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Res. 20831-2018 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/12/2018
OutcomeResultado
The Chamber ordered the Environmental Administrative Tribunal to complete the investigation, take appropriate measures based on its findings, and notify the complainant within a non-extendable six-month period.La Sala ordenó al Tribunal Ambiental Administrativo concluir la investigación, adoptar las medidas procedentes según sus hallazgos y notificar al denunciante dentro del plazo improrrogable de seis meses.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo against the Environmental Administrative Tribunal because of its unjustified delay in processing a complaint filed in June 2016 concerning possible environmental harm caused by a bus workshop. The allegations involved fuel storage, improper management of solid and liquid waste, wastewater discharges, and other irregularities potentially affecting neighbors’ health, quality of life, landscape, and environment. Although the Tribunal requested reports and conducted a joint inspection in December 2017, which disclosed possible irregularities and produced several recommendations, it subsequently allowed the proceeding to come to a complete standstill. Nearly one year later, it had taken no decisive measures to verify or rule out the allegations, address any environmental problems, or inform the complainant about the inspection and subsequent actions. The Chamber held that this inactivity amounted to delayed administrative justice and could prolong significant environmental harm. It therefore ordered the Tribunal to finish the investigation, take all appropriate measures based on its findings, and notify the complainant of the complete decision within six months.La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo contra el Tribunal Ambiental Administrativo por el retardo injustificado en la tramitación de una denuncia presentada en junio de 2016 sobre posibles daños ambientales ocasionados por un taller de autobuses. La denuncia comprendía almacenamiento de combustibles, manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos, vertido de aguas residuales y otras irregularidades que podían afectar la salud, la calidad de vida, el paisaje y el ambiente de los vecinos. Aunque el Tribunal solicitó informes y realizó una inspección conjunta en diciembre de 2017, cuyos resultados revelaron posibles irregularidades y generaron recomendaciones, después paralizó completamente el procedimiento. Casi un año más tarde no había adoptado medidas para comprobar o descartar los hechos, resolver los posibles problemas ambientales ni informar al denunciante. La Sala consideró que esa inactividad constituía retardo de justicia administrativa y podía prolongar una afectación ambiental, por lo que ordenó concluir la investigación, adoptar las medidas procedentes y notificar lo resuelto dentro de seis meses.
Key excerptExtracto clave
According to the sworn report, the inspection produced results demonstrating the existence of possible irregularities and led to several recommendations. However, it has also become evident that, following that inspection, the Environmental Administrative Tribunal brought the proceeding to a complete standstill. At this point, nearly one year later, there is no record that the respondent adopted any decision or decisive measure to prove or rule out the reported facts or, if they were true, issued specific decisions to remedy the environmental problems that might be occurring. Nor does the record show that the complainant was kept informed of the actions taken or even of the inspection’s results. In the Chamber’s view, the complainant is correct in asserting that there has been a delay of administrative justice, an omission that could be significantly affecting the environment in the reported area. The amparo is therefore warranted, and the respondent authority is ordered, within the non-extendable period of six months from notice of this judgment, to conclude the investigation arising from the complainant’s report, adopt the appropriate measures in light of what is established, and notify the complainant of everything decided.Según se ha informado bajo juramento, la inspección obtuvo resultados que demostraron la existencia de posibles irregularidades y dio origen a la emisión de varias recomendaciones; sin embargo, también ha quedado en evidencia que luego de esa inspección, el Tribunal Ambiental Administrativo ha paralizado el proceso por completo y, en este momento, casi a un año después, no consta que el accionado hubiera adoptado alguna decisión o medida contundente para demostrar los hechos denunciados o descartarlos y en caso de que fueren ciertos, resoluciones precisas para dar solución a los problemas ambientales que se pudieren estar dando. Igualmente, no consta en el expediente que el recurrente hubiere sido puesto al corriente de las actuaciones llevadas a cabo y ni siquiera, del resultado de la inspección efectuada. En criterio de la Sala, lleva razón el recurrente al manifestar que ha existido un retardo de justicia administrativa; omisión que pudiere estar afectando considerablemente el ambiente en la zona denunciada. En consecuencia, el amparo es procedente, ordenándose a la autoridad accionada que dentro del improrrogable plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, se culmine la investigación que se está realizando a partir de la denuncia del recurrente, se adopten medidas que sean procedentes en atención a lo que se logre comprobar y se notifique todo lo resuelto al recurrente.
Pull quotesCitas destacadas
"Se tiene como un hecho no demostrado que después de la inspección realizada el 13 de diciembre del 2017, el Tribunal Ambiental Administrativo hubiera adoptado alguna medida, o haya dictado alguna orden para comprobar de manera fehaciente lo denunciado, ni mucho menos para dar una solución definitiva (hecho no controvertido)."
"It has not been demonstrated that, after the inspection conducted on December 13, 2017, the Environmental Administrative Tribunal adopted any measure or issued any order to conclusively verify the allegations, much less provide a definitive solution (an undisputed fact)."
Considerando III
"Se tiene como un hecho no demostrado que después de la inspección realizada el 13 de diciembre del 2017, el Tribunal Ambiental Administrativo hubiera adoptado alguna medida, o haya dictado alguna orden para comprobar de manera fehaciente lo denunciado, ni mucho menos para dar una solución definitiva (hecho no controvertido)."
Considerando III
"Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción -respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional-, pues se está ante el presunto retardo de la autoridad accionada en atender -dentro de un plazo razonable- una denuncia por presunta contaminación ambiental que está afectando al recurrente así como a los vecinos del sitio en el que, presuntamente, se estaría dando."
"This case presents an exception—supported by a majority of this Constitutional Court—because it concerns the respondent authority’s alleged delay in addressing, within a reasonable time, a complaint about suspected environmental pollution affecting the complainant and the residents of the place where it is allegedly occurring."
Considerando IV
"Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción -respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional-, pues se está ante el presunto retardo de la autoridad accionada en atender -dentro de un plazo razonable- una denuncia por presunta contaminación ambiental que está afectando al recurrente así como a los vecinos del sitio en el que, presuntamente, se estaría dando."
Considerando IV
"No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
"Nevertheless, I do examine the merits when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Constitution)."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"Se declara con lugar el recurso."
"The amparo is granted."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Document Review *180167970007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty in the morning on the fourteenth day of December, two thousand eighteen.
Amparo proceeding (recurso de amparo) filed by Cristian Delgado Salas, of legal age, married, holder of identity card 4-0164-0108, resident of Heredia, against the Tribunal Ambiental Administrativo.
Facts:
has the respective operating permit; (b) conduct an inspection of that company to verify the operation, permits, and other relevant aspects that the institution may deem appropriate concerning the intakes found during the inspection; (c) request that the Water Directorate of MINAE issue a determination regarding the nature and current condition of the natural depression observed at the site, which was previously purportedly known as Quebrada Seca; (d) request that the Ministerio de Salud report whether both the bus-washing wastewater treatment system (sistema de tratamiento de las aguas residuales de lavado de autobuses) and the fuel-tank system have the respective operating permits and whether there is any type of operational report showing the quality of the effluent (efluente), and also indicate whether the maintenance and operation of those treatment systems are recorded in the respective logbook (bitácora); (e) that the Ministerio de Salud also report whether the company submitted a Solid and Liquid Waste Management Plan (Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos) and indicate whether it has been approved; (f) that said Ministry report the actions resulting from the inspection regarding the management of wastewater from the washing basin at the Bus Maintenance Workshop, as well as the spill-containment system (sistema de contención de derrames), because at the time of the inspection these were not operating properly and their implementation was pursuant to an order issued by the Ministerio de Salud; it shall also indicate whether those systems had the respective permit from that Ministry.
He adds that, because the complaint in this matter raises a risk of alleged harm to groundwater (aguas subterráneas), the Tribunal he represents could consider requesting, if appropriate, that SENARA determine whether the site that is the subject of the complaint is located in an aquifer-recharge vulnerability zone (zona de vulnerabilidad para la recarga de acuíferos). He concludes by stating that the entity he represents will proceed as appropriate. He requests that the appeal (recurso) be denied insofar as it concerns the entity he represents, because the matter is at the preliminary investigation stage (etapa de investigación preliminar) and in view of the request submitted on 30 de julio for consideration of a possible interim measure (medida cautelar).
Justice Hernández López drafts the opinion; and,
Considering:
I.Subject matter of the appeal. The appellant alleges that on June 1, 2016, he filed an environmental complaint (denuncia ambiental) with the respondent authority because the bus workshop neighboring his property has tanks in which it stores fuel without taking the necessary precautions. He states that the area has become a sort of illegal dumping ground due to the improper management of solid and liquid waste (residuos sólidos y líquidos), which pollutes and endangers the health, quality of life, landscape, and environment of the residents. He argues that the only action taken by the Environmental Tribunal occurred in December 2017, when part of the situation affecting those concerned was verified, and that he subsequently reiterated his complaint on July 30, 2018, because his initial filing had not been addressed; however, as of the date this appeal was filed, his complaints had not been addressed. He therefore considers his fundamental rights to have been violated and requests that this appeal be granted, with the corresponding consequences.
Proven facts. The following facts are deemed duly established and relevant to the resolution of this matter:
III.Unproven fact. It is deemed unproven that, following the inspection conducted on December 13, 2017, the Tribunal Ambiental Administrativo adopted any measure or issued any order to conclusively verify the matters reported, much less to provide a final resolution (undisputed fact).
IV.Preliminary Matter. Before analyzing the merits of the matter—concerning the alleged violation of the right to prompt and proper proceedings—it must be clarified that, since judgment No. 2008-02545 of 8 hours 55 minutes on 22 de febrero de 2008, this Sala has referred to the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa)—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative proceedings (procedimientos administrativos especiales), for the issuance of a final administrative act (acto final) resolving an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—or for deciding the applicable administrative appeals (recursos administrativos). This case presents precisely such an exception—supported by the majority of this Tribunal Constitucional—because it concerns the alleged delay by the respondent authority in addressing, within a reasonable period, a complaint concerning alleged environmental pollution that is affecting the appellant and the residents of the location where it is allegedly occurring. Having clarified this point, the specific situation raised in this amparo proceeding (amparo) shall now be decided.
V.Merits. As is apparent from the case file and has even been acknowledged under oath, the appellant filed an environmental complaint with the Tribunal Ambiental Administrativo on 1 de junio del 2016, which was assigned administrative case file No. 99-16-03-TAA. Through resolution No. 751-16-TAA of 21 de junio del 2016, the Tribunal Ambiental Administrativo requested reports from the local Ministerio de Salud and the Municipalidad de Barva de Heredia. The record likewise shows that the accusation brought by the appellant states that the bus workshop neighboring his property has tanks in which it stores fuel without taking the necessary precautions, and that the area has also become a kind of illegal dumping site because of the improper management of solid and liquid waste that pollutes and endangers the residents’ health, quality of life, landscape, and environment. The case file shows that several similar complaints were subsequently filed, as were repeated requests by the appellant.
It further shows that, through resolution No. 1532-17-TAA of 7 de noviembre del 2017, the Tribunal Ambiental Administrativo agreed to conduct a joint inspection with the complainant, the Ministerio de Salud, and the Municipalidad de Barva, which was to take place on 13 de diciembre del 2017. It has likewise been established that on 23 de noviembre del 2016, the Tribunal Ambiental Administrativo received official letter No. CN-ARS-SR-B2510-2016 from the Ministerio de Salud, stating that the sound measurement could not be performed because the complainant indicated that neither he nor any family member could be present. The record shows that on 13 de diciembre del 2017, at 10 hours 30 minutes, an on-site inspection (inspección in situ) was conducted to follow up on case file 99-16-03-TAA. The inspection was authorized by the attorney and officials present from Transportes Filemón Villalobos e Hijos S.A. Before the inspection began, a meeting was held with representatives of Transportes Filemón Villalobos e Hijos S.A., during which the purpose of the visit was explained and the company’s attorney was shown the administrative resolutions through which the Tribunal Ambiental summoned those present to the inspection.
According to the information provided under oath, the inspection produced findings demonstrating the existence of possible irregularities and led to the issuance of several recommendations. Nevertheless, it has also been established that, following that inspection, the Tribunal Ambiental Administrativo brought the proceeding to a complete standstill and that, at present, almost one year later, there is no indication that the respondent has adopted any decision or decisive measure to substantiate or rule out the reported facts or, should they prove true, any specific resolutions to address the environmental problems that may be occurring. Nor does the case file show that the appellant was informed of the actions taken or even of the results of the inspection. In the Sala’s view, the appellant is correct in asserting that there has been a delay in administrative justice, an omission that could be causing considerable harm to the environment in the reported area.
Consequently, the amparo is granted, and the respondent authority is ordered, within the non-extendable period of 6 months from notification of this judgment, to complete the investigation being conducted on the basis of the appellant’s complaint, adopt the measures warranted by the findings, and notify the appellant of all decisions issued.
In environmental matters, it is the undersigned Justice’s view that, where the Public Administration has already intervened, jurisdiction to hear and resolve the matter lies with the administrative litigation jurisdiction. Nevertheless, I do address the merits when other rights of persons affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy, pollution-free environment (article 50 of the Constitución Política), as in this case, which alleges pollution problems originating from a bus workshop neighboring the appellant’s property, where fuel is stored without taking the necessary safety measures, as well as from an illegal dumping site created in the area where solid and liquid waste is improperly managed. This also endangers the health of the protected party and the other local residents, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified standard of quality of life.
The parties are advised that, if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be collected from the court office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, all material not collected within that period shall be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of 22 de agosto del 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 de enero del 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on 3 de mayo del 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is granted. Ana Lorena Polanco Morales, in her capacity as Acting President of the Tribunal Ambiental Administrativo, or whoever holds that office in her stead, is ordered to adopt the measures necessary to ensure that, within the period of 6 months from notification of this judgment, the investigation being conducted on the basis of the appellant’s complaint is completed, the measures warranted by the findings are adopted, and the appellant is notified of all decisions issued. The foregoing is ordered with the warning that failure to comply with said order shall constitute the offense of disobedience and that, pursuant to article 71 of the Law governing this jurisdiction, any person who receives an order issued in an amparo proceeding that the person is required to comply with or enforce, and fails to comply with or enforce it, shall be sentenced to imprisonment for three months to two years, or twenty to sixty day-fines, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.
The State is ordered to pay the legal costs and the damages and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be quantified during enforcement of the judgment before the administrative litigation jurisdiction. This resolution shall be served personally on Ana Lorena Polanco Morales, in her capacity as Acting President of the Tribunal Ambiental Administrativo, or whoever holds that office in her stead. Justice Salazar Alvarado files a note.- Nancy Hernández L.
Acting President Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Ronald Salazar Murillo Hubert Fernández A.
*NQ47IBIDONJA61* CASE FILE N° 18-016797-0007-CO Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Filing of matters involving vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
Revisión del Documento *180167970007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de diciembre de dos mil dieciocho .
Recurso de amparo interpuesto por Cristian Delgado Salas, mayor, casado, portador de la cédula de identidad 4-0164-0108, vecino de Heredia; contra el Tribunal Ambiental Administrativo.
Resultando:
Redacta la Magistrada Hernández López; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. Alega el recurrente que el 1° de junio de 2016 presentó una denuncia ambiental ante la autoridad recurrida ya que el taller de autobuses, del cual es vecino, tiene tanques donde almacena combustibles sin tomar las medidas necesarias del caso. Comenta que en la zona se ha creado una especie de botadero clandestino debido al mal manejo de residuos sólidos y líquidos que contaminan y ponen en riesgo la salud, la calidad de vida, el paisaje y el ambiente de los habitantes. Argumenta que la única gestión realizada por el Tribunal Ambiental se llevó a cabo en el mes diciembre de 2017 donde se comprobó parte de la situación que viven los afectados y luego, el 30 de julio de 2018, reiteró su denuncia dado que no se había atendido su primera gestión; sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso, no se han atendido sus reclamos, por lo que estima lesionados sus derechos fundamentales y pide que se declare con lugar este recurso, con sus consecuencias.
Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
III.Hecho no probado. Se tiene como un hecho no demostrado que después de la inspección realizada el 13 de diciembre del 2017, el Tribunal Ambiental Administrativo hubiera adoptado alguna medida, o haya dictado alguna orden para comprobar de manera fehaciente lo denunciado, ni mucho menos para dar una solución definitiva (hecho no controvertido).
IV.Cuestión Preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8 horas 55 minutos del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción -respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional-, pues se está ante el presunto retardo de la autoridad accionada en atender -dentro de un plazo razonable- una denuncia por presunta contaminación ambiental que está afectando al recurrente así como a los vecinos del sitio en el que, presuntamente, se estaría dando. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
V.Sobre el fondo. Según se desprende de autos e inclusive ha sido reconocido bajo juramento, el recurrente presentó denuncia ambiental ante el Tribunal Ambiental Administrativo el 1 de junio del 2016, a la cual se le asignó el número de expediente administrativo No. 99-16-03-TAA, siendo que mediante resolución No. 751-16-TAA del 21 de junio del 2016, el Tribunal Ambiental Administrativo procedió a solicitar informes al Ministerio de Salud local y a la Municipalidad de Barva de Heredia. De igual manera, consta que la acusación que planteó el recurrente señala que el taller de autobuses, del cual es vecino, tiene tanques donde almacena combustibles sin tomar las medidas necesarias del caso, además de que en la zona se ha creado una especie de botadero clandestino debido al mal manejo de residuos sólidos y líquidos que contaminan y ponen en riesgo la salud, la calidad de vida, el paisaje y el ambiente de los habitantes.
Se desprende del expediente que posteriormente se presentaron varias denuncias similares, así como también reiteraciones de parte del recurrente, constando además que mediante resolución No. 1532-17-TAA del 7 de noviembre del 2017, el Tribunal Ambiental Administrativo acordó realizar una inspección conjunta con el denunciante, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Barva, la cual se realizaría el 13 de diciembre del 2017. De igual manera, ha quedado demostrado que el 23 de noviembre del 2016 se recibió en el Tribunal Ambiental Administrativo el oficio No. CN-ARS-SR-B2510-2016 del Ministerio de Salud indicando que no se pudo realizar la medición del sonido porque el denunciante manifestó que él no podía estar presente, ni tampoco ningún familiar. Consta que el 13 de diciembre del 2017, al ser las 10 horas con 30 minutos, se realizó inspección in situ para dar seguimiento al expediente 99-16-03-TAA; inspección que fue autorizada por el abogado y funcionarios presentes de la empresa Transportes Filemón Villalobos e Hijos S.A., siendo que antes de iniciar la inspección se mantuvo una reunión con los personeros de la empresa Transportes Filemón Villalobos e Hijos S.A. donde se explicó el objetivo de la visita y se le mostró al abogado de la empresa las resoluciones administrativas en las cuales el Tribunal Ambiental citó a los presentes a la inspección.
Según se ha informado bajo juramento, la inspección obtuvo resultados que demostraron la existencia de posibles irregularidades y dio origen a la emisión de varias recomendaciones; sin embargo, también ha quedado en evidencia que luego de esa inspección, el Tribunal Ambiental Administrativo ha paralizado el proceso por completo y, en este momento, casi a un año después, no consta que el accionado hubiera adoptado alguna decisión o medida contundente para demostrar los hechos denunciados o descartarlos y en caso de que fueren ciertos, resoluciones precisas para dar solución a los problemas ambientales que se pudieren estar dando. Igualmente, no consta en el expediente que el recurrente hubiere sido puesto al corriente de las actuaciones llevadas a cabo y ni siquiera, del resultado de la inspección efectuada. En criterio de la Sala, lleva razón el recurrente al manifestar que ha existido un retardo de justicia administrativa; omisión que pudiere estar afectando considerablemente el ambiente en la zona denunciada.
En consecuencia, el amparo es procedente, ordenándose a la autoridad accionada que dentro del improrrogable plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, se culmine la investigación que se está realizando a partir de la denuncia del recurrente, se adopten medidas que sean procedentes en atención a lo que se logre comprobar y se notifique todo lo resuelto al recurrente.
En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusan problemas de contaminación provenientes de un taller de autobuses, del cual es vecino el recurrente, lugar donde se almacena combustible, sin tomar la medidas de seguridad necesarias; así como de un botadero clandestino creado en la zona, con mal manejo de los residuos sólidos y líquidos, lo que también pone en riesgo la salud del amparado y demás vecinos del lugar, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ana Lorena Polanco Morales, en su calidad de Presidenta a.í. del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que adopte las medidas que sean necesarias para que, dentro del plazo de plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, se culmine la investigación que se está realizando a partir de la denuncia del recurrente, se adopten las medidas que sean procedentes en atención a lo que se logre comprobar, y se notifique todo lo resuelto al recurrente. Lo anterior bajo la advertencia que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Ana Lorena Polanco Morales, en su calidad de Presidenta a.í. del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, en forma personal. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.- Nancy Hernández L.
Presidenta a.i.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Ronald Salazar Murillo Hubert Fernández A.
*NQ47IBIDONJA61* EXPEDIENTE N° 18-016797-0007-CO
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