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Res. 17149-2017 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 27/10/2017
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo and ordered the Municipality of San Ramón to complete the pending instruments and studies and regulate mobile sound advertising within four months, finding that an absolute prohibition maintained through administrative inaction violated freedom of commerce.La Sala declaró con lugar el amparo y ordenó a la Municipalidad de San Ramón completar en cuatro meses los instrumentos y estudios pendientes y regular el perifoneo, al considerar que mantener una prohibición absoluta por inercia administrativa lesionaba la libertad de comercio.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted the amparo against the Municipality of San Ramón because its moratorium on new and renewed mobile sound-advertising licenses continued without the municipality adopting regulations or completing the required studies. Although the Chamber recognized that the activity may be regulated to protect public health, the environment, and third-party rights from noise pollution, it concluded that the prolonged regulatory vacuum operated as an absolute prohibition of an otherwise lawful business. This administrative inertia emptied freedom of enterprise and commerce of its essential content because restrictions must rest on legal or regulatory authority and satisfy reasonableness and proportionality. The Chamber ordered the mayor to acquire sound-measuring equipment, train personnel, conduct economic and environmental feasibility studies, and then adopt the regulations necessary for mobile sound advertising within four months. Two justices dissented, reasoning that the activity could affect the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment and that its technical operating conditions were matters for the municipal or ordinary-law authorities.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo contra la Municipalidad de San Ramón porque la moratoria sobre nuevas licencias y renovaciones para perifoneo se prolongó sin que el municipio emitiera la reglamentación ni realizara los estudios necesarios. Aunque reconoció que la actividad puede regularse para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de terceros frente a la contaminación sónica, concluyó que la ausencia de regulación durante un plazo irrazonable produjo, en la práctica, una prohibición absoluta de una actividad comercial lícita. Esa inercia administrativa vació el contenido esencial de la libertad de empresa y comercio, pues toda limitación debe tener fundamento legal o reglamentario y satisfacer criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La Sala ordenó al alcalde obtener instrumental de medición sónica, capacitar personal, efectuar estudios de factibilidad económica y ambiental y, con base en ellos, establecer en cuatro meses las regulaciones necesarias para el perifoneo. Dos magistrados salvaron el voto y habrían rechazado el recurso.
Key excerptExtracto clave
In other words, freedom of commerce may be subject to regulation and legal restrictions, but these must pass the test of reasonableness and proportionality so that they do not render exercise of the fundamental right ineffective. This omission constitutes a gross violation of freedom of enterprise and commerce. Although this Court does not disregard municipal autonomy or the duty of municipal governments to take effective and prompt action in response to the needs of their territorial jurisdictions—a function closely connected to the population’s health and well-being—in this particular case, the absence of regulation became an unreasonable and unjustified restriction on the commercial activity pursued by the protected party. Any restriction on the activity must be based on a legal or regulatory provision that also strictly complies with reasonableness and proportionality. The absolute prohibition of a lawful commercial activity due to state inertia—in this case, failure to issue regulations balancing the two fundamental rights at stake, the inhabitants’ right to health and freedom of commerce—over an unreasonable period empties freedom of commerce of its essential content. The amparo is granted. Nixon Gerardo Ureña Guillén, in his capacity as Mayor of San Ramón, or whoever holds that office, is ordered to take the appropriate actions within the scope of his authority so that, within FOUR MONTHS from notice of this judgment, he effectively implements the points contained in Agreement No. 4 adopted by the Municipal Council of San Ramón during ordinary session No. 51 of December 9, 2016, concerning the acquisition or completion of the following: (a) sound-measuring equipment and personnel trained in its use and application; (b) an economic feasibility study demonstrating the sustainability of mobile sound-advertising licenses; and (c) an environmental feasibility study demonstrating the absence of a sensitive, direct and/or negative impact on public health and the integrity and protection of the environment; and thereafter, in accordance with those results, adopts the regulations necessary for the exercise of mobile sound advertising in the canton.En otras palabras, la libertad de comercio puede ser objeto de reglamentación y de restricciones legales, pero estas deberán superar el juicio de razonabilidad y proporcionalidad, de tal forma que no tornen nugatorio el ejercicio del derecho fundamental. Esta omisión, se constituye en una lesión grosera a la libertad de empresa y de comercio, pues, si bien este Tribunal no desconoce la autonomía municipal y que la función de las corporaciones municipales corresponde a ejecutar acciones eficaces y céleres, en función de las necesidades de la circunscripción territorial asignada y que se encuentra íntimamente ligado a la salud y bienestar de la población, lo cierto es que en el caso concreto la ausencia de regulación se convierte en una limitación irrazonable e injustificada a la actividad comercial que desarrolla el amparado, siendo que cualquier tipo de limitación de la actividad, debe basarse en una disposición legal o reglamentaria, la cual, además, debe guardar estricto apego a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La prohibición absoluta de una actividad comercial lícita, por inercia del Estado, en este caso por la inercia de emitir las regulaciones respectivas que equilibren los dos derechos fundamentales en juego, el dercho a la salud de los habitantes y la libertad de comercio, durante un plazo irrazonable resulta en un vaciamiento del contenido esencial de la libertad de comercio. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Nixon Gerardo Ureña Guillén, en su condición de Alcalde Municipal de San Ramón, o a quien en su lugar ejerza tal cargo, tomar las acciones correspondientes y en el ámbito de sus competencias para que, en el plazo de CUATRO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia proceda a dar cumplimiento efectivo a los puntos contenidos en el Acuerdo N°4 de la sesión ordinaria N°51 de 9 de diciembre de 2016, del Concejo Municipal de la Municipalidad de San Ramón referidos a la consecución de siguiente: a) Instrumental de medición sónica y personal capacitado en su uso y aplicación, b) estudio de factibilidad económica que demuestre la sostenibilidad de las patentes de perifoneo, c) estudio de factibilidad ambiental que demuestre que no existe impacto sensible, directo y/o negativo sobre la salud pública y la integridad y protección del ambiente y seguidamente -de acuerdo con lo anterior disponga las regulaciones necesarias para el ejercicio de la actividad de perifoneo en el cantón.
Pull quotesCitas destacadas
"Dicho lo anterior, se reconoce la libertad de comercio como el derecho de toda persona a escoger y realizar, libremente, la actividad económica que desea desarrollar, pero que puede ser restringida por razones de orden público, la moral y la tutela de derechos de terceros."
"Freedom of commerce is recognized as every person’s right freely to choose and pursue the economic activity they wish to undertake, although it may be restricted for reasons of public order, morality, and protection of third-party rights."
Considerando III
"Dicho lo anterior, se reconoce la libertad de comercio como el derecho de toda persona a escoger y realizar, libremente, la actividad económica que desea desarrollar, pero que puede ser restringida por razones de orden público, la moral y la tutela de derechos de terceros."
Considerando III
"Sin lugar a dudas la actividad de “perifoneo”, puede comprometer el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido por el artículo 50 constitucional, debido a la contaminación sónica que esta actividad puede generar."
"There is no doubt that mobile sound advertising may jeopardize the right to a healthy and ecologically balanced environment recognized by Article 50 of the Constitution because of the noise pollution that this activity may generate."
Voto salvado de los magistrados Cruz Castro y Jinesta Lobo
"Sin lugar a dudas la actividad de “perifoneo”, puede comprometer el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido por el artículo 50 constitucional, debido a la contaminación sónica que esta actividad puede generar."
Voto salvado de los magistrados Cruz Castro y Jinesta Lobo
"El Magistrado Castillo Víquez concurre con el voto de mayoría, toda vez que en este caso la necesidad de la regulación y reglamentación posibilita el ejercicio de la libertad de empresa, a diferencia de otros casos en los cuales mediante acuerdos municipales se prohibe de manera absoluta el ejercicio de una actividad económica, extremo que en aplicación del principio de reserva de ley debe ser acordado mediante ley formal."
"Justice Castillo Víquez concurs with the majority because, in this case, regulation makes the exercise of freedom of enterprise possible, unlike cases in which municipal agreements absolutely prohibit an economic activity, a measure that under the principle of statutory reservation must be enacted by formal legislation."
Nota separada del magistrado Castillo Víquez
"El Magistrado Castillo Víquez concurre con el voto de mayoría, toda vez que en este caso la necesidad de la regulación y reglamentación posibilita el ejercicio de la libertad de empresa, a diferencia de otros casos en los cuales mediante acuerdos municipales se prohibe de manera absoluta el ejercicio de una actividad económica, extremo que en aplicación del principio de reserva de ley debe ser acordado mediante ley formal."
Nota separada del magistrado Castillo Víquez
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Víctor Granados Jiménez Víctor Granados Jiménez 2 0 2017-11-03T18:28:00Z 2017-11-03T18:28:00Z 2 3438 18913 PJ 157 44 22307 12.00 70 false 21 false false false ES-CR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 *170150350007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty a.m. on veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.
Amparo proceeding (recurso de amparo) processed under expediente number 17-015035-0007-CO, filed by JOSÉ ANTONIO ESPINOZA SOLANO, identification card 0204860424, against the MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN DE ALAJUELA.
Findings:
He argues that the Concejo Municipal’s decision to deny such businesses was based on the fact that they cause noise pollution and are subject to regulatory deficiencies on the part of the Ministerio de Salud and the Ministerio de Obras Públicas y Transportes. He adds that the Encargado de la Policía Municipal was informed that, in compliance with the Concejo Municipal’s agreement, commercial business licenses for mobile loudspeaker advertising do not exist in that canton until regulations are issued by the institutions responsible for strictly controlling noise pollution that harms public health. He states that, through official letter N-MSR-AM-GJ-394-10-2017, the Departamento de Gestión Jurídica asked the Encargado de Patentes Municipales to report whether the protected party held a business license or had submitted any written application to that department. In response, the municipal official sent official letter N-MSR-AM-GHM-AT-P-111-2017, stating, insofar as relevant, that the petitioner does not hold a license approved by the municipality to engage in mobile loudspeaker advertising and has not formally applied for any type of municipal business license.
He further stated that, by agreement N°2 adopted at extraordinary session N°16 of 8 de julio de 2016, the Concejo Municipal agreed to a six-month, renewable moratorium on granting or awarding permits for mobile loudspeaker advertising until a definitive solution was reached regarding how that activity would be restricted. In turn, by agreement N°4 adopted at ordinary session N°51 of 9 de diciembre de 2016, it agreed not to authorize the issuance of new business licenses or permits for commercial sound broadcasting activities using mobile loudspeaker advertising units, nor to authorize renewal of those existing as of that date.
Based on the foregoing, he reiterates that there is a final agreement of the Concejo municipal providing “that business licenses of this kind will not be considered or renewed until a definitive solution has been reached regarding how this activity will be restricted, regulated, or subjected to any type of limitation.” Hence the municipality’s position that it must comply with the agreement, particularly because it is also protected by the principle of municipal autonomy established in articles 169 and 170 of the Constitución Política. He argues that, under articles 11, 12 and 13 of the Ley General de la Administración pública, the municipal administration may not act contrary to the legal system or allow unlawful acts to be carried out, such as issuing a commercial license or business license to a person to the detriment of third parties, because public health and the right to a healthy life are also at stake in this specific case. He reiterates that the noise pollution caused by mobile loudspeaker advertising is not regulated and is harmful to people generally. Based on the foregoing, he considers that the protected party’s fundamental rights have not been violated. He requests that the proceeding be denied.
Justice Hernández López drafts the decision; and,
Considerations:
The petitioner asserts that he has engaged in the commercial activity of mobile loudspeaker advertising for fifteen years under a permit issued by the Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Nevertheless, while conducting that activity in the Cantón Central de San Ramón, he was stopped by a municipal official, who issued a notice report because he did not have a business license. For that reason, he appeared before the municipality of that canton but was informed that no mobile loudspeaker advertising business licenses exist because that commercial activity is prohibited in that locality.
The following facts are deemed duly established and relevant to the disposition of this matter, either because they have been proven or because the respondent failed to address them, as stated in the initial order:
<![if !supportLists]>a. <![endif]>The petitioner engages in the commercial activity of mobile loudspeaker advertising. On 8 de setiembre 2017, while conducting that activity in the Cantón Central de San Ramón, he was approached by a municipal official, who issued a notice report for failure to hold a commercial license and business license, as well as a warning report for failure to hold a commercial license and business license (undisputed fact).
<![if !supportLists]>b. <![endif]>On the same 8 de setiembre de 2017, the petitioner appeared before the Municipalidad de San Ramón and verbally inquired about commercial business licenses for mobile loudspeaker advertising. He was informed that this type of business license does not exist within that municipal corporation because the activity is prohibited (see report submitted under oath by the respondent).
<![if !supportLists]>c. <![endif]>By agreement N°02 adopted at extraordinary session N°16 of 8 de julio de 2016, the Concejo Municipal de San Ramón approved a moratorium on granting or awarding any type of permit for mobile loudspeaker advertising (see report and evidence submitted by the respondent).
<![if !supportLists]>d. <![endif]>By agreement N°4 adopted at ordinary session N°51 of 9 de diciembre de 2016, the Concejo Municipal agreed not to authorize the issuance of new business licenses or permits for commercial sound broadcasting activities using mobile loudspeaker advertising units, nor to authorize renewal of the business licenses existing on the date the agreement was issued. This prohibition was to remain in effect until the Municipalidad de San Ramón had the following instruments: a) sound-measuring equipment and personnel trained in its use and application; b) an economic feasibility study demonstrating the sustainability of mobile loudspeaker advertising business licenses; and c) an environmental feasibility study demonstrating that there is no significant, direct and/or negative impact on public health or on environmental integrity and protection (see report and evidence submitted by the respondent).
<![if !supportLists]>e. <![endif]>As of the date on which the respondent submitted his response, the corresponding regulations governing the commercial activity of mobile loudspeaker advertising had not been issued.
It is on the basis of the content of Article 46—in relation to Article 28—of the Political Constitution that persons are guaranteed the right to conduct or undertake any economic activity, provided that it does not contravene the legal system or infringe upon the rights of third parties. In this regard, this Court, in its case law—e.g., Judgment N°2002-004448 at 15:10 hours on 15 de mayo de 2002 and Judgment 2012-004936 at 15:33 hours on 18 de abril de 2012—has stated:
“Freedom of Enterprise: This freedom, contained in Article 46 in relation to Article 28, both of the Political Constitution, guarantees every person the right to undertake any economic activity, provided that it does not threaten public order or public morals or harm third parties. Insofar as the Political Constitution enshrines this freedom as a constitutional right, this means that the intention is to prevent interventionist State policy from ultimately suppressing that right. This does not mean that the State lacks authority to regulate that activity, while logically preserving a sufficient sphere of freedom for commercial dealings among private parties or between private parties and the State. In a democracy such as Costa Rica’s, which has adopted a market economy, the State must make use of sound planning to encourage certain individuals to pursue an economic activity that it considers beneficial and conducive to the country’s development.
Nevertheless, an increasingly interventionist orientation in the State’s economic policy has gradually imposed limitations on freedom of trade (libertad de comercio), justified by the social interest in preventing certain dangers detrimental to society itself.” Likewise, the statements made by this Chamber in Judgment N°2008-016567 at 14:43 hours on 5 de noviembre de 2008 are relevant, insofar as the aforementioned Article 46 of the Constitution enshrines several principles and rights that must be interpreted harmoniously with Articles 28 and 50 of the Political Constitution. From these provisions, it follows that the political and social system of the Costa Rican State is that of a Social State Governed by the Rule of Law (Estado Social de Derecho), which entails the obligation to guarantee equality without prejudice to property and freedom. Thus, although the Fundamental Charter, in force since 1949, grants the State a certain degree of intervention in the economy, such intervention cannot be incompatible with the spirit and conditions of the market-economy model also established in the Political Constitution.
Having stated the foregoing, freedom of trade is recognized as the right of every person freely to choose and pursue the economic activity that the person wishes to conduct, although it may be restricted for reasons of public order, morality, and the protection of third-party rights. In other words, freedom of trade may be subject to regulation and legal restrictions, but these must satisfy the test of reasonableness and proportionality (juicio de razonabilidad y proporcionalidad), so that they do not render the exercise of the fundamental right ineffective.
In the matter under review (sub-examine), based on the statement of proven facts (cuadro de hechos probados) and in accordance with the discussion in the preceding recital (considerando), an infringement of the appellant’s fundamental rights is established. This is because it has been proven that his economic activity is based on a small business engaged in mobile loudspeaker advertising (perifoneo) in various cantons throughout the national territory. Nevertheless, when he attempted to carry out that activity in the Cantón Central de San Ramón, he was prevented from doing so by municipal officials, who acted in compliance with resolutions of the Concejo Municipal N°02 from extraordinary session N°16 of 8 de julio de 2016 and N°4 from ordinary session N°51 of 9 de diciembre de 2016. In this regard, the first resolution imposed a moratorium on the granting or issuance of any type of permit for mobile loudspeaker advertising for a renewable period of six months, while the second resolved not to authorize the issuance of new business permits or licenses (patentes o licencias) for commercial audio-broadcasting activities using mobile loudspeaker units, nor to authorize the renewal of business permits existing on the date the resolution was issued.
This was to remain in effect until the Municipalidad de San Ramón had the following instruments: a) sound-measuring equipment and personnel trained in its use and application; b) an economic feasibility study demonstrating the sustainability of mobile loudspeaker advertising business permits; and c) an environmental feasibility study demonstrating that there is no significant, direct, and/or adverse impact on public health or on environmental integrity and protection. However, as of the date on which the respondent filed his response, the corresponding regulations and studies had not been issued, although 10 months had elapsed since the relevant resolution was approved. This omission constitutes a gross infringement of freedom of enterprise and freedom of trade because, although this Court does not disregard municipal autonomy or the fact that municipal corporations are responsible for carrying out effective and expeditious actions in accordance with the needs of their assigned territorial jurisdiction, a function closely connected to the health and well-being of the population, the fact remains that, in this specific case, the absence of regulation has become an unreasonable and unjustified restriction on the commercial activity conducted by the protected party (amparado).
Any restriction on that activity must be based on a statutory or regulatory provision that must also strictly comply with the criteria of reasonableness and proportionality. The absolute prohibition of a lawful commercial activity due to State inaction—in this case, the failure to issue the respective regulations balancing the two fundamental rights at stake, namely the inhabitants’ right to health and freedom of trade—for an unreasonable period results in the hollowing out of the essential content of freedom of trade.
The parties are advised that, if they submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device or produced using new technologies, these must be collected from the Clerk’s Office within a maximum period of 30 business days following notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of 22 de agosto del 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 de enero del 2012, as well as in the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on 3 de mayo del 2012, Article LXXXI.
The undersigned dissent and would deny the application, for the following reasons: There is no doubt that the activity of “mobile loudspeaker advertising” may jeopardize the right to a healthy and ecologically balanced environment, recognized by Article 50 of the Constitution, because of the noise pollution (contaminación sónica) that this activity may generate. Nevertheless, the technical conditions under which it may be conducted are a matter of ordinary legality (legalidad ordinaria), which must be determined exclusively by the respondent authority or by the ordinary courts.
Justice Castillo Víquez concurs with the majority opinion because, in this case, the need for rules and regulations enables the exercise of freedom of enterprise, unlike other cases in which municipal resolutions absolutely prohibit the exercise of an economic activity, a measure that, pursuant to the principle of statutory reservation (principio de reserva de ley), must be adopted through formal legislation.
Por tanto:
The application is granted. Nixon Gerardo Ureña Guillén, in his capacity as Alcalde Municipal de San Ramón, or whoever holds that office in his stead, is ordered to take the appropriate actions within the scope of his authority so that, within FOUR MONTHS following notification of this judgment, he effectively complies with the points contained in Resolution N°4 from ordinary session N°51 of 9 de diciembre de 2016 of the Concejo Municipal de la Municipalidad de San Ramón, concerning the procurement of the following: a) sound-measuring equipment and personnel trained in its use and application; b) an economic feasibility study demonstrating the sustainability of mobile loudspeaker advertising business permits; and c) an environmental feasibility study demonstrating that there is no significant, direct, and/or adverse impact on public health or on environmental integrity and protection; and, thereafter, based on the foregoing, to establish the regulations necessary for the conduct of mobile loudspeaker advertising activities in the canton.
The respondents are warned that, in accordance with Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, any person who receives an order issued in an application for amparo (recurso de amparo) that the person must comply with or enforce and who fails to comply with or enforce it shall be subject to imprisonment for three months to two years, or a fine of twenty to sixty day-fines, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The Municipalidad de San Ramón is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be quantified during enforcement of the judgment before the administrative litigation court (contencioso administrativo). This judgment shall be served personally upon the respondent. Justices Cruz Castro and Jinesta Lobo dissent and would deny the application. Justice Castillo Víquez files a separate opinion.
Ernesto Jinesta L.
Presiding Justice Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Jose Paulino Hernández G.
Ronald Salazar Murillo *TM64QDXCJY461* Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Document reception: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
Víctor Granados Jiménez Víctor Granados Jiménez 2 0 2017-11-03T18:28:00Z 2017-11-03T18:28:00Z 2 3438 18913 PJ 157 44 22307 12.00 70 false 21 false false false ES-CR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 *170150350007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 17-015035-0007-CO, interpuesto por JOSÉ ANTONIO ESPINOZA SOLANO, cédula de identidad 0204860424, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN DE ALAJUELA.
Resultando:
Alega que la determinación del Concejo Municipal para denegar ese tipo de negocios, es porque producen contaminación sónica y tiene falencias regulatorias por parte del Ministerio de Salud y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Agrega que al Encargado de la Policía Municipal se le indicó que, en acatamiento del acuerdo del Concejo Municipal, las patentes comerciales para perifoneo no existen en ese cantón, hasta tanto no existan las regulaciones de parte de las instituciones encargadas para ejercer el control estricto de contaminación sónica que perjudica la salud ciudadana. Indica que por oficio N-MSR-AM-GJ-394-10-2017, el Departamento de Gestión Jurídica solicitó al Encargado de Patentes Municipales que informará si el tutelado tiene patente o si, por escrito, ha realizado alguna gestión ante ese departamento, siendo que el funcionario municipal, mediante oficio N-MSR-AM-GHM-AT-P-111-2017, envió respuesta, en la cual manifestó, en lo que interesa, que el recurrente no cuenta con licencia aprobada por el municipio para ejercer la actividad de perifoneo y no ha tramitado, formalmente, algún tipo de patente municipal.
Además, manifestó que por acuerdo N°2 de sesión extraoridinaria N°16 de 8 de julio de 2016, el Concejo Municipal acordó una moratoria no otorgar o concesionar permisos para perifoneo es de seis meses prorrogables, hasta que no se tenga una solución definitiva sobre la forma en que se va a limitar dicha actividad. Por su parte, por acuerdo N°4 de sesión ordinaria N°51 de 9 de diciembre de 2016, acordó no autorizar la expedición de nuevas patentes o licencias para actividades de difusión sónica comercial mediante unidades móviles de perifoneo, ni autorizar la renovación de las existentes a esa fecha.
A partir de lo anterior, reitera que existe acuerdo en firme del Concejo municipal que establece: “que no se van a conocer o renovar patentes de esa índole, hasta tanto no se tenga una solución definitiva sobre la forma en que se va a limitar, regular o establecer cualquier tipo de limitaciones en esta actividad”. De ahí la posición del municipio de acatar el acuerdo, siendo que, además, les asiste el principio de autonomía municipal, establecida en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política. Arguye que, por lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley General de la Administración pública, no puede la administración municipal actuar contra del ordenamiento jurídico y que permitan que se realicen actos contrario al derecho, tales como otorgar una licencia o patente comercial a una persona, en perjuicio de terceros, pues, en el caso concreto, también está en juego la salud pública y derecho a una vida sana. Reitera que la contaminación sónica que causa la actividad le perifoneo no está regulada y perjudica a las personas en general. Por lo expuesto, estima que no se han lesionado los derechos fundamentales del amparado. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
Redacta la Magistrada Hernández López; y,
Considerando:
El recurrente asegura que se dedica a la actividad comercial del perifoneo desde hace quince años, con permiso emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. No obstante, cuando realizaba la actividad en cita en el Cantón Central de San Ramón, fue detenido por un funcionario de la municipalidad, quien emitió un acta de notificación por no tener patente. Por tal motivo, se presentó en la municipalidad de ese cantón, pero le indicaron que no existen patentes de perifoneo, porque en esa localidad, esa actividad comercial es prohibida.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
<![if !supportLists]>a. <![endif]>El recurrente se dedica a la actividad comercial del perifoneo, siendo que el 8 de setiembre 2017, mientras realizaba la actividad en el Cantón Central de San Ramón, fue abordado por un funcionario municipal, quien emitió acta de notificación por no contar con licencia y patente comercial, así como acta de apercibimiento por no contar con licencia y patente comercial (hecho no controvertido).
<![if !supportLists]>b. <![endif]>El mismo 8 de setiembre de 2017, el recurrente se presentó en la Municipalidad de San Ramón y consultó, de forma verbal, sobre la patentes comerciales de perifoneo. Al respecto, se le informó que en esa corporación municipal no existen este tipo de patentes, pues la actividad está prohibida (ver informe rendido, bajo juramento, por el recurrido).
<![if !supportLists]>c. <![endif]>Por acuerdo N°02 de la sesión extraordinaria N°16 de 8 de julio de 2016, el Concejo Municipal de San Ramón acordó una moratoria en el otorgamiento o concesión de cualquier tipo de permiso para la actividad de perifoneo (ver informe y pruebas presentadas por el recurrido).
<![if !supportLists]>d. <![endif]>Por acuerdo N°4 de la sesión ordinaria N°51 de 9 de diciembre de 2016, el Concejo Municipal acordó no autorizar la expedición de nuevas patentes o licencias para actividades de difusión sónica comercial mediante unidades móviles para perifoneo, ni autorizar renovación de las patentes existes a la fecha en que se emitió el acuerdo. Esto, hasta tanto la Municipalidad de San Ramón no cuente con los siguientes instrumentos. a) Instrumental de medición sónica y personal capacitado en su uso y aplicación, b) estudio de factibilidad económica que demuestre la sostenibilidad de las patentes de perifoneo, c) estudio de factibilidad ambiental que demuestre que no existe impacto sensible, directo y/o negativo sobre la salud pública y la integridad y protección del ambiente (ver informe y pruebas presentadas por el recurrido).
<![if !supportLists]>e. <![endif]>A la fecha en la que el recurrido presenta su escrito de respuesta, no se ha emitido la reglamentación correspondiente de la actividad comercial de perifoneo.
Es a partir del contenido del artículo 46 –relacionado con el artículo 28- de la Constitución Política, que se garantiza a las personas el derecho de realizar o emprender cualquier actividad económica, siempre que esta no contravenga el ordenamiento jurídico o atente contra terceros. Al respecto, este Tribunal, en su jurisprudencia –v. gr. Sentencia N°2002-004448 de las 15:10 horas de 15 de mayo de 2002 y sentencia 2012-004936 de las 15:33 horas de 18 de abril de 2012, ha señalado:
“La Libertad de Empresa: Esta libertad contenida en el artículo 46 en relación con el 28, ambos de la Constitución Política, garantiza a toda persona el derecho a emprender cualquier actividad económica, siempre y cuando ésta no atente contra el orden público, las buenas costumbres o perjudique a terceros. En la medida que la Carta Política consagra esta libertad como derecho constitucional, ello significa que se quiere evitar una política intervencionista por parte del Estado que termine por suprimir aquel derecho. Ello no quiere decir que el Estado no esté facultado para controlar aquella actividad, preservando lógicamente un ámbito suficiente de libertad comercial entre los particulares o de estos con el Estado. En una democracia como la costarricense, en la que se adoptó una economía de mercado, el Estado debe hacer uso de una buena planificación, para inducir a que determinados individuos desarrollen una actividad económica que considere beneficiosa y conveniente para el desarrollo del país.
Sin embargo, una orientación creciente en la política económica del Estado, ha ido produciendo paulatinamente limitaciones a la libertad de comercio, justificadas en el interés social de evitar ciertos peligros en detrimento de la misma sociedad” Asimismo, resulta relevante lo dicho por esta Sala en sentencia N°2008-016567 de las 14:43 horas de 5 de noviembre de 2008, en cuanto a que, el citado artículo 46 Constitucional consagra varios principios y derechos, los cuales deben interpretarse de manera armónica con lo dispuesto en el artículo 28 y 50 de la Constitución Política, a partir de los cuales se colige que el sistema político y social del Estado Costarricense corresponde a un Estado Social de Derecho, lo que se traduce la obligación de garantizar la igualdad, sin perjuicio de la propiedad y la libertad. Así, si bien la Carta Fundamental, vigente desde 1949, otorga al Estado cierto grado de intervención en la economía, lo cierto es que esta no puede resultar incompatible con el espíritu y condiciones del modelo de economía de mercado, establecido también en la Constitución Política.
Dicho lo anterior, se reconoce la libertad de comercio como el derecho de toda persona a escoger y realizar, libremente, la actividad económica que desea desarrollar, pero que puede ser restringida por razones de orden público, la moral y la tutela de derechos de terceros. En otras palabras, la libertad de comercio puede ser objeto de reglamentación y de restricciones legales, pero estas deberán superar el juicio de razonabilidad y proporcionalidad, de tal forma que no tornen nugatorio el ejercicio del derecho fundamental.
En el sub-examine , a partir del cuadro de hechos probados y de conformidad con lo expuesto en el considerando anterior, se constata la lesión de los derechos fundamentales del recurrente. Esto, porque se tiene por demostrado que su actividad económica se basa en una pequeña empresa dedicada al perifoneo en los diversos cantones del territorio nacional. No obstante, cuando pretendía realizar la actividad en cita, en el Cantón Central de San Ramón, fue impedido por funcionarios municipales, los cuales actuaron en acatamiento de los acuerdos del Concejo Municipal N°02 de la sesión extraordinaria N°16 de 8 de julio de 2016 y N°4 de la sesión ordinaria N°51 de 9 de diciembre de 2016. Al respecto, se tiene que en el primero se dispuso una moratoria en el otorgamiento o concesión de cualquier tipo de permiso para la actividad de perifoneo, por un plazo de seis meses, prorrogables, y en el segundo se acordó no autorizar la expedición de nuevas patentes o licencias para actividades de difusión sónica comercial mediante unidades móviles para perifoneo, ni autorizar renovación de las patentes existes a la fecha en que se emitió el acuerdo.
Esto, hasta tanto la Municipalidad de San Ramón no cuente con los siguientes instrumentos: a) Instrumental de medición sónica y personal capacitado en su uso y aplicación, b) estudio de factibilidad económica que demuestre la sostenibilidad de las patentes de perifoneo, c) estudio de factibilidad ambiental que demuestre que no existe impacto sensible, directo y/o negativo sobre la salud pública y la integridad y protección del ambiente; empero, a la fecha en la que el recurrido presentó su escrito de respuesta, la reglamentación y los estudios correspondientes no han sido emitidos, habiendo transcurrido 10 meses desde que se aprobó el acuerdo respecto. Esta omisión, se constituye en una lesión grosera a la libertad de empresa y de comercio, pues, si bien este Tribunal no desconoce la autonomía municipal y que la función de las corporaciones municipales corresponde a ejecutar acciones eficaces y céleres, en función de las necesidades de la circunscripción territorial asignada y que se encuentra íntimamente ligado a la salud y bienestar de la población, lo cierto es que en el caso concreto la ausencia de regulación se convierte en una limitación irrazonable e injustificada a la actividad comercial que desarrolla el amparado, siendo que cualquier tipo de limitación de la actividad, debe basarse en una disposición legal o reglamentaria, la cual, además, debe guardar estricto apego a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
La prohibición absoluta de una actividad comercial lícita, por inercia del Estado, en este caso por la inercia de emitir las regulaciones respectivas que equilibren los dos derechos fundamentales en juego, el dercho a la salud de los habitantes y la libertad de comercio, durante un plazo irrazonable resulta en un vaciamiento del contenido esencial de la libertad de comercio.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Los suscritos salvan el voto y declaran sin lugar el recurso, por lo siguiente: Sin lugar a dudas la actividad de “perifoneo”, puede comprometer el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido por el artículo 50 constitucional, debido a la contaminación sónica que esta actividad puede generar. No obstante, las condiciones técnicas bajo las cuales puede llevarse a cabo, es un tema de legalidad ordinaria, que compete definir, exclusivamente, a la autoridad recurrida o ante la jurisdicción ordinaria.
El Magistrado Castillo Víquez concurre con el voto de mayoría, toda vez que en este caso la necesidad de la regulación y reglamentación posibilita el ejercicio de la libertad de empresa, a diferencia de otros casos en los cuales mediante acuerdos municipales se prohibe de manera absoluta el ejercicio de una actividad económica, extremo que en aplicación del principio de reserva de ley debe ser acordado mediante ley formal.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Nixon Gerardo Ureña Guillén, en su condición de Alcalde Municipal de San Ramón, o a quien en su lugar ejerza tal cargo, tomar las acciones correspondientes y en el ámbito de sus competencias para que, en el plazo de CUATRO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia proceda a dar cumplimiento efectivo a los puntos contenidos en el Acuerdo N°4 de la sesión ordinaria N°51 de 9 de diciembre de 2016, del Concejo Municipal de la Municipalidad de San Ramón referidos a la consecución de siguiente: a) Instrumental de medición sónica y personal capacitado en su uso y aplicación, b) estudio de factibilidad económica que demuestre la sostenibilidad de las patentes de perifoneo, c) estudio de factibilidad ambiental que demuestre que no existe impacto sensible, directo y/o negativo sobre la salud pública y la integridad y protección del ambiente y seguidamente -de acuerdo con lo anterior disponga las regulaciones necesarias para el ejercicio de la actividad de perifoneo en el cantón.
Se advierte a los recurridos que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere, o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San Ramón al pago de costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta sentencia al recurrido en forma personal. Los Magistrados Cruz Castro y Jinesta Lobo salvan el voto y declaran sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Jose Paulino Hernández G.
Ronald Salazar Murillo *TM64QDXCJY461*
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