) that have an immediate legal classification (afectación) (Judgments No. 16975-2008, No. 17650-2008, No. 17659-2008, and No. 16938-2011, among others). So that.

by conditioning Article 2 and Transitory Provision III of the law, the titling of estate N° 7-96658-000, solely, on the delimitation of the natural heritage of the State, they leave unprotected other state assets of environmental interest, such as the maritime-terrestrial zone (which must also be subject to delimitation) and areas adjacent to springs that supply or could supply water to a population (to be determined by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), to cite a few examples. In accordance with what was expressed by the Constitutional Chamber in Vote N° 16938-2011, the phrase contained in Article 4 of the challenged law, according to which, “£/? for the properties registered under this law, the current use and aptitude of the soil may not be changed and the landscape, water, and existing forest lands shall be conserved, this must be recorded in the judicial rulings for purposes of registration in the Public Registry of Real Property,” is unconstitutional, since it allows the titling of these lands without a prior study, in violation of constitutional Article 50, unless it is interpreted, in accordance with the Constitution, as referring to those lands where consolidated private property rights existed prior to the affectation to the public domain. The public domain of lands is an important means for their conservation, as can be inferred from Vote N° 4587-1997 of this Chamber, in which it is stated that: “forest property is conceived fundamentally to conserve, not to produce, nor to be part of the commerce of men.” The duty to protect and preserve the integrity of the environment (principle of environmental guardianship under the responsibility of the State) encompasses forest wealth, as the Constitutional Court has considered in Votes N° 2233-1993 and N° 6836-1993. On the other hand, Article 4 of the General Law of Public Roads refers to the width of rights-of-way as being of public domain (Articles 4 and 5 of the Construction Law and 227.1 of the Criminal Code) and, therefore, not susceptible to valid possession to claim positive prescription, being inalienable and imprescriptible (Constitutional Chamber, Vote N° 2306-1991). Likewise, Articles II and 18 of the Law of Possessory Informations impose upon the Judge the rejection of the proceedings if it is intended to title lands belonging to the State, such as these rights-of-way (Article 2 of the General Law of Public Roads, and 235, subsection 33, of the Law of Transit on Public Land Routes), which could not be included in private properties for being of public domain (Articles 261 and 262 of the Civil Code). Due to the foregoing, if included in the title granted by possessory information, this would be vitiated by nullity. There is no technical justification contained in the case file for the grace regime introduced in Article 10. This article, when referring to the “endorsement or prior authorization of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo” prior to the cadastral survey of the plan, could be interpreted as an exemption from the alignment that is embodied in topographical surveys in relation to protection areas adjacent to springs, watercourses, and bodies of water (a competence of that Institute, established in Articles 33 and 34 of the Forestry Law), to the detriment of those environmental assets protected by constitutional Article 50. Moreover, the protection areas defined in Article 33 of the Forestry Law may especially coincide with the demanial areas adjacent to springs providing potable water or that it is convenient to reserve as such (Article 7, subsection c) of the Land and Colonization Law, N° 2825 of October 14, 1961, and 31 of the Water Law, N° 276 of August 27, 1942), as well as with other areas for which the legal system also provides a public domain regime, such as: protected wilderness areas or, in general, the natural heritage of the State, the maritime-terrestrial zone, border zones, areas adjacent to navigable rivers, etc. Regarding Article 14 of the challenged law, which regulates the cancellation of the registry inscription of the estate of the district of Limón, real folio registration number 96658, right 000, the Attorney General of the Republic indicates that the provision lacks reasonableness, since in the event of “cancelling” the registry inscription of that estate, it would not have a “new registered titleholder,” because cancellation logically implies the legal disappearance of the registry entry. On the other hand, the provision violates the principle of legal certainty, creating the possibility of titling by this means any property located within the situation, area, and boundaries indicated by that real folio, including properties that have already been titled in that sector by other persons under the protection of this same law, other private properties, patrimonial assets of the State and other state institutions, and even public domain lands registered therein. In this regard, it is recorded in the report issued by the Cadastral Subdirectorate of the Real Estate Registry, sent through official letter N° RIM-CT-0429-2014, and the registry certifications provided along with this report, some twenty properties registered in the name of the State encompassed within estate N° 7-96658-000, prior to it, and which, moreover, form part of the Tortuguero Protective Zone, Tortuguero National Park, and Barra del Colorado National Wildlife Refuge. The possibility that they may be titled through possessory information proceedings in the name of private individuals, created by the aforementioned article, violates constitutional Article 50. These areas, in addition, have been invaded by illegal occupants, who, without a doubt, will avail themselves of this law to try to title their irregular occupations. It argues that the Chamber, in its jurisprudence, has been clear on the imprescriptibility and inalienability of demanial assets as well as the power of the State to evict invaders, for which it cites Votes N° 9158-1998, 1191-1999, 1369-2003, and 6664-2005. Additionally, and as another example of lands affected by this provision, according to the foregoing, is the estate of the District of Limón N° 8283-000, registered in the name of the Instituto Costarricense de Turismo as a consequence of Law N° 2906 of November 24, 1961 (opinion N° C-303-2000 and legal opinion N° OJ-155-2006, both from the Attorney General's Office). It emphasizes that there has been a solid jurisprudential line from the Constitutional Chamber, to the effect that for the reduction of an environmentally protected area or to disaffect it from the protective legal regime to which it is subject, two essential requirements must be met: it must be done by means of law and prior to the completion of sufficient technical studies that justify the measure (thus, Votes N° 13367-2012 and N° 010158-2013, and, in a similar sense, N° 7294-1998, N° 11155-2007, N° 1056-2009, and N° 14772-2010, among others). In such a way that, Article 15 of the law challenged for unconstitutionality, relating to the creation of the Humedal Moín-Tortuguero Mixed Wildlife Refuge, would be vitiated, unless it is interpreted, in accordance with the Political Constitution, that the creation assigned to MINAE will not be to the detriment of another protected wilderness area (such as, for example, Tortuguero National Park or the Cariari National Wetland); because, otherwise, a law based on prior studies would be required. Regarding Article 16 of the law, relating to the archiving of pending proceedings, administrative or jurisdictional, established to claim the nullity of title and damages for losses, in which JAPDEVA appears as defendant, as well as those for revendication, better right of possession, or any other claim established by JAPDEVA against existing possessors, the Attorney General's Office considers that said provision leaves unprotected public domain lands over which JAPDEVA could exercise judicial actions, including in protection of the environment, for example, in the border strip with Nicaragua, in the maritime-terrestrial zone, etc. It does not take into account the existence of state lands such as the properties that form part of Tortuguero National Park and Barra del Colorado National Wildlife Refuge, encompassed within estate N° 7-96658-000, and which could be the subject of judicial proceedings in which JAPDEVA appears as a co-defendant together with the State, or as an active coadjuvant of the same; it also incurs in a flagrant violation of the principles of separation of functions and independence between Branches of Government and of reservation of jurisdiction (constitutional Articles 9 and 153), as well as the principle of res judicata, whose basis derives from the second paragraph of numeral 42 of the Fundamental Charter. The Attorney General's Office also refers to the reform that, through Article 17 of the challenged law, is made to Article 11 of the Law of Possessory Informations, Law N° 139 of July 14, 1941, and its reforms, and considers that the imprecision of this reform contravenes the constitutional principle of reasonableness, in the first place, for being unnecessary, since the word “unduly” contained in that provision, would encompass the cases of titlings based on special laws, in which case the titling would not be “undue.” In the second place, it could lead to confusion, violating legal certainty to the detriment of state assets, since it is not known whether the titling of those assets will be in favor of the entities or bodies that administer them, or in favor of private individuals, in which case, the public interest will be left unprotected, causing an essential defect that prevents its execution. On the other hand, it worries the Attorney General's Office that, if the reform referred to registration in favor of the State or its institutions, it be interpreted, like Article 11 of the law, to the detriment of the principle of inmatriculation that governs the public domain, by which, for its consolidation, its declaration and affectation to public use by means of law is sufficient, without the need for the act of registry inscription, as it has been understood by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in Vote N° 1259-F-S1-2009. Therefore, it suggests that Article 11 of the Law be interpreted, in accordance with the Political Constitution, in the sense that it is without prejudice to the principle of inmatriculation that governs the public domain. Regarding Transitory Provision II of the law, on the impossibility of annulling the property titles of persons who had acquired them prior to the date on which the property was transferred to JAPDEVA, duly registered in the National Registry of Real Property, the Attorney General's Office considers that, in addition to violating constitutional Article 41 and having a severe imprecision – given that it is not known whether the expression “date on which the property was transferred to JAPDEVA” refers to February 18, 1963 (Article 23 of Law N° 3091, in its original text) or to the year 2001, in which the transfer deed was formalized in its name and line N° 96658-000 was registered (see Vote of the Constitutional Chamber N° 14769-2005) – the transitory provision omits to take into account, leaving them unprotected, public domain lands, which is contrary to Vote N° 1962-2012 of this Chamber. The Attorney General's Office also considers that the reform to subsection f) of Article 1 of the Law of Possessory Informations, Law N° 139 of July 14, 1941, and its reforms, contained in Article 17 of the challenged law, is contrary to the principle of reasonableness. The purpose of the provision, by providing that the manifestation that the property lacks a registrable title shall not be necessary when the possessory information is authorized over assets registered by a special law, is that the promoter of the possessory information does not incur a false declaration, since his statements have the character of a personal sworn declaration, exposed to the penalties of perjury for falsehood (Article 3, second paragraph, of the Law of Possessory Informations), and the reformed numeral imposes on him the manifestation “that the property has not been registered in the Public Registry.” This is understood based on a previous bill related to the same JAPDEVA estate (N° 15875) where something similar was attempted, indicating that the application had to contain an “[e]xpress manifestation from the title applicant that the property has not been registered in the Public Registry by other means or is not part of another property...” However, the cited reform is not suitable to effectively achieve the intended objective, since it left subsisting the text that obliges the title applicant to manifest “that the property has not been registered in the Public Registry” and modified the part referring to the absence of a registrable title of domain (of the promoter or of the property he intends to title), being two distinct manifestations. Thus, while Law N° 9205 authorizes the titling of estate N° 7-96658-000, the Law of Possessory Informations obliges the promoter to manifest, with the character of a sworn declaration exposed to the penalties of perjury for falsehood, that the land he intends to title is not registered, and, being within the registry inscription in the name of JAPDEVA, it would be causing him to incur a false declaration in order to be able to access the proceeding. On the other hand, what is provided in Transitory Provision I of the law bears no relation to its Article 10, nor to any other provision of Law N° 9205. This lack of meaning comes from the same bill, which contained that as the only must carry out the corresponding technical studies, determining which areas of the property being disaffected constitute Natural Heritage of the State (PNE). It will not be until after SINAC has clearly determined this situation that persons who meet the established legal requirements may exercise the respective actions to title in their name the lands found within that estate, as long as those lands do not constitute Natural Heritage of the State (PNE); furthermore, in the event that the interested third parties manage to register their properties under the provisions of Law 9205, they will not be able to change the current use and aptitude of the soil and must conserve the landscape, water, and existing forest lands, submitting to what is established in the corresponding management plan approved by MINAE and to the regulatory plans of the respective municipality. For this reason, it is considered that what is provided in Article 38 of the Organic Environmental Law is not being violated. On the other hand, in accordance with the provisions of Transitory Provision III of Law N° 9205, prior to any recognition of any right in favor of the inhabitants of estate registration 96658, the National System of Conservation Areas (SINAC) must carry out the referred technical studies, given that it is common knowledge that in that estate there are forest reserves, national wildlife refuges, and protective zones, which will maintain the special protection they have been holding, which is strengthened by Law N° 9205, in order to preserve and respect the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment, coupled with the commitments that our country has assumed in a series of international conventions, in pursuit of the worldwide protection of the environment. Regarding what was stated by the claimants in relation to Articles 71 and 72 of Executive Decree N° 34433-MINAE, Regulation to the Biodiversity Law, of March 11, 2008, it argues that this is a matter which, by transitory provision, without any correspondence with the rest of the articles. The Attorney General's Office concludes, in summary, that the phrase “the existing forest lands” of Article 4 is unconstitutional, unless it is interpreted, in accordance with the Constitution, that it refers to those lands where consolidated private property rights existed before the affectation to the public domain. In relation to Article 11 of the law, it must also be interpreted in accordance with the Political Constitution, in the sense that it contemplates a faculty, without prejudice to the principle of inmatriculation that governs the public domain. With respect to numeral 15, it considers it unconstitutional, unless it is interpreted, in accordance with the Political Constitution, that the creation assigned to MINAE will not be to the detriment of another protected wilderness area, because, otherwise, a law based on prior studies will be required. Finally, it requests that Articles 1, 2, 3, 6, 7, 8 – from the first point onward –, 9, 10, the first sentence of Article 12, 14, 16, and 17, as well as Transitory Provisions I, II, and III, be declared unconstitutional.

- In a brief filed at 9:00 a.m. on June 24, 2014, Ana Isabel Sibaja Rojas, in her capacity as Special Judicial Representative of the Company Banadosmil Sociedad Anónima, requests that her represented party be considered as a passive coadjuvant in this action.

- Giselle Mora Arce, in her capacity as General Judicial Representative of the Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), in a report presented to this Chamber at 9:08 a.m. on June 24, 2014, states that, while Article 3 of Law 9205 establishes the disaffectation of the estate registered in the Real Property Registry, which is the property of JAPDEVA, registration 96658, sequence 000, in accordance with Transitory Provision Three of that same law, prior to the application of the provisions set forth in that law, the National System of Conservation Areas (SINAC) for reasons of competence, corresponds to MINAE to refer. As to the merits, it indicates that what is intended with the challenged law is to provide the possibility of granting ownership to those who eventually have a just title, by proving it before the competent judicial authorities and using the procedure contemplated in the Law of Possessory Informations and having to demonstrate, to achieve the recognition of their right, in the first place, that they have possession of no less than ten years and with just title, in a public, peaceful, and uninterrupted manner, as established by Article I of the challenged law. As long as and to the extent that the technical studies under the responsibility of the National System of Conservation Areas (SINAC) do not exist, the operationalization of Law N° 9205 is not possible, as provided by its Transitory Provision Three and, consequently, the fulfillment, on the part of JAPDEVA, of the elaboration of the respective regulation to grant concessions by that institution. So that, as established by Articles 2 and 5 of Law N° 9205, only those areas of land, not exceeding 300 hectares, and that comply with the provisions of the Law of Possessory Informations (N° 139) may be registered. Therefore, in its judgment, the claimants are not correct in the sense that there has been a singular inderogability of the law, since the third parties interested in having their right over the aforementioned property recognized must comply with each and every one of the requirements established by the cited Law of Possessory Informations, in accordance with the provisions of Transitory Provision III of Law N° 9205. Regarding the alleged violation of Articles 121, subsection 14), 50, and 89 of the Political Constitution, which establish special protection and effective guardianship of public domain assets of importance for the preservation of the environment, it argues that although it is true that our Political Constitution has special protection for the environment, which must be healthy and ecologically balanced, it is also true that, precisely, in the interest of that protection, within Law N° 9205, Article 4 was established, which grants evident protection to everything related to the conservation of the environment, establishing that the current use and aptitudes of the soils may not be changed and that the landscape, water, and all existing forest lands must be conserved, for which purpose the same judicial authority that, eventually, recognizes the right of the interested third parties, must record it in the judicial rulings issued on the matter, for the respective effects in the subsequent registration in the Public Registry of Real Property. Furthermore, Article 8 establishes which assets are considered inalienable, imprescriptible, and not susceptible to registration, since special protection to the environment is established, with an exception, which is, precisely, for those zones that are currently and have been for a long time urban and, therefore, with the enactment of the law challenged here, that pre-existing urban development is being respected, within the coordinates described in the article in question. Likewise, it insists that the matter relating to the determination of the portions of land that correspond to the Natural Heritage of the State (PNE) is a matter of exclusive competence of SINAC and not of the institution it represents. Also, with respect to this point of the filed action, it notes that, from reading the articles of Law N° 9205, what is indicated by the claimants is not evident, since the wording of said law does not necessarily lend itself to what the petitioners say, given that it is a very personal perception of theirs, which does not necessarily correspond to what Law N° 9205 indicates as such. Regarding the specific topic of Tortuguero National Park, as well as its creation and protection, which is broadly questioned by the claimants, it considers that this is a matter that, for reasons of competence, falls to the Ministry of Environment and Energy (MINAE) to regulate and define, exclusively, and, therefore, in respect of that competence, it makes no pronouncement; however, it considers that the claimant party is disregarding the provisions of Article 8 of Law N° 9205, since it contains an express protection for everything considered Natural Heritage of the State (PNE) and, therefore, what the claimants indicate is not correct. Regarding the violation of the Principle of Intangibility of the Maritime-Terrestrial Zone, derived from the relationship between Articles 6, 50, and 121, subsection 14) of the Political Constitution, it argues that, in accordance with Article 73 of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone, the provisions of this law do not apply to the maritime-terrestrial zones included in national parks and equivalent reserves, which shall be governed by their respective legislation. Likewise, it reiterates that the exception posed by Law N° 9205 is, precisely, because those zones, currently and for years, have been occupied and said law intended to recognize and respect that situation, as well as the existing urban development, but obliging the occupants to conserve the environment, in accordance with the provisions of Article 4 of the same law, whereby those may not change the use and aptitude of the soil after the determination of everything that corresponds to Natural Heritage of the State by SINAC. Also, and with respect to the alleged violation of the Principle of Imprescriptibility of demanial assets, of the right of property over public and private assets, and of the right of access to justice (Articles 41, 45, and 121, subsection 14) of the Political Constitution), by arbitrary prohibition of annulling titles obtained on JAPDEVA's estate, it states that the questioning that the claimants make of Transitory Provision II of Law N° 9205 is not correct, since said transitory provision does nothing more than reaffirm the thesis that JAPDEVA has been maintaining, concerning the recognition and respect for the rights that property owners who registered their titles prior to July 8, 2001, have – the date on which deed number 132 of ten o'clock was signed by the State Notary, in which it was made clear that it was done without prejudice to third parties with better right and by means of which the lands indicated in Law N° 3091, modified by Law N° 5337, which correspond to estate number 96658, were registered, which is the one being questioned through this Action of Unconstitutionality. The claimants also allege violation of the constitutional principles of Independence of Branches of Government and reservation of jurisdiction (Articles 9 and 153 of the Political Constitution); the obligation of the State to protect the environment and recover the nation's own assets, as well as that of non-retroactivity of laws and material res judicata (Constitutional Articles 34 and 42). It indicates that, indeed, Article 16 of Law N° 9205 establishes that administrative or jurisdictional proceedings to claim the nullity of title and damages for losses in which JAPDEVA appears as defendant, as well as those for revendication, better right of possession, or any other claim established by JAPDEVA against existing possessors, may be archived, from the entry into force of the cited law, by the competent judicial body, at the request of the parties; but, of course, the judge must determine if in each case presented he is dealing with recognized cases, in accordance with the fulfillment of the conditions established in the Law of Possessory Informations and that have not previously been declared Natural Heritage of the State (PNE) by the National System of Conservation Areas (SINAC), as clearly provided by Transitory Provision III of Law N° 9205. On the other hand, and in relation to the claimed violation of property rights and legal certainty, by authorizing the titling, through possessory informations, of real property that is previously registered in the Public Registry of Property (Articles 34 and 45 of the Political Constitution), it considers that the modification of Article 1, subsection f), of the Law of Possessory Informations, is made as an exception for cases expressly indicated to this effect by a special law, so it does not consider that the possessory information mechanism is denatured, much less that any loophole is opened that endangers the rights of property owners at a general level, since, as stated, that exception can be used when a special law has previously so provided, as Law N° 9205 is doing. Additionally, with the modification of Article 11 of the same Law of Possessory Informations, it is, precisely, that what relates to titling on lands belonging to any State institution, as well as forest reserves, national parks, and biological reserves is safeguarded, for which, previously, the judge, with the discretion and analysis that his office entails, will have full authority to request the proceedings he deems convenient to verify the facts referred to in the possessory information and will reject them if he determines that any aspect is not in accordance with the law. Finally, and in relation to the violation of the principle of non-regression to the detriment of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, it points out that the principle of non-regression in human rights matters has its origin, at the international level, in the area of social rights, in particular, in relation to the progressivity clause contained in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, prohibiting any deliberately regressive measure. From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, enshrined in numeral 34 of the Magna Carta, derives the principle of non-regressivity or irreversibility of the benefits or protection achieved, where the State is obliged not to adopt political measures, nor approve legal norms that worsen, without reasonable or proportionate justification, the situation of the rights achieved up to then. In relation to this, it is clear that, in our Rule of Law State, there has existed an ethical and legal obligation for many years to consider that environmental matters cannot be treated in closed circles, but rather, based on international obligations, broad participation must be given to civil society. It is for all the foregoing that, with Law N° 9205, the legislator intended to somehow harmonize human rights, among which are the right to property and the right to a healthy and ecologically balanced environment, thus allowing the titling of lands that for years have been possessed, but with important and sufficient limitations to their occupants, for the purpose of preserving the environment. It requests that the action of unconstitutionality be dismissed in all its aspects.

- In a resolution at 9:57 a.m. on June 26, 2014, Magistrate Rueda Leal recused himself from hearing this action by virtue of the fact that the challenged law was a private initiative of his mother-in-law, Elibeth Venegas Villalobos, when she served as a deputy, and it was approved on December 23, 2013, a reason for which he believes cause exists to recuse himself.

- By resolution at 2:42 p.m. on June 30, 2014, of the then President of the Chamber, Magistrate Gilbert Armijo Sancho, the recusal of Magistrate Rueda Leal was accepted and he was separated from the hearing of this matter.

After the respective draw, substitute Magistrate Ronald Salazar Murillo was appointed to replace him.

- By Presidential ruling at 11:00 a.m. on July 2, 2014, Ulises Blanco Mora, identity card number 103790880, and Isabel Sibaja Rojas, identity card number 502630159, in her capacity as special judicial representative of Compañía Banadosmil S.A., legal entity identification number 3101114232, were admitted as passive coadjuvants in this action. Likewise, the hearings granted to the Office of the Attorney General of the Republic and to the Board of Port Administration and Economic Development of the Atlantic Slope (Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, JAPDEVA) were deemed answered in the ruling at 1:32 p.m. on May 21, 2014. Finally, this unconstitutionality action was assigned to Magistrate Luis Fernando Salazar Alvarado, to whom its substantive study corresponded by rotation. - By brief filed at 9:51 a.m. on November 5, 2015, Marco Tulio Calderón Badilla, in his capacity as special judicial representative of coadjuvant Ulises Blanco Mora, requests that a time and date be set for the hearing referred to in Articles 10 and 85 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Likewise, he states that, for better provision, he provides a copy of MINAE's response to a preliminary order that, in file number 14-10795 of this same Chamber, said ministry presented, and which is a specific document clarifying what is the sole precedent of the properties acquired by that Institution and which form part of any protected areas within the property registered in the name of JAPDEVA. Finally, he makes some reflections on the response given by MINAE in the cited file.

- Based on the authority granted to the Chamber by number 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the hearing indicated in Articles 10 and 85 of said law is dispensed with, as this resolution is deemed sufficiently grounded in evident principles and norms, as well as in the jurisprudence of this Court.

The prescriptions of law have been fulfilled in the proceedings. Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and, Considering: - On admissibility. The petitioners allege standing to resort to this avenue by virtue of the protection of diffuse interests (intereses difusos), under the terms of the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, which effectively provides the possibility of appearing in defense of *intereses difusos. The content of this concept has been gradually outlined by the Chamber and could be summarized in the terms used in Judgment No. 03750-93 of this Court, at 3:00 p.m. on July 30, 1993, in which it was stated:

"...Diffuse interests, although difficult to define and more difficult to identify, cannot be in our law - as this Chamber has already stated - merely collective interests; neither so diffuse that their ownership becomes confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that determined individuals, or personalized groups, whose standing would derive not from diffuse interests but from corporate interests that concern a community as a whole, are identified or easily identifiable against them. It is therefore a matter of individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, consequently, suffer a detriment, actual or potential, more or less equal for all, which is why it is rightly said that they are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests share a dual nature, since they are at once collective - being common to a generality - and individual, such that they can be claimed in that character." In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people who are not formally organized, but whose union arises from a determined social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a determined personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is diffused, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, the challenge that a member of one of these sectors makes, sheltered under paragraph 2 of Article 75, must necessarily refer to provisions that affect them as such. This Chamber has enumerated various rights to which it has given the qualifier "diffuse," such as the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, and the sound management of public spending, among others. In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the aforementioned goods transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer, in principle, to aspects that affect the national community and not particular groups thereof; thus, environmental damage does not merely affect the neighbors of a region or the consumers of a product, but rather injures or seriously endangers the natural heritage of the entire country and, even, of humanity. Similarly, the defense of the sound management of public funds authorized in the Budget of the Republic is an interest of all the inhabitants of Costa Rica, not just any group of them. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber is nothing more than a simple description inherent to its obligation - as a jurisdictional body - to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible in any way to come to understand that only those interests that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse interests. If that were the case, it would imply an undesirable overturning of the scope of the Rule of Law and its correlative "State of rights," which - as in the case of the Costa Rican model - starts from the premise that what must be express are the limits to freedoms, since these underlie the very FVPEDIEM V Xo 14-4)1)4297-000"⁇-CO Telephones: 2295-369<v ,2295-369?⁇229,5-369$⁇295-3700- Fax; 2295-3712. Electronic address: www.pndcr.jutJicíul.yo.cr.'sailiacohstitucinnñl KdiiicioCorte Supremo de Justicia. San José. Central District, González Lahmann Neighborhood, 19th and 21st Streets, 6th and 8th Avenues.

human condition and do not require, therefore, official recognition. Finally, when paragraph 2 of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction speaks of interests "that concern the community as a whole," it refers to legal goods whose ownership rests in the very holders of sovereignty, in each one of the inhabitants of the Republic. It is not, therefore, a matter of any person being able to appear before the Constitutional Chamber in protection of any interests whatsoever, as this would imply the acceptance of a popular action, not possible in this avenue, but rather that every individual may act in defense of goods that affect the entire national community, without it being valid in this field to attempt any kind of exhaustive enumeration (see in this same sense Judgment No. 2001-07391 of this Chamber, at 4:07 p.m. on August 14, 2001). From the examination of the unconstitutionality action filed, it is evident that the petitioners seek the protection of the natural wealth of the State, of protected areas, reserves, and national parks which, in their opinion, are left unprotected by Law No. 9205 of December 23, 2013, Law for the Titling of Real Estate Owned by the Board of Port Administration and Economic Development of the Atlantic Slope (JAPDEVA), since such titling may fall on that type of land, which would pass into private hands. In the opinion of this Chamber, what the petitioners seek falls within the protection of diffuse interests referred to in the cited second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, insofar as it is considered that the challenged norms injure the right of every person to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, as well as the right to citizen participation in matters affecting the environment, protected in Articles 9, 50, and 89 of the Political Constitution, for which reason the action is admissible.

- Object of the challenge. The petitioners challenge Law No. 9205 of December 23, 2013, Law for the Titling of Real Estate Owned by the Board of Port Administration and Economic Development of the Atlantic Slope (JAPDEVA), both for reasons of procedure and form, and for substantive reasons.

- Text of the challenged law. Law No. 9203 of December 23, 2013, Law for the Titling of Real Estate Owned by the Board of Port Administration and Economic Development of the Atlantic Slope (JAPDEVA), provides in its articles:

"ARTICLE /.- Objective This law is of a special nature to authorize the titling of real estate in the Public Registry of Property by persons who are possessors on the property of the Limón district registered in the name of Japdeva, under real folio registration number 96658, right 000. For this purpose, persons seeking to register land in their name are authorized to resort to the procedure provided in the Law of Possessory Informations, No. 139 of July 14, 1941, and its amendments, in all the terms and conditions provided by that law. It shall be understood that one exercises possession (posesión) over that real estate who has used the land in a peaceful, permanent, public, uninterrupted manner, as owner, and in strict respect of environmental legislation, for a period of not less than ten years. Public institutions in general are authorized to collaborate for the faithful fulfillment of the purposes of this law, subject to the provisions of the Law for the Protection of Citizens from Excessive Requirements and Administrative Procedures, No. 8220. ARTICLE 2.- Conducting technical studies In accordance with the provisions of Article 38 of the Organic Law of the Environment, No. 7554 of October 4, 1995, and its amendments, the application of the provisions of this law shall be conditioned upon the prior completion of the corresponding technical studies by the Ministry of Environment and Energy (MINAE) to determine the areas that constitute the natural heritage of the State. Once the areas that do not form part of this heritage are delimited, the possessors may title said land in their name, provided they meet the requirements of the Law of Possessory Informations. ARTICLE 3.- Disaffectation The property registered in the Immovable Property Registry, owned by Japdeva in the province of Limón, real folio registration number 96658, sequence 000, is disaffected (desafectada), in accordance with the third transitory provision of this law. ARTICLE 4.- Conservation of the environment On the real estate registered under this law, the current land use (uso del suelo) and aptitude may not be changed, and the landscape, water, and existing forest lands shall be conserved; this must be recorded in the judicial judgments for purposes of registration in the Public Registry of Immovable Property. The owners must submit to the provisions in the corresponding management plan approved by MINAE and to the regulatory plans issued by the respective municipality. ARTICLE 5.- Maximum extension of land to be titled The maximum area to be titled shall be 300 hectares, in strict compliance with Article 15 of Law No. 139 of July 14, 1941. ARTICLE 6.- Concessions Real estate that does not qualify to make use of the Law of Possessory Informations within the territorial circumscription provided in Article 41, subsection b), of Law No. 3091 of February 18, 1963, integrally reformed by Law No. 5337 of August 27, 1973, may be granted in concession by MINAE or the Board of Port Administration and Economic Development of the Atlantic Slope (JAPDEVA), as applicable according to their respective competences, for a term of twenty-five years. This term shall be renewable should compliance with the requirements demanded for its granting persist. On the land given in concession, the current use and aptitude of the soil may not be modified, conserving the landscape, forests, forest lands, and existing wetlands, but projects may be developed in accordance with the respective management plan approved by MINAE and the regulatory plan of the respective municipality. The concession request must be resolved within a maximum period of three months, counted from its submission to the respective administration. The concessionaires may be beneficiaries of the payment for environmental services (Pago de Servicios Ambientales), in accordance with the requirements provided by law. ARTICLE 7.- Fee MINAE and JAPDEVA, within three months following the entry into force of this law, shall regulate the procedure for granting concessions and shall charge a fee for the use of the lands of the concessions they grant. It shall correspond to the respective municipalities, according to the limits of their territorial competence, to collect on the buildings the tax provided in Articles 1 and 2 of the Law on Tax on Immovable Property, No. 7509 of May 9, 1995. ARTICLE 8.- Public domain goods The lands of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) adjacent to the ordinary high-water line and to the system of main channels that connect the ports of Moín and Barra del Colorado, the protected wilderness areas with the exceptions established in Article 7 of the Law of Possessory Informations and its amendments, the wetlands, the natural heritage of the State, and any other good of public domain or affected to a public purpose by prior provision shall maintain their condition as inalienable, imprescriptible, and not subject to registration. Notwithstanding the foregoing, in view of their urban and tourist development, the settlements and lands denominated and located as follows are declared of urban interest: Barra de Parismina, coordinates: 255-254 N, 607-608 E; Barra de Pacuare, coordinates: 245-244 N, 615-616 E; Boca de Matina, coordinates: 234-235 N, 622-626 E; Barra de Tortuguero, coordinates: 285-280 N, 588-591 E; Barra de Colorado Norte, coordinates: 306-305 N, 580-581 E; Barra de Colorado Sur, coordinates: 306-305 N, 581-582 E; Pueblo de Moín; coordinates: 220-221 N, 636-637 E. For this purpose, with regard to those communities, the restricted zone is disaffected from the public domain and the maritime-terrestrial zone is henceforth reduced to the fifty meters of public zone adjacent to the ordinary high-water line and to 15 meters on the banks of the system of main and secondary channels that connect the ports of Moín and Barra del Colorado. ARTICLE 9.- Exception The constructions existing within the public zone of the communities of Barra de Colorado, Boca de Tortuguero, Boca de Parismina, Boca de Matina, and Boca de Moín, indicated in the preceding article, on those lands whose accumulated occupation is greater than thirty years, shall not be affected by the provisions of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone, No. 6043 of March 2, 1977. For this purpose, JAPDEVA shall conduct the corresponding census within the twelve months following the entry into force of this law.

ARTICLE 10.- Authorization For the purposes of registering the real estate indicated in Article 1 of this law, the National Cadastre is authorized to register the plans located on those lands without legal restrictions on the constitution and extension of easements (servidumbres), and without subjection to the provisions indicated in Article 4 of the General Law of Public Roads, Law No. 5060 of August 22, 1972, and its amendments, Articles 32 and 33 of the Urban Planning Law, Law No. 4240 of November 15, 1968, and its amendments, and the Regulation for National Control of Subdivisions (fraccionamiento) and Urbanism, nor the endorsement or prior authorization of the National Institute of Housing and Urbanism. The National Cadastre and the National Registry may register plans and properties with frontage on roads or accesses whose width is less than indicated in those norms. ARTICLE 11.- Goods of State institutions Entities of the Public Administration that materially occupy land within the territorial circumscription referred to in Article 1 of this law may register them before the Public Registry of Immovable Property in the name of their respective ministries and institutions through the State Notary's Office, providing the cadastral plan with the respective request. ARTICLE 12.- Registration of title The lands mentioned in the preceding articles shall be registered in the name of their respective possessors by means of a final judgment. The judgment shall indicate the nature, situation, area, and boundaries of the real estate. Any error that needs to be rectified in a title constituted and registered through this procedure shall be processed in the same file via the incidental route. For these purposes, the provisions of Article 12 of the Law of Possessory Informations shall apply as appropriate. When titling through the possessory information procedure any land that forms part of the property of the Limón district, real folio registration number 96658, right 000, the description of the respective remainder that JAPDEVA reserves in the Registry shall not be necessary. The National Registry, each time it makes a registration, shall update the registry entry of the property of the Limón district, real folio registration number 96658, right 000, effecting the corresponding reduction of area to the remainder of the real estate. The new real estate shall be registered in the registry independently from the real folio of the parent property.

ARTICLE 13.- Impossibility of titling Those who cannot be concessionaires in accordance with Article 47 of Law No. 6043 and its amendments may not title real estate in their name that forms part of the property of the Limón district, real folio registration number 96658, right 000. ARTICLE 14.- Cancellation of entry For whatever reason the registry entry of the property of the Limón district, real folio registration number 96658, right 000, is canceled, the possessory information procedure shall serve to achieve titling in favor of whoever or whomever demonstrates being their legitimate possessors and who are located within the situation, area, and boundaries indicated by that real folio, regardless of who results as its new registered owner, for which the previously established procedure shall apply. The cadastral plans indicating the real folio 96658-000 of the Limón district may be used for the possessory information procedure for the benefit of the person who demonstrates being its possessor under the conditions required by law.

ARTICLE 15.- Mixed refuge The National System of Protected Areas of MINAE shall execute the necessary prior studies to create the Moín-Tortuguero Wetland Mixed Wildlife Refuge within a maximum period of two years, counted from the entry into force of this law. Once the pertinent studies are completed, MINAE shall have one year to create the referred refuge. ARTICLE 16.- Pending proceedings Proceedings, administrative or jurisdictional, established to claim nullity of title and indemnifications for damages in which JAPDEVA figures as defendant, as well as those for reivindication, better right of possession, or any other claim established by JAPDEVA against existing possessors, in both cases in relation to the real estate referred to in Article 1 of this law, may be archived by the jurisdictional body hearing them, at the request of the parties, as of the entry into force of this law. The ruling ordering the archiving of the file shall order the cancellation of the notices of pending litigation that the proceeding may have generated. Possessors who have been evicted during the last year counted from the entry into force of this law as a consequence of that type of proceeding shall be restored to the exercise of possession. Each party shall bear the costs generated in the proceeding. ARTICLE 17.- Modifying provisions Subsection f) of Article 1 and Article 11 of the Law of Possessory Informations, Law No. 139 of July 14, 1941, and its amendments, are hereby reformed. The texts are as follows: "Article 1.- /.../ f) Express statement by the titling party that the property has not been registered in the Public Registry, that it lacks a registrable title of ownership, and that the request does not intend to evade the consequences of a succession proceeding. However, when the possessory information is authorized over registered goods by a special law, the statement that the property lacks a registrable title shall not be necessary. "Article 11.- The judge may order, when deemed convenient, all those proceedings deemed necessary to verify the veracity of the facts to which the information refers and shall reject it if it is determined that there is an attempt to unduly title national public lands (baldíos nacionales) or lands belonging to any State institution, as well as forest reserves, national parks, or biological reserves. By special law, titling through possessory information on lands belonging to State institutions may be authorized, provided that the public interest, the environment, and due legal process are protected." TRANSITORY PROVISIONS TRANSITORY I.- For compliance with the provisions of Article 10, JAPDEVA shall have a period of two years, counted from the entry into force of this law. The foregoing shall not suspend or interrupt the processing of titling requests in relation to possessors located in the remainder of the property.

TRANSITORY II.- Persons who have obtained a property title prior to the date on which the real estate was transferred to JAPDEVA and that are duly registered in the National Registry of Immovable Property shall maintain their condition as holders of these rights and said titles may not be annulled. TRANSITORY III.- The National System of Conservation Areas (SINAC) shall carry out the corresponding technical studies, charged to its budget, and shall determine the areas that constitute the natural heritage of the State. Once the areas that do not form part of this heritage are delimited, the possessors may title said land in their name, provided they comply with the requirements of the Law of Possessory Informations." - On the merits. The petitioners present two types of arguments regarding the unconstitutionality of Law No. 9205. One type pertains to the legislative procedure, due to the absence of prior technical studies to the approval of that law that justify the reduction or disaffectation of protected wilderness areas, of the natural heritage of the State, and of land subject to various categories of environmental protection in order to permit the titling of that land in the name of private individuals who currently possess it irregularly. And another, relating to the substantive content of the norms that make up the law in question. The analysis of the constitutional objections raised must therefore begin with the challenges relating to the legislative procedure.

- Defects in the legislative procedure concerning Law No. 9205. The discussion on this point centers on determining whether, under the Law of the Constitution, the technical studies required for the disaffectation of the property to which the law refers (property of the Limón district registered in the name of JAPDEVA, under real folio registration number 96658, right 000) must be prior to its enactment, or rather, subsequent. The unconstitutionality objection concerns the moment when those studies must be carried out, not their propriety or lack thereof, since on this extreme there is no dispute, as the challenged law itself, in Article 2, establishes the need for the corresponding technical studies to be carried out by the Ministry of Environment and Energy (MINAE) to determine the areas that constitute the natural heritage of the State, prior to the application of its provisions, whereby its efficacy is subject to the outcome of those studies. The point, then, consists of defining whether, in accordance with the Law of the Constitution and the principles that inform the protection of the environment and its enjoyment by the inhabitants of the Republic, the postponement of the technical studies necessary for the disaffectation of a public domain good - so that it may be titled in the name of private subjects - to a stage subsequent to the enactment of a law, is reasonable, adequate, and proportional to that protection. Or whether, on the contrary, that protection can only be guaranteed if the pertinent studies are carried out before the enactment of the law.

In accordance with what was reported by the Office of the Attorney General of the Republic to this Chamber, in its capacity as advisory body, the property that the law in question disaffects, No. 96658-000, of the Limón District, measures one hundred thirty-two thousand hectares and seven thousand one hundred fifty square meters, encompasses numerous public environmental goods, as well as biological corridors and zones of influence or buffer zones of many protected wilderness areas, in addition to the maritime-terrestrial zone, which is an environmental good, as stated in pronouncements OJ.-155-2006 and GJ.-020-2012, issued by that Office of the Attorney General on the occasion of the then bills related to the intended disaffectation of the cited property. This Chamber, since long ago, has accepted, under certain conditions, the possibility of reducing the area of a determined area declared as a protective zone, in order to protect other interests, as in this case, where the protection of an interest of a social nature is at stake. In this regard, in Judgment No. 1998-07294, at 4:15 p.m. on October 13, 1998, it stated:

"...it is clear that once a determined area has been declared a protective zone by an act of the State, it cannot, simply, disaffect it wholly or partially to protect other interests -public or private- to the detriment of the enjoyment of a healthy environment, in accordance with the provisions of Article 50 of the Constitution. Now, the fact that a norm, of whatever rank, has declared a determined area a protective zone does not imply the constitution of a petrified zone, in the sense that, in no way, can its area be reduced by subsequent legislation.

However, it must be kept in mind that the declaration and delimitation of a protective zone, in compliance with the provisions of Article 50 of the Constitution, implies a defense of the fundamental right to the environment and, therefore, the reduction of its area must not imply a detriment to that right, a situation that must be established in each specific case. It is not necessarily unconstitutional for the area of a protective zone, a forest reserve, a National Park, or any other site of environmental interest to be reduced by means of a subsequent law, as long as it is justified to the extent that it does not imply a violation of the right to the environment. It could be that, for various circumstances, a determined site has lost, at least in part, the environmental interest that, at the time, motivated it, which, after the appropriate studies, would justify its modification or reduction, all in application of the principle of constitutional reasonableness. Similarly, the initial delimitation of a protective zone - or of another nature - could, in the long run, prove insufficient and, for this reason, motivate the approval of a reform to expand the area...".

Thus, nothing prevents the legislator, for justified reasons and with due motivation, from disaffecting a public domain good or reducing its area, even when it formed part of a protective zone, a forest reserve, a National Park, or any land of environmental interest, to protect other interests, be they public or private. But this cannot be to the detriment of the right to the environment protected by Article 50 of the Political Constitution. There is no doubt, for this Chamber, about the social purpose that the legislator intends to protect with the enactment of Law No. 9205, which consists of providing property titles to the possessors of property No. 96658-000, of the Limón District, as long as they meet the requirements established by the law itself; for, by doing so, it tends to resolve a social problem. However, this cannot be done if the protection of the environment is not reasonably guaranteed, given that the property in question encompasses lands that are, to varying degrees, of environmental interest. And there is no way to protect that right if said disaffectation, total or partial, lacks technical support.

This is what has been called the constitutional principle of the objectivization of environmental protection (principio de la objetivación de la tutela ambiental) or principle of linkage to science and technique (principio de vinculación a la ciencia y a la técnica), and which the Constitutional Chamber has expressed as follows: "4.- Of the objectivization of environmental protection: which, as this Court pointed out in judgment number 14293-2005, of fourteen hours fifty-two minutes on October nineteenth, two thousand five, is a principle that can in no way be confused with the preceding precautionary principle (principio precautorio) or 'principle of prudent avoidance,' insofar as, derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the General Public Administration Act (Ley General de la Administración Pública), it translates into the need to support decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and to provisions of a general nature—both legal and regulatory—from which the requirement of 'linkage to science and technique' is derived, thereby conditioning the Administration's discretion in this matter. Therefore, based on the results derived from those technical studies—such as environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental)—if an objective technical criterion is evidenced denoting the probability of evident harm to the environment, natural resources, or human health, it becomes obligatory to reject the proposed project, work, or activity; and in the case of 'reasonable doubt,' it is obligatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle, principio pro-natura), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment." (Sentencia N° 2006-17126 of 15:05 hours on November 28, 2006).

What this Constitutional Court stated on that occasion, although referred mainly to actions of the Administration, is fully applicable to the legislator, not only because this derives from the content of Article 50 of the Political Constitution (Constitución Política), but because the legislator itself objectivized that principle in Article 38 of the Organic Environmental Act (Ley Orgánica del Ambiente), N° 7554 of October 4, 1995, and its amendments, whose text states:

"ARTICLE 38.- Reduction of protected wild areas. The surface area of protected wild areas (áreas silvestres protegidas), natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), whatever their management category, may only be reduced by Law of the Republic, after conducting the technical studies that justify this measure." That said technical studies must be prior to the enactment of the law and that, in any case, even if the legislator had not established that duty in any legal provision, it derives from the content of Constitutional Article 50, this Chamber has already stated in Sentencia N° 07294-98 of 16:15 hours on October 13, 1998: "Both provisions [Articles 36 and 38 of the Organic Environmental Act, N° 7554 of October 4, 1995] establish compliance with obligatory requirements both for the creation and for the reduction of protected wild areas, within which are included the so-called 'protective zones' (zonas protectoras). They concern the existence of 'preliminary physiogeographic, biological diversity, and socioeconomic studies that justify it,' in the case of establishment, and of 'technical studies that justify,' in the case that the intended measure is a reduction of the surface area under said regime. Both provisions are binding, even for the Legislative Assembly, co-holder, together with the Executive Branch, of the competence to create protected wild areas; and exclusive holder of the power to reduce their surface area. In accordance with the transcribed provisions, and taking into consideration the specific case submitted for pronouncement, the Legislative Assembly cannot validly approve the reduction of the surface area of a protective zone without first having a technical study that justifies its decision. Such action becomes contrary to the Political Constitution for violation of the principle of constitutional reasonableness in relation to Articles 121, subsection 1), and 129 of the Political Charter. On this subject there is a precedent of the Chamber that is pertinent, both due to the similarity of the infraction invoked, and because it concerns a hypothesis in which the non-observance of certain requirements has the effect of transgressing substantive norms or principles of constitutional rank. It concerns judgment No. 2009, of 10 hours 30 minutes on April 21, 1995, issued in relation to a facultative legislative consultation on a bill aimed at the creation of a new canton. On that occasion, the Chamber expressed: 'IV ).- CONSTITUTIONAL NORM AND LEGAL REGIME FOR THE CREATION OF NEW CANTONS.- Article 168 of the Political Constitution, in what is relevant, indicates that for the purposes of Public Administration the national territory is divided into provinces, cantons, and districts; the creation of new cantons requires approval by the Legislative Assembly by a vote of no less than two-thirds of its total members. No other provision does the Political Constitution contain regarding the creation of new cantons. As it is a general principle of Constitutional Law that every territorial jurisdiction existing at the moment the supreme norm that recognizes it emerges and elevates it to the category of decentralized institution with constitutional rank, in this case, cantons, acquires the right to its full existence and identity, to its autonomy granted by a norm of equal rank (Art. 170 id.), to maintain its integrity and its condition of administrative decentralization (the latter does not imply, of course, that it is a form of State or government that excludes every other form of political administration, because like all decentralization, it leaves intact the constituent power and even the legislative power of the State), the necessary legal-constitutional conclusion leads us to determine that it corresponds to the Legislative Branch to develop or not the competence contained in Article 168 of the Political Constitution for the creation of cantons, establishing the requirements and formalities that give it reasonable and proportionate content to the principles that the superior norm itself has conceived and in any case, to the complementary ones that, without being in the original norm, are appropriate to make possible the exercise of the competence. V- LAW ON ADMINISTRATIVE TERRITORIAL DIVISION (No. 4366 of August 19, 1969).- It is precisely this law that the Legislative Branch has issued to regulate the creation of new cantons. It is necessary to point out that by establishing the Political Constitution in the final paragraph of Article 168 that the affirmative vote of at least two-thirds of the totality of the members of the Legislative Assembly is required for the creation of a canton, it gives a clear idea of the importance that the original constituent gave to territorial integrity and to all matters related to the territorial subdivision of the Provinces. In the judgment of the Chamber, the general principle of Law that establishes that legal norms bind even the authority that has issued them and, within its competence, its superior, implies that the law that disciplines the functioning of the Legislative Assembly for the exercise of a competence that is also constitutional, binds it in the specific cases in which it must exercise it, which is nothing more than an application of the general principle of the singular non-derogability of the norm for the specific case; a general principle of constitutional rank, as it is applicable to the entirety of the legal system, as a derivation and at the same time a condition of the Rule of Law in its entirety. All of which means, in relation to the present matter, that for the creation of a new municipal territorial entity the Legislative Assembly must observe the law that it has issued for such purpose, of course, without prejudice to its power to derogate or reform it prior to its exercise.' (Underlining is not from the original).

In accordance with what has been cited, mutatis mutandi, if for the creation of a protected wild area the Legislative Assembly, by means of a law, established compliance with specific requirements in order to determine if the affectation in question is justified, it is logical that, for its partial or total declassification (desafectación), certain requirements must also be met—such as the conduct of technical environmental studies—to determine that with the declassification the content of constitutional Article 50 is not transgressed. In this sense, we can speak of levels of declassification. Thus, not every declassification of a protected zone is unconstitutional, insofar as it implies detriment to the right to the environment or threat to it. Hence, in order to reduce any protected wild area, the Legislative Assembly must do so based on sufficient and necessary technical studies to determine that no harm will be caused to the environment or that it will not be placed in danger, and, therefore, that the content of constitutional Article 50 is not violated. The principle of reasonableness, in relation to the fundamental right to the environment, requires that the norms issued regarding this matter be duly supported by serious technical studies, even if no other legal provision expressly established it. In the judgment of this Constitutional Court, the requirement contained in Article 38 of the Organic Environmental Act N° 7554, to the effect that to reduce a protected wild area by formal law, the technical studies that justify the measure must be carried out beforehand, is none other than the objectivization of the principle of reasonableness in environmental protection matters.

V- It must also be noted, as indicated above, that in order to give force to and comply with numeral 50 of the Political Constitution, it is not sufficient that public authorities issue protective measures for the environment. It is also indispensable that in the exercise of their offices those same officials do not issue acts contradictory to the cited constitutional postulate, as occurs with reference to the norm whose constitutionality is being examined, which, approved through a procedure in which a substantial requirement demanded by a valid law is omitted, establishes the reduction of a surface area declared as a protective zone. Therefore, the questioned legal provision, Article 71 of Law No. 771 of Law No. 7575, Forestry Law (Ley Forestal) of February 13, 1996, is also contrary to Article 50 of the Political Constitution.

With this, it becomes clear that in accordance with the principle of constitutional reasonableness and the content of Article 50 of the Political Constitution, the technical studies necessary to declassify a public domain asset, in general, and, specifically, to declassify lands that form part of the natural heritage of the State, must be carried out prior to or during the processing of the respective bill, under penalty of omitting, in the legislative procedure, a substantial requirement that renders the law thus approved unconstitutional, due to an essential defect in the processing of the legislative file for the formation of the law. Thereby, as stated in the last-cited judgment, a general principle of Law is also transgressed that establishes that legal norms bind even the authority that has issued them, in this case the legislator, in accordance with the general principle of the singular non-derogability of a norm for the specific case, which has constitutional rank. In this case, the legislator omitted to observe the content of Article 38 of the Organic Environmental Act, N° 7554 of October 4, to which it itself submitted with its enactment and which obliges the legislator to have prior technical studies before the enactment of a law that reduces or declassifies a public domain asset that forms part of the natural heritage of the State, a protective zone, a National Park, a Reserve, or any land of environmental interest. This omission is not remedied by the subsequent conduct of said studies, as provided in Article 2 of Law N° 9205: "ARTICLE 2.- Conduct of technical studies.

In accordance with the provisions of Article 38 of the Organic Environmental Act, N.° 7554, of October 4, 1995, and its amendments, the application of the provisions of this law shall be conditioned upon the prior conduct of the corresponding technical studies by the Ministry of Environment and Energy (Minae), to determine the areas that constitute natural heritage of the State. Once the areas that do not form part of this heritage are delimited, possessors may title said lands in their name, provided they meet the requirements of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias)." This is because, firstly, the conduct of technical studies prior to the enactment of a law that declassifies a public domain asset has its reason for being in the principle of constitutional reasonableness in environmental matters, since only in that way is sufficient and effective protection provided in this matter, and, secondly, because the declassification of the property in question, real estate folio registration number 96658, sequence 000, has already occurred, pursuant to the provisions of Article 3 of Law N° 9205, so that only its application remains in suspense (Article 2 of the law), with which, in the judgment of this Chamber, the protection of the environment is not sufficiently guaranteed, in the terms of Article 50 of the Political Constitution. This has been a reiterated criterion of this Court; suffice it to consider what was stated in Voto N° 2988-99 of 1:57 hours on April 23, 1999, which is paradigmatic for the case under study, a reason that justifies its extensive citation: "I.- Preliminary considerations. Before proceeding to examine the merits of the action, it is necessary to make some considerations regarding the protected zones that are sought to be titled in the norm under study (border strip, forest reserves, national wildlife refuges, and protective zones).

Our legislation creates a system in which affectation becomes the primary element for the inclusion of an asset in the public domain; therefore, every asset destined by law, or by an administrative act when the law authorizes it, shall be of public domain. When an asset is integrated into the public domain regime, it acquires a series of essential characteristics such as inalienability, imprescriptibility, and unattachability. Due to these conditions, these assets are not expropriable, since this would imply alienation and they are inalienable. Likewise, usucaption is also not a means to acquire them; inalienable things, being outside the commerce of men, are not subject to possession by private individuals, and therefore, are imprescriptible as long as they retain such character or the public utility purpose to which they are affected. 'The public domain is composed of assets that manifest, by express will of the legislator, a special destiny of serving the community, the public interest. They are the called domanial assets, demanial assets, public things, or public assets that do not belong individually to private individuals and that are destined for a public use and subjected to a special regime, outside the commerce of men. That is, affected by their own nature and vocation. Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept, are affected to the service they provide and which is invariably essential by virtue of an express norm. Notable characteristics of these assets are that they are inalienable, imprescriptible, unattachable, cannot be mortgaged nor be susceptible to encumbrance in the terms of Civil Law, and administrative action substitutes for interdicts to recover dominion. As they are outside commerce, these assets cannot be the object of possession, although a right to utilization can be acquired, though not a right to property.' (Constitutional Chamber, judgment No. 2306-91 of fourteen hours forty-five minutes on November 6, 1991).

The conformation of protected areas under the categories of Forest Reserve, Private or Mixed Wildlife Refuge, National Parks, Biological Reserves, and Protective Zones, entails the imposition of a Public Property Regime under the category of State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado) that ipso facto changes the legal nature of the lands included within the area, that is, from a private regime that manifests itself in various forms or states of tenure to a public regime of State property. Article 13 of Forestry Law No. 75 75 establishes that the natural heritage of the State shall be comprised of forests and forest lands of national reserves, of areas declared inalienable, of properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, except real property guaranteeing credit operations with the National Banking System and that become part of its heritage. In the same sense, Article 14 of the same Law provides that forest lands and forests that constitute that natural heritage of the State are unattachable and inalienable; that their possession by private individuals shall not create any right in their favor; and that the State's action to recover these lands is imprescriptible.

Regarding forest reserves, there is a great need to protect timber species not only for their value as such from an economic point of view, but also because some of them have great scientific value, and these plant species are part of renewable natural resources but will cease to be so to the extent that they become extinct.

Regarding the border strip, we have that the Vacant Lands Law (Ley de Terrenos Baldíos), No. 13 of January 10, 1939, in Article 10 provided: 'Also inalienable are the lands comprised within a zone of two kilometers in width, along the border with Nicaragua and with Panama.' Said protection arises from the fact that our border zones continue to be considered indispensable for the country, not only for reasons of defending the country's sovereignty, given the importance of reserving them as strategic zones for the Nation's security, but also for their relevance from the point of view of protecting the natural heritage of the State. Border zones, due to their position and cover, become an extremely important area for the protection of the environment as territory, an indispensable buffer zone for the communication of flora and fauna, water resources, and the prevailing ecosystem in certain regions of the country, and therefore, the interest and the necessity of the Costa Rican State to regulate and protect the natural resources existing today, and which without control and limitation regarding their disposition by the competent authorities, would put in serious danger the right to a healthy environment. It is for this reason that through legal instruments, both national and foreign, the attempt is made to protect these zones, as in the case of the Central American Commission at the regional level, which apart from the constitutive agreement and protocol, signed with Nicaragua in 1992 the Central American Biodiversity Convention, with the aim of gradually forming a Central American biological corridor, and the Central American Forest Council created in Guatemala, which aims to take joint actions establishing coordination measures regarding the resources available in the northern border zone of our country and the other borders of the Central American countries. It was by virtue of Decreto No. 22692-MIRENEM of February 15, 1994, amended by Decreto No. 23248-MIRENEM of April 20 of the same year, in its Article 1 that the border corridor comprised by lands within a zone of 2000 meters in width along the border with Nicaragua was declared a National Wildlife Refuge. This declaration was due to the fact that the zone is an important biological corridor between the Área de Conservación Tortuguero, the Tamborcito and Marenque Wetlands, the Caño Negro Wildlife Refuge, and the El Jardín Forest Reserve. In this same sense, wildlife refuges are defined in Forestry Law No. 7032 of April 7, 1986, in Article 35 subsection ch), as 'those forests and lands whose main use is the protection, conservation, increase, and management of wild flora and fauna species.' These sites have as their primary purpose the protection of endangered flora and fauna species and which possess, among other values, great scientific value, hence the interest in conserving them. Their conservation aims to guarantee the perpetuity of wildlife species, their populations, and habitats, and to provide opportunities for scientific, educational, and recreational activities, when they do not detract from the objectives of each refuge. Within National Wildlife Refuges, the biota can be very varied depending on the diversity of natural associations existing within the refuge, according to the variety of local geographic conditions, meaning appreciating the differences that come from a diversity in geological, edaphic, topographic conditions and of animal and human activity, hence the need for legal protection of these areas and of the other constituents of agrarian forest property.

In our country, as has already been mentioned, interest in the protection of forest resources dates back years; thus, for example, in Decreto No. 5 of June 26, 1945, this tendency for the protection of forest lands and the forest resources derived from them is made manifest, not only for the value of the resources as such, but for the function they perform within what are, in this case, protective zones. The State is interested in them in order to acquire lands as forest protection, to determine whether due to their scenic, cultural, scientific, or protective conditions, they constitute an asset that must be preserved as land of incalculable value. Due to this valuation, the State creates the so-called protective zones, which come to constitute forested areas or those with forest aptitude where the conservation of the forest and the conservation of forest lands is inspired by purposes of soil protection, or of maintaining and regulating the hydrological regime, the climate, and the environment. They are apt for soil protection, insofar as the roots of trees hold and retain the vegetative layer, and the leaves that fall from them cover the soil where water runs and prevent the dragging of soil particles, that is, they stop or at least diminish the process of erosion, which brings with it the nutritional imbalance of the soil by dragging important nutrients from the earth, necessary for the growth of plants. Protective zones play a leading role in the balance of the environment, understood as the set of things surrounding the individual such as: climate, soil, light, wind, rain, food, cold, heat, habitat, etc., and in the balance of the ecosystem due to the exchange relationship that exists between the living part of nature and the inert part (sic) thereof. Hence the need to protect the soil, the regulation of the hydrological regime, the conservation of the environment, and that of hydrographic basins. These zones are created by law or via decree of the Executive Branch and in them, also by legal provision, it is prohibited to carry out agricultural activities or destruction of vegetation. Within protected zones are included the lands situated in national reserves, a certain zone along the banks of rivers, a strip on both sides of the maximum depression of hydrological basins, the lands bordering springs (manantiales) that arise in hills and also those that arise on flat lands, a certain area along the banks of rivers, streams, lakes, lagoons, or natural reservoirs.

IV.- This Chamber, in its jurisprudence, has referred to the constitutional protection of these assets and to its approach for the State, in the following sense: '... Much is said today about the vital necessity for humanity—as a genus—and the consequent obligation, of that protection and preservation, and this constitutes a worldwide attitude, from which our country is not exempt, as demonstrated by Costa Rica's evident interest in participating in international forums where ecological themes are discussed. But such conduct of our people is not only manifested in that way, because internally, which is of primary importance, we have also acted by enacting laws whose purpose tends to that protection. Thus, for example, and for what is relevant here, the current Forestry Law, # 7174 of June 28, 1990, provides in its Article 1: This law establishes as an essential function and priority of the State, to ensure the protection, conservation, utilization, industrialization, administration, and promotion of the forest resources of the country, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources. For its part, in accordance with the principle or parameter of legal regularity, such regulations and said attitude have their foundation in our Political Constitution, which in relation to this theme provides: "Article 89.- Among the cultural purposes of the Republic are: to protect natural beauties, conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation..." "Article 6.- ...It exercises, moreover—referring to the State—a special jurisdiction over the seas adjacent to its territory within an extension of two hundred miles from the same line, in order to protect, conserve, and exploit with exclusivity all the resources and natural riches existing in the waters, the soil, and the subsoil of those zones in accordance with those principles" (the lines of underlining are not from the original). But that is not all, because also in norm 69 of the Political Charter it speaks of the "rational exploitation of the land," which constitutes a fundamental principle. Consequently, that protection and preservation, as well as the rational exploitation of the indicated resources, are canons of the constitutional order, "(judgment No. 2233-93 of nine hours thirty-six minutes on May twenty-eight, nineteen ninety-three), "On the other hand, it is worth noting that, at a global level, there is a tendency to consider that the environment and ecology are not the interest of a single region, country, or continent, but rather are universal interests insofar as what is done in favor of or against nature in one country or region also affects the rest of the earth. This is what basically justifies some type of limitation on private property for the sake of environmental defense, a principle—contained in Articles 45 and 50 of the Political Constitution—with which a balance between conservation and production, both social interests, is sought. For these reasons, included within the concept of property of the referred numeral 45, in relation to 50, both constitutional, are forest property, agrarian property, ecological property, environmental property, etc., all with constitutional anchorage in the cited articles and with specific regulation and legal nature. Likewise, in the Rio Declaration on Environment and Development, among other things, the sovereign right of states to define their development policies was established. Also enunciated is the precautionary principle (principio precautorio) (principle 15 of the Rio Declaration), according to which, 'In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' So that, in the protection of our natural resources, a preventive attitude must exist; that is, if degradation and deterioration must be minimized, it is necessary that precaution and prevention be the dominant principles, which leads us to the need to propose the 'in dubio pro natura' principle which can be extracted, analogically, from other branches of Law and which is, entirely, in accordance with nature. However, the task of environmental protection is made difficult since we carry a rigid conception regarding property rights, which impedes progress in favor of the environment, without which the right to life, work, property, or health could not exist. One must not lose sight of the fact that we are in a field of law in which the most important norms are those that can prevent all types of environmental harm, because no norm can repair, a posteriori, harm already done; a need for prevention that is more urgent when it concerns developing countries.'" In this regard, the Stockholm Declaration affirmed "...that in developing countries the majority of environmental problems are caused by underdevelopment itself. Millions continue to live below the minimum standards of health and sanitation. Therefore, developing countries must direct all their efforts toward development, bearing in mind their priorities and the need to safeguard and improve the environment. For the same reason, industrialized countries should make efforts to reduce the gap between themselves and developing countries." From all the foregoing, it is clear that the State has an obligation to protect natural beauty and the environment <articles 50 and 89 of the Constitución Política), since there is an evident individual and social interest in this, an end which, to be achieved, requires the enactment of laws that adequately regulate the matter. Certainly, man has the right to make use of the environment for his own development, but he also has the correlative duty to protect and preserve it for the use of present and future generations. Thus, for example, the Stockholm Conference affirms that "man has the fundamental right to freedom, equality, and the enjoyment of adequate living conditions in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn obligation to protect and improve the environment for present and future generations." It must not be lost sight of that soil, water, air, marine, coastal, and mineral resources, forests, biological diversity, and the landscape make up the environmental framework without which basic demands such as living space, food, energy, housing, health, and recreation would be impossible. Likewise, our economy is also intimately linked to the state of the environment and natural resources; thus, for example, both the generation of foreign currency through agricultural and tourism exploitation and the success of important investments and infrastructure depend, ultimately, on the conservation of those resources. For the foregoing reasons, Environmental Law must not be associated only with nature, since nature is only part of the environment. Nature protection policy also extends to other aspects such as the protection of hunting, forests, natural parks, and natural resources. It is, then, a macro-environmental concept, so as not to leave out important concepts and thus achieve unification of the legal body we call Environmental Law." (Judgment No. 5893-95 of nine hours forty-eight minutes of October twenty-seventh, nineteen ninety-five).

In the same vein, Judgment No. 1763-94 of sixteen hours forty-five minutes of April 13, 1994, stated: "II.- PROTECTION OF A HEALTHY AND BALANCED ENVIRONMENT: As relevant to this matter, that is, the protection of environmental rights, this Chamber, in the already cited pronouncement number 3705-93, affirmed:

"It is important for the Chamber to elaborate, prior to the strictly substantive considerations, a general analysis that establishes the constitutional framework and the conditions and interests that the conservation of the environment awakens today, since its study constitutes a novelty of this last century. It is essential to recall that for many centuries man believed he had to dominate the forces of nature and put them at his service, since it was considered, to some extent, that natural resources were inexhaustible and that industrialization was per se a desirable objective, without evaluating what the impact of economic activity on the environment would be. In fact, the division between renewable and non-renewable natural resources is modern, since even economic science, which is concerned with the administration of the environment to achieve maximum satisfaction of human needs with limited resources, did not incorporate the wear and deterioration of the environment as a tool of economic analysis until very recently... The environment, therefore, must be understood as a development potential to be used appropriately, and action must be taken in an integrated manner in its natural, sociocultural, technological, and political relationships, since, otherwise, its productivity for the present and the future is degraded and the heritage of coming generations could be put at risk.

The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems arise when the methods of exploiting natural resources give rise to a degradation of ecosystems exceeding their capacity for regeneration, which leads to broad sectors of the population being harmed and a high environmental and social cost being generated that results in a deterioration of the quality of life; precisely because the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain development and evolution favorable to the human being. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that while man has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation, to this matter, of the principle of "lesión", already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: on the one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself...

III.- This Chamber has also recognized that both the right to health and the right to an environment free from contamination, without which the former could not be made effective, are fundamental rights, such that it is the obligation of the State to provide for their protection, either through general policies to achieve that end or through specific actions by the Administration. Sustainable development is one of those general policies that the State dictates to expand the possibilities for everyone to fulfill their aspirations for a better life by increasing productive capacity or by expanding the possibilities of achieving equitable progress between demographic growth or between the latter and natural systems. Sustainable development is the process of transformation in the use of resources, direction of investments, channeling of technological development, institutional changes, and everything that contributes to meeting the human needs of the present and the future.

V.- Constitutional analysis of the challenged provision. The law in question seeks to resolve the cases of occupants of zones in the Reserva Nacional, allowing for this the titling of these properties, which would remain subject to the limits established by special laws for environmental protection. Consequently, the intention of the legislative body was to allow current occupants to acquire ownership of those lands and thereby achieve access to the bank credit necessary to intensify and systematize their production, and thus be able to access decent housing. It is for the foregoing that through the challenged article, MINAE is authorized to transfer to IDA the titling in forest reserves (reservas forestales), national wildlife refuges (refugios nacionales de vida silvestre), and protective zones (zonas protectoras); it provides that the Poder Ejecutivo may authorize titling in the country's border zones comprised beyond two hundred meters counted from the border; and JAPDEVA is authorized to transfer to IDA the lands with agricultural suitability that it administers. It must be noted that these occupants are holding public domain assets, whose legal nature was already considered previously—assets that are not subject to possession since they are inalienable and imprescriptible, and it is by virtue of a law that it may become possible for these assets to pass from a public domain regime to a private domain regime. However, every provision must be reasonable in achieving the ends it seeks, as well as in relation to the rest of the legal system. The zones sought to be titled under the challenged provision were protected precisely because of the importance and relevance that maintaining an ecologically balanced environment has for our country, coupled with the commitments the country has undertaken in a series of international agreements seeking worldwide environmental protection.

For the case under study, the following international provisions must be considered, namely: the CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y SUS ANEXOS, in Article 8 provides: "Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate: Establish a system of protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity... (c) Regulate or manage biological resources important for the conservation of biological diversity, whether within or outside protected areas, with a view to ensuring their conservation and sustainable use; (d) Promote the protection of ecosystems and natural habitats and the maintenance of viable populations of species in natural surroundings; (e) Promote environmentally sound and sustainable development in areas adjacent to protected areas with a view to furthering protection of these zones..."; in the same vein, the CONVENCION PARA LA PROTECCION DE LA FLORA, DE LA FAUNA, Y DE LAS BELLEZAS ESCENICAS NATURALES DE LOS PAISES DE AMERICA, in Article 2 states: "1. The Contracting Governments shall immediately study the possibility of creating, within the territory of their respective countries, the national parks, the natural monuments, and the reserves of virgin regions defined in the preceding article. In all those cases where such creation is feasible, it shall be commenced as soon as convenient after the entry into force of this Convention..."; and in Article 4: "The Contracting Governments agree to maintain the reserves of virgin regions inviolate as far as feasible, except for duly authorized scientific research and government inspection, or for other purposes consistent with the purposes for which the reserve was created."; the CONVENCION PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, in Article 5 states: "To ensure that effective and active measures are taken for the protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage situated on its territory, each State Party to this Convention shall endeavor, in so far as possible... (d) to take the appropriate legal, scientific, technical, administrative and financial measures necessary for the identification, protection, conservation, presentation and rehabilitation of this heritage..."; the CONVENIO PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y PROTECCION DE AREAS SILVESTRES PRIORITARIAS EN AMERICA CENTRAL, in Article 3 provides: "The conservation of biodiversity in border habitats or waters requires the will of all, and external, regional, and global cooperation, in addition to the efforts that nations develop, which is why the international community is invited to participate, technically and financially, in our effort."; the CONVENCION RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HABITAT DE AVES ACUATICAS, in Article 4 states: "Each Contracting Party shall promote the conservation of wetlands and waterfowl by establishing nature reserves on wetlands, whether or not they are included in the 'List', and provide adequately for their management and care..."; the DECLARACION DE RIO, in Principle 15, alludes to a precautionary principle, according to which, "In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." The transcribed regulations encompass a series of international commitments that were acquired by our country to be developed in pursuit of the proposed ends, such that the State's internal regulations must also be in accord with the subscribed agreements, and in this sense, it is obligated to develop all possible mechanisms for environmental protection, which implies protecting the areas that are considered important for an ecologically balanced development and which require special treatment for their conservation; it is for this reason that the State cannot be contradictory in the ends entrusted to it by the Constitución Política itself, in Articles 7, 21, 50, and 89, when legislating in the future, unless what is intended in the enacted law is indeed considered reasonable and proportionate.

In the case under examination, the challenged provision seeks to title some zones that have been declared protected, precisely because of how important their conservation is in the face of the various human activities that alter the ecosystems and habitat of the environment that develops in these places, as well as the preservation of forests, which are important for the generation of essential and invaluable goods, such as water.

The legislator, in the present law, highlights the need to grant a property title to the occupants of the zones in question, suggesting that the acquisition comes with the environmental limitations and protections that exist in this regard; however, from the study of the challenged provision, it is found that the authority to title in these areas falls upon an indiscriminate scope of application, which, if it occurs as such, could mean titling areas in which many of the activities that man carries out are incompatible and could seriously harm the ecosystem developed there, as well as the vulnerability that would exist on the part of the State to be able to exercise adequate oversight over them. This is such that, even assuming that these people have been occupying for many years these areas that are public domain assets, this in no way justifies that any of these areas can be titled, since the State itself, in protection of the environment, may order the eviction of these people from those areas where, on the contrary, their presence is producing a counterproductive effect, which would consequently mean that, in the event that these types of areas were titled, the State would have to expropriate an asset that it perhaps once had to expropriate to declare it a protection zone, incurring an unreasonable act.

The foregoing does not imply that the State cannot release (desafectar) a specific area because the purposes for which it was protected are no longer met, or even that it may seek to title specific zones; however, this can be done where there is a prior technical study that demonstrates the nature of the area to be titled and the possible coexistence of both man and the ecosystem, as well as the consequences derived therefrom. For this reason, it cannot be permitted that areas of this nature be titled indiscriminately, since this would go against the very environmental conservationist policies that the State has sought by virtue of the duties mandated by the Constitución Política and the International Agreements it has subscribed. This Chamber, in Judgment No. 7294-98 of October 13, 1998, stated: "From the transcribed judgment, it is clear that once a specific area has been declared a protective zone by an act of the State, the State cannot simply release it in whole or in part to protect other interests—public or private—to the detriment of the enjoyment of a healthy environment, in accordance with the provisions of constitutional Article 50. Now then, the fact that a provision, of whatever rank, has declared a specific area a protective zone does not imply the creation of a petrified zone, in the sense that its area can in no way be reduced by a subsequent regulation. However, it must be borne in mind that the declaration and delimitation of a protective zone, in compliance with the provisions of constitutional Article 50, implies a defense of the fundamental right to the environment and, therefore, the reduction of its area must not imply a detriment to that right, a situation that must be established in each specific case. The fact that a subsequent law reduces the area of a protective zone, a forest reserve (reserva forestal), a Parque Nacional, or any other site of environmental interest is not necessarily unconstitutional, provided it is justified insofar as it does not imply a violation of the right to the environment. It could be that, for various circumstances, a specific site has lost, at least in part, the environmental interest that, at the time, prompted its protection, which, after the appropriate studies are conducted, would justify its modification or reduction, all in application of the principle of constitutional reasonableness. Likewise, the initial delimitation of a protective zone—or of another type—could, in the long run, prove insufficient and, for this reason, motivate the approval of a reform to expand the area... if, for the creation of a protected wilderness area (área silvestre protectora), the Asamblea Legislativa, by means of a law, established the fulfillment of specific requirements in order to determine if the affected status in question is justified, the logical consequence is that, for its partial or total release, certain requirements must also be met—such as conducting technical environmental studies—to determine that the release does not transgress the content of constitutional Article 50. In this sense, we can speak of levels of release (desafectación). Thus, not every release of a protected zone is unconstitutional, insofar as it implies a detriment to the right to the environment or a threat to it. Hence, in order to reduce any protected wilderness area, the Asamblea Legislativa must do so based on technical studies sufficient and necessary to determine that no damage will be caused to the environment or that it will not be put at risk and, therefore, that the content of constitutional Article 50 is not violated. The principle of reasonableness in relation to the fundamental right to the environment requires that the provisions enacted with respect to this matter be duly motivated by serious technical studies, even if no other legal regulation expressly so establishes. In the judgment of this Tribunal Constitucional, the requirement contained in Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, to the effect that, in order to reduce a wilderness area protected by formal law, the technical studies justifying the measure must first be conducted is nothing more than the objectification of the principle of reasonableness in matters of environmental protection.

- It must also be noted, as stated above, that to give effect to and comply with Article 50 of the Constitución Política, it is not sufficient for public authorities to issue protective measures for the environment. It is also essential that, in the exercise of their duties, those same officials not issue acts contradictory to the cited constitutional postulate, as occurs with reference to the provision whose constitutionality is being examined, which, approved through a procedure in which a substantial requirement mandated by a current law was omitted, establishes the reduction of an area declared a protective zone. Therefore, the challenged legal provision, Article 71 of Ley No. 771 of Ley No. 7575, Ley Forestal of February 13, 1996, is also contrary to Article 50 of the Constitución Política...

Likewise, the release of a large part of the border zone, despite the objectives this law pursues, is also not constitutionally reasonable, since areas in which there are no occupants to whom a title is intended to be delivered are also released, leaving these areas also without the protections and regulations that exist for the protection of national security, as they no longer form part of the border zone, thereby also affecting biological protection zones that have been created in those areas where there are primary forests, areas with different degrees of alteration, and others of regeneration of wetlands that serve as nesting sites for a large number of bird species and populations of flora and fauna, some almost unique of their kind, such as the biological corridor intended to be established in the northern border strip and which, in this understanding, would also remain unprotected; thus contradicting any policy of environmental protection that the State may have previously undertaken.

This Chamber has repeatedly stated that the purposes of a provision must be proportionate and reasonable by virtue of the objective it seeks to achieve, as well as the consequences that may derive from it, and in this sense, it cannot be permitted that, to solve a social problem such as housing for a few people in this case, the protected areas of the country are put at risk and a relevant and imminent risk is run that could harm our environmental conservation areas, thereby violating the precautionary principle stated in the DECLARACION DE RIO and the principle in dubio pro natura, so that in the protection of our natural resources, a preventive attitude must exist, that is, if degradation and deterioration must be minimized, it is necessary that precaution and prevention be the dominant principles." The omission of the prior and necessary technical studies to establish which specific lands, from the JAPDEVA property, real estate registered in the Registro Público de la Propiedad under Folio Real N° 96658-000, can be released without endangering the environmental protection of Parques Nacionales and other protected areas constitutes a clear violation of Articles 50, 89, and 121, subsection 14), of the Constitución Política, due to an essential violation of the legislative procedure. Not only is the noted omission confirmed from the review of legislative file N° 18838—which could not be otherwise by virtue of the provisions of Article 2 of Ley N° 9205, which conditions the application of the law on the subsequent completion of the technical studies—but in the Informe Técnico Integrado (Jurídico-Socio ambiental) ST.006-2011, prepared by the Departamento de Servicios Técnicos of the Asamblea Legislativa, in relation to the then Bill processed under file N° 17.838 (folios 22 to 76 of the legislative file), now Ley 9205, it was considered that said bill contained a series of aspects contrary to the Constitución Política, among them, the lack of the corresponding technical studies that would have reasonably justified the release of the public domain asset in question.

More recently, the Chamber has also had the opportunity to refer to the issue in question, which it has summarized in the following terms (Voto N° 2012-013367 of 11:33 hours of September 21, 2012):

"VII. Requirements for the territorial reduction of an environmentally protected area. In absolute consonance with the described content of constitutional Article 50, the legislator and constitutional jurisprudence have established certain requirements for the reduction or release (desafectación) of an environmentally protected area. In that sense, Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554, provides: 'The area of protected wilderness areas, natural heritage of the State, whatever their management category, may only be reduced by Law of the Republic, after conducting the technical studies that justify this measure.' On this matter, the Sala Constitucional established: 'Once a specific area has been declared a protective zone by an act of the State, the State cannot simply release it in whole or in part to protect other interests—public or private—to the detriment of the enjoyment of a healthy environment, in accordance with the provisions of constitutional Article 50. Now then, the fact that a provision, of whatever rank, has declared a specific area a protective zone does not imply the creation of a petrified zone, in the sense that its area can in no way be reduced by a subsequent regulation. However, it must be borne in mind that the declaration and delimitation of a protective zone, in compliance with the provisions of constitutional Article 50, implies a defense of the fundamental right to the environment and, therefore, the reduction of its area must not imply a detriment to that right, a situation that must be established in each specific case. The fact that a subsequent law reduces the area of a protective zone, a forest reserve (reserva forestal), a Parque Nacional, or any other site of environmental interest is not necessarily unconstitutional, provided it is justified insofar as it does not imply a violation of the right to the environment.' (Judgment of the Sala Constitucional N° 7294-98, in the same vein, Judgment No. 11155-07).

Thus, there are two essential requirements for the reduction of a territorially environmentally protected area or to release an area from the protective legal regime to which it is subject: by means of law and prior completion of sufficient technical studies justifying the measure. In this regard, the Chamber has stated: 'When it concerns the expansion of the limits of the protective zones of the State's forest heritage (patrimonio forestal del Estado), it is possible to do so via regulation (reglamento), but when it concerns their reduction, it can only be done via legal means, clearly, provided there is a prior criterion justifying the measure.' (Judgment of the Sala Constitucional N° 1056-2009).

Following that line of reasoning and for greater clarity, the Chamber declared unconstitutional the regulatory provision (Decreto Ejecutivo N° 32753-MINAE) by which the Poder Ejecutivo reduced the territory of the Refugio Gandoca-Manzanillo, removing from the area and the protection regime the urban zone of the Refugio. 'Article 6 of Decreto 16614-MAG expressly excluded from that refuge the urban zone of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo. Subsequently, DE-23069-MIRENEM of April 5, 1994, was issued; Article 16 of that Decreto repealed Art. 6 of DE-16614. The immediate consequence of this is that the urban areas of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo became part of the Refugio Gandoca-Manzanillo. Later, Decreto DE-29019-MINAE of October 31, 2000, was enacted, which, through Article 8, repealed Decreto 23069-MIRENEM; with this, Article 6 of DE-16614 tacitly regained force. At that moment, a tacit reduction of the territory of the reserve occurs by again excluding the urban areas of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo, which left things in the situation as had been provided by Decreto N° 16614-MAG. However, subsequently, the Poder Ejecutivo issued DE-32753-MINAE of May 16, 2005, which expressly repealed Article 6 of DE-16614; once again, the urban zones of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo become part of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, a situation that remains to date (...) It is evident then that the Poder Ejecutivo cannot reduce the territorial limits of a wilderness area, but it can extend them. Hence, the Decretos whose repeal or entry into force produced as an immediate consequence the increase in the territory of a specific protected area are constitutional.' (Judgment of the Sala Constitucional N° 5975-2005 of 15:14 hours of May 3, 2005).

It is evident that these two requirements are in absolute conformity with the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. In the first place, in this matter, the legal regime requires that any restriction or limitation of the right must be imposed by law; on the contrary, any benefit or extension of the protection of the right may be established by infra-legal provision. In the second place, the requirement for prior technical studies responds to the principle of submission of decisions related to the environment to criteria of science and technique, in order to protect the ecological equilibrium of the system and the health of the environment. In this sense, the requirement for technical studies that justify the approval of bills tending to the reduction or release (desafectación) of an environmentally protected area must be satisfied prior to or during the development of the legislative procedure.

Furthermore, the requirement for technical studies is not a mere formality; rather, it is a substantive requirement, meaning that it must be substantively demonstrated, through a scientific and individualized analysis, the degree of impact of the corresponding measure on the environment, propose recommendations aimed at reducing the negative impact on it, and demonstrate how such a measure entails a development that meets the needs of the present without jeopardizing the ability of future generations to meet their own needs. It is now appropriate to assess whether this guarantee was fulfilled.

Precautionary principle. For this Court, the precautionary principle applies when there is no scientific certainty about the risks or environmental impact of a measure, and the studies or available information generate doubts about the risks or their possible negative impact. Conversely, the principle of prevention or preventive principle applies in those cases where there is scientific evidence that the measure will cause environmental harm. In this second case, the available information may be sufficient or insufficient, but with what exists, a degree of certainty is reached regarding the negative impacts that the measure will cause to the environment. The difference between one and the other lies in the existence or not of scientific certainty about the possible risks or injuries to the environment.

Regarding the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law: among other international instruments, it is contained in articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights.

Under these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, with special consideration for those, such as the right to the environment (art. 11 of the Protocol), which require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all their holders. From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, contained in numeral 34 of the Magna Carta, derives the principle of non-regression or irreversibility of the benefits or protection achieved. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved until then. This principle does not imply absolute irreversibility because all States experience national situations, of an economic, political, social nature or due to natural causes, that negatively impact the achievements made until then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, the Law of the Constitution and the principles under examination mandate justification, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, for the reduction of the levels of protection. In this regard, the Constitutional Chamber has expressed in its jurisprudence, regarding the right to health: "...in accordance with the PRINCIPLE OF NON-REGRESSION, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of openness to access to medicines, it cannot—and much less by means of an International Treaty—reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting commerce. (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07). In relation to the right to the environment, it stated: "The foregoing constitutes an evolutive interpretation in the protection of the environment in accordance with the Law of the Constitution, which does not admit a regression to its detriment." (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10). Consequently, in application of these two principles, the Constitutional Chamber has established that it is constitutionally valid to expand by executive decree the physical extension of protection areas (principle of progressivity); however, reduction can only be effected by law and after conducting a technical study adjusted to the principles of reasonableness and proportionality, to the requirements of ecological balance and a healthy environment, and to the general welfare of the population, which serves to justify the measure. A right is worth what its guarantees are worth; therefore, a violation of these principles occurs when the technical study fails to meet the required constitutional and technical demands. If such a guarantee is transgressed, the fundamental right protected by the guarantee will also be so, and it is to that extent that the reduction of protected areas would be unconstitutional.

"...the right to the environment is violated because the reduction of a wildlife refuge clearly not only diminishes the possibilities of enjoying this right in the Gandoca-Manzanillo area but also leaves the natural resources of the area unprotected by leaving the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo open to unrestricted exploitation. Evidently, the protection received by property is not the same when it comes to forest property. Regarding this type of property, it should be remembered that it is a different type of property with its own characteristics and particularities and a special regime, because it is conceived fundamentally for conservation, not for production or to be part of commerce among men. All lands considered as national reserves are immediately affected for the purposes of forestry regulations, which establishes a special regime applicable to all forest resources. In this way, when the challenged decree proceeds to exclude the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo from forest property, it violates the right to the environment because such areas would fall outside the proper limits of forest property, which are oriented toward conservation and not toward the exploitation of the property and its natural resources." (Judgment of the Constitutional Chamber No. 1056-2009).

VI.On the principle of singular inderogability of norms. The Chamber, in an optional legislative consultation regarding the bill aimed at creating a new canton in the Province of Guanacaste, ordered that the legislator must observe, for such purpose, the rules established in the Law on Territorial Administrative Division:

"In the opinion of the Chamber, the general principle of Law that establishes that legal norms bind even the authority that has issued them and, within its competence, its superior, implies that the law governing the functioning of the Legislative Assembly for the exercise of a constitutionally concurrent competence, binds it in the specific cases in which it must exercise that competence. This is nothing more than the application of the general principle of the singular inderogability of the norm for the specific case; a general principle of constitutional rank as it is applicable to the entirety of the legal system, as a derivation and at the same time a condition of the Rule of Law in its entirety. All of which means, in relation to the present matter, that for the creation of a new municipal territorial entity, the Legislative Assembly must observe the law it has enacted for such purpose, without prejudice, of course, to its power to repeal or reform it prior to its exercise." (Judgment of the Constitutional Chamber No. 2009-95).

This principle is a conquest of the Rule of Law that emerged from the French Revolution, since it was characteristic of the old absolutist regime that the king would change his criteria according to his interests. Thus, if the legislator, developing constitutional guarantees in favor of the environment, establishes as a requirement and guarantee of the right that the reduction of protected areas requires a law and a sufficient and complete technical study to justify it, such provision binds, by virtue of the principle, the very legislative body that enacted it.

(...)

VIII.Power of the legislator. Within the framework of the Constitution, the legislator has the power and competence to reduce the physical dimensions of environmentally protected areas. However, based on article 50 of the Constitution, legislative decisions in this matter must respect the unequivocal rules of science and technique, in order to guarantee a "healthy" and "ecologically balanced" environment and the "greatest well-being of all inhabitants." The technical study required by article 38 of the Organic Law of the Environment must respond to these purposes, for which mere formal compliance is insufficient because it is a substantive requirement, meaning that it must substantively demonstrate, through a technical and individualized analysis, the degree of impact of the corresponding measure on the environment, propose recommendations aimed at reducing the negative impact on it.

Demonstrate how such a measure entails a development that meets the needs of the present without jeopardizing the ability of future generations to meet their own needs. It must be emphasized that the Chamber, in the sub examine, has not proceeded to technically evaluate the quality of the technical study in question; rather, the objections outlined regarding it refer to obvious and manifest omissions that are apparent from a mere reading of it. Thus, in a similar case, the Constitutional Chamber stated:

"The foregoing does not imply that the State cannot disaffect a determined area because the purposes for which it was protected are no longer fulfilled, or even that it intends to title specific zones; however, this can be done where a prior technical study exists that demonstrates the nature of the area to be titled and the possible coexistence of both man and the ecosystem, as well as the consequences derived therefrom. Therefore, areas of this nature cannot be titled indiscriminately, since this would go against the very environmental conservation policies that the State has pursued by virtue of the mandates ordered by the Political Constitution and the International Agreements it has signed." (Judgment number 1999-2988).

Having established an essential defect (vicio esencial) in the legislative procedure, regarding which the criterion of this Court is binding, it is unnecessary to address the other aspects consulted on the merits (see Judgment No. 2010-012026)." In this case, there is no doubt for this Constitutional Court that the legislator incurred an essential defect in the legislative procedure in the enactment of Law No. 9205, the object of this unconstitutionality action, given that there is no prior technical study demonstrating the nature of the lands to be titled and the possible impact on the environment resulting from the coexistence of both people and the ecosystem, as well as the consequences derived therefrom. This situation is not remedied by conducting, after the enactment of the law, the technical studies that are found lacking, since this would allow areas of environmental importance or belonging to the natural heritage of the State to be titled indiscriminately—or, at least, put at risk—which would be contrary to the very environmental conservation policies that the State has pursued by virtue of the mandates ordered by the Political Constitution and the International Agreements it has signed. The essential defect identified in the legislative procedure affects the entire law, not just the articles that specifically establish the disaffection (desafectación) of the public domain asset in question or that postpone the conduct of the technical studies to a later stage after the enactment of the law. Moreover, it would make no sense for some articles of Law No. 9205 to remain in force, since, without the possibility of titling those lands in the name of private parties, which is the primary objective of the law, it would be devoid of any reason. This also implies that the reforms to subsection f) of article 1, and to article 11, of the Ley de Informaciones Posesorias, Law No. 139, of July 14, 1941, and its reforms, contained in article 17, of Law No. 9205 now declared unconstitutional, must be considered as not having been made, for which reason the text of those norms immediately prior to the reform effected by the annulled legislation is restored. Given the manner in which this action is resolved, the examination of the other constitutionality objections raised by the petitioners on the merits is omitted as unnecessary, with the exception of what is stated in the following recital regarding the substantive content of the challenged law.

—Final clarification. This Chamber dismissed the unconstitutionality action against Law No. 9221 of March 27, 2014, through Decision (Voto) No. 2016-000811, of 11:49 hours on January 29, 2016, when it discussed the unconstitutionality of article 8 of the Ley Marco para la Declaración Urbana Litoral, su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial. That law establishes the possibility for regulations related to public domain assets or the Natural Heritage of the State to be used by the populations. Law No. 9221 establishes a detailed and exhaustive regulatory framework for the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, in addition to implementing some important economic and social rights in favor of coastal communities throughout the country. In the case before us, the situation contrasts in several aspects, because it is a law that displaces all the regulations and safeguards established in Law No. 9221 (criteria of prevalence of the special law and by subject matter), specifically, because it contains populations within the regulated matter. Thus, the Legislative Assembly disaffects a single property, visible at real folio No. 96658 of JAPDEVA, to be the subject of subsequent technical studies that it does not clarify which they are, although it does state that they should be in accordance with article 38 of the Organic Law of the Environment and with the corresponding ones of SINAC for the Natural Heritage of the State. This clearly eliminates the meticulous treatment of Law No. 9221, which has, among its characteristics, the competence of an Inter-institutional Commission of Coastal Urban Zones that, prior to granting a declaration of coastal urban zone, requires a formal request from a Municipality, a coastal regulatory plan, a favorable opinion from ICT, georeferenced boundaries from IGN, and an strategic environmental impact assessment of the area intended to be declared, approved by SETENA, and a declaration of urban area by INVU. From that moment on, Law No. 9221 prescribes that the municipality must develop the respective urban regulatory plan, which, in itself, is a guarantee of the environment and social development. Evidently, the Legislative Assembly imposes a condition precedent suspending the effects of Law No. 9205, for the purpose of conducting the technical studies, with the area being directly disaffected for titling through the Ley de Informaciones Posesorias by order of a Judge, or by the Municipalities, if it were a concession under the Ley Marítimo-Terrestre, without sufficient and necessary guarantees existing in the settlements with territorial planning for the adequate protection of the healthy and ecologically balanced environment under article 50, Constitutional. They are totally different scenarios, with a very lax approach to protection; therefore, the reasoning for deciding must be equally consistent with these particular and distinct circumstances of each law, for which reason the challenged law also presents constitutional frictions regarding its content.

III.—Conclusion. Based on the foregoing considerations, Law No. 9205 of December 23, 2013, Ley de Titulación en Inmueble Propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), is declared unconstitutional, due to an essential defect having been incurred in the legislative procedure for its enactment, which makes it contrary to the principles of constitutional rationality and proportionality, as well as to articles 50, 89, and 121, subsection 14), of the Political Constitution. This declaration of unconstitutionality has declaratory and retroactive effects to the date of issuance of the annulled norm, without prejudice to rights acquired in good faith.

Therefore:

The action is granted. Consequently, Law No. 9205 of December 23, 2013, Ley de Titulación en Inmueble Propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), is annulled, a declaration that also covers the reform of articles 1, subsection f), and 11, both of the Ley de Informaciones Posesorias, Law No. 139, of July 14, 1941, and its reforms, effected by article 17 of the annulled legislation. This judgment has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled Law, without prejudice to rights acquired in good faith. Justices Cruz Castro and Hernández Gutiérrez append separate notes. Let this pronouncement be communicated to the Legislative Branch, as well as to the Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Let this pronouncement be summarized in the Official Gazette La Gaceta and published in its entirety in the Judicial Bulletin. Notify.

Fernando Cruz C. Fernando Castillo V. Luis Fdo. Salazar A. José P. Hernández L. Aracelly Pacheco S. Ronald Salazar M. Alicia Salas T.

Note of Justice Cruz C.

In this unconstitutionality action, it was considered that the non-existence of a prior technical study demonstrating the possible impact on the environment caused an essential defect in the legislative procedure of the challenged law, which affected the entire law. Therefore, it was considered that the examination of the other constitutionality objections on the merits was unnecessary. However, I have wanted to set down a note for the purpose of making some reflections on the merits.

I consider that the lack of prior studies for the reduction of an environmentally protected area is certainly a procedural defect, but it is also a substantive defect, due to a direct violation of the right to the environment (art. 50 Constitutional) and the protection of public domain assets (art. 121.14 Constitutional).

As stated in decision no. 18702-2010, "areas of this nature cannot be titled indiscriminately, since this would go against the very environmental conservation policies that the State has pursued by virtue of the mandates ordered by the Political Constitution and the International Agreements it has signed." Furthermore, it must be taken into account that such prior studies must meet certain requirements, as it is not a mere formality. The technical study required by article 38 of the Organic Law of the Environment, and which is the objectification of the constitutional principle of reasonableness in matters of environmental protection, requires a technical analysis that implies an individualized analysis, which must contain at least the following elements:

The degree of impact of the corresponding measure on the environment; The recommendations aimed at reducing the negative impact on the environment; The demonstration of how the measure taken entails a development that meets the needs of the present without jeopardizing the ability of future generations to meet their own needs.

In summary, such a prior study must demonstrate that the disaffection is in accordance with the constitutional protection of the right to the environment.

On the other hand, as stated, it was also a matter of a substantive violation of the protection and conservation of public domain assets. As stated in decision number 4587-1997: "forest property is conceived fundamentally for conservation, not for production or to be part of commerce among men." It is a constitutional duty to protect and preserve the integrity of the environment, which includes the protection of forest wealth.

In this way, I have wanted to set down this note to add that this case certainly involved a violation of the legislative procedure, but also a substantive violation of the Law of the Constitution.

Fernando Cruz C.

Unconstitutionality Action #14-004297-0007-00 Res. # 2375 of February 15, 2017 NOTE OF JUSTICE HERNANDEZ GUTIERREZ I.—That Law #9205 of December 23, 2014, called "TITULACIÓN EN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA," is in effect as of its publication, which occurred in La Gaceta #40 of February 26, 2014, Alcance # 4. This action was filed on April 3, 2014, that is, 1 month and 1 week after its enactment; the informational notices regarding its filing and course were published in Judicial Bulletins #105 of June 3, #106 of June 4, and #107 of June 5, 2014, that is, 2 months after its filing. According to article 1 of said Law, its objective is to authorize the titling of properties in the Public Registry by persons who are possessors "in" the property of JAPDEVA, #96658-000 of the Province of Limón. Article 2 indicates as a condition for the application of the Law the prior conduct of technical studies to determine the areas that constitute the natural heritage of the State. Once the areas that do not form part of that heritage are delimited, with respect to what they are, the possessor could title the land in their name through the Ley de Informaciones Posesorias. And Transitory Provision III states that the specific body called upon to carry out such studies, charged to its budget, is the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

II.—That it is true that between the dates of publication of the Law and the notices, a period of barely 3 months and 1 week elapsed, from which it could be supposed that no possessor could have registered any property in the Public Registry, nor that the technical implementation studies were done, given that brevity. But it is also true that in this case file there are no elements of conviction demonstrating that, under the protection of this law, those events did not occur. And it is reasonable that there is no such collection of information, since this is a matter of an abstract review of the norm, and not of verifying factual matters, even when related to the displacement of its practical effects. Faced with this factual circumstance, I consider it appropriate to graduate and dimension in some way the retroactive effect of the constitutional annulment, in time and space, to avoid serious disruptions to security (legal, in this case), justice, or social peace, under article 91, paragraph 2, of the law regulating this jurisdiction; such that in the hypothetical case that before the publication of the notices of this action in the Judicial Bulletin, a possessor succeeded in registering their property under the conditions provided by the applied law, they shall have the right to retain the registry titling, insofar as the natural heritage of the State, as an environmental variable, would be safeguarded.

José P. Hernández G.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Control constitucional: Sentencia estimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: PROPIEDAD Subtemas:

NO APLICA.

Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Subtemas:

NO APLICA.

002375-17. PROPIEDAD. LEY DE TITULACIÓN EN ÁREAS PROTEGIDAS. Ley de Titulación en Inmueble propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica. No. 9205 del 23 de diciembre del 2013. Publicada en La Gaceta del 26-02-2014.

Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Inmatriculación Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO INMATRICULACIÓN “(…) Por otra parte, preocupa a esa Procuraduría, que, si la reforma se refiriera a la inscripción en favor del Estado o sus instituciones, se interprete, al igual que el artículo 11, de la ley, en perjuicio del principio de inmatriculación que rige el dominio público, por el cual, para su consolidación basta su declaratoria y afectación al uso público mediante la ley. sin necesidad del acto de inscripción registral, tal y como lo ha entendido la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en Voto N° 1259-F-S1-2009. Por lo anterior, sugiere que artículo 11, de la Ley, se interprete, conforme a la Constitución Política, en el sentido de que es sin perjuicio del principio de inmatriculación que rige el dominio público. En cuanto al Transitorio II de la ley, sobre la imposibilidad de anular los títulos de propiedad de las personas que los hayan adquirido con anterioridad a la fecha en que se traspasó el inmueble a JAPDEVA, debidamente inscritos en el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, estima la Procuraduría que, además de quebrantar el artículo 41. Constitucional y tener una severa imprecisión, -dado que no se sabe si con la expresión fecha en que se traspasó el inmueble a JAPDEVA" se refiere al 18 de febrero de 1963 (artículo 23, de la Ley N° 3091, en su texto original) o al año 2001, en el cual se formalizó la escritura de traspaso a su nombre y se inscribió la línea N° 96658-000 (véase voto de la Sala Constitucional N° 14769-2005)-, la disposición transitoria omite tomar en cuenta, desprotegiéndolos, los terrenos de dominio público, lo que resulta contrario al Voto N° 1962-2012 de esta Sala. También considera la Procuraduría que la reforma al inciso f). del artículo 1, de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley N° 139, de 14 de julio de 1941 y sus reformas, que contiene el artículo 17, de la ley impugnada, es contraria al principio de razonabilidad. ti fin de la norma, al disponer que no sera necesaria la manifestación de que la finca carece de título inscribible cuando la información posesoria se encuentre autorizada sobre bienes inscritos por una ley especial, es que el promovente de la información posesoria no incurra en una declaración falsa, toda vez que sus afirmaciones tienen carácter de declaración jurada personal, expuestas a las penas de perjurio por falsedad (artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Informaciones Posesorias), y el numeral reformado le impone la manifestación de que la finca no ha sido inscrita en el Registro Público". Esto se entiende con fundamento en un proyecto anterior relacionado con la misma finca de JAPDEVA (N° 15875) donde se intentó algo similar, indicando que la solicitud debía contener una "[mjanifestación expresa del titulante de que la finca no ha sido inscrita en el Registro Público por otro medio o no es parte de otra finca..." Sin embargo, la citada reforma no es apta para alcanzar, efectivamente, el objetivo pretendido, toda vez que dejó subsistente el texto que obliga al titulante a manifestar "que la finca no ha sido inscrita en el Registro Público" y modificó la parte referente a la ausencia de título inscribible de dominio (del promovente o del inmueble que pretende titular), siendo dos manifestaciones distintas. Así, mientras la Ley N° 9205 autoriza la titulación de la finca N° 7- 96658-000, la Ley de Informaciones Posesorias obliga al promovente a manifestar, con carácter de declaración jurada expuesta a las penas de perjurio por falsedad, que el terreno que pretende titular no está inscrito y, estando dentro de la inscripción registral a nombre de JAPDEVA, se le estaría haciendo incurrir en una declaración falsa para poder acceder al trámite. Por otra parte, lo dispuesto en el Transitorio I de la ley, no guarda relación con su artículo 10, ni con otra norma de la Ley N° 9205. F.1 sin sentido proviene desde el mismo proyecto, que contenía ese como único deberá realizar los estudios técnicos correspondientes, determinando cuáles áreas de la propiedad que se está desafectando constituyen Patrimonio Natural del Estado (PNE). No será, sino hasta después de que el S1NAC haya determinado claramente esta situación, que las personas que cumplan con los requisitos legales establecidos podrán ejercer las acciones respectivas para titular a su nombre los terrenos que se encuentran dentro de esa finca, siempre y cuando esos terrenos no constituyan Patrimonio Natural del Estado (PNE); además, en el caso de que los terceros interesados logren inscribir sus propiedades bajo lo dispuesto en la Ley 9205. no podrán cambiarle el uso y aptitud actuales al suelo y deberán conservar el paisaje, el agua y los terrenos forestales existentes, sometiéndose a lo establecido en el plan de manejo correspondiente aprobado por el ¡V1INAE y a los planes reguladores de la municipalidad respectiva. Por esta razón, es que se considera que no se está vulnerando lo dispuesto en el artículo 38, de la Ley Orgánica del Ambiente. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el Transitorio 111 de la Ley N° 9205, de previo a cualquier reconocimiento de algún derecho a favor de los habitantes de la finca matrícula 96658, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) deberá realizar los estudios técnicos referidos, en razón de que es de conocimiento general que en esa finca se encuentran reservas forestales, refugios nacionales de vida silvestre y zonas protectoras, que mantendrán la protección especial que han venido ostentando, la cual fortalece la Ley N° 9205, en aras de preservar y respetar el derecho constitucionales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, aunado a los compromisos que ha asumido nuestro país, en una serie de convenios internacionales, en busca de la protección mundial del medio ambiente. En cuanto a lo manifestado por los accionantes con relación a los artículos 71 y 72, del Decreto Ejecutivo N°34433-MINAE, Reglamento a la Ley de Biodiversidad, del 11 de marzo de 2008, aduce esto es una materia que, por transitorio, sin correspondencia alguna con el resto del articulado. Concluye la Procuraduría, en resumen, que la frase “los terrenos forestales existentes \ del artículo 4, es inconstitucional, salvo que se interprete, conforme a la Constitución, que se requiere a aquellos terrenos donde existan derechos de propiedad privada consolidados antes de la afectación al dominio público, En relación con el artículo 11 de la ley. también se debe interpretar conforme a la Constitución Política, en el sentido de que contempla una facultad, sin perjuicio del principio de inmatriculación que rige el dominio público. Con respecto al numeral 15, lo considera inconstitucional, salvo que se interprete, conforme a la Constitución Política, que la creación asignada al MINAE no será en detrimento de otra área silvestre protegida, pues, de lo contrario, se requerirá ley fundamentada en estudios previos. Finalmente, solicita declarar inconstitucionales los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8 -a partir del primer punto-, 9. 10, primera oración del artículo 12,14, 16 y 17, así como los transitorios I, II y III. (…)” VCG12/2023 ... Ver más Res. N° 2017002375 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y cuarenta minutos de quince de febrero de dos mil diecisiete. Acción de inconstitucionalidad promovida por Roberto Miguel Molina Ugalde, mayor de edad, casado, guardaparque, vecino de Barrio Córdoba, San José, con cédula de identidad número 501950151, en su condición personal y de Secretario General de la Asociación Sindical de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Energía e Instituciones Afines de Conservación (SITRAMINAE). cédula de persona jurídica número 301-1212127, y Mauricio Álvarez Mora, mayor de edad, casado, geógrafo, vecino de Los Yoses de Montes de Oca. San José, con cédula de identidad número 108770217, contra la Ley N 3 9205, de 23 de diciembre de 2013, Ley de Titulación en inmueble propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Intervienen también en la acción, la Procuraduría General de la República y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDFVA). Resultando: - Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:03 horas del 3 de abril de 2014, los accionantes solicitan se declare la inconstitucionalidad de la Ley N° 9205, de 23 de diciembre de 2013, Ley de Titulación en inmueble propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), publicada en el Alcance Digital N° 4, del Diario Oficial La Gaceta, del 26 de febrero de 2014. Alegan que dicha ley es inconstitucional en cuanto al procedimiento parlamentario, por no haber contado con estudios técnicos previos a la aprobación de la ley que justifiquen la reducción o desafectación de áreas silvestres protegidas. El artículo 3. de la Ley impugnada, decreta la desafectación general de la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, a nombre de JAPDEVA, Partido de Limón, folio real N° 96658, secuencia 000. Listo con el fin de autorizar la titulación de inmuebles por personas poseedoras, en los términos del artículo Io, de la Ley de Informaciones Posesorias. Los terrenos desafectados de la finca dicha forman parte de áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado y terrenos sometidos a diversas categorías de protección ambiental, entre ellos el Parque Nacional Tortuguero, el Refugio Nacional de Fauna Silvestre Rana del Colorado, la Zona Protectora l'ortuguero, el Humedal Nacional Cariari, el Refugio de Vida Silvestre Dr. Archie Carr. la reserva forestal creada por Decreto Ejecutivo Nc 2886, las zonas protectoras establecidas en el Decreto N° 23253, las áreas de bosque incorporadas al patrimonio natural del Estado, el Humedal Caribe Norte, y la zona marítimo terrestre. Alega que se violentaron también los artículos 71 y 72, del Decreto Ejecutivo N° 34433-MINAE, Reglamento a la Ley de Biodiversidad, según los cuales para la declaratoria, modificación o cambio de categoría de manejo de áreas silvestres protegidas debe elaborarse un informe técnico coordinado por el Sistema Nacional de Arcas de Conservación. Tal estudio debe reunir condiciones mínimas de rigurosidad y profundidad, definidas en el artículo 38, de la Ley Orgánica del Ambiente y ser anterior a la aprobación del proyecto de ley. Además, como vicios de fondo, aducen los accionantes los siguientes: a) que el artículo 8. de la ley- impugnada, establece que las áreas silvestres protegidas y humedales desafectados, genéricamente y sin estudios técnicos, mantendrían su condición de bien demanial y su desafectación se sujeta a estudios posteriores; pero la misma norma establece que esto sería con las salvedades del articulo 7, de la Ley de Informaciones Posesorias, excluyendo del procedimiento a los poseedores decenales anteriores a la creación del área protegida. Se abre así la puerta para la desafectación permanente del dominio público de las zonas ya reseñadas, cuando lo que procura la norma de la Ley de Informaciones Posesoria es garantizar el derecho de indemnización de los poseedores, no consolidar su titularidad sobre un bien de dominio público, b) Además, el artículo 8 declara de interés urbano una serie de poblados y terrenos, desafectando del dominio público la zona restringida y reduciendo sensiblemente la zona marítimo terrestre, con violación del principio de intangibilidad de ese bien demanial, que forma parte del patrimonio natural del Estado y es de uso común. Se está permitiendo su titulación y apropiación definitiva por particulares, bajo el régimen de propiedad privada (artículos 8 y 9, de la ley cuestionada), c) Estiman que se debe tomar en cuenta que el Parque Nacional Tortuguero fue designado en 1996 sitio Ramsar, por los humedales que protege. También se ubica en la zona el Humedal Nacional Cariari, establecido por Decreto Ejecutivo N° 23253 del 23 de abril de 1994, que abarca canales, caños y lagunas costeros ubicados entre la desembocadura del Rio Moin y el límite del Parque Nacional Tortuguero. d) También aducen que esta Sala ha sostenido, reiteradamente, que la reducción de una zona protegida es constitucionalmente posible solo si no implica detrimento del derecho a un ambiente sano, e) De igual modo, acusan la violación del principio de imprescriptibilidad de los bienes demaniales, el derecho de propiedad sobre bienes públicos y privados y el derecho de acceso a la justicia, por la prohibición arbitraria que contiene el Transitorio II de la Ley N° 9205, de anular en vía administrativa o judicial los títulos de propiedad obtenidos en la tinca propiedad de JAPDEVA, lo que imposibilita discutir la titularidad pública o privada sobre el bien, f) Asimismo, consideran que la Ley implica una lesión del derecho de las personas al libre tránsito, al acceso a los caminos públicos y a disfrutar de un entorno urbano ordenado y planificado, con servicios públicos de calidad, al eximir, en su artículo 10, para la inscripción de planos en el Catastro Nacional, de los requisitos básicos establecidos en los artículos 4, de la Ley de Caminos Públicos, y 32 y 33. de la Ley de Planificación Urbana, sobre ancho de carreteras y caminos vecinales, acceso a vía, cesión de áreas para uso público, condiciones de construcción de calles, aceras, cañerías, drenajes pluviales y sanitarios, electrificación y alumbrado público, visado municipal y refrendo del ÍNVU, y constitución y extinción de servidumbres. Consideran que no debe pasarse por alto que se permite la titulación de terrenos de hasta 300 hectáreas (artículo 5 de la ley), g) Por otra parte, se pide declarar inconstitucional la Ley N° 9205, debido a que su artículo 16 viola el principio de independencia de poderes, la reserva de jurisdicción, el deber estatal de proteger y recuperar los bienes públicos, la irretroactividad de la ley y el principio de cosa juzgada, al permitir que se archiven las causas pendientes relacionadas con la finca de JAPDLVA, de cualquier clase, y la restitución de poseedores desalojados. El artículo 17 contradice el derecho de propiedad y a la seguridad jurídica, al autorizar la inscripción de títulos de propiedad sobre bienes inmuebles, aún cuando cuenten con títulos inscribibles en el Registro Público de la Propiedad. La posibilidad de omitir el requisito del articulo 1, inciso 0, de la Ley de Informaciones Posesorias, abre un peligroso portillo legal, h) Alegan también que se quebrantó el principio de no regresión del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Solicitan se declare con lugar la acción y se anule del ordenamiento jurídico la ley impugnada. - A efecto de fundamentar la legitimación que ostentan para promover esta acción de inconstitucionalidad, los accionantes señalan la tutela de intereses difusos o intereses de la colectividad en su conjunto, cuya afectación, a su vez, se traduce en una lesión individual para cada uno de los habitantes de la República. Lo anterior, en tanto las normas impugnadas lesionan el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, asi como el derecho de participación ciudadana en asuntos que afectan el ambiente, tutelados en los artículos 9. 50 y 89, de la Constitución Política. - Por resolución de la Presidencia de la Sala, de las 11:17 horas minutos del 8 de abril de 2014, se previno Mauricio Álvarez Mora, cédula de identidad número 108770217, quien actúa en representación de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FLC’ON), que dentro de tercero día, contado a partir del siguiente a la notificación de esta resolución y bajo apercibimiento de denegarle el trámite a la acción en caso de incumplimiento, aclarara si cuenta con poder suficiente para actuar en nombre de esa Federación, o indicara en qué condición actúa. - En escrito presentado a las 15:01 horas del 23 de abril de 2014, el accionante Mauricio Álvarez Mora, en cumplimiento de la prevención que se le hiciera, manifestó que actúa en su condición de sujeto particular, en virtud del interés difuso que le confiere la Constitución Política, y no en representación de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente. - Por resolución de las 13:32 horas del 21 de mayo de 2014, la Presidencia de la Sala dio curso a la acción, y confirió audiencia a la Procuraduría General de la República y a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 105, 106 y 107, del Boletín Judicial, de los días 3, 4 y 5 de junio de 2014, respectivamente.

- Por escrito presentado ante esta Sala a las 13:02 horas del 11 de junio de 2014. Ulises Blanco Mora, mayor de edad, casado, agricultor, vecino de Guápiles de Pococí, con cédula de identidad número 103790880. en su condición de Apoderado Generalísimo de la Asociación Agroforestal del Caribe, solicita ser tenido como coadyuvante, a fin de que se declare sin lugar la acción.

- Ana Lorena Brenes Esquivel, en su condición de Procuradora General de la República, en escrito presentado a las 15:31 horas del 11 de junio de 2015 rindió el informe de ley, en el que señaló que la ley denominada "Titulación en inmueble propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántico”, N° 9205 de 23 de diciembre del 2013, pretende introducir una excepción al régimen normal que establece la Ley de Informaciones Posesorias -a cuyo trámite acuden las personas en procura de obtener título de sus terrenos sin inscribir- para que puedan inscribirse inmuebles dentro de la finca N° 96658-000, del Partido de Limón, no obstante estar ya registrada a nombre de JAPDEVA y habérsele traspasado sus terrenos desde el 18 de febrero de 1963, de conformidad con el artículo 23, de la Ley N° 3091, en su texto original. Indica que la finca K° 96658-000, del Partido de Limón, mide 132.000 hectáreas con 7150 metros cuadrados, y comprende numerosos bienes públicos ambientales, entre otros, los referidos por esta Procuraduría a la Asamblea Legislativa con ocasión de proyectos de ley relativos a esta finca (pronunciamientos OJ.-l55-2006 y OJ.-020- 2012), así como corredores biológicos y zonas de influencia o de amortiguamiento de muchas áreas silvestres protegidas. Asimismo, la finca N° 7-96658.000 también comprende la zona marítimo terrestre, que es un bien medioambiental integrado por recursos de gran valía, en cada uno de sus componentes: suelo, subsuelo, mar, flora y fauna marinas, etc., áreas de bosque, terrenos forestales o con esa aptitud, yolillales, estivales , marismas . bosques anegados o inundados, humedales ubicados fuera de áreas silvestres protegidas, pero que pasaron a formar parte del patrimonio natural del Estado de manera automática al ser propiedad de un ente público, salvo derechos previamente adquiridos (artículos 13 y 14, de la Ley Forestal, y pronunciamientos de la Procuraduría General de la República números C-321-2003 y OJ.-142-2006). Todos ellos proveedores de múltiples servidos ambientales, a nivel local y global: regulación del clima, calidad del aire y del agua, conservación de suelos, protección frente a riesgos naturales, necesidades recreativas, turismo ecológico, etc. Los humedales son "reseñas de diversidad biológica", banco genético, hábitat clave para conservación de especies, entre ellas, las endémicas, y criaderos de especies marinas y terrestres de gran importancia económica y cultural, según consta en los escritos presentados por esa Procuraduría en los expedientes números 06-007154-0007-Cü y 10-011393-Ü007-CÜ de esta Sala. Manifiesta que las normas legales que se dicten en relación con esas áreas enunciadas, deben tener sustento técnico, conforme al principio constitucional de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica, conforme lo ha dicho esta Sala, entre otras, en las Sentencias N° 6322-2003, 14293-2005, 17126-2006, 2063-2007 y 21258-2010, el cual se relaciona con el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad, conforme a lo expresado por esta Sala en Voto N° 7294-1998. Indica que. según las consultas facultativas de constitucionalidad presentadas el 31 de octubre del 2013 sobre el proyecto que concluyó en la Ley Nc 9205, no existen estudios técnicos que acrediten la posibilidad de desafectar, titular, concesionar los terrenos o modificar su régimen (expedientes números 13-012478-007-00 y 13- 012479-OÜ7-CO). El mismo texto de la ley evidencia ese defecto: artículos 2 y 3. en relación con el Transitorio 111, 9 (en lo que se refiere al censo) y 15. En torno a la titulación de algunas de las áreas comprendidas en la finca Nc 7-96658, el Voto N° 2988-1999 de esta Sala constituye un importante precedente. Para la Sala Constitucional, para la reducción de un área territorial ambientalmente protegida o para desafectar un área del régimen jurídico protector al que está sometida, es necesario el cumplimiento de dos requisitos, a saber, que se haga por medio de ley formal y previa realización de estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida, según lo ha dicho en los Votos N° 13367-2012 y 10158-2013. Este Tribunal ha insistido en que los estudios deben ser previos a la promulgación de la ley, y no posteriores, tal y como lo establece la ley cuestionada (Voto N° 13367-2012). Por ello, la carencia de estudios técnicos previos vicia de inconstitucionalidad el artículo 1 de la ley impugnada, ya que este no es claro en indicar si las personas legitimadas para titular son aquellas que poseyeron los terrenos inscritos a nombre de JAPDEVA, en los términos del artículo 856, del Código Civil, en forma pública, pacífica e ininterrumpida con más de diez años de antelación a la Ley No. 3091 de 18 de febrero de 1963, único supuesto bajo el cual pudieron haber usucapido y poseer a título de dueños; cualquier otra ocupación posterior lo sería a título precario la imprecisión de la norma contraviene el principio constitucional de razonabilidad, pues parece crear -sin justificación alguna- una ficción jurídica por la cual una mera detentación ilegal se convierte en una posesión apta para usucapir positivamente y titular en áreas demaniales del Estado. Lo mismo ocurre con la oración inicial del artículo 12, que dice: "Los terrenos mencionados en los artículos anteriores serán inscritos a nombre de sus respectivos poseedores, mediante sentencia ejecutoria...", puesto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 860, del Código Civil, el derecho de poseer se prescribe por la posesión de un año, con el agravante de que en los artículos anteriores al citado se han mencionado la zona marítimo terrestre, las áreas silvestres protegidas, el patrimonio natural del Estado, los caminos públicos y otros bienes demaniales. Asimismo, la frase “los terrenos forestales existentes” del artículo 4, es inconstitucional, puesto que esos terrenos forman parte del patrimonio natural del Estado al ser propiedad de un ente público (artículos 13 y 14, de la Ley Forestal), salvo derechos de propiedad privada previamente consolidados. La interpretación de que se titulará en favor de meros detentadores del dominio público se refuerza con el artículo 16, que prevé el archivo de procesos administrativos o judiciales incoados contra "poseedores existentes" y la restitución de aquellos "poseedores" que hubieran sido desalojados como consecuencia de ese tipo de procesos. En relación con los artículos 6 (Concesiones) y 7 (Canon) de la ley cuestionada, es aplicable lo resuelto por la Sala en el Voto N° 010158-2013, relativo a la inexistencia de estudios técnicos para un proyecto de ley que determinara la posibilidad de otorgar concesiones para el desarrollo de actividades en un Refugio de Vida Silvestre, en el que, entre otras cosas, se afirma que existe una diferencia cualitativa importante si el requisito de contar con un estudio de impacto ambiental se cumple antes o después de la aprobación de la norma. En este sentido, la omisión de contar con ese estudio antes de la aprobación de la ley, implica una violación del principio precautorio y del principio de progresividad del ámbito de tutela de los derechos fundamentales. Además, en cuanto al último párrafo, del artículo 6, carece de razonabilidad que el Estado tenga que pagar por un servicio ambiental que, actualmente, disfruta sin costo alguno en terrenos de dominio público, en tanto ha sido la misma legislación y actividad administrativa la que ha permitido que muchas de esas áreas de bosque o forestales se mantengan inalteradas por el hombre (OJ.-142-2006). Manifiesta que el “desarrollo turístico”, al que se hace referencia en los artículos 8 y 9. de la ley, no es una condición especial que amerite el trato diferente o régimen diferenciado al resto de los litorales del país, introducido en ambas normas en contravención al principio constitucional de razonabilidad: también violentan el principio constitucional de intangibilidad que protege la zona marítimo terrestre, derivado de la relación entre los artículos 6, 50 y 121, inciso 14 de la Constitución Política, según lo ha resuelto la Sala en Voto N° 003113-2009. Además, en ese mismo voto la Sala indicó que “...no se puede desafectar un bien de dominio público medioambiental para transferir el dominio a manos de los particulares sin mediar un interés público superior, ni suficiente justificación...”. Señala que el artículo 8 no sólo desafecta la zona restringida sin justificación técnica, sino que ”reduce la zona marítimo terrestre en lo sucesivo a los cincuenta metros de zona pública contiguos a la línea de pleamar ordinaria y de 15 metros a orillas del sistema de canales principales y secundarios que unen los puertos de Moín y Barra del Colorado. Esa redacción, en términos de que se reduce la zona marítimo terrestre a 50 y 15 metros, respectivamente, sugiere el cambio del régimen de zona pública -reservada al uso común-, al de zona restringida -sujeta a utilización privativa por los particulares-. La utilización privativa en zona pública también es permitida en el artículo 9. para aquellos terrenos que hayan sido ocupados desde el 26 de febrero de 1984 (fecha arbitraria), según el dicho de los mismos ocupantes en el censo que levantará JAPDEVA después de entrada en vigencia la ley (el levantamiento del censo en forma posterior a la vigencia de la ley evidencia la ausencia de estudios previos). Lo anterior, a juicio de la Procuraduría, claramente violenta los principios constitucionales de razonabilidad e intangibilidad de la zona pública, tal y como lo consideró la Sala en Voto N° 10158-2013. Afirma, asimismo, que la ley cuestionada desprotege los bienes públicos estatales, con violación de los artículos 50, 89 y 121, inciso 14), de la Constitución Política, y los principios constitucionales en materia ambiental.

Diversos textos de la ley, perjudican bienes de dominio público, con violación del artículo 121. inciso 14, Constitucional: zona marítimo terrestre, zona limítrofe con Nicaragua, patrimonio natural del Estado, áreas silvestres protegidas, áreas contiguas a los manantiales, cursos y cuerpos de agua, derechos de vía, bienes ferroviarios, terrenos destinados a centros educativos o de salud, parques, plazas, etc.: e, incluso, bienes patrimoniales del Estado y otras instituciones estatales. Por otra parte, según la jurisprudencia constitucional, el patrimonio natural del Estado tiene dos componentes: a) las áreas silvestres protegidas y b) los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13, de la Ley Forestal) que tienen una afectación legal inmediata (Sentencias N° 16975-2008, N° 17650-2008, N° 17659-2008 y N° 16938-2011, entre otras). De manera que. al condicionar el artículo 2 y el Transitorio III de la ley, la titulación de la finca N° 7-96658-000, únicamente, a la delimitación del patrimonio natural del Estado, desprotegen otros bienes estatales de interés ambiental, tales como la zona marítimo terrestre (que también debe ser objeto de delimitación) y áreas contiguas a manantiales que surtan o puedan surtir de agua a alguna población (a determinar por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), por citar algunos ejemplos. De conformidad con lo expresado por la Sala Constitucional en el Voto N° 16938-2011, la frase que contiene el artículo 4 de la ley impugnada, según la cual, “£/? los inmuebles que se inscriban bajo esta ley no se podrá cambiar el uso y la aptitud actuales del suelo y se conservará el paisaje, el agua y los terrenos forestales existentes, se deberá consignar así en las sentencias judiciales para efectos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles”, es inconstitucional, toda vez que permite la titulación de estos terrenos sin estudio previo, en quebranto del artículo 50 constitucional, salvo que se interprete, conforme, a la Constitución, que se refiere a aquellos terrenos donde existan derechos de propiedad privada consolidados ames de la afectación al dominio público. El dominio público de los terrenos es un importante medio para su conservación, como se desprende del Voto N° 4587-1997 de esta Sala, en el que se afirma que: “¡a propiedad forestal se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir, ni ser parte del comercio de los hombresEl deber de proteger y preservar la integridad del ambiente (principio de tutela ambiental a cargo del Estado) comprende la riqueza forestal, según lo ha considera el Tribunal Constitucional en los Votos N° 2233-1993 y N° 6836-1993. Por otra parte, el artículo 4. de la Ley General de Caminos Públicos, se refiere al ancho de los derechos de vía como de dominio público (artículos 4 y 5, de la Ley de Construcciones y 227.1), del Código Penal) y por lo tanto, no susceptibles de posesión válida para alegar la prescripción positiva, al ser inalienables e imprescriptibles (Sala Constitucional, Voto N° 2306-1991). Asimismo, los artículos II y 18. de la Ley de Informaciones Posesorias, imponen al Juez el rechazo de las diligencias si se pretende titular terrenos pertenecientes al Estado, tales como estos derechos de vía (artículos 2, de la Ley General de Caminos Públicos, y 235, inciso 33, de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres), los cuales no podrían quedar comprendidos en fincas particulares por ser de dominio público (artículos 261 y 262, del Código Civil). En razón de lo anterior, de incluirse en el título otorgado por información posesoria, este quedaría viciado de nulidad. No hay justificación técnica que conste en el expediente para el régimen de gracia introducido en el artículo 10. Este artículo, al referirse al “refrendo o autorización previa del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo" anterior al catastro del plano, podría interpretarse como una eximente del alineamiento que se plasma en los levantamientos topográficos en relación con las áreas de protección contiguas a los afloramientos, cauces y cuerpos de agua (competencia de ese Instituto, establecida en los artículos 33 y 34, de la Ley Forestal), en perjuicio de esos bienes medioambientales tutelados por el artículo 50 constitucional. Es más, las áreas de protección definidas en el artículo 33, de la Ley Forestal, pueden coincidir especialmente con las áreas demaniales contiguas a nacientes proveedoras de agua potable o que convenga reseñar con ese un (articulo 7, inciso c), de la Ley de Tierras y Colonización, N° 2825 de 14 de octubre de 1961, y 31, de la Ley de Aguas, N° 276 de 27 de agosto de 1942), asi como con otras áreas para las cuales el ordenamiento jurídico también prevé un régimen de dominio público, tales como: áreas silvestres protegidas o, en general, el patrimonio natural del Estado, la zona marítimo terrestre, zonas fronterizas, áreas contiguas a ríos navegables, etc. En cuanto al artículo 14, de la ley impugnada, que regula la cancelación de la inscripción registral de la finca del partido de Limón, matrícula de folio real número 96658, derecho 000, indica la señora Procuradora General de la República, que la norma carece de razonabilidad, pues en caso de “cancelarse” la inscripción registral de esa finca, no tendría un “nuevo titular registral”, pues la cancelación implica, lógicamente, la desaparición jurídica del asiento registral. Por otra parte, la norma atenta contra el principio de seguridad jurídica, creando la posibilidad de titular por esa vía cualquier finca que se ubique dentro de la situación, la cabida y los linderos que indica ese folio real, incluso fincas que ya han sido tituladas en ese sector por otras personas bajo el amparo de esta misma ley, otras fincas de particulares, bienes patrimoniales del Estado y otras instituciones estatales e, incluso, terrenos de dominio público allí inscritos. Al respecto, consta en el informe rendido por la Subdirección Catastral del Registro Inmobiliario, remitido mediante oficio N° RIM-CT- 0429-2014. y las certificaciones regístrales aportadas junto con este informe, una veintena de fincas inscritas a nombre del Estado comprendidas en la finca Nº 7-96658-000, anteriores a la misma, y que, además, forman parte de la Zona Protectora Tortuguero, Parque Nacional Tortuguero y del Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado. La posibilidad de que sean tituladas por la vía de información posesoria a nombre de particulares creada por el citado artículo, atenta contra el artículo 50. Constitucional. Estas áreas, además, han sido invadidas por ocupantes ilegales, quienes, sin lugar a dudas, se acogerán a esta ley para tratar de titular sus ocupaciones irregulares. Aduce que, la Sala, en su jurisprudencia, ha sido clara en la imprescriptibilidad e inalienabilidad de los bienes demaniales así como la potestad del Estado de desalojar a los invasores, para lo cual cita los Votos N° 9158-1998, 1191-1999. 1369-2003 y 6664-2005. Adicionalmente, y como otro ejemplo de terrenos afectados por este numeral según lo expuesto, es la finca del Partido de Limón N° 8283-000, inscrita a nombre del Instituto Costarricense de Turismo como consecuencia de la Ley N° 2906 de 24 de noviembre de 1961 (dictamen N° C-303-2000 y la opinión jurídica N° OJ. 155-2006. ambos de la Procuraduría General de la República). Enfatiza que ha habido una sólida línea jurisprudencial de la Sala Constitucional, en el sentido de que para la reducción de un área ambiental mente protegida o para desafectarla del régimen jurídico protector al que está sometida, deben cumplirse dos requisitos esenciales: debe hacerse por medio de ley y previa realización de estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida (asi. los Votos N° 13367-2012 y N° 010158- 2013, y, en similar sentido, los N° 7294-1998, N° 11 155-2007, Ne 1056-2009 y N° 14772-2010, entre otros). De modo tal que, el artículo 15, de la ley cuestionada de inconstitucionalidad, relativo a la creación del Refugio Mixto de Vida Silvestre Humedal Moín-Tortuguero, resultaría viciado, salvo que se interprete, conforme a la Constitución Política, que la creación asignada al Minae no será en detrimento de otra área silvestre protegida (como por ejemplo el Parque Nacional Tortuguero o el Humedal Nacional Cariari); pues, de lo contrario, se requerirá de una ley fundamentada en estudios previos. En cuanto al artículo 16 de la ley, relativo al archivo de los procesos pendientes, administrativos o jurisdiccionales, establecidos para reclamar la nulidad de título e indemnizaciones por daños y perjuicios, en los que JAPDEVA figure como demandada, así como los de reivindicación, mejor derecho de posesión o cualquiera otra pretensión establecida por JAPDEVA contra los poseedores existentes, considera la Procuraduría que dicha norma desprotege terrenos de dominio público sobre los cuales JAPDEVA podría ejercer acciones judiciales, incluso en tutela del medio ambiente, por ejemplo, en la franja fronteriza con Nicaragua, en la zona marítimo terrestre, etc. No toma en cuenta la existencia de terrenos estatales como las fincas que forman parte del Parque Nacional Tortuguero y del Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado, comprendidas en la finca N° 7-96658-000, y que podrían ser objeto de procesos judiciales en los que JAPDEVA figure como codemandada junto al Estado, o coadyuvante activa del mismo, también incurre en violación flagrante de los principios de separación de funciones e independencia entre Poderes y de reserva de jurisdicción (artículos constitucionales 9 y 153), así como del principio de cosa juzgada, cuya base deriva del párrafo segundo, del numeral 42. de la Carta Fundamental, l ambién se refiere la Procuraduría a la reforma que, a través del artículo 17 de la ley cuestionada, se hace del artículo 11, de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley N° 139 de 14 de julio de 1941 y sus reformas, y considera que la imprecisión de esa reforma contraviene el principio constitucional de razonabilidad, en primer lugar, por ser innecesaria, ya que la palabra “ indebidamente^ que contiene dicha norma, acogería los supuestos de titulaciones fundamentadas en leyes especiales, en cuyo caso la titulación no sería "indebida". En segundo lugar, podría llevar a confusión, violentando la seguridad jurídica en perjuicio de los bienes estatales, puesto que no se sabe si la titulación de esos bienes será en favor de los entes u órganos que los administran, o en favor de particulares, en cuyo caso, se desprotegerá el interés público, acarreando un vicio esencial que impide su ejecución. Por otra parte, preocupa a esa Procuraduría, que, si la reforma se refiriera a la inscripción en favor del Estado o sus instituciones, se interprete, al igual que el artículo 11, de la ley, en perjuicio del principio de inmatriculación que rige el dominio público, por el cual, para su consolidación basta su declaratoria y afectación al uso público mediante la ley. sin necesidad del acto de inscripción registral, tal y como lo ha entendido la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en Voto N° 1259-F-S1-2009. Por lo anterior, sugiere que artículo 11, de la Ley, se interprete, conforme a la Constitución Política, en el sentido de que es sin perjuicio del principio de inmatriculación que rige el dominio público. En cuanto al Transitorio II de la ley, sobre la imposibilidad de anular los títulos de propiedad de las personas que los hayan adquirido con anterioridad a la fecha en que se traspasó el inmueble a JAPDEVA, debidamente inscritos en el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, estima la Procuraduría que, además de quebrantar el artículo 41. Constitucional y tener una severa imprecisión, -dado que no se sabe si con la expresión fecha en que se traspasó el inmueble a JAPDEVA" se refiere al 18 de febrero de 1963 (artículo 23, de la Ley N° 3091, en su texto original) o al año 2001, en el cual se formalizó la escritura de traspaso a su nombre y se inscribió la línea N° 96658-000 (véase voto de la Sala Constitucional N° 14769-2005)-, la disposición transitoria omite tomar en cuenta, desprotegiéndolos, los terrenos de dominio público, lo que resulta contrario al Voto N° 1962-2012 de esta Sala. También considera la Procuraduría que la reforma al inciso f). del artículo 1, de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley N° 139, de 14 de julio de 1941 y sus reformas, que contiene el artículo 17, de la ley impugnada, es contraria al principio de razonabilidad. ti fin de la norma, al disponer que no sera necesaria la manifestación de que la finca carece de título inscribible cuando la información posesoria se encuentre autorizada sobre bienes inscritos por una ley especial, es que el promovente de la información posesoria no incurra en una declaración falsa, toda vez que sus afirmaciones tienen carácter de declaración jurada personal, expuestas a las penas de perjurio por falsedad (artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Informaciones Posesorias), y el numeral reformado le impone la manifestación de que la finca no ha sido inscrita en el Registro Público". Esto se entiende con fundamento en un proyecto anterior relacionado con la misma finca de JAPDEVA (N° 15875) donde se intentó algo similar, indicando que la solicitud debía contener una "[mjanifestación expresa del titulante de que la finca no ha sido inscrita en el Registro Público por otro medio o no es parte de otra finca..." Sin embargo, la citada reforma no es apta para alcanzar, efectivamente, el objetivo pretendido, toda vez que dejó subsistente el texto que obliga al titulante a manifestar "que la finca no ha sido inscrita en el Registro Público" y modificó la parte referente a la ausencia de título inscribible de dominio (del promovente o del inmueble que pretende titular), siendo dos manifestaciones distintas. Así, mientras la Ley N° 9205 autoriza la titulación de la finca N° 7- 96658-000, la Ley de Informaciones Posesorias obliga al promovente a manifestar, con carácter de declaración jurada expuesta a las penas de perjurio por falsedad, que el terreno que pretende titular no está inscrito y, estando dentro de la inscripción registral a nombre de JAPDEVA, se le estaría haciendo incurrir en una declaración falsa para poder acceder al trámite. Por otra parte, lo dispuesto en el Transitorio I de la ley, no guarda relación con su artículo 10, ni con otra norma de la Ley N° 9205. F.1 sin sentido proviene desde el mismo proyecto, que contenía ese como único deberá realizar los estudios técnicos correspondientes, determinando cuáles áreas de la propiedad que se está desafectando constituyen Patrimonio Natural del Estado (PNE). No será, sino hasta después de que el S1NAC haya determinado claramente esta situación, que las personas que cumplan con los requisitos legales establecidos podrán ejercer las acciones respectivas para titular a su nombre los terrenos que se encuentran dentro de esa finca, siempre y cuando esos terrenos no constituyan Patrimonio Natural del Estado (PNE); además, en el caso de que los terceros interesados logren inscribir sus propiedades bajo lo dispuesto en la Ley 9205. no podrán cambiarle el uso y aptitud actuales al suelo y deberán conservar el paisaje, el agua y los terrenos forestales existentes, sometiéndose a lo establecido en el plan de manejo correspondiente aprobado por el ¡V1INAE y a los planes reguladores de la municipalidad respectiva. Por esta razón, es que se considera que no se está vulnerando lo dispuesto en el artículo 38, de la Ley Orgánica del Ambiente. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el Transitorio 111 de la Ley N° 9205, de previo a cualquier reconocimiento de algún derecho a favor de los habitantes de la finca matrícula 96658, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) deberá realizar los estudios técnicos referidos, en razón de que es de conocimiento general que en esa finca se encuentran reservas forestales, refugios nacionales de vida silvestre y zonas protectoras, que mantendrán la protección especial que han venido ostentando, la cual fortalece la Ley N° 9205, en aras de preservar y respetar el derecho constitucionales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, aunado a los compromisos que ha asumido nuestro país, en una serie de convenios internacionales, en busca de la protección mundial del medio ambiente. En cuanto a lo manifestado por los accionantes con relación a los artículos 71 y 72, del Decreto Ejecutivo N°34433-MINAE, Reglamento a la Ley de Biodiversidad, del 11 de marzo de 2008, aduce esto es una materia que, por transitorio, sin correspondencia alguna con el resto del articulado. Concluye la Procuraduría, en resumen, que la frase “los terrenos forestales existentes \ del artículo 4, es inconstitucional, salvo que se interprete, conforme a la Constitución, que se requiere a aquellos terrenos donde existan derechos de propiedad privada consolidados antes de la afectación al dominio público, En relación con el artículo 11 de la ley. también se debe interpretar conforme a la Constitución Política, en el sentido de que contempla una facultad, sin perjuicio del principio de inmatriculación que rige el dominio público. Con respecto al numeral 15, lo considera inconstitucional, salvo que se interprete, conforme a la Constitución Política, que la creación asignada al MINAE no será en detrimento de otra área silvestre protegida, pues, de lo contrario, se requerirá ley fundamentada en estudios previos. Finalmente, solicita declarar inconstitucionales los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8 -a partir del primer punto-, 9. 10, primera oración del artículo 12,14, 16 y 17, así como los transitorios I, II y III.

- En escrito presentado a las 9:00 horas del 24 de junio de 2014, Ana Isabel Sibaja Rojas, en su condición de Apoderada Especial Judicial de la Compañía Banadosmil Sociedad Anónima, solicita se tenga a su representada como coadyuvante pasiva en esta acción.

- Giselle Mora Arce, en su condición de Apoderada General Judicial de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), en informe presentado ante esta Sala a las 9:08 horas del 24 de junio de 2014, manifiesta que, si bien, el artículo 3, de la Ley 9205, establece desafectar la finca inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble, la cual es propiedad de JAPDEVA, matricula 96658, secuencia 000. de conformidad con el transitorio tercero de esa misma ley, de previo a la aplicación de las normas dispuestas en esa ley, el Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC) razones de competencia, le corresponde al MINAE referirse. En cuanto al fondo, indica que lo se pretende con la ley cuestionada es dar la posibilidad de que se le otorgue la propiedad a quienes eventualmente tengan un justo título, demostrándolo ante las autoridades judiciales competentes y utilizando el procedimiento contemplado en la Ley de Informaciones Posesorias y debiendo demostrar, para lograr el reconocimiento de su derecho, en primer término, que tienen una posesión de no menos de diez años y con justo título, de manera pública, pacífica e ininterrumpida, tal y como lo establece el artículo I, de la ley cuestionada. En el tanto y en el cuanto no existan los estudios técnicos a cargo del Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC), no es posible la operatización de la Ley N° 9205, tal y como lo dispone su transitorio tercero y, en consecuencia, el cumplimiento, por parte de JAPDEVA, de la elaboración del respectivo reglamento para otorgar concesiones por parte de esa institución. De manera que, conforme lo establecen los artículos 2 y 5, de la Ley N° 9205, solo se podrán inscribir aquellas áreas de terreno, no superiores a las 300 hectáreas, y que cumplan con lo dispuesto en la Ley de Informaciones Posesorias (N°139). Por lo tanto, a su juicio, no llevan razón los accionantes, en el sentido de que se haya dado una inderogabilidad singular de la ley, pues los terceros interesados en que se reconozca su derecho sobre la propiedad antes mencionada, deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos que establece la citada Ley de Informaciones Posesorias, de conformidad con lo dispuesto en el Transitorio III de la Ley N° 9205. En tomo a la acusada violación a los artículos 121, inciso 14). 50 y 89, de la Constitución Política, que establecen una protección especial y una tutela efectiva de los bienes de dominio público de importancia para la preservación del ambiente, argumenta que si bien es cierto que nuestra Constitución Política tiene una protección especial al ambiente, el cual debe ser sano y ecológicamente equilibrado, también lo es que, precisamente, en aras de esa protección, dentro de la Ley N° 9205. se estableció el artículo 4, el cual otorga una evidente protección a todo lo relativo a la conservación del medio ambiente, estableciendo que no se podrá cambiar el uso y las aptitudes actuales de los suelos y que se deberá conservar el paisaje, el agua y todos los terrenos forestales existentes, para lo cual la misma autoridad judicial que, eventualmente, reconozca el derecho de los terceros interesados, deberá consignarlo en las sentencias judiciales que se emitan sobre el particular, para los respectivos efectos en la posterior inscripción el Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles. Además, el artículo 8 establece cuáles bienes se consideran inalienables, imprescriptibles y no susceptibles de inscripción, ya que se establece una protección especial al medio ambiente, con una excepción, la cual es, precisamente, para aquellas zonas que en la actualidad y desde hace mucho tiempo son urbanas y, por ende, con la promulgación de la ley aquí impugnada se está respetando ese desarrollo urbanístico preexistente, en las coordenadas que describe el artículo en mención. De igual manera, insiste en que lo relativo a la determinación de las porciones de terrenos que corresponden al Patrimonio Natural del Estado (PNE) es materia competencia única y exclusivamente al SINAC y no de la institución que representa. Asimismo, con respecto a este punto de la acción interpuesta, señala que, de la lectura del articulado de la Ley N° 9205, no se aprecia, de manera evidente, lo señalado por los accionantes, ya que la redacción de dicha ley no se presta, necesariamente, para lo dicho por los promoventes, en razón de que es una percepción muy personal de ellos, que no corresponde, necesariamente, a lo que indica la Ley N° 9205 como tal. En cuanto al tema específico del Parque Nacional Tortuguero, así como su creación y su protección, lo cual es ampliamente cuestionado por los accionantes, considera que esto es materia que, por razones de competencia, le corresponde regular y definir, de manera exclusiva, al Ministerio de Ambiente y Energía (M1NAE) y, por lo tamo, en respeto a esa competencia, no se hace pronunciamiento alguno; sin embargo, considera que la parte accionante está dejando de lado lo dispuesto en el artículo 8, de la Ley Nc 9205, ya que en el se encuentra contenida una protección expresa a todo lo que se considere Patrimonio Natural del Estado (PNE) y. por lo tanto, no es correcto lo que indican los accionantes. Sobre la violación del Principio de Intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre, derivado de la relación entre los artículos 6, 50 y 121, inciso 14), de la Constitución Política, aduce que, de conformidad con el artículo 73, de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, lo dispuesto en esta ley no se aplica a las zonas marítimo terrestres, incluidas en los parques nacionales y reservas equivalentes, las cuales se regirán por la legislación respectiva. De igual manera, reitera que la excepción que plantea la Ley N° 9205 es, precisamente, porque esas zonas, actualmente y desde hace años, se encuentran ocupadas y dicha ley lo que pretendió es reconocer y respetar dicha situación, así como el desarrollo urbanístico existente, pero obligando a los ocupantes a conservar el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, de la misma ley, por lo cual aquellos no podrán cambiar el uso y la aptitud del suelo con posterioridad a la determinación de todo lo que corresponde a Patrimonio Natural del Estado por parte del SENAC. Asimismo, y con respecto a la acusada violación del Principio de Imprescriptibilidad de los bienes demaniales, del derecho de propiedad sobre bienes públicos y privados y del derecho de acceso a la justicia (artículos 41, 45 y 121, inciso 14), de la Constitución Política), por prohibición arbitraria de anular títulos obtenidos sobre finca de JAPDEVA, manifiesta que ese cuestionamiento que hacen los accionantes del Transitorio II, de la Ley N° 9205, no lleva la razón, ya que dicho transitorio lo que hace es únicamente reafirmar la tesis que ha venido sosteniendo JAPDEVA, sobre lo concerniente al reconocimiento y respeto a los derechos que tienen las propietarios que hayan inscrito sus títulos con anterioridad al 08 de julio de 2001T fecha en que se firmó la escritura número 132 de las diez horas, por parte de la Notaría del Estado, en la que quedó claro que la misma se hacía sin perjuicio de terceros con mejor derecho y mediante la cual se inscribieron los terrenos señalados en la Ley N° 3091, modificada mediante Ley N° 5337 los cuales corresponden a la finca número 96658. que es la que se está cuestionando mediante esta Acción de inconstitucionalidad. También alegan los accionantes violación de los principios constitucionales de Independencia de Poderes y de reserva de jurisdicción (artículos 9 y 153, de la Constitución Política); la obligación del Estado de proteger el ambiente y recuperar los bienes propios de la nación, así como de los de irretroactividad de las leyes y cosa juzgada material (artículos 34 y 42, Constitucionales). Indica que, efectivamente, el articulo 16, de la Ley N° 9205, establece que podrán ser archivados los procesos administrativos o jurisdiccionales para reclamar la nulidad del titulo e indemnizaciones por daños y perjuicios en los que JAPDEVA figure como demandada, así como aquellos de reivindicación, mejor derecho de posesión o cualquiera otra pretensión establecida por JAPDEVA contra los poseedores existentes, a partir de la entrada en vigencia de la ley citada, por parte del órgano judicial competente, a petición de las partes; pero, desde luego, el juez deberá determinar si en cada caso que se presente se está frente a casos reconocidos, de conformidad con el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley de Informaciones Posesorias y que previamente no hayan sido declarados Patrimonio Natural del Estado (PNE), por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SIMAC), tal y como claramente lo dispone el Transitorio III de la Ley N° 9205. Por otra parte, y en relación con la reclamada violación de los derechos de propiedad y seguridad jurídica, mediante la autorización de titular, a través de informaciones posesorias, bienes inmuebles que se encuentran previamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad (artículos 34 y 45, de la Constitución Política), considera que la modificación del artículo 1, inciso 0, de la Ley de Informaciones Posesorias, se hace a manera de excepción para casos que expresamente señale al efecto una ley especial, por lo que no considera que se desnaturalice el mecanismo de la información posesoria, ni mucho menos se abra ningún portillo que ponga en peligro los derechos de los propietarios a nivel general, ya que, como se dijo, se puede utilizar esa excepción cuando, previamente, una ley especial lo haya dispuesto, tal y como lo está haciendo la Ley N° 9205. Además, con la modificación del articulo 11, de la misma Ley de Informaciones Posesorias, es, precisamente, que se salvaguarda lo relativo a la titulación en terrenos pertenecientes a cualquier institución del Estado. asi como reservas forestales, parques nacionales y reservas biológicas, para lo cual, previamente, el juez, con la discrecionalidad y el análisis que por su cargo ostenta, tendrá la plena potestad de solicitar las diligencias que estime convenientes para comprobar los hechos a que se refiere la información posesoria y las rechazará si determina que algún aspecto no está conforme a derecho. Finalmente, y en relación con la violación del principio de no regresión en perjuicio del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, señala que el principio de no regresión en materia de derechos humanos tiene su origen, a nivel internacional, en el área de los derechos sociales, en particular, en relación con la cláusula de progresividad que contiene el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, prohibiendo toda medida deliberadamente regresiva. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34, de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de i reversibilidad de los beneficios o protección de alzada, donde el Estado se ve obligado a no adoptar medidas políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable u proporcionada, la situación de los derechos del alzada hasta entonces. En relación con esto, queda claro que, en nuestro Estado de Derecho, existe una obligación ética y legal desde hace muchos años de considerar que los asuntos ambientales no pueden ser tratados en círculos cerrados, sino que, con base en obligaciones internacionales, se debe dar una amplia participación a la sociedad civil. Es por todo lo antes señalado que, con la Ley N° 9205, el legislador pretendió armonizar de alguna manera los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho de propiedad y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, permitiendo de esta manera la titulación de tierras que por años han venido siendo poseídas, pero con limitaciones importantes y suficientes a sus ocupantes, con el propósito de preservar el medio ambiente. Solicita se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad en todos sus extremos.

-En resolución de las 9:57 horas del 26 de junio de 2014, el Magistrado Rueda Leal se inhibió del conocimiento de esta acción en virtud de que la ley impugnada fue iniciativa particular de su suegra, Elibeth Venegas Villalobos, cuando fungió como diputada, y así fue aprobada el 23 de diciembre de 2013, razón por la cual estima le asiste motivo para inhibirse.

- Por resolución de las 14:42 horas del 30 de junio de 2014, del entonces Presidente de la Sala, Magistrado Gilbert Armijo Sancho, se aceptó la inhibitoria del Magistrado Rueda Leal y se le separó del conocimiento de este asunto. Realizado el sorteo respectivo, resultó nombrado el Magistrado suplente Ronald Salazar Murillo para sustituirle.

- Por resolución de Presidencia de las 11:00 horas del 2 de julio de 2014, se tuvo como coadyuvantes pasivos en esta acción a Ulises Blanco Mora, cédula de identidad número 103790880, e Isabel Sibaja Rojas, cédula de identidad número 502630159, en su condición de apoderada especial judicial de la Compañía Banadosmil S.A., cédula de persona jurídica número 3101114232. Asimismo, se tuvo por contestadas las audiencias conferidas a la Procuraduría General de la República y a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) en resolución de las 13:32 horas del 21 de mayo de 2014. Finalmente, se turnó esta acción de inconstitucionalidad al Magistrado Luis Femando Salazar Al varado, a quien por tumo correspondía su estudio por el fondo. -Por escrito presentado a las 9:51 horas del 5 de noviembre de 2015. Marco Tulio Calderón Badilla, en su condición de apoderado especial judicial del coadyuvante Ulises Blanco Mora, solicita se señale hora y fecha para la realización de la vista a la que hacen referencia los artículos 10 y 85, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Asimismo, manifiesta que para efecto de mejor proveer, aporta copia de la respuesta del MINAE a prevención que, en expediente de esta misma Sala, número 14-10795, presentara dicho ministerio, y que es escrito especifico en el que se aclara cual es el único antecedente de las fincas adquiridas por esa Institución y que forman parte de alguna de las áreas protegidas dentro de la finca inscrita a nombre de JAPDEVA. Finalmente, hace algunas reflexiones sobre la respuesta dada por el MINAE en el expediente citado.

- Con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85, de la citada ley, por estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.

En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley. Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y, Considerando: - Sobre la admisibilidad. Los accionantes aducen estar legitimados para acudir a esta vía, en virtud de la tutela de intereses difusos, en los términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el cual, efectivamente, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de *intereses difusos. El contenido de este concepto ha sido delineado paulatinamente por parte de la Sala y podría ser resumido en los términos empleados en la Sentencia de este Tribunal, N° 03750-93, de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993 en la que se dijo:

"...Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos: ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales. pero a la vez. diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez. de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter'.

En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas que no están organizadas formalmente, pero cuya unión se produce a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores efectúe amparado en el párrafo 2°, del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de “difusos”, tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto, deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren, en principio, a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de esta; así, un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e, incluso, de la humanidad. De igual forma, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra paite, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación -como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados intereses difusos los que la Sala expresamente haya reconocido como tales. Si así fuera, ello implicará dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho y de su correlativo "Estado de derechos", que -como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los limites a las libertades, ya que estas subyacen a la misma FVPEDIEM V Xo 14-4)1)4297-000"?-CO Teléfonos. 2295-369<v ,2295-369?¿229,5-369$&295-3700- Fax; 2295-3712. Dirección electrónica: www.pndcr.jutJicíul.yo.cr.'sailiacohstitucinnñl KdiiicioCorte Supremo de Justicia. San José. Distrito Catedral Barrio Gun/álc?.! ahmann. calle* 19 y 21. avenidas $ y t>.

condición humana y no requieren, por ende, de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2 o, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, habla de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto se refiere a los bienes jurídicos cuya titularidad reposa en los mismos detentares de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata, por ende, de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses, pues ello implicaría la aceptación de la acción popular, no posible en esta vía, sino que todo individuo puede actuar en defensa de los bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa (ver en este mismo sentido la Sentencia de esta Sala N° 2001-07391, de las 16:07 horas del 14 de agosto de 2001). Del examen de la acción de inconstitucionalidad planteada, se desprende que los accionantes pretenden la protección de la riqueza natural del Estado, de las áreas protegidas, reseñas y parques nacionales que, a su juicio, se ven desprotegidos por la Ley N° 9205, de 23 de diciembre de 2013, Ley de Titulación en inmueble propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), al poder recaer dicha titulación en ese tipo de terrenos, los cuales pasarían a manos privadas. A juicio de esta Sala, lo pretendido por los accionantes encuadra dentro de la protección de intereses difusos a los que se hace referencia en el citado párrafo segundo del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto se considera que las normas impugnadas lesionan el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho de participación ciudadana en asuntos que afectan el ambiente, tutelados en los artículos 9, 50 y 89, de la Constitución Política, motivo por el cual la acción es admisible.

- Objeto de la impugnación. Los accionantes impugna la Ley N° 9205, de 23 de diciembre de 2013, Ley de Titulación en inmueble propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), tanto por razones de procedimiento y forma, como por razones de fondo.

- Texto de la ley impugnada. La Ley N° 9203, de 23 de diciembre de 2013, Ley de Titulación en Inmueble Propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), dispone en su articulado:

“ARTÍCULO /.- Objetivo Esta ley es de carácter especial para autorizar la titulación de inmuebles en el Registro Público de la Propiedad, por parte de las personas que sean poseedoras en la finca del partido de Limón inscrita a nombre de Japdeva, bajo la matrícula de folio real número 96658, derecho 000. Para tal efecto, a las personas que pretendan inscribir terrenos a su nombre se les autoriza a acudir al trámite previsto en la Ley de Informaciones Posesorias, A,r .° 139. de 14 de julio de ¡941, y sus reformas. en todos los términos y condiciones previstos por esa ley. Se entenderá que ejerce la posesión sobre ese inmueble quien haya usado la tierra en forma pacífica, permanente, pública, ininterrumpida, a título de dueño y en estricto respeto a la legislación ambiental, durante un plazo no menor de diez años. Quedan autorizadas las instituciones públicas en general a colaborar para el fiel cumplimiento de los fines de esta ley, con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Nº 8220. ARTÍCULO 2.- Realización de estudios técnicos De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. N° 7554, de 4 de octubre de 1995, y sus reformas, la aplicación de lo dispuesto en esta ley quedará condicionada a la previa realización de los estudios técnicos correspondientes por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) para determinar las áreas que constituyan patrimonio natural del Estado. Una vez delimitadas las áreas que no formen parte de este patrimonio, las personas poseedoras podrán titular a su nombre dichos terrenos, siempre que cumplan los requisitos de la Ley' de Informaciones Posesorias. ARTICULO 3.- Desafectación Se desafecta la finca inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble, propiedad de Japdeva en la provincia de Limón, matrícula de folio real número 96658, secuencia 000. conforme al transitorio tercero de esta ley. ARTÍCULO 4.- Conservación de! medio ambiente En los inmuebles que se inscriban bajo esta ley no se podrá cambiar el uso y la aptitud actuales del suelo y se conservará el paisaje, el agua y los terrenos forestales existentes, se deberá consignar así en las sentencias judiciales para efectos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles. Los propietarios deberán someterse a lo establecido en el plan de manejo correspondiente aprobado por el Minae y a los planes reguladores que disponga la municipalidad respectiva. ARTÍCULO 5.- Extensión máxima de terrenos a titular El área máxima a titular será de 300 hectáreas, en el cumplimiento estricto del artículo 15 de ¡a Ley N. ° 139 de 14 de julio del año 1941. ARTÍCULO 6.- Concesiones Los inmuebles que no califiquen para hacer uso de la Ley de Informaciones Posesorias dentro de la circunscripción territorial prevista en el artículo 41, inciso b), de la Ley N. c 3091 de 18 de febrero de 1963, reformada íntegramente por la Ley N. ° 5337. de 27 de agosto de 1973, el Minae o la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) según corresponda de acuerdo con el ámbito de sus competencias, podrá otorgarlos en concesión por el plazo de veinticinco años. Este plazo será renovable de subsistir el cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento. Sobre los terrenos dados en concesión no se podrá modificar el uso y la aptitud del suelo actuales, conservando el paisaje, los bosques, los terrenos forestales y los humedales existentes, pero si podrán desarrollarse proyectos de conformidad con el respectivo plan de manejo aprobado por el Minae y el plan regulador de la municipalidad respectiva. La solicitud de concesión deberá resolverse dentro del plazo máximo de tres meses, contados a partir de su presentación a la administración respectiva. Los concesionarios podrán ser beneficiarios del pago de servicios ambientales, conforme a los requisitos previstos en la ley. ARTÍCULO 7.- Canon El Minae y Japdeva, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, reglamentarán el procedimiento para el otorgamiento de las concesiones y cobrarán un canon por el uso de los suelos de las concesiones que otorguen. Corresponderá a las municipalidades respectivas, de acuerdo con los límites de su competencia territorial, cobrar sobre las edificaciones el impuesto previsto en ios artículos I y 2 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. N. ° 7509, de 9 de mayo de 1995. ARTÍCULO 8.- Bienes demaniales Mantendrán su condición de inalienables, imprescriptibles y no susceptibles de inscripción los terrenos de ¡a zona marítimo terrestre contiguos a la línea de pleamar ordinaria y al sistema de canales principales que unen los puertos de Moín y Barra del Colorado, las áreas silvestres protegidas con las salvedades establecidas en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, y sus reformas, los humedales, el patrimonio natural del Estado, y cualquier otro bien de dominio público o afecto a un fin público por disposición anterior. No obstante lo anterior, en vista de su desarrollo urbanístico y turístico. se declaran de interés urbano los poblados y terrenos denominados y ubicados así: Barra de Parismina. coordenadas: 255-254 N, 607-608 E; Barra de Pacuare. coordenadas: 245-244 N. 615-616 E: Boca de Matina, coordenadas: 234- 235 N, 622-626 E: Barra de Tortuguero. coordenadas: 285-280 N, 588- 591 E; Barra de Colorado Norte, coordenadas: 306-305 N, 580-581 E; Barra de Colorado Sur, coordenadas: 306-305 N, 581-582 E: Pueblo de Moín; coordenadas: 220-221 N. 636- 637 E. Para tal efecto, en cuanto a esas comunidades se desafecta del dominio público la zona restringida y se reduce la zona marítimo terrestre en lo sucesivo a los cincuenta metros de zona pública contiguos a la línea de pleamar ordinaria y de 15 metros a orillas del sistema de canales principales y secundarios que unen los puertos de Moín y Barra del Colorado. ARTÍCULO 9.- Excepción No serán afectadas por las disposiciones de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. N. ° 6043, de 2 de marzo de 1977, las construcciones que a la entrada en vigencia de la presente ley existan dentro de la zona pública de las comunidades de Barra de Colorado. Boca de Tortuguero, Boca de París mina, Boca de Malina y Boca de Moín, indicadas en el articulo anterior, en aquellos terrenos cuya ocupación acumulada sea superior a treinta años. Para tal efecto, Japdeva hará el censo correspondiente dentro de los siguientes doce meses a la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 10.- Autorización Para los efectos de inscribir los inmuebles indicados en el artículo l de esta ley. se autoriza al Catastro Nacional a inscribir los planos ubicados en esos terrenos sin restricciones legales a la constitución y extensión servidumbres, y sin sujeción a las disposiciones que indican los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos, Ley N.° 5060, de 22 de agosto de 1972, y sus reformas, artículos 32 y 33 de la Ley de Planificación Urbana, Ley' N. ° 4240, de 15 de noviembre de 196H, y sus reformas, y el Reglamento para el control nacional de fraccionamiento y urbanismo, ni el refrendo o autorización previa del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. El Catastro Nacional y el Registro Nacional podrán inscribir planos y fincas con frente a caminos o accesos cuvo ancho sea inferior a lo indicado en esa normativa. ARTICULO 11.- Bienes de las instituciones del Estado Las entidades de la Administración Pública que materialmente ocupen terrenos dentro de la circunscripción territorial a que se refiere el artículo l de esta ley podrán inscribirlos ante el Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles a nombre de sus respectivos ministerios e instituciones por medio de la Notaría del Estado, aportando el plano catastrado con la solicitud respectiva. ARTÍCULO 12.- Inscripción del título Los terrenos mencionados en los artículos anteriores serán inscritos a nombre de sus respectivos poseedores, mediante sentencia ejecutoria. La .sentencia indicará la naturaleza, la situación, la cabida y los linderos del inmueble. Cualquier error que sea necesario rectificar en un titulo constituido e inscrito por este procedimiento se tramitará en el mismo expediente por la vía incidental. Para estos efectos se aplicará lo que al efecto regula el artículo 12 de la Ley de Informaciones Posesorias en lo que resulte procedente. Al titularse mediante el trámite de informaciones posesorias cualquier terreno que forme parte de la finca del partido de Limón, matrícula de folio real número 96658, derecho 000. no será necesaria la descripción del respectivo resto que se reserva Japdeva en el Registro. El Registro Nacional, cada vez que realice una inscripción, actualizará el asiento registral de la finca del partido de Limón, matrícula de folio real número 96658, derecho 000, efectuando la disminución de cabida correspondiente al resto del inmueble. El nuevo inmueble se inscribirá en el registro deforma independiente al folio real de la finca madre.

ARTÍCULO 13.- Imposibilidad de titular No podrán titular inmuebles a su nombre que formen parte de la finca del partido de Limón, matrícula de folio real número 96658, derecho 000, quienes no pueden ser concesionarios de conformidad con el artículo 47 de la Ley N. ° 6043, y sus reformas. ARTÍCULO 14.- Cancelación de asiento Por cualquier motivo que se llegue a cancelar la inscripción registral de la finca del partido de Limón, matricula de folio real número 96658, derecho 000, el trámite de información posesoria servirá para lograr la titulación a favor de quien o quienes demuestren ser sus legítimos poseedores y que se ubiquen dentro de la situación, la cabida y los linderos que indicaba ese folio real, independientemente de quien resulte como su nuevo titular registral, para lo cual se aplicará el procedimiento anteriormente establecido. Los planos de catastro que indiquen él folio real 96658-000 del partido de Limón podrán ser utilizados para el trámite de información posesoria en beneficio de la persona que demuestre ser su poseedor en las condiciones exigidas por la ley.

ARTÍCULO 15.- Refugio mixto El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Minae ejecutará los estudios previos necesarios para crear el Refugio Mixto de Vida Silvestre Humedal Moin- Tortuguero dentro del plazo máximo de dos anos, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Una vez concluidos los estudios pertinentes, el Minae dispondrá de un año para crear el refugio referido. ARTÍCULO 16.- Procesos pendientes Los procesos, administrativos o jurisdiccionales, establecidos para reclamar la nulidad de titulo e indemnizaciones por daños y perjuicios en los que Japdeva figure como demandada, así como aquellos de reivindicación, mejor derecho de posesión o cualquiera otra pretensión establecida por Japdeva contra los poseedores existentes, en ambos casos en relación con el inmueble a que refiere el articulo i de esta ley, podrán ser archivados por el órgano jurisdiccional que los conoce, a petición de las partes, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. La resolución que ordene el archivo del expediente mandará a cancelar las anotaciones de demanda que el proceso haya generado. Los poseedores que hayan sido desalojados, durante el último año contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, como consecuencia de ese tipo de procesos serán restituidos en el ejercicio de la posesión. Cada parte asumirá las costas generadas en el proceso. ARTÍCULO 17Disposiciones modificatorias Se reforman el inciso f) del artículo 1 y el artículo 11 de la Ley de Informaciones Posesorias. Ley N. ° 139, de 14 de julio de 1941, y sus reformas. Los textos son los siguientes: "Artículo /.- /.../ f) Manifestación expresa del titulante de que la finca no ha sido inscrita en el Registro Público, que carece de título inscribible de dominio y que la solicitud no pretende evadir las consecuencias de un juicio sucesorio. No obstante, cuando la información posesoria se encuentre autorizada sobre bienes inscritos por una ley especial no será necesaria la manifestación de que la finca carece de título inscribible. "Articulo 11.- El juez podrá, ordenar, cuando lo crea conveniente, todas aquellas diligencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de los hechos a que se refiere la información y la rechazará si llega a constatar que se pretende titular indebidamente baldíos nacionales o terrenos pertenecientes a cualquier institución del Estado, lo mismo que reservas forestales, parques nacionales o reservas biológicas. Por ley especial se podrá autorizar la titulación mediante información posesoria en terrenos pertenecientes a las instituciones del Estado, siempre que se proteja el interés público, el medio ambiente y el debido proceso legal." DISPOSICIONES TRANSITORIAS TRANSITORIO /.- Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10, Japdeva contará con el plazo de dos anos, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Lo anterior no suspenderá ni interrumpirá la tramitación de solicitudes de titulación en relación con poseedores ubicados en el resto de la finca.

TRANSITORIO IL- Las personas que hayan obtenido título de propiedad anterior a la fecha en que se traspasó el inmueble a Japdeva y se encuentren debidamente inscritos en el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble mantendrán su condición de titulares de estos derechos y no se podrán anular dichos títulos. TRANSITORIO III.- El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) realizará los estudios técnicos correspondientes, con cargo a su presupuesto. Y determinará las áreas que constituyan patrimonio natural del Estado. Una vez delimitadas las áreas que no formen parte de este patrimonio, las personas poseedoras podrán titular a su nombre dichos terrenos, siempre que cumplan los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias". - Sobre el fondo. Los accionantes presentan dos clases de argumentos en relación con la inconstitucionalidad de la Ley N° 9205. Una clase que atañe al procedimiento legislativo, por la ausencia de estudios técnicos previos a la aprobación de esa ley que justifiquen la reducción o desafectación de áreas silvestres protegidas, del patrimonio natural del Estado y de terrenos sometidos a diversas categorías de protección ambiental para permitir la titulación de esos terrenos a nombre de particulares que actualmente los poseen de forma irregular. Y otra, relativo al contenido de fondo de las normas que integran la ley en cuestión. El análisis de los reparos de constitucionalidad planteados, entonces, ha de comenzar por los cuestionamientos relativos al procedimiento legislativo.

- Vicios en el procedimiento legislativo atinentes a la Ley IN° 9205. La discusión, en tomo a este punto, se concreta en determinar si, conforme al Derecho de la Constitución, los estudios técnicos requeridos para la desafectación de la finca a la que se refiere la ley (finca del partido de Limón inscrita a nombre de Japdeva, bajo la matricula de folio real número 96658, derecho 000) deben ser previos a su promulgación, o bien, posteriores. La objeción de inconstitucionalidad versa sobre el momento en que deben realizarse esos estudios, no sobre su procedencia o no, ya que en cuanto a este extremo no hay discusión, pues la misma ley cuestionada, en el artículo 2, establece la necesidad de la realización de los estudios técnicos correspondientes por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). para determinar las áreas que constituyan patrimonio natural del Estado, de previo a la aplicación de lo en ella dispuesto, con lo cual su eficacia queda supeditada al resultado de esos estudios. El punto, entonces, consiste en definir si, de conformidad con el Derecho de la Constitución y los principios que informan la protección al medio ambiente y a su disfrute por parte de los habitantes de la República, la postergación de los estudios técnicos necesarios para la desafectación de un bien de dominio público -a fin de que pueda ser titulado a nombre de sujetos privados- a una etapa posterior a la promulgación de una ley, resulta razonable, adecuado y proporcional a esa protección. O si, por el contrario, esa protección solo puede garantizarse si los estudios pertinentes se llevan a cabo antes de la promulgación de la ley.

De conformidad con lo informado por la Procuraduría General de la República a esta Sala, en su condición de órgano asesor, la finca que desafecta la ley en cuestión, N° 96658-000, del Partido de Limón, mide ciento treinta y dos mil hectáreas con siete mil ciento cincuenta metros cuadrados, comprende numerosos bienes públicos ambientales, así como corredores biológicos y zonas de influencia o de amortiguamiento de muchas áreas silvestres protegidas, además de la zona marítimo terrestre, que es un bien medioambiental, tal y como se afirma en los pronunciamientos OJ.-155-2006 y GJ.-020- 2012, emitidos por esa Procuraduría General con ocasión de los entonces proyectos de ley relacionados con la pretendida desafectación la citada finca. Esta Sala, desde vieja data, ha aceptado, bajo ciertas condiciones, la posibilidad de reducir la cabida de una determinada área declarada como zona protectora, con el fin de proteger otros intereses, como en este caso, que está de por medio la tutela de un interés de carácter social. Al respecto, en Sentencia N° 1998-07294, de las 16:15 horas del 13 de octubre de 1998, expresó:

“...queda claro que una vez declarada una determinada área como zona protectora por un acto del Estado, no puede éste, simplemente, desafectarlo en todo o en parte, para proteger otros intereses -públicos o privados- en menoscabo del disfrute de un ambiente sano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Ahora bien, el hecho de que una norma, del rango que sea. haya declarado como zona protectora una determinada área, no implica la constitución de una zona pétrea, en el sentido de que. de manera alguna, su cabida pueda ser reducida por una normativa posterior.

Sin embargo, se debe tener presente que la declaratoria y delimitación de una zona protectora, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 50 constitucional, implica una defensa del derecho fundamental al ambiente y, por ello, la reducción de cabida no debe implicar un detrimento de ese derecho, situación que debe establecerse en cada caso concreto. No resulta necesariamente inconstitucional el hecho de que por medio de una ley posterior se reduzca la cabida de una zona protectora, una reserva forestal, un Parque Nacional o cualesquiera otros sitio de interés ambiental, siempre y cuando ello esté justificado en el tanto no implique vulneración al derecho a! ambiente. Podría ser que, por diversas circunstancias, un determinado sitio haya perdido, al menos en parte. el interés ambiental que, en su momento. provocó, lo que. hechos los estudios del caso, justificaría su modificación o reducción, todo en aplicación del principio de razonabilidad constitucional. Del mismo modo, la delimitación inicial de una zona protectora -O de otra índole- podría, a la larga, resultar insuficiente y. en razón de esto, motivar la aprobación de una reforma para ampliar la cabida...".

De manera, que nada impide que el legislador, por razones justificadas y con la debida motivación, dcsafecte un bien de dominio público o reduzca su cabida, aún cuando formara parte de una zona protectora, una reserva forestal, un Parque Nacional o de cualquier terreno de interés ambiental, para proteger otros intereses, sean estos públicos o privados. Pero ello no puede ser en detrimento del derecho al ambiente, que tutela el artículo 50, de la Constitución Política. No cabe duda, para esta Sala, del fin social que el legislador pretende tutelar con la promulgación de la Ley N° 9205, el cual consiste en dotar de títulos de propiedad a los poseedores de la finca N° 96658-000, del Partido de Limón, en el tanto cumplan los requisitos que la propia ley establece; pues, con ello, se tiende a solventar un problema social. Sin embargo, ello no se puede hacer si no se garantiza razonablemente la protección al medio ambiente, dado que la finca en cuestión abarca terrenos que resultan, en diversa medida, de interés ambiental. Y no hay manera alguna de tutelar ese derecho, si dicha desafectación, total o parcial, no tiene sustento técnico. Esto es lo que se ha denominado principio constitucional de la objetivación de la tutela ambiental o principio de vinculación a la ciencia y a la técnica y que la Sala Constitucional ha expresado de la siguiente manera: ' 4.- De la objetivación de fa tutela ambiental: el cual, tal y como lo señaló este Tribunal en sentencia número 14293-2005, de las catorce horas cincuenta y dos horas del diecinueve de octubre del dos mil cinco. es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior principio precautorio o "principio de la evitación prudente "], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general -tanto legales como reglamentarias- de donde se deriva la exigencia de la ''vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a Jos resultados que se deriven de esos estudios técnicos —tales como los estudios de impacto ambiental—, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas: y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente. ” (Sentencia N° 2006-17126 de las 15:05 horas del 28 de noviembre de 2006).

Lo dicho por este Tribunal Constitucional en aquella ocasión, si bien referido principalmente a actuaciones de la Administración, es de plena aplicación para el legislador, no solo porque ello se deriva del contenido del artículo 50, de la Constitución Política, sino porque el propio legislador objetivó ese principio en el artículo 38, de la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 del 4 de octubre de 1995 y sus reformas, cuyo texto indica:

"ARTICULO 38. ~ Reducción de las áreas silvestres protegidas. La superficie de las áreas silvestres protegidas , patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida Que dichos estudios técnicos deben ser previos a la promulgación de la ley y que, en lodo caso, aún cuando el legislador no hubiese establecido en norma legal alguna ese deber, ello se deriva del contenido del artículo 50, Constitucional, ya lo ha dicho esta Sala en Sentencia N° 07294-98 de las 16:15 horas del 13 de octubre de 1998: “Ambas normas [artículos 36 y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 del 4 de octubre de 1995] establecen el cumplimiento de requisitos obligatorios tanto para la creación como para la reducción de las áreas silvestres protegidas, dentro de las cuales se comprenden las denominadas "zonas protectoras". Se trata de la existencia de "estudios preliminares fisiogeográficos, de diversidad biológica y socioeconómicos, qu e ¡a justifi quen", en el caso del establecimiento , y de "estudio s técnicos que justifiquen ", en el caso que la medida pretendida sea una reducción de la superficie bajo el referido régimen. Ambas disposiciones son vinculantes, inclusive para la Asamblea Legislativa, cotitular, junto con el Poder Ejecutivo, de la competencia para crear áreas silvestres protegidas; y detentadora exclusiva de la potestad de reducir su superficie. De conformidad con las disposiciones transcritas, y tomando en consideración el caso concreto que se somete a pronunciamiento , la Asamblea Legislativa no puede aprobar vellidamente la reducción de la superficie de una zona protectora, sin contar antes con estudio técnico que justifique su decisión. Dicha actuación deviene contraria a la Constitución Política por violación del principio de razonabilidad constitucional en relación con los artículos 121, inciso 1), y 129 de la Carta Política. Sobre este tema existe un precedente de la Sala que resulta atinente, tanto por la similitud de la infracción que se invoca, como por tratarse de una hipótesis en que la no observancia de determinados requisitos tiene como efecto la transgresión de normas o principios sustanciales de rango constitucional. Se trata de la sentencia No. 2009. de las 10 horas 30 minutos del 21 de abril de 1995, dictada en relación con una consulta legislativa facultativa sobre un proyecto de ley’ tendiente a ¡a creación de un nuevo cantón. En esa ocasión, la Sala expresó: "IV ).- NORMA CONSTITUCIONAL Y REGIMEN LEGAL PARA LA CREACION DE NUEVOS CANTONES.- El artículo 168 de la Constitución Política, en lo que interesa, señala que para los efectos de la Administración Pública el territorio nacional se divide en provincias, cantones y distritos; la creación de nuevos cantones requiere ser aprobada por la Asamblea Legislativa mediante votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros. Ninguna otra disposición contiene la Constitución Política sobre la creación de nuevos cantones. Como es principio general del Derecho de la Constitución que toda jurisdicción territorial existente al momento de surgir la norma suprema que ¡a reconoce y la eleva a la categoría de institución descentralizada con rango constitucional, en este caso, los cantones, adquiere el derecho a su existencia plena e identidad, a su autonomía otorgada por norma de igual rango (art. 170 id.), a mantener su integridad y su condición de descentralización administrativa (esto último no implica, desde luego. que se trate de una forma de Estajo o de gobierno que excluye toda otra forma de administración política, porque como toda descentralización, deja intacto el poder constituyente e incluso la potestad legislativa del Estado), la conclusión ju rídico-co nstitucional necesaria nos lleva a determinar que corresponde al Poder Legislativo desarrollar o no la_ competencia contenida en el artículo 168 d e la Cons titución Política para la cr eación de cantone s, esta bleciendo los req uisitos y formal idades qu e le den c ontenid o razonable y proporcionado ajos principios que la propia norma superior haya concebido y en todo caso, a los complementarios que, sin estar en la norma originaria, sean apropiados para hacer posible el ejercicio de ¡a competen cia. V- LEY SOBRE DIVISION TERRITORIAL ADMINISTRATIVA (No. 4366 de 19 de agosto de 1969).- Es esta ley precisamente, la que ha emitido el Poder Legislativo para regular la creación de los nuevos cantones. Es necesario señalar que al fijar la Constitución Política en el párrafo final del artículo 168, que se requiere el voto afirmativo de por lo menos dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa para la creación de un cantón, da una clara idea de la importancia que el constituyente originario le ha dado a la integridad territorial y a toda la materia relacionada con la subdivisión territorial de las Provincias. A juicio de la Sala, el principio general de Derecho que establece que las normas jurídicas obligan incluso a la au toridad qu e las ha dicta do y t dentro d e su competencia, a su superior, implica que la ley que disciplina el funcionamiento de la Asamblea Legislativa para el ejercicio de una competencia también constituc ional, la vincula e n los casos concretos en que haya de ejercerla, lo cual no es más que apli cación del p rincipio g eneral de la inderogabilidad singular de la norma para el caso concreto; principio general de rango constitucional, como que es aplicable a la totalidad del ordenamiento jurídico, co mo derivación y a la vez co ndición de! Est ado de D erecho e n su integrida d. Todo lo cual significa, en relación co n el pres ente asunto, que para la creación de un nuevo en te territorial municipal la Asamblea Legislativa debe obsen'ar la ley que ha dictado con tal propósito , desde lu ego. s in perjui cio de su p otestad d e derogarla o reformarla p reviamente a su ejercicio." (Los subrayados no son del original). De acuerdo con lo citado. mutatis mutandi, si para la creación de un área silvestre protectora la Asamblea Legislativa, por medio de una ley, estableció el cumplimiento de unos requisitos específicos, a fin el determinar si la afectación en cuestión es justificada, lo lógico es que, para su desafectación parcial o total, también se deban cumplir determinados requisitos -como la realización de estudios técnicos ambientales - para determinar que con la desafectación no se transgrede el contenido del artículo 50 constitucional. En este sentido , podemos hablar de niveles de desafectación. Así, no toda desafectación de una zona protegida es inconstitucional, en el tanto implique menoscabo al derecho al ambiente o amenaza a éste. De allí que. para reducir un área silvestre protegida cualquiera, la Asamblea Legislativa debe hacerlo con base en estudios técnicos suficientes y necesarios para determinar que no se causará daño al ambiente o se le pondrá en peligro y, por ende, que no se vulnera el contenido del articulo 50 constitucional. El principio de razonabilidad. en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente. A juicio de este Tribunal Constitucional, la exigencia que contiene el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, en el sentido de que para reducir un área silvestre protegida por ley formal deben realizarse, de previo, los estudios técnicos que justifiquen la medida, no es sino la objetivación del principio de razonabilidad en materia de protección al ambiente.

V- Debe rescatarse además, como se señaló líneas arriba, que para otorgar vigencia y cumplir con el numeral 50 de la Constitución Política no basta que las autoridades públicas dicten medidas protectoras del ambiente. También es indispensable que en ejercicio de sus cargos esos mismos funcionarios no emitan actos contradictorios con el citado postulado constitucional tal y como sucede con referencia a la norma cuya constitucionalidad se examina, la cual, aprobada mediante un procedimiento en que se omite un requisito sustancial, exigido por una ley vigente, establece la reducción de una superficie declarada como zona protectora. Por tanto, la disposición legal cuestionada, articulo 71 de la Ley No. 771 de la Ley No. 7575. Ley Forestal del 13 de febrero de 1996, también es contraria al artículo 50 de la Constitución Política \ Con lo cual, resulta claro que de conformidad con el principio de razonabilidad constitucional y el contenido del artículo 50, de la Constitución Política, los estudios técnicos necesarios para desafectar un bien de dominio público, en general, y, en concreto, para desafectar terrenos que forman parte del patrimonio natural del Estado, deben realizarse de previo o durante la tramitación del respectivo proyecto de ley, so pena de omitir, en el procedimiento legislativo, un requisito sustancial que toma en inconstitucional la ley así aprobada, por un vicio esencial en la tramitación del expediente legislativo de formación de la ley. Con ello, como queda dicho en la sentencia de última cita, también se transgrede un principio general de Derecho que establece que las normas jurídicas obligan incluso a la autoridad que las ha dictado, en este caso al legislador, conforme al principio general de la inderogabilidad singular de una norma para el caso concreto, el cual tiene rango constitucional. En este caso, el legislador omitió observar el contenido del artículo 38, de la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 del 4 de octubre, al que él mismo se sometió con su promulgación y que obliga al legislador a contar con estudios técnicos previos a la promulgación de una ley que reduzca o desafecte un bien de dominio público que forme parte del patrimonio natural del Estado, de una zona protectora, de un Parque Nacional, de una Reserva o de cualquier terreno de interés ambiental. Esta omisión no se subsana con la realización posterior de dichos estudios, conforme lo dispone el artículo 2. de la Ley N° 9205: “ARTÍCULO 2Realización de estudios técnicos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, N.° 7554, de 4 de octubre de 1995. y sus reformas, la aplicación de lo dispuesto en esta ley> quedará condicionada a la previa realización de los estudios técnicos correspondientes por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), para determinar las áreas que constituyan patrimonio natural del Estado. Una vez delimitadas las áreas que no formen parte de este patrimonio, las personas poseedoras podrán titular a su nombre dichos terrenos, siempre que cumplan los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias Esto por cuanto, en primer lugar, la realización de los estudios técnicos de forma previa a la promulgación de la ley que dcsafecte un bien de dominio público tiene su razón de ser en el principio de razonabilidad constitucional en materia medioambiental, ya que solo de esa manera se da una tutela suficiente y efectiva en esta materia, y, en segundo lugar, porque la desafectación de la tinca en cuestión, matrícula de folio real número 96658, secuencia 000, ya se ha dado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley N° 9205 por lo que únicamente lo que queda en suspenso es su aplicación (artículo 2 de la ley), con lo cual no se garantiza, a juicio de esta Sala, suficientemente la protección del medio ambiente, en los términos del artículo 50, de la Constitución Política. Esto ha sido criterio reiterado de este Tribunal; baste para ello lo dicho en el Voto N° 2988-99 de las 1:57 horas del 23 de abril de 1999, que resulta paradigmático para el caso en estudio, razón que justifica su cita en extenso: 77/.- Consideraciones preliminares. De previo a entrar a examinar el fondo de la acción, es preciso hacer algunas consideraciones sobre las zonas protegidas que se pretenden titular en la norma de estudio (franja fronteriza. reservas forestales, refugios nacionales de vida silvestre y zonas protectoras).

Nuestra legislación crea un sistema en que la afectación se torna en el elemento primordial para la inclusión de un bien al dominio público, por lo tanto será de dominio público todo bien destinado por ley, o por un acto administrativo cuando ésta lo autorice. Cuando un bien es integrado al régimen de dominio público, adquiere una serie de características esenciales como la inalienabilidad. la imprescriptibilidad y la inembargabilidad. De estas condiciones es que estos bienes no son expropiables. por cuanto ésta implicaría la enajenación y son inalienables. Asimismo, la usucapión tampoco es un medio para adquirirlos. las cosas inalienables por estar fuera del comercio de los hombres, no son sujetos de posesión por particulares, y por tanto. son imprescriptibles en tanto conserven tal carácter o el destino de utilidad pública a que están afectadas. "El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad. al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes denominiales, bienes o cosas públicas o bienes públicos que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia estos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad." (Sala Constitucional, sentencia No. 2306-91 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del 6 de noviembre de 1991).

La conformación de áreas protegidas bajo las categorías de Reserva Forestal. Refugio de Vida Silvestre Privado o Mixto. Parques Nacionales, Reservas Biológicas y Zonas Protectoras, conlleva a la imposición de un Régimen de propiedad Pública bajo la categoría de Patrimonio Forestal del Estado que cambia ipso fado la naturaleza jurídica de los terrenos incluidos dentro del área, esto es de un régimen de privado que se manifiesta en diversas formas o estado de tenencia a un régimen público de propiedad Estatal. El artículo 13 de la Ley Forestal No. 75 75 establece que el patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. En el mismo sentido, el artículo 14 de la misma Ley dispone que los terrenos forestales y bosques que constituyen ese patrimonio natural del Estado, son inembargables e inalienables; que su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y que la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En cuanto a las reservas forestales existe una gran necesidad de proteger las especies maderables no solo por el valor en sí de las mismas desde el punto de vista económico, sino también porque algunos de ellos tienen gran valor científico y son estas especies vegetales parte de los recursos naturales renovables pero que dejarán de serlo en la medida en que se vayan extinguiendo. Respecto a la franja fronteriza, tenemos que la Ley de Terrenos Baldíos, No. 13 de 10 de enero de 1939. en el artículo 10 dispuso: "Son asimismo inalienables los terrenos comprendidos en una zona de dos kilómetros de ancho, a lo largo de la frontera con Nicaragua y con Panamá". Dicha protección nace a raíz de que nuestras zonas fronterizas siguen siendo consideradas indispensables para el país, no sólo por razones de defensa de la soberanía del país, ante la importancia que tiene reservarlas como zonas estratégicas para la seguridad de la Nación, sino también por su relevancia desde el punto de vista de la protección del patrimonio natural del Estado. Las zonas fronterizas por su posición y cobertura se convierten en un área sumamente importante para la protección del medio ambiente como territorio, una zona de amortiguamiento indispensable para la comunicación de la flora y fauna, recursos hídricos y del ecosistema imperante en determinadas regiones del país, y por ende, el interés y la necesidad del Estado costarricense de regular y proteger los recursos naturales existentes hoy en día. y que sin el control y la limitación en cuanto a su disposición por parte de las autoridades competentes, pondrían en grave peligro el derecho a un ambiente sano. Es por ello que a través de instrumentos legales tanto nacionales como extranjeros se pretende proteger estas zonas, como en el caso de la comisión centroamericana a nivel regional, que aparte del convenio constitutivo y el protocolo. firmó con Nicaragua en el año 1992 el convenio centroamericano de biodiversidad, con el fin de ir conformando un corredor biológico centroamericano, y el Consejo Centroamericano de Bosques creado en Guatemala, el cual pretende tomar acciones conjuntas que establezcan medidas de coordinación en relación con los recursos disponibles en la zona fronteriza norte de nuestro país y las otras fronteras de los países centroamericanos. Fue en virtud del Decreto No. 22692-MIRENEM del 15 de febrero de 1994, reformado por el Decreto No.23248-MIRENEM del 20 de abril del mismo año, en su artículo l que se declaró Refugio Nacional de Vida Silvestre al corredor fronterizo conformado por los terrenos comprendidos en una zona de 2000 metros de ancho a lo largo de la frontera con Nicaragua. Declaratoria que obedeció a que la zona es un importante corredor biológico entre el Área de Conservación Tortuguero los Humedales de Tamborcito y Marenque, el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro y ¡a Reserva Forestal El Jardín. En este mismo sentido, los refugios de vida silvestre son definidos en la Ley Forestal No. 7032 del 7 de abril de 1986, en el artículo 35 inciso ch), como "aquellos bosques y terrenos cuyo uso principal sea la protección, conservación, incremento y manejo de especies de flora y fauna silvestre." Dichos sitios tienen como fin primordial la protección de las especies de flora y fauna en extinción y que poseen entre otros valores, un gran valor científico, de ahí el interés de conservarlos. Con su conservación se pretende garantizar la perpetuidad de las especies de vida silvestre, sus poblaciones y hábitats, y dar oportunidad para realizar actividades de tipo científico, educativo y recreativo, cuando no vayan en detrimento de los objetivos de cada refugio. Dentro de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre, la biota puede ser muy variada dependiendo de la diversidad de asociaciones naturales existentes dentro del refugio, según la variedad de condiciones geográficas locales, lo que significa apreciar las diferencias que provienen de una diversidad en condiciones geológicas, edáficas, topográficas y de actividad animal y humana, de ahí que se haga necesario la protección legal de estas áreas y de las demás constituyentes de la propiedad agraria forestal.

En nuestro país, como ya se ha mencionado, el interés por la protección de los recursos forestales dala de años atrás, así por ejemplo en decreto No. 5 del 26 de junio de 1945 se hace manifiesto esta tendencia a la protección de las tierras forestales y de los recursos forestales derivados de estas, no solo por el valor de los recursos como tales, sino por la función que los mismos desempeñan dentro de lo que son en este caso las zonas protectoras. El Estado se interesa en ellas por adquirir tierras como protección forestal, para determinar si por sus condiciones escénicas, culturales, científicas o protectoras, constituyen un bien que debe ser preservado como terreno de valor incalculable. En razón de esta valoración, el Estado crea las denominadas zonas protectoras, las cuales vienen a constituir áreas boscosas o de aptitud forestal en que la conservación del bosque y la conservación de los terrenos forestales. está inspirada en propósitos de protección de suelos, o de mantener y regular el régimen hidrológico, el clima el medio ambiente. Son aptas para la protección de los suelos, por cuanto las raíces de los árboles sujetan y retienen la capa vegetal y las hojas que de ella caen cubren el suelo por donde corre el agua y evita el arrastre de partículas de tierra, es decir detienen o por lo menos disminuyen el proceso de erosión, el cual acarrea consigo el desequilibrio nutritivo del suelo al arrastrar nutrientes importantes de la tierra, necesarios para el crecimiento de las plantas. Las zonas protectoras juegan un papel preponderante en el equilibrio del medio ambiente entendido este como el conjunto de cosas que rodean al individuo tales como: clima, suelo, luz. viento. lluvia, alimentación, frío, calor, hábitat, etc . v en el equilibrio del ecosistema por la relación de intercambio que se da entre Ia parte viviente de la naturaleza y la parte inherte (sic) de la misma. De ahí que deba protegerse el suelo, la regulación del régimen hidrológico, la conservación del ambiente, y la de las cuencas hidrográficas. Estas zonas son creadas por ley o vía decreto del Poder Ejecutivo y en ellas, también por disposición legal, está prohibido efectuar labores agrícolas o de destrucción de la vegetación. Dentro de las zonas protegidas quedan comprendidos los terrenos que se encuentran situados en las reservas nacionales, cierta zona a lo largo de los ríos, una faja a uno y otro lado de la depresión máxima de las cuencas hidrológicas, los terrenos que bordean los manantiales que nacen en los cerros y también los que nacen en terrenos planos, cierta área en la ribera de los ríos arroyos, lagos, lagunas, o embalses naturales.

IV.- Esta Sala en su jurisprudencia se ha referido a la protección constitucional de estos bienes y a su planteamiento para el Estado, en el siguiente sentido:'1... Mucho se habla hoy en día de la necesidad vital para el hombre -como género- y de la obligación consecuente, de esa protección y preservación, y esto constituye una actitud de carácter mundial, de la cual nuestro país no está exente. lo que se demuestra por el interés evidente de Costa Rica de participar en los foros internacionales donde se discute el tema ecológico. Pero tal conducta de nuestro pueblo no sólo se manifiesta de esa manera, porque internamente, lo que es primordial, también hemos actuado promulgando leyes cuyo fin tiende a esa protección. Así por ejemplo, y para lo que aquí interesa, la Ley Forestal vigente, # 7174 de 28 de junio de 1990, dispone en su artículo 1: La presente ley establece como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, la conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables. Por su parte. en concordancia con el principio o parámetro de la regularidad jurídica, tal normativa y la actitud dicha, tienen fundamento en nuestra Constitución Política, que en lo relacionado con este tema prevé: "Articulo 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación... "Articulo 6.- ...Ejerce a dentáis, -se refiere al Estado- una jurisdicción especial sobre los mares adyacente a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conserva r y explotar con exclusividad todos los re cursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas de conformidad con aquellos principios" las líneas del subrayado no son del original). Pero eso no es todo, porque también en la norma 69 de la Carta Política habla de la "explotación racional de la tierra lo que constituye un principio fundamental. En consecuencia, son cánones del orden constitucional, aquella protección v preservación , así como la explotación racional de los recursos que se han indicado, "(sentencia No.2233-93 de las nueve horas treinta y seis minutos del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y tres), "Por otro lado, conviene advertir que, a nivel mundial, existe la tendencia a considerar que el ambiente y la ecología, no son un interés de una región, de un país o de un continente en particular, sino que son intereses universales en la medida en que lo que se haga a favor o en contra de la naturaleza en un país o región, afecta también al resto de la tierra. Esto es lo que justifica básicamente algún tipo de limitación a la propiedad privada en aras de la defensa del ambiente, principio éste -que contienen los artículos 45 y 50 de la Constitución Política- con el que se pretende un equilibrio entre conservación y producción, ambos intereses sociales. Por tales razones, se incluyen, dentro del criterio de propiedad del referido numeral 45, en relación con el 50, ambos constitucionales, la propiedad forestal, la propiedad agraria, la propiedad ecológica, la propiedad ambiental, etc., todas con asidero constitucional en los citados artículos y con una específica regulación y naturaleza jurídicas. Asimismo, en la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, entre otras cosas, quedó establecido el derecho soberano de los estados a definir sus políticas de desarrollo. Se enuncia también, el principio precautorio (principio 15 de la Declaración de Río), según el cual, "con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. " De modo que, en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, es decir, si la degradación y el deterioro deben ser minimizados, es necesario que la precaución y la prevención sean los principios dominantes, lo cual nos lleva a la necesidad de plantear el principio "in dubio pro natura” que puede extraerse, analógicamente, de otras ramas del Derecho y que es. en un todo, acorde con la naturaleza. No obstante, la tarea de protección al medio ambiente, se dificulta toda vez que arrastramos una concepción rígida con respecto al derecho de propiedad. que impide avanzar en pro del ambiente, sin el cual no podría existir el derecho a la vida, al trabajo. a la propiedad o a la salud. No se debe perder de vista el hecho de que estamos en un terreno del derecho, en el que las normas más importantes son las que puedan prevenir todo tipo de daño al medio ambiente, porque no hay norma alguna que repare, a posteriori. el daño ya hecho; necesidad de prevención que resulta más urgente cuando de países en vías de desarrollo se trata. En este sentido, la Declaración de Estocolmo afirmó ”...que en los países en desarrollo la mayoría de los problemas ambientales son causados por el mismo subdesarrollo. Millones continúan viviendo por debajo de los estándares mínimos de salud y salubridad. Por lo tanto los países en desarrollo deben dirigir todos sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo en mente tas prioridades y necesidades para salvaguardar y mejorar el ambiente. Por la misma razón los países industrializados deberían hacer esfuerzos para reducir la brecha entre ellos y los países en desarrollo. ” De todo lo anterior, es claro que es obligación del Estado la protección de la belleza natural y del medio ambiente <artículos 50 y 89 de la Constitución Política), pues en ello hay un evidente interés particular y social, fin que para poderlo alcanzar es necesario la promulgación de leyes que regulen en forma adecuada la materia. Ciertamente, el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, pero también tiene el correlativo deber de protegerlo y preservarlo para el uso de generaciones presentes y futuras. Así por ejemplo, en la Conferencia de Estocolmo se afirma que "el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras." No debe perderse de vista que el suelo, el agua, el aire, los recursos marinos, costeros y minerales. los bosques, la diversidad biológica y el paisaje conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas como espacio vital, alimentación, energía . vivienda, sanidad y recreación serían imposibles. De igual modo, nuestra economía también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los recursos naturales: así. por ejemplo, tanto la generación de divisas por explotación agrícola y turística, como el éxito de importantes inversiones e infraestructuras dependen, en última instancia, de la conservación de aquéllos. Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata entonces, de un concepto macro ambiental para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental." (Sentencia No.5893-95 de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco). En igual sentido la sentencia No. 1763-94 de las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del 13 de abril de 1994 dijo: " Ho.- PROTECCION AL AMBIENTES ANO Y EQU LIBRADO: En lo que interesa a este asunto, sea, la protección de los derechos ambientales, esta Sala en el ya citado pronunciamiento número 3705-93, afirmó: "Resulta importante para la Sala elaborar, de previo a las consideraciones estrictamente de fondo un análisis general que establezca el marco constitucional y las condiciones e intereses que hoy en día despierta la conservación del ambiente pues su estudio se constituye en una novedad de esta última centuria, lis primordial recordar que durante muchos siglos el hombre creyó que debía dominar las fuerzas de la naturaleza y ponerlas a s u servicio, ya que se consideraba, en alguna medida, que los recursos naturales eran inagotables y que la industrialización era per se un objetivo deseable, sin que se evaluara cuál sería el impacto de la actividad económica sobre el ambiente. De hecho la división entre recursos naturales renovables y no renovables es moderna, pues aún la ciencia económica, que se preocupa de la administración del entorno para lograr la satisfacción al máximo de las necesidades humanas con recursos limitados. no incorporó el desgaste y deterioro del medio como herramienta del análisis económico, sino hasta en fecha muy reciente...El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión ”, ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo... IIIo.- Esta Sala también ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación, sin el cual el primero no podría hacerse efectivo, son derechos fundamentales, de modo que, es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la Administración. El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el proceso de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y del futuro V- Análisis constitucional de la norma impugnada. La ley en cuestión pretende solucionar ¡os casos de los poseedores de las zonas en la Reserva Nacional, permitiendo para ello la titulación de estas propiedades, las cuales quedarían sujetas a los límites establecidos por ley>es especiales en protección al medio ambiente. Por consiguiente la intención del órgano legislador fue permitir a los poseedores actuales. adquirir la propiedad de esos terrenos y lograr mediante ello. que puedan accesar al crédito bancario necesario para intensificar y sistematizar su producción, y poder así acceder a una vivienda digna. Es por lo anterior que a través del artículo impugnado, autorizan al MJNAE a traspasarle al IDA la titulación en reservas forestales. refugios nacionales de vida silvestre y zonas protectoras, disponen que el Poder Ejecutivo puede autorizar la titulación en las zonas limítrofes del país comprendidas después de los doscientos metros contados desde la frontera y autorizan a JAPDEVA para que traspase al IDA, los terrenos con aptitud agropecuaria que administre. Debe señalarse que estos ocupantes se encuentran detentando bienes de dominio público, -de los cuales su naturaleza jurídica ya se consideró anteriormente son bienes que no son sujetos de posesión puesto que son inalienables e imprescriptibles y en virtud de una ley es que se puede hacer posible que estos bienes pasen de un régimen de dominio público al régimen de dominio privado. Sin embargo, toda norma debe ser razonable en la obtención de los fines que pretende, así como del resto del ordenamiento jurídico. Las zonas que se pretenden titular en la norma impugnada fueron protegidas precisamente por la importancia y relevancia que tiene para nuestro país, el mantener un ambiente ecológicamente equilibrado, aunado a los compromisos que ha asumido el país en una serie de convenios internacionales en busca de la protección mundial del medio ambiente. Para el caso en estudio, se deben de considerar las siguientes disposiciones internacionales a saber: el CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y SUS ANEXOS, en el articulo 8 dispone: "Cada parte contratante, en la medida de lo posible y según proceda: Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica...c)Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible, d)Promoverá la protección de los ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales, el Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas...", en igual sentido la CONVENCION PARA LA PROTECCION DE LA FLORA, DE LA FAUNA, Y DE LAS BELLEZAS ESCENICAS NATURALES DE LOS PAISES DE AMERICA, en el articulo 2 indica: "1.-Los Gobiernos Contratantes estudiarán inmediatamente la posibilidad de crear, dentro del territorio de sus respectivos países. los parques nacionales. los monumentos naturales, v las reservas de regiones vírgenes definidos en el articulo precedente. En todos aquellos casos en que dicha creación sea factible se comenzará la misma tan pronto como sea conveniente después de entrar en vigor la presente Convención...", y en el artículo 4: "Los Gobiernos Contratantes acuerdan mantener las reservas de regiones vírgenes inviolables en tanto sea factible, excepto para la investigación científica debidamente autorizada y para inspección gubernamental, o para otros fines que estén de acuerdo con los propósitos para los cuales la reserva ha sido creada", la CONVENCION PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, en el artículo 5 señala: "Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los Estados Partes en la presente convención procurará dentro de lo posible:...d)Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio...", el CONVENIO PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y PROTECCION DE AREAS SILVESTRES PRIORITARIAS EN AMERICA CENTRAL en el articulo 3 dispone: "La conservación de la biodiversidad en hábitats o aguas fronterizas, requiere de la voluntad de todos, y de la cooperación externa, regional y global, en adición a los esfuerzos que las naciones desarrollen, por lo que se invita a la comunidad internacional a participar, técnica y financieramente, en nuestro esfuerzo. la CONVENCION RELA TIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HABITAT DE AVES ACUATICAS. en el artículo 4 señala: "Cada parte contratante fomentará la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas creando reservas naturales en los humedales, estén o no inscritos en la "Lista" y atenderá de manera adecuada su manejo y cuidado...", la DECLARACION DE RIO en el principio 15 alude a un principio precautorio, según el cual, “con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. " La normativa transcrita encierra una serie de compromisos internacionales que fueron adquiridos por nuestro país para ser desarrollados en obtención de los fines propuestos, por lo que la normativa interna del Estado debe estar también acorde con los convenios suscritos y en este sentido, está obligado a desarrollar todos los mecanismos posibles en la protección del medio ambiente lo cual implica proteger las áreas que se consideren importantes para un desarrollo ecológicamente equilibrado y de las cuales se requiere un trato especial para su conservación: por ello es que el Estado no puede ser contradictorio en los fines que le encomienda la misma Constitución Política, en los artículos 7, 21, 50 y 89 a la hora de legislar en un futuro, a menos que efectivamente se considere razonable y proporcionado lo pretendido en ¡a ley que se promulga. En el caso bajo examen, la norma impugnada pretende titular unas zonas que han sido declaradas protegidas, precisamente por ¡o importante que resulta su conservación frente a las diversas actividades propias del hombre que vienen a alterar los ecosistemas y hábitat del medio ambiente que se desarrolla en estos lugares, asi como la preservación de los bosques, los cuales son importantes para la generación de bienes esenciales e invaluables, como lo es el agua. El legislador en la presente ley, pone de manifiesto la necesidad de otorgarle un título de propiedad a los ocupantes de las zonas en cuestión, haciendo ver que la adquisición es con las limitaciones y protecciones ambientales que al respecto existen, sin embargo, del estudio de la norma impugnada se tiene que la facultad de titular en estas áreas, recae sobre un ámbito indiscriminado de aplicación, lo cual. de suceder así. podría estarse titulando áreas en las que son incompatibles muchas de las actividades que realiza el hombre y que podrían perjudicar seriamente el ecosistema ahí desarrollado así como la vulneración que existiría por parte del Estado para poder ejercer una adecuada vigilancia en ellas, lo cual, aún en el caso de que se parta del supuesto de que esas personas han venido ocupando desde hace muchos años estas áreas que son bienes de dominio público, esto no justifica en forma alguna que se pueda titular cualquiera de estas áreas, puesto que, el mismo Estado en protección del medio ambiente puede ordenar el desalojo de estas personas, en aquellas áreas donde más bien su presencia estén produciendo un efecto contraproducente, lo que provocaría consecuentemente, que en el caso de que se titularan este tipo de áreas, tendría el Estado que expropiar un bien que tal vez tuvo que expropiar alguna vez para declararlo zona de protección, incurriéndose en un acto irrazonable. Lo anterior no implica que el Estado no pueda desafectar un área determinada en virtud de que ya no se cumplen los fines para los cuales se le protegió, o que inclusive, se pretenda titular zonas específicas, sin embargo, puede hacerse donde exista un estudio técnico previo que demuestre la naturaleza del área a titular y la posible convivencia tanto del hombre como del ecosistema así como las consecuencias que se deriven de ello, por lo que no se puede permitir que se titulen áreas de esta naturaleza en forma indiscriminada, ya que esto iría contra las mismas políticas conservacionistas del ambiente que ha procurado el Estado en virtud de los cometidos ordenados por la Constitución Política y los Convenios Internacionales que ha suscrito. Esta Sala en sentencia No. 7294-98 del día 13 de octubre de 1998, indicó: " De la sentencia transcrita queda claro que una vez declarada una determinada área como zona protectora por un acto del Estado, no puede éste, simplemente desafectarlo en todo o en parte. para proteger otros intereses -públicos o privados- en menoscabo del disfrute de un ambiente sano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Ahora bien , el hecho de que una norma, del rango que sea, haya declarado como zona protectora una determinada área, no implica la constitución de una zona pétrea, en el sentido de que. de manera alguna, su cabida pueda ser reducida por una normativa posterior. Sin embargo, se debe tener presente que la declaratoria y delimitación de una zona protectora, en cumplimiento de ¡o preceptuado en el artículo 50 constitucional, implica una defensa del derecho fundamental al ambiente y. por ello, la reducción de cabida no debe implicar un detrimento de ese derecho, situación que debe establecerse en cada caso concreto. No resulta necesariamente inconstitucional el hecho de que por medio de una ley posterior se reduzca la cabida de una zona protectora, una reserva forestal, un Parque Nacional o cualesquiera otros sitio de interés ambiental, siempre y cuando ello esté justificado en el tanto no implique vulneración al derecho al ambiente. Podría ser que, por diversas circunstancias, un determinado sitio haya perdido, al menos en parte, el interés ambiental que. en su momento, provocó , lo que, hechos los estudios del caso, justificaría su modificación o reducción, todo en aplicación del principio de razonabilidad constitucional. Del misino modo, la delimitación inicial de una zona protectora -o de otra índole- podría, a la larga, resultar insuficiente y, en razón de esto, motivar la aprobación de una reforma para ampliar la cabida... si para la creación de un área silvestre protectora la Asamblea Legislativa, por medio de una ley, estableció el cumplimiento de unos requisitos específicos, a fin de determinar si la afectación en cuestión es justificada, lo lógico es que, para su desafectación parcial o total, también se deban cumplir determinados requisitos -como la realización de estudios técnicos ambientales- para determinar que con la desafectación no se transgrede el contenido del artículo 50 constitucional. En este sentido, podemos hablar de niveles de desafectación. Así, no toda desafectación de una zona protegida es inconstitucional, en el tanto implique menoscabo al derecho al ambiente o amenaza a éste. De allí, que para reducir un área silvestre protegida cualquiera. la Asamblea Legislativa debe hacerlo con base en estudios técnicos suficientes y necesarios para determinar que no se causará daño al ambiente o se le pondrá en peligro y, por ende, que no se vulnera el contenido del artículo 50 constitucional. El principio de razonabilidad en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente. A juicio de este Tribunal Constitucional, la exigencia que contiene el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, en el sentido de que para reducir un área silvestre protegida por ley formal deben realizarse, de previo, los estudios técnicos que justifiquen la medida, no es sino la objetivación del principio de razonabilidad en materia de protección al ambiente. - Debe rescatarse además. como se señaló líneas arriba, que para otorgar vigencia y cumplir con el numeral 50 de la Constitución Política no basta que las autoridades públicas dicten medidas protectoras del ambiente. También es indispensable que en ejercicio de sus cargos esos mismos funcionarios no emitan actos contradictorios con el citado postulado constitucional tal y como sucede con referencia a la norma cuya constitucionalidad se examina, la cual, aprobada mediante un procedimiento en que se omite un requisito sustancial exigido por una ley vigente, establece la reducción de una superficie declarada como zona protectora. Por tanto, la disposición legal cuestionada, artículo 71 de la Ley No. 771 de la Ley No. 7575. Ley Forestal del 13 de febrero de 1996, también es contraria al artículo 50 de la Constitución Política... Asimismo, la desafectación de gran parte de la zona fronteriza, a pesar de los objetivos que persigue esta ley, tampoco resulta razonable constitucionalmente, puesto que también se desafectan áreas en las cuales no hay ocupantes a los que se pretenda entregar un título, quedando también estas áreas, sin las protecciones y regulaciones que existen en protección de la seguridad nacional, al ya no formar parte éstas de la zona fronteriza, afectándose con ello también, zonas de protección biológica que han sido creadas en esas áreas donde existen bosques primarios, áreas de diferentes grados de alteración y otros de regeneración de humedales que sirven de sitio de anidamiento para cantidad de especies de aves y poblaciones de flora y fauna, algunos casi únicos en su especie, como el corredor biológico que se pretende realizar en la franja fronteriza norte y que en este entendido quedarían también desprotegidas: contrariándose en este sentido toda política de protección en favor del medio ambiente que hubiese realizado el Estado anteriormente. Esta sala en reiteradas ocasiones, ha señalado que los fines de una norma deben ser proporcionados y razonables en virtud del objetivo que pretende lograr, así como de las consecuencias que pueden derivar de ella. y en este sentido, no se puede permitir que por solucionarles un problema social como el de la vivienda a unas cuantas personas en este caso. se pongan en peligro las áreas protegidas del país y se corra un riesgo relevante e inminente que puede perjudicar nuestras áreas de conservación del medio ambiente, violentándose con ello el principio precautorio indicado en la DECLARACION DE RIO y el principio in dubio pro natura, de manera que en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, es decir, si la degradación y el deterioro deben ser minimizados, es necesario que la precaución y la prevención sean los principios dominantes”, La omisión de los estudios técnicos previos y necesarios para establecer cuáles terrenos en concreto, de la finca de JAPDEVA, inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo Folio Real N° 96658-000, pueden ser desafectados sin que se ponga en peligro la protección ambiental de Parques Nacionales y demás áreas protegidas, constituye una violación clara a los artículos 50, 89 y 121. Inciso 14), de la Constitución Política, por violación esencial al procedimiento legislativo. No solo de la revisión del expediente legislativo N° 18838. se constata la omisión apuntada -lo que no podría ser de otra manera en virtud de lo dispuesto en el artículo 2, de la N° 9205. que condiciona la aplicación de la ley a la realización posterior de los estudios técnicos- sino que. en el Informe Técnico Integrado (Jurídico-Socio ambiental) ST.006-2011, elaborado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en relación con el entonces Proyecto de Ley que se tramitó en expediente N° 17.838 (folios 22 a 76 del expediente legislativo), hoy Ley 9205, se consideró que dicho proyecto contenía una serie de aspectos contrarios a la Constitución Política, entre ellos, la carencia de los correspondientes estudios técnicos que justificaran, razonablemente, la desafectación del bien demanial en cuestión.

Más recientemente, la Sala también ha tenido oportunidad de referirse al lema en cuestión, el cual ha sintetizado en los siguientes términos (Voto N° 2012-013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012):

*77/. Requisitos para la disminución territorial de un área ambientalmente protegida En absoluta consonancia con el contenido descrito del artículo 50 constitucional, el legislador y la jurisprudencia constitucional han establecido algunos requisitos para la reducción o desafectación de un área ambientalmente protegida. En ese sentido, el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. Ley N° 7554, dispone: "La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida" Sobre este particular, la Sala Constitucional estableció: “una vez declarada una determinada área como zona protectora por un acto del Estado, no puede éste, simplemente, desafectarlo en todo o en parte, para proteger otros intereses -públicos o privados- en menoscabo del disfrute de un ambiente sano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Ahora bien, el hecho de que una norma, del rango que sea. haya declarado como zona protectora una determinada área, no implica la constitución de una zona pétrea, en el sentido de que, de manera alguna, su cabida pueda ser reducida por una normativa posterior. Sin embargo, se debe tener presente que la declaratoria y delimitación de una zona protectora, en cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 50 constitucional. implica una defensa del derecho fundamental al ambiente y, por ello, la reducción de cabida no debe implicar un detrimento de ese derecho, situación que debe establecerse en cada caso concreto. No resulta necesariamente inconstitucional el hecho de que por medio de una ley posterior se reduzca la cabida de una zona protectora, una reserva forestal, un Parque Nacional o cualesquiera otros sirio de interés ambiental, siempre y cuando ello esté justificado en el tanto no implique vulneración al derecho al ambiente. " (Sentencia de la Sala Constitucional N° 7294-98, en igual sentido Sentencia No. II155-07)). Así que dos son los requisitos esenciales para la reducción de un área territorial ambientalmente protegida o para desafectar un área del régimen jurídico protector al que está sometida: por medio de ley y previa realización de estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida. Al respecto, la Sala ha expresado: "cuando de la ampliación de los ¡imites de las zonas protectoras del patrimonio forestal del Estado se trata es posible hacerlo vía reglamento, pero cuando de su reducción se trata, únicamente se puede hacer vía legal, claro está, siempre y cuando exista un criterio previo que justifique la medida. ” (Sentencia de la Sala Constitucional N° 1056-2009). Siguiendo ese orden de ideas y para mayor abundamiento, la Sala declaró inconstitucional la norma reglamentaria (Decreto Ejecutivo N° 32 753-MINAEj mediante la cual el Poder Ejecutivo disminuyó el territorio del Refugio Gandoca-Manzanillo, sustrayendo del área y del régimen de protección, la zona urbana del Refugio. "El artículo 6° del Decreto 16614-MAG excluyó expresamente de ese refugio la zona urbana de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo. Posteriormente se emitió el DE-23069-M1RENEM de 5 de abril de 1994; el artículo 16 de ese Decreto derogó el art. 6 del DE-16614. La consecuencia inmediata de ello, es que las áreas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo pasaron a formar parte del Refugio Gandoca-Manzanillo. Más adelante se promulgó el Decreto DE-29019-MINA E de 31 de octubre del 2000, el cual, a través del artículo 8 o, derogó el Decreto 23069-MIRENEM; con ello, tácitamente recobró vigencia el artículo 6 del DE-16614. Se produce en ese momento una disminución tácita del territorio de la reserva al excluirse de nuevo las áreas urbanas de Gandoca. Manzanillo y Puerto Viejo, lo que dejaba las cosas en la situación en que lo habría dispuesto el Decreto N° 16614-MAG. Sin embargo, posteriormente el Poder Ejecutivo emitió el DE-32753-MINAE de 16 de mayo del 2005, el cual derogó expresamente el artículo 6 del DE-16614; nuevamente las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo pasan a formar parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, situación que se mantiene a la fecha (...) Es evidente entonces que el Poder Ejecutivo no puede reducir los Límites territoriales de un área silvestre, pero sí puede extenderlos. De ahí que los Decretos cuya derogación o puesta en vigencia hayan producido como consecuencia inmediata el aumento del territorio de una determinada área protegida, son constitucionales. " (Sentencia de la Sala Constitucional N° 5975-2005 de las 15:14 horas del 3 de mayo de 2005). Resulta evidente que estos dos requisitos guardan absoluta conformidad con el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En primer lugar, en esta materia, el régimen jurídico exige que cualquier restricción o limitación del derecho tiene que venir impuesta por ley: por el contrario, cualquier beneficio o ampliación de la protección del derecho puede ser establecida por norma infralegal. En segundo lugar, la exigencia de estudios técnicos previos responde al principio de sometimiento de las decisiones relacionadas con el ambiente a criterios de la ciencia y la técnica, a fin de proteger el equilibrio ecológico del sistema y la sanidad del ambiente. En este sentido, la exigencia de estudios técnicos que justifiquen la aprobación de los proyectos de ley tendientes a la reducción o desafectación de un área ambientalmente protegida, debe ser satisfecha con anterioridad o durante el desarrollo del procedimiento legislativo. Además, el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis científico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Corresponde ahora valorar si se cumplió con esta garantía. Principio precautorio. Para este Tribunal, el principio precautorio aplica cuando no existe certeza científica sobre los riesgos o impacto al ambiente de una medida, los estudios o información disponible generan dudas acerca de los riesgos o de su posible impacto negativo. Por el contrario, el principio de prevención o preventivo aplica en aquellos casos en que existe evidencia científica de que la medida va a causar daños al ambiente. En este segundo caso, la información disponible puede ser suficiente o insuficiente, pero con la que existe, se alcanza un grado de certeza sobre los impactos negativos que la medida va a provocar sobre el ambiente. La diferencia entre uno y otro está en la existencia o no de certeza científica sobre los posibles riesgos o lesiones al ambiente. Sobre los principios lie progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo l y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y articulo I del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos v situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de ir reversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas , políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, ¡a situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: " ...conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional N° 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: "Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio. ” (Sentencia de la Sala Constitucional N° 18702-/0), En consecuencia, en aplicación de estos dos principios, la Sala Constitucional ha establecido que es constitucionalmente válido ampliar por decreto ejecutivo la extensión física de las áreas de protección (principio de progresividad); sin embargo, la reducción solo se puede dar por ley y previa realización de un estudio técnico ajustado a los principios razonabilidad y proporcionalidad, a las exigencias de equilibrio ecológico y de un ambiente sano, y al bienestar general de la población, que sirva para justificar la medida. El derecho vale lo que valen sus garantías, por ello se produce una violación de estos principios citando el estudio técnico incumple las exigencias constitucionales y técnicas requeridas. Si tal garantía resulta transgredida, también lo será el derecho fundamental que la garantía protege y es en esa medida, que la reducción de las áreas protegidas sería inconstitucional. "se viola el derecho al ambiente pues la reducción de un refugio de- vida silvestre claramente no sólo disminuye las posibilidades de gozar de este derecho en la zona de Gandoca-Manzanillo sino que desprotege los recursos naturales de la zona al dejar a las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo a la libre explotación sin restricciones algunas. Evidentemente no es la misma protección que recibe la propiedad cuando se trata de propiedad forestal. Sobre este tipo de propiedad recuérdese que es un tipo diferente de propiedad con características y particularidades propias y un régimen especial, pues se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir ni ser parte del comercio de los hombres. Todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectadas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal, la cual establece un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales. De esta forma, al proceder el decreto impugnado a excluir de la propiedad forestal las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, viola el derecho al ambiente pues tales áreas quedarían fuera de los límites propios de la propiedad forestal que tienden a la conservación y no a la explotación de la propiedad y sus recursos naturales. ” (Sentencia de la Sala Constitucional N° 1056-2009). VI. Sobre el principio de inderogabilidad singular de las normas. La Sala en una consulta legislativa facultativa sobre el proyecto de ley tendiente a la creación de un nuevo cantón en la Provincia de Guanacaste, dispuso que el legislador tuviera que observar para tal efecto, las reglas establecidas en la Ley sobre División Territorial Administrativa: “A juicio de la Sala, el principio general de Derecho que establece que las normas jurídicas obligan incluso a la autoridad que las ha dictado y, dentro de su competencia, a su superior, implica que la ley que disciplina el funcionamiento de la Asamblea Legislativa para el ejercicio de una competencia también constitucional, la vincula en los casos concretos en que haya de ejercerla, lo cual no es más que la aplicación del principio general de la inderogabilidad singular de la norma para el caso concreto; principio general de rango constitucional como que es aplicable a la totalidad del ordenamiento jurídico, como derivación y a la vez condición del Estado de Derecho en su integridad. Todo lo cual significa, en relación con el presente asunto, que para la creación de un nuevo ente territorial municipal ¡a Asamblea Legislativa debe observar la ley que ha dictado con tal propósito, desde luego, sin perjuicio de su potestad de derogarla o reformarla previamente a su ejercicio." (Sentencia de la Sala Constitucional N° 2009-95). Este principio es una conquista del Estado de Derecho surgido de la Revolución francesa , toda vez que era característico del antiguo régimen absolutista que el rey cambiara de criterio según sus intereses. Así que si el legislador desarrollando las garantías constitucionales a favor del ambiente, establece como requisito y garantía del derecho, que para la reducción de las áreas protegidas se requiere de ley y de un estudio técnico suficiente y completo que la justifique, tal disposición vincula, en virtud del principio, al propio órgano legislativo que la dictó. (...) VIH. Potestad del legislador. Dentro del marco de la Constitución, el legislador tiene la potestad y competencia para reducir las dimensiones físicas de las áreas ambiental mente protegidas. Sin embargo, con fundamento en el artículo 50 constitucional las decisiones legislativas en esta materia deben respetar las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, en aras de garantizar un ambiente "sano" y “ecológicamente equilibrado" y el "mayor bienestar de todos los habitantes El estudio técnico que exige el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente tiene que responder a estos propósitos, para cuyo efecto no basta un cumplimiento formal porque se trata de un requerimiento material, es decir que debe materialmente demostrar, mediante un análisis técnico e individualizado. el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este. Demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Se debe subrayar que la Sala, en el sub examine, no ha procedido a evaluar técnicamente la calidad del estudio técnico en cuestión, sino que las objeciones esbozadas en cuanto a¡ mismo están referidas a omisiones evidentes y manifiestas que saltan a la vista a partir de su mera lectura. Así, en un caso similar, la Sala Constitucional expresó: "Lo anterior no implica que el Estado no pueda desafectar un área determinada en virtud de que ya no se cumplen los fines para los cuales se le protegió, o que inclusive, se pretenda titular zonas específicas, sin embargo, puede hacerse donde exista un estudio técnico previo que demuestre la naturaleza del área a titular y la posible convivencia tanto del hombre como del ecosistema así como las consecuencias que se deriven de ello, por lo que no se puede permitir que se titulen áreas de esta naturaleza en forma indiscriminada, ya que esto iría contra las mismas políticas conservacionistas del ambiente que ha procurado el Estado en virtud de los cometidos ordenados por la Constitución Política y los Convenios Internacionales que ha suscrito". (Sentencia número 1999-2988), Al haber quedado establecido un vicio esencial del procedimiento legislativo, respecto de lo cual resulta vinculante el criterio de este Tribunal, resulta innecesario referirse a los demás extremos consultados en cuanto al fondo (ver Sentencia N° 2010-012026)".

En este caso, no existe duda, para este Tribunal Constitucional, que el legislador incurrió en un vicio esencial en el procedimiento legislativo en la promulgación de la Ley N° 9205, objeto de esta acción de inconstitucionalidad, dado que no existe un estudio técnico previo que demuestre la naturaleza de los terrenos a titular y la posible afectación del medio ambiente, producto de la convivencia tanto de las personas como del ecosistema, así como las consecuencias que de esto se deriven, situación que no se subsana con la realización, de forma posterior a la promulgación de la ley, de los estudios técnicos que se echan de menos, puesto que ello permitiría que se titulen, indiscriminadamente -o, al menos, que se pongan en peligro-, áreas de importancia medioambiental o pertenecientes al patrimonio natural del Estado, lo que resultaría contrario a las mismas políticas conservacionistas del ambiente que ha procurado el Estado en virtud de los cometidos ordenados por la Constitución Política y los Convenios Internacionales que ha suscrito. F.I apuntado vicio esencial en el procedimiento legislativo afecta a toda la ley, no solo a los artículos que, en concreto, establecen la desafectación del bien demanial en cuestión ó que postergan la realización de los estudios técnicos para una etapa posterior a la promulgación de la ley. Además, no tendría sentido que algunos artículos de la Ley N° 9205 mantuvieran su vigencia, ya que, sin la posibilidad de titular esos terrenos a nombre de particulares, que es el objetivo primordial de ley, esta carecería de toda razón. Esto implica, también, que las reformas al inciso f) del artículo 1, y al artículo 11, de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley N° 139, de 14 de julio de 1941, y sus reformas, que contiene el artículo 17, de la Ley N:0 9205 ahora declarada inconstitucional, se deben tener por no hechas, motivo por el cual se restituye el texto de esas normas inmediatamente anterior a la reforma operada por la legislación anulada. Dada la manera en que se resuelve esta acción, se omite, por innecesario, el examen de los demás reparos de constitucionalidad que plantean los accionantes por el fondo, con excepción de lo que sobre el contenido de fondo de la ley impugnada se dice en el siguiente considerando.

- Aclaración final. Esta Sala declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 9221 de 27 de marzo de 2014, mediante Voto N° 2016-000811, de las 11:49 horas del 29 de enero de 2016, cuando discutió la inconstitucionalidad de! artículo 8, de la Ley Marco para la Declaración Urbana Litoral, su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial. Esa ley establece la posibilidad para que las regulaciones relacionadas con los bienes demaniales o Patrimonio Natural del Estado puedan utilizarse por parte de las poblaciones. La Ley N° 9221 establece un esquema regulatorio detallado y exhaustivo en aras de la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, además de implementar algunos derechos económicos y sociales importantes a favor de las comunidades costeras de todo el país. En el caso que nos ocupa, la situación contrasta en varios aspectos, porque es una ley que desplaza todas las regulaciones y seguridades establecidas en la Ley N° 9221 (criterios de prevalencia de la ley especial y por la materia), concretamente, porque contiene dentro de la materia regulada poblaciones. Así, la Asamblea Legislativa desafecta una sola finca, visible a folio real N° 96658 de JAPDEVA, para ser objeto de estudios técnicos posteriores que no aclara cuáles son aunque sí refiere que sean conforme al artículo 38, de la Ley Orgánica del Ambiente y de la respectiva de SINAC para el Patrimonio Natural del Estado. Esto, claramente, elimina el minucioso tratamiento de la Ley N° 9221, que tiene, dentro de sus características, la competencia de una Comisión interinstitucional de las Zonas Urbanas Litorales que, de previo a otorgar una declaratoria de zona urbana litoral, requiere de una solicitud formal de una Municipalidad, un plan regulador costero, dictamen favorable del ICT, linderos ge referenciada del IGN, y evaluación de impacto ambiental estratégico del área que se pretende declarar aprobada por la SETENA, y una declaratoria de área urbana del INVU. A partir de ese momento, la Ley N° 9221 prescribe que la municipalidad debe desarrollar el plan regulador urbano respectivo que, en sí mismo, es garantía del medio ambiente y de desarrollo social. Evidentemente, la Asamblea Legislativa impone una condición suspensiva de los efectos de la Ley Nº 9205, con el fin de realizar los estudios técnicos, quedando desafectada directamente el área para su titulación por medio de la Ley de Informaciones Posesorias por orden de un Juez, o las Municipalidades, si se tratara de una concesión al amparo de la Ley Marítimo-Terrestre, sin que haya las garantías suficientes y necesarias, en los poblados con ordenamientos territoriales, para la adecuada protección al ambiente sano y ecológicamente equilibrado del artículo 50, Constitucional. Son supuestos totalmente diferentes, con un abordaje muy laxo de protección; por ende, el razonamiento para resolver debe ser igualmente consecuente con estas circunstancias particulares y distintas de cada ley, razón por la cual, la ley- cuestionada, también presenta roces de constitucionalidad en cuanto a su contenido.

MI.- Conclusión. Con base en las anteriores consideraciones, se declara inconstitucional la Ley N° 9205. de 23 de diciembre de 2013, Ley de Titulación en inmueble propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), por haberse incurrido en un vicio esencial en el procedimiento legislativo para su promulgación, con lo cual resulta contraria a los principios de racionalidad y proporcionalidad constitucional, así como a los artículos 50, 89 y 121, inciso 14), de la Constitución Política. Esta declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de emisión de la norma anulada, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Por tanto:

Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula la Ley N° 9205, de 23 de diciembre de 2013, Ley de Titulación en Inmueble Propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), declaratoria que alcanza también a la reforma de los artículos 1. Inciso f), y 11, ambos de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley N° 139, de 14 de julio de 1941, y sus reformas, operada por el artículo 17, de la legislación anulada. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la Ley anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Los Magistrados Cruz Castro y Hernández Gutiérrez ponen notas separadas. Comuníquese este pronunciamiento al Poder Legislativo, así como a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.- Fernando Cruz C. Fernando Castillo V. Luis Fdo. Salazar A. José P. Hernández L. Aracelly Pacheco S. Ronald Salazar M. Alicia Salas T.

Nota Magistrado Cruz C.

En esta acción de inconstitucionalidad se consideró que la inexistencia de un estudio técnico previo que demuestre la posible afectación del ambiente, ocasionó un vicio esencial en el procedimiento legislativo de la ley impugnada. Lo cual, afectó a toda la ley. Por ello, se consideró que el examen de los demás reparos de constitucionalidad por el fondo, resultaban innecesarios. Sin embargo, he querido consignar una nota a efectos de realizar algunas reflexiones por el fondo.

Considero que la falta de estudios previos para la disminución de un área ambientalmente protegida, ciertamente es un vicio de procedimiento, pero también es un vicio de fondo, por violación directa al derecho al ambiente (art.50 Constitucional) y a la protección de los bienes de dominio público (art.121.14 Constitucional).

Como se dijo en el voto no. 18702-2010 "no se puede permitir que se titulen áreas de esta naturaleza en forma indiscriminada, ya que esto iría contra las mismas políticas conservacionistas del ambiente que ha procurado el Estado en virtud de los cometidos ordenados por la Constitución Política y los Convenios Internacionales que ha suscrito". Además, debe tomarse en cuenta que, dichos estudios previos deben contar con ciertos requisitos, pues no se trata de una mera formalidad. El estudio técnico que exige el articulo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y que es la objetivación del principio constitucional de razonabilidad en materia de protección al ambiente, requiere de un análisis técnico que implica un análisis individualizado, el cual debe contener como mínimo las siguientes medidas:

El grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente; Las recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en el ambiente; La demostración de cómo la medida que se toma, implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.

En síntesis, dicho estudio previo debe demostrar que la desafectación es conforme con la protección constitucional al derecho al ambiente.

Por otro lado, tal como se dijo, también se trató en el fondo de una violación a la protección y conservación de los bienes de dominio público. Tal como se dijo en el voto número 4587-1997: "la propiedad forestal se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir, ni para ser parte del comercio de los hombres." Es un deber constitucional, proteger un preservar la integridad del ambiente, lo cual comprende la protección de la riqueza forestal.

De esta forma he querido consignar esta nota para agregar que, ciertamente se trató en este caso de una violación al procedimiento legislativo, pero también una violación al fondo del Derecho de Constitución.

Fernando Cruz C.

Acción de Inconstitucionalidad #14-004297-0007-00 Res. # 2375 de 15 de febrero de 2017 MOTA DEL MAGISTRADO HERNANDEZ GUTIERREZ I.- Que la Ley #9205 de 23 de diciembre de 2014, denominada "TITULACIÓN EN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA", rige a partir de su publicación, acaecida en La Gaceta #40 de 26 de febrero de 2014, Alcance # 4. Esta acción se interpuso del 03 de abril del 2014, es decir 1 mes y 1 semana después de la promulgación; los avisos informativos de su interposición y curso, se publicaron en los Boletines Judiciales #105 de 3 de junio, #106 de 4 de junio y #107 del 05 de junio de 2014, es decir, 2 meses después de su presentación Según el artículo 1º de dicha Ley, su objetivo es autorizar la titulación de inmuebles en el Registro Público, por parte de las personas que sean poseedoras “en” la finca de JAPDEVA, #96658-000 DE LA Provincia de Limón. El artículo 2º, señala como condición para la aplicación de la Ley, la previa realización de los estudios técnicos para determinar las áreas que constituyen patrimonio natural del Estado. Delimitadas las áreas que no formen parte de ese patrimonio, respecto de que si son, la persona poseedora podría titular a su nombre el terreno, por medio de la Ley de Informaciones Posesorias. Y el transitorio III, expresa que el órgano específico llamado a hacer tales estudios con cargo a su presupuesto, es el Sistema Nacional de áreas de Conservación (SINAC). II.- Que es cierto que entre las fechas de publicación de la Ley y la de los avisos, transcurrió un plazo de escasos 3 meses y 1 semana, con lo cual podría suponerse que ningún poseedor pudo inscribir ninguna finca, en el Registro Público, ni que se hicieron los estudios técnicos de implementación, dada esa fugacidad. Pero también es verdad que en estos autos no existen elementos de convicción que demuestren que al amparo de esta ley, no se dieran esos hechos. Y es razonable que no exista tal acopio de información, pues aquí se trata de un juicio abstracto a la norma, y no de verificar cuestiones de hecho, aun cuando relacionadas por el desplazamiento de sus efectos prácticos. Frente a esta circunstancia fáctica, estimo oportuno graduar y dimensionar de algún modo, el efecto retroactivo de la anulación constitucional, en tiempo y espacio, para evitar graves dislocaciones a la seguridad (jurídica en este caso), la justicia o la paz social, al amparo del artículo 91, párrafo 2º, de la ley que regula esta jurisdicción; de modo que en el hipotético caso de que antes de la publicación de los avisos de esta acción, en el boletín judicial, algún poseedor logró inscribir su inmueble, en las condiciones dispuestas por la ley aplicada, tendrá derecho a conservar la titulación registral, en el tanto y cuando el patrimonio natural del Estado, como variable ambiental, estaría salvaguardado.

José P. Hernández G.

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Implementing decreesDecretos que afectan

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      Concept anchorsAnclajes conceptuales

      • Ley 9205
      • Ley Orgánica del Ambiente 7554 Art. 38
      • Constitución Política Art. 50
      • Constitución Política Art. 89
      • Constitución Política Art. 121 inciso 14
      • Ley de Informaciones Posesorias 139 Arts. 1 inciso f) y 11

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