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Res. 14652-2018 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/09/2018
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber partially granted the amparo only against CONAVI, ordering it to solve the water runoff on national route No. 121 within six months, with an award of costs; the claims against the Municipality of Escazú and the Ministry of Health were dismissed.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso de amparo únicamente contra el CONAVI, ordenándole solucionar en seis meses el escurrimiento de aguas en la ruta nacional n.° 121, con condena en costas; se declaró sin lugar contra la Municipalidad de Escazú y el Ministerio de Salud.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber decided an amparo action filed by residents of Escazú against the Escazú Health Area, the Municipality of Escazú, and the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) regarding water ponding on national route No. 121 near the La Paco shopping center. The Court found a clear problem of rainwater runoff, which the Ministry of Health had confirmed was not sewage. Although the exact source was technically unclear, the Court held that the National Road Council (CONAVI) had the obligation to solve the issue because it occurred on a national road—regardless of whether the petitioners had previously approached CONAVI directly. The amparo was partially granted, ordering CONAVI to take necessary actions within six months to resolve the runoff, with a warning of criminal liability for non-compliance and an award of costs and damages. The claims against the Municipality (not a cantonal road) and the Ministry of Health (which had addressed the complaint) were dismissed. A dissenting vote and a separate note were issued.La Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo interpuesto por vecinas de Escazú contra el Área Rectora de Salud de Escazú, la Municipalidad de Escazú y el MOPT por el empozamiento de aguas en la vía pública nacional n.° 121, frente al centro comercial La Paco. El Tribunal determinó que existía un problema manifiesto de escurrimiento de aguas pluviales, descartándose por el Ministerio de Salud que se tratara de aguas residuales. Aunque el origen exacto no estaba técnicamente claro, se estimó que el CONAVI estaba obligado a solucionar la problemática al tratarse de una ruta nacional, independientemente de que las recurrentes no hubieran gestionado directamente ante esa entidad. La Sala declaró parcialmente con lugar el recurso, ordenando al CONAVI ejecutar las acciones necesarias en el plazo de seis meses para resolver el escurrimiento, con advertencia de responsabilidad penal en caso de incumplimiento y condena al pago de costas, daños y perjuicios. Se desestimó contra la Municipalidad de Escazú por no ser vía cantonal y contra el Ministerio de Salud por haber atendido la denuncia. Se emitieron un voto salvado y una nota separada.
Key excerptExtracto clave
«Consequently, the possibility of judicially demanding, through the amparo remedy, a specific type of prestational activity by the State in fulfillment of its duty to protect life, health, or the right to a healthy environment for the benefit of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger to those rights of the people. From this it follows that the intervention of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven inertia by the State, through its competent organs, in attending to the demands made by the country's inhabitants in exercise of their rights.» «This Court therefore concludes that, since this is a problem occurring on a national public road, CONAVI is obligated to solve it. The Executive Director alleges that the petitioners did not address CONAVI directly. Indeed, there is no evidence that they did, but this is a manifest problem and not a recent one. Consequently, the recourse must be granted against CONAVI only. On the other hand, it must be clarified that it is dismissed against the Municipality of Escazú because this is not a cantonal road. Finally, there is also no reason to grant it against the Ministry of Health, since it did attend to the complaint filed.»«En consecuencia, la posibilidad de exigir, judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país». «Este Tribunal concluye, en consecuencia, que por tratarse de un problema que se presenta en una vía pública nacional, el CONAVI está en la obligación de solucionarlo. El Director Ejecutivo alega que las recurrentes no se dirigieron directamente al CONAVI. Ciertamente, no consta que lo hubieran hecho, pero se trata de un problema manifiesto y que no es reciente. En consecuencia, el recurso debe estimarse contra el CONAVI únicamente. Por otra parte, se debe aclarar que se desestima contra la Municipalidad de Escazú porque no se trata de una vía cantonal. Finalmente, tampoco hay razón para estimarlo contra el Ministerio de Salud, puesto que sí atendió la denuncia planteada.»
Pull quotesCitas destacadas
"El Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos, y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente."
"The State acquires the obligation to regulate those areas of social life from which dangers may arise for the physical existence of the inhabitants of its territory, as well as those that harm the environment, which it may do through laws, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures, and the subjective right of persons that this be done diligently."
Considerando III
"El Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos, y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente."
Considerando III
"La injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país."
"The intervention of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven inertia by the State, through its competent organs, in attending to the demands made by the country's inhabitants in exercise of their rights."
Considerando III
"La injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país."
Considerando III
"Por tratarse de un problema que se presenta en una vía pública nacional, el CONAVI está en la obligación de solucionarlo."
"Since this is a problem occurring on a national public road, CONAVI is obligated to solve it."
Considerando IV
"Por tratarse de un problema que se presenta en una vía pública nacional, el CONAVI está en la obligación de solucionarlo."
Considerando IV
"Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en lo que al Consejo Nacional de Vialidad se refiere. En consecuencia, se le ordena a Carlos Eduardo Solís Murillo, Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que ejecute las acciones necesarias para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione la problemática de escurrimiento de aguas en la vía pública nacional n.° 121, objeto de este amparo."
"The recourse is partially granted, only as regards the National Road Council. Consequently, Carlos Eduardo Solís Murillo, Acting Executive Director of the National Road Council, or whoever occupies that position, is ordered to take the necessary actions so that within six months from notification of this judgment, the problem of water runoff on national public road No. 121, which is the subject of this amparo, is solved."
Por tanto
"Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en lo que al Consejo Nacional de Vialidad se refiere. En consecuencia, se le ordena a Carlos Eduardo Solís Murillo, Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que ejecute las acciones necesarias para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione la problemática de escurrimiento de aguas en la vía pública nacional n.° 121, objeto de este amparo."
Por tanto
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Constitutional Chamber Date of Resolution: September 7, 2018, at 09:20 Case File: 18-006382-0007-CO Ruling with a Dissenting Vote Ruling with a Separate Note Relevance Indicators Relevant Ruling Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. MATTERS OF CONSTITUTIONAL GUARANTEE Subject: ENVIRONMENT Sub-Subjects:
POLLUTION.
14652-18. PROBLEMS OF POLLUTION DUE TO WATER RUNOFF ON A NATIONAL ROUTE, IN AN AREA NEAR “LA PACO” IN ESCAZÚ. However, precisely part of the problem –this Court considers– lies in getting bogged down in pinpointing the cause, for which resources clearly must be invested, while the water continues to flow along the public road, which could even lead to a health problem. The CONAVI report itself also sets out what the solution might be. This Court concludes, consequently, that since this is a problem occurring on a national public road, CONAVI is obligated to solve it. The Executive Director alleges that the appellants did not address CONAVI directly. Certainly, there is no record that they did so, but it is a manifest problem and not a recent one. Consequently, the appeal must be granted against CONAVI only. On the other hand, it must be clarified that it is dismissed against the Municipalidad de Escazú because this is not a cantonal road.
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Type of content: Majority vote Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH CASE LAW Subject: 050- Environment Sub-Subjects:
NOT APPLICABLE.
Article 50 of the Constitution. “(…) III.- On the right to a healthy and ecologically balanced environment. (…) On reiterated occasions, the case law of this Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at the constitutional level and through international regulations; that the legitimate exercise of that right requires that resources be used rationally; and that the State is responsible for environmental protection, according to the precautionary principle that governs environmental matters. This principle obligates the State to provide everything necessary within the scope permitted by law, in order to prevent irreversible damage to the environment, and must assume the responsibility of achieving the social conditions conducive to each person being able to enjoy their health, understood as a state of physical, psychological (or mental), and social well-being.
See Resolution No. 180-98, of 16:24 hours on January 13, 1998. The objective obligation of the State in matters of environmental protection does not unavoidably entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right for suitable measures to be adopted in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by public authorities or by natural and legal persons. In this way, the State acquires the obligation to regulate areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, as well as those that harm the environment, which it may do through the law, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures, and the subjective right of individuals to have this done diligently. Consequently, the possibility of demanding judicially, through the recurso de amparo, a specific type of state action in fulfillment of its duty to protect life, health, or the right to the environment for the benefit of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger against those individual rights.
From which it follows that the interference of the constitutional jurisdiction is only viable given the proven inertia of the State, through its competent bodies, in attending to the demands made by the inhabitants of the country in the exercise of their rights (…)”. Judgment No. 2011-03744.
... See more *180063820007CO* Case File: 18-006382-0007-CO CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on September seven, two thousand eighteen.
Recurso de amparo filed by Giannina Eleonor Perea Furniss, identity card no. 1-983-526, and María José Peralta Salas, identity card no. 1-1508-186, on their own behalf, against the Área Rectora de Salud de Escazú, the Municipalidad de Escazú, and the Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Whereas:
Drafted by Magistrate Fernández Argüello; and,
Considering:
I.Object. The appellants filed this recurso de amparo because, as they state, neither the Área de Salud de Escazú, nor the Municipalidad de Escazú, nor the Ministerio de Obras Públicas y Transportes are solving a problem they reported of water discharge onto the public road in Escazú, in the vicinity of the La Paco shopping center.
II.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:
III.On the right to a healthy and ecologically balanced environment. The issue brought up by the appellants is by no means new to this Chamber. Among many other rulings, this Court pronounced itself in judgment no. 2011-03744 of 14:40 hours on March 23, 2011, in the following terms:
«On reiterated occasions, the case law of this Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at the constitutional level and through international regulations; that the legitimate exercise of that right requires that resources be used rationally; and that the State is responsible for environmental protection, according to the precautionary principle that governs environmental matters. This principle obligates the State to provide everything necessary within the scope permitted by law, in order to prevent irreversible damage to the environment, and must assume the responsibility of achieving the social conditions conducive to each person being able to enjoy their health, understood as a state of physical, psychological (or mental), and social well-being. See Resolution No. 180-98, of 16:24 hours on January 13, 1998.
The objective obligation of the State in matters of environmental protection does not unavoidably entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right for suitable measures to be adopted in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by public authorities or by natural and legal persons. In this way, the State acquires the obligation to regulate areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, as well as those that harm the environment, which it may do through the law, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures, and the subjective right of individuals to have this done diligently. Consequently, the possibility of demanding judicially, through the recurso de amparo, a specific type of state action in fulfillment of its duty to protect life, health, or the right to the environment for the benefit of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger against those individual rights.
From which it follows that the interference of the constitutional jurisdiction is only viable given the proven inertia of the State, through its competent bodies, in attending to the demands made by the inhabitants of the country in the exercise of their rights».
IV.Specific case. In this case, it is established that there is a problem of water runoff on the public road. Both the Ministerio de Salud and CONAVI acknowledge the problem. However, they have not taken any concrete action to solve it. The Ministerio de Salud ruled out that it was a problem of wastewater (aguas servidas). It is not for this Chamber to refute such an opinion. On the other hand, it is true, as stated by the Acting Executive Director of CONAVI, that the recurso de amparo is not the appropriate means to elucidate, from a technical point of view, the origin of the water. The report provided by CONAVI itself clearly indicates that it is difficult to determine for certain what the cause is. However, precisely part of the problem – this Court considers – lies in getting bogged down in pinpointing the cause, for which resources clearly must be invested, while the water continues to flow along the public road, which could even lead to a health problem.
The CONAVI report itself also sets out what the solution might be. This Court concludes, consequently, that since this is a problem occurring on a national public road, CONAVI is obligated to solve it. The Executive Director alleges that the appellants did not address CONAVI directly. Certainly, there is no record that they did so, but it is a manifest problem and not a recent one. Consequently, the recurso must be granted against CONAVI only. On the other hand, it must be clarified that it is dismissed against the Municipalidad de Escazú because this is not a cantonal road. Finally, there is also no reason to grant it against the Ministerio de Salud, since it did address the complaint filed.
I have been dissenting in those cases dealing with correcting, through the recurso de amparo, the mere inactivity of the administration in infrastructure works such as sidewalks (aceras), bridges, road ballasting (lastreado de calles), sewer drains (alcantarillas), stormwater drainage (alcantarillado pluvial), among others, with the argument that they can be litigated in the ordinary legal channels, considering that the Chamber is not, nor should it become, a sole or omnipresent instance that diminishes the other avenues of judicial protection created for that purpose by the constituent and the legislator. I have clarified, however, that I do consider cases of inactivity of the administration in the indicated matters to be protectable in this avenue if such inactivity produces a direct impact on the exercise of fundamental rights regulated in the Political Constitution or in international human rights treaties, provided they are susceptible to being heard in a very summary proceeding of a special nature and urgency, as is the recurso de amparo as a procedural institute.
In this case, the list of proven facts allows concluding that there is no element of sufficient conviction to deem it certain that the claimed omission endangers life, physical integrity, or even seriously risks the property of persons. Therefore, I deem it necessary to dismiss the recurso so that the parties may resort to the corresponding avenue in protection of their legal rights.-
In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its hearing and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do enter to hear the merits of the matter when other rights of persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free of pollution (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which it is alleged that in San Rafael de Escazú, by the La Paco Shopping Center, water flows on the public road, causing ponding, which, in turn, generates mosquitoes. Additionally, it apparently causes deterioration of private property, because the water flows toward the Villa Sorrento Condominium, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
VII.Documentation provided to the file. The appellant party is warned that if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, they must withdraw them from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the «Regulations on the Electronic File before the Judicial Branch», approved by the Corte Plena in session no. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session no. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The recurso is declared partially granted, solely with regard to the Consejo Nacional de Vialidad. Consequently, Carlos Eduardo Solís Murillo, Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad, or whoever holds that position in his stead, is ordered to execute the necessary actions so that within a period of six months, counted from the notification of this judgment, the problem of water runoff on national public road no. 121, the object of this recurso de amparo, is resolved.
It is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo remedy (recurso de amparo), and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided the offense is not more severely punished. The Consejo Nacional de Vialidad is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration, which shall be liquidated in execution of judgment of the administrative contentious jurisdiction. In all other respects, the remedy is declared without merit. Notify this decision personally to Carlos Eduardo Solís Murillo, Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad, or to whoever holds that position in his stead. Magistrate Hernández López dissents and declares the remedy without merit. Magistrate Salazar Alvarado files a note.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Hubert Fernández A.
*WQ30XZZWTRQ61* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
CONTAMINACION.
14652-18. PROBLEMAS DE CONTAMINACION POR ESCURRIMIENTO DE AGUAS EN RUTA NACIONAL, EN ZONA CERCANA A “LA PACO” EN ESCAZU. Sin embargo, precisamente, parte del problema –considera este Tribunal– radica en enfrascarse en precisar la causa, para lo que claramente se deben invertir recursos, mientras que las aguas siguen discurriendo por la vía pública, lo cual podría derivar en un problema, incluso, de salud. El mismo informe del CONAVI también expone cuál puede ser la solución. Este Tribunal concluye, en consecuencia, que por tratarse de un problema que se presenta en una vía pública nacional, el CONAVI está en la obligación de solucionarlo. El Director Ejecutivo alega que las recurrentes no se dirigieron directamente al CONAVI. Ciertamente, no consta que lo hubieran hecho, pero se trata de un problema manifiesto y que no es reciente. En consecuencia, el recurso debe estimarse contra el CONAVI únicamente. Por otra parte, se debe aclarar que se desestima contra la Municipalidad de Escazú porque no se trata de una vía cantonal.
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 050- Ambiente Subtemas:
NO APLICA.
Artículo 50 Constitucional. “(…) III.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (…) En reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional; que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional; y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario dentro del ámbito permitido por la ley, a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente, debiendo asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social.
Véase la resolución Nº 180-98, de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998. La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos, y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente.
En consecuencia, la posibilidad de exigir, judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país (…)”. Sentencia No. 2011-03744.
... Ver más *180063820007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del siete de setiembre de dos mil dieciocho .
Recurso de amparo interpuesto por Giannina Eleonor Perea Furniss, cédula de identidad n.° 1-983-526, y María José Peralta Salas, cédula n.° 1-1508-186, a favor de ellas mismas, contra el Área Rectora de Salud de Escazú, la Municipalidad de Escazú y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Resultando:
Redacta el Magistrado Fernández Argüello; y,
Considerando:
I.Objeto. Las recurrentes interpusieron este amparo porque, según manifiestan, ni el Área de Salud de Escazú, ni la Municipalidad de Escazú ni el Ministerio de Obras Públicas y Transportes solucionan un problema que denunciaron de vertido de aguas en la vía pública en Escazú, en las inmediaciones del centro comercial La Paco.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
III.Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El tema traído a colación por las recurrentes no es de ninguna manera nuevo para esta Sala. Entre muchas otras sentencia, este Tribunal se pronunció en sentencia n.° 2011-03744 de las 14:40 horas del 23 de marzo de 2011, en los siguientes términos:
«En reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional; que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional; y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario dentro del ámbito permitido por la ley, a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente, debiendo asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social. Véase la resolución Nº 180-98, de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998.
La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos, y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente. En consecuencia, la posibilidad de exigir, judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas.
De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país».
IV.Caso concreto. En este caso se tiene por acreditado que hay un problema de escurrimiento de aguas en la vía pública. Tanto el Ministerio de Salud como el CONAVI dan cuenta del problema. Sin embargo, no han realizado ninguna acción concreta para solucionarlo. El Ministerio de Salud descartó que se tratara de un problema de aguas servidas. No le corresponde a esta Sala desvirtuar tal dictamen. Por otra parte, es cierto, como lo afirma el Director Ejecutivo a.i. del CONAVI que no es la vía del amparo la idónea para dilucidar, desde el punto de vista técnico, cuál es el origen del agua. El informe que al respecto aporta el mismo CONAVI claramente indica que es difícil determinar a ciencia cierta cuál es la causa. Sin embargo, precisamente, parte del problema –considera este Tribunal– radica en enfrascarse en precisar la causa, para lo que claramente se deben invertir recursos, mientras que las aguas siguen discurriendo por la vía pública, lo cual podría derivar en un problema, incluso, de salud.
El mismo informe del CONAVI también expone cuál puede ser la solución. Este Tribunal concluye, en consecuencia, que por tratarse de un problema que se presenta en una vía pública nacional, el CONAVI está en la obligación de solucionarlo. El Director Ejecutivo alega que las recurrentes no se dirigieron directamente al CONAVI. Ciertamente, no consta que lo hubieran hecho, pero se trata de un problema manifiesto y que no es reciente. En consecuencia, el recurso debe estimarse contra el CONAVI únicamente. Por otra parte, se debe aclarar que se desestima contra la Municipalidad de Escazú porque no se trata de una vía cantonal. Finalmente, tampoco hay razón para estimarlo contra el Ministerio de Salud, puesto que sí atendió la denuncia planteada.
He venido salvado el voto en aquellos casos que se trate de corregir por medio del recurso de amparo la simple inactividad de la administración, en obras de infraestructura tales como aceras, puentes, lastreado de calles, alcantarillas, alcantarillado pluvial entre otras, con el argumento de que pueden ser discutidos en la vía de legalidad ordinaria, considerando que la Sala no es, ni debe constituirse, en una instancia única u omnipresente que demerite las otras vías de tutela judicial creadas por el constituyente y el legislador al efecto. He aclarado sin embargo que sí estimo como tutelables en esta vía casos de inactividad de la administración en los temas señalados si con ella se produce afectación directa al ejercicio de derechos fundamentales regulados en la Constitución Política o a los tratados internacionales de derechos humanos, siempre que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo como instituto procesal.
En este caso el listado de hechos demostrados permite concluir que no existe ningún elemento de convicción suficiente para tener por cierto que la omisión reclamada pone en peligro la vida, la integridad o incluso arriesga gravemente la propiedad de las personas.- Por ello, estimo necesario declarar sin lugar el recurso para que las partes acudan a la vía correspondiente en protección de sus derechos legales.-
En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que en San Rafael de Escazú, por el Centro Comercial La Paco, discurren aguas en la vía pública, las cuales ocasionan estancamientos, lo que, a su vez, genera mosquitos. Además, aparentemente provoca el deterioro de la propiedad privada, en razón de que las aguas discurren hacia el Condominio Villa Sorrento, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
VII.Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en lo que al Consejo Nacional de Vialidad se refiere. En consecuencia, se le ordena a Carlos Eduardo Solís Murillo, Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que ejecute las acciones necesarias para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione la problemática de escurrimiento de aguas en la vía pública nacional n.° 121, objeto de este amparo. Se advierte que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Consejo Nacional de Vialidad al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
En todo lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese, de manera personal, esta resolución a Carlos Eduardo Solís Murillo, Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien en su lugar ocupe ese cargo. La Magistrada Hernández López salva el voto y declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Hubert Fernández A.
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