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Res. 20358-2018 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/12/2018
OutcomeResultado
The Chamber partially granted the amparo, ordering the MEP to begin and complete infrastructure works within 18 months and to adopt health measures for the start of the 2019 school year.La Sala declaró parcialmente con lugar el recurso, ordenando al MEP iniciar y finalizar las obras de infraestructura en un plazo de 18 meses y adoptar medidas de salubridad para el inicio del curso lectivo 2019.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo action filed by teachers of Liceo del Sur against the Ministry of Public Education (MEP) due to the poor infrastructure conditions of the educational center, including leaks from holes in zinc roofing, dampness, flooding, deficient electrical installations, and pest infestations, which affected a healthy environment and the safety of students and staff. The Chamber found that, although the MEP and the Administrative Board had taken partial actions such as replacing roofs in the dining and music areas, there was a clear delay in comprehensively addressing the problems. Based on jurisprudence on the right to a healthy and ecologically balanced environment in educational centers, the Chamber partially granted the amparo and ordered the MEP to begin and complete the necessary works within 18 months, and to adopt engineering and health measures for the start of the 2019 school year. Regarding the obstruction of the entrance by trucks, the amparo was dismissed for lack of evidence. The ruling includes a separate opinion by Justice Hernández López on the admissibility of amparo in such cases.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por docentes del Liceo del Sur contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) por las deficientes condiciones de infraestructura del centro educativo, que incluían filtraciones por huecos en el zinc, humedad, inundaciones, instalación eléctrica deficiente y presencia de plagas, lo cual afectaba un ambiente sano y la integridad de estudiantes y personal. La Sala constató que, aunque el MEP y la Junta Administrativa habían realizado acciones parciales como cambio de techos en comedor y música, existía un evidente retraso en la solución integral de los problemas. Con base en la jurisprudencia sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en centros educativos, la Sala declaró parcialmente con lugar el recurso y ordenó al MEP iniciar y finalizar las obras necesarias en un plazo de 18 meses, además de adoptar medidas de ingeniería y salubridad para el inicio del curso lectivo 2019. Respecto a la obstrucción de la entrada por cabezales, el recurso fue declarado sin lugar por falta de prueba. La sentencia incluye nota separada de la Magistrada Hernández López sobre la procedencia del amparo en estos casos.
Key excerptExtracto clave
III.- On the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment in educational centers. The right to health recognized in Articles 21 of the Political Constitution, 1 and 11 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man, 4 of the American Convention on Human Rights, and 10 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, is intimately linked to the right to live in a healthy and balanced environment, enshrined in Article 50 of the Constitution. Environmental quality is a fundamental parameter of the quality of life; just as health, food, work, housing, education, and others. Consequently, the State has the obligation to ensure adequate protection of the environment, for which it must take the necessary measures so that the environment is free from contamination, and that alterations produced by humans or nature, in the near or distant surroundings, do not constitute injury to the environment or to the health of the people living in it. This right is especially recognized when associated with other fundamental rights, such as the right to education. The latter is configured as a fundamental right, which translates into the public service provided by the State in the various educational centers of the country. Therefore, the least the State can do when providing this public service is not to harm other fundamental rights, such as the right to health and to a healthy environment, of both students and teaching and administrative staff of the educational institution. V.- Specific case. In the sub lite, the appellants allege that the infrastructure of Liceo del Sur, where they work, is in terrible conditions, to the point that there are zinc sheets with holes, dampness, flooding of corridors, cat burrows, deficient electrical installation, obstruction of the entrance by trucks, among other things. They claim that despite the multiple efforts made before the authorities of the Ministry of Public Education, the described problem persists to date, without a solution having been provided. ... Thus, it is essential to comply with the improvements and recommendations given by the Health Area and the Directorate of Infrastructure and Educational Equipment of the Ministry of Public Education, ... there is an evident delay in the execution of the required works that must be resolved as soon as possible. Consequently, it is appropriate to grant the appeal with respect to the Ministry of Public Education and order the start and completion of the works in question.III.- Sobre el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en los Centros de Educación- El derecho a la salud reconocido en los artículos 21 de la Constitución Política, 1 y 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos, se encuentra íntimamente ligado al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 constitucional. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de que el medio esté libre de contaminación, y que las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza, en el entorno próximo o lejano, no constituyan una lesión al ambiente ni a la salud de las personas que en él habitan. Se reconoce especialmente este derecho cuando está asociado a otros derechos fundamentales, como lo sería el derecho a la educación. Este último se configura como un derecho fundamental, el cual se traduce en el servicio público que brinda el Estado en los distintos centros educativos del país. Por lo tanto, lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa. V.- Caso concreto. En el sub lite, las recurrentes alegan que la infraestructura del Liceo del Sur, en donde laboran, se encuentra en pésimas condiciones, al punto que existen láminas de zinc con huecos, humedad, inundación de los pasillos, madrigueras de gatos, instalación eléctrica deficiente, obstrucción de la entrada por parte de cabezales, entre otras cosas. Reclaman que pese a las múltiples gestiones que han realizado ante las autoridades del Ministerio de Educación Pública, a la fecha la problemática descrita persiste, sin que se haya brindado una solución. ... De manera que, resulta indispensable cumplir con las mejoras y recomendaciones dadas por el Área Rectora de Salud y por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública, ... existe un evidente retardo en la ejecución de la obras requeridas que debe ser solventado a la mayor brevedad. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso respecto al Ministerio de Educación Pública y ordenar el inicio y finalización de las obras en discusión.
Pull quotesCitas destacadas
"La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros."
"Environmental quality is a fundamental parameter of the quality of life; just as health, food, work, housing, education, and others."
Considerando IV
"La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros."
Considerando IV
"lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa."
"the least the State can do when providing this public service is not to harm other fundamental rights, such as the right to health and to a healthy environment, of both students and teaching and administrative staff of the educational institution."
Considerando IV
"lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa."
Considerando IV
"existe un evidente retardo en la ejecución de la obras requeridas que debe ser solventado a la mayor brevedad."
"there is an evident delay in the execution of the required works that must be resolved as soon as possible."
Considerando V
"existe un evidente retardo en la ejecución de la obras requeridas que debe ser solventado a la mayor brevedad."
Considerando V
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: December 7, 2018 at 10:30 a.m. Case File: 18-014273-0007-CO Type of Matter: Amparo appeal Constitutional Control: Granting judgment Judgment with Separate Note Relevance Indicators Relevant Judgment Related Judgments Content of Interest: Strategic Topics: Rights of the minor person Type of Content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: EDUCATION Subtopics: INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS. THE MEP IS ORDERED TO RESOLVE INFRASTRUCTURE PROBLEMS AT THE LICEO DEL SUR, WITHIN A PERIOD OF EIGHTEEN MONTHS. "This Chamber has heard on various occasions matters in which it has been determined that there is an obligation on the part of the Ministry of Public Education to maintain adequate infrastructure conditions in educational centers." "Environmental quality is a fundamental parameter of quality of life; just like health, food, work, housing, education, among others." ...
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Consequently, the appropriate course is to grant the appeal with respect to the Ministry of Public Education and order the commencement and completion of the works under discussion. (…)” ... See more *180142730007CO* Case File: 18-014273-0007-CO CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours thirty minutes on December seventh, two thousand eighteen.
Amparo appeal filed by ANA GABRIELA CARBALLO BONILLA, identity card No. 1-1027-0085, MARÍA ELIETH ÁLVAREZ ULATE, identity card No. 2-0385-0075, MARÍA FERNANDA ARROYO JIMÉNEZ, identity card No. 1-1765-0647 and MÓNICA BARQUERO BOLAÑOS, identity card No. 1-1133-0165, against the MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION.
Whereas:
Drafted by Judge Araya García; and,
Considering:
I.Purpose of the appeal. The appellants claim that the infrastructure of the Liceo del Sur, where they work, is in terrible conditions, to the point that there are zinc sheets with holes, dampness, flooding of hallways, cat dens, deficient electrical installation, obstruction of the entrance by truck tractors, among other things. They complain that despite the multiple actions they have taken before the authorities of the Ministry of Public Education, to date the described problem persists, without a solution having been provided by the respondent Ministry.
III.Unproven fact. The following fact is not deemed duly proven: Sole fact.- That any complaint has been filed regarding the obstruction of the High School entrance by truck tractors and that this has not been addressed.
IV.On the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment in educational centers. This Chamber has heard on various occasions matters in which it has been determined that there is an obligation on the part of the Ministry of Public Education to maintain adequate infrastructure conditions in educational centers. Thus, in judgment No. 2012-02021 at 10:05 a.m. on February 17, 2012, it stated the following:
“III.- On the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment in Educational Centers- The right to health recognized in Articles 21 of the Political Constitution, 1 and 11 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man, 4 of the American Convention on Human Rights, and 10 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, is intimately linked to the right to live in a healthy and balanced environment, enshrined in Article 50 of the Constitution. Environmental quality is a fundamental parameter of quality of life; just like health, food, work, housing, education, among others. Consequently, the State has the obligation to ensure adequate protection for the environment, for which it must take the necessary measures so that the environment is free from contamination, and that the alterations produced both by man and by nature, in the near or distant surroundings, do not constitute an injury to the environment nor to the health of the people who inhabit it.
This right is especially recognized when it is associated with other fundamental rights, such as the right to education. The latter is configured as a fundamental right, which translates into the public service provided by the State in the different educational centers of the country. Therefore, the least the State can do is that, when providing this public service, it does not injure other fundamental rights, such as the right to health and a healthy environment, of both the students and the teaching and administrative staff of the educational institution.” (To the same effect, judgments numbers 2012-08915 at 9:30 a.m. on June 29, 2012, and 2012-12430 at 9:05 a.m. on September 7, 2012, were issued).
V.Specific case. In the case at hand, the appellants allege that the infrastructure of the Liceo del Sur, where they work, is in terrible conditions, to the point that there are zinc sheets with holes, dampness, flooding of hallways, cat dens, deficient electrical installation, obstruction of the entrance by truck tractors, among other things. They complain that despite the multiple actions they have taken before the authorities of the Ministry of Public Education, to date the described problem persists, without a solution having been provided. In this regard, the record shows that on June 6, 2017, the Rector Health Area issued sanitary order No. ARS-HMR-EZA-056-2017, in which it ordered the authorities of the Liceo del Sur to submit a remedial plan with its execution schedule within 30 days. The foregoing, by virtue of a complaint filed against said educational center. Due to this, the record shows that the authorities of the Directorate of Infrastructure and Educational Equipment of the MEP made a series of visits to the High School, namely on June 9, June 19, and August 28, all in 2017.
Likewise, it was possible to prove that the Administrative Board requested an urgent plan to address the problem from the respective Ministry authorities on June 12, 2017, and on September 21, 2017, the Rector Health Area requested the delivery of the required remedial plan, which was duly submitted since October 13, 2017.
Now, it was possible to prove that during 2018, the respondent authorities have carried out a series of actions to address the described problem, such as selecting the contractor to carry out improvements in the sanitary services and the earthworks to remedy the conditions of the runoff waters, and the roof covering change works in the dining room and music areas were completed. Notwithstanding the foregoing, it was also possible to prove that it was not until the notification of the resolution granting course to this amparo process that the Directorate of Infrastructure and Educational Equipment contracted the professional services for the preparation of plans, work scheduling, etc., which are required to definitively address the underlying problem, which must be resolved to guarantee that the students and the teaching staff of the educational center enjoy a healthy and ecologically balanced environment.
Therefore, it is essential to comply with the improvements and recommendations given by the Rector Health Area and by the Directorate of Infrastructure and Educational Equipment of the Ministry of Public Education, which to date have not been fulfilled, and from what is stated in the appeal, given that the respective contracting processes only began on September 20, 2018, there is an evident delay in the execution of the required works that must be resolved as soon as possible. Consequently, the appropriate course is to partially grant the appeal with respect to the Ministry of Public Education and order the commencement and completion of the works under discussion.
Finally, regarding the alleged obstruction of the High School entrance by truck tractors, this Chamber could not verify that there is any affectation in relation to this point, since from the evidence provided in the case file, which contains all the documentation with complaints and recommendations that have been issued regarding the problems afflicting the Liceo del Sur, there is no record that any complaint on this point was filed that has not been addressed, nor could it be verified that the situation claimed here exists. Consequently, regarding this point, the appeal must be dismissed.
VI.Separate Note of Judge Hernández López. I have been dissenting in those cases involving correcting through the amparo appeal the simple inactivity of the administration, in infrastructure works such as sidewalks, bridges, ballasting of roads, sewers, among others, with the argument that they can be discussed in the ordinary legality route, considering that the Chamber is not, nor should it become, a single or omnipresent instance that demeans the other avenues of judicial protection created by the constituent power and the legislator for that purpose. I have clarified, however, that I do consider protectable through this avenue cases of inactivity of the administration on the indicated topics if it directly affects the exercise of fundamental rights regulated in the Political Constitution or international human rights treaties, provided they are susceptible to being heard in a very summary process of a special and urgent nature such as the amparo as a procedural institute. Such is the case of this appeal where the claim revolves around deficiencies that directly affect the right to education of minors, and for this reason I have deemed it necessary for the Chamber to exercise its competence, to verify or rule out whether the indicated omissions violate the fundamental rights of the protected persons as indicated in the filing brief.
VII.Documentation provided to the case file. This Chamber must warn the appellant party that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be removed from the office, within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment, otherwise all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The appeal is partially granted, regarding the omission of the Ministry of Public Education to execute the necessary works to resolve the infrastructure problems existing at the Liceo del Sur. It is ordered that Edgar Mora Altamirano and Andrea Obando Torres, in their order as Minister and Director of Infrastructure and Educational Equipment, both of the Ministry of Public Education, or whoever holds those positions in their place, adopt within the scope of their competencies, the measures that are necessary for the commencement and completion of the necessary works to resolve the infrastructure problems existing at the Liceo del Sur, all the foregoing within the period of 18 months counted from the notification of this judgment. Likewise, they must adopt the engineering and health measures necessary to safeguard the health of the students and personnel working at said educational center, the foregoing, for the beginning of the 2019 school year.
The respondents are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not ensure it is complied with, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. As for the rest, the appeal is dismissed. Notify this resolution to the respondent authorities personally. Judge Hernández López adds a note.
Fernando Castillo V. President Nancy Hernández L.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alicia Salas T.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
*33T9YBQQMEA61* CASE FILE No. 18-014273-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch.
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Control constitucional: Sentencia estimatoria Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
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"Esta Sala ha conocido en diversas ocasiones asuntos en los cuales se ha determinado que existe una obligación por parte del Ministerio de Educación Pública de mantener las condiciones de infraestructura adecuadas en los centros educativos. " "La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros. " ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
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020358-18. EXISTENCIA DE UN EVIDENTE RETRASO EN LAS OBRAS REQUERIDAS. “(…) De manera que, resulta indispensable cumplir con las mejoras y recomendaciones dadas por el Área Rectora de Salud y por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública, las cuales a la fecha no han sido cumplidas y de lo expuesto en el recurso, dado que hasta el 20 de setiembre de 2018 se inició con las contrataciones respectivas, existe un evidente retardo en la ejecución de la obras requeridas que debe ser solventado a la mayor brevedad. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso respecto al Ministerio de Educación Pública y ordenar el inicio y finalización de las obras en discusión. (…)” ... Ver más *180142730007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas treinta minutos del siete de diciembre de dos mil dieciocho .
Recurso de amparo interpuesto por ANA GABRIELA CARBALLO BONILLA, cédula de identidad Nº 1-1027-0085, MARÍA ELIETH ÁLVAREZ ULATE, cédula de identidad Nº 2-0385-0075, MARÍA FERNANDA ARROYO JIMÉNEZ, cédula de identidad Nº 1-1765-0647 y MÓNICA BARQUERO BOLAÑOS, cédula de identidad Nº 1-1133-0165, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. Acusan las recurrentes que la infraestructura del Liceo del Sur, en donde laboran, se encuentra en pésimas condiciones, al punto que existen láminas de zinc con huecos, humedad, inundación de los pasillos, madrigueras de gatos, instalación eléctrica deficiente, obstrucción de la entrada por parte de cabezales, entre otras cosas. Reclaman que pese a las múltiples gestiones que han realizado ante las autoridades del Ministerio de Educación Pública, a la fecha la problemática descrita persiste, sin que se haya brindado una solución por parte del Ministerio recurrido.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
III.Hecho no probado. No se estima como debidamente demostrado el siguiente hecho: Único.- Que se haya presentado denuncia alguna con relación a la obstrucción de la entrada del Liceo por parte de cabezales y que esta no haya sido atendida.
IV.Sobre el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en los centros de educación. Esta Sala ha conocido en diversas ocasiones asuntos en los cuales se ha determinado que existe una obligación por parte del Ministerio de Educación Pública de mantener las condiciones de infraestructura adecuadas en los centros educativos. De esta forma, en la sentencia No. 2012-02021 de las 10:05 horas de 17 de febrero de 2012 indicó lo siguiente:
“III.- Sobre el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en los Centros de Educación- El derecho a la salud reconocido en los artículos 21 de la Constitución Política, 1 y 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos, se encuentra íntimamente ligado al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 constitucional. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de que el medio esté libre de contaminación, y que las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza, en el entorno próximo o lejano, no constituyan una lesión al ambiente ni a la salud de las personas que en él habitan.
Se reconoce especialmente este derecho cuando está asociado a otros derechos fundamentales, como lo sería el derecho a la educación. Este último se configura como un derecho fundamental, el cual se traduce en el servicio público que brinda el Estado en los distintos centros educativos del país. Por lo tanto, lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa”. (En igual sentido se dictaron las sentencias números 2012-08915 de las 9:30 horas del 29 de junio de 2012, y 2012-12430 de las 9:05 horas del 7 de setiembre de 2012).
V.Caso concreto. En el sub lite, las recurrentes alegan que la infraestructura del Liceo del Sur, en donde laboran, se encuentra en pésimas condiciones, al punto que existen láminas de zinc con huecos, humedad, inundación de los pasillos, madrigueras de gatos, instalación eléctrica deficiente, obstrucción de la entrada por parte de cabezales, entre otras cosas. Reclaman que pese a las múltiples gestiones que han realizado ante las autoridades del Ministerio de Educación Pública, a la fecha la problemática descrita persiste, sin que se haya brindado una solución. Al respecto, consta en autos que el 6 de junio de 2017, el Área Rectora de Salud giró la orden sanitaria No. ARS-HMR-EZA-056-2017, en la que les ordenó a las autoridades del Liceo del Sur presentar en el plazo de 30 días un plan remedial con su cronograma de ejecución. Lo anterior, en virtud de una denuncia que se presentó contra dicho centro educativo.
Debido a esto, consta en autos que las autoridades de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP realizaron una serie de visitas al Liceo, sean estas los días 9 de junio, 19 de junio y 28 de agosto, todos de 2017. Asimismo, pudo acreditarse que la Junta Administrativa solicitó un plan urgente para atender el problema a las autoridades respectivas del Ministerio desde el 12 de junio de 2017 y el 21 de setiembre de 2017, el Área Rectora de Salud solicitó que se entregara el plan remedial requerido, el cual fue debidamente presentado desde el 13 de octubre de 2017.
Ahora bien, pudo acreditarse que durante el 2018, las autoridades recurridas han efectuado una serie de acciones para atender la problemática descrita, tales como elegir al contratista para realizar las mejoras en los servicios sanitarios y los movimientos de terreno para sanear las condiciones de las aguas de escorrentía y se finalizaron las obras de cambio de cubierta de techos en las áreas del comedor y música. No obstante lo anterior, pudo acreditarse también que no fue sino hasta la notificación de la resolución de curso de este proceso de amparo que la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo contrató los servicios profesionales para la elaboración de los planos, programación de obras, etc. que se requieren para atender definitivamente el problema de fondo, el cual debe ser solventado para garantizar que los estudiantes y el personal docente del centro educativo gocen de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
De manera que, resulta indispensable cumplir con las mejoras y recomendaciones dadas por el Área Rectora de Salud y por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública, las cuales a la fecha no han sido cumplidas y de lo expuesto en el recurso, dado que hasta el 20 de setiembre de 2018 se inició con las contrataciones respectivas, existe un evidente retardo en la ejecución de la obras requeridas que debe ser solventado a la mayor brevedad. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso respecto al Ministerio de Educación Pública y ordenar el inicio y finalización de las obras en discusión.
Finalmente, respecto de la alegada obstrucción de la entrada del Liceo por cabezales, esta Sala no pudo comprobar que exista afectación alguna en relación con este punto, por cuanto de la prueba allegada a los autos, donde se encuentra toda la documentación con denuncias y recomendaciones que se han girado en torno a los problemas que aquejan al Liceo del Sur, no consta que se haya presentado denuncia alguna sobre este punto que no haya sido atendida, así como tampoco pudo comprobarse que exista la situación aquí acusada. En consecuencia, en cuanto a este extremo el recurso debe ser declarado sin lugar.
VI.Nota separada de la Magistrada Hernández López. He venido salvado el voto en aquellos casos que se trate de corregir por medio del recurso de amparo la simple inactividad de la administración, en obras de infraestructura tales como aceras, puentes, lastreado de calles, alcantarillas entre otras, con el argumento de que pueden ser discutidos en la vía de legalidad ordinaria, considerando que la Sala no es, ni debe constituirse, en una instancia única u omnipresente que demerite las otras vías de tutela judicial creadas por el constituyente y el legislador al efecto. He aclarado sin embargo que sí estimo como tutelables en esta vía casos de inactividad de la administración en los temas señalados si con ella se produce afectación directa al ejercicio de derechos fundamentales regulados en la Constitución Política o a los tratados internacionales de derechos humanos, siempre que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo como instituto procesal.
Tal es el caso de este recurso en donde el reclamo gira alrededor de deficiencias que inciden de manera directa en el derecho a la educación de personas menores de edad, y por ello he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas según se indica en el escrito de interposición.
VII.Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, respecto a la omisión del Ministerio de Educación Pública en ejecutar las obras necesarias para solventar la problemática de infraestructura que existe en el Liceo del Sur. Se ordena a Edgar Mora Altamirano y a Andrea Obando Torres, por su orden Ministro y Directora de Infraestructura y Equipamiento Educativo, ambos del Ministerio de Educación Pública, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, adoptar dentro del ámbito de sus competencias, las medidas que sean necesarias para el inicio y culminación de las obras necesarias para la c solventar la problemática de infraestructura que existe en el Liceo del Sur, todo lo anterior dentro del plazo de 18 meses contados a partir de la notificación de esta sentencia. Asimismo, deberán de adoptar las medidas de ingeniería y salubridad necesarias para resguardar la salud de los estudiantes y personal que labora en dicho centro educativo, lo anterior, para el inicio del curso lectivo de 2019.
Se advierte a los recurridos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese esta resolución a las autoridades recurridas de manera personal. La Magistrada Hernández López pone nota.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alicia Salas T.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
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