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Res. 17324-2018 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 19/10/2018
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Revisión del Documento *180125220007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho .
Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 18-012522-0007-CO, interpuesto por XINIA MARÍA HERNÁNDEZ BARRANTES, cédula de identidad 0105670522, contra LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y LA MUNICIPALIDAD DE PURISCAL.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Chacón Jiménez; y,
CONSIDERANDO:
La recurrente acusa que luego de la tormenta Nate, las autoridades recurridas no han atendido las necesidades de infraestructura de su propiedad ubicada en Santiago de Puriscal, pese a las múltiples consecuencias sufridas tras ese desastre. Reclama que las autoridades municipales no realizaron el estudio geotécnico que se recomendó para valorar la necesidad de desalojar el inmueble ni levantaron el muro de contención para restaurar la estabilidad del talud. Ante esto, presentó varias misivas ante el ente municipal accionado; no obstante, el 19 de julio del presente año se le notificó el acuerdo No. 08-166-2018, tomado en la sesión No. 166 del Concejo Puriscal celebrada el 17 de julio anterior, mediante la cual el alcalde informó que ya se había atendido la emergencia con la boleta No. 105, pero, no tiene orden de desalojo municipal y que es la propia recurrente quien debe realizar el estudio geotécnico para valorar, si procede el desalojo de su propiedad, pues su costo es muy alto para ser cubierto por la municipalidad, la cual, además, no cuenta con los profesionales para realizarlo. En virtud de lo expuesto, acude a este Tribunal para que ordene a las autoridades competentes construirle un muro de contención a su propiedad.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
Del informe rendido por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias incluso penales, previstas en el numeral 44, de la Ley que rige esta jurisdicción-, y demás elementos probatorios que obran en autos, se tiene por acreditado que la recurrente es vecina de Santiago de Puriscal y en octubre de 2017 reportó al Sistema Nacional de Emergencia 911 un deslizamiento; así como, los daños ocasionados en su propiedad, como consecuencia de la "Tormenta Nate". Ante eso, se coordinó lo correspondiente y el municipio local atendió su caso mediante boleta No. 105 y determinó que dicho desastre había ocasionado a su propiedad daños leves en paredes, agrietamientos en pisos o paredes no estructurales, movimiento masivo del suelo, hundimientos en la proximidad de la edificación, erosión de las laderas o falla de muros de retención próximos a la edificación, entre otros.
En ese sentido, el seis de octubre del 2017 el Comité Municipal de Emergencias, en visita realizada a la vivienda de la recurrente realizó una inspección y determinó que se debe de solicitar una valoración de un geólogo y se recomendó no permanecer en la vivienda. Posterior a ello la Comisión Municipal de Emergencias N° CME-069-2017 puso la situación en conocimiento del Instituto Mixto de Ayuda Social, para el apoyo que se le pudiese dar en ese caso a la recurrente, ya que la misma se encontraba alquilando. Se acreditó, que con ocasión de lo anterior, en ese momento, se aprobó beneficio familiar para la recurrente por el período de dos meses (noviembre y diciembre). Se acreditó, además, que el 04 de mayo de 2018 la recurrente presentó una gestión ante el Comité Municipal de Emergencias de Puriscal, mediante el cual alegó que en su caso se recomendó un estudio geotécnico para poder determinar el desalojo y no se realizó.
Además, el 24 de mayo anterior, la recurrente gestionó, también, ante ese comité que le indicaran las razones por las cuales el gobierno local recurrido no cuenta con los medios suficientes para levantar un muro de contención para restaurar la estabilidad del talud. Dichas gestiones fueron debidamente tramitadas y se le indicó a la amparada que la emergencia de su caso fue atendida mediante boleta No. 105; sin embargo, no tiene orden de desalojo municipal, por lo que es la propietaria del inmueble quien debe realizar el estudio geotécnico para valorar si procede el su desalojo, pues el costo de este es muy alto para ser cubierto por la municipalidad, la cual, no cuenta con los profesionales para realizarlo. Adicionalmente, se informó que la situación alegada por la recurrente, describe una situación de riesgo, la cual como tal, no se enmarca dentro de la atención de una emergencia. Por lo expuesto, la Sala aprecia que -contrario a lo señalado por la parte recurrente-, los recurridos si atendieron las necesidades mencionadas en relación con la emergencia provocada por la tormenta Nate.
Nótese que se realizó una intervención conjunta y de forma coordinada entre la Municipalidad de Puriscal y el Comité Municipal de Emergencias de Puriscal, el cual, incluso, comunicó la situación de la amparada ante el Instituto Mixto de Ayuda Social, donde se le otorgó ayuda para dos meses. Ahora bien, la pretensión de la recurrente es que este Tribunal intervenga, a fin de que se ordene a las autoridades municipales recurridas realizar el estudio geotécnico y construir el muro de contención en el talud de su inmueble. Al respecto, se debe indicar que no puede esta Sala determinar si dicho estudio y esa obra deben o no ser realizadas por la recurrente o por las autoridades recurridas, pues, ello debe de plantearse y resolverse ante las propias autoridades recurridas o, en su defecto, en la vía ordinaria correspondiente. Es por ello que atender lo pretendido por la amparada, se escapa de las competencias de este Tribunal, pues hacen referencia a un conflicto cuyo conocimiento y resolución excede el carácter sumario del recurso de amparo e involucra intervenir y establecer técnicamente la forma con que debe solventarse el problema que afecta a la propiedad de la amparada.
Además, lo que la recurrente pretende es que los accionados intervengan inmediatamente la parte afectada de la propiedad y construyan un muro de contención, acciones que deben contar con criterios técnicos que refieran la forma de abordar esas labores así como el momento en que se realizarán. Así las cosas, no se acredita la lesión a los derechos fundamentales acusados por la recurrente, sin perjuicio, si lo estima procedente, que pueda presentar sus disconformidades ante las autoridades competentes, por lo que se estima procedente desestimar el recurso.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alejandro Delgado F.
Mauricio Chacón J.
Hubert Fernández A.
*AV9XNKWNIHC61* EXPEDIENTE N° 18-012522-0007-CO
Revisión del Documento *180125220007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho .
Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 18-012522-0007-CO, interpuesto por XINIA MARÍA HERNÁNDEZ BARRANTES, cédula de identidad 0105670522, contra LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y LA MUNICIPALIDAD DE PURISCAL.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Chacón Jiménez; y,
CONSIDERANDO:
La recurrente acusa que luego de la tormenta Nate, las autoridades recurridas no han atendido las necesidades de infraestructura de su propiedad ubicada en Santiago de Puriscal, pese a las múltiples consecuencias sufridas tras ese desastre. Reclama que las autoridades municipales no realizaron el estudio geotécnico que se recomendó para valorar la necesidad de desalojar el inmueble ni levantaron el muro de contención para restaurar la estabilidad del talud. Ante esto, presentó varias misivas ante el ente municipal accionado; no obstante, el 19 de julio del presente año se le notificó el acuerdo No. 08-166-2018, tomado en la sesión No. 166 del Concejo Puriscal celebrada el 17 de julio anterior, mediante la cual el alcalde informó que ya se había atendido la emergencia con la boleta No. 105, pero, no tiene orden de desalojo municipal y que es la propia recurrente quien debe realizar el estudio geotécnico para valorar, si procede el desalojo de su propiedad, pues su costo es muy alto para ser cubierto por la municipalidad, la cual, además, no cuenta con los profesionales para realizarlo. En virtud de lo expuesto, acude a este Tribunal para que ordene a las autoridades competentes construirle un muro de contención a su propiedad.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
Del informe rendido por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias incluso penales, previstas en el numeral 44, de la Ley que rige esta jurisdicción-, y demás elementos probatorios que obran en autos, se tiene por acreditado que la recurrente es vecina de Santiago de Puriscal y en octubre de 2017 reportó al Sistema Nacional de Emergencia 911 un deslizamiento; así como, los daños ocasionados en su propiedad, como consecuencia de la "Tormenta Nate". Ante eso, se coordinó lo correspondiente y el municipio local atendió su caso mediante boleta No. 105 y determinó que dicho desastre había ocasionado a su propiedad daños leves en paredes, agrietamientos en pisos o paredes no estructurales, movimiento masivo del suelo, hundimientos en la proximidad de la edificación, erosión de las laderas o falla de muros de retención próximos a la edificación, entre otros.
En ese sentido, el seis de octubre del 2017 el Comité Municipal de Emergencias, en visita realizada a la vivienda de la recurrente realizó una inspección y determinó que se debe de solicitar una valoración de un geólogo y se recomendó no permanecer en la vivienda. Posterior a ello la Comisión Municipal de Emergencias N° CME-069-2017 puso la situación en conocimiento del Instituto Mixto de Ayuda Social, para el apoyo que se le pudiese dar en ese caso a la recurrente, ya que la misma se encontraba alquilando. Se acreditó, que con ocasión de lo anterior, en ese momento, se aprobó beneficio familiar para la recurrente por el período de dos meses (noviembre y diciembre). Se acreditó, además, que el 04 de mayo de 2018 la recurrente presentó una gestión ante el Comité Municipal de Emergencias de Puriscal, mediante el cual alegó que en su caso se recomendó un estudio geotécnico para poder determinar el desalojo y no se realizó.
Además, el 24 de mayo anterior, la recurrente gestionó, también, ante ese comité que le indicaran las razones por las cuales el gobierno local recurrido no cuenta con los medios suficientes para levantar un muro de contención para restaurar la estabilidad del talud. Dichas gestiones fueron debidamente tramitadas y se le indicó a la amparada que la emergencia de su caso fue atendida mediante boleta No. 105; sin embargo, no tiene orden de desalojo municipal, por lo que es la propietaria del inmueble quien debe realizar el estudio geotécnico para valorar si procede el su desalojo, pues el costo de este es muy alto para ser cubierto por la municipalidad, la cual, no cuenta con los profesionales para realizarlo. Adicionalmente, se informó que la situación alegada por la recurrente, describe una situación de riesgo, la cual como tal, no se enmarca dentro de la atención de una emergencia. Por lo expuesto, la Sala aprecia que -contrario a lo señalado por la parte recurrente-, los recurridos si atendieron las necesidades mencionadas en relación con la emergencia provocada por la tormenta Nate.
Nótese que se realizó una intervención conjunta y de forma coordinada entre la Municipalidad de Puriscal y el Comité Municipal de Emergencias de Puriscal, el cual, incluso, comunicó la situación de la amparada ante el Instituto Mixto de Ayuda Social, donde se le otorgó ayuda para dos meses. Ahora bien, la pretensión de la recurrente es que este Tribunal intervenga, a fin de que se ordene a las autoridades municipales recurridas realizar el estudio geotécnico y construir el muro de contención en el talud de su inmueble. Al respecto, se debe indicar que no puede esta Sala determinar si dicho estudio y esa obra deben o no ser realizadas por la recurrente o por las autoridades recurridas, pues, ello debe de plantearse y resolverse ante las propias autoridades recurridas o, en su defecto, en la vía ordinaria correspondiente. Es por ello que atender lo pretendido por la amparada, se escapa de las competencias de este Tribunal, pues hacen referencia a un conflicto cuyo conocimiento y resolución excede el carácter sumario del recurso de amparo e involucra intervenir y establecer técnicamente la forma con que debe solventarse el problema que afecta a la propiedad de la amparada.
Además, lo que la recurrente pretende es que los accionados intervengan inmediatamente la parte afectada de la propiedad y construyan un muro de contención, acciones que deben contar con criterios técnicos que refieran la forma de abordar esas labores así como el momento en que se realizarán. Así las cosas, no se acredita la lesión a los derechos fundamentales acusados por la recurrente, sin perjuicio, si lo estima procedente, que pueda presentar sus disconformidades ante las autoridades competentes, por lo que se estima procedente desestimar el recurso.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alejandro Delgado F.
Mauricio Chacón J.
Hubert Fernández A.
*AV9XNKWNIHC61* EXPEDIENTE N° 18-012522-0007-CO
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