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Res. 00546-1990 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/05/1990
OutcomeResultado
The action was dismissed as to individual articles, but the Court declared the entire Law 7032 unconstitutional due to a procedural defect in its enactment, annulling it and reinstating the prior law.La acción fue desestimada en cuanto a los artículos impugnados individualmente, pero se declaró la inconstitucionalidad total de la Ley 7032 por un vicio formal en su aprobación, anulándola y restituyendo la ley anterior.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard a constitutionality challenge against articles 60, 62, and 122(a) and (f) of Forestry Law No. 7032 of 1986, alleging violation of articles 45 and 46 of the Constitution. The petitioner argued that the law imposed property limitations on trees and forests without having been approved by the required two-thirds supermajority of the Legislative Assembly. The Chamber reviewed the legislative record and found that, although the first debate passed unanimously with 38 deputies present, the third and final debate received only 37 affirmative votes — one short of the constitutional threshold. It rejected the Attorney General's argument that such a majority could be presumed, holding that the supermajority must be expressly recorded. Since the law was a single legislative act, the procedural flaw rendered the entire law unconstitutional, not merely the challenged articles. The Chamber declared Law 7032 and its amendment (Law 7064) unconstitutional and void, reinstated Forestry Law 4465 of 1969 as amended through May 1986, and annulled all executive regulations issued under the void law. The ruling had retroactive effect to May 7, 1986, with important exceptions protecting good-faith acquired rights, such as forest incentives, existing contracts, taxes paid, and granted concessions, while criminal sanctions under articles 117–126 were declared null and void.La Sala Constitucional conoció una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 60, 62 y 122 incisos a) y f) de la Ley Forestal N° 7032 de 1986, por presunta violación de los artículos 45 y 46 de la Constitución. El accionante alegó que la ley imponía limitaciones a la propiedad sobre árboles y bosques sin haber sido aprobada por la mayoría calificada de dos tercios de la Asamblea Legislativa. La Sala examinó el expediente legislativo y constató que, si bien en primer debate se obtuvo unanimidad con 38 diputados presentes, en el tercer debate —el definitivo para la votación— la ley recibió únicamente 37 votos afirmativos, insuficientes para alcanzar los 38 requeridos. Rechazó la tesis de la Procuraduría General que pretendía presumir la mayoría calificada, afirmando que esta debía constar expresamente en las actas. Al tratarse de un único acto legislativo, la omisión del requisito formal vicia de inconstitucionalidad toda la ley, no solo los artículos impugnados. En consecuencia, declaró inconstitucional y anuló la Ley 7032 y su reforma (Ley 7064), restituyó la vigencia de la Ley Forestal 4465 de 1969 con sus modificaciones anteriores a 1986, y anuló todos los reglamentos ejecutivos derivados de la ley anulada. La declaratoria tuvo efecto retroactivo al 7 de mayo de 1986, con importantes excepciones para proteger derechos adquiridos de buena fe, como incentivos forestales, contratos vigentes, tributos pagados y concesiones otorgadas, así como la nulidad absoluta de las sanciones penales impuestas con base en los artículos 117 a 126 de la ley.
Key excerptExtracto clave
From the foregoing it is absolutely clear that the Forestry Law did not have the required number of votes for approval, since, because it contained limitations on the right to property in the challenged articles 60, 62 and 122(a), among others, it required at least thirty-eight votes. V.- The argument put forward by the Attorney General's Office, that it should be presumed that the legislative approval of norms imposing limitations on property was passed with the majority required by the Constitution, is not acceptable, since in this case the legislative record expressly shows that the law was not approved with the constitutionally required number of votes, rendering the violation of the second paragraph of Article 45 evident. This is a matter not only of a formal requirement, but of the express will of a qualified majority to impose limitations on said right. In the Chamber's view, the qualified majority required by the Constitution to impose limitations on the right to property cannot be presumed; on the contrary, it must be expressly recorded in the approval acts. VI.- Article 89 of the Constitutional Jurisdiction Law empowers this Chamber, when declaring a legal norm unconstitutional, to do so also with respect to other precepts thereof, or of any other norm, whose annulment is evidently necessary by connection or consequence. It is clear that the total reform of the Forestry Law, enacted as Law No. 7032 of May 2, 1986, some of whose articles are challenged in this action, required for its approval the favorable vote of at least thirty-eight deputies; the absence of this requirement renders the entire legislative provision unconstitutional, since the challenged articles form an integral, indivisible and inseparable part of the remaining provisions of the Forestry Law.De lo anterior se desprende con absoluta claridad que la Ley Forestal no contó con el número de votos requeridos para ser aprobada, pues, por contener limitaciones al derecho de propiedad en los artículos 60, 62 y 122 inciso a) impugnados, entre otros, debió votarse al menos por treinta y ocho diputados. V.- La tesis esbozada por la Procuraduría General de la República, de que debe presumirse que la aprobación legislativa de normas que impongan limitaciones a la propiedad se dio con la mayoría exigida por la Constitución Política, no es de recibo, pues en este caso consta expresamente, en el expediente legislativo, que la ley no fue aprobada con el número de votos exigido por la Constitución, por lo que la infracción al segundo párrafo del artículo 45 constitucional es evidente. Se trata en la especie, no solamente de un requisito formal, sino de la exigencia de una expresa voluntad de una mayoría calificada para la imposición de limitaciones al citado derecho. A criterio de la Sala la mayoría calificada que exige la Constitución para imponer limitaciones al derecho de propiedad no puede presumirse, por el contrario debe constar expresamente en las actas de aprobación de la ley. VI.- Que el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala para que al declarar la inconstitucionalidad de una norma jurídica, lo haga también respecto de los demás preceptos de ella, o de cualquier otra, cuya anulación resulte evidentemente necesaria por conexión o consecuencia. Es claro que la reforma total a la Ley Forestal, promulgada por Ley No. 7032 del 2 de mayo de 1986, algunos de cuyos artículos se cuestionan en esta acción, debió constar para su aprobación con la votación favorable de al menos treinta y ocho diputados, la ausencia de este requisito produce la inconstitucionalidad de la totalidad de la disposición legislativa, por cuanto los artículos cuestionados forman parte integral, indivisible e inseparable, con el resto de las disposiciones de la Ley Forestal.
Pull quotesCitas destacadas
"La mayoría calificada que exige la Constitución para imponer limitaciones al derecho de propiedad no puede presumirse, por el contrario debe constar expresamente en las actas de aprobación de la ley."
"The qualified majority required by the Constitution to impose limitations on the right to property cannot be presumed; on the contrary, it must expressly appear in the law's approval acts."
Considerando V
"La mayoría calificada que exige la Constitución para imponer limitaciones al derecho de propiedad no puede presumirse, por el contrario debe constar expresamente en las actas de aprobación de la ley."
Considerando V
"Es claro que la reforma total a la Ley Forestal… debió constar para su aprobación con la votación favorable de al menos treinta y ocho diputados, la ausencia de este requisito produce la inconstitucionalidad de la totalidad de la disposición legislativa."
"It is clear that the total reform of the Forestry Law… required for its approval the favorable vote of at least thirty-eight deputies; the absence of this requirement renders the entire legislative provision unconstitutional."
Considerando VI
"Es claro que la reforma total a la Ley Forestal… debió constar para su aprobación con la votación favorable de al menos treinta y ocho diputados, la ausencia de este requisito produce la inconstitucionalidad de la totalidad de la disposición legislativa."
Considerando VI
"Al quedar insubsistente la totalidad de la Ley No. 7032, es claro que la Ley Forestal debe leerse, a partir de esta declaratoria de inconstitucionalidad, con el texto vigente al 7 de mayo de 1986."
"Since the entirety of Law No. 7032 becomes void, it is clear that the Forestry Law must be read, from this declaration of unconstitutionality, as the text in force on May 7, 1986."
Considerando VII
"Al quedar insubsistente la totalidad de la Ley No. 7032, es claro que la Ley Forestal debe leerse, a partir de esta declaratoria de inconstitucionalidad, con el texto vigente al 7 de mayo de 1986."
Considerando VII
"La nulidad en relación con los artículos 117 al 126 de la Ley No. 7032 rige en forma plena y absoluta desde el 7 de mayo de 1986 en favor de los indiciados y condenados en virtud de tales disposiciones."
"The nullity of articles 117 to 126 of Law No. 7032 is full and absolute from May 7, 1986, in favor of those charged or convicted under those provisions."
Por tanto, Quinta
"La nulidad en relación con los artículos 117 al 126 de la Ley No. 7032 rige en forma plena y absoluta desde el 7 de mayo de 1986 en favor de los indiciados y condenados en virtud de tales disposiciones."
Por tanto, Quinta
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00546 Voto 546-90 Date: 22-5-90 Time: 14:30 Case file: No. 37-89 Petitioner: Nombre44484 , Nombre44484 Challenged provisions: Articles 60, 62, and 122, subsections a) and f), of the Ley Forestal No. 7032 Grounds for violation: Articles 45 and 46 of the Political Constitution LEY FORESTAL Limitations on property rights Defects in the enactment of the law CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours thirty minutes on the twenty-second day of May, nineteen ninety.
Constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) brought by Nombre44484 against Articles 60, 62, and 122, subsections a) and f), of the Ley Forestal, number seven thousand thirty-two (7032), dated May second, nineteen eighty-six, on the grounds that they are contrary to Articles 45 and 46 of the Political Constitution. In addition to the petitioner, the Office of the Attorney General of the Republic is participating in the proceedings.
BACKGROUND:
I.Criminal proceedings are pending before the Liberia Criminal Investigation Court against Nombre44484 and Nombre44485 for the offense of deforestation to the detriment of natural resources (case file No. 599-F-88), as defined in the Ley Forestal. In a brief filed by Nombre44484 in those proceedings, he invoked the unconstitutionality of Articles 60, 62, and 122, subsections a) and f), of the Ley Forestal, deeming them contrary to Articles 45 and 46 of the Political Constitution; and on April 13, 1989, he filed a constitutional challenge against those articles, asserting that those provisions violate Articles 45 and 46 of the Constitution by curtailing rights arising from ownership of trees and forests and the commercial exploitation of those forest resources, and further asserting that the Ley Forestal contains no provision showing that it was approved by two-thirds of the entire membership of the Legislative Assembly. The constitutional challenge was admitted for consideration by a decision of the Office of the President of the Supreme Court of Justice on May 29, 1989.
II.The Office of the Attorney General of the Republic responded to the hearing granted to it in a brief filed on June 20, 1989, in which it maintains that forest ownership (propiedad forestal) is a particular institution of agrarian property (propiedad agraria), distinguished by its social utility, the restriction of freedom of contract, a special legal regime, and a specific form of enjoyment. Thus, although the owner’s title is recognized, the right of ownership is regulated to fulfill objectives of general interest. As to the violation of Article 46 of the Constitution, it argues that such freedom of commerce is not unrestricted; rather, in exercising it, its holder must comply with the regulations established by law to protect the general interest. Finally, regarding the petitioner’s argument that the bill required a qualified vote, it asserts that it has not been duly demonstrated that the regulations contained in Articles 60 and 62 of the Ley Forestal and the corresponding criminal penalties constitute a limitation on the right of ownership, in which case the situation contemplated in the second paragraph of Article 45 of the Constitution would apply.
Furthermore, based on Supreme Court precedent, it maintains that limitations on property rights should be presumed to have been approved by the qualified majority required by the Political Constitution, even if this was not expressly recorded.
III.This matter was transferred to the Constitutional Chamber on September 29, 1989; the Chamber assumed jurisdiction over it on November 2 of that same year, and on December 21 of last year the oral hearing referred to in Article 10 of the Law on Constitutional Jurisdiction was held, with the participation of the petitioner and his attorney. This decision is issued outside the statutory time limit, but pursuant to Transitory Provision II of the Law on Constitutional Jurisdiction.
Justice Mora Mora drafts the opinion; and,
CONSIDERING:
I.By Law number seven thousand thirty-two (7032), dated May second, nineteen eighty-six, the Ley Forestal was enacted, completely amending the prior law governing that subject, number four thousand four hundred sixty-five (4465), dated November twenty-fifth, nineteen sixty-nine, and its amendments.
II.Article 60 of this law prohibits all persons from removing or cutting down trees, harvesting forests (aprovechamiento del bosque), or exploiting other forest products on privately owned land without prior authorization from the General Forestry Directorate and approval from the corresponding municipality. This provision plainly imposes restrictions on the right of ownership, since the holder of that right may not dispose of the trees and forest products existing on the holder’s property as products thereof without first obtaining authorization from two Public Administration bodies. It is clear that, in principle, the owner could freely dispose of the products of the real property, unless that right is limited and the use of those products regulated for reasons of public necessity.
III.Article 62 authorizes the General Forestry Directorate to prohibit the use of particular equipment or machinery in cutting, extraction, transportation, and primary processing operations when the Directorate considers that such use affects the regeneration of forest resources or any of their other uses or benefits. Under an individualistic conception, owners may exploit the resources within their property as they wish. Our Constitution rejects this view by allowing the Government to impose limitations on property rights in the social interest. It is clear that any prohibition arising from the cited statutory article constitutes a limitation on the right of ownership, since it prevents owners from freely exploiting the forest resources forming part of their property and subjects them to the permits and regulations of the General Forestry Directorate.
IV.The second paragraph of Article 45 of the Political Constitution authorizes the Legislative Assembly to impose limitations on property rights in the social interest, for reasons of public necessity, by a vote of two-thirds of its entire membership. Before analyzing the limitations established by Articles 60 and 62 of the Ley Forestal and the consequence arising from the former under subsection a) of Article 122 thereof, it is necessary to verify compliance with the requirement imposed by that constitutional provision, since if it is established that the formality prescribed by the constituent authority was not fulfilled, addressing the petitioner’s remaining arguments would be pointless. This Chamber examined the original legislative record of the Ley Forestal, No. 7032 of May 2, 1986 (amendments to the Ley Forestal No. 4465 of November 25, 1969, and its amendments), consisting of four volumes and 1105 folios.
During first reading, the bill was approved unanimously, with thirty-eight deputies present, from which it readily follows that it received the votes of two-thirds of the entire membership of the Legislative Assembly (minutes No. 128, session of February 20, 1986, folio 904). The bill was approved on second reading on February 24 of the same year without the number of votes being recorded because, under Article 57 of the Rules of Order, Governance, and Internal Discipline of the Legislative Assembly, discussion at that stage is limited to formal matters; if none exist, the bill is deemed approved, with the vote understood to be unanimous. Third reading began in minutes No. 131, session of February 26, folios 911 et seq. It is important to quote the remarks of Deputy Chaverri Soto appearing at folio 935:
“Fellow deputies: another matter on which I wish to consult the presiding officers is the majority required for approval of this law, because under Article 45 of the Constitution, the final paragraph states (he reads it). Mr. President, is there any study determining the scope of the limitations on private property established by this article, and could the presiding officers tell me whether a qualified majority is required for approval of this Law?” “The response of the Vice President, acting as President, Deputy Víquez Víquez, was as follows:
“In response, I tell you that the matter is being studied and considered and that tomorrow, God willing, we will be able to give you a more precise answer.” However, no such answer was ever provided, and the bill was put to a vote on third reading on March 10, 1986. It is important to transcribe the words of the acting President appearing at folio 1048:
“Thirty-eight deputies are present (the preceding bill was then approved. The President ordered that it be referred to the Drafting Committee). The preceding bill received thirty-seven affirmative votes.” The legislative record contains no statement challenging the decision to deem the bill approved, despite the question raised by Deputy Chaverri Soto on February 26. The legislative decree was signed into law by the President of the Republic and the Minister of Agriculture on May 2, and the law was published in La Gaceta No. 85 of May 7, 1986.
It follows with absolute clarity from the foregoing that the Ley Forestal did not receive the number of votes required for approval because, as it contained limitations on the right of ownership in the challenged Articles 60, 62, and 122, subsection a), among others, it should have been passed by at least thirty-eight deputies.
V.The position advanced by the Office of the Attorney General of the Republic—that legislative approval of provisions imposing limitations on property rights should be presumed to have occurred by the majority required under the Political Constitution—cannot be accepted, because in this case the legislative record expressly establishes that the law was not approved by the number of votes required by the Constitution; the violation of the second paragraph of Article 45 of the Constitution is therefore evident. This involves not merely a formal requirement, but the requirement that a qualified majority expressly consent to the imposition of limitations on the cited right. In the Chamber’s view, the qualified majority required by the Constitution to impose limitations on the right of ownership cannot be presumed; on the contrary, it must be expressly recorded in the minutes approving the law.
VI.Article 89 of the Law on Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber, when declaring a legal provision unconstitutional, also to declare unconstitutional any other provisions thereof, or of any other law, whose annulment is clearly necessary by reason of connection or consequence. It is clear that the complete amendment of the Ley Forestal, enacted by Law No. 7032 of May 2, 1986, certain articles of which are challenged in this action, required the affirmative votes of at least thirty-eight deputies for its approval. The absence of this requirement renders the entire legislative enactment unconstitutional because the challenged articles form an integral, indivisible, and inseparable part of the remaining provisions of the Ley Forestal. It is therefore necessary to declare unconstitutional all amendments introduced into that legislation by Law No. 7032, since these were not separate legislative acts whose approval required different types of voting; they constituted a single legislative act that should have been approved by at least thirty-eight votes, and failure to satisfy this requirement renders the entire law unconstitutional.
VII.That, upon invalidating the amendments introduced by Ley No. 7032, Article 1 thereof also becomes null and void; it reads verbatim:
“Article 1: Ley Forestal, No. 4465 of 25 de noviembre de 1969, as amended, is hereby amended to read as follows:...” Thus, because Ley No. 7032 is rendered entirely without effect, it is clear that, as of this declaration of unconstitutionality, Ley Forestal must be read according to the text in force on 7 de mayo de 1986, the effective date of the aforementioned Ley No. 7032. This is so because the invalidation of these amendments cannot cause the Ley Forestal that preceded them to disappear; those provisions were amended by the provisions now declared unconstitutional, which means that, if the latter are affected by the greatest possible degree of nullity, namely unconstitutionality, the preceding provisions remain in force and the amendment is rendered without effect. The text of the law therefore reverts to the wording it had on 7 de mayo de 1986, without this Chamber addressing—because the issue was not raised before it—whether the provisions now restored to force are constitutional.
VIII.Articles 91 and 94 of Ley de la Jurisdicción Constitucional establish the Chamber’s obligation to rule on the effects of a declaration of unconstitutionality (declaratoria de inconstitucionalidad). In the case at bar (subjúdice), it is evident that the declaration must apply retroactively to 7 de mayo de 1986, the date on which Ley No. 7032 was published and consequently entered into force. Nevertheless, it cannot impair vested rights acquired in good faith (derechos adquiridos de buena fe), such as the benefits and incentives received by private parties for the utilization of forest resources (aprovechamiento del recurso forestal) on privately owned land. In other words, the monetary and other resources received by private parties on this basis need not be returned to the State because their beneficiaries acted in good faith; however, because their obligations are rendered without effect by this declaration of unconstitutionality, the State may not continue granting such incentives either.
To prevent serious disruptions to social security, justice, or peace, this latter consequence must be phased in over time. It is deemed prudent to maintain the stated incentives, in accordance with contracts already entered into, until their expiration, without the possibility of renewal pursuant to the law challenged in this proceeding; those contracts shall remain in force for persons who accept the obligations arising therefrom in favor of the State. This Chamber finds that it cannot give this declaration retroactive effect with respect to the collection of the taxes established by the cited law, because those taxes were collected as a requirement for timber harvesting (aprovechamiento de la madera), which the taxpayers subsequently carried out. It would be illogical to reverse those effects to the extent of requiring reimbursement of the amounts paid, because the interested parties benefited from timber exploitation (explotación de la madera) under unconstitutional legislation; for the same foregoing reasons, no retroactive effect is granted for the recovery of sums of money paid under the tax provisions of Ley No. 7032.
Nor is retroactive effect granted for the recovery of sums paid to Fondo Forestal to obtain concessions for areas of land within the State forest estate (patrimonio forestal del Estado); because these are deemed vested rights acquired in good faith, such concessions shall remain in force until their expiration, without the possibility of renewal pursuant to Ley No. 7032. The same ruling applies to operating permits (permisos de funcionamiento) for forest-industry activities (actividades industriales forestales). With respect to violations, penalties, and proceedings, pursuant to Article 92 of Ley de la Jurisdicción Constitucional, the retroactive effect is full and absolute; accordingly, the nullity of Articles 117 through 126 of Ley No. 7032 applies from 7 de mayo de 1986 in favor of persons charged and convicted under those provisions.
With respect to the possible restitution of sums paid or products confiscated by the State as a monetary penalty (pena pecuniaria) or compensation, the declaration of unconstitutionality has full retroactive effect. The amendment to Article 7 of Ley de Informaciones Posesorias, No. 139 of 14 de julio de 1941 (Article 2 of Ley No. 7032), and the repeals contained in Article 3 are rendered without effect by the nullity of Ley No. 7032 because, as already stated, the enactment of Ley No. 7032 constituted a single legislative act that should have been approved by a qualified vote (votación calificada). This procedural, formal defect extends to the entire content of that law; therefore, Article 7 of Ley No. 139 must be read according to the wording preceding that amendment, and the repealed provisions remain in force. With respect to the other situations governed by Ley No. 7032, the retroactive effect is full, and its nullity is declared as of 7 de mayo de 1986.
There is no doubt that the regulations implementing the law now declared unconstitutional must be declared null and void, because their existence depends upon the law they implement; once that law ceases to have legal force, the same necessarily occurs with the Executive Branch decrees that implemented it in the exercise of the powers conferred upon that Branch by Articles 140 subsection 3) of Constitución Política and 6 subsection d) of Ley General de la Administración Pública.
THEREFORE:
Ley number siete mil treinta y dos (7032) of dos de mayo de mil novecientos ochenta y seis and the amendment to its Transitory Article I pursuant to Ley number siete mil sesenta y cuatro (7064) of veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y siete are declared unconstitutional and consequently annulled, because the former was enacted in contravention of the second paragraph of Article 45 of Constitución Política, which requires a qualified vote to impose limitations upon property in the social interest. All Executive Branch regulations based on the cited Ley number siete mil treinta y dos (7032) are declared null and void. Ley Forestal number cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco (4465) of veinticinco de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve is declared to be in force, with the amendments in force as of siete de mayo de mil novecientos ochenta y seis. This declaration is given retroactive effect to the stated date, except in the following situations:
FIRST. Natural or legal persons who enjoy benefits or incentives pursuant to Ley No. 7032 and its regulations shall continue to enjoy them, in accordance with the applicable contract or agreement, until its expiration, without the possibility of renewal pursuant to the law challenged in this proceeding; those contracts shall remain in force for persons who accept the obligations arising therefrom in favor of the State.
SECOND. Taxes paid by taxpayers pursuant to Ley No. 7032 may not be recovered from the State.
THIRD. Permits for the utilization of forest products (aprovechamiento de los productos forestales) granted and used between siete de mayo de mil novecientos ochenta y seis and the date of publication of this judgment shall not be affected by this ruling.
FOURTH. Concessions granted in land areas within the State forest estate and operating permits for forest-industry activities shall remain in force until their expiration, without the possibility of renewal pursuant to Ley No. 7032.
FIFTH. The nullity relating to Articles 117 through 126 of Ley No. 7032 applies fully and absolutely from 7 de mayo de 1986 in favor of persons charged and convicted under those provisions.
SIXTH. Sums paid as fines or compensation shall be returned, as shall products that were confiscated.
SEVENTH. The amendments and repeals contained in Articles 2 and 3 of Ley No. 7032 are also annulled by connection or consequence. Let notice be given and publication be made.
Alejandro Rodríguez Vega, Rodolfo E. Nombre43956 ., Nombre44486 , Jorge Castro Bolaños, Juan L. Arias Arias, Luis Paulino Mora Mora, Nombre44178 , Juan Carlos Castro L., Secretary.
00546 Voto 546-90 Fecha: 22-5-90 Hora: 14:30 Accionante: Nombre44484 , Nombre44484 Impugna: Artículos 60, 62, y 122 incisos a) y f) de la Ley Forestal No. 7032 Por violar: Artículos 45 y 46 de la Constitución Política Redacta: Magistrado Mora Mora LEY FORESTAL Limitaciones a la propiedad Vicios en la formación de la ley SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta minutos del veintidós de mayo de mil novecientos noventa.
Acción de inconstitucionalidad promovida por Nombre44484 contra los artículos 60, 62 y 122 incisos a) y f) de la Ley Forestal número siete mil treinta y dos (7032) de dos de mayo de mil novecientos ochenta y seis, por estimarlos contrarios a los artículos 45 y 46 de la Constitución Política. Interviene además del accionante la Procuraduría General de la República.
RESULTANDO:
I.Que en el Juzgado de Instrucción de Liberia se sigue causa contra los señores Nombre44484 y Nombre44485 por el delito de deforestación en perjuicio de los recursos naturales (expediente No. 599-F-88), tipificado en la Ley Forestal. En escrito interpuesto por Nombre44484 dentro de dicho proceso, invocó la inconstitucionalidad de los artículos 60, 62 y 122 incisos a) y f) de la Ley Forestal, por considerarlos contrarios a los artículos 45 y 46 de la Constitución Política y el 13 de abril de 1989 interpuso una acción de inconstitucionalidad contra dichos artículos apuntando que tales disposiciones infringen los artículos 45 y 46 constitucionales, al cercenar derechos derivados de la propiedad sobre los árboles y bosques y la comercialización de tales recursos forestales, además de que no se hace constar en la Ley Forestal ninguna disposición que demuestre que la misma fue aprobada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. Al recurso de inconstitucionalidad se le dio curso en resolución de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el 29 de mayo de 1989.
II.Que la Procuraduría General de la República evacuó la audiencia que se le confirió en escrito presentado el 20 de junio de 1989, en el que estima que la propiedad forestal es un instituto particular de la propiedad agraria, que tiene como rasgos distintivos la utilidad social, la restricción de la autonomía de la voluntad, un régimen jurídico especial y una modalidad específica de goce. Así, aunque no se desconoce la titularidad del propietario, se regula su derecho de propiedad para cumplir con objetivos de interés general. En cuanto a la infracción al artículo 46 constitucional, alega que tal libertad de comercio, no es irrestricta, sino que en su ejercicio la persona titular de la misma debe someterse a las regulaciones que establezca la ley en protección del interés general. Finalmente, en cuanto al argumento del accionante acerca de la exigencia de una votación calificada del proyecto de ley, se afirma que no está debidamente demostrado que las regulaciones de los artículos 60 y 62 de la Ley Forestal y sus correspondientes sanciones penales constituyan una limitación al derecho de propiedad, cuyo caso se estaría en la situación prevista en el párrafo segundo del artículo 45 constitucional.
Además, con fundamento en una jurisprudencia de la Corte Suprema, considera que debe presumirse la aprobación de las limitaciones a la propiedad por la mayoría calificada exigida por la Constitución Política, aunque no se hiciere constar expresamente.
III.Que este asunto fue pasado a la Sala Constitucional el 29 de setiembre de 1989, la cual se arrogó su conocimiento el 2 de noviembre del mismo año y el 21 de diciembre pasado, se celebró la comparecencia oral a que se refiere el artículo 10 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con la participación del recurrente y su abogada. La resolución se dicta fuera del plazo de ley, pero con fundamento en el Transitorio II de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Redacta el Magistrado Mora Mora; y,
CONSIDERANDO:
I.Por Ley número siete mil treinta y dos (7032) del dos de mayo de mil novecientos ochenta y seis se promulgó la Ley Forestal, la cual modificó totalmente la anterior en esa materia número cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco (4465) del veinticinco de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve y sus reformas.
II.En el artículo 60 de esta ley se establece la prohibición, para toda persona, de eliminar o talar los árboles, llevar a cabo el aprovechamiento del bosque y demás productos forestales, en terrenos de dominio particular, sin la previa autorización de la Dirección General Forestal y el visto bueno de la municipalidad correspondiente. Esta disposición obviamente impone restricciones al derecho de propiedad, pues el titular del mismo no puede disponer de los árboles y productos forestales que existen en su fundo, como productos del mismo, si no lo hace con la autorización previa de dos órganos de la Administración Pública. Es claro que, en principio, el propietario podría disponer libremente del producto de su inmueble, salvo que, por motivos de necesidad pública, se le limite tal derecho y se regule la utilización de esos productos.
III.El artículo 62 autoriza a la Dirección General Forestal para prohibir el uso de determinado equipo o maquinaria en faenas de corte, extracción, transporte y transformación primaria, cuando tal Dirección considere que su utilización afecte la regeneración del recurso forestal o alguno de sus otros usos o beneficios. Dentro de una concepción individualista, el propietario puede explotar los recursos de su dominio en la forma que lo desee, esta tesis es rechazada por nuestra Constitución, al permitirle el Poder Público imponerle a la propiedad limitaciones de interés social. Es claro que la prohibición que se podría derivar del artículo legal citado constituye una limitación al derecho de propiedad, pues impide al propietario explotar libremente los recursos forestales que son parte de su fundo, y lo somete a los permisos y regulaciones de la Dirección General Forestal.
IV.El segundo párrafo del artículo 45 de la Constitución Política autoriza a la Asamblea Legislativa para imponer a la propiedad limitaciones de interés social, por motivos de necesidad pública, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros. De previo a analizar si las limitaciones que establecen los artículos 60 y 62 de la Ley Forestal, y la consecuencia que deriva del primero de tales artículos en el inciso a) del 122 de la misma, es preciso comprobar el cumplimiento del requisito exigido por dicha norma constitucional, pues de probarse que se incumplió con la formalidad establecida por el constituyente, resulta ocioso referirse a las restantes alegaciones formuladas por el recurrente. Esta Sala tuvo a la vista el expediente legislativo original de la Ley Forestal, No. 7032 del 2 de mayo de 1986 (reformas a la Ley Forestal No. 4465 del 25 de noviembre de 1969 y sus reformas), que consta de cuatro tomos y 1105 folios.
En su trámite de primer debate, el proyecto de ley fue aprobado en forma unánime, estando presentes treinta y ocho diputados, por lo cual se concluye fácilmente que contó con las dos terceras partes de la totalidad de los legisladores (acta No. 128, sesión del 20 de febrero de 1986, folio 904). El proyecto fue aprobado en segundo debate el 24 de febrero del mismo año sin que se hiciera constar el número de votos, pues, de conformidad el artículo 57 del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa, en dicho trámite la discusión se reduce a aspectos formales, y, de no existir, el proyecto se da por aprobado, entendiéndose esta votación por unanimidad. El trámite de tercer debate se inició en el acta No. 131, sesión del 26 de febrero, folios 911 y siguientes. Es importante citar la intervención del Dip. Chaverri Soto, que consta al folio 935:
"Señores diputados: otro aspecto que yo quiero consultar a la mesa es el de la mayoría que se requiere para la aprobación de esta ley, porque de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución, párrafo final que dice (lo lee). ¿Existe, señor presidente, algún estudio que determine los alcances a las limitaciones de la propiedad privada que establece este artículo y podría decirme la mesa, qué mayoría calificada o no se requiere para la aprobación de esta Ley?
"La respuesta del vicepresidente, en ejercicio de la presidencia, Dip. Víquez Víquez, fue la siguiente:
"En respuesta le digo que se está estudiando, considerando, y que para el día de mañana, si Dios quiere, podemos darle la respuesta más exacta".
Sin embargo, tal respuesta nunca se produjo, y el proyecto fue votado en tercer debate el 10 de marzo de 1986. Es importante transcribir las palabras del presidente en ejercicio, que constan al folio 1048:
"Hay treinta y ocho señores diputados presentes (a continuación se aprobó el anterior proyecto de ley. El señor presidente ordenó pasarlo a la Comisión de Redacción). El anterior proyecto de ley obtuvo treinta y siete votos afirmativos.
No consta en el expediente legislativo ninguna intervención que cuestionara la decisión de considerar como aprobado el proyecto, a pesar de la duda planteada por el Dip. Chaverri Soto el 26 de febrero. El decreto legislativo fue sancionado por el presidente de la República y el ministro de Agricultura el 2 de mayo, y la ley fue publicada en La Gaceta No. 85 del 7 de mayo de 1986.
De lo anterior se desprende con absoluta claridad que la Ley Forestal no contó con el número de votos requeridos para ser aprobada, pues, por contener limitaciones al derecho de propiedad en los artículos 60, 62 y 122 inciso a) impugnados, entre otros, debió votarse al menos por treinta y ocho diputados.
V.La tesis esbozada por la Procuraduría General de la República, de que debe presumirse que la aprobación legislativa de normas que impongan limitaciones a la propiedad se dio con la mayoría exigida por la Constitución Política, no es de recibo, pues en este caso consta expresamente, en el expediente legislativo, que la ley no fue aprobada con el número de votos exigido por la Constitución, por lo que la infracción al segundo párrafo del artículo 45 constitucional es evidente. Se trata en la especie, no solamente de un requisito formal, sino de la exigencia de una expresa voluntad de una mayoría calificada para la imposición de limitaciones al citado derecho. A criterio de la Sala la mayoría calificada que exige la Constitución para imponer limitaciones al derecho de propiedad no puede presumirse, por el contrario debe constar expresamente en las actas de aprobación de la ley.
VI.Que el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala para que al declarar la inconstitucionalidad de una norma jurídica, lo haga también respecto de los demás preceptos de ella, o de cualquier otra, cuya anulación resulte evidentemente necesaria por conexión o consecuencia. Es claro que la reforma total a la Ley Forestal, promulgada por Ley No. 7032 del 2 de mayo de 1986, algunos de cuyos artículos se cuestionan en esta acción, debió constar para su aprobación con la votación favorable de al menos treinta y ocho diputados, la ausencia de este requisito produce la inconstitucionalidad de la totalidad de la disposición legislativa, por cuanto los artículos cuestionados forman parte integral, indivisible e inseparable, con el resto de las disposiciones de la Ley Forestal. Así, es preciso declarar la inconstitucionalidad de todas las reformas introducidas a dicha legislación en virtud de la Ley No. 7032, pues no se trata de diversos actos legislativos, cuyas aprobaciones deban efectuarse con diferentes tipos de votación; es un único acto legislativo que debió aprobarse con al menos treinta y ocho votos, y la omisión de este requisito hace inconstitucional la totalidad de la ley.
VII.Que al anular las reformas introducidas por la Ley No. 7032, deviene también nulo el artículo 1 de la misma, el cual establece textualmente:
"Artículo 1: Refórmase la Ley Forestal, No. 4465 del 25 de noviembre de 1969 y sus modificaciones, cuyo texto dirá:..." Así, al quedar insubsistente la totalidad de la Ley No. 7032, es claro que la Ley Forestal debe leerse, a partir de esta declaratoria de inconstitucionalidad, con el texto vigente al 7 de mayo de 1986, fecha de entrada en vigor de la precitada Ley No. 7032. Ello es así porque la anulación de estas reformas no puede generar la desaparición de la Ley Forestal anterior a ellas; pues esas disposiciones fueron modificadas por las que ahora se declaran inconstitucionales, lo que significa que si éstas están viciadas de la mayor nulidad posible, como lo es la inconstitucionalidad, las precedentes mantienen su vigencia y la reforma queda insubsistente, se vuelve al texto de la ley según la redacción que tenía al 7 de mayo de 1986, sin hacerse cuestión esta Sala, por no habérsele planteado, sobre la constitucionalidad o no de las normas a las que ahora se les otorga vigencia.
VIII.Los artículos 91 y 94 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establecen la obligación para la Sala de pronunciarse acerca de los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad. En el subjúdice es evidente que la declaratoria debe ser retroactiva al 7 de mayo de 1986, fecha de publicación y consecuente entrada en vigencia de la Ley No. 7032. Sin embargo, la misma no puede enervar los derechos adquiridos de buena fe, como son los beneficios e incentivos que recibieron los particulares para el aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada. Es decir, los recursos monetarios y de otra índole percibidos por los particulares por este concepto no deben ser devueltos al Estado, pues sus beneficiarios actuaron de buena fe, pero al quedar insubsistentes sus obligaciones, a tenor de esta declaratoria de inconstitucionalidad, tampoco puede el Estado continuar reconociendo tales incentivos.
Para evitar graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales, debe graduarse en el tiempo esta última consecuencia, estimándose prudente mantener vigentes los incentivos señalados, de conformidad con los contratos ya acordados, hasta su vencimiento, sin que puedan ser renovados de conformidad con la ley motivo del presente recurso; el mantenimiento de los señalados contratos se dará con respecto a quienes acepten las obligaciones que de ellos se derivan en favor del Estado. Esta Sala considera que no puede conceder efecto retroactivo a esta declaratoria en cuanto al cobro de los tributos que se establecen en la citada ley, pues los mismos se cobraron como requisito para el aprovechamiento de la madera, lo cual efectuaron posteriormente los contribuyentes. Sería ilógico revertir los efectos hasta exigir la devolución de los importes pagados, pues los interesados se beneficiaron de la explotación de la madera con fundamento en una legislación inconstitucional; por las mismas razones anteriores, no se confiere efecto retroactivo para el cobro de sumas de dinero pagadas con fundamento en disposiciones impositivas de la Ley No. 7032.
Tampoco se confiere efecto retroactivo para el cobro de las sumas pagadas al Fondo Forestal para la obtención de concesiones de áreas en terrenos de patrimonio forestal del Estado, y, por considerar que se trata de derechos adquiridos de buena fe, se mantienen vigentes tales concesiones hasta su vencimiento, sin que puedan ser renovadas conforme con la Ley No. 7032. Lo mismo se dicta para los permisos de funcionamiento de las actividades industriales forestales. En cuanto a las infracciones, sanciones y procedimientos, de conformidad con el artículo 92 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el efecto retroactivo es pleno y absoluto, por lo cual la nulidad de los artículos 117 al 126 de la Ley No. 7032 rige desde el 7 de mayo de 1986, en favor de los indiciados y condenados en virtud de tales disposiciones.
En cuanto a la posible restitución de las sumas pagadas, o los productos decomisados por el Estado por concepto de pena pecuniaria o indemnización, la declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos retroactivos plenos. Se deja insubsistentes la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, No. 139 del 14 de julio de 1941 (artículo 2 de la Ley No. 7032) y las derogatorias contenidas en el artículo 3, la nulidad de la Ley No. 7032, pues como ya se dijo la aprobación de la ley No. 7032 es un único acto legislativo, que debió efectuarse mediante una votación calificada. Este vicio procesal, formal, se extiende a todo el contenido de dicha ley, por lo que el artículo 7 de la Ley No. 139 debe leerse con la redacción anterior a dicha reforma, y las normas derogadas mantienen su vigencia. En cuanto a las otras situaciones contenidas en la Ley No. 7032, el efecto retroactivo es pleno, y su nulidad se declara desde el 7 de mayo de 1986.
Es indudable que los reglamentos a la ley que ahora se declara inconstitucional, deben ser declarados nulos, pues su existencia depende de la ley que reglamenta y al desaparecer aquélla en su vigencia jurídica, necesariamente ocurre lo mismo con los decretos del Poder Ejecutivo que la reglamentaron en ejercicio de las facultades que le confieren a ese Poder los artículos 140 inciso 3) de la Constitución Política y 6 inciso d) de la Ley General de la Administración Pública.
POR TANTO:
Se declara inconstitucional y en consecuencia se anula la Ley número siete mil treinta y dos (7032) de dos de mayo de mil novecientos ochenta y seis y la reforma a su artículo transitorio I según Ley número siete mil sesenta y cuatro (7064) de veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y siete, por haber sido aprobada la primera en contravención a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 45 de la Constitución Política, que exige una votación calificada para imponer a la propiedad limitaciones de interés social. Se declaran nulos todos los reglamentos del Poder Ejecutivo que tengan como base la citada Ley número siete mil treinta y dos (7032). Se declara vigente la Ley Forestal número cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco (4465) del veinticinco de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, con las modificaciones vigentes al siete de mayo de mil novecientos ochenta y seis. Se confiere a esta declaratoria efectos retroactivos a la fecha indicada, salvo en las siguientes situaciones:
PRIMERA. Las personas físicas o jurídicas que gocen de beneficios o incentivos de conformidad con la Ley No. 7032 y sus reglamentos continuarán disfrutando de los mismos, a tenor de lo que señale el respectivo contrato o acuerdo, hasta su vencimiento, sin que puedan ser renovados de conformidad con la ley motivo del presente recurso; el mantenimiento de los señalados contratos se dará con respecto a quienes acepten las obligaciones que de, ellos se deriven en favor del Estado.
SEGUNDA. Los tributos pagados por los contribuyentes, con fundamento en la Ley No. 7032, no podrán ser repetidos frente al Estado.
TERCERA. Los permisos para el aprovechamiento de los productos forestales otorgados y utilizados entre el siete de mayo de mil novecientos ochenta y seis y la fecha de publicación de esta sentencia no serán afectados por este pronunciamiento.
CUARTA. Las concesiones otorgadas en áreas de terrenos del patrimonio forestal del Estado y los permisos de funcionamiento para las actividades industriales forestales continuarán vigentes hasta su vencimiento, sin que puedan ser renovadas de conformidad con la Ley No. 7032.
QUINTA. La nulidad en relación con los artículos 117 al 126 de la Ley No. 7032 rige en forma plena y absoluta desde el 7 de mayo de 1986 en favor de los indiciados y condenados en virtud de tales disposiciones.
SEXTA. Las sumas pagadas en concepto de multa o indemnización deberán ser devuelvas así como los productos que fueron decomisados.
SEPTIMA. Se anulan también las reformas y derogatorias contenidas en los artículos 2 y 3 de la Ley No. 7032, por conexión o consecuencia. Notifíquese y publíquese.
Alejandro Rodríguez Vega, Rodolfo E. Nombre43956 ., Nombre44486 , Jorge Castro Bolaños, Juan L. Arias Arias, Luis Paulino Mora Mora, Nombre44178 , Juan Carlos Castro L., secretario.
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