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Res. 20355-2018 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/12/2018
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo and ordered MINAE to provide the requested topographic profiles within fifteen days because they are public environmental information, not confidential records.La Sala declaró con lugar el amparo y ordenó al MINAE entregar en quince días los perfiles topográficos solicitados, al concluir que son información ambiental pública y no confidencial.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo against MINAE for denying access to topographic profiles associated with a concession to extract materials from the Chirripó River. It held that the profiles can be used to determine whether the riverbed is being overexploited and therefore contain information connected with potential environmental harm. Because mining is environmental in nature, the principle of maximum disclosure and the State’s corresponding transparency obligation apply. Information in a mining-concession file is public unless a statute authorizes secrecy for a legitimate purpose and the restriction is necessary and proportionate; those conditions were not established here. Possible misinterpretation, illegitimate use, unfair competition, or infringement of intellectual-property rights does not justify withholding the information. The Chamber found violations of Articles 27 and 30 of the Constitution and ordered the authorities to provide the requested material within fifteen days without requiring the applicant to demonstrate a particular interest. One justice dissented, favoring review by the ordinary courts.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo interpuesto contra el MINAE por negar acceso a los perfiles topográficos relacionados con una concesión para extraer materiales del río Chirripó. Determinó que esos perfiles permiten verificar una posible sobreexplotación del cauce y, por tanto, contienen información vinculada con eventuales afectaciones ambientales. Debido a la naturaleza ambiental de la minería, rigen el principio de máxima divulgación y la obligación estatal de transparencia. La información incorporada al expediente de una concesión es pública salvo que una norma de rango legal autorice, de forma necesaria y proporcional, mantenerla secreta, supuesto que no se acreditó. El riesgo de interpretaciones incorrectas, usos ilegítimos, competencia desleal o infracciones de propiedad intelectual no justifica restringir el acceso. La Sala tuvo por vulnerados los artículos 27 y 30 de la Constitución y ordenó entregar la información en quince días, sin exigir que el solicitante demostrara un interés particular. Una magistrada salvó el voto.
Key excerptExtracto clave
V. CONCLUSION. Based on the foregoing considerations, and particularly on paragraph 214 of Advisory Opinion OC-23 of November 15, 2017, of the Inter-American Court of Human Rights, this Chamber concludes that, given the environmental nature of mining activity, in light of the principle of maximum disclosure of information in this field and the State’s corresponding transparency obligation, comparative topographic-profile information concerning mining activity is not confidential but public. Accordingly, full access to it must be guaranteed and facilitated without imposing formalities for access to data related to the exploration and exploitation of natural resources. This serves to prevent any restriction of that freedom of access. Access could therefore be limited only to information that a statute authorizes to be kept secret for a permitted objective, where doing so is necessary and proportionate; that has not been shown to be the case here. In this matter, the parties agree that the applicant seeks to determine whether the riverbed is being overexploited, which he believes can be assessed by comparing the results of any topographic profiles produced as part of the mining work reports. This is nothing other than information related to possible environmental harm, access to which must be guaranteed. Thus, because the requested information is not confidential, the refusal to provide it to the applicant—regardless of the stage reached by the mining concession—and the failure to supply the data requested in his application establish the alleged violation of Articles 27 and 30 of the Constitution. The proper course is therefore to grant this amparo and order that accessible, effective, and timely access be guaranteed to information related to possible environmental harm, without requiring the applicant to demonstrate a particular interest, as is hereby ordered.V. CONCLUSIÓN. Con base en las consideraciones expuestas, y particularmente de lo dispuesto en el párrafo 214 de la opinión consultiva número OC-23 del 15 de noviembre de 2017 de la CIDH, esta Sala concluye que dada la naturaleza de la actividad minera, que es ambiental, a la luz del principio de máxima divulgación de la información en esta materia y la correlativa obligación de transparencia del Estado, la información de los perfiles topográficos comparativos de la actividad de minería no es confidencial, sino pública y como tal se debe garantizar y procurar su acceso de manera plena, sin imponer formalidades de acceso a los datos relacionados con las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales. Ello en procura de evitar cualquier restricción de esa libertad de acceso. Así, solo podría limitarse el acceso aquélla información que por autorización de norma de rango legal, y en atención a objetivo permitido, de manera necesaria y proporcional deba mantenerse secreta; aspecto que no se desprende sucede en este caso. En este asunto coinciden las partes que lo que busca el recurrente es verificar si hay sobre explotación del cauce, aspecto que estima puede valorar comparando el resultado de los perfiles topográficos que se hubieren realizado y que hacen parte de los informes de labores de minería, lo que no es otra cosa que información relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente, a la que se le debe garantizar el acceso. Así las cosas, al no tener la información pedida carácter confidencial, la negativa a brindarla al solicitante, en cualquiera de las etapas de la concesión minera en la que se pudiera encontrar y no haber brindado al recurrente los datos requeridos en su gestión, la Sala tiene por acreditada la alegada violación a los numerales 27 y 30, de la Constitución Política, siendo lo procedente ordenar la estimación del presente recurso, para que se garantice el acceso a la información de manera accesible, efectiva y oportuna, relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente, sin exigir al solicitante demostrar un interés particular, como en efecto se dispone.
Pull quotesCitas destacadas
"La simple posibilidad de que la información pueda ser mal interpretada por terceros, no técnicos, no es excusa para denegar el acceso a la información."
"The mere possibility that information may be misinterpreted by nontechnical third parties is not an excuse for denying access to it."
Considerando IV
"La simple posibilidad de que la información pueda ser mal interpretada por terceros, no técnicos, no es excusa para denegar el acceso a la información."
Considerando IV
"De acuerdo con el artículo 30, Constitucional, se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, salvo los secretos de Estado o información sensible sobre terceros, según lo delimite la ley."
"Under Article 30 of the Constitution, free access to administrative departments for the purpose of obtaining information on matters of public interest is guaranteed, except for state secrets or sensitive information concerning third parties, as defined by law."
Considerando IV
"De acuerdo con el artículo 30, Constitucional, se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, salvo los secretos de Estado o información sensible sobre terceros, según lo delimite la ley."
Considerando IV
"Se añade que, al ser la explotación y exploración minera por particulares, actividades reguladas por el Estado a través de la concesión minera, en los términos que establece el Código de Minería, los documentos que no son considerados secretos y los que no revisten carácter de confidencialidad, pero que forman parte del expediente son por su naturaleza información pública, y como tal, está disponible a terceros, y no puede ser denegada ni imponerle mayor requisito al respecto para su petición."
"Because private mining exploration and exploitation are activities regulated by the State through mining concessions under the Mining Code, documents in the file that are neither secret nor confidential are public information by their nature; they are available to third parties, and access may not be denied or subjected to additional requirements."
Considerando IV
"Se añade que, al ser la explotación y exploración minera por particulares, actividades reguladas por el Estado a través de la concesión minera, en los términos que establece el Código de Minería, los documentos que no son considerados secretos y los que no revisten carácter de confidencialidad, pero que forman parte del expediente son por su naturaleza información pública, y como tal, está disponible a terceros, y no puede ser denegada ni imponerle mayor requisito al respecto para su petición."
Considerando IV
"Se declara con lugar el recurso."
"The amparo is granted."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Document Review *180131420007CO* Case File: 18-013142-0007-CO Decision No. 2018020355 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten thirty on siete de diciembre de dos mil dieciocho.
Amparo proceeding (recurso de amparo) processed under case file No. 18-013142-0007-CO, filed by Marco Levy Virgo, identity card0700690314, against the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) Findings of Fact (Resultando):
Drafted Drafted by Justice Sánchez Navarro; and,
Considering:
The petitioner complains that, through letter No. AEL-048-2017 of 30 July 2018, he requested environmental information intended to ascertain the topographic profiles of a public-domain watercourse. Nevertheless, through undated letter No. DGM-RNM-456-2018, he was informed that the requested information could not be provided because it was considered confidential. He considers the foregoing to violate the right to information, public participation in decision-making, and access to environmental justice, as well as environmental auditing and report preparation, together with other effective mechanisms for accountability, transparency, ethics, integrity, and combating corruption. He requests that the proceeding be granted, with all legal consequences entailed thereby.
The following facts are deemed duly established and relevant to the resolution of this matter, either because they have been proven or because the respondent failed to address them as ordered in the initial ruling:
III.Access to environmental information. Before ruling on the merits of this amparo proceeding (recurso de amparo), it is appropriate to recall that, in environmental matters, several principles were proclaimed at the United Nations Conference on the Human Environment, held in the city of Stockholm in 1972, among which Nº 23 is particularly noteworthy: “Every person shall, in accordance with national legislation, have the opportunity to participate, individually or collectively, in the process of preparing decisions that directly concern their environment and, when it has been damaged or impaired, may pursue the remedies necessary to obtain compensation.” Moreover, in environmental matters, this Chamber has addressed the extent of the involvement of private individuals and their access to information, as well as the limits thereon, with reference to various international instruments intended to ensure that all persons can play an active, rather than merely informational, role in the process of preparing decisions that directly concern their environment. In this regard, this Chamber recently ruled as follows on the matter of public consultation in environmental matters, in judgment 2018004117 issued at 09:15 hours on 13 de marzo de 2018:
“…Regarding public consultation in environmental matters, the provisions established at the United Nations Conference on the Human Environment, held in the city of Stockholm in 1972, should be recalled. Several principles were proclaimed at that conference, among which Nº 23 is particularly noteworthy: ‘Every person shall, in accordance with national legislation, have the opportunity to participate, individually or collectively, in the process of preparing decisions that directly concern their environment and, when it has been damaged or impaired, may pursue the remedies necessary to obtain compensation.’ Subsequently, in the year 1992, principle 10 of the Rio Declaration on Environment and Development established the following with respect to human and environmental growth: ‘Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, every person shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes.
States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access shall be provided to judicial and administrative proceedings, including redress and relevant remedies.’ Those provisions gave rise to international and regional commitments in this field, including Agenda 21, within the framework of the United Nations Conference on Environment and Development, which focused on an appropriate environmental policy for sustainable development and included various chapters on access to environmental information. Subsequently, in 1998, the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters was adopted. This convention, which is useful as soft law, was concluded in Aarhus, Denmark, and signed by countries belonging to the Economic Commission for Europe; it establishes basic standards for environmental matters.
In essence, it appropriately develops the elements set forth in principle 10 of the Rio Declaration, signed by our country. Those efforts likewise continued in 1999 with the Inter-American Strategy for the Promotion of Public Participation in Decision-Making for Sustainable Development, approved by the member governments of the Organization of American States; in the year 2006, with the Santa Cruz +10 Declaration; and in 2012, at the United Nations Conference on Sustainable Development, Rio +20, which concluded with the issuance of the document entitled ‘The Future We Want,’ concerning the environmental rights required to promote sustainable development. At this most recent conference, Costa Rica undertook to promote domestically the pillars of principle 10 of the Rio Declaration: 1- Access to public information. This is the right of every person to access information of public interest, which fosters freedom of expression, since the knowledge obtained about a particular matter enables a person to exercise more efficiently and effectively their right to express an opinion regarding oversight of public affairs, as well as other rights, such as those concerning the protection of the environment, health, etc. The Inter-American Court of Human Rights recognized this in its judgment of 19 de setiembre de 2006 (Claude Reyes et al. v. Chile), in which it stated:
‘…76. In this regard, the Court has established that, under the protection afforded by the American Convention, the right to freedom of thought and expression includes “not only the right and freedom to express one’s own thoughts, but also the right and freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds” 73. Like the American Convention, other international human rights instruments, such as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, establish a positive right to seek and receive information. 77. With regard to the facts of the present case, the Court considers that article 13 of the Convention, by expressly providing for the rights to “seek” and “receive” “information,” protects the right of every person to request access to information under State control, subject to the exceptions permitted under the Convention’s system of restrictions.
Consequently, that article protects the right of individuals to receive such information and the State’s positive obligation to provide it, so that the person may obtain access to and learn that information or receive a reasoned response when, for a reason permitted by the Convention, the State may restrict access to it in the specific case. Such information must be provided without requiring proof of a direct interest in obtaining it or of personal harm, except in cases where a legitimate restriction applies. Providing it to one person may, in turn, allow it to circulate within society so that others may learn of it, access it, and assess it. Thus, the right to freedom of thought and expression encompasses protection of the right of access to information under State control, which also clearly contains the two dimensions—individual and social—of the right to freedom of thought and expression, both of which must be guaranteed simultaneously by the State (…)’ In applying that right to the case under consideration, the importance of this right must be emphasized when the information is directly related to environmental matters.
To this end, it is necessary to refer to the provisions of the international instruments cited above and, subsequently, to our legal system. In connection with the foregoing, the Aarhus Convention may be cited, as soft law, as an internationally significant reference; its Article 2 clearly explains what is meant by environmental information:
“…‘Environmental information’ (información(es) sobre el medio ambiente) means any information available in written, visual, oral, or electronic form, or in any other material form, concerning: a) The state of elements of the environment, such as air, the atmosphere, water, soil, land, landscape and natural sites, biological diversity and its components, including genetically modified organisms, and the interaction among these elements; b) Factors such as substances, energy, noise, and radiation, and activities or measures, particularly administrative measures, environmental agreements, policies, laws, plans, and programs that affect or may affect the elements of the environment referred to in subsection a) above, as well as cost-benefit analyses and other economic analyses and assumptions used in environmental decision-making; c) The state of human health, safety, and living conditions, as well as the condition of cultural sites and structures, insofar as they are or may be affected by the state of the elements of the environment or, through those elements, by the factors, activities, or measures referred to in subsection b) above…” The Economic Commission for Latin America and the Caribbean, for its part, states in the document entitled “Access to Information, Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean” that access to environmental information encompasses two central elements: first, the generation of information about the environment and, second, the public’s right to access information held by public authorities and, consequently, the obligation of governments to make such information easily and readily available to everyone (http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/51389/Accesoalainformacion.pdf).
The relevance of this information lies in the fact that, because it is linked to circumstances that may affect the environment, it is of interest to the public. For the State, this entails not only the duty to permit access to the information in its possession, but also the obligation to disclose it and inform the public about its actions concerning the environment. This constitutes an instrument of public-administration accountability aimed at ensuring transparency and good governance. Accordingly, restrictions on this right must be strictly necessary so that the framework for access is as broad as possible. In this regard, the Aarhus Convention states in paragraph 4.3: “(…) 3. A request for environmental information may be refused if: a) The public authority to which the request is addressed does not hold the environmental information requested; b) The request is manifestly unreasonable or formulated in overly general terms; or c) The request concerns material in the course of completion or concerns internal communications of public authorities, provided that this exception is established under domestic law or customary practice, taking into account the public interest served by disclosure of the requested information. 4.
A request for environmental information may be refused if disclosure of that information would adversely affect: a) The confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided for under domestic law; b) International relations, national defense, or public security; c) The proper administration of justice, the ability of any person to receive a fair trial, or the ability of a public authority to conduct an investigation of a criminal or disciplinary nature; d) The confidentiality of commercial or industrial information, where such confidentiality is protected by law in order to safeguard a legitimate economic interest. Within this framework, information on emissions relevant to the protection of the environment shall be disclosed; e) Intellectual property rights; f) The confidentiality of personal data and files relating to a natural person where that person has not consented to disclosure of the information to the public, when the confidentiality of this type of information is provided for under domestic law; g) The interests of a third party that supplied the requested information without being under, or capable of being placed under, a legal obligation to do so, and that does not consent to the disclosure of such information; or h) The environment to which the information relates, such as the breeding sites of rare species.
The aforementioned grounds for refusal shall be interpreted restrictively, taking into account the public interest served by disclosure of the requested information and whether or not that information relates to emissions into the environment…” Our Political Constitution and the case law of this Court are consistent with the foregoing. Article 30 of the Constitution guarantees free access to administrative departments for the purpose of obtaining information on matters of public interest and provides an exception for State secrets. Because this provision does not define what is meant by State secrets, the Constitutional Chamber has had to examine, on a case-by-case basis, the circumstances in which the denial of information is challenged on any ground, and has developed this right (see judgment No. 2003-2120 of 13:30 hours on March 14, 2013.
At the regional level, through its rulings, the Inter-American Court of Human Rights has developed substantive rights related to the environment, such as the rights to life, to participate in cultural life, and not to be forcibly displaced, among others; it has also addressed procedural rights (derechos de procedimiento), including the rights to participation and information, which serve as instruments for preserving and guaranteeing substantive rights that may be affected by environmental degradation. Procedural rights also stand as fundamental pillars for ensuring that States comply with their environmental obligations. In this regard, Advisory Opinion OC-23 of November 15, 2017 established that, in this area, the principle of maximum disclosure (principio de máxima divulgación) concerning the right to environmental information must be observed.
V - INTERNATIONAL PRINCIPLE OF MAXIMUM DISCLOSURE AND OBLIGATION OF PROACTIVE TRANSPARENCY (TRANSPARENCIA ACTIVA). Based on Principle 10 of the Rio Declaration, cited in the environmental judgments partially transcribed in the preceding Whereas clause (Considerando), emphasis is placed on the need for citizens to participate actively in related matters and also to have access to environmental information held by public authorities. To achieve that purpose, the Aarhus Convention (Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters) emphasizes and develops, within the environmental context, various rights, including the right of access to information, restrictions on which must be limited to those strictly necessary so that the framework for access is as broad as possible. At the regional level, within the Inter-American system, in Advisory Opinion OC-23 of November 15, 2017—which responds to Colombia’s request for an advisory opinion “on State obligations in relation to the environment, within the framework of the protection and guarantee of the rights to life and personal integrity enshrined in Articles 4 and 5 of the American Convention, in relation to Articles 1.1 and 2 of that treaty” (Official Summary issued by the Inter-American Court of Human Rights, available on its website)—the Inter-American Court developed the content of the right to a healthy environment (derecho al medio ambiente), governed by Article 11 of the Protocol of San Salvador and Article 26 of the American Convention, and its interrelationship with various human rights.
In that environmental ruling, the Inter-American Court specifies in detail the various human rights that may be affected by environmental problems and then defines the general duty of the various States to guarantee and respect those rights. Regarding which rights may be affected by environment-related activity, it stated verbatim in that ruling:
66. The Court considers that the rights particularly vulnerable to environmental impacts include the rights to life, personal integrity, private life, health, water, food, housing, participation in cultural life, property, and freedom from forced displacement. Without prejudice to those mentioned, other rights are also vulnerable, pursuant to Article 29 of the Convention, the violation of which also affects the rights to life, liberty, and security of persons and breaches the duty of human beings to act fraternally toward one another, such as the right to peace, because displacement caused by environmental deterioration frequently triggers violent conflicts between the displaced population and the population settled in the territory to which the former relocates, some of which, because of their scale, are of the utmost gravity.” “67. In addition, the Court takes into account that these rights may be affected more intensely among certain groups in situations of vulnerability.
It has been recognized that environmental harm ‘will be felt most acutely by those sectors of the population that are already in vulnerable situations’; therefore, under ‘international human rights law, States are legally required to address those vulnerabilities in accordance with the principle of equality and non-discrimination.’ Various human rights bodies have recognized Indigenous peoples121, children122, persons living in extreme poverty, minorities, and persons with disabilities, among others123, as groups especially vulnerable to environmental harm, and have also recognized its differentiated impact on women124. Likewise, groups especially vulnerable to environmental degradation include communities whose economies or survival depend primarily on environmental resources, whether the marine environment, forest areas, or riverine areas125, as well as communities that, because of their geographic location, face a particular risk of harm in cases of environmental damage, such as coastal and small-island communities126. In many cases, the particular vulnerability of these groups has led to their relocation or internal displacement.
In the same OC.23 advisory opinion, the Inter-American Court provides that, to guarantee human rights that are vulnerable to environmental harm (afectaciones ambientales), States must assume obligations to respect and ensure those rights, with a basic pillar of protection being access under the principle of maximum disclosure of environmental information, which expressly includes activities involving the exploration and exploitation of natural resources in various contexts (paragraph 214): whether because of the particular community that may be affected by what is being done, such as an Indigenous population inhabiting a territory, or because of the activity being carried out, which may cause environmental damage, such as the development of industrialization projects. In paragraph 215 of the advisory opinion, it refers to various rulings of the European Court of Human Rights applying the Aarhus Convention (Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters), which emphasize “the positive obligation to establish an effective and accessible procedure enabling individuals to access all relevant and appropriate information so that they may assess the risks they could face.” In its opinion, the Inter-American Court also points to the simplified, affordable, and formality-free means by which access to information concerning possible environmental harm must be ensured by the State, which must even provide such information on its own initiative, in light of the active transparency obligation (obligación de transparencia activa) (paragraph 221). The Inter-American Court provides:
“214. With respect to activities that could affect the environment, this Court has emphasized that access to information regarding activities and projects that could have an environmental impact is a matter of evident public interest. In this regard, the Court has considered information concerning activities involving the exploration and exploitation of natural resources within the territory of Indigenous communities and the development of a forestry industrialization project to be of public interest.” (…)
“219. This Court has held that, within the framework of this obligation, information must be provided without any need to demonstrate a direct interest in obtaining it or personal harm, except where a legitimate restriction applies.
220. Moreover, regarding the characteristics of this obligation, the Bali Guidelines and various international instruments establish that access to environmental information must be affordable, effective, and timely.” 221. Additionally, as this Court has recognized, the right of persons to obtain information is complemented by a corresponding positive obligation on the part of the State to provide it, so that the person may access, understand, and assess it. In this regard, the State’s obligation to provide information on its own initiative, known as the “active transparency obligation,” imposes upon States the duty to provide the information necessary for persons to exercise other rights, which is particularly relevant with respect to the rights to life, personal integrity, and health. Likewise, this Court has indicated that the active transparency obligation in such cases requires States to provide the public, on their own initiative, with the greatest possible amount of information.
Such information must be complete and comprehensible, be provided in accessible language, be kept up to date, and be furnished in a manner that is effective for the various sectors of the population.” In light of the CIDH opinion reaffirming the principle of maximum disclosure (principio de máxima divulgación) of environmental information, this Chamber first rules that the position adopted in judgment number 2002-05000 of 10:13 on 24 de mayo de 2000 shall not be applied. That judgment held that keeping technical documentation held by the Dirección de Geología y Minas del Ministerio del Ambiente y Energía confidential did not infringe upon the right to information enshrined in Article 30 of the Constitution, in view of the provisions of Article 102 of the Reglamento al Código de Minería, which is Decreto Ejecutivo 29300-MINAE. This is because the considerations stated therein have been superseded in light of the international instrument cited above, namely the Aarhus Convention, and the CIDH’s Advisory Opinion OC-23 of 15 de noviembre de 2017, according to which access to environmental information may not be conditioned or restricted, as doing so would place environment-related human rights at risk.
Next, with respect to the technical information consisting of topographic profiles (perfiles topográficos), which is deemed confidential, this Chamber proceeds to analyze the matter in order to determine whether the respondent public authority guarantees the aforementioned access to information.
IV.The particular case. The protected party (tutelado) complains that the respondent authority (autoridad recurrida) refuses to provide him with environmental information intended to disclose the topographic profiles (perfiles topográficos) of a publicly owned watercourse (cauce de dominio público). Specifically, it does not give him access to the comparative topographic profiles prepared in connection with concession 30-90, which he considers necessary to verify compliance with the authorized rate of materials extraction from public-domain property (bien demanial). In this regard, it is appropriate to cite subsection b) of Article 24 of the Código de Minería, which states: “Article 24.- The holder of an exploration permit shall be required to: b) Submit a semiannual report on the work and operations performed to the Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos. This report must be certified by a geologist or mining engineer duly registered with the respective professional association, and shall remain confidential while the exploration permit is in force. c)…”.
In her report, the Acting Director of the Dirección de Geología y Minas states to this Chamber under penalty of perjury that, through official letter N°DGM-RNM-456-2018 signed by the then Head of the Registro Nacional Minero, the petitioner (recurrente) was informed of the refusal to provide him with the requested information because it was deemed confidential insofar as it forms an integral part of the Annual Work Reports that every concession holder must submit pursuant to Articles 34 subsection b of the Código de Minería and 69 subsection b and 72 of its regulations. She adds that this type of information—data, plans, and other materials—is filed in records separate from the principal mining case file, in this instance 30-90. Furthermore, in response to the evidence requested for better adjudication (prueba para mejor resolver)—which this Chamber requested from the respondent authority so that it would clarify and legally justify why it considers confidential the comparative topographic profiles of the publicly owned Río Chirripó, which is subject to the concession addressed in expediente 30-90 and which the petitioner requests—the Director of the Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía reiterates the refusal to provide the comparative topographic-profile information, first because the information does not exist under that name or in that format; what they have are topographic profiles distributed across an area, submitted by the concession holder and updated annually, and comparing these profiles requires a technical analysis of the information by surveying and geology professionals, who could determine which of those topographic profiles can be compared with one another and which cannot.
Second, she describes the risk that she believes would arise from disclosing that information to third parties without the concession holder’s authorization, because doing so would mean providing processed information without the recipient, in this case Mr. Levi Virgo, knowing the point cloud collected by all the surveyors, the equipment’s limitations and uncertainties, or the geological correlations made in the field by the concession holder’s geologist. As a third argument for denying access to the information, she states that what the protected party requests is processed information and that, if it were made available to third parties lacking knowledge of other technical elements, it could lead to reinterpretations that depart from the actual conditions of the area covered by concession N° 30-90; moreover, it is sensitive information that could be used to harm third parties or the assets of the company that commissioned the preparation of those materials.
She insists that the case file contains other documentary evidence demonstrating that no overexploitation has occurred under this concession. Fourth, she considers it dangerous to make the information requested by the petitioner available to third parties because, internationally, technical information concerning geological models, mining companies’ financial information, or materials used to calculate reserves are aggressively sought by shell companies that pose as “mining companies,” even creating websites on which they claim this information as their own in order to deceive investors and defraud them through the sale of shares for their own benefit. Fifth, she warns that the information could be used by third parties who might manipulate it or present it as their own, thereby harming the interests of those who collected it. After analyzing the five arguments advanced by the respondent authority to deny access to the information requested by the protected party, this Chamber will now address each of them in order.
This Chamber agrees with the respondent authority that mining law is a highly specialized and technical field, which is why the Legislature, through law N°6797, “Código de Minería,” regulates in detail the possibility of granting concessions for the prospecting, exploration, extraction, and processing of mineral resources. With respect to the confidentiality of the technical information contained in work programs and work reports, the classification as confidential under Article 24 subsection b of law N°6797, the Código de Minería, in conjunction with Article 102 of its Regulations and law N°7975, the Ley de Información No Divulgada, must be assessed in accordance with the principle of maximum disclosure (principio de máxima divulgación) in environmental matters, developed in advisory opinion OC-23 of 15 de noviembre de 2017 of the CIDH; this means that the only permissible restrictions in this area are those established by law and necessary and proportionate to an objective permitted under the American Convention on Human Rights (Convención Americana de Derechos Humanos).
Regarding the respondent party’s arguments: 1. This Chamber does not share the position of the Dirección de Geología y Minas that the information does not exist under the name or in the format requested by the petitioner, because, contrary to that assertion, the report submitted to this Chamber under penalty of perjury makes clear that, under certain circumstances, comparative analyses are indeed made of the topographic profiles distributed across an area and submitted by the concession holder, and that comparing them requires a technical analysis of the information by surveying and geology professionals, who could determine which topographic profiles can be compared with one another and which cannot. From the foregoing, it is clear that, if the requested information (a comparison of topographic profiles) has been prepared and is not restricted information but must instead be made available to the general public, the fact that a comparison is not always performed because it is unnecessary, for reasons of expediency, or because it is not a regulatory requirement within the mining process is not a reason to deny access to any comparative topographic-profile information that has in fact been prepared; this argument must therefore be rejected. 2.
Insofar as the Director of the Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía denies the requested information because its analysis is technical and can be performed only by surveying and geology professionals, this Chamber rejects that argument because, without disputing the technical nature of the subject matter, the fact remains that such a restriction is not established by law, and any opinion expressed by a third party who is not versed in topographic profiles, regardless of that person’s knowledge, cannot affect the validity of the granted mining concession, which is governed by the Código de Minería; moreover, making the information available so that individuals may form whatever opinion they wish has no direct effect whatsoever on the right to exploit the concession. 3. This Chamber rejects the argument advanced to deny the comparative topographic-profile information, according to which the information is processed and therefore sensitive and could be misinterpreted by third parties who did not prepare it.
This is because it cannot be inferred that the fact that the information was processed by the concession holder means that it is protected and must remain secret under the cited mining regulations and the principles of the Aarhus Convention (Convenio de Aarhus), as developed in the CIDH advisory opinion of 15 de noviembre de 2017. Nor can it be inferred that it was prepared pursuant to a prior confidentiality agreement (convenio de confidencialidad) under which the information requested by the petitioner in these proceedings could compromise any secret within the meaning of Ley de Información No Divulgada, N°7975, concerning trade and industrial secrets. The mere possibility that the information could be misinterpreted by nontechnical third parties is no excuse for denying access to it. 4. Another consideration cited by the Director of the Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía before this Chamber to justify her refusal to provide the information is that technical data from geological models, which she assumes include any comparative topographic profiles held by that Dirección de Geología y Minas, constitute suitable and useful input for calculating (mineral) reserves and could be misused by shell companies posing as mining companies, which may deceive investors and commit crimes such as fraud through the sale of shares.
This position is not valid, because third parties’ use of the information or the opinions they express, whether erroneous or not, do not restrict free access to it for informational purposes. In accordance with Article 30 of the Constitution, free access to administrative departments is guaranteed for purposes of obtaining information on matters of public interest, except for state secrets or sensitive information concerning third parties, as delimited by law. 5.- Finally, the Director of the Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía attempts to justify the refusal to provide information concerning comparative topographic profiles without the concession holder’s authorization on the ground that the information could be used by third parties as their own, even though it was collected by the concession holder, thereby infringing its intellectual property rights (derechos de propiedad intelectual).
This Chamber rejects the alleged infringement of copyright (derechos de autor) cited by the respondent because making the information requested by the petitioner (comparative topographic profiles) available does not constitute a threat to the author’s economic or moral rights (derechos patrimoniales o morales) in those reports. First, from a copyright perspective, because this information forms part of and is contained in the concession file after being submitted to the Dirección de Geología y Minas (Art. 102 el Reglamento al Código de Minería Nº 29300-MINAE), it has already been disclosed within the meaning of the Ley de derechos de Autor y Derechos conexos. Second, although it cannot be ruled out that the requested information might be used for illegitimate purposes, as the reporting Director fears, that possibility in no way limits the right of access to information; any copyright holder who believes that they have been harmed by the alleged misuse of the information may resort to the ordinary legal remedies established by law to claim infringement of their moral and/or economic rights.
It should be added that, because private parties’ mining exploration and extraction are activities regulated by the State through mining concessions under the terms established by the Código de Minería, documents that are not considered secret and are not confidential, but that form part of the case file, are by their nature public information and, as such, are available to third parties; access to them may not be denied, nor may any additional requirement be imposed for requesting them.
Access to such information in no way infringes copyright, since it does not entail exploitation rights, which may be authorized only by the copyright holder if the requested material consists of protected works. And should such comparative profiles constitute works, it must be recalled that Chapter IX of Costa Rica’s Copyright and Related Rights Law (Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica) governs how they may be reproduced even without the authorization of the holder of those rights, provided that they are reproduced to the extent specified by the cited law, the source of the information is clearly indicated, and the original version—in this case, the text of the comparative topographic profiles (perfiles topográficos comparados)—is faithfully followed.
Based on the considerations set forth above, and particularly on paragraph 214 of CIDH advisory opinion number OC-23 of November 15, 2017, this Chamber concludes that, given the environmental nature of mining activity, in light of the principle of maximum disclosure of information in this field and the State’s corresponding duty of transparency, information contained in comparative topographic profiles of mining activity is not confidential but public, and therefore full access to it must be guaranteed and facilitated, without imposing formalities for access to data related to the exploration and exploitation of natural resources. This is intended to prevent any restriction of that freedom of access. Thus, access could be limited only to information that, as authorized by a provision having the force of law and in furtherance of a permissible objective, must necessarily and proportionately be kept secret; there is no indication that this is the case here.
In this matter, the parties agree that the appellant seeks to verify whether the riverbed is being overexploited, an issue that he believes can be assessed by comparing the results of any topographic profiles that may have been prepared and that form part of the mining activity reports. Such information is nothing other than information related to potential environmental impacts, to which access must be guaranteed. Accordingly, because the requested information is not confidential, because the applicant was denied access to it—regardless of the stage at which the mining concession may have been—and because the appellant was not provided with the data requested in his application, the Chamber finds that the alleged violation of Articles 27 and 30 of the Political Constitution has been established. It is therefore appropriate to grant this appeal and order that accessible, effective, and timely access be guaranteed to information related to potential environmental impacts, without requiring the applicant to demonstrate a particular interest, as is hereby ordered.
The undersigned would deny the appeal in accordance with her established voting position in such cases, under which it is not for the Chamber but for the ordinary courts (jurisdicción ordinaria) to determine whether a limitation established by a law of the Republic on the right of access to information has been improperly interpreted broadly by the authorities, since such cases do not involve arbitrary conduct and, therefore, determining the scope of the Administration’s authority in such cases falls within the jurisdiction of the ordinary courts.
The parties are advised that, if they submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on an additional electronic, computerized, magnetic, optical, or telematic device, or produced using new technologies, such materials must be collected from the court office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period shall be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as pursuant to the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
POR TANTO:
The appeal is granted. Ileana María Boschini López, in her capacity as Director of the Dirección de Geología y Minas, and the head of the Registro Nacional Minero, both of the Ministerio de Ambiente y Energía, or whoever may hold those positions, are ordered to take immediately the measures necessary to provide the appellant, within the non-extendable period of FIFTEEN DAYS from notification of this judgment, with the information requested by official letter No. AEL-048-2017 of July 30, 2018. The respondent party is advised that, pursuant to Article 71 of the Law governing this jurisdiction, any person who receives an order issued in an amparo appeal (recurso de amparo) that the person must comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be punished by imprisonment for three months to two years or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.
Justice Hernández López dissents and would deny the appeal. The State is ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment before the administrative-law courts (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo). This decision shall be served personally on the respondent party, and Ileana María Boschini López, in her capacity as Director of the Dirección de Geología y Minas, and the head of the Registro Nacional Minero, both of the Ministerio de Ambiente y Energía, or whoever may hold those positions, are ordered.
Fernando Castillo V.
Chief Justice Nancy Hernández L.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alicia Salas T.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
*CV5TRJVWQJS61* CASE FILE N° 18-013142-0007-CO Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.South of the iglesia del Perpetuo Socorro). Filing office for matters involving vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
Revisión del Documento *180131420007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas treinta minutos del siete de diciembre de dos mil dieciocho .
Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 18-013142-0007-CO, interpuesto por Marco Levy Virgo, cédula de identidad0700690314, contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
Resultando:
Redacta Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,
Considerando:
La parte recurrente reclama que por oficio No. AEL-048-2017 de 30 de julio de 2018, solicitó información de carácter ambiental tendiente a conocer los perfiles topográficos de un cauce de dominio público. No obstante, por oficio No. DGM-RNM-456-2018, sin fecha, se le informó que no se le puede facilitar la información solicitada, toda vez que es considerada confidencial. Estima que lo anterior es violatorio del derecho a la información, a la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental, además de auditoría ambiental y elaboración de informes, junto con otros mecanismo eficaces de rendición de cuentas, transparencia, ética, integridad y la lucha contra la corrupción. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias legales que esto implique.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
III.Del acceso a la información en materia ambiental. Previo a resolver el fondo de este amparo, conviene recordar que en materia ambiental, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en la ciudad de Estocolmo en 1972 se proclamaron varios principios, entre los que destaca el Nº 23: "Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá, la oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de las decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente y, cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización". Además, en materia ambiental, esta Sala ha desarrollado el tema de la injerencia, acceso y límite a la información que pueden tener los particulares refiriéndose a diversos instrumentos de carácter internacional que buscan que todas las personas puedan tener un papel activo y no sólo informativo, en el proceso de preparación de las decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente. En tal sentido, recientemente, en relación con el tema de la consulta al público en materia ambiental, en la sentencia de la 2018004117 de las 09:15 horas del 13 de marzo de 2018 esta Sala dispuso:
“…Sobre la consulta pública en materia ambiental, debe recordarse que lo establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en la ciudad de Estocolmo en 1972. En dicha conferencia se proclamaron varios principios, entre los que destaca el Nº 23: "Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá, la oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de las decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente y, cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización". Posteriormente, en el año 1992, se determinó en el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que tratándose del crecimiento humano y ambiental lo siguiente: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.
En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” A partir de dichas disposiciones surgieron compromisos internacionales y regionales en la materia, entre ellos el Programa 21 dentro del marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el cual se enfocó en una adecuada política ambiental para el desarrollo sostenible y contempló diversos capítulos sobre el acceso a la información ambiental.
Posteriormente, en 1998, la Convención sobre el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en la toma de decisiones en temas ambientales. Esta convención, que resulta útil como soft law, se llevó a cabo en Aarhus, Dinamarca, suscrita por países de la Comisión Económica para Europa, donde se establecen parámetros básicos en asuntos medioambientales. En esencia, desarrolla adecuadamente los elementos dispuestos en el principio 10 de la Declaración de Río, suscrita por nuestro país. De igual modo, se continuaron dichos esfuerzos en 1999, con la Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones en la Materia de Desarrollo Sostenible, aprobada por los gobiernos miembros de la Organización de Estados Americanos; en el año 2006, con la Declaración de Santa Cruz +10 y en el 2012, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río +20, que finalizó con la emisión del documento denominado “El futuro que queremos”, vinculado a los derechos ambientales requeridos para impulsar el desarrollo sustentable.
En esta última conferencia en la cual Costa Rica se comprometió a impulsar internamente los pilares del principio 10 de la Declaración de Río: 1- El acceso a la información pública. Se trata de un derecho de toda persona a acceder a información de interés público, que propicia la libertad de expresión, pues a través del conocimiento que se obtenga sobre un determinado asunto, la persona puede ejercer de manera más eficiente y eficaz su derecho de opinión respecto del control de asuntos públicos así como otros derechos como los referidos a la protección del ambiente, salud, etc. De esta manera lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 19 de setiembre de 2006 (caso Claude Reyes y otros vs Chile), en la que indicó:
“…76. En este sentido la Corte ha establecido que, de acuerdo a la protección que otorga la Convención Americana, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende “no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole” 73. Al igual que la Convención Americana, otros instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen un derecho positivo a buscar y a recibir información. 77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención.
Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea (…)”Enmarcando tal derecho en el caso sometido a estudio, debe enfatizarse en la importancia que tiene este derecho cuando la información se encuentra vinculada directamente con asuntos ambientales.
Para ello, es preciso remitirse a lo dispuesto en los instrumentos internacionales citados y posteriormente a nuestro ordenamiento jurídico. En relación con lo expuesto, a modo de soft law, se puede citar como referencia de relevancia internacional la Convención de Aarhus, cuyo numeral 2° expone claramente qué se debe entender por información sobre el ambiente:
“…Por "información(es) sobre el medio ambiente" se entiende toda información disponible en forma escrita, visual, oral o electrónica o en cualquier otra forma material y que se refiera a: a) El estado de los elementos del medio ambiente tales como el aire, la atmósfera, el agua, el suelo, las tierras, el paisaje y los sitios naturales, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente, y la interacción entre estos elementos; b) Factores tales como las sustancias, la energía, el ruido y las radiaciones y las actividades o medidas, en particular las medidas administrativas, los acuerdos relativos al medio ambiente, las políticas, leyes, planes y programas que tengan o puedan tener efectos sobre los elementos del medio ambiente a que hace referencia el apartado a) supra sobre el análisis de costos-beneficios y otros análisis e hipótesis económicas utilizadas en la toma de decisiones en materia ambiental; c) El estado de salud del hombre, su seguridad y sus condiciones de vida, así como el estado de los sitios culturales y de las construcciones en la medida en que sean o puedan ser alteradas por el estado de los elementos del medio ambiente o, a través de estos elementos, por los factores, actividades o medidas a que hace referencia el apartado b) supra…” La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por su parte, en el documento denominado “Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe”, señala que el acceso a la información ambiental abarca dos elementos centrales: por una parte, la generación de información sobre el ambiente y, por otra, el derecho de la ciudadanía a acceder a la información con que cuentan las autoridades públicas y, por ende, la obligación de los gobiernos de poner la información a disposición de todos de manera fácil y accesible (http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/51389/Accesoalainformacion.pdf).
La relevancia de esta información radica en que al estar vinculada a circunstancias que pueden afectar al ambiente, son de interés para el colectivo. Esto implica para el Estado, no solo el deber de permitir el acceso de la información de que disponga, sino también la obligación de divulgarla e informar a la población sobre su actuación en torno al ambiente. Esto significa un instrumento de rendición de cuentas de la administración pública, orientado a garantizar la transparencia y el buen gobierno. Por ello, las restricciones a este derecho deben ser las estrictamente necesarias para que el marco de acceso sea lo más amplio posible. Sobre el particular, el Convenio de Aarhus señala en el numeral 4.3: “(…) 3. Una solicitud de información sobre el medio ambiente podrá denegarse si: a) La autoridad pública de la que se soliciten no dispone de las informaciones solicitadas; b) La solicitud es claramente abusiva y está formulada en términos demasiado generales; o c) La solicitud se refiere a documentos que están elaborándose o conciernen a comunicaciones internas de las autoridades públicas, a condición de que esta excepción esté prevista en el derecho interno o la costumbre, habida cuenta del interés que la divulgación de las informaciones solicitadas tenga para el público. 4.
Una demanda de informaciones sobre el medio ambiente podrá ser rechazada en caso de que la divulgación de esas informaciones tenga efectos desfavorables sobre: a) El secreto de las deliberaciones de las autoridades públicas, cuando este secreto esté previsto por el derecho interno; b) Las relaciones internacionales, la defensa nacional o la seguridad pública; c) La buena marcha de la justicia, posibilidad de que toda persona pueda ser juzgada equitativamente o la capacidad de una autoridad pública para efectuar una investigación de orden penal o disciplinario; d) El secreto comercial o industrial cuando este secreto esté protegido por la ley a fin de defender un interés económico legítimo. En este marco deberán divulgarse aquellas informaciones sobre las emisiones que sean pertinentes para la protección del medio ambiente; e) Los derechos de propiedad intelectual; f) El carácter confidencial de los datos y de los expedientes personales respecto de una persona física si esta persona no ha consentido la divulgación de esas informaciones al público, cuando el carácter confidencial de este tipo de información esté previsto por el derecho interno; g) Los intereses de un tercero que haya facilitado las informaciones solicitadas sin estar obligado a ello por la ley o sin que la ley pueda obligarle a ello y que no consienta en la divulgación de tales informaciones; o h) El medio ambiente a que se refieren las informaciones, como los sitios de reproducción de especies raras.
Los motivos de denegación antes mencionados deberán interpretarse de manera restrictiva teniendo en cuenta el interés que la divulgación de las informaciones solicitadas tendría para el público y según que esas informaciones guarden o no relación con las emisiones al medio ambiente…” Nuestra Constitución Política y la jurisprudencia de este Tribunal han sido acordes con lo señalado anteriormente. En el artículo 30 constitucional se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público y se dispone que quedan a salvo los secretos de Estado. Sobre esta última salvedad, al no establecer esta norma qué se entiende por secretos de Estado, la Sala Constitucional ha debido verificar en cada caso los supuestos que se acusa por algún motivo la denegatoria de información y ha desarrollado este derecho (ver sentencia No. 2003-2120 de las 13:30 horas del 14 de marzo de 2013.
A nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido desarrollando a través de sus pronunciamientos, los derechos sustantivos relacionados con el medio ambiente, como son el derecho a la vida, a participar en la vida cultural, a no ser desplazado forzadamente, entre otros; como también se ha referido a los derechos de procedimiento, entre los que está el derecho de participación y el derecho de información, que sirven de instrumento para la preservación y garantía de los derechos sustantivos que puedan verse afectados por la degradación del medio ambiente. Los derechos de procedimiento también se erigen como pilares fundamentales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones referidas al medio ambiente, por parte de los Estados. En ese sentido la opinión consultiva OC-23 de 15 de noviembre de 2017 ha establecido en esta materia la necesaria observancia del principio de máxima divulgación referido al derecho a la información en materia de ambiente.
V - PRINCIPIO INTERNACIONAL DE MAXIMA DIVULGACIÓN Y OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA ACTIVA. Es con base en el principio 10 de la Declaración de Río citado en las sentencias en materia ambiental parcialmente transcritas en el Considerando anterior, que se hace énfasis en la necesidad de que los ciudadanos participen activamente en los asuntos relacionados y puedan además tener acceso a la información sobre el medio ambiente, que está en poder de las autoridades públicas. Para lograr tal propósito, el Convenio de Aarhus (Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales) acentúa y desarrolla, en el marco del medio ambiente, distintos derechos, entre estos el derecho de acceso a la información, cuya restricción debe ser solo la estrictamente necesaria para que el marco de acceso sea lo más amplio posible.
A nivel regional, en el ámbito interamericano, en la Opinión Consultiva OC-23 de 15 de noviembre de 2017 -que responde la solicitud de consulta planteada por Colombia “sobre las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal, consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado” (Resumen Oficial emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, visible en su página web) la Corte Interamericana desarrolló el contenido del derecho al medio ambiente - regulado en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador y el artículo 26 de la Convención Americana- y su interrelación con distintos derechos humanos. En tal pronunciamiento, que versa sobre materia ambiental, la Corte Interamericana precisa con detalle los distintos derechos humanos que se pueden ver afectados por problemas ambientales y luego define el deber general de los distintos Estados de garantizar y respetar tales derechos. En cuanto a qué derechos se pueden ver afectados por actividad relacionada con el ambiente, señaló textualmente en ese pronunciamiento:
66. La Corte considera que, entre los derechos particularmente vulnerables a afectaciones ambientales, se encuentran los derechos a la vida, integridad persona, vida privada, salud, agua, alimentación, vivienda, participación en la vida cultural, derecho a la propiedad y el derecho a no ser desplazado forzadamente. Sin perjuicio de los mencionados, son también vulnerables otros derechos, de acuerdo al artículo 29 de la Convención, cuya violación también afecta los derechos a la vida, libertad y seguridad de la personas e infringe el deber de conducirse fraternalmente entre las personas humanas, como el derecho a la paz, puesto que los desplazamientos causados por el deterioro del medio ambiente con frecuencia desatan conflictos violentos entre la población desplazada y la instalada en el territorio al que se desplaza, algunos de los cuales por su masividad asumen carácter de máxima gravedad“.
“67. Además, la Corte toma en cuenta que la afectación a estos derechos puede darse con mayor intensidad en determinados grupos en situación de vulnerabilidad. Se ha reconocido que los daños ambientales “se dejarán sentir con más fuerza en los sectores de la población que ya se encuentran en situaciones vulnerables”, por lo cual, con base en “la normativa internacional de derechos humanos, los Estados están jurídicamente obligados a hacer frente a esas vulnerabilidades, de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación. Distintos órganos de derechos humanos han reconocido como grupos especialmente vulnerables a los daños ambientales a los pueblos indígenas121, a los niños y niñas122, a las personas viviendo en situación de extrema pobreza, a las minorías, a las personas con discapacidad, entre otros123, así como han reconocido el impacto diferenciado que tiene sobre las mujeres124.
Asimismo, entre estos grupos especialmente vulnerables a la degradación del medio ambiente, se encuentran las comunidades que dependen, económicamente o para su supervivencia, fundamentalmente de los recursos ambientales, sea el medio marino, las áreas forestales o los dominios fluviales125, o porque debido a su ubicación geográfica corren un peligro especial de afectación en casos de daños ambientales, tales como las comunidades costeñas y de islas pequeñas126. En muchos casos, la especial vulnerabilidad de estos grupos ha ocasionado su reubicación o desplazamiento interno.
En el mismo pronunciamiento OC.23, la Corte Interamericana dispone que para garantizar los derechos humanos vulnerables frente a las afectaciones ambientales, los Estados deben asumir obligaciones de respeto y garantía, constituyendo un pilar básico de protección: la del acceso de divulgación máxima de la información relacionada con el ambiente, lo que expresamente incluye las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales en diversos contextos (párrafo 214): ya sea por la comunidad particular que se pueda ver afectada por lo que se hace, como lo es la población indígena que habita un territorio, como también por la actividad que se realiza, susceptible de provocar daños en el medio ambiente, como lo sería el desarrollo de proyectos de industrialización. En el párrafo 215 de la opinión consultiva, refiere a distintos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en que se aplica la Convención de Aarhus (Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales) y en los que destaca “la obligación positiva de establecer un procedimiento efectivo y accesible para que los individuos puedan acceder a toda la información relevante y apropiada para que puedan evaluar los riesgos a los cuales pueden enfrentarse.” En su pronunciamiento, la Corte Interamericana apunta también a la manera simplificada, asequible y sin necesidad de formalidades para lograr el acceso a la información sobre posibles afectaciones al medio ambiente, que debe ser garantizado por el Estado, que debe procurar aun de oficio tal información, a la luz de la obligación de transparencia activa (párrafo 221). Dispone la Corte Interamericana:
“214. En relación con actividades que podrían afectar el medio ambiente, esta Corte ha resaltado que constituyen asuntos de evidente interés público el acceso a la información sobre actividades y proyectos que podrían tener impacto ambiental. En este sentido, la Corte ha considerado de interés público información sobre actividades de exploración y explotación de los recursos naturales en el territorio de las comunidades indígenas y el desarrollo de un proyecto de industrialización forestal“.
(…)
“219. Esta Corte ha señalado que, en el marco de esta obligación, la información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción .
220. Por otra parte, respecto a las características de esta obligación, las Directrices de Bali y distintos instrumentos internacionales establecen que el acceso a la información ambiental debe ser asequible, efectivo y oportuno”.
221. Adicionalmente, conforme lo ha reconocido esta Corte, el derecho de las personas a obtener información se ve complementado con una correlativa obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocerla y valorarla . En este sentido, la obligación del Estado de suministrar información de oficio, conocida como la “obligación de transparencia activa”, impone el deber a los Estados de suministrar información que resulte necesaria para que las personas puedan ejercer otros derechos, lo cual es particularmente relevante en materia del derecho a la vida, integridad personal y salud. Asimismo, este Tribunal ha indicado que la obligación de transparencia activa en estos supuestos, impone a los Estados la obligación de suministrar al público la máxima cantidad de información en forma oficiosa. Dicha información debe ser completa, comprensible, brindarse en un lenguaje accesible, encontrarse actualizada y brindarse de forma que sea efectiva para los distintos sectores de la población“.
A la luz del pronunciamiento de la CIDH que reafirma el principio de máxima divulgación de la información en materia ambiental, esta Sala dispone en primer lugar desaplicar la posición asumida en la sentencia número 2002-05000 de las 10:13 horas del 24 de mayo de 2000, que dispuso que no rozaba el derecho a la información consagrado en el artículo 30 constitucional, guardar bajo secreto la documentación técnica en poder de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio del Ambiente y Energía, en atención a lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento al Código de Minería, que es Decreto Ejecutivo 29300-MINAE. Ello porque las consideraciones que ahí se indican quedan superadas a la luz del instrumento internacional que es la Convención de Aarhus citado y la Opinión Consultiva OC-23 de 15 de noviembre de 2017 de la CIDH, según los cuales no se puede condicionar y restringir el acceso a la información ambiental, pues ello supone poner en riesgo los derechos humanos relacionados con el ambiente. Seguidamente, y en relación con la información técnica que son los perfiles topográficos y que se considera secreta, esta Sala procede a analizar la cuestión con el propósito de verificar si la autoridad pública recurrida garantiza o no el acceso a la información desarrollado.
IV.Del caso particular. El tutelado reclama que la autoridad recurrida se niega a darle información de carácter ambiental tendiente a conocer los perfiles topográficos de un cauce de dominio público. Específicamente no le da acceso a los perfiles topográficos comparativos que se han elaborado con ocasión de la concesión 30-90, y que estima necesarios para verificar el cumplimiento de la tasa de extracción de materiales autorizada sobre un bien demanial. Al efecto, conviene citar el inciso b) del artículo 24 del Código de Minería en cuanto dice: “Artículo 24.- El titular de un permiso de exploración estará obligado a: b) Rendir un informe semestral sobre los trabajos y operaciones ejecutados a la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos. Este informe deberá ser refrendado por un geólogo o ingeniero de minas, debidamente incorporado a su respectivo colegio profesional, y será confidencial mientras esté en vigencia el permiso de exploración. c)…”.
En su informe, la Directora a.i. de la Dirección de Geología y Minas bajo la gravedad de juramento señala a esta Sala que, por oficio N°DGM-RNM-456-2018 suscrito por el entonces Jefe del Registro Nacional Minero, al recurrente se le comunica la negativa de brindarle la información solicitada, por ser considerada confidencial en el tanto hace parte integral de los Informes Anuales de Labores que todo concesionario debe presentar conforme a los artículos 34 inciso b del Código de Minería y 69 inciso b y 72 de su reglamento. Agregando que, esta clase de información -datos, planos y demás-, son archivados en expedientes aparte al principal expediente minero, en este caso el 30-90. Por otra parte, en atención a la prueba para mejor resolver - que esta Sala pide a la autoridad recurrida para que aclare y justifique las razones jurídicas por las que estima que los perfiles topográficos comparativos del Río Chirripó de dominio público, sobre el que recae la concesión, que se conoce en el expediente 30-90, y que pide el recurrente-, son considerados confidenciales-, la Directora de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía reitera la negativa a dar la información de perfiles topográficos comparativos, primero porque no existe la información bajo esa denominación ni en ese formato; pues con lo que cuentan son perfiles topográficos distribuidos en un área que se presentan de parte del concesionario, de manera actualizada todos los años y para comparar estos perfiles, se requiere un análisis técnico de la información realizada por profesionales en topografía y geología, que podrían indicar cuáles de esos perfiles topográficos se pueden comparar entre sí y cuáles no. En segundo término, describe el riesgo que supone provocaría poner esa información en conocimiento de terceros sin la autorización del concesionario, pues ello significaría entregar información procesada, sin que el receptor, en este caso el señor Levi Virgo, conozca la nube de puntos levantada por todos los topógrafos, sin conocer las limitantes e incertidumbres del equipo y sin tener las correlaciones geológicas que hizo el geólogo del concesionario en el campo.
Como tercer argumento para negar el acceso a la información, señala que lo que pide el tutelado es información procesada y si se pone a disposición de terceros que no cuenten con el conocimiento de otros elementos técnicos podría generar reinterpretaciones que se alejarían de la realidad del área que ocupa la concesión N° 30-90, además de ser información sensible, con la que se puede afectar a terceros o el patrimonio de la empresa que contrató la elaboración de dichos insumos. Insiste en que hay otra prueba documental que consta dentro del expediente y que evidencia la inexistencia de sobreexplotación dentro de esta concesión. En cuarto lugar, estima que poner al alcance de terceros la información que pide el recurrente es peligroso pues internacionalmente la información técnica de modelos geológicos, la información financiera de empresas mineras, o aquellos insumos que sirvan para calcular reservas, son perseguidos celosamente por empresas fantasmas que se hacen pasar por “empresas mineras”, llegando incluso a crear portales web donde se acreditan esta información como propia para engañar a inversionistas y estafarlos en la compra de acciones a su favor.
En quinto lugar advierte que la información podría ser utilizada por terceros que podrían manipularla o hacerla ver como propia, lesionando de tal modo los intereses de quienes la levantaron. Del análisis de los cinco argumentos que son dados por la autoridad recurrida para negar el acceso a la información pedida por el tutelado, esta Sala de seguido, se referirá por su orden a cada uno de ellos. Concuerda señalando con la autoridad recurrida que la materia minera es sumamente especial y técnica, razón por la que el Legislador a través de la ley N°6797 “Código de Minería” regula detalladamente la posibilidad de otorgar concesiones para el reconocimiento, exploración, explotación y beneficio de los recursos minerales. En cuanto a la confidencialidad de la información técnica que conforman los programas de trabajo y los informes de labores, la calificación de confidencial del artículo 24 inciso b de la ley N°6797 que es el Código de Minería, en relación con el artículo 102 de su Reglamento y la Ley N°7975 que es la Ley de Información No Divulgada, se advierte que la misma se debe hacer en atención al principio de máxima divulgación en materia ambiental, desarrollado en la opinión consultiva OC-23 de 15 de noviembre de 2017 de la CIDH, lo que implica que las restricciones en esta materia son solo las que se encuentran fijadas por ley y son necesarias y proporcionales a un objetivo permitido a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En cuanto a los alegatos de la parte recurrida: 1. Esta Sala no comparte la posición de la Dirección de Geología y Minas en cuanto dice que no existe la información bajo la denominación ni en el formato que la pide el recurrente pues contrario a tal afirmación; en el informe dado bajo la gravedad de juramento a esta Sala deja claro que en algunas circunstancias sí se realizan los perfiles comparativos de los perfiles topográficos distribuidos en un área que se presentan de parte del concesionario, y para compararlos se debe hacer un análisis técnico de la información por parte de los profesionales en topografía y geología, que podrían indicar cuáles de esos perfiles topográficos se pueden comparar entre sí y cuáles no. De lo dicho resulta claro que en caso de que la información pedida (comparación de perfiles topográficos) se haya hecho, de no resultar tal información restringida y deba ponerse al acceso de todo público, el hecho de que no siempre se haga la comparación por resultar innecesario o por motivos de oportunidad, o porque no es una exigencia normativa dentro del proceso minero, no es razón para negar la información referente a perfiles topográficos comparativos que sí se haya elaborado, lo que lleva a rechazar tal argumento. 2.
En cuanto la Directora de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía niega la información pedida, porque su análisis es técnico y sólo puede ser realizado por profesionales en topografía y geología, esta Sala lo rechaza pues sin cuestionar la tecnicidad de la materia, lo cierto es que tal limitante no está prevista en la ley y lo que opine un tercero no versado en el tema de los perfiles topográficos independientemente de su conocimiento, es un aspecto que no tiene la virtud para incidir en la validez de la concesión minera concedida que se rige por el Código de Minería y poner a disposición la información para que se formen la opinión que deseen, no produce efecto directo alguno en el derecho explotación de la concesión. 3. Esta Sala rechaza el argumento expuesto para denegar la información de perfiles topográficos comparativos, según el cual la información es procesada y por ello es sensible, pudiendo ser mal interpretada por terceros que no la elaboraron.
Ello porque no se infiere que el hecho de que la información procesada por el concesionario, esté protegida y deba permanecer secreta a la luz de la normativa de minería citada, y principios del Convenio de Aarhus, en los términos que desarrolla la opinión consultiva del 15 de noviembre de 2017 de la CIDH. Tampoco se infiere que se haya elaborado previo convenio de confidencialidad, que suponga que la información pedida por el aquí recurrente pueda comprometer ningún secreto, en los términos que lo regula la Ley de Información No Divulgada, N°7975, relacionada con los secretos comerciales e industriales. La simple posibilidad de que la información pueda ser mal interpretada por terceros, no técnicos, no es excusa para denegar el acceso a la información. 4. Otro aspecto que cita la Directora de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, ante esta Sala para justificar su negativa a brindar la información, es que los datos técnicos de modelos geológicos como los que supone son los perfiles topográficos comparativos con que cuente esa Dirección de Geología y Minas, son un insumo idóneo y útil para calcular reservas (minerales), lo que puede ser mal utilizado por empresas fantasmas que se hacen pasar por empresas mineras y son capaces de engañar inversionistas e incurrir en delitos como el de estafa a través de la venta de acciones.
Tal postura no resulta válida pues, la utilización que hagan terceros de la información o las opiniones que emitan, erradas o no, no limitan el libre acceso con propósito de información. De acuerdo con el artículo 30, Constitucional, se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, salvo los secretos de Estado o información sensible sobre terceros, según lo delimite la ley. 5.- Por último, la Directora de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía intenta justificar la negativa a entregar la información sobre perfiles topográficos comparativos sin la autorización del concesionario, porque es información que podría ser utilizada por terceros como propia, pese haber sido levantada por el concesionario, lesionando de tal modo sus derechos de propiedad intelectual. Esta Sala descarta la vulneración a los derechos de autor que cita la recurrida pues, tener al alcance la información (perfiles topográficos comparativos) que el recurrente pide no consiste una amenaza a los derechos patrimoniales o morales del autor de tales informes.
Primero porque desde la perspectiva de derechos de autor, al hacer parte y estar tal información dentro del expediente de concesión, luego de ser presentada a la Dirección de Geología y Minas (Art. 102 el Reglamento al Código de Minería Nº 29300-MINAE) ya ha sido divulgada, según los términos que establece la Ley de derechos de Autor y Derechos conexos. En segundo término, si bien no se descarta que la información que se pide puede ser utilizada para fines ilegítimos como teme la Directora informante, ello de ningún modo limita el derecho a la información y puede, el titular de los derechos de autor que se sienta afectado por el supuesto mal uso de esta, recurrir a las vías ordinarias que establece la ley para reclamar la infracción a sus derechos morales o/y partrimoniales. Se añade que, al ser la explotación y exploración minera por particulares, actividades reguladas por el Estado a través de la concesión minera, en los términos que establece el Código de Minería, los documentos que no son considerados secretos y los que no revisten carácter de confidencialidad, pero que forman parte del expediente son por su naturaleza información pública, y como tal, está disponible a terceros, y no puede ser denegada ni imponerle mayor requisito al respecto para su petición.
El acceso a tal información, de ningún modo lesiona derechos de autor, pues este no supone derechos de explotación que sólo puede permitir el titular de derechos de autor si lo que se pide se tratare de obras protegidas. Y en caso de que tales perfiles comparativos sean obras, debe recordarse que el Capítulo IX de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica regula la forma en que puede ser reproducida aún sin autorización del titular de esos derechos, siempre que se reproduzca en la medida que indica la cita ley, se indique con claridad la fuente de la información y se atenga a la versión original, en este caso del texto de los perfiles topográficos comparados.
Con base en las consideraciones expuestas, y particularmente de lo dispuesto en el párrafo 214 de la opinión consultiva número OC-23 del 15 de noviembre de 2017 de la CIDH, esta Sala concluye que dada la naturaleza de la actividad minera, que es ambiental, a la luz del principio de máxima divulgación de la información en esta materia y la correlativa obligación de transparencia del Estado, la información de los perfiles topográficos comparativos de la actividad de minería no es confidencial, sino pública y como tal se debe garantizar y procurar su acceso de manera plena, sin imponer formalidades de acceso a los datos relacionados con las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales. Ello en procura de evitar cualquier restricción de esa libertad de acceso. Así, solo podría limitarse el acceso aquélla información que por autorización de norma de rango legal, y en atención a objetivo permitido, de manera necesaria y proporcional deba mantenerse secreta; aspecto que no se desprende sucede en este caso.
En este asunto coinciden las partes que lo que busca el recurrente es verificar si hay sobre explotación del cauce, aspecto que estima puede valorar comparando el resultado de los perfiles topográficos que se hubieren realizado y que hacen parte de los informes de labores de minería, lo que no es otra cosa que información relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente, a la que se le debe garantizar el acceso. Así las cosas, al no tener la información pedida carácter confidencial, la negativa a brindarla al solicitante, en cualquiera de las etapas de la concesión minera en la que se pudiera encontrar y no haber brindado al recurrente los datos requeridos en su gestión, la Sala tiene por acreditada la alegada violación a los numerales 27 y 30, de la Constitución Política, siendo lo procedente ordenar la estimación del presente recurso, para que se garantice el acceso a la información de manera accesible, efectiva y oportuna, relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente, sin exigir al solicitante demostrar un interés particular, como en efecto se dispone.
La suscrita declara sin lugar el recurso planteado en atención a su línea de votación en estos casos, la cual señala que no le toca a la Sala sino a la jurisdicción ordinaria, definir si una limitación al derecho de acceso a la información contenida en una ley de la república ha sido mal interpretada de forma ampliada por las autoridades, pues en tales casos no se trata de una actuación arbitraria y por ello definir los alcances de la administración en tales casos es resorte de la vía jurisdiccional ordinaria.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ileana María Boschini López, en su condición de Directora de la Dirección de Geología y Minas y al jefe del Registro Nacional Minero ambos del Ministerio de Ambiente y Energía, o a quienes ejerzan esos cargos, que adopten de forma inmediata las medidas necesarias, para que en el término improrrogable de QUINCE DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, faciliten al recurrente la información requerida por oficio No. AEL-048-2017 de 30 de julio de 2018. Se advierte a la parte recurrida que, de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. La Magistrada Hernández López salva el voto y declara sin lugar el recurso.
Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrida en forma personal a ordena a Ileana María Boschini López, en su condición de Directora de la Dirección de Geología y Minas y al jefe del Registro Nacional Minero ambos del Ministerio de Ambiente y Energía, o a quienes ejerzan esos cargos.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alicia Salas T.
Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.
*CV5TRJVWQJS61*
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