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Res. 14652-2018 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/09/2018

Right to a Healthy Environment — CONAVI's Inaction on Water Runoff on National RouteDerecho a ambiente sano — Inactividad del CONAVI ante escurrimiento de aguas en ruta nacional

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Constitutional Chamber partially granted the amparo only against CONAVI, ordering it to solve the water runoff on national route No. 121 within six months, with an award of costs; the claims against the Municipality of Escazú and the Ministry of Health were dismissed.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso de amparo únicamente contra el CONAVI, ordenándole solucionar en seis meses el escurrimiento de aguas en la ruta nacional n.° 121, con condena en costas; se declaró sin lugar contra la Municipalidad de Escazú y el Ministerio de Salud.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber decided an amparo action filed by residents of Escazú against the Escazú Health Area, the Municipality of Escazú, and the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) regarding water ponding on national route No. 121 near the La Paco shopping center. The Court found a clear problem of rainwater runoff, which the Ministry of Health had confirmed was not sewage. Although the exact source was technically unclear, the Court held that the National Road Council (CONAVI) had the obligation to solve the issue because it occurred on a national road—regardless of whether the petitioners had previously approached CONAVI directly. The amparo was partially granted, ordering CONAVI to take necessary actions within six months to resolve the runoff, with a warning of criminal liability for non-compliance and an award of costs and damages. The claims against the Municipality (not a cantonal road) and the Ministry of Health (which had addressed the complaint) were dismissed. A dissenting vote and a separate note were issued.La Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo interpuesto por vecinas de Escazú contra el Área Rectora de Salud de Escazú, la Municipalidad de Escazú y el MOPT por el empozamiento de aguas en la vía pública nacional n.° 121, frente al centro comercial La Paco. El Tribunal determinó que existía un problema manifiesto de escurrimiento de aguas pluviales, descartándose por el Ministerio de Salud que se tratara de aguas residuales. Aunque el origen exacto no estaba técnicamente claro, se estimó que el CONAVI estaba obligado a solucionar la problemática al tratarse de una ruta nacional, independientemente de que las recurrentes no hubieran gestionado directamente ante esa entidad. La Sala declaró parcialmente con lugar el recurso, ordenando al CONAVI ejecutar las acciones necesarias en el plazo de seis meses para resolver el escurrimiento, con advertencia de responsabilidad penal en caso de incumplimiento y condena al pago de costas, daños y perjuicios. Se desestimó contra la Municipalidad de Escazú por no ser vía cantonal y contra el Ministerio de Salud por haber atendido la denuncia. Se emitieron un voto salvado y una nota separada.

Key excerptExtracto clave

«Consequently, the possibility of judicially demanding, through the amparo remedy, a specific type of prestational activity by the State in fulfillment of its duty to protect life, health, or the right to a healthy environment for the benefit of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger to those rights of the people. From this it follows that the intervention of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven inertia by the State, through its competent organs, in attending to the demands made by the country's inhabitants in exercise of their rights.» «This Court therefore concludes that, since this is a problem occurring on a national public road, CONAVI is obligated to solve it. The Executive Director alleges that the petitioners did not address CONAVI directly. Indeed, there is no evidence that they did, but this is a manifest problem and not a recent one. Consequently, the recourse must be granted against CONAVI only. On the other hand, it must be clarified that it is dismissed against the Municipality of Escazú because this is not a cantonal road. Finally, there is also no reason to grant it against the Ministry of Health, since it did attend to the complaint filed.»«En consecuencia, la posibilidad de exigir, judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país». «Este Tribunal concluye, en consecuencia, que por tratarse de un problema que se presenta en una vía pública nacional, el CONAVI está en la obligación de solucionarlo. El Director Ejecutivo alega que las recurrentes no se dirigieron directamente al CONAVI. Ciertamente, no consta que lo hubieran hecho, pero se trata de un problema manifiesto y que no es reciente. En consecuencia, el recurso debe estimarse contra el CONAVI únicamente. Por otra parte, se debe aclarar que se desestima contra la Municipalidad de Escazú porque no se trata de una vía cantonal. Finalmente, tampoco hay razón para estimarlo contra el Ministerio de Salud, puesto que sí atendió la denuncia planteada.»

Pull quotesCitas destacadas

  • "El Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos, y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente."

    "The State acquires the obligation to regulate those areas of social life from which dangers may arise for the physical existence of the inhabitants of its territory, as well as those that harm the environment, which it may do through laws, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures, and the subjective right of persons that this be done diligently."

    Considerando III

  • "El Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos, y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente."

    Considerando III

  • "La injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país."

    "The intervention of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven inertia by the State, through its competent organs, in attending to the demands made by the country's inhabitants in exercise of their rights."

    Considerando III

  • "La injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país."

    Considerando III

  • "Por tratarse de un problema que se presenta en una vía pública nacional, el CONAVI está en la obligación de solucionarlo."

    "Since this is a problem occurring on a national public road, CONAVI is obligated to solve it."

    Considerando IV

  • "Por tratarse de un problema que se presenta en una vía pública nacional, el CONAVI está en la obligación de solucionarlo."

    Considerando IV

  • "Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en lo que al Consejo Nacional de Vialidad se refiere. En consecuencia, se le ordena a Carlos Eduardo Solís Murillo, Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que ejecute las acciones necesarias para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione la problemática de escurrimiento de aguas en la vía pública nacional n.° 121, objeto de este amparo."

    "The recourse is partially granted, only as regards the National Road Council. Consequently, Carlos Eduardo Solís Murillo, Acting Executive Director of the National Road Council, or whoever occupies that position, is ordered to take the necessary actions so that within six months from notification of this judgment, the problem of water runoff on national public road No. 121, which is the subject of this amparo, is solved."

    Por tanto

  • "Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en lo que al Consejo Nacional de Vialidad se refiere. En consecuencia, se le ordena a Carlos Eduardo Solís Murillo, Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que ejecute las acciones necesarias para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione la problemática de escurrimiento de aguas en la vía pública nacional n.° 121, objeto de este amparo."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

**Constitutional Chamber** **Resolution No. 14652 - 2018** **Date of Resolution:** September 7, 2018, at 09:20 **Case File:** 18-006382-0007-CO **Drafted by:** Hubert Fernández Argüello **Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Ruling with a Dissenting Vote** **Ruling with a Separate Note** **Relevance Indicators** **Relevant Ruling** **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 4. MATTERS OF CONSTITUTIONAL GUARANTEE **Subject:** ENVIRONMENT **Sub-Subjects:** POLLUTION.

14652-18. PROBLEMS OF POLLUTION DUE TO WATER RUNOFF ON A NATIONAL ROUTE, IN AN AREA NEAR “LA PACO” IN ESCAZÚ. However, precisely part of the problem –this Court considers– lies in getting bogged down in pinpointing the cause, for which resources clearly must be invested, while the water continues to flow along the public road, which could even lead to a health problem. The CONAVI report itself also sets out what the solution might be. This Court concludes, consequently, that since this is a problem occurring on a national public road, CONAVI is obligated to solve it. The Executive Director alleges that the appellants did not address CONAVI directly. Certainly, there is no record that they did so, but it is a manifest problem and not a recent one. Consequently, the appeal must be granted against CONAVI only. On the other hand, it must be clarified that it is dismissed against the Municipalidad de Escazú because this is not a cantonal road.

... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH CASE LAW **Subject:** 050- Environment **Sub-Subjects:** NOT APPLICABLE.

Article 50 of the Constitution. “(…) III.- On the right to a healthy and ecologically balanced environment. (…) On reiterated occasions, the case law of this Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at the constitutional level and through international regulations; that the legitimate exercise of that right requires that resources be used rationally; and that the State is responsible for environmental protection, according to the precautionary principle that governs environmental matters. This principle obligates the State to provide everything necessary within the scope permitted by law, in order to prevent irreversible damage to the environment, and must assume the responsibility of achieving the social conditions conducive to each person being able to enjoy their health, understood as a state of physical, psychological (or mental), and social well-being. See Resolution No. 180-98, of 16:24 hours on January 13, 1998. The objective obligation of the State in matters of environmental protection does not unavoidably entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right for suitable measures to be adopted in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by public authorities or by natural and legal persons. In this way, the State acquires the obligation to regulate areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, as well as those that harm the environment, which it may do through the law, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures, and the subjective right of individuals to have this done diligently. Consequently, the possibility of demanding judicially, through the recurso de amparo, a specific type of state action in fulfillment of its duty to protect life, health, or the right to the environment for the benefit of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger against those individual rights. From which it follows that the interference of the constitutional jurisdiction is only viable given the proven inertia of the State, through its competent bodies, in attending to the demands made by the inhabitants of the country in the exercise of their rights (…)”. Judgment No. 2011-03744.

... See more **Text of the Resolution** *180063820007CO* **Case File:** 18-006382-0007-CO **Res. No. 2018014652** CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on September seven, two thousand eighteen.

Recurso de amparo filed by Giannina Eleonor Perea Furniss, identity card no. 1-983-526, and María José Peralta Salas, identity card no. 1-1508-186, on their own behalf, against the Área Rectora de Salud de Escazú, the Municipalidad de Escazú, and the Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

**Whereas:** 1.- By a document received in the Secretariat of the Chamber on April 25, 2018, the appellants indicated that in San Rafael de Escazú, by the Paco shopping center, water runs off onto the public road, causing ponding, which, in turn, generates mosquitoes. It also causes deterioration of the public road and private property. The water runs off toward the Villa Sorrento condominium. On February 9, 2018, a complaint was filed with the Área Rectora de Salud de Escazú. On March 7, the Área Rectora de Salud de Escazú conducted an inspection that concluded, as notified in report no. RCS-ARSE-ERS-183-2018, that, indeed, there is ponding not caused by wastewater but by an inadequate stormwater drainage system (sistema de alcantarillado pluvial). In the judgment of the health area, it is necessary to intervene in the sewerage system. Consequently, the complaint was transferred to the Municipalidad de Escazú for intervention. The appellants added that to date, no notification of any kind has been received from the municipality. They added that the problem has been occurring for approximately six months. Before the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) asphalted the street, there was a ditch (caño) through which the water ran, preventing ponding. The MOPT carried out the asphalting without due care; it covered the ditch (caño), which caused great harm to neighbors, pedestrians, and drivers. They consider that the omission violates Articles 27, 41, and 50 of the Political Constitution. They allege that the situation violates the right to a healthy and ecologically balanced environment. They request that the Municipalidad de Escazú, the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, and the Ministerio de Salud be urged to provide a solution to the problem.

2.- By resolution of April 26, 2018, the proceeding was given course.

3.- On May 2, 2018, this recurso de amparo was notified to the Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

4.- On May 4, 2018, this recurso de amparo was notified to the Municipalidad de Escazú and the Área Rectora de Salud de Escazú.

5.- Through a document filed on May 7, 2018, Ariel Vega León, Director General of the División de Obras Públicas of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, indicated that, according to an inspection conducted by the Dirección Regional de Colima, Region 1, water ponding was observed on national route 121. The Dirección Regional will proceed to coordinate with the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) the intervention of this road to correct the drainage causing the problem.

6.- On May 9, 2018, the appellant María José Peralta Salas provided a copy of official communication no. GU-198-18 from the Municipalidad de Escazú.

7.- On May 9, 2018, Ana Gabriel Aguilar Vargas and Adolfo Ortiz Barboza, respectively Coordinator and Director, both of the Área Rectora de Salud de Escazú, indicated that the complaint file no. 13134-18 shows that the appellant Giannina Eleonor Perea Furniss filed a complaint against the La Paco Shopping Center, in Guachipelín de Escazú, for water ponding on the public road, received on February 9, 2018. On February 19, 2018, a new complaint was received against the La Paco Shopping Center, also signed by Giannina Perea, this time regarding some trees that apparently constitute a risk of falling. They added that a third complaint formulated by Giannina Perea was received on March 5, 2018, again against the La Paco Shopping Center, indicating that a gym is being built there, which is deteriorating part of the structure of the Villa Sorrento condominium. On March 7, 2018, an inspection was conducted to address the three complaints filed. According to inspection report no. RCS-ARSE-ABJ-15-2018, it was determined, by means of dye tests, that the ponding is not the product of wastewater from the shopping center. Only a sink (pileta) in the Arena Treck premises was determined to be connected to a stormwater downspout, which the shopping center managers immediately removed. It was confirmed that the ponding originates from a public stormwater catch basin (caja de registro pluvial), which has a discharge pipe to the stormwater ditch (caño pluvial) that is poorly channeled and causes rainwater ponding. Since these are public stormwater evacuation and channeling works, the complaint was referred to the local government of the cantón of Escazú to address it, according to its competencies. They added that a dye test was performed on the sanitary fixtures of the Arena Treck gym (adjacent to the Villa Sorrento condominium) and dye was placed in the wastewater treatment plant of that shopping center, without finding fluorescein exiting toward the public stormwater ditch or stormwater sewer (alcantarillado pluvial). The shopping center's wastewater treatment plant is located completely away from the site where the ponding was found, at the rear of the Arena Treck premises, and discharges its treated water toward the Convento River, with topographical levels opposite to the ponding site, which reinforces the opinion that this is not wastewater from the shopping center. During the inspection, it was determined that the ponded water lacks a cloudy appearance and does not present a bad odor, therefore ruling out that it is wastewater or waste. The assessed stormwater catch basin (caja de registro pluvial) clearly shows the water exit or connection to the public ditch (caño público) and, consequently, generates the ponding, which is confirmed by the immediate exit of the fluorescein applied in said catch basin, which clearly evidenced the poor connection made in the stormwater channeling system. Regarding the alert of danger from falling trees, there is nothing to indicate risk. However, since it is a forestry matter (tema forestal), the complaint is referred to the Municipalidad de Escazú and the Ministerio de Ambiente y Energía. Regarding the structure and construction of the gym, they indicated that during the visit, no construction was located. The Arena Treck premises presents an executed extension on its front part that corresponds to an enclosure with glass and a lightweight wall, adjacent to the wall of the Villa Sorrento condominium. The walls are independent, and no condition of deterioration was observed in the wall of the Villa Sorrento condominium or in any other structure, so the complaint is dismissed. In summary, they indicated that the complaints were addressed. They request that this recurso be dismissed in all its parts.

8.- On May 11, 2018, Arnoldo Barahona Cortés, Mayor of Escazú, indicated that the facts are not directly known to him, but rather through the complaint filed with the Ministerio de Salud. The Municipalidad de Escazú has a record of receiving official communication no. RCS-ARSE-ERS-183-2018 together with the complaint received at the Área de Salud de Escazú. He considers that the municipality has done what corresponds within its competencies. He explained that, as indicated by the Gerencia Urbana in official communication no. GU-200-18 of May 7, 2018, the Ministerio de Obras Públicas y Transportes intervened in the public road located in front of the appellant's property, which is national route no. 121. When the asphalt was laid, the ditch (caño) through which the water ran was covered, causing the current situation. The foregoing is reinforced – the Mayor alleges – by what was indicated by the Ministerio de Salud regarding the transfer to that municipality of report RCS-ARSE-ERS-183-2018, dated March 14, 2018. According to that document, it is confirmed that the ponding is not caused by wastewater but by an inadequate stormwater drainage system (sistema de alcantarillado pluvial). Consequently, it would be up to the Ministerio de Obras Públicas y Transportes to address the problem. It involves a national route. On the other hand, the Mayor also referred to what was indicated by the Subproceso de Mantenimiento de Obra Pública in official communication no. MOP-093-2018 of May 7, 2018, in which it is stated that the water flow remains constant, despite the absence of rain, so the origin is not pluvial, but rather appears to be gray wastewater (aguas servidas grises), coming from washbasins, showers, sinks, laundry tubs, and laundry rooms, which must be treated by the owner. In such a case, the Mayor continues, the Ministerio de Salud would be responsible for intervening. In another vein, the Mayor refers that in response to the complaint raised by María José Peralta Salas on March 2, 2018, regarding constructions without a permit at the La Paco shopping center, the Subproceso de Inspección General in official communication no. 335-2018 indicated to the complainant that no stormwater channeling works are recorded on the boundary of the condominium. The foregoing was notified to the protected party on April 12, 2018. Consequently, the Mayor concludes that the situation complained of is due to the lack of structures (curb and gutter / cordón de caño) to adequately channel stormwater into a sewer drain (alcantarilla). In accordance with Article 2 of the Creation Law of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, it is the responsibility of that ministry to intervene. Finally, he indicated that, through official communication no. GU-198-18 of May 4, 2018, the Área Rectora de Salud de Escazú (a copy of which was sent to Mrs. Perea Furniss), concluded that it makes no sense for it to be stormwater, but rather wastewater (aguas servidas), and that, in any case, as it involves a national route, it is not within the competence of the municipal corporation. The Mayor requests that the recurso be dismissed.

9.- On June 26, 2018, a hearing was granted to the Director of the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).

10.- On July 17, 2018, Carlos Eduardo Solís Murillo, Acting Executive Director of CONAVI, indicated that, indeed, at the address indicated by the appellant, water runs off onto the public road. However, there is no technical opinion indicating that the water causes damage to national highway no. 121. He reiterates that it is a subjective opinion, lacking evidentiary support, to affirm that the water is damaging national route no. 121. He rejected what was indicated by the Ministerio de Salud in official communication no. RCS-ARSE-ERS-183-2018, which indicates that the ponding is a product of stormwater. He added that this opinion contradicts the technical opinions of the Municipalidad de Escazú issued in official communications no. GU-198-18, GU-200-18, COP-0143-18, and MOP-093-2018, and of CONAVI issued by the Road Administrator, Zone 1-2 Puriscal, official communication no. SALASA (1-2)-077-18. He also indicated that there is no technical evidence proving that the resurfacing (recarpeteo) of the highway is the cause of the water ponding. In any case, when there is no rain, there should be no water flowing through the area. CONAVI only performs drainage for rainwater. In any case, the appellant party has not filed any request before CONAVI. In more detail, the Executive Director explained that according to the technical engineering report conducted by the company SALASA Consultora y Ejecutora SALASA (1-2)-077-18 of July 13, 2018, signed by civil engineer Jorge Eduardo Salazar González, the water leaving the catch basin (caja de registro) is not of pluvial origin. The Ministerio de Salud has a different position on this matter, as it considers that it is of pluvial origin (technical report RCS-ARSE-ERS-183-2018). Given such conflicting reports, the Executive Director considers that the object of this recurso de amparo should be aired in the ordinary jurisdiction (vía ordinaria) and not in the summary proceeding that this recurso is. In the ordinary jurisdiction, the involved entities would have the possibility of conducting expert assessments to determine the origin of the running water and compare them. Furthermore, he alleged that the catch basin (caja de registro) does not belong to CONAVI and was not built by this institution. In accordance with technical report SALASA (1-2)-077-18 (already mentioned), the catch basin was built neither by MOPT nor by CONAVI, as on national routes, only pipes with diameters of 60 cm are placed, and the catch basin has pipes of 15 cm. The report is blunt – he indicates – in establishing that two 15 cm PVC pipes are connected to said catch basin: one comes from the private property of the La Paco Shopping Center, which is the one transporting water, and the other drains the water toward the highway. For certain – the report indicates – it is difficult to know what the origin of the water is, but it is clear that it is not of pluvial origin, as the topographical levels would not allow the transfer of stormwater to that catch basin. The Executive Director added that neither the appellant party, nor the Ministerio de Salud, nor the Municipalidad de Escazú have demonstrated having filed any request before CONAVI, so the latter has not violated the right of petition or institutional coordination. In any case, it follows from the evidence that it is a public health matter that the Ministerio de Salud is responsible for addressing. He requests that the recurso be dismissed and CONAVI be absolved of all responsibility.

11.- In the substantiation of the proceeding, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Fernández Argüello; and, **Considering:** I.- Object. The appellants filed this recurso de amparo because, as they state, neither the Área de Salud de Escazú, nor the Municipalidad de Escazú, nor the Ministerio de Obras Públicas y Transportes are solving a problem they reported of water discharge onto the public road in Escazú, in the vicinity of the La Paco shopping center.

II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven: 1) On February 9, 2018, the appellant Giannina Eleonor Perea Furniss filed a complaint before the Área Rectora de Salud against the La Paco shopping center, located in Escazú, for water ponding on the public road, which is being processed in file no. 13134-18 (point 1 of the health area report and copy of the complaint accompanying the report). 2) On March 7, 2018, the Área de Salud conducted an inspection visit and concluded that the ponding is not the product of wastewater from the La Paco shopping center, that the ponded water lacks a cloudy appearance and does not present a bad odor, and that it comes from a public stormwater catch basin (caja de registró pluvial pública) that has a poorly channeled pipe (point 4.a of the health area report and copy of the sanitary inspection report no. N RCS-ARSE-ABJ-15-2018 accompanying the report). 3) On March 14, 2018, the Área Rectora de Salud transferred the complaint to the Municipalidad de Escazú for addressing the problem of inadequate stormwater drainage (alcantarillado pluvial), which it communicated to the appellant Giannina Eleonor Perea Furniss (point 4.a of the health area report, copy of official communication no. RCS-ARSE-ERS-183-2018 accompanying the report, and point 4 of the filing document). 4) On April 10, 2018, the Área de Salud de Escazú closed the case of file no. 13134-18 (copy of official communication no. CS-ARSE-ERS-252-18). 5) At the address indicated by the appellants, water is running off onto national highway no. 121, causing ponding, without the origin having been technically determined (point 1 of the report from the Director General of the División de Obras Públicas of MOPT, response to fact 1 in the CONAVI report, and folio 1 of the technical report SALASA (1-2)-077-18 accompanying it). 6) To solve the problem, it is required to place larger dimension catch basins (cajas de registro) and a pipe (folio 2 of technical report SALASA (1-2)-077-18 provided by CONAVI).

III.- On the right to a healthy and ecologically balanced environment. The issue brought up by the appellants is by no means new to this Chamber. Among many other rulings, this Court pronounced itself in judgment no. 2011-03744 of 14:40 hours on March 23, 2011, in the following terms:

«On reiterated occasions, the case law of this Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at the constitutional level and through international regulations; that the legitimate exercise of that right requires that resources be used rationally; and that the State is responsible for environmental protection, according to the precautionary principle that governs environmental matters. This principle obligates the State to provide everything necessary within the scope permitted by law, in order to prevent irreversible damage to the environment, and must assume the responsibility of achieving the social conditions conducive to each person being able to enjoy their health, understood as a state of physical, psychological (or mental), and social well-being. See Resolution No. 180-98, of 16:24 hours on January 13, 1998. The objective obligation of the State in matters of environmental protection does not unavoidably entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right for suitable measures to be adopted in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by public authorities or by natural and legal persons. In this way, the State acquires the obligation to regulate areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, as well as those that harm the environment, which it may do through the law, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures, and the subjective right of individuals to have this done diligently. Consequently, the possibility of demanding judicially, through the recurso de amparo, a specific type of state action in fulfillment of its duty to protect life, health, or the right to the environment for the benefit of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger against those individual rights. From which it follows that the interference of the constitutional jurisdiction is only viable given the proven inertia of the State, through its competent bodies, in attending to the demands made by the inhabitants of the country in the exercise of their rights».

IV.- Specific case. In this case, it is established that there is a problem of water runoff on the public road. Both the Ministerio de Salud and CONAVI acknowledge the problem. However, they have not taken any concrete action to solve it. The Ministerio de Salud ruled out that it was a problem of wastewater (aguas servidas). It is not for this Chamber to refute such an opinion. On the other hand, it is true, as stated by the Acting Executive Director of CONAVI, that the recurso de amparo is not the appropriate means to elucidate, from a technical point of view, the origin of the water. The report provided by CONAVI itself clearly indicates that it is difficult to determine for certain what the cause is. However, precisely part of the problem – this Court considers – lies in getting bogged down in pinpointing the cause, for which resources clearly must be invested, while the water continues to flow along the public road, which could even lead to a health problem. The CONAVI report itself also sets out what the solution might be. This Court concludes, consequently, that since this is a problem occurring on a national public road, CONAVI is obligated to solve it. The Executive Director alleges that the appellants did not address CONAVI directly. Certainly, there is no record that they did so, but it is a manifest problem and not a recent one. Consequently, the recurso must be granted against CONAVI only. On the other hand, it must be clarified that it is dismissed against the Municipalidad de Escazú because this is not a cantonal road. Finally, there is also no reason to grant it against the Ministerio de Salud, since it did address the complaint filed.

V.- DISSENTING VOTE BY MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ. I have been dissenting in those cases dealing with correcting, through the recurso de amparo, the mere inactivity of the administration in infrastructure works such as sidewalks (aceras), bridges, road ballasting (lastreado de calles), sewer drains (alcantarillas), stormwater drainage (alcantarillado pluvial), among others, with the argument that they can be litigated in the ordinary legal channels, considering that the Chamber is not, nor should it become, a sole or omnipresent instance that diminishes the other avenues of judicial protection created for that purpose by the constituent and the legislator. I have clarified, however, that I do consider cases of inactivity of the administration in the indicated matters to be protectable in this avenue if such inactivity produces a direct impact on the exercise of fundamental rights regulated in the Political Constitution or in international human rights treaties, provided they are susceptible to being heard in a very summary proceeding of a special nature and urgency, as is the recurso de amparo as a procedural institute.

In this case, the list of proven facts allows concluding that there is no element of sufficient conviction to deem it certain that the claimed omission endangers life, physical integrity, or even seriously risks the property of persons. Therefore, I deem it necessary to dismiss the recurso so that the parties may resort to the corresponding avenue in protection of their legal rights.- VI.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its hearing and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do enter to hear the merits of the matter when other rights of persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free of pollution (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which it is alleged that in San Rafael de Escazú, by the La Paco Shopping Center, water flows on the public road, causing ponding, which, in turn, generates mosquitoes. Additionally, it apparently causes deterioration of private property, because the water flows toward the Villa Sorrento Condominium, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.

VII.- Documentation provided to the file. The appellant party is warned that if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, they must withdraw them from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the «Regulations on the Electronic File before the Judicial Branch», approved by the Corte Plena in session no. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session no. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

**Therefore:** The recurso is declared partially granted, solely with regard to the Consejo Nacional de Vialidad. Consequently, Carlos Eduardo Solís Murillo, Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad, or whoever holds that position in his stead, is ordered to execute the necessary actions so that within a period of six months, counted from the notification of this judgment, the problem of water runoff on national public road no. 121, the object of this recurso de amparo, is resolved.

It is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo remedy (recurso de amparo), and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided the offense is not more severely punished. The Consejo Nacional de Vialidad is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration, which shall be liquidated in execution of judgment of the administrative contentious jurisdiction. In all other respects, the remedy is declared without merit. Notify this decision personally to Carlos Eduardo Solís Murillo, Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad, or to whoever holds that position in his stead. Magistrate Hernández López dissents and declares the remedy without merit. Magistrate Salazar Alvarado files a note.

Fernando Castillo V.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Alejandro Delgado F.

Hubert Fernández A.

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Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:

CONTAMINACION.

14652-18. PROBLEMAS DE CONTAMINACION POR ESCURRIMIENTO DE AGUAS EN RUTA NACIONAL, EN ZONA CERCANA A “LA PACO” EN ESCAZU. Sin embargo, precisamente, parte del problema –considera este Tribunal– radica en enfrascarse en precisar la causa, para lo que claramente se deben invertir recursos, mientras que las aguas siguen discurriendo por la vía pública, lo cual podría derivar en un problema, incluso, de salud. El mismo informe del CONAVI también expone cuál puede ser la solución. Este Tribunal concluye, en consecuencia, que por tratarse de un problema que se presenta en una vía pública nacional, el CONAVI está en la obligación de solucionarlo. El Director Ejecutivo alega que las recurrentes no se dirigieron directamente al CONAVI. Ciertamente, no consta que lo hubieran hecho, pero se trata de un problema manifiesto y que no es reciente. En consecuencia, el recurso debe estimarse contra el CONAVI únicamente. Por otra parte, se debe aclarar que se desestima contra la Municipalidad de Escazú porque no se trata de una vía cantonal.

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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 050- Ambiente Subtemas:

NO APLICA.

Artículo 50 Constitucional. “(…) III.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (…) En reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional; que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional; y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario dentro del ámbito permitido por la ley, a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente, debiendo asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social. Véase la resolución Nº 180-98, de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998. La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos, y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente. En consecuencia, la posibilidad de exigir, judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país (…)”. Sentencia No. 2011-03744.

... Ver más *180063820007CO* Res. Nº 2018014652 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del siete de setiembre de dos mil dieciocho .

Recurso de amparo interpuesto por Giannina Eleonor Perea Furniss, cédula de identidad n.° 1-983-526, y María José Peralta Salas, cédula n.° 1-1508-186, a favor de ellas mismas, contra el Área Rectora de Salud de Escazú, la Municipalidad de Escazú y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 25 de abril de 2018, las recurrentes indicaron que en San Rafael de Escazú, por el centro comercial Paco, se escurren aguas en la vía pública, las que ocasionan empozamiento, lo que, a su vez, genera mosquitos. Además provoca el deterioro de la vía pública y de la propiedad privada. Las aguas escurren hacia el condominio Villa Sorrento. El 9 de febrero de 2018, se presentó ante el Área Rectora de Salud de Escazú una denuncia. El 7 de marzo, el Área Rectora de Salud de Escazú realizó una inspección que concluyó, según se notificó en el informe n.° RCS-ARSE-ERS-183-2018, que, en efecto, existe un empozamiento que no es causado por aguas residuales, sino por un inadecuado sistema de alcantarillado pluvial. Es necesario, a juicio del área de salud, intervenir el sistema de alcantarillado. En consecuencia, se trasladó la denuncia a la Municipalidad de Escazú para que interviniera. Las recurrentes agregaron que a la fecha no se ha recibido ninguna clase de notificación por parte de la municipalidad. Agregaron que el problema se presenta desde hace, aproximadamente, seis meses. Antes que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realizara el asfaltado de la calle, había un caño por el cual corrían las aguas, lo que evitaba el empozamiento. El MOPT realizó el asfaltado sin el debido cuidado; tapó el caño, lo que ocasionó un gran perjuicio para los vecinos, peatones y conductores. Consideran que la omisión lesiona los artículos 27, 41, 50 de la Constitución Política. Alegan que la situación vulnera el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Solicitan que se inste a la Municipalidad de Escazú, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al Ministerio de Salud a brindar una solución al problema.

2.- Por resolución del 26 de abril de 2018, se le dio curso al proceso.

3.- El 2 de mayo de 2018, se notificó este amparo al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

4.- El 4 de mayo de 2018, se notificó este amparo a la Municipalidad de Escazú y al Área Rectora de Salud de Escazú.

5.- Mediante escrito presentado el 7 de mayo de 2018, Ariel Vega León, Director General de la División de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, indicó que, según inspección realizada por la Dirección Regional de Colima, Región 1, se observa empozamiento de agua en la ruta nacional 121. La Dirección Regional procederá a coordinar con el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) la intervención de esa vía para corregir el drenaje que provoca el problema.

6.- El 9 de mayo de 2018, la recurrente María José Peralta Salas aportó copia del oficio n.° GU-198-18 de la Municipalidad de Escazú.

7.- El 9 de mayo de 2018, Ana Gabriel Aguilar Vargas y Adolfo Ortiz Barboza, respectivamente, Coordinadora y Director, ambos del Área Rectora de Salud de Escazú, indicaron que consta en el expediente de denuncia n.° 13134-18 que la recurrente Giannina Eleonor Perea Furniss interpuso una denuncia contra el Centro Comercial La Paco, en Guachipelín de Escazú, por empozamientos de aguas en vía pública, recibida el 9 de febrero de 2018. El 19 de febrero de 2018, se recibió una nueva denuncia contra el Centro Comercial La Paco, firmada también por Giannina Perea, esta vez por motivo de unos árboles que aparentemente constituyen un riesgo por caída. Agregaron que se recibió una tercera denuncia formulada por Giannina Perea, el 5 de marzo de 2018, nuevamente contra el Centro Comercial La Paco, en el que se indica que ahí se está construyendo un gimnasio, lo que deteriora parte de la estructura del condominio Villa Sorrento. El 7 de marzo de 2018, se realizó una inspección para la atención de las tres denuncias interpuestas. Según consta en acta de inspección n.° RCS-ARSE-ABJ-15-2018, se determinó, mediante pruebas de coloración, que el empozamiento no es producto de aguas residuales provenientes del centro comercial. Únicamente se determina una pileta del local Arena Treck, conectado a un bajante pluvial, que los encargados del centro comercial eliminaron de inmediato. Se confirmó que los empozamientos son provenientes de una caja de registro pluvial pública, que posee una tubería de desfogue al caño pluvial mal canalizada y que provoca empozamientos de agua de lluvia. Por tratarse de obras de evacuación y canalización de aguas pluviales públicas se remitió la denuncia al gobierno local del cantón de Escazú, para que se ocupe, según sus competencias. Agregaron que se realizó prueba de coloración en las piezas sanitarias del gimnasio Arena Treck (contiguo al condominio Villa Sorrento) y se colocó colorante en la planta de tratamiento de aguas residuales de ese centro comercial, sin que se encontrara la salida de fluoresceína hacia el caño pluvial público o alcantarillado pluvial. La planta de tratamiento de aguas residuales del centro comercial se encuentra completamente alejada del sitio en que se encontraron los empozamientos, en la parte posterior del local Arena Treck, y desfoga sus aguas tratadas hacia el río Convento, con niveles topográficos opuestos al sitio donde se dan los empozamientos, lo que refuerza el criterio de que no se trata de aguas residuales del centro comercial. Durante la inspección se determinó que las aguas empozadas carecen de apariencia turbia y no presentan mal olor, por lo que se descarta que se trate de aguas residuales o de desecho. La caja de registro pluvial valorada muestra claramente la salida o conexión de sus aguas al caño público y, consecuentemente, genera los empozamientos, lo que se confirma con la salida inmediata de la fluoresceína que se aplicó en dicha caja de registro, que claramente dejó en evidencia la mala conexión realizada en el sistema de canalización de aguas pluviales. En cuanto a la alerta de peligro de caída de árboles, no hay nada que indique riesgo. Sin embargo, por tratarse de un tema forestal se remite la denuncia a la Municipalidad de Escazú y al Ministerio de Ambiente y Energía. En cuanto a la estructura y construcción del gimnasio, indicaron que durante la visita no se ubicó ninguna construcción. El local Arena Treck presenta en su parte frontal una ampliación ejecutada que corresponde a un cerramiento con vidrio y una pared liviana, colindante con la tapia del condominio Villa Sorrento. Las paredes son independientes y no se visualizó ninguna condición de deterioro en la tapia de condominio Villa Sorrento ni en ninguna otra estructura, por lo que se desestima la denuncia. En resumen, indicaron que las denuncias fueron atendidas. Solicitan desestimar en todos sus extremos el presente recurso.

8.- El 11 de mayo de 2018, Arnoldo Barahona Cortés, Alcalde de Escazú, indicó que los hechos no le constan directamente, sino por medio de la denuncia presentada ante el Ministerio de Salud. En la Municipalidad de Escazú consta la que ingresó el oficio n.° RCS-ARSE-ERS-183-2018 junto con la denuncia recibida en el Área de Salud de Escazú. Considera que la municipalidad ha realizado lo que le corresponde dentro de sus competencias. Explicó que, según lo señala la Gerencia Urbana en oficio n.° GU-200-18 del 7 de mayo de 2018, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes intervino la vía pública ubicada frente a la propiedad de la recurrente, que es la ruta nacional n.° 121. Cuando se colocó el asfalto, se cubrió el caño por donde discurrían las aguas lo que ocasiona la situación actual. Lo anterior se refuerza –alega el Alcalde– con lo indicado por el Ministerio de Salud con motivo del traslado a esa municipalidad del informe RCS-ARSE-ERS-183-2018, fechado el 14 de marzo de 2018. Según ese documento se confirma que el empozamiento no es causado por aguas residuales, sino por un inadecuado sistema de alcantarillado pluvial. En consecuencia, correspondería al Ministerio de Obras Públicas y Transportes atender el problema. Se trata de una ruta nacional. Por otra parte, el mismo Alcalde también refirió que lo indicado por el Subproceso de Mantenimiento de Obra Pública en el oficio n.° MOP-093-2018 del 7 de mayo de 2018, en el que se indica que el flujo de agua se mantiene constante, pese a que no hay presencia de lluvias, por lo que el origen no es pluvial, sino que más bien parecen ser aguas servidas grises, provenientes de lavamanos, duchas, fregaderos, pilas y cuartos de lavado, que deben ser tratadas por el propietario. En tal caso, prosigue el Alcalde, correspondería al Ministerio de Salud intervenir. En otro orden de ideas, al Alcalde refiere que en atención a denuncia planteada por María José Peralta Salas el 2 de marzo de 2018, sobre construcciones sin permiso en el centro comercial La Paco, el Subproceso de Inspección General en oficio n.° 335-2018 le indicó a la denunciante que sobre el lindero del condominio no constan obras de canalización de aguas pluviales. Lo anterior lo notificó a la amparada el 12 de abril de 2018. En consecuencia, el Alcalde concluye que la situación aquejada se debe a la falta de estructuras (cordón de caño) que canalicen adecuadamente las aguas pluviales a una alcantarilla. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, corresponde a ese ministerio intervenir. Finalmente, indicó que, mediante oficio n.° GU-198-18 del 4 de mayo de 2018, el Área Rectora de Salud de Escazú (del que se remitió copia a la señora Perea Furniss), concluyó que no tiene sentido que se trate de aguas pluviales, sino de aguas servidas y que, en todo caso, por tratarse de una ruta nacional, no es competencia de la corporación municipal. El Alcalde solicita que se declare sin lugar el recurso.

9.- El 26 de junio de 2018, se le concedió audiencia al Director del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).

10.- El 17 de julio de 2018, Carlos Eduardo Solís Murillo, Director Ejecutivo a.i. de CONAVI, indicó que, en efecto, en la dirección señalada por la recurrente se escurren aguas en la vía pública. Sin embargo, no existe ningún criterio técnico que indique que el agua cause daño a la carretera nacional n.° 121. Reitera que es un criterio subjetivo, carente de sustento probatorio, afirmar que las aguas estén dañando la ruta nacional n.° 121. Rechazó lo indicado por el Ministerio de Salud en el oficio n.° RCS-ARSE-ERS-183-2018, en el que se indica que el empozamiento sea producto de aguas pluviales. Agregó que este criterio se contrapone a los criterios técnicos de la Municipalidad de Escazú emitidos en los oficios n.° GU-198-18, GU-200-18, COP-0143-18 y MOP-093-2018 y del CONAVI emitido por el Administrador Vial, Zona 1-2 Puriscal, oficio n.° SALASA (1-2)-077-18. También indicó que no existe prueba técnica que acredite que el recarpeteo de la carretera sea el causante del empozamiento de agua. En todo caso, cuando no hay lluvias no tiene que fluir agua por el lugar. El CONAVI solamente realiza drenajes para aguas de lluvia. En todo caso, la parte recurrente no ha presentado ninguna gestión ante el CONAVI. Con más detalle, el Director Ejecutivo explicó que conforme al informe técnico ingenieril realizado por la empresa SALASA Consultora y Ejecutora SALASA (1-2)-077-18 del 13 de julio de 2018, suscrito por el ingeniero civil Jorge Eduardo Salazar González, las aguas que salen de la caja de registro no son de origen pluvial. El Ministerio de Salud tiene al respecto una posición diferente, pues considera que sí son de origen pluvial (informe técnico RCS-ARSE-ERS-183-2018). Ante tales informes contrapuestos, el Director Ejecutivo considera que el objeto de este amparo debe ser ventilado en la vía ordinaria y no en la vía sumarísima como lo es este recurso. En la vía ordinaria los entes involucrados tendrían la posibilidad de realizar peritajes para determinar el origen del agua que escurre y confrontarlo. Por otra parte, alegó que la caja de registro no pertenece al CONAVI y no fue construida por esta institución. De conformidad con el informe técnico SALASA (1-2)-077-18 (ya mencionado) la caja no fue construida ni por el MOPT ni por el CONAVI, pues en las rutas nacionales solamente se colocan tuberías de diámetros de 60 cm y la caja presenta tuberías de 15 cm. El informe es contundente –indica– el establecer que a dicha caja están conectadas dos tubería de pvc de 15 cm, una proviene de la propiedad privada del Centro Comercial La Paco, que es la que transporta agua, y la otra desfoga el agua hacia la carretera. A ciencia cierta –indica el informe– es difícil saber cuál es el origen del agua, pero es claro que no es de origen pluvial, pues los niveles topográficos no permitirían el traslado de aguas pluviales a esa caja de registro. El Director Ejecutivo agregó que ni la parte recurrente ni el Ministerio de Salud ni la Municipalidad de Escazú han demostrado haber presentado alguna gestión ante el CONAVI, de manera que este no ha vulnerado el derecho de petición ni de coordinación institucional. En todo caso, de la prueba se desprende que es un tema de salud pública que le corresponde atender al Ministerio de Salud. Solicita que se declare sin lugar el recurso y se absuelva de toda responsabilidad al CONAVI.

11.- En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Fernández Argüello; y,

Considerando:

I.- Objeto. Las recurrentes interpusieron este amparo porque, según manifiestan, ni el Área de Salud de Escazú, ni la Municipalidad de Escazú ni el Ministerio de Obras Públicas y Transportes solucionan un problema que denunciaron de vertido de aguas en la vía pública en Escazú, en las inmediaciones del centro comercial La Paco.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) El 9 de febrero de 2018, la recurrente Giannina Eleonor Perea Furniss presentó ante el Área Rectora de Salud una denuncia contra el centro comercial La Paco, ubicado en Escazú, por empozamiento de agua en la vía pública, la que se tramita en el expediente n.° 13134-18 (punto 1.° del informe del área de salud y copia de la denuncia que acompaña el informe). 2) El 7 de marzo de 2018, el Área de Salud realizó una visita de inspección y concluyó que los empozamientos no son producto de aguas residuales provenientes del centro comercial La Paco, que las aguas empozadas carecen de apariencia turbia y no presentan mal olor y que provienen de una caja de registró pluvial pública que posee una tubería mal canalizada (punto 4.a del informe del área de salud y copia del acta de inspección sanitaria n.° N RCS-ARSE-ABJ-15-2018 que acompaña el informe). 3) El 14 de marzo de 2018, el Área Rectora de Salud trasladó la denuncia a la Municipalidad de Escazú para la atención del problema de inadecuado alcantarillado pluvial, lo que comunicó a la recurrente Giannina Eleonor Perea Furniss (punto 4.a del informe del área de salud, copia del oficio n.º RCS-ARSE-ERS-183-2018 que acompaña el informe y punto 4.° del escrito de interposición). 4) El 10 de abril de 2018, el Área de Salud de Escazú dio por cerrado el caso del expediente n.° 13134-18 (copia del oficio n.° CS-ARSE-ERS-252-18). 5) En la dirección indicada por las recurrentes se están escurriendo aguas en la carretera nacional n.° 121, que provocan empozamiento, sin que se haya determinado técnicamente el origen (punto 1.° del informe del Director General de la División de Obras Públicas del MOPT, contestación al hecho 1.° en el informe del CONAVI y folio 1.° del informe técnico SALASA (1-2)-077-18 que lo acompaña). 6) Para solucionar el problema se requiere colocar cajas de registro de mayores dimensiones y un tubería (folio 2.° del informe técnico SALASA (1-2)-077-18 aportado por el CONAVI).

III.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El tema traído a colación por las recurrentes no es de ninguna manera nuevo para esta Sala. Entre muchas otras sentencia, este Tribunal se pronunció en sentencia n.° 2011-03744 de las 14:40 horas del 23 de marzo de 2011, en los siguientes términos:

«En reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional; que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional; y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario dentro del ámbito permitido por la ley, a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente, debiendo asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social. Véase la resolución Nº 180-98, de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998. La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos, y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente. En consecuencia, la posibilidad de exigir, judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país».

IV.- Caso concreto. En este caso se tiene por acreditado que hay un problema de escurrimiento de aguas en la vía pública. Tanto el Ministerio de Salud como el CONAVI dan cuenta del problema. Sin embargo, no han realizado ninguna acción concreta para solucionarlo. El Ministerio de Salud descartó que se tratara de un problema de aguas servidas. No le corresponde a esta Sala desvirtuar tal dictamen. Por otra parte, es cierto, como lo afirma el Director Ejecutivo a.i. del CONAVI que no es la vía del amparo la idónea para dilucidar, desde el punto de vista técnico, cuál es el origen del agua. El informe que al respecto aporta el mismo CONAVI claramente indica que es difícil determinar a ciencia cierta cuál es la causa. Sin embargo, precisamente, parte del problema –considera este Tribunal– radica en enfrascarse en precisar la causa, para lo que claramente se deben invertir recursos, mientras que las aguas siguen discurriendo por la vía pública, lo cual podría derivar en un problema, incluso, de salud. El mismo informe del CONAVI también expone cuál puede ser la solución. Este Tribunal concluye, en consecuencia, que por tratarse de un problema que se presenta en una vía pública nacional, el CONAVI está en la obligación de solucionarlo. El Director Ejecutivo alega que las recurrentes no se dirigieron directamente al CONAVI. Ciertamente, no consta que lo hubieran hecho, pero se trata de un problema manifiesto y que no es reciente. En consecuencia, el recurso debe estimarse contra el CONAVI únicamente. Por otra parte, se debe aclarar que se desestima contra la Municipalidad de Escazú porque no se trata de una vía cantonal. Finalmente, tampoco hay razón para estimarlo contra el Ministerio de Salud, puesto que sí atendió la denuncia planteada.

V.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ. He venido salvado el voto en aquellos casos que se trate de corregir por medio del recurso de amparo la simple inactividad de la administración, en obras de infraestructura tales como aceras, puentes, lastreado de calles, alcantarillas, alcantarillado pluvial entre otras, con el argumento de que pueden ser discutidos en la vía de legalidad ordinaria, considerando que la Sala no es, ni debe constituirse, en una instancia única u omnipresente que demerite las otras vías de tutela judicial creadas por el constituyente y el legislador al efecto. He aclarado sin embargo que sí estimo como tutelables en esta vía casos de inactividad de la administración en los temas señalados si con ella se produce afectación directa al ejercicio de derechos fundamentales regulados en la Constitución Política o a los tratados internacionales de derechos humanos, siempre que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo como instituto procesal.

En este caso el listado de hechos demostrados permite concluir que no existe ningún elemento de convicción suficiente para tener por cierto que la omisión reclamada pone en peligro la vida, la integridad o incluso arriesga gravemente la propiedad de las personas.- Por ello, estimo necesario declarar sin lugar el recurso para que las partes acudan a la vía correspondiente en protección de sus derechos legales.- VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que en San Rafael de Escazú, por el Centro Comercial La Paco, discurren aguas en la vía pública, las cuales ocasionan estancamientos, lo que, a su vez, genera mosquitos. Además, aparentemente provoca el deterioro de la propiedad privada, en razón de que las aguas discurren hacia el Condominio Villa Sorrento, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en lo que al Consejo Nacional de Vialidad se refiere. En consecuencia, se le ordena a Carlos Eduardo Solís Murillo, Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que ejecute las acciones necesarias para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione la problemática de escurrimiento de aguas en la vía pública nacional n.° 121, objeto de este amparo. Se advierte que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Consejo Nacional de Vialidad al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En todo lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese, de manera personal, esta resolución a Carlos Eduardo Solís Murillo, Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien en su lugar ocupe ese cargo. La Magistrada Hernández López salva el voto y declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.

Fernando Castillo V.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Alejandro Delgado F.

Hubert Fernández A.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *WQ30XZZWTRQ61* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Article 50 — Right to a Healthy EnvironmentArtículo 50 — Derecho a un Ambiente Sano
    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Constitución Política Art. 50
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 71
    • Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes Art. 2

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