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Res. 04117-2018 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 13/03/2018
OutcomeResultado
The amparo is partially granted: it orders an adequate publication of the GM cotton project complying with public consultation formalities, and condemns the State to pay costs and damages.Se declara parcialmente con lugar el amparo: se ordena realizar una publicación adecuada del proyecto de algodón transgénico que cumpla con las formalidades de consulta pública, y se condena al Estado al pago de costas y daños.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber resolved an amparo appeal filed by a group of citizens against the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) and the State Phytosanitary Service, alleging violation of access to information and citizen participation in the granting of permits for the release of transgenic cotton. The Chamber found no denial of access to information, as MAG had provided the requested data and there were dissemination mechanisms in place. However, it granted the amparo regarding public consultation, considering that the published edict was notoriously insufficient to guarantee effective participation, as it lacked a clear description of the project and its potential impacts. It ordered a publication that complies with all formalities, and condemned the State to pay costs and damages. Three magistrates dissented, considering public consultation a principle, not a fundamental right, and that the edict complied with the Cartagena Protocol.La Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo interpuesto por un grupo de ciudadanos contra el MAG y el Servicio Fitosanitario del Estado, alegando violación al acceso a la información y a la participación ciudadana en el otorgamiento de permisos para liberar algodón transgénico. La Sala determinó que no se acreditó denegación de acceso a la información, pues el MAG había entregado los datos solicitados y existían mecanismos de divulgación. Sin embargo, declaró con lugar el amparo en cuanto a la consulta pública, al estimar que el edicto publicado fue notoriamente insuficiente para garantizar una participación efectiva, ya que carecía de una descripción clara del proyecto y de sus posibles impactos. Se ordenó realizar una publicación que cumpla con todas las formalidades, y se condenó al Estado al pago de costas y daños. Tres magistrados salvaron el voto por considerar que la consulta pública era un principio, no un derecho fundamental, y que el edicto cumplió con el Protocolo de Cartagena.
Key excerptExtracto clave
In the case at hand, the manner in which the edict was disseminated has been notoriously insufficient, since it does not include an intelligible and clear description of the project (for example, the amount to be imported and released, the manner of release, project development dates, specific areas of Cañas that will be affected, etc.), nor the possible impacts it will have. Furthermore, the publication must facilitate consultation for individuals, so that they have a real possibility of commenting on the project. [...] A consultation is not a mere announcement of what the Administration intends to do, but rather implies a procedure in which, first, the Administration clearly and intelligibly discloses the basis and scope of a given project, so that the population has sufficient elements to form an opinion, express their objections and contributions, and communicate them to the Administration. [...] the hearing given to citizens cannot become a mere formality. [...] The mere call for a hearing is not enough; what matters is that it is held in such terms that people really know what to expect, that is, they are placed in a position where they can assess the magnitude of an action's impact and identify the elements that support it, while having reasonable time to analyze it and knowing the time and place circumstances under which the hearing will take place, which in any case must be reasonable.En el sub examine, la forma en que se divulgó el edicto ha sido notoriamente insuficiente, toda vez que no incluye una descripción inteligible y clara del proyecto (por ejemplo, cantidad que se pretende importar y liberar, forma en que se pretende liberar, fechas de desarrollo del proyecto, zonas concretas Cañas que serán afectadas, etc.) , ni los posibles impactos que tendrá. Por otro lado, la publicación debe facilitar la consulta a las personas, a fin de que ellas tengan una verdadera posibilidad de pronunciarse sobre el proyecto. [...] Una consulta no es un mero anuncio de lo que la Administración pretende hacer, sino que implica un procedimiento en el que, primeramente, la Administración da a conocer de manera clara e inteligible el fundamento y los alcances de un determinado proyecto, de manera que la población cuente con elementos suficientes para formar criterio, externar sus objeciones y aportes, y comunicarlos a la Administración. [...] la audiencia que se dé a los ciudadanos no puede convertirse en una simple formalidad. [...] No basta la mera convocatoria a una audiencia; lo trascendente es que esta se dé en términos en que las personas sepan realmente a qué atenerse, esto es, se le coloque en una posición tal que pueda evaluar la magnitud del impacto de una medida e identificar los elementos que la sustentan, a la vez que disponga de un tiempo razonable para analizar dicha medida y conozca las circunstancias de tiempo y espacio en que se va efectuar la audiencia, las que en todo caso deben ser razonables.
Pull quotesCitas destacadas
"al tratarse de información de carácter ambiental, su acceso también se justifica por lo dispuesto en los ordinales 21 y 50 de la Constitución Política, que por su orden, tutelan el derecho a la vida –correlativamente a la salud- y a un ambiente sano."
"when dealing with environmental information, access is also justified by the provisions of Articles 21 and 50 of the Political Constitution, which respectively protect the right to life—correlatively to health—and a healthy environment."
Considerando IV
"al tratarse de información de carácter ambiental, su acceso también se justifica por lo dispuesto en los ordinales 21 y 50 de la Constitución Política, que por su orden, tutelan el derecho a la vida –correlativamente a la salud- y a un ambiente sano."
Considerando IV
"Una consulta no es un mero anuncio de lo que la Administración pretende hacer, sino que implica un procedimiento en el que, primeramente, la Administración da a conocer de manera clara e inteligible el fundamento y los alcances de un determinado proyecto, de manera que la población cuente con elementos suficientes para formar criterio, externar sus objeciones y aportes, y comunicarlos a la Administración."
"A consultation is not a mere announcement of what the Administration intends to do, but rather implies a procedure in which, first, the Administration clearly and intelligibly discloses the basis and scope of a given project, so that the population has sufficient elements to form an opinion, express their objections and contributions, and communicate them to the Administration."
Considerando V
"Una consulta no es un mero anuncio de lo que la Administración pretende hacer, sino que implica un procedimiento en el que, primeramente, la Administración da a conocer de manera clara e inteligible el fundamento y los alcances de un determinado proyecto, de manera que la población cuente con elementos suficientes para formar criterio, externar sus objeciones y aportes, y comunicarlos a la Administración."
Considerando V
"la audiencia que se dé a los ciudadanos no puede convertirse en una simple formalidad. [...] No basta la mera convocatoria a una audiencia; lo trascendente es que esta se dé en términos en que las personas sepan realmente a qué atenerse."
"the hearing given to citizens cannot become a mere formality. [...] The mere call for a hearing is not enough; what matters is that it is held in such terms that people really know what to expect."
Considerando IV
"la audiencia que se dé a los ciudadanos no puede convertirse en una simple formalidad. [...] No basta la mera convocatoria a una audiencia; lo trascendente es que esta se dé en términos en que las personas sepan realmente a qué atenerse."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the thirteenth of March of two thousand eighteen.
Amparo action filed by Adolfo Mauricio Álvarez Mora, identity card 0108770217, Aleida Devandas Aguilar, identity card 0110780614, Alex Eduardo García Cruz, identity card 0104660112, Alexander Jesús Chaverri Carvajal, identity card 0402110918, Alexandra Patricia Vega Ballestero, identity card 0107120264, Ana Isabel de la Trinidad Ducca Durán, identity card 0105640060, Ana Patricia Mora Castellanos, identity card 0104710261, Antonio Olteja, Antonio Trejos Mazariegos, identity card 0114780284, Carlos Enrique Hernández Álvarez, identity card 0502560320, Christian Eduardo Arce Hidalgo, identity card 0402120756, Diana Madrigal Valerín, identity card 0112570145, Edgar Francisco Mora Guerrero, identity card 0202901140, Efigenia Suray Carrillo Guevara, identity card 0501960314, Fabián Ernesto Méndez Miranda, identity card 0113220510, Fabiola Pomareda, Fanny Marcela Sojo Robles, identity card 0303740849, Georgia Lorena Mata Navarro, identity card 0303900990, Gerardo del Carmen Vargas Varela, identity card 0302420343, Gioconda de los Ángeles Castro Reyes, identity card 0401720729, Girgeth Zuceth Chinchilla García, identity card 0112550673, Gloriana Martínez Carballo, identity card 0109820913, Grettel María Montero Varela, identity card 0109400922, Héctor Esteban Solano Chavarría, identity card 0112880253, Isabel Alvarado Raventós, identity card 0113340206, Johnatan Jesús Acuña Soto, identity card 0402020231, Jorge Arturo Arguedas Mora, identity card 0104110109, Jorge Luis Salas Quesada, identity card 0207100779, José Andrés Torrentes Rodríguez, identity card 0113370502, Luis Alonso Herrera Mora, identity card 0602680165, Marco Tulio Araya Barboza, identity card 0203120645, María Alexandra Campos Espinoza, identity card 0116180863, María Eugenia Román Mora, identity card 0106350819, María Eugenia Salazar Umaña, identity card 0204490826, Mario Francisco Salazar Montes, identity card 0111690405, Meilyn de los Ángeles Zamora Fernández, identity card 0603870575, Mercedes del Pilar Arguedas Molina, identity card 0401400147, Olman Antonio Varela Durán, identity card 0302640545, Pablo Antonio Morales Rivera, identity card 0112510862, Paola Arroyo García, identity card 0402030444, Paulino de Jesús Madrigal Rodríguez, identity card 0112730579, Rebeca Sánchez Ruiz, identity card 0603620745, Sofia Alejandra Guillén Pérez, identity card 0115040735, Sofía de los Ángeles Barquero Mata, identity card 0304420508, Ulises Gerardo Araya Chaves, identity card 0114190691, and Wilson Josué Arroyo Oconitrillo, identity card 0206880354; against the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG) and the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado).
Whereas:
1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 16:30 hours on January 28, 2016, the petitioners file an amparo action against the MAG and the State Phytosanitary Service. They state that this Chamber, by means of judgment No. 15017-2014 of 16:26 hours on September 10, 2014, partially granted the unconstitutionality action processed in case file No. 12-017013-0007-CO and annulled Article 132 of Executive Decree No. 26921-MAG of March 20, 1998. They relate that in response to an inquiry from Deputy Edgardo Araya Sibaja regarding the processing of permits to release genetically modified organisms into the environment, the Minister of Agriculture and Livestock indicated, by official communication No. DM-MAG-0751-2015, that an application was being processed to release transgenic cotton, under number Bio 02-2015-98, filed on June 8, 2015. They detail that by official communication No. DM-MAG-0855-2015 of October 23, 2015, said official informed Deputy Araya of the actions taken by the ministry to correct the defects noted in Vote No. 15017-2014. That response demonstrates that no concrete actions were taken to correct the procedure followed by applications to release genetically modified organisms, such that access to information and citizen participation were not ensured prior to the processing of new permits. They indicate that in La Gaceta No. 233 of December 1, 2015, the approval was published for Carlos Alberto Hidalgo Murillo, in his capacity as legal representative of the company Dow AgroSciences de Costa Rica S.A., of the release into the environment certificate No. DA-03, for the importation and release of genetically modified cotton, with the trade name "Enlist," with unique identifier number DAS-8191O-7, in Cañas, Guanacaste. They argue that the population was not notified or given the opportunity to access information regarding the permits in order to lodge a well-founded opposition; furthermore, it is unknown whether any administrative act exists that allows for distinguishing confidential information from public information. They consider Article 50 of the Political Constitution and citizen participation to have been violated. They request that the Chamber declare the action granted, with the legal consequences.
2.- By ruling of the Presidency at 13:56 hours on January 29, 2016, the amparo action was admitted.
3.- By brief incorporated into the digital case file at 15:54 hours on February 8, 2016, Luis Felipe Arauz Cavallini reports under oath, in his capacity as Minister of Agriculture and Livestock, that official communication No. DM-MAG-0855-2015 of October 23, 2015, was expanded and supplemented by official communication No. DM-MAG-0896-2015 of November 12, 2015. He states that in no case were these documents issued to correct the unconstitutionality defects noted in Vote No. 15017-2014. He indicates that official communications No. DM-MAG-0855-2015 of October 23, 2015, and DM-MAG-0896-2015 of November 12, 2015, were issued in response to official communications No. EVAS-FFA-150-2015, EVAS-FFA-307-2015, and EVAS-FFA-360-2015, signed by the Deputy of the Frente Amplio party, Edgardo Araya, by which he was asked to indicate the administrative actions taken regarding access to information in applications for processing authorizations to release genetically modified organisms into the environment, based on the provisions of Vote No. 15017-2014. He points out that through official communication No. DM-MAG-0896-2015 of November 12, 2015, Deputy Araya was informed that judgment No. 15017-2014 did not order the obligation to take administrative actions regarding access to information in the applications for processing authorizations to release genetically modified organisms into the environment, but only ordered the annulment of Article 132 of Executive Decree No. 26921-MAG of March 20, 1998. He affirms that, furthermore, it was clarified to him that the matter is currently regulated by other regulations that provide protection to the information and must be interpreted in light of the Cartagena Protocol, Articles 21 and 23, which even prevail over the Law. He maintains that since September 10, 2015, through official communication No. DM-0751-2015, Deputy Araya Sibaja was informed about the processing of two permits to release genetically modified organisms into the environment, corresponding to application No. Bio02-2015-98 filed on June 8, 2015, by the company Dow AgroSciences Costa Rica S.A. for obtaining the release into the environment certificate for GM cotton, unique identifier DAS-8191O-7, and to application No. Bio02-2015-150 filed on August 10, 2015, by the company Bayer S.A. for obtaining the release into the environment certificate for GM cotton, unique identifier SYN-IR-102-7. He maintains that he was provided with information on the permits for developing activities with agricultural-use GMOs, detailing the year, company, event, planted area, and location authorized by the State Phytosanitary Service from 2010 to 2015. He explains that regarding application No. Bio02-2015-98, the company Dow AgroSciences Costa Rica S.A. had published, since June 30, 2015, the edict corresponding to the cotton with unique identifier DAS-8191O-7 in the newspaper La República, in accordance with Article 133 of the Regulation to the Law of the State Phytosanitary Service. He alleges that the petitioners' arguments regarding not being given the opportunity to access information related to the permits do not conform to reality, as the edict was published in June 2015 and the case files have been available to the public at all times. He argues that Article 40 of the Phytosanitary Protection Law, No. 7664, created the National Technical Biosafety Commission (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad) as an advisory body to the State Phytosanitary Service. He states that this commission is multidisciplinary and includes representation from civil society, through two representatives from the National Academy of Sciences, a representative from the Costa Rican Federation for Environmental Conservation (Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente), and another from the Biodiversity Coordination Network (Red de Coordinación en Biodiversidad). He clarifies that one of the functions entrusted to said commission is to advise the official institutions responsible for issuing authorizations to import, experiment with, move, release into the environment, multiply, and commercialize plants or other organisms genetically modified by genetic engineering techniques. He mentions that to obtain a certificate of release into the environment for transgenic products, the application must be submitted for review by the Technical Biosafety Commission; once a favorable opinion is obtained, the release into the environment certificate for manipulated products is granted. He states that the review mechanism by said commission is fundamental in the decision-making process regarding modified living organisms, in which there is representation from civil society, and the results of those decisions are made known to the public through the respective edicts. He indicates that the Genetically Modified Organisms Unit of the State Phytosanitary Service has made available to users and the general public the system called "Digital System for the Management of Information on Living Modified Organisms (LMOs)," which is found on the website www.ovm.go.cr and can be consulted on the State Phytosanitary Service website www.sfe.go.cr. He points out that in judgment number 15017-2014, this Chamber was clear in indicating that the regulatory system is sufficient. He affirms that the petitioners have not been denied access to information regarding the actions of that ministry and those of the State Phytosanitary Service, which are in accordance with the regulations in force on the matter, in light of the Cartagena Protocol. He maintains that there is a review mechanism for decisions established by regulation, under the charge of the Technical Biosafety Commission, whose composition is multidisciplinary and representative of civil society. He explains that neither that ministry nor the State Phytosanitary Service have violated what was indicated in judgment No. 15017-2014, since it is understood that the confidentiality of the pieces of the administrative case file is based on Article 21 of the Cartagena Protocol, limited only to that protected by intellectual property, as the Chamber itself states, and not to all of the pieces that make up each case file. He alleges that there are also no pending unconstitutionality defects to be corrected by that Administration that arise from the text of said judgment, since only Article 132 of the Regulation to the Phytosanitary Protection Law was annulled. He requests that the Chamber declare the action dismissed.
4.- By means of a certification signed by the Secretary of this Chamber on February 9, 2016, it is made known that it does not appear that from February 3 to 8, 2016, the Director of the State Phytosanitary Service had rendered the report required by the Chamber in this matter.
5.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 14:15 hours on February 22, 2016, Francisco Dall'Anese Alvares reports, in his capacity as Executive Director of the State Phytosanitary Service, that official communication No. DM-MAG-0855-2015 of October 23, 2015, was expanded and supplemented by official communication No. DM-MAG-0896-2015 of November 12, 2015. He states that these documents were not issued to correct constitutionality defects noted in judgment No. 15017-2014, as the petitioner seeks to imply. He indicates that official communications No. DM-MAG-0855-2015 of October 23, 2015, and DM-MAG-0896-2015 of November 12, 2015, were issued in response to official communications No. EVAS-FFA-150-2015, EVAS-FFA-307-2015, and EVAS-FFA-360-2015, signed by Deputy Edgardo Araya, by means of which the Minister's Office was asked to indicate the administrative actions taken regarding access to information in the applications for processing authorizations to release genetically modified organisms into the environment, based on the provisions of judgment No. 15017-2014, issued by this Chamber. He points out that in official communication No. DM-MAG-0896-2015, the deputy was informed that judgment No. 15017-2014 ordered the annulment of Article 132 of Executive Decree No. 26921-MAG of March 20, 1998, and, consequently, does not affect the rest of the regulations at all. He affirms that, furthermore, it was clarified to him that the matter is currently regulated by other regulations that provide protection to the information and must be interpreted in light of the Cartagena Protocol, which even prevails over the Law. He maintains that since September 10, 2015, through official communication No. DM-0751-2015, Deputy Edgardo Araya was informed about the processing of two permits to release genetically modified organisms into the environment, corresponding to application No. Bio02-2015-98 filed on June 8, 2015, by the company Dow AgroSciences Costa Rica S.A. for obtaining the release into the environment certificate for GM cotton, unique identifier DAS-8191O-7, and to application No. Bio02-2015-150 filed on August 10, 2015, by the company Bayer S.A. for obtaining the release into the environment certificate for GM cotton, unique identifier SYN-IR-102-7. He explains that he was provided with information on the permits for developing activities with agricultural-use GMOs, detailing the year, company, event, planted area, and location authorized by the institution from 2010 to 2015. He alleges that regarding application No. Bio02-2015-98, the company Dow AgroSciences Costa Rica S.A. had published, since June 30, 2015, in the newspaper La República, the edict corresponding to the cotton with unique identifier DAS-8191O-7, in accordance with the provisions of the Regulation to the Law of the State Phytosanitary Service. He mentions that in this way, the petitioners' arguments that they were not given the opportunity to access information related to the permits do not conform to reality, as the edict was published in June 2015 and the case files have been available to the public at all times. He states that the Phytosanitary Protection Law, Law No. 7664, created the National Technical Biosafety Commission as an advisory body to the State Phytosanitary Service on biotechnology matters, whose composition, powers, and functions are established in the regulation to said law. He clarifies that said Commission is multidisciplinary and includes representation from civil society through two representatives from the National Academy of Sciences, a representative from the Costa Rican Federation for Environmental Conservation, and a representative from the Biodiversity Coordination Network. He states that one of the functions entrusted to said commission is to advise the official institutions responsible for issuing authorizations to import, experiment with, move, release into the environment, multiply, and commercialize plants or other organisms genetically modified by genetic engineering techniques. He indicates that to obtain a certificate of release into the environment for transgenic products, the application must be submitted for review by the Technical Biosafety Commission; once the favorable opinion, adopted by simple majority, is obtained, the release into the environment certificate for products manipulated through genetic engineering is granted. He points out that the review mechanism by the Technical Biosafety Commission is fundamental in the decision-making process regarding modified living organisms, in which there is representation from civil society, and the results of those decisions are made known to the public through the respective edicts. He affirms that the Genetically Modified Organisms Unit of the State Phytosanitary Service has made available to users and the general public the System called: "Digital System for the Management of Information on Living Modified Organisms (LMOs)," which is found on the website www.ovm.go.cr and can be consulted on the State Phytosanitary Service website, which is www.sfe.go.cr. He maintains that it is demonstrated that the petitioners have not been denied access to information regarding the actions of that agency, which are in accordance with the regulations in force on the matter, in light of the Cartagena Protocol. He explains that what was indicated in judgment No. 15017-2014 has not been violated, since it is understood that the confidentiality of the pieces of the administrative case file is based on the Cartagena Protocol, limited only to that protected by intellectual property, as the Chamber itself states, and not to all of the pieces that make up each case file. He alleges that considering that the regulatory system is sufficient, there are no corrections to be made to the procedure. He argues that the actions of that Phytosanitary Service have been transparent and in no case has it acted with secrecy. He requests that the Chamber declare the action dismissed.
6.- By ruling of the Investigating Magistrate at 14:27 hours on March 11, 2016, the parties listed in this amparo action were considered expanded and, consequently, the legal representative of the company Dow AgroSciences de Costa Rica S.A. was given notice to address the facts discussed in this amparo.
7.- By brief received in the Secretariat of this Chamber at 13:02 hours on March 28, 2016, Carlos Alberto Hidalgo Murillo answers the notice, in his capacity as Unlimited General Attorney-in-Fact of Dow AgroSciences de Costa Rica S.A., stating that the petitioner omits to present the existence of the edict dated June 30, 2015, in the nationally circulated newspaper La República. He states that the promoting party also omits to present the existence of official communication No. MAG-0896-2015 dated November 12, 2015. He indicates that the petitioner claims against the respondent authorities for a failure to execute Vote No. 2014-015017, issued by this Chamber. He points out that said judgment was issued within an unconstitutionality action, therefore it is not a judgment that contains an order to a specific subject to do or refrain from doing something. He affirms that if what is intended is to claim that a provision, agreement, resolution, or omission of the State Phytosanitary Service has violated fundamental rights in relation to the procedure for authorizing certificates for the release of transgenic products after judgment No. 2014-015017 was issued, it is necessary to ask how the State Phytosanitary Service could violate a constitutional norm. He maintains that upon the disappearance from the legal system of Article 132 of the Regulation to the Phytosanitary Protection Law, the State Phytosanitary Service observes, applies, and respects national and international regulations in the procedure for authorizing certificates for the release of transgenic products if: a) in accordance with Article 21 of the Cartagena Protocol and the Law on Undisclosed Information, it uses the mechanisms provided in both regulatory bodies to safeguard confidential information that is classified as such in those instruments; b) in accordance with Article 21.6 of the Cartagena Protocol, it safeguards the right of citizens to access information, if it provides, within the authorization process, the opportunity to know the data that according to said norm are not confidential. He maintains that the formula to guarantee the non-violation of constitutional rights is by practicing a fair balance between the right of access to public information and the right to protection of confidential information. He explains that the State Phytosanitary Service ensured that fair balance, because on June 30, 2015, the company Dow AgroSciences de Costa Rica S.A., having been ordered to do so by the Genetically Modified Organisms Unit of the Biotechnology Department, published in the nationally circulated newspaper La República an edict stating that "(...) all persons wishing to express themselves regarding the request described above are notified to do so before the Biotechnology Department of the State Phytosanitary Service of the Ministry of Agriculture and Livestock, within a term of ten business days, counted from the day of the publication of this edict." He alleges that in the case in question, the petitioners were informed about the procedure and were given the possibility to request information and to be able to oppose in a well-founded manner within the 10 business days established by the processing procedure for this type of applications. He mentions that the petitioners' criticisms constitute a lack of recognition of the provisions of Article 21.6 of the Cartagena Protocol and Article 2 of the Law on Undisclosed Information. He states that the criteria for classifying confidential information are fully defined and are self-sufficient in the legal system. He declares that the Phytosanitary Protection Law created the National Technical Biosafety Commission. He states that said commission is composed of the best experts on the subject of biotechnology in a balanced manner, where civil society is fully represented through the National Academy of Sciences of Costa Rica, the Biodiversity Coordination Network, and the Federation for the Conservation of Nature. He indicates that a representative of the Biodiversity Coordination Network requested a series of data as additional information in the processing of the application for authorization for the release of event DAS-81910-7. He points out that this request for information was responded to by his represented party in September 2015, and on that occasion, they asked the Living Modified Organisms Unit of the Biotechnology Department of the State Phytosanitary Service to take the corresponding precautions regarding the information attached to respond to the requested requirements, as it was susceptible to protection as confidential information. He affirms that the legal procedure that guarantees access to information on matters of public perception and participation is clearly typified in procedure DB-OGM-PO-06 of the Biotechnology Department of the Genetically Modified Organisms Unit of the State Phytosanitary Service, which defines the scope of the edicts. He requests that the Chamber declare the action dismissed.
8.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.
Justice Rueda Leal writes; and,
Considering:
I.- Object of the action. The petitioners allege that the MAG and the State Phytosanitary Service have not guaranteed access to information and public consultation prior to the processing of new permits to release genetically modified organisms into the environment. They specifically cite the case of GM cotton, approved for the company Dow AgroSciences de Costa Rica S.A., with release into the environment certificate No. DA-03, for the importation and release of genetically modified cotton, with the trade name "Enlist," with unique identifier number DAS-8191O-7, in Cañas, Guanacaste. They consider that the lack of information and consultation prevents citizens from exercising a well-founded opposition.
II.- Proven facts.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondent has omitted to refer to them, as provided in the initial order:
III.- Related Background. In judgment number 2014-015017 of 16:26 hours on September 10, 2014, this Chamber resolved an unconstitutionality action related to the granting of permits for the release of transgenic materials into the environment. On that occasion, the Chamber stated: “Regarding the permanent conflict between information required for citizen participation and the protection of intellectual property. The first thing that must be pointed out is that the Chamber, through Judgment No. 2006-09753 of eleven hours twenty-five minutes on July seven, two thousand six, when addressing the consultation on the “Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity,” held that:
“... in article 21.1 it is specified that in order to classify information as confidential, the reasons justifying such treatment must be set forth. Likewise, numeral 21.2 establishes the existing mechanism that must be followed in cases where the importing country considers that such information does not merit such treatment. Thus, this Chamber understands that the rules contained in the Protocol regarding the handling of private data are not unconstitutional, positively reinforcing the right to informational self-determination, which is derived from article 24 of the Political Constitution. By virtue of these conditions, this Tribunal finds no vice of constitutionality in the treatment of such confidential information, and considers that confidentiality in this case does not endanger health and the environment and that this provision would be sufficient to safeguard such values, as long as our country's authorities use the mechanisms provided in the Protocol to challenge the confidentiality of living modified organisms, should they consider that their conservation or handling could pose a risk to biological diversity or human health (Anexo III).
It is clear from the foregoing that the norm that was analyzed by this Chamber, at the time when a priori constitutional review was exercised, allows us to affirm that, indeed, there are two parameters for the analysis of article 132 of the Regulation to the Phytosanitary Protection Law, No. 26921-MAG of March 20, 1998. There is, then, article 30 of the Political Constitution and numeral 21 of the Cartagena Protocol on Biosafety. The Office of the Attorney General of the Republic argues that article 132 of the challenged Regulation is unconstitutional for regulating a fundamental right, and additionally for regulating the confidentiality of technical and scientific information in a very general and open manner. In the opinion of this Tribunal, it must be taken into consideration that there are reasons to weigh the interpretation given to the challenged article 132. Indeed, the Political Constitution enshrines the fundamental right of free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest, except for State secrets. But, as it also indicates, in addition to these secrets, there are others that are also fundamental rights, such as the right to privacy, the secrecy of communications, and this Tribunal recognizing that there may exist other additional exceptions that are contained in the constitutional text itself. It must be noted here that certain forms of private property exist, which require special legal protection, preventing certain technical and scientific knowledge that supports that type of property from passing into more general or public domain, because thereby the loss of exclusive rights occurs. Article 47 of the Political Constitution establishes that “Every author, inventor, producer, or merchant shall temporarily enjoy the exclusive property of their work, invention, trademark, or trade name, in accordance with the law.” In this sense, we would be facing a contradiction if the State could not guarantee an author, inventor, producer, or merchant the right of property over their invention, because precisely that knowledge is what supports their property rights. The same biosafety concerns regarding transgenics could be repeated for secrets in the pharmaceutical and food industries, and as is evident, for new organisms, but fortunately, there are public control mechanisms over those secrets, which are instituted in each case to protect public interests, environmental safety, and human health. Consequently, the constitutional norm that establishes the temporary enjoyment of a right would be a dead letter, and the plaintiffs have not demonstrated that the entire body of scientific knowledge on GMOs or LMOs must be opened to the public, because there is no other analysis mechanism. In this sense, the sufficiency of the advance informed agreement, which offers the necessary protection to the environment and human health, as regulated by the Cartagena Protocol, has been discussed throughout this proceeding. Accepting such a claim would allow a process of deconstitutionalization of property rights and the various forms thereof that exist. There are other constitutional rights distinct from that established in article 30 of the Political Constitution, which may limit the amount of information that is made public, both in international human rights treaties and in other provisions of Public International Law, which impose the State's duty to protect confidential information. In this sense, they constitute true legal barriers, of a higher order than the very norms cited by the Office of the Attorney General of the Republic, such as articles 47 and 6 of the Biodiversity Law, which far from contradicting Public International Law, complement it with the existing licensing regime. In this regard, this latter numeral establishes:
“Confidential Information 1. The Party of import shall allow the notifier to determine which information presented under the procedures established in this Protocol or required by the Party of import as part of the advance informed agreement procedure established in the Protocol shall be treated as confidential information. In such cases, when requested, the reasons justifying such treatment must be set forth.
2. The Party of import shall enter into consultations with the notifier if it considers that the information classified as confidential by the notifier does not merit such treatment and shall communicate its decision to the notifier before disclosing the information, explaining, when requested, its reasons and providing an opportunity for consultations and internal review of the decision before disclosing the information” 3. Each Party shall protect confidential information received under this Protocol, including confidential information received in the context of the advance informed agreement procedure established in the Protocol. Each Party shall ensure that it has procedures to protect such information and shall protect the confidentiality of such information in a manner no less favorable than that applicable to confidential information concerning internally produced living modified organisms.
4. ...
5. ... (regarding the withdrawal of a notification and the maintenance of the confidentiality status of the communication).
6. Without prejudice to the provisions of paragraph 5 above, the following information shall not be considered confidential:
A The name and address of the notifier; B A general description of the living modified organism or organisms; C A summary of the risk assessment of the effects on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking into account the risks to human health; and D The methods and plans for emergency response.” (the text in bold or in parentheses is not from the original).
But furthermore, the Protocol goes on to state, on the topic of interest, the following:
“Article 23. Public Awareness and Participation.
31.849- The Parties:
31.849- Shall promote and facilitate public awareness, education and participation concerning the safety of the transfer, handling and use of living modified organisms in relation to the conservation and sustainable use of biological diversity, also taking into account risks to human health. In doing so, the Parties shall cooperate, as appropriate, with other States and international bodies; 31.850- Shall endeavor to ensure that public awareness and education include access to information on living modified organisms identified in accordance with this Protocol that may be imported.
31.850- The Parties, in accordance with their respective laws and regulations, shall consult the public in the decision-making process regarding living modified organisms and shall make the results of such decisions available to the public, while respecting confidential information as provided in article 21.
3. [...]
In this sense, the Cartagena Protocol on Biosafety precisely, at the international level, sets the discussion within the terms and commitments it expressly contains, from which this Tribunal cannot deviate. The Political Constitution ensures free access to public departments and their information, but protects the property or private information of individuals or commercially organized groups. Likewise, the Treaty safeguards what information is given to the public, due to the interests it aims to protect, as will be indicated later. This means that if one follows the normative hierarchy contained in article 7 of the Political Constitution, the norm against which the Regulation to the Phytosanitary Protection Law must first be contrasted is article 21 of the Protocol. As is evident, if what is intended is to establish a balance between the information the notifier (exporter) gives to the importing party, and the citizen's right to have access to certain information that does not reveal commercial and industrial secrets—that information being limited only to that protected by intellectual property—then it is logical that the claims against the scope of article 132 of the Regulation to the Phytosanitary Protection Law are appropriate. Thus, if all the technical and scientific information on transgenic products is protected, stating that “All technical and scientific information provided by natural or legal persons for the respective registrations shall be confidential in nature,” then it is clear to the Chamber that there is an invalid regulation that must be so declared because it goes beyond what is provided by the international treaty itself. In this regard, article 21.2 of the Cartagena Protocol specifies giving the State a leading role in analyzing the information, eliminating confidentiality classifications that are not appreciated within the knowledge that a technically and scientifically versed person may have on the subject. It is evident that the Regulation to the Phytosanitary Protection Law, Executive Decree No. 26921-MAG, abruptly eliminated such possibility, a situation that contravenes articles 7 and 30 of the Constitution in relation to article 21 of the Protocol cited above. While Law No. 7975, which is the Law on Undisclosed Information, provides some solutions, this is only applicable insofar as it provides protection for information, for commercial and industrial secrets, but not for the release of certain information, even if general, in what is compatible with the Cartagena Protocol, so that it is required, for example, when there is no agreement, to open spaces for the justification of the State decision, by which it is not considered confidential information, through consultations and the decision review procedure. The obligations corresponding to the exporter of living modified organisms are those imposed by the Cartagena Protocol, and not the regulatory norms, especially if these modify the obligations agreed upon between the States, which is why they are constitutionally invalid. Now, one of the joined parties, D&PL SEMILLAS LTDA, considers it unnecessary to declare the unconstitutionality of the norm given that it has been modified by later and special legislation (Law on Undisclosed Information and its Regulation), so it accepts that scientific and technical information can only be restricted when it meets the characteristics given by the Law on Undisclosed Information. In the joined party's view, the norm should be understood as modified, which is solved through the theories of conflicts of norms over time, as well as through the hierarchy of norms, it being evident that the special norm prevails over the general one, as well as the principle of normative hierarchy, which establishes the preeminence of the legal norm over the regulatory one. Certainly, the elimination of the norm requested to be declared unconstitutional in no way affects this, since, evidently, the matter must be understood as regulated by another normative framework that provides protection for information, but which must be interpreted in light of the Cartagena Protocol, given that it prevails over the law (article 7 of the Political Constitution). For the reasons stated, the action must be granted regarding article 132 of the Regulation, for limiting access to information of public interest and for contradicting what is established in article 21 of the Cartagena Protocol, which violates article 7 of the Constitution, which is why it must be eliminated from the legal system” (the highlighted text does not correspond to the original).
III.- Regarding access to information in the specific case. In the sub lite, the plaintiffs allege that the MAG and the State Phytosanitary Service have not guaranteed access to information and public consultation prior to the processing of new permits to release genetically modified organisms into the environment. Specifically, they present the case of the authorization to release transgenic cotton into the environment.
Now, regarding the issue of access to information in this type of procedures and authorizations, judgment number 2014-015017 of 16:26 hours on September 10, 2014, was clear in establishing the citizen's right to have access to certain information that does not reveal commercial and industrial secrets. In fact, that was one of the reasons why the action was granted regarding article 132 of the challenged regulation, since for the Chamber, the text of that norm limited access to information of public interest.
In the species, the plaintiffs do not provide within their filing brief greater evidentiary elements to demonstrate that they have repeatedly managed, before the MAG or the State Phytosanitary Service, data of public interest concerning the case of the authorization to release transgenic cotton into the environment. The only relevant thing in this sense is official communication Nº DM-MAG-0751-2015 of September 10, 2015, through which the respondent minister informed Deputy Edgardo Araya about the processing of two permits to release genetically modified organisms into the environment, corresponding to application Nº Bio02-2015-98 for obtaining the certificate of release into the environment of GM cotton, and application Nº Bio02-2015-150 for obtaining the certificate of release into the environment of GM cotton. In that same missive, information was provided on permits for the development of activities with genetically modified organisms (GMOs) of agricultural use, detailing the year, company, event, planted area, and location authorized by the State Phytosanitary Service from 2010 to 2015. Indeed, this official communication Nº DM-MAG-0751-2015 of September 10, 2015, is provided by the plaintiffs themselves as evidence in the sub judice. Apart from that request for information, there is no record that any of the plaintiffs expressly requested from the respondent authorities other types of data concerning the obtaining of the certificate of release into the environment of GM cotton. Thus, this Tribunal lacks sufficient elements of conviction to consider that the authorities of the MAG and the State Phytosanitary Service arbitrarily denied access to public information related to the authorization to release transgenic cotton into the environment. In any case, this Chamber recalls that the Cartagena Protocol on Biosafety (Law Nº 8537), specifically in its article 21, provides some parameters to define what type of information is confidential and what is not. Among the data that shall not be considered confidential, the Protocol refers to the following: a) the name and address of the notifier; b) a general description of the living modified organism or organisms; c) a summary of the risk assessment of the effects on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking into account the risks to human health; d) the methods and plans for emergency response. Under that understanding, one can start from the premise that the Protocol itself emphasizes the importance that certain data related to permits to release genetically modified organisms into the environment be accessible to the entire public. In the sub examine, what was requested has been delivered in a timely manner by the MAG. For that reason, the injury to the right of access to information alleged by the plaintiffs is not accredited.
IV.- Regarding public consultation in the specific case. On the other hand, the second claim raised by the petitioners refers to the fact that the respondents have not adequately consulted the public in the process to address the requests for authorization to release transgenic cotton into the environment. In this regard, the respondent minister explains that this agency has used some mechanisms and strategies to disclose to the public matters relating to such requests. For example, he affirms that on June 30, 2015, the edict corresponding to cotton with unique identifier DAS-8191O-7 was published in the newspaper La República. Additionally, he maintains that the National Technical Biosafety Commission, responsible for reviewing applications for the certificate of release into the environment of transgenic products, has civil society representation through two representatives of the National Academy of Sciences, one from the Costa Rican Federation for Environmental Conservation, and another from the Biodiversity Coordination Network. Likewise, he mentions that the Genetically Modified Organisms Unit of the State Phytosanitary Service has made available to users and the general public the system called "Digital System for the Management of Information on Living Modified Organisms (LMOs)", which is found on the website www.ovm.go.cr and can also be consulted on the website of the State Phytosanitary Service www.sfe.go.cr. However, the respondents omit to specifically report whether, within the process to address the requests for authorization to release GM cotton into the environment, a public consultation has been carried out, with all its formalities, allowing interested citizens to learn about this topic. Nor do they clarify whether this proceeding is planned to be carried out soon.
Given this factual picture, the Chamber considers that this aspect of the amparo action is proper to be granted. To reach that conclusion, it is necessary, first, to rule on the topic of public consultation in environmental matters.
Regarding public consultation in environmental matters, one must recall what was established at the United Nations Conference on the Human Environment, held in the city of Stockholm in 1972. At that conference, several principles were proclaimed, among which Principle Nº 23 stands out: "Every person, in accordance with national legislation, shall have the opportunity to participate, individually or collectively, in the process of preparing decisions that directly concern their environment and, when it has been subject to damage or deterioration, may exercise the necessary remedies to obtain compensation." Subsequently, in 1992, it was determined in Principle 10 of the Rio Declaration on Environment and Development, that in the context of human and environmental growth: “The best way to deal with environmental issues is with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, every individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.” Deriving from these provisions, international and regional commitments on the matter arose, among them Agenda 21 within the framework of the United Nations Conference on Environment and Development, which focused on an adequate environmental policy for sustainable development and contemplated various chapters on access to environmental information. Subsequently, in 1998, the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters emerged. This convention, which is useful as soft law, took place in Aarhus, Denmark, signed by countries of the Economic Commission for Europe, where basic parameters in environmental matters are established. In essence, it adequately develops the elements set forth in Principle 10 of the Rio Declaration, signed by our country. Likewise, these efforts continued in 1999, with the Inter-American Strategy for the Promotion of Public Participation in Decision-making for Sustainable Development, approved by the member governments of the Organization of American States; in 2006, with the Santa Cruz +10 Declaration; and in 2012, at the United Nations Conference on Sustainable Development Rio+20, which concluded with the issuance of the document called “The future we want,” linked to the environmental rights required to promote sustainable development. At this last conference, in which Costa Rica committed to internally promoting the pillars of Principle 10 of the Rio Declaration:
1- Access to public information. This is the right of every person to access information of public interest, which fosters freedom of expression, since through the knowledge obtained about a certain matter, the person can more efficiently and effectively exercise their right to express an opinion regarding the control of public affairs, as well as other rights such as those concerning the protection of the environment, health, etc. This has been recognized by the Inter-American Court of Human Rights in the judgment of September 19, 2006 (Case of Claude Reyes et al. v. Chile), in which it indicated:
“… 76. In this regard, the Court has established that, according to the protection afforded by the American Convention, the right to freedom of thought and expression comprises “not only the right and freedom to express one's own thought, but also the right and freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds”73. Like the American Convention, other international human rights instruments, such as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, establish a positive right to seek and receive information.
77. With respect to the facts of the present case, the Court considers that Article 13 of the Convention, by expressly stipulating the rights to “seek” and “receive” “information,” protects the right of every person to request access to information under the control of the State, with the exceptions permitted under the Convention’s restriction regime. Consequently, said article protects the right of individuals to receive such information and the State’s positive obligation to provide it, in such a way that the person may have access to know that information or receive a reasoned response when for some reason permitted by the Convention the State may limit access to it in the specific case. Such information must be provided without the need to prove a direct interest for obtaining it or personal affection, except in cases where a legitimate restriction applies. Its delivery to a person may allow, in turn, for it to circulate in society so that it may be known, accessed, and assessed. In this manner, the right to freedom of thought and expression encompasses the protection of the right of access to information under the control of the State, which also clearly contains both individual and social dimensions of the right to freedom of thought and expression, which must be guaranteed by the State simultaneously (…)” Framing such a right in the case under study, emphasis must be placed on the importance of this right when the information is directly linked to environmental matters.
To that end, it is necessary to refer to the provisions of the cited international instruments and subsequently to our legal system.
In relation to the foregoing, as a form of soft law, the Aarhus Convention can be cited as a reference of international relevance, whose section 2 clearly sets out what should be understood by information on the environment:
"…"Information on the environment" means any information available in written, visual, oral, or electronic form or in any other material form, and that refers to:
Therefore, restrictions on this right must be strictly necessary so that the access framework is as broad as possible. On this matter, the Aarhus Convention states in section 4.3:
"(…) 3. A request for information on the environment may be refused if:
4. A request for information on the environment may be rejected if the disclosure of such information would adversely affect:
The aforementioned grounds for refusal shall be interpreted restrictively, taking into account the public interest served by the disclosure of the information requested and whether the information relates to emissions into the environment…" Our Political Constitution and the case law of this Court have been consistent with the foregoing. Article 30 of the Constitution guarantees free access to administrative departments for information purposes on matters of public interest and provides that state secrets are excepted. With respect to this latter exception, as this rule does not establish what is meant by state secrets, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has had to verify in each case the assumptions for which the denial of information is challenged and has developed this right (see judgment No. 2003-2120 of 1:30 p.m. on March 14, 2013).
Likewise, as this is information of an environmental nature, access to it is also justified by the provisions of Articles 21 and 50 of the Political Constitution, which respectively protect the right to life—correlatively to health—and the right to a healthy environment.
This access implies for any person the possibility of contributing to sustainable development, since by knowing the information about any event or project, it is possible for them to control public management, which also constitutes a mechanism for adopting more effective administrative decisions that are accepted by the community.
2- Public consultation in environmental decision-making. A pillar of environmental decision-making is public consultation. According to the Rio Declaration, "[t]he best way to handle environmental issues is with the participation of all concerned citizens, at the relevant level…", so that it must be guaranteed "…the opportunity to participate in the decision-making processes." It also establishes that to achieve such a purpose, "[s]tates shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information available to everyone." The Economic Commission for Latin America and the Caribbean, for its part, in the already cited document "Access to information, participation and justice in environmental matters in Latin America and the Caribbean," warned precisely that an "additional challenge is the need to establish and make transparent the way in which observations received by citizens are weighed and to create mechanisms for that purpose, which contributes to giving greater credibility to the processes and to preventing potential conflicts. The difference between the community's perception and what is provided by laws and regulatory frameworks regarding the meaning of participation is an element that sometimes generates frustration and distrust among the population concerning the effective opportunities to influence environmental decision-making (United Nations, 2012)." The Aarhus Convention, in turn, provides in Article 6.2.3.4:
"2. When a decision-making process regarding the environment is initiated, the public concerned shall be informed, as appropriate, in an effective and timely manner, by public notice or individually, as the case may be, at the beginning of the process. The information shall relate in particular to:
3. For the different phases of the public participation procedure, reasonable time-frames shall be provided, allowing sufficient time to inform the public in accordance with paragraph 2 above and for the public to prepare and participate effectively during the entire environmental decision-making process.
4. Each Party shall take measures for public participation to begin at the beginning of the procedure, that is, when all options and solutions are still possible and when the public can have a real influence." In accordance with the foregoing, consultation must be promoted transparently and with as much information as possible. This generates better management of natural resources and contributes to transparency and the proper handling of public funds. Let us remember that the environmental issue is a matter for all members of society, not just the government, and therefore it also falls upon every citizen to ensure the conservation of the environment and to seek sustainable development. This is why it must comprehensively encompass the different sectors of the population.
On the other hand, the hearing granted to citizens cannot become a mere formality. This Court has reiterated: "(…) it must be carried out prior to the adoption of the administrative decision, thus constituting a manifestation of the democratic principle. Consequently, this type of hearing does not simply constitute part of a procedure that must be scheduled as a formality, in such a way that it can be set in a manner that renders nugatory the exercise of the right it seeks to protect, by being granted under conditions that turn it into a mere formality, incapable of achieving the objectives it is called upon to obtain in protection of the right to information and citizen participation, although it certainly should not become an obstacle to the issuance of a timely resolution of the matter either." (Judgment number 2004-12242 of 2:28 p.m. on October 29, 2004) The mere call to a hearing is not enough; what is important is that it is held in terms in which people truly know what to expect, that is, that they are placed in a position such that they can evaluate the magnitude of the impact of a measure and identify the elements that support it, while also having a reasonable amount of time to analyze said measure and being informed of the circumstances of time and place in which the hearing will take place, which in any case must be reasonable (e.g., a hearing in a remote location would be unreasonable). Otherwise, the hearing becomes a meaningless formality.
Moreover, with these spaces for public debate on issues of interest to the community, the deliberation of public affairs is also sought. This is why it is of transcendental importance that the information made available to the public for the holding of public hearings, where environmental matters are discussed, includes not only the project itself, but also everything that has supported it.
3- Effective access to judicial and administrative procedures. Principle 10 of the Rio Declaration contemplates the third pillar, by stating that "effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided." Consequently, it is not enough to guarantee access to environmental information and public consultation in matters of an environmental nature, but rather there must also be judicial and administrative instances that support the first two elements of Principle 10. This would be the guarantee of the effective exercise of such rights. Therefore, these must be expeditious and independent processes, aimed particularly at the reparation of environmental damage, where broad standing and low cost are sought to enhance access.
V.- As noted in judgment number 2014-015017 of 4:26 p.m. on September 10, 2014, the Cartagena Protocol on Biosafety (Law 8537), in its section 23, sets forth the need to foster and facilitate "public awareness, education and participation concerning the safe transfer, handling and use of living modified organisms (…)". Furthermore, it emphasizes that efforts should be made to ensure that public awareness and education include access to information on living modified organisms; however, as stated previously, with certain exceptions regarding access to data that the Cartagena Protocol on Biosafety itself indicates. Let us recall that section 21 of that instrument provides some parameters for defining what type of information is confidential and what is not. Finally, section 23 of the Protocol itself states that "The Parties, in accordance with their respective laws and regulations, shall consult the public in the decision-making process concerning living modified organisms and shall make the results of those decisions available to the public, while respecting confidential information in accordance with Article 21" (the highlighting does not correspond to the original). In keeping with that line of thought, the Chamber emphasizes that, indeed, the cited Protocol grants a fundamental role to consultation in the decision-making processes related to living modified organisms. In the sub examine, the publication of an edict corresponding to the cotton unique identifier DAS-8191O-7 in the newspaper La República is noted, as is the integration of the National Technical Biosafety Commission with representation from some sector of civil society (two representatives from the National Academy of Sciences, one from the Costa Rican Federation for Environmental Conservation, and another from the Biodiversity Coordination Network), and the publication of the so-called "Digital System for the Management of Information on Living Modified Organisms (LMOs)," which is found on the website www.ovm.go.cr and can also be consulted on the website of the State Phytosanitary Service www.sfe.go.cr. However, these measures do not correspond to what the Protocol expressly demands in the aforementioned section 23, if read in conjunction with Article 133 of the Regulation to the Phytosanitary Protection Law. Beforehand, note that the cited section 23 expressly refers to the regulation to be made by law or regulation, which came to be specified in Article 133 cited:
"Article 133.—Of the publications. Applications for genetic modification projects or the use of genetically modified organisms submitted to the Directorate must be published in a national circulation newspaper, at the expense of the interested party, with an accessible description of the process to be carried out and its possible impacts. This information to be contained in the notice will be established in format B10-05. (…)" (The underlining is added) The relevance of this provision lies in the fact that it brings essential aspects of the project to the public's attention, such as an accessible description of it and the possible impacts it will have. A consultation is not a mere announcement of what the Administration intends to do, but rather implies a procedure in which, first, the Administration makes known in a clear and intelligible manner the basis and scope of a given project, so that the population has sufficient elements to form an opinion, express their objections and contributions, and communicate them to the Administration.
In this context, the minimum contents of the publication intended to be made are essential in order to comply with the requirements established in the cited regulations. In the sub examine, the manner in which the edict was disclosed has been notoriously insufficient, given that it does not include an intelligible and clear description of the project (for example, the quantity intended to be imported and released, the way in which release is intended, the dates of project development, the specific Cañas zones that will be affected, etc.), nor the possible impacts it will have. On the other hand, the publication must facilitate consultation by individuals, so that they have a true possibility of commenting on the project. As an example, the recommendations established by ECLAC in the document "Regional Agreement on Access to Information, Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean" are mentioned, whose Article 7, paragraphs 2 and 17, indicate that, in processes for granting environmental permits, the following must be made public: a) information on the area of influence and the physical and technical characteristics of the proposed project; b) the main environmental impacts of the project; c) the measures foreseen with respect to such impacts; d) the reports and opinions of related entities; etc. Its paragraph 6) also indicates that information must be provided on the authority responsible for the decision-making, the procedure foreseen for public consultation, the authority charged with providing additional information, and the method for requesting such information. In addition, communication to the public must be done in understandable, non-technical language. Finally, it must be stated, in a punctual and precise manner, the means through which individuals' observations can be submitted, enhancing for this purpose, due to their ease of access, electronic means and the Internet.
It can also be recalled that the Aarhus Convention (soft law) recommends that when a decision-making process regarding the environment is initiated, the public concerned should be informed, effectively and at the opportune moment by means of public communication, of the beginning of the process. Among the matters it suggests informing about are: the proposed activity, including the corresponding application about which a decision will be adopted; the nature of the possible decisions or the draft decision; the public authority responsible for taking the decision; the envisaged procedure, in particular, where such information can be provided; the date on which the procedure will begin; the possibilities offered to the public to attend it; the date and place of any envisaged public hearing; the public authority from which to obtain relevant information and where the relevant information has been deposited for the public to examine it; the public authority or any other public or competent body to which observations or questions may be submitted and the time schedule for the communication of observations or questions, among others. From the communication carried out by the respondent authorities in the edict dated June 30, 2015, almost all these aspects are missed.
A corollary of the foregoing, this Constitutional Court considers that the appellants are correct when they assert that the respondent authorities of the MAG and the State Phytosanitary Service did not adequately consult the public on the matter of interest. Given this situation, the corresponding course is to partially grant this aspect of the appeal.
VI.- DISSENTING VOTE OF JUDGES JINESTA LOBO, SALAZAR ALVARADO AND HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, WITH THE OPINION WRITTEN BY THE FIRST. The undersigned Judges dissent and would declare the appeal without merit on all its grounds. In the first place, it is necessary to clarify that, from judgment No. 2014-006773 of 11:41 a.m. on May 16, 2014, under a better consideration, the majority of this Chamber held that upon the modification of Article 9 of the Political Constitution, the reforming constituent body wanted to give positive effect to the Principle of Participation and thus bring the administered closer to the state decision-making process, as part of what the doctrine calls "correction mechanisms" of representative democracy. Thus, the derived Constituent left the means, scope, and timing of citizen participation to infra-constitutional regulations, except in exceptional cases. In this sense, the natural venue to oversee its compliance—because it involves a principle of constitutional order and not a fundamental right—is the ordinary courts and not the constitutional jurisdiction. However, in the specific case, the exception is made that, by reason of the ratification of the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, Law No. 8537 of August 23, 2006, it is necessary to comply with the provisions of Article 23 of said regulatory text, which expressly obliges the Parties to hold consultations with the public in the decision-making process concerning living modified organisms and to make the results of those decisions available to the public. Having examined the case record, the undersigned consider that, in the sub lite, this requirement was deemed fulfilled. Note that, in accordance with the evidence presented in the case record, an Edict was published in the national newspaper La República on June 30, 2015, in which, expressly, information was given about the procedure being carried out, as well as the body responsible for its approval, granting any interested party a deadline of 10 business days to make any statement for or against, or to submit any query, regarding the proceeding in question. With this diligence, what was provided for in the indicated international instrument was complied with, thus guaranteeing consultation with the citizenry. It should be indicated that, according to paragraph 2 of the Cartagena Protocol, "The Parties, in accordance with their respective laws and regulations, shall hold consultations with the public (…)". As indicated, the requirements that the edict in question must contain, in light of the provisions of Article 133 of the Regulation to the Phytosanitary Protection Law, are aspects whose compliance must be overseen by the administrative-court judge. We have repeatedly held that the constitutional judge, when examining the conduct of a public power or a private legal entity to determine if it conforms or not to the parameter of constitutionality, must use only the Constitution (formed, in turn, by constitutional values, principles, precepts, and case law), the instruments of Public International Law, and those laws that, exceptionally, integrate the constitutionality block by express jurisprudential recognition. It is not for the constitutional judge to determine if conduct and actions conform to ordinary laws, as that would involve exercising the functions of an ordinary or legality judge and must not supplant that judge in such a function. Consequently, it is imperative to declare the appeal without merit on all its grounds.
VII.- Note from Judges Castillo Víquez and Hernández López, with the writing by the first. Although we are part of the majority of this Court that considers that: "(…) By modifying Article 9 of the Political Constitution, the reforming constituent body wanted to give positive effect to the Principle of Participation and thus bring the administered closer to the state decision-making process, as part of what the doctrine calls 'correction mechanisms' of representative democracy. Thus, the reforming Constituent left the means, scope, and timing of citizen participation to infra-constitutional regulations, except in exceptional cases. In this sense, the natural venue to oversee its compliance is the ordinary courts and not the constitutional jurisdiction. It is then for legality control and not for this Constitutional Court to determine if the administrative actions and conduct deployed (active or by omission) by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) conform or not to the infra-constitutional legal system. For the reasons indicated, we consider that the issue raised is far from the specific competences that the Constitutional Chamber is called upon to protect, without this meaning that it does not merit analysis in the ordinary jurisdiction or that of mere administrative-contentious legality, in accordance with Article 49 of the Constitution." (See, among others, judgment No. 6773-2014). But in the case before us, given the existence of an International Human Rights Instrument that imposes on the contracting parties a duty to provide strong citizen participation, we must necessarily concur with our vote so that, in this case, the holding of a public hearing is ordered. Indeed, the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, approved by Law No. 8537 of August 23, 2006, in its Article 23, provides the following:
"AWARENESS AND PUBLIC PARTICIPATION 1. The Parties shall:
2. The Parties, in accordance with their respective laws and regulations, shall consult the public in the decision-making process concerning living modified organisms and shall make the results of those decisions available to the public, while respecting confidential information in accordance with Article 21.
3. Each Party shall ensure that its population knows how to access the Biosafety Clearing-House." On the other hand, the preparatory work on this article expresses that what is required of the State Parties is the promotion and facilitation of public awareness, education in this type of technology, as well as the encouragement of participation in the implementation of the Protocol. It is understood, then, from the preparatory work itself, that participation in the formation of the decision is promoted through a public hearing and information about its results, while preserving, of course, the confidentiality of information such as intellectual property, commercial secrets, etc., which are rights of constitutional relevance. Additionally, attention must be drawn to the existence of a practical guide to an amendment to the Aarhus Convention, which, although it is still in the ratification process of the countries that originally formed part of the Treaty, the fact is that, from its text, important elements about the treatment of information in public hearings are added.
From this amendment proposal, practical (non-binding) guides have been prepared arising from the negotiation of the aforementioned amendment with concrete effects on the cited Cartagena Protocol, which express the following:
- An effort of institutional strengthening and technological capacity related to the biosafety of GMOs; - Where installed capacity exists, ensuring public participation in the use of legal and political mechanisms; - Where required, the establishment of legal reforms or political schemes for the effective participation of all stakeholders in accessing information; - The creation or use of installed communication capacity to provide information and support participation in the decision-making process; - The creation or use of installed capacity of advisory group mechanisms, of representatives of those with legitimate interests, to receive comments, among other things, and propose legislative reforms, communications, and work projects; - Collection of relevant issues detected for access to information and public participation related to GMOs in broader processes, programs, and agendas relating to biodiversity, environment, and sustainable development; - The promotion of an inter-sectoral approach that facilitates access to information and public participation in the decision-making process related to GMOs (for example, intergovernmental, within government, government-civil society, and industry).
Finally, it is important to note that the Cartagena Protocol itself sponsors the formation of information exchange with the Biosafety Clearing-House, leveraging technological means, which truly houses a genuine point of contact between all Parties, and gives solidity to the exchange of scientific, technical, environmental, and legal information and experience in relation to living modified organisms. This is the center where the necessary information for the implementation of the Protocol can be obtained, provided by the Parties and within the same terms of the Convention the limits that may be established (Article 20, among other numerals). It is on the basis of the foregoing, that in this specific case, the amparo action must be granted, as is indeed done.
VIII.- Note by Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal, with drafting by the latter. The undersigned Magistrates record this note because, although the action must be declared granted with regard to the issue of citizen participation, we deem it necessary to recall some observations we have made in repeated amparo actions, aimed at explaining that Article 9 of the Political Constitution not only incorporates a principle of constitutional rank, but that citizen participation must be considered a fundamental right, with all the guarantees and protection that this entails.
In judgment number 2013-017305 of 11:32 a.m. on December 20, 2013, this Tribunal had the opportunity to analyze an amparo action in which citizen participation was promoted as a fundamental right. On that occasion, it was explained as follows: “The right to citizen participation in decision-making has become one of the fundamental pillars upon which the democratic system rests. In our country, the constitutional legislator incorporated this right in Article 9 of the Political Constitution by providing that the Government of the Republic be popular, representative, participatory, alternative, and responsible. This mandate of the Fundamental Law has guided subsequent constitutional and infra-constitutional normative development. Thus, a series of mechanisms have been established that seek to ensure that the right to participatory government can be effectively applied, and not remain merely on paper, such as the referendum for the approval or repeal of laws and partial reforms to the Constitution, or the popular initiative in the formation of laws (see, among others, judgment number 2005-05649 of 2:39 p.m. on May 11, 2005). The right to participatory government, elevated to constitutional rank through the reform brought about by Law No. 8364 of July 1, 2003, published in La Gaceta No. 146 of July 31, 2003, not only signifies a recognition of the highest normative rank to the function of political control, but also constitutes a revaluation of the citizen’s role in decision-making processes. By the will of the constituent legislator, which this Chamber should not and cannot ignore, the right to participatory government stands as a fundamental pillar of our democratic regime —an issue erroneously ignored by the minority vote, which lowers the category of citizen participation from a right to a general principle, in clear opposition to the jurisprudential line of this Chamber as demonstrated later—, which is consistent with a political system based on tolerance, pluralism, and respect for freedom. This right to participatory government, also called the right to citizen participation, is sheltered in several international human rights instruments. Thus, Article 21 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights provides that \"everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives\". Consistent with the above, Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights expressly recognizes the right of citizens: “(…) to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely elected representatives”. In the same vein, the Inter-American Democratic Charter states in its Article 5 that: “Representative democracy is strengthened and deepened by permanent, ethical, and responsible participation of the citizenry within a framework of legality conforming to the respective constitutional order”. More vehemently, Article 6 of said Charter establishes that: “The participation of the citizenry in decisions relating to their own development is a right and a responsibility. It is also a necessary condition for the full and effective exercise of democracy. Promoting and fostering diverse forms of participation strengthens democracy”. This conventional and constitutional recognition of the mentioned right represents a fundamental aspect of the democratic model of this century, in which citizen control, transparency, and accountability stand out as inherent factors of the republican system, which in turn endows political decision-making with much greater legitimacy, a key aspect when it comes to true governability. Precisely, one of the mechanisms devised to fulfill the provisions of Article 9 of the Constitution is the public hearing (audiencia pública), which constitutes a means through which interested persons can assert their rights, actively participating in matters of national or local relevance, and bringing to the attention of the Administration all those anomalies or disagreements in relation to the project intended to be developed. As things stand, the public hearing is a typical instrument of a mature democracy, through which the active participation of the citizen in public decision-making is fostered. By its significance, the hearing must be conducted in such a way as to guarantee the greatest participation of the persons who may be affected; hence, any action or omission that prevents the foregoing implies an open violation of the fundamental rights of the participants (see, among others, judgment number 2009-018223). Regarding the participatory nature of the public hearing, the Political Constitution itself mandates it, because with the reform effective since July 31, 2003 to Article 9 of the Fundamental Law, it was established that the Government of the Republic must be, among other aspects, participatory, which implies that the government in office is an articulator of what is established by popular deliberation. In other words, in current democracy, citizens enjoy, by constitutional mandate, not only the right to vote to exercise their right to participatory government, but also a number of instruments of diverse nature to assist in political decision-making, which enables them to exert direct influence on major public decisions. This fundamental right of citizen participation establishes that the people must be enabled to express themselves equally in both majority and minority points of view. Thus, both national participation mechanisms such as the referendum or plebiscite, and local ones, will be important. During the public hearing, participants must be granted all facilities to be informed and to make themselves heard, all within what is reasonable, for the hearing cannot become an obstacle or a resource to prevent timely resolution of a given proceeding (…)”. As things stand, we deem it necessary to record this note in order to reiterate the constitutional relevance of Article 9 of the Political Constitution, not only as a general principle but as a clear and legitimate fundamental right, as we have done on previous occasions.
IX.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The amparo action is partially granted only with regard to the violation of the right to citizen participation due to lack of access to suitable information for the exercise of this right. It is ordered that Luis Felipe Arauz Cavallini and Francisco Dall'Anese Álvarez, in their capacity as Ministro de Agricultura y Ganadería and Director Ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado, or whomever holds those positions, within a maximum period of ONE MONTH counted from the notification of this judgment, carry out a publication of the project that is the subject of this action that complies with all regulatory formalities. In the event that the importation and release of the product has already occurred, the publication phase being precluded, this order is limited to warning the respondent party that in other cases of this type, they must not incur in the acts or omissions that gave merit to granting this amparo. The foregoing is issued with the warning that, according to the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo action, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be settled in the enforcement of judgment of the contentious-administrative proceeding. In all other respects, the action is declared without merit. Let this resolution be notified to Luis Felipe Arauz Cavallini and Francisco Dall'Anese Álvarez, in their capacity as Ministro de Agricultura y Ganadería and Director Ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado, or whomever holds those positions, in person. The Magistrates Jinesta Lobo, Salazar Alvarado, and Hernández Gutiérrez dissent from the vote and declare the action without merit in all its extremes. The Magistrates Castillo Víquez and Hernández López append a note. The Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal append a note.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *VB3BFBBQU47U61* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Control constitucional: Sentencia estimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Contenido de Interés:
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Recurso de amparo interpuesto por Adolfo Mauricio Álvarez Mora, cédula de identidad 0108770217, Aleida Devandas Aguilar, cédula de identidad 0110780614, Alex Eduardo García Cruz, cédula de identidad 0104660112, Alexander Jesús Chaverri Carvajal, cédula de identidad 0402110918, Alexandra Patricia Vega Ballestero, cédula de identidad 0107120264, Ana Isabel de la Trinidad Ducca Durán, cédula de identidad 0105640060, Ana Patricia Mora Castellanos, cédula de identidad 0104710261, Antonio Olteja, Antonio Trejos Mazariegos, cédula de identidad 0114780284, Carlos Enrique Hernández Álvarez, cédula de identidad 0502560320, Christian Eduardo Arce Hidalgo, cédula de identidad 0402120756, Diana Madrigal Valerín, cédula de identidad 0112570145, Edgar Francisco Mora Guerrero, cédula de identidad 0202901140, Efigenia Suray Carrillo Guevara, cédula de identidad 0501960314, Fabián Ernesto Méndez Miranda, cédula de identidad 0113220510, Fabiola Pomareda, Fanny Marcela Sojo Robles, cédula de identidad 0303740849, Georgia Lorena Mata Navarro, cédula de identidad 0303900990, Gerardo del Carmen Vargas Varela, cédula de identidad 0302420343, Gioconda de los Ángeles Castro Reyes, cédula de identidad 0401720729, Girgeth Zuceth Chinchilla García, cédula de identidad 0112550673, Gloriana Martínez Carballo, cédula de identidad 0109820913, Grettel María Montero Varela, cédula de identidad 0109400922, Héctor Esteban Solano Chavarría, cédula de identidad 0112880253, Isabel Alvarado Raventós, cédula de identidad 0113340206, Johnatan Jesús Acuña Soto, cédula de identidad 0402020231, Jorge Arturo Arguedas Mora, cédula de identidad 0104110109, Jorge Luis Salas Quesada, cédula de identidad 0207100779, José Andrés Torrentes Rodríguez, cédula de identidad 0113370502, Luis Alonso Herrera Mora, cédula de identidad 0602680165, Marco Tulio Araya Barboza, cédula de identidad 0203120645, María Alexandra Campos Espinoza, cédula de identidad 0116180863, María Eugenia Román Mora, cédula de identidad 0106350819, María Eugenia Salazar Umaña, cédula de identidad 0204490826, Mario Francisco Salazar Montes, cédula de identidad 0111690405, Meilyn de los Ángeles Zamora Fernández, cédula de identidad 0603870575, Mercedes del Pilar Arguedas Molina, cédula de identidad 0401400147, Olman Antonio Varela Durán, cédula de identidad 0302640545, Pablo Antonio Morales Rivera, cédula de identidad 0112510862, Paola Arroyo García, cédula de identidad 0402030444, Paulino de Jesús Madrigal Rodríguez, cédula de identidad 0112730579, Rebeca Sánchez Ruiz, cédula de identidad 0603620745, Sofia Alejandra Guillén Pérez, cédula de identidad 0115040735, Sofía de los Ángeles Barquero Mata, cédula de identidad 0304420508, Ulises Gerardo Araya Chaves, cédula de identidad 0114190691, y Wilson Josué Arroyo Oconitrillo, cédula de identidad 0206880354; contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Servicio Fitosanitario del Estado.
Resultando:
1.-Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:30 horas del 28 de enero de 2016, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el MAG y el Servicio Fitosanitario del Estado. Manifiestan que esta Sala, por medio de la sentencia Nº 15017-2014 de las 16:26 horas del 10 de setiembre de 2014, declaró parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad tramitada en expediente Nº 12-017013-0007-CO y anuló el artículo 132 del Decreto Ejecutivo Nº 26921-MAG del 20 de marzo de 1998. Refieren que ante una consulta del diputado Edgardo Araya Sibaja sobre la tramitación de permisos para liberar organismos genéticamente modificados al ambiente, el Ministro de Agricultura y Ganadería indicó, por oficio Nº DM-MAG-0751-2015, que se estaba tramitando una solicitud para liberar algodón transgénico, bajo el número Bio 02-2015-98 presentada el 8 de junio de 2015. Detallan que por oficio Nº DM-MAG-0855-2015 del 23 de octubre de 2015, dicho funcionario indicó al diputado Araya las acciones realizadas por el ministerio para corregir los vicios señalados en el voto Nº 15017-2014. Dicha respuesta evidencia que no se ejecutaron acciones concretas para corregir el procedimiento que seguían las solicitudes para liberar organismos genéticamente modificados, de manera que no se aseguró el acceso a la información y la participación ciudadana de previo a la tramitación de nuevos permisos. Indican que en La Gaceta Nº 233 del 1º de diciembre de 2015, se publicó la aprobación a Carlos Alberto Hidalgo Murillo, en calidad de representante legal de la empresa Dow AgroSciences de Costa Rica S.A., del certificado de liberación al ambiente Nº DA-03, para la importación y liberación de algodón genéticamente modificado, de nombre comercial “Enlist”, con Nº de identificador único DAS-8191O-7, en Cañas, Guanacaste. Aducen que no se comunicó ni se dio oportunidad a la población de tener acceso a la información referida a los permisos, con el fin de ejercer una oposición fundada; además, se desconoce que exista acto administrativo alguno que permita distinguir la información confidencial de la pública. Estiman lesionados el artículo 50 de la Constitución Política, y la participación ciudadana. Solicitan a la Sala que declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.
2.- Por resolución de Presidencia de las 13:56 horas del 29 de enero de 2016, se dio curso al amparo.
3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 15:54 horas del 8 de febrero de 2016, informa bajo juramento Luis Felipe Arauz Cavallini, en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería, que el oficio Nº DM-MAG-0855-2015 del 23 de octubre de 2015 fue ampliado y adicionado por oficio Nº DM-MAG-0896-2015 del 12 de noviembre de 2015. Refiere que en ningún caso, dichos documentos fueron emitidos para corregir los vicios de inconstitucionalidad señalados en el voto Nº 15017-2014. Indica que los oficios Nº DM-MAG-0855-2015 del 23 de octubre de 2015 y DM-MAG-0896-2015 del 12 de noviembre de 2015, se emitieron en respuesta a los oficios Nº EVAS-FFA-150-2015, EVAS-FFA-307-2015 y EVAS-FFA-360-2015, suscritos por el Diputado del Frente Amplio Edgardo Araya, por medio de los cuales les solicitó indicar las acciones administrativas tomadas en relación con el acceso a la información en las solicitudes de trámite de autorizaciones para liberar organismos genéticamente modificados al ambiente, a partir de lo dispuesto en el voto Nº 15017-2014. Señala que mediante oficio Nº DM-MAG-0896-2015 del 12 de noviembre de 2015, se le indicó al Diputado Araya que la sentencia Nº 15017-2014 no dispuso la obligatoriedad de tomar acciones administrativas en relación con el acceso a la información en las solicitudes de trámites de autorizaciones para liberar organismos genéticamente modificados en el ambiente, sino que únicamente dispuso la anulación del artículo 132 del Decreto Ejecutivo Nº 26921-MAG del 20 de marzo de 1998. Afirma que, además, se le aclaró que la materia actualmente está regulada por otra normativa que brinda protección a la información y que debe interpretarse a la luz del Protocolo de Cartagena, artículos 21 y 23, que incluso prevalecen por encima de la Ley. Sostiene que desde el 10 de setiembre de 2015, mediante oficio Nº DM- 0751-2015, se le comunicó al Diputado Araya Sibaja sobre la tramitación de dos permisos para liberar organismos genéticamente modificados al ambiente, que corresponden a la solicitud Nº Bio02-2015-98 presentada el 8 de junio de 2015 por la empresa Dow AgroSciences Costa Rica S.A. para la obtención del certificado de liberación al ambiente del algodón GM, identificador único DAS-8191º-7 y a la solicitud Nº Bio02-2015-150 presentada el 10 de agosto de 2015, por la empresa Bayer S.A. para la obtención del certificado de liberación al ambiente del algodón GM identificador único SYN-IR-102-7. Sostiene que se le facilitó información sobre los permisos para el desarrollo de actividades con OGMs de uso agrícola, con el detalle del año, empresa, evento, área sembrada y localización autorizados por el Servicio Fitosanitario del Estado desde el 2010 hasta el 2015. Explica que en relación con la solicitud Nº Bio02-2015-98, la empresa Dow AgroSciences Costa Rica S.A. había publicado desde el 30 de junio de 2015, el edicto correspondiente al algodón identificador único DAS-8191O-7 en el periódico La República, conforme a lo establecido en el artículo 133 del Reglamento a la Ley del Servicio Fitosanitario del Estado. Alega que las consideraciones de los recurrentes en cuanto a que no se les dio oportunidad de tener acceso a la información relacionada con los permisos, no son conforme a la realidad, pues el edicto fue publicado desde junio de 2015 y los expedientes han estado a disposición del público en todo momento. Aduce que el artículo 40 de la Ley de Protección Fitosanitaria, Nº 7664, creó la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad como órgano asesor del Servicio Fitosanitario del Estado. Expresa que dicha comisión es multidisciplinaria y cuenta con representación de la sociedad civil, a través de los dos representantes de la Academia Nacional de Ciencias, de un representante de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente y de otro de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Aclara que una de las funciones encomendadas a dicha comisión es asesorar a las instituciones oficiales encargadas de emitir las autorizaciones para importar, experimentar, movilizar, liberar al ambiente, multiplicar y comercializar plantas u otros organismos modificados genéticamente por técnicas de ingeniería genética. Menciona que para obtener un certificado de liberación al medio ambiente de productos transgénicos, se debe someter la solicitud a revisión de la Comisión Técnica de Bioseguridad; una vez obtenido el dictamen favorable, se concede el certificado de liberación al medio ambiente de productos manipulados. Refiere que el mecanismo de revisión por parte de dicha comisión es fundamental en el proceso de adopción de decisiones en relación con organismos vivos modificados, en la que existe representación de la sociedad civil y los resultados de esas decisiones se dan a conocer al público mediante los edictos respectivos. Indica que la Unidad de Organismos Genéticamente Modificados del Servicio Fitosanitario del Estado ha puesto a disposición de los usuarios y el público en general, el sistema denominado “Sistema Digital para el Manejo de Información de Organismos Vivos Modificados (OVM), el cual se encuentra en la página web www.ovm.go.cr y puede ser consultado en la página web del Servicio Fitosanitario del Estado www.sfe.go.cr . Señala que en la sentencia número 15017-2014, esta Sala fue clara en indicar que el sistema regulatorio es suficiente. Afirma que a los recurrentes no se les ha denegado el acceso a la información en relación con las actuaciones de ese ministerio y las del Servicio Fitosanitario del Estado, que son conformes a la normativa vigente en la materia, a la luz del Protocolo de Cartagena. Sostiene que se cuenta con un mecanismo de revisión de las decisiones establecido reglamentariamente a cargo de la Comisión Técnica de Bioseguridad, cuya integración es multidisciplinaria y representativa de la sociedad civil. Explica que ni ese ministerio ni el Servicio Fitosanitario del Estado han vulnerado lo indicado en la sentencia Nº 15017-2014, pues se entiende que la confidencialidad de las piezas del expediente administrativo se fundamenta en el artículo 21 del Protocolo de Cartagena, limitada solo a aquella protegida por la propiedad intelectual, como la propia Sala lo refiere y no a la totalidad de las piezas que conforman cada expediente. Alega que tampoco existen vicios de inconstitucionalidad pendientes de subsanar por parte de esa Administración que se desprendan del texto de dicha sentencia, pues únicamente se anuló el artículo 132 del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.
4.- Mediante constancia suscrita por el Secretario de esta Sala en fecha 9 de febrero de 2016, se hace saber que no aparece que del 3 al 8 de febrero de 2016, el Director del Servicio Fitosanitario del Estado hubiese rendido el informe requerido por la Sala dentro de este asunto.
5.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:15 horas del 22 de febrero de 2016, informa Francisco Dall'Anese Alvares, en su condición de Director Ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado, que el oficio Nº DM-MAG-0855-2015 del 23 de octubre de 2015, fue ampliado y adicionado por oficio Nº DM-MAG-0896-2015 del 12 de noviembre de 2015. Refiere que dichos documentos no fueron emitidos para corregir vicios de constitucionalidad señalados en la sentencia Nº 15017-2014, como lo quiere hacer ver la parte recurrente. Indica que los oficios Nº DM-MAG-0855-2015 del 23 de octubre de 2015 y DM-MAG-0896-2015 del 12 de noviembre de 2015 se emitieron en respuesta a los oficios Nº EVAS-FFA-150-2015, EVAS-FFA-307-2015 y EVAS-FFA-360-2015, suscritos por el diputado Edgardo Araya, por medio de los cuales se le solicitó al Despacho del Ministro que indicara las acciones administrativas tomadas en relación con el acceso a la información en las solicitudes de trámite de autorizaciones para liberar organismos genéticamente modificados al ambiente, a partir de lo dispuesto en la sentencia Nº 15017-2014, dictada por esta Sala. Señala que el oficio Nº DM-MAG-0896-2015 se le indicó al diputado que la sentencia Nº 15017-2014 dispuso la anulación del artículo 132 del Decreto Ejecutivo Nº 26921-MAG del 20 de marzo de 1998 y, por consiguiente, en nada afecta al resto de la normativa. Afirma que, además, se le aclaró que la materia actualmente está regulada por otra normativa que brinda protección a la información y debe interpretarse a la luz del Protocolo de Cartagena, que incluso prevalece a la Ley. Sostiene que desde el 10 de setiembre de 2015, mediante oficio Nº DM-0751-2015 se le informó al diputado Edgardo Araya sobre la tramitación de dos permisos para liberar organismos genéticamente modificados al ambiente que corresponden a la solicitud Nº Bio02-2015-98 presentada el 8 de junio de 2015 por la empresa Dow AgroSciences Costa Rica S.A. para la obtención del certificado de liberación al ambiente del algodón GM identificador único DAS-819IO-7 y a la solicitud Nº Bio02-2015-150 presentada el 10 de agosto de 2015 por la empresa Bayer S.A. para la obtención del certificado de liberación al ambiente del algodón GM identificador único SYN-IR-102-7. Explica que se le facilitó información sobre los permisos para el desarrollo de actividades con OGM's de uso agrícola, con el detalle del año, empresa, evento, área sembrada y localización autorizados por la institución desde el 2010 hasta el 2015. Alega que en relación con la solicitud Nº Bio02-2015-98, la empresa Dow AgroSciences Costa Rica S.A. había publicado desde el 30 de junio de 2015, en el periódico La República, el edicto correspondiente al algodón identificador único DAS-819IO-7, conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley de Servicio Fitosanitario del Estado. Menciona que de este modo, las consideraciones de los recurrentes en cuanto a que no se les dio oportunidad de tener acceso a la información relacionada con los permisos, no son conforme a la realidad, pues el edicto fue publicado desde junio de 2015 y los expedientes han estado a disposición del público en todo momento. Expresa que la Ley de Protección Fitosanitaria, Ley Nº 7664, creó la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad como órgano asesor del Servicio Fitosanitario del Estado en materia de biotecnología, cuya integración, atribuciones y funciones están establecidas en el reglamento a dicha ley. Aclara que dicha Comisión es multidisciplinaria y cuenta con representación de la sociedad civil a través de los dos representantes de la Academia Nacional de Ciencias, de un representante de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente y de un representante de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Refiere que una de las funciones encomendadas a dicha comisión es asesorar a las instituciones oficiales encargadas de emitir las autorizaciones para importar, experimentar, movilizar, liberar al ambiente, multiplicar y comercializar plantas u otros organismos modificados genéticamente por técnicas de ingeniería genética. Indica que para obtener un certificado de liberación al medio ambiente de productos transgénicos, la solicitud se debe someter a revisión de la Comisión Técnica de Bioseguridad; una vez obtenido el dictamen favorable que se adopta por mayoría simple, se concede el certificado de liberación al medio ambiente de productos manipulados mediante ingeniería genética. Señala que el mecanismo de revisión por parte de la Comisión Técnica de Bioseguridad es fundamental en el proceso de adopción de decisiones en relación con organismos vivos modificados, en la que existe representación de la sociedad civil y los resultados de esas decisiones se dan a conocer al público mediante los edictos respectivos. Afirma que la Unidad de Organismos Genéticamente Modificados del Servicio Fitosanitario del Estado ha puesto a disposición de los usuarios y público en general, el Sistema denominado: “Sistema Digital para el Manejo de Información de Organismo Vivos Modificados (OVM ' s)”, el cual se encuentra en la página web www.ovm.go.cr y puede ser consultado en la página web del Servicio Fitosanitario de Estado que es www.sfe.go.cr . Sostiene que queda demostrado que a los recurrentes no se les ha denegado el acceso a la información en relación con las actuaciones de esa dependencia, que son conformes con la normativa vigente en la materia, a la luz del Protocolo de Cartagena. Explica que no se ha quebrantado lo indicado en la sentencia Nº 15017-2014, pues se entiende que la confidencialidad de las piezas del expediente administrativo se fundamenta en el Protocolo de Cartagena, limitada solo a aquella protegida por la propiedad intelectual, como la propia Sala lo refiere y no a la totalidad de las piezas que conforman cada expediente. Alega que considerando que el sistema regulatorio es suficiente, no hay correcciones que realizar en el procedimiento. Aduce que la actuación de ese Servicio Fitosanitario ha sido transparente y en ningún caso se ha actuado con secretismo. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.
6.- Mediante resolución de Magistrado Instructor de las 14:27 horas del 11 de marzo de 2016, se tuvieron por ampliadas las partes consignadas en este recurso de amparo y, en consecuencia, se le dio traslado al representante legal de la empresa Dow AgroSciences de Costa Rica S.A. para que se manifestara sobre los hechos que se discuten en este amparo.
7.- Por escrito recibido en la Secretaría de esta Sala a las 13:02 horas del 28 de marzo de 2016, contesta el traslado Carlos Alberto Hidalgo Murillo, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Dow AgroSciences de Costa Rica S.A., que la parte recurrente omite exponer la existencia del edicto de fecha 30 de junio de 2015 en diario de circulación nacional La República. Refiere que la parte promovente también omite exponer la existencia del oficio N° MAG-0896-2015 de fecha 12 de noviembre de 2015. Indica que la parte recurrente reclama a las autoridades recurridas una falta de ejecución del voto N° 2014-015017, emitido por esta Sala. Señala que dicha sentencia se dictó dentro de una acción de inconstitucionalidad, por lo tanto no es una sentencia que contenga una orden de realizar o dejar de realizar algo a un determinado sujeto. Afirma que si lo que se pretende es reclamar que una disposición, acuerdo, resolución u omisión del Servicio Fitosanitario del Estado ha vulnerado derechos fundamentales en relación con el trámite de autorización de certificados para liberación de productos transgénicos después de haberse emitido la sentencia N° 2014-015017, es necesario preguntarse cómo podría el Servicio Fitosanitario del Estado vulnerar una norma constitucional. Sostiene que al desaparecer del ordenamiento jurídico el artículo 132 del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, el Servicio Fitosanitario del Estado observa, aplica y respeta la normativa nacional e internacional en el procedimiento de autorización de certificados para liberación de transgénicos si: a) de conformidad con el artículo 21 del Protocolo de Cartagena y la Ley de Información No Divulgada, utiliza los mecanismos previstos en ambos cuerpos normativos para darle el resguardo a la información confidencial a la que así se clasifique como tal en dichos instrumentos; b) de conformidad con el artículo 21.6 del Protocolo de Cartagena resguarda el derecho de acceso de la ciudadanía a la información, si brinda dentro del proceso de autorización la oportunidad de conocer los datos que según dicha norma no son confidenciales. Sostiene que la fórmula para garantizar la no vulneración de derechos constitucionales es practicando un justo equilibrio entre el derecho al acceso de información pública y el derecho a la protección de la información confidencial. Explica que el Servicio Fitosanitario del Estado aseguró ese justo equilibrio, pues el 30 de junio de 2015, la empresa Dow AgroSciences de Costa Rica S.A., por habérselo ordenado la Unidad de Organismos Genéticamente Modificados del Departamento de Biotecnología, publicó en el diario de circulación nacional La República un edicto donde se establecía que “ (…) se comunica a todas aquellas personas que deseen manifestarse con respecto a la solicitud anteriormente descrita ante el Departamento de Biotecnología del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dentro del término de diez días hábiles, contados a partir del día de la publicación de este edicto”. Alega que en el caso en cuestión sí se les informó a los recurrentes sobre el trámite y se les dio la posibilidad de que solicitaran información y que se pudieran oponer de una forma fundada en el plazo de 10 días hábiles que establece el procedimiento de trámite de este tipo de solicitudes. Menciona que los reproches de los recurrentes constituyen una falta de reconocimiento de lo dispuesto en el artículo 21.6 del Protocolo de Cartagena y del artículo 2 de la Ley de Información No Divulgada. Expresa que los criterios para clasificar la información confidencial están sobradamente definidos y se bastan por sí mismos en el ordenamiento jurídico. Manifiesta que la Ley de Protección Fitosanitaria creó la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad. Refiere que dicha comisión está integrada por los mejores expertos en el tema de la biotecnología de una manera balanceada, donde a través de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, la Red de Coordinación de Biodiversidad y la Federación para la Conservación de la Naturaleza se encuentra plenamente representada la sociedad civil. Indica que un representante de la Red de Coordinación de la Biodiversidad solicitó una serie de datos como información adicional en el trámite de solicitud de la autorización para la liberación del evento DAS-81910-7. Señala que esta solicitud de información fue respondida por su representada en setiembre de 2015, y en dicha oportunidad solicitaron a la Unidad de Organismos Vivos Modificados del Departamento de Biotecnología del Servicio Fitosanitario del Estado, que se tomaran las previsiones correspondientes con respecto a la información que se adjuntaba para dar respuesta a los requisitos solicitados por ser susceptible de protección como información confidencial. Afirma que el procedimiento legal que garantiza el acceso a la información en temas de percepción y participación pública está claramente tipificado en el procedimiento DB-OGM-PO-06 del Departamento de Biotecnología de la Unidad de Organismos Genéticamente Modificados del Servicio Fitosanitario del Estado que define el alcance de los edictos. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.
8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso. Los recurrentes alegan que el MAG y el Servicio Fitosanitario del Estado no han garantizado el acceso a la información y la consulta al público de previo a la tramitación de nuevos permisos para liberar organismos genéticamente modificados al ambiente. Concretamente citan el caso del algodón GM, aprobado a la empresa Dow AgroSciences de Costa Rica S.A., con certificado de liberación al ambiente Nº DA-03, para la importación y liberación de algodón genéticamente modificado, de nombre comercial “Enlist”, con Nº de identificador único DAS-8191O-7, en Cañas, Guanacaste. Estiman que la falta de información y consulta impide a los ciudadanos ejercer una oposición fundada.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
III.- Antecedente relacionado. En sentencia número 2014-015017 de las 16:26 horas del 10 de setiembre de 2014, esta Sala resolvió una acción de inconstitucionalidad relacionada con el otorgamiento de permisos para la liberación al ambiente de materiales transgénicos. En esa ocasión, la Sala refirió: “Sobre el conflicto permanente de la información que demanda la participación ciudadana y la protección a la propiedad intelectual. Lo primero que debe señalarse es que la Sala, por medio de la sentencia No. 2006-09753 de las once horas veinticinco minutos del siete de julio de dos mil seis, al evacuar la consulta sobre el “Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica”, sostuvo que:
“... en el artículo 21.1 se especifica que para clasificar la información como confidencial se deben de exponer las razones que justifiquen ese tratamiento. Asimismo el numeral 21.2 establece el mecanismo existente y que se deberá de seguir en casos de que el país importador considere que esa información no merece ese trato. Así las cosas, esta Sala entiende que las reglas contenidas en el Protocolo referentes al manejo de datos privados no son inconstitucionales, reforzando positivamente el derecho a la autodeterminación informativa, que se extrae del artículo 24 de la Constitución Política. En virtud de esas condiciones este Tribunal no encuentra ningún vicio de constitucionalidad en el tratamiento de esa información confidencial, y considera que la confidencialidad en este caso no pone en riesgo la salud y el medio ambiente y que esta previsión sería suficiente para salvaguardar tales valores, en el tanto las autoridades de nuestro país utilicen los mecanismos previstos en el Protocolo para impugnar la confidencialidad de los organismos vivos modificado, en caso de considerar que su conservación o manipulación, podría causar riesgo para la diversidad biológica o para la salud humana (Anexo III) Es claro de lo anterior, que la norma que fue analizada por esta Sala, en la oportunidad en la que se ejerció el control de constitucionalidad a priori, permite afirmar que, en efecto, existen dos parámetros para el análisis del artículo 132 del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, No. 26921-MAG del 20 de marzo de 1998. Está, entonces, el artículo 30 de la Constitución Política y el numeral 21 del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. La Procuraduría General de la República argumenta que el artículo 132 del Reglamento impugnado es inconstitucional por regular un derecho fundamental, además por normar la confidencialidad de la información técnica y científica de forma muy general y abierta. A juicio de este Tribunal, debe tomarse en consideración que existen razones para ponderar la interpretación que se hace del artículo 132 impugnado. En efecto, la Constitución Política entroniza el derecho fundamental al libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, salvo los secretos de Estado. Pero, como también señala, además de estos secretos, hay otros que son también derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, el secreto a las comunicaciones, y reconociendo este Tribunal que pueden existir otras salvedades adicionales que están contenidas en el mismo texto constitucional. Debe advertirse aquí que existen ciertas formas de propiedad privada, que necesitan de la protección especial de las leyes, que impidan que ciertos conocimientos técnicos y científicos, que respaldan ese tipo de propiedad, pasen al dominio más generalizado o público, porque, con ello se produce la pérdida de derechos de exclusividad. El artículo 47 de la Constitución Política, establece que “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, nombre comercial, con arreglo a la ley”. En este sentido, estaríamos ante un contrasentido, si el Estado no le puede garantizar a un autor, inventor, productor o comerciante el derecho a la propiedad de su invención, porque precisamente ese conocimiento es el que le respalda sus derechos de propiedad. Los mismos reclamos de bioseguridad de los transgénicos podrían repetirse para los secretos en la industria de medicamentos, alimentos, y como es evidente, para los organismos nuevos, pero afortunadamente, existen mecanismos públicos de control sobre esos secretos, que están instituidos en cada caso para proteger los intereses públicos, la seguridad ambiental y la salud humana. En consecuencia, la norma constitucional, que establece el goce temporal de un derecho sería letra muerta, y los accionantes no han demostrado que todo el cuerpo de conocimiento científico de los OGM u OVM debe abrirse al público, porque no existe otro mecanismo de análisis. En este sentido, se ha discutido, a lo largo de este proceso, la suficiencia del acuerdo fundamentado previo, que ofrece la protección necesaria al ambiente y la salud humana, según lo regulado por el Protocolo de Cartagena. Acceder a dicha pretensión permitiría un proceso de desconstitucionalización de los derechos de propiedad y las diversas formas que de ella existan. Hay otros derechos constitucionales distintos al establecido en el artículo 30 de la Constitución Política, que pueden limitar la cantidad de información que se hace pública, tanto en los convenios internacionales de derechos humanos como en otras disposiciones del Derecho Internacional Público, que imponen el deber del Estado a proteger la información confidencial. En este sentido, se constituyen en verdaderas barreras jurídicas, de un orden superior a las mismas normas que cita la Procuraduría General de la República, como lo son los artículos 47 y 6 de la Ley de Biodiversidad, que lejos de contradecir el Derecho Internacional Público, lo complementa con el régimen de licencias existente. En este sentido, éste último numeral establece:
“Información confidencial 1. La Parte de importación permitirá al notificador determinar qué información presentada en virtud de los procedimientos establecidos en el presente Protocolo o requerida por la Parte de importación como parte del procedimiento de acuerdo fundamentado previo establecido en el Protocolo debe tratarse como información confidencial. En esos casos, cuando se solicite, deberán exponerse las razones que justifiquen ese tratamiento.
2. La Parte de importación entablará consultas con el notificador si estima que la información clasificada como confidencial por el notificador no merece ese tratamiento y comunicará su decisión al notificador antes de divulgar la información, explicando, cuando se solicite, sus motivos y dando una oportunidad para la celebración de consultas y la revisión interna de la decisión antes de divulgar la información ” 3. Cada Parte protegerá la información confidencial recibida en el marco del presente Protocolo, incluida la información confidencial que reciba en el contexto del procedimiento de acuerdo fundamentado previo establecido en el Protocolo. Cada Parte se asegurará de que dispone de procedimientos para proteger esa información y protegerá la confidencialidad de esa información en una forma no menos favorable que la aplicable a la información confidencial relacionada con los organismos vivos modificados producidos internamente.
4. ...
5. ... (sobre el retiro de una notificación y el mantenimiento de la condición de confidencialidad de la comunicación).
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5 supra no se considerará confidencial la información siguiente:
A El nombre y la dirección del notificador; B Una descripción general del organismo u organismos vivos modificados; C Un resumen de la evaluación del riesgo de los efectos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana; y D Los métodos y planes de respuesta en caso de emergencia. ” (lo escrito en negrita o entre paréntesis no es del original).
Pero además, el Protocolo sigue señalando en el tema de interés, lo siguiente:
“Artículo 23. Concienciación y Participación del Público.
31.849- Las Partes:
31.849- Fomentarán y facilitarán la concienciación, educación y participación del público relativas a la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de los organismos vivos modificados en relación con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. Para ello, las Partes cooperarán, según proceda, con otros Estados y órganos internacionales; 31.850- Procurarán asegurar que la concienciación y educación del público incluya el acceso a la información sobre organismos vivos modificados identificados de conformidad con el presente Protocolo que puedan ser importados.
31.850- Las Partes, de conformidad con sus leyes y reglamentaciones respectivas, celebrarán consultas con el público en el proceso de adopción de decisiones en relación con organismos vivos modificados y darán a conocer al público los resultados de esas decisiones, respetando la información confidencial según lo dispuesto en el artículo 21.
3. […]
En este sentido, el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología precisamente, en el orden internacional, fija la discusión en los términos y compromisos que expresamente contiene, de los que no puede apartarse este Tribunal. La Constitución Política asegura el libre acceso a los departamentos públicos, a su información, pero protege la propiedad o información privada de los individuos o grupos comercialmente organizados. De igual manera, tutela el Tratado qué información se da al público, por los intereses que pretende proteger, como se indicarán posteriormente. Esto significa que si se sigue la jerarquía normativa contenida en el artículo 7 de la Constitución Política, la norma con la cual debe contrastarse primero el Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria es el artículo 21 del Protocolo. Como es evidente, si lo que se pretende es establecer un equilibrio entre la información que el notificador (exportador) da a la parte importadora, y el derecho del ciudadano de tener acceso a cierta información que no revele secretos comerciales e industriales -limitada aquella solo a la protegida por la propiedad intelectual-, entonces, es lógico que es procedente los reclamos contra los alcances del artículo 132 del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria. Así las cosas, si se protege la información técnica y científica sobre productos transgénicos, a “Toda la información técnica y científica que aporten las personas físicas y jurídicas para los respectivos registros tendrán carácter confidenciaV\ entonces, es claro, para la Sala que existe una regulación inválida que así debe declararse por ir más allá de lo previsto por el propio tratado internacional. En este sentido, el 21.2 del Protocolo de Cartagena precisa en darle al Estado un papel protagónico para analizar la información, eliminar calificaciones de confidencialidad que no se aprecien dentro de los conocimientos que una persona versada técnica y científicamente pueda tener sobre el tema. Es evidente que el Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, Decreto Ejecutivo No. 26921-MAG eliminó tal posibilidad de golpe, situación que contraviene los artículos 7 y 30 constitucionales en relación con el artículo 21 del Protocolo arriba citado. Si bien la Ley No. 7975, que es la Ley de Información No Divulgada, provee algunas soluciones, ésta solo es aplicable en la medida que brinda protección a la información, a los secretos comerciales e industriales, pero no la liberación de cierta información, aunque general, en lo que es compatible con el Protocolo de Cartagena, de manera que se impone, por ejemplo, cuando no hay acuerdo, se abren los espacios para la justificación de la decisión estatal, por la que no se considera que sea información confidencial, mediante las consultas y procedimiento de revisión de las decisiones. Las obligaciones que corresponden al exportador de organismos vivos modificados son las que le impone el Protocolo de Cartagena, y no las normas reglamentarias, especialmente si éstas modifican las obligaciones pactadas entre los Estados, razón por la que son inválidas constitucionalmente. Ahora bien, uno de los coadyuvantes D&PL SEMILLAS LTDA estima que es innecesario declarar la inconstitucionalidad de la norma dado que ha sido modificada por legislación posterior y especial (Ley de Información No Divulgada y su Reglamento), de manera que acepta que sólo se puede restringir la información científica y técnica cuando reúna las características dadas por la Ley de Información No Divulgada. En el criterio del coadyuvante, debe entenderse la norma modificada, lo que se soluciona con la teorías de los conflictos de las normas en el tiempo, como también por la jerarquía de las normas, siendo, evidente, que la norma especial prevalece sobre la general, así como el principio de jerarquía de las normas, que establece la preeminencia de la norma legal sobre la reglamentaria. Ciertamente en nada afecta la eliminación de la norma que se pide declarar inconstitucional, pues, evidentemente, ha de entenderse regulada la materia por otra normativa que brinda la protección a la información, pero que deberá ser interpretada a la luz del Protocolo de Cartagena, dado que prevalece por encima de la ley (artículo 7 de la Constitución Política). Por lo expuesto, debe declarase con lugar la acción en cuanto al artículo 132 del Reglamento, por limitar el acceso a la información de interés público y por contradecir lo establecido en el artículo 21 del Protocolo de Cartagena, lo que vulnera el artículo 7 constitucional, razón por la cual debe eliminarse del ordenamiento jurídico” (lo destacado no corresponde al original) .
III.- Sobre el acceso a la información en el caso concreto. En el sub lite, los recurrentes denuncian que el MAG y el Servicio Fitosanitario del Estado no han garantizado el acceso a la información y la consulta al público de previo a la tramitación de nuevos permisos para liberar organismos genéticamente modificados al ambiente. Concretamente, exponen el caso de la autorización de liberación al ambiente de algodón transgénico.
Ahora bien, en relación con el tema de acceso a la información en este tipo de trámites y autorizaciones, la sentencia número 2014-015017 de las 16:26 horas del 10 de setiembre de 2014 fue clara en establecer el derecho del ciudadano de tener acceso a cierta información que no revele secretos comerciales e industriales. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales se declaró con lugar la acción en cuanto al artículo 132 del reglamento impugnado, toda vez que para la Sala el texto de esa norma limitaba el acceso a la información de interés público.
En la especie, los recurrentes no aportan dentro de su escrito de interposición mayores elementos probatorios que permitan demostrar que han gestionado reiteradamente ante el MAG o el Servicio Fitosanitario del Estado, datos de interés público atinentes al caso de la autorización de liberación al ambiente de algodón transgénico. Lo único relevante en este sentido es el oficio Nº DM-MAG-0751-2015 del 10 de setiembre de 2015, por medio del cual el ministro accionado informó al Diputado Edgardo Araya sobre la tramitación de dos permisos para liberar organismos genéticamente modificados al ambiente, que corresponden a la solicitud Nº Bio02-2015-98 para la obtención del certificado de liberación al ambiente del algodón GM, y a la solicitud Nº Bio02-2015-150 para la obtención del certificado de liberación al ambiente del algodón GM. En esa misma misiva se facilitó información sobre los permisos para el desarrollo de actividades con organismos genéticamente modificados (OGMs) de uso agrícola con el detalle del año, empresa, evento, área sembrada y localización autorizados por el Servicio Fitosanitario del Estado desde el 2010 hasta el 2015. Incluso, este oficio Nº DM-MAG-0751-2015 del 10 de setiembre de 2015 es aportado por los mismos recurrentes como prueba en el sub judice. Aparte de ese requerimiento de información, no consta que alguno de los recurrentes haya solicitado expresamente ante las autoridades recurridas otro tipo de datos concernientes a la obtención del certificado de liberación al ambiente del algodón GM. Así las cosas, este Tribunal carece de elementos de convicción suficientes para estimar que las autoridades del MAG y el Servicio Fitosanitario del Estado hayan denegado arbitrariamente el acceso a la información pública relacionada con la autorización de liberación al ambiente de algodón transgénico. En todo caso, esta Sala recuerda que el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (Ley Nº 8537), concretamente en su ordinal 21, brinda algunos parámetros para definir qué tipo de información es de carácter confidencial y cuál otra no. Entre los datos que no se considerarán confidenciales, el Protocolo hace referencia a lo siguiente: a) el nombre y la dirección del notificador; b) una descripción general del organismo u organismos vivos modificados; c) un resumen de la evaluación del riesgo de los efectos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana, d) los métodos y planes de respuesta en caso de emergencia. Bajo esa inteligencia, se puede partir de la premisa que el mismo Protocolo enfatiza la importancia de que existan ciertos datos relacionados con los permisos para liberar organismos genéticamente modificados al ambiente que son de acceso a todo público. En el sub examine , lo solicitado ha sido entregado oportunamente por el MAG. Por esa razón, no se acredita la lesión al derecho de acceso a la información aducida por los recurrentes.
IV.- Sobre la consulta al público en el caso concreto. Por otro lado, el segundo reclamo planteado por los promoventes hace referencia a que los accionados no han consultado adecuadamente al público en el proceso para atender las solicitudes de autorización de liberación al ambiente de algodón transgénico. Al respecto, el ministro recurrido explica que esa dependencia ha empleado algunos mecanismos y estrategias para divulgar al público lo relativo a tales solicitudes. Verbigracia, afirma que el 30 de junio de 2015 se publicó el edicto correspondiente al algodón identificador único DAS-8191O-7 en el periódico La República. Además, sostiene que la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, encargada de revisar las solicitudes de certificado de liberación al ambiente de productos transgénicos, cuenta con representación de la sociedad civil a través de dos representantes de la Academia Nacional de Ciencias, uno de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente y otro de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Del mismo modo, menciona que la Unidad de Organismos Genéticamente Modificados del Servicio Fitosanitario del Estado ha puesto a disposición de los usuarios y del público en general, el sistema denominado “Sistema Digital para el Manejo de Información de Organismos Vivos Modificados (OVM), el cual se encuentra en la página web www.ovm.go.cr y también puede ser consultado en la página web del Servicio Fitosanitario del Estado www.sfe.go.cr. No obstante, los recurridos omiten informar concretamente, si dentro del proceso para atender las solicitudes de autorización de liberación al ambiente de algodón GM, se ha realizado una consulta pública, con todas sus formalidades, que permita la a los ciudadanos interesados en conocer de este tema. Tampoco aclaran si se tiene planificado efectuar esta diligencia próximamente.
Sobre la consulta pública en materia ambiental, debe recordarse que lo establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en la ciudad de Estocolmo en 1972. En dicha conferencia se proclamaron varios principios, entre los que destaca el Nº 23: "Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá, la oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de las decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente y, cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización".
Posteriormente, en el año 1992, se determinó en el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que tratándose del crecimiento humano y ambiental lo siguiente: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” A partir de dichas disposiciones surgieron compromisos internacionales y regionales en la materia, entre ellos el Programa 21 dentro del marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el cual se enfocó en una adecuada política ambiental para el desarrollo sostenible y contempló diversos capítulos sobre el acceso a la información ambiental. Posteriormente, en 1998, la Convención sobre el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en la toma de decisiones en temas ambientales. Esta convención, que resulta útil como soft law, se llevó a cabo en Aarhus, Dinamarca, suscrita por países de la Comisión Económica para Europa, donde se establecen parámetros básicos en asuntos medioambientales. En esencia, desarrolla adecuadamente los elementos dispuestos en el principio 10 de la Declaración de Río, suscrita por nuestro país. De igual modo, se continuaron dichos esfuerzos en 1999, con la Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones en la Materia de Desarrollo Sostenible, aprobada por los gobiernos miembros de la Organización de Estados Americanos; en el año 2006, con la Declaración de Santa Cruz +10 y en el 2012, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río +20, que finalizó con la emisión del documento denominado “El futuro que queremos ”, vinculado a los derechos ambientales requeridos para impulsar el desarrollo sustentable. En esta última conferencia en la cual Costa Rica se comprometió a impulsar internamente los pilares del principio 10 de la Declaración de Río:
1- El acceso a la información pública. Se trata de un derecho de toda persona a acceder a información de interés público, que propicia la libertad de expresión, pues a través del conocimiento que se obtenga sobre un determinado asunto, la persona puede ejercer de manera más eficiente y eficaz su derecho de opinión respecto del control de asuntos públicos así como otros derechos como los referidos a la protección del ambiente, salud, etc. De esta manera lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 19 de setiembre de 2006 (caso Claude Reyes y otros vs Chile), en la que indicó:
“… 76. En este sentido la Corte ha establecido que, de acuerdo a la protección que otorga la Convención Americana, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende “no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”73. Al igual que la Convención Americana, otros instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen un derecho positivo a buscar y a recibir información.
77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea (…)” Enmarcando tal derecho en el caso sometido a estudio, debe enfatizarse en la importancia que tiene este derecho cuando la información se encuentra vinculada directamente con asuntos ambientales. Para ello, es preciso remitirse a lo dispuesto en los instrumentos internacionales citados y posteriormente a nuestro ordenamiento jurídico.
En relación con lo expuesto, a modo de soft law, se puede citar como referencia de relevancia internacional la Convención de Aarhus, cuyo numeral 2° expone claramente qué se debe entender por información sobre el ambiente:
“…Por "información(es) sobre el medio ambiente" se entiende toda información disponible en forma escrita, visual, oral o electrónica o en cualquier otra forma material y que se refiera a:
Por ello, las restricciones a este derecho deben ser las estrictamente necesarias para que el marco de acceso sea lo más amplio posible. Sobre el particular, el Convenio de Aarhus señala en el numeral 4.3:
“(…) 3. Una solicitud de información sobre el medio ambiente podrá denegarse si:
4. Una demanda de informaciones sobre el medio ambiente podrá ser rechazada en caso de que la divulgación de esas informaciones tenga efectos desfavorables sobre:
Los motivos de denegación antes mencionados deberán interpretarse de manera restrictiva teniendo en cuenta el interés que la divulgación de las informaciones solicitadas tendría para el público y según que esas informaciones guarden o no relación con las emisiones al medio ambiente…” Nuestra Constitución Política y la jurisprudencia de este Tribunal han sido acordes con lo señalado anteriormente. En el artículo 30 constitucional se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público y se dispone que quedan a salvo los secretos de Estado. Sobre esta última salvedad, al no establecer esta norma qué se entiende por secretos de Estado, la Sala Constitucional ha debido verificar en cada caso los supuestos que se acusa por algún motivo la denegatoria de información y ha desarrollado este derecho (ver sentencia No. 2003-2120 de las 13:30 horas del 14 de marzo de 2013.
Asimismo, al tratarse de información de carácter ambiental, su acceso también se justifica por lo dispuesto en los ordinales 21 y 50 de la Constitución Política, que por su orden, tutelan el derecho a la vida –correlativamente a la salud- y a un ambiente sano.
Este acceso implica para cualquier persona, la posibilidad de contribuir con el desarrollo sostenible, ya que al conocer la información sobre cualquier evento o proyecto, le es posible controlar la gestión pública, lo que significa también un mecanismo para adoptar decisiones administrativa más efectivas y aceptadas por el colectivo.
2- La consulta pública en la toma de decisiones relacionadas con el ambiente. Un pilar en la toma de decisiones relacionadas con el ambiente es la consulta pública. Según la Declaración de Río, "[e] l mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda…”, por lo que debe garantizarse “…la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.” Establece, además, que para lograr tal cometido, “[ l]os Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos".
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por su parte, en el documento denominado “Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe”, ya citado, advirtió precisamente, que un “desafío adicional es la necesidad de establecer y transparentar la manera en que se ponderan las observaciones recibidas por la ciudadanía y crear mecanismos a tal efecto, lo que contribuye a dar mayor credibilidad a los procesos y a prevenir potenciales conflictos. La diferencia entre la percepción de la comunidad y lo dispuesto por leyes y marcos normativos sobre el sentido de la participación es un elemento que en ocasiones genera frustración y desconfianza en la población respecto de las oportunidades efectivas de incidir en la toma de decisiones en materia ambiental (Naciones Unidas, 2012)”.
La Convención de Aarhus, por su parte, en el artículo 6.2.3.4 dispone:
“2. Cuando se inicie un proceso de toma de decisiones respecto del medio ambiente, se informará al público interesado como convenga, de manera eficaz y en el momento oportuno, por medio de comunicación pública o individualmente, según los casos, al comienzo del proceso. Las informaciones se referirán en particular a:
3. Para las diferentes fases del procedimiento de participación del público se preverán plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público de conformidad con el párrafo 2 supra y para que el público se prepare y participe efectivamente en los trabajos a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones en materia ambiental.
4. Cada Parte adoptará medidas para que la participación del público comience al inicio del procedimiento, es decir, cuando todas las opciones y soluciones son aún posibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real.” De conformidad con lo expuesto, debe propiciarse la consulta de manera transparente y con la mayor información posible. Esto genera una mejor administración de los recursos naturales, contribuye a la transparencia y al adecuado manejo de fondos públicos. Recordemos que el asunto ambiental es un tema de todos los miembros de la sociedad, no solamente del gobierno, por lo que también corresponde a cada ciudadano velar por la conservación del ambiente y procurar un desarrollo sostenible. Es por ello que debe abarcar en forma integral los diferentes sectores de la población.
Por otro lado, la audiencia que se dé a los ciudadanos no puede convertirse en una simple formalidad. Así, lo ha reiterado este Tribunal: “(…) debe efectuarse con anterioridad a la toma de la decisión administrativa, constituyéndose así en una manifestación del principio democrático. Como consecuencia, este tipo de audiencias no se constituyen simplemente en parte de un procedimiento que por formalidad deba programarse, de manera que se pueda fijar de forma que haga nugatorio el ejercicio del derecho que pretende tutelar, al otorgarse en condiciones que se convierta en una mera formalidad, incapaz de alcanzar los objetivos que está llamada a obtener en protección del derecho a la información y participación ciudadana, aunque ciertamente tampoco debe llegar a constituirse en un obstáculo para que se emita una oportuna resolución de la gestión.” (Sentencia número 2004-12242 de las 14:28 horas del 29 de octubre de 2004) No basta la mera convocatoria a una audiencia; lo trascendente es que esta se dé en términos en que las personas sepan realmente a qué atenerse, esto es, se le coloque en una posición tal que pueda evaluar la magnitud del impacto de una medida e identificar los elementos que la sustentan, a la vez que disponga de un tiempo razonable para analizar dicha medida y conozca las circunstancias de tiempo y espacio en que se va efectuar la audiencia, las que en todo caso deben ser razonables (v.gr., irrazonable sería una audiencia en un lugar remoto). De lo contrario, la audiencia deviene en una formalidad sin sentido.
Por lo demás, con estos espacios de debate público en cuestiones de interés de la colectividad, se busca también la deliberación de los asuntos públicos. Por ello es que resulta de trascendental importancia que la información que se pone a disposición del público para la realización de audiencias públicas, donde se discuten asuntos ambientales, comprende no solo del proyecto en sí, sino también todo aquello que lo haya sustentado.
3- El acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos . El principio 10 de la Declaración de Río, contempla el tercer pilar, al señalar que “deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
En consecuencia, no basta con garantizar el acceso a la información ambiental y la consulta popular en los asuntos de naturaleza ambiental, sino que también se debe contar con instancias judiciales y administrativas que respalden los dos primeros elementos del principio 10. Esta sería la garantía del efectivo ejercicio de tales derechos. Por consiguiente, debe tratarse de procesos expeditos e independientes, dirigidos particularmente a la reparación del daño ambiental, donde se procure una amplia legitimación y a un bajo costo que potencie su acceso.
V.- Tal como se acotó en la sentencia número 2014-015017 de las 16:26 horas del 10 de setiembre de 2014, el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (Ley Nº 8537), en su numeral 23, expone la necesidad de fomentar y facilitar “la concienciación, educación y participación del público relativas a la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de los organismos vivos modificados (…)”. Además, enfatiza que se debe procurar asegurar que la concienciación y educación del público incluya el acceso a la información sobre organismos vivos modificados; empero, como se dijo anteriormente, con ciertas salvedades en cuanto a acceso a datos que el mismo Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología señala. Recordemos que el ordinal 21 de ese instrumento brinda algunos parámetros para definir qué tipo de información es confidencial y cuál no. Finalmente, el mismo numeral 23 del Protocolo señala que “Las Partes, de conformidad con sus leyes y reglamentaciones respectivas, celebrarán consultas con el público en el proceso de adopción de decisiones en relación con organismos vivos modificados y darán a conocer al público los resultados de esas decisiones, respetando la información confidencial según lo dispuesto en el artículo 21” (lo destacado no corresponde al original). Conforme a ese orden de ideas, la Sala destaca que, efectivamente, el Protocolo de cita otorga un papel fundamental a la consulta en los procesos de adopción de decisiones relativos a organismos vivos modificados. En el sub examine, se advierte la publicación de un edicto correspondiente al algodón identificador único DAS-8191O-7 en el periódico La República, la integración de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad con representación de algún sector de la sociedad civil (dos representantes de la Academia Nacional de Ciencias, uno de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambientes y otro de la Red de Coordinación en Biodiversidad), y la publicación del denominado “Sistema Digital para el Manejo de Información de Organismos Vivos Modificados (OVM), que se encuentra en la página web www.ovm.go.cr y también puede ser consultado en la página web del Servicio Fitosanitario del Estado www.sfe.go.cr. Sin embargo, estas medidas no corresponden a lo que el Protocolo expresamente demanda en el referido numeral 23, si se lee en conjunto con el artículo 133 del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria. De previo, nótese que el citado ordinal 23 remite expresamente a la regulación que se haga mediante ley u reglamento, lo que vino a concretarse en el artículo 133 citado:
“Artículo 133.—De las publicaciones. Las solicitudes de proyecto de modificación genética, utilización de organismos genéticamente modificados presentadas ante la Dirección, deberán ser publicadas en un diario de circulación nacional, a costa del interesado, con una descripción accesible del proceso que se va a llevar a cabo y sus posibles impactos, esta información que contendrá el aviso, estará establecida en el formato B10-05. (…)” (El subrayado es agregado) La relevancia de esta disposición radica en que pone aspectos esenciales del proyecto en conocimiento del público, como lo es una descripción accesible de él y los posibles impactos que tendrá. Una consulta no es un mero anuncio de lo que la Administración pretende hacer, sino que implica un procedimiento en el que, primeramente, la Administración da a conocer de manera clara e inteligible el fundamento y los alcances de un determinado proyecto, de manera que la población cuente con elementos suficientes para formar criterio, externar sus objeciones y aportes, y comunicarlos a la Administración.
En este contexto, resultan esenciales los contenidos mínimos de la publicación que se pretenda hacer, con el fin de cumplir los requisitos establecidos en la normativa de cita. En el sub examine, la forma en que se divulgó el edicto ha sido notoriamente insuficiente, toda vez que no incluye una descripción inteligible y clara del proyecto (por ejemplo, cantidad que se pretende importar y liberar, forma en que se pretende liberar, fechas de desarrollo del proyecto, zonas concretas Cañas que serán afectadas, etc.) , ni los posibles impactos que tendrá. Por otro lado, la publicación debe facilitar la consulta a las personas, a fin de que ellas tengan una verdadera posibilidad de pronunciarse sobre el proyecto. A manera de ejemplo, se mencionan las recomendaciones establecidas por la CEPAL en el documento “Regional Agreement on Access to Information, Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean”, cuyo artículo 7, párrafos 2 y 17, indican que, en los procesos para la concesión de permisos ambientales, debe hacerse pública: a) la información sobre el área de influencia y las características físicas y técnicas del proyecto propuesto; b) los principales impactos ambientales del proyecto; c) las medidas previstas con respecto a tales impactos; d) los informes y opiniones de las entidades relacionadas; etc. Su párrafo 6) también señala que se debe informar sobre la autoridad responsable de la toma de decisión, el procedimiento previsto para la consulta pública, la autoridad encargada de proveer información adicional y el método para solicitar tal información. Además, la comunicación hacia el público debe hacerse en un lenguaje comprensible y que no sea técnico. Finalmente, tienen que consignarse, de modo puntual y preciso, a qué medios se pueden dirigir las observaciones de las personas, potenciando para ello, por su facilidad de acceso, los medios electrónicos y la Internet.
También puede recordarse que la Convención de Aarhus (soft law) recomienda que cuando se inicia un proceso de toma de decisiones respecto del ambiente, se informe al público interesado, de manera eficaz y en el momento oportuno por medio de comunicación pública, el comienzo del proceso. Entre las cuestiones que sugiere informar están: la actividad propuesta, incluida la solicitud correspondiente respecto de la que se adoptará una decisión; la naturaleza de las decisiones o del proyecto de decisión que podrían adoptarse; la autoridad pública encargada de tomar la decisión; el procedimiento previsto, en particular, los casos en que estas informaciones puedan facilitarse; la fecha en que comenzará el procedimiento; las posibilidades que se ofrecen al público de acudir al mismo; la fecha y el lugar de toda audiencia pública prevista; la autoridad pública a la que cabe dirigirse para obtener informaciones pertinentes ante la que se hayan depositado esas informaciones para que el público pueda examinarlas; la autoridad pública o cualquier otro organismo público o competente al que puedan dirigirse observaciones o preguntas y el plazo previsto para la comunicación de observaciones o preguntas, entre otras. De la comunicación realizada por las autoridades recurridas en el edicto de fecha 30 de junio de 2015 se extrañan casi todos estos aspectos.
Corolario de lo anterior, este Tribunal Constitucional considera que le asiste razón a los recurrentes cuando afirman que las autoridades recurridas del MAG y del Servicio Fitosanitario del Estado no consultaron adecuadamente al público sobre el tema de interés. Ante este panorama, lo correspondiente es declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso.
VI.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS JINESTA LOBO, SALAZAR ALVARADO Y HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Los suscritos Magistrados salvan el voto y declaran sin lugar el recurso en todos sus extremos. En primer término, es preciso aclarar que a partir de la sentencia No. 2014-006773 de las 11:41 hrs. de 16 de mayo de 2014, bajo una mejor ponderación, la mayoría de esta Sala estimó que al modificarse el artículo 9 de la Constitución Política, el órgano constituyente reformador quiso dar positividad al Principio de Participación y así acercar a los administrados al proceso de toma de decisiones estatales, como parte de lo que la doctrina llama “ mecanismos de corrección” de la democracia representativa. Así, el Constituyente derivado dejó los medios, alcance y oportunidad de la participación ciudadana a la normativa infra-constitucional, salvo en casos excepcionales. En ese sentido, la sede natural para vigilar su cumplimiento –por tratarse de un principio de orden constitucional y no de un derecho fundamental– es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional. No obstante, en el caso concreto, se hace la salvedad que en razón de la suscripción del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Ley No. 8537 de 23 de agosto de 2006, es preciso cumplir con lo dispuesto en el artículo 23 de dicho cuerpo normativo, que obliga, expresamente, a las Partes a celebrar consultas con el público en el proceso de adopción de decisiones en relación con organismos vivos modificados y dar a conocer al público los resultados de esas decisiones. Examinados los autos, consideran los suscritos que, en el sub lite, se tuvo por cumplida dicha exigencia. Nótese que de conformidad con la prueba allegada a los autos, se publicó un Edicto en el diario nacional La República en fecha 30 de junio de 2015, en el cual, expresamente, se informó del procedimiento que se estaba llevando a cabo, así como el órgano encargado de su aprobación, otorgando a todo aquél interesado el plazo de 10 días hábiles para que realizaran cualquier manifestación a favor o en contra o, bien, consulta, sobre el trámite en cuestión. Con dicha diligencia, se cumplió lo previsto en el instrumento internacional indicado, garantizando, de este modo, la consulta a la ciudadanía. Debe indicarse que conforme al párrafo 2° del Protocolo de Cartagena “Las Partes, de conformidad con sus leyes y reglamentaciones respectivas, celebrarán consultas con el público (…)”. Según lo indicado, los requisitos que debe contener el edicto en cuestión, a la luz de lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, son aspectos cuyo cumplimiento debe fiscalizar el juez contencioso-administrativo. Reiteradamente, hemos sostenido que el juez constitucional al enjuiciar una conducta de un poder público o de un sujeto de Derecho privado para determinar si se ajusta o no al parámetro de constitucionalidad, debe utilizar, únicamente, la Constitución (conformada, a su vez, por los valores, principios, preceptos y jurisprudencia constitucionales), los instrumentos del Derecho Internacional Público y aquellas leyes que, excepcionalmente integren, por expreso reconocimiento jurisprudencial el bloque de constitucionalidad. Al juez constitucional no le corresponde determinar si las conductas y actuaciones se ajustan a las leyes ordinarias, por cuanto, estaría ejerciendo funciones propias del juez ordinario o de legalidad y no debe suplantarlo en tal función. En consecuencia, se impone declarar sin lugar el recurso en todos sus extremos.
VII.- Nota de los Magistrados Castillo Víquez y Hernández López, con redacción del primero. Si bien somos parte de la mayoría de este Tribunal que considera que: “(…) Al modificar el artículo 9 de la Constitución Política, el órgano constituyente reformador quiso dar positividad al Principio de Participación y así acercar a los administrados al proceso de toma de decisiones estatales, como parte de lo que la doctrina llama “mecanismos de corrección” de la democracia representativa. Así, el Constituyente reformador dejó los medios, alcance y oportunidad de la participación ciudadana a la normativa infra-constitucional, salvo en casos excepcionales. En ese sentido, la sede natural para vigilar su cumplimiento, es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional. Le corresponde entonces, al control de legalidad y no a este Tribunal Constitucional, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisas), por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se ajustan o no, al ordenamiento jurídico infra constitucional. Por las razones indicadas, estimamos que el tema planteado está lejos de las competencias específicas, que la Sala Constitucional está llamada a proteger, sin que ello signifique que no merezca análisis en la jurisdicción ordinaria o de mera legalidad contenciosa administrativa, conforme al artículo 49 constitucional.” (Véase, entre otras, la sentencia n.° 6773-2014). Pero en el caso que nos ocupa, al existir un Instrumento Internacional de Derechos Humanos que le impone a las partes contratantes dar una fuerte participación ciudadana, necesariamente debemos de concurrir con nuestro voto para que se ordene en este caso la realización de una audiencia pública. En efecto, el Protocolo de Cartagena de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobada por Ley No. 8537 del 23 de agosto de 2006, en su artículo 23, dispone lo siguiente:
“CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO 1. Las Partes:
2. Las Partes, de conformidad con sus leyes y reglamentaciones respectivas, celebrarán consultas con el público en el proceso de adopción de decisiones en relación con organismos vivos modificados y darán a conocer al público los resultados de esas decisiones, respetando la información confidencial según lo dispuesto en el artículo 21.
3. Cada Parte velará por que su población conozca el modo de acceder al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología”.
Por su parte, los trabajos preparatorios sobre este artículo expresan que lo que se requiere de los Estados Parte es una promoción y facilitación de la concienciación del público, de educación en este tipo de tecnología, así como el fomento de la participación en la implementación del Protocolo. Se entiende, entonces, de los propios trabajos preparatorios que se promueve la participación en la formación de la decisión a través de una audiencia pública e información sobre sus resultados, conservando, claro está, la confidencialidad de la información como la propiedad intelectual, secretos comerciales, etc., que son derecho de relevancia constitucional. Adicionalmente, se debe llamar la atención de la existencia de una guía práctica a una enmienda a la Convención de Aarhus, que si bien aun se encuentra en el proceso de ratificación de los países que originalmente formaron parte del Tratado, es lo cierto que, de su texto, se agregan elementos importantes sobre el tratamiento de la información en las audiencias públicas. De esta propuesta de enmienda, se han elaborado las guías prácticas (no vinculantes) que surgen a raíz de la negociación de la mencionada enmienda con efectos concretos al citado Protocolo de Cartagena, que expresan lo siguiente:
· Un esfuerzo de fortalecimiento institucional y capacidad tecnológica relacionado con la bioseguridad de los OGM; · Donde exista capacidad instalada, el aseguramiento de la participación del público en el uso de los mecanismos legales y políticos; · Donde se requiera, el establecimiento de reformas legales o esquemas políticos para la efectiva participación de todos los interesados en acceder a la información; · La creación o el uso de la capacidad instalada de comunicación para brindar información y dar apoyo a la participación en el proceso de toma de decisiones; · La creación o el uso de la capacidad instalada de mecanismos de grupos de asesoramiento, de representantes de aquellos con intereses legítimos, para recibir comentarios, entre otras cosas, y proponer reformas legislativas, comunicaciones, y proyectos de trabajos; · Recolección de cuestiones relevantes detectados para el acceso a la información y participación pública relacionados con el OGM en procesos más amplios, programas y agendas que se relacionen a la biodiversidad, ambiente y desarrollo sustentable; · La promoción del abordaje inter-sectorial que facilite el acceso a la información y la participación del público en el proceso de toma de decisiones relacionadas con los OGM (por ejemplo, intergubernamentales, dentro del gobierno, gobierno-sociedad civil e industria).
Finalmente, es importante señalar que el propio Protocolo de Cartagena auspicia la formación del intercambio de información con el centro de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología, aprovechando los medios tecnológicos, lo que realmente alberga un verdadero punto de contacto entre todas las Partes, y dar solidez al intercambio de información y experiencia científica, técnica, ambiental y jurídica en relación con los organismos vivos modificados. Este es el centro donde se puede obtener la información necesaria para la aplicación del Protocolo, proporcionada por las Partes y dentro de los mismos términos del Convenio los límites que podrán establecerse (artículo 20, entre otros numerales). Es con fundamento en lo anterior, que en este caso específico, el recurso de amparo debe de ser estimado, como en efecto se hace.
VIII.- Nota de los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal, con redacción del segundo. Los suscritos Magistrados consignamos esta nota pues si bien el recurso debe ser declarado con lugar en cuanto al tema de la participación ciudadana, estimamos necesario recordar algunos señalamientos que hemos realizado en reiterados recursos de amparo, tendentes a explicar que el ordinal 9 de la Constitución Política no solo recoge un principio de rango constitucional, sino que la participación ciudadana debe ser considerada como un derecho fundamental, con todas las garantías y protección que ello implica.
En la sentencia número 2013-017305 de las 11:32 horas del 20 de diciembre de 2013, este Tribunal tuvo la oportunidad de analizar un recurso de amparo en el que se potenciaba la participación ciudadana como derecho fundamental. En esa oportunidad, se explicó lo siguiente: “El derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones se ha convertido en uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el sistema democrático. En nuestro país, el legislador constitucional recogió este derecho en el artículo 9 de la Constitución Política al disponer que el Gobierno de la República sea popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Este mandato de la Ley Fundamental ha orientado un posterior desarrollo normativo constitucional e infraconstitucional. Así, se ha establecido una serie de mecanismos que buscan que el derecho al gobierno participativo pueda ser aplicado en forma efectiva, y no quede únicamente en el papel, tales como el referéndum para la aprobación o derogación de leyes y reformas parciales a la Constitución, o la iniciativa popular en la formación de leyes (véase, entre otras, la sentencia número 2005-05649 de las 14:39 horas del 11 de mayo del 2005). El derecho al gobierno participativo, elevado a rango constitucional mediante la reforma propiciada por Ley N° 8364 de 01 de julio de 2003, publicada en La Gaceta N° 146 de 31 de julio de 2003, no solo significa un reconocimiento del más alto rango normativo a la función del control político, sino que, además, constituye una revalorización del papel del ciudadano en los procesos de toma de decisión. Por voluntad del legislador constituyente, que esta Sala no debe ni puede desconocer, el derecho al gobierno participativo se erige como pilar fundamental de nuestro régimen democrático -cuestión erróneamente desconocida por el voto de minoría, que le baja la categoría a la participación ciudadana de derecho a principio general, en clara contraposición a la línea jurisprudencial de esta Sala como más adelante se demuestra-, lo que resulta conteste con un sistema político basado en la tolerancia, el pluralismo y el respeto a la libertad. Este derecho al gobierno participativo, también denominado derecho a la participación ciudadana, se encuentre cobijado en varios instrumentos internacionales de derechos humanos. De este modo, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dispone que "toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos". Concordante con lo anterior, el numeral 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce expresamente el derecho de los ciudadanos: “(…) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”. En igual sentido, la Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 5° que: “La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”. De manera más vehemente, el numeral 6 de dicha Carta estatuye que: “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”. Este reconocimiento convencional y constitucional al mencionado derecho representa un aspecto fundamental del modelo democrático de este siglo, en el que el control ciudadano, la transparencia y la rendición de cuentas destacan como factores inherentes al sistema republicano, lo que a su vez dota la toma de decisiones políticas de mucha mayor legitimidad, aspecto clave cuando de verdadera gobernabilidad se trata. Precisamente, uno de los mecanismos ideados para cumplir lo dispuesto en el artículo 9 constitucional es la audiencia pública, que constituye en un medio a través del cual las personas interesadas pueden hacer valer sus derechos, participando activamente en temas de relevancia nacional o local, y poniendo en conocimiento de la Administración todas aquellas anomalías o disconformidades en relación con el proyecto que se pretenda desarrollar. Así las cosas, la audiencia pública es un instrumento típico de una democracia madura, mediante el cual se fomente la participación activa del ciudadano en la toma de decisiones públicas. Por su significado, la audiencia debe efectuarse de tal forma que garantice la mayor participación de las personas que puedan verse afectadas, de ahí que cualquier acción u omisión que evite lo anterior, implica una abierta vulneración a los derechos fundamentales de los participantes (véase, entre otras, la sentencia número 2009-018223). En cuanto al carácter participativo de la audiencia pública, la propia Constitución Política obliga a ello, pues con la reforma vigente desde el 31 de julio de 2003 al numeral 9 de la Ley Fundamental quedó estatuido que el Gobierno de la República tiene que ser, entre otros aspectos, participativo, lo que implica que el gobierno de turno es un articulador de lo establecido por deliberación popular. En otras palabras, en la democracia actual, los ciudadanos gozan, por mandato constitucional, ya no solo del derecho al voto para ejercer su derecho al gobierno participativo, sino de cantidad de instrumentos de diversa naturaleza para coadyuvar en la toma de decisiones políticas, lo que propicia que puedan ejercer influencia directa en las grandes decisiones públicas. Este derecho fundamental de participación ciudadana establece que el pueblo debe estar habilitado para manifestarse por igual en puntos de vista tanto mayoritarios como minoritarios. Así, serán importantes tanto los mecanismos de participación nacionales como el referéndum o plebiscito, como los locales. Durante la audiencia pública se les deben otorgar a los participantes todas las facilidades para que se encuentren informados y puedan hacerse escuchar, todo dentro de lo razonable, pues tampoco puede convertirse la audiencia en un obstáculo o un recurso para impedir que se dé oportuna resolución a determinada gestión (…)”. Así las cosas, estimamos necesario consignar esta nota con el fin de reiterar la relevancia constitucional del numeral 9 de la Constitución Política, no solo como principio general sino como un claro y legítimo derecho fundamental, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones.
IX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto a la vulneración al derecho de participación ciudadana por falta de acceso a información idónea para el ejercicio de este derecho. Se ordena a Luis Felipe Arauz Cavallini y a Francisco Dall'Anese Álvarez, por su orden Ministro de Agricultura y Ganadería y Director Ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado, o a quienes ejerzan esos cargos, que dentro del plazo máximo de UN MES contado a partir de la notificación de esta sentencia, realicen una publicación del proyecto objeto de este recurso que cumpla con todas las formalidades normativas. En caso de que ya haya acaecido la importación y liberación del producto, por estar precluida la fase de la publicación, esta orden se limita a prevenir a la parte recurrida que en los demás casos de este tipo no deberá incurrir en los actos u omisiones que dieron mérito para acoger este amparo. Lo anterior se dicta con la advertencia de que, según lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese la presente resolución a Luis Felipe Arauz Cavallini y a Francisco Dall'Anese Álvarez, por su orden Ministro de Agricultura y Ganadería y Director Ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado, o a quienes ejerzan esos cargos, en forma personal. Los Magistrados Jinesta Lobo, Salazar Alvarado y Hernández Gutiérrez salvan el voto y declaran sin lugar el recurso en todos sus extremos. Los Magistrados Castillo Víquez y Hernández López ponen nota. Los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal ponen nota.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
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