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Res. 12289-2017 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 04/08/2017
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*170082990007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del cuatro de agosto de dos mil diecisiete .
Recurso de amparo interpuesto por MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ VALVERDE, cédula de identidad No. 0104040366, contra LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS Y EL AREA RECTORA DE SALUD DE DESAMPARADOS.
Resultando:
noviembre de 2016, en la que indica que no encontró el taller, pero conversó con el dueño. Posteriormente, se realizó una segunda inspección el 18 de enero de 2017, empero, para esta fecha, el taller ya contaba con el permiso sanitario de funcionamiento No. SC-ARS-8-PSF-8319-2016. No obstante, acusa que sus quejas respecto a la falta de paredes y contaminación ambiental no se mencionan en el acta de la inspección realizada. Seguidamente, le giraron la orden sanitaria No. CS-ARS-D-ERS-OS-0014-2017, cuya disconformidad fue presentada mediante oficio el 25 de mayo de 2017 ante la autoridad recurrida. Por lo anterior, estima vulnerados sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar este recurso, con las consecuencias legales que esto implique.
Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y,
Considerando:
Hechos probados relacionados con la Municipalidad recurrida.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
Hechos probados relacionados con el Area Rectora de Salud de Desamparados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
III.Objeto del recurso.- La recurrente acusa que denunció ante la Municipalidad recurrida y ante el Ministerio de Salud, la construcción y el posterior funcionamiento de un taller contiguo a su casa de habitación. Acusa que pese a que ambas autoridades, pese que han realizado inspecciones in situ, y le han dado respuesta su gestión, a la fecha de interposición de este recurso, no se ha realizado la clausura del local. Por lo anterior, estima vulnerados sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar este recurso, con las consecuencias legales que esto implique.
IV.En cuanto a la actuación de la Municipalidad recurrida.- Del estudio de los autos, esta Sala no logra acreditar, omisión o la falta de atención a la denuncia planteada por la recurrente. Tal y como lo indica la propia recurrente se acredita que ante sus gestiones, las autoridades municipales han actuado, han realizado inspecciones, han emitido las órdenes pertinentes y han iniciado los procedimientos administrativos correspondientes. Ahora, si la disconformidad de la recurrente, obedece a que la actividad comercial denunciada, aún no ha sido clausurada, ello es un reclamo, que excede las competencias de este Tribunal, dado que, esa decisión requiere la valoración y análisis del cumplimiento de requisitos exigidos por la legislación ordinaria que debe ser resuelto por la propia autoridad recurrida o por la jurisdicción ordinaria correspondiente. Por ello, respecto de la Municipalidad recurrida el recurso debe ser desestimado.
V.Respecto de lo actuado por el Area Rectora de Salud de Desamparados. Ahora, en relación con las actuaciones de las autoridades de salud, esta Sala tampoco acredita, ninguna omisión u actuación arbitraria capaz de lesionar los derechos fundamentales de la recurrente. Del informe rendido bajo fe de juramento, y de la prueba aportada, esta Sala acredita que las autoridades del Area Rectora de Salud ha actuado en el cumplimiento de sus funciones, dentro del ámbito de sus competencias legales y reglamentarias, han mantenido a la recurrente comunicada de sus actuaciones, y la recurrente no lo desmiente, han realizado inspecciones en el lugar, y han girado las directrices respecto, mediante la orden sanitaria CS-ARS-D-ERS-OS-0014-2017, que incluso, al momento de presentado el informe, no ha vencido el plazo fijado en la orden sanitaria en mención, por lo que se indica bajo juramento, que se está dando el seguimiento al asunto y se fiscalizará como corresponde el cumplimiento de la orden en mención.
Por ello, respecto de ésta autoridad recurrida el recurso también debe ser desestimado. Y como se indicó, en el caso de la municipalidad recurrida, si la disconformidad de la recurrente, obedece a que la actividad comercial denunciada, aún no ha sido clausurada, ello es un reclamo, que excede las competencias de este Tribunal, dado que, esa decisión requiere la valoración y análisis del cumplimiento de requisitos exigidos por la legislación ordinaria que debe ser resuelto por la propia autoridad recurrida o por la jurisdicción ordinaria correspondiente. Por lo expuesto, el recurso debe desestimar el todos sus extremos, como en efecto se ordena.
El suscrito Magistrado aclara que si bien los asuntos ambientales, cuando hay intervención administrativa de cualquier índole, los remite a la jurisdicción contencioso administrativa, lo cierto es que tratándose de una denuncia donde se alega una presunta contaminación por la generación de emisiones, vibraciones y contaminación sónica proveniente de un taller mecánico, lo cual, a su vez, afecta a los ocupantes de una casa de habitación, no lo hará así. Esto, por cuanto, se encuentran en juego otros derechos de los vecinos de la fuente contaminante, tales como la salud y a gozar de un nivel digno de calidad de vida.
He coincidido con la posición sustentada por el Magistrado Jinesta Lobo en esta materia, por lo que, en asuntos ambientales, es también criterio del suscrito que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa contaminación sónica y malos olores proveniente del funcionamiento de un taller mecánico, que se ubica contiguo a la vivienda de la recurrente, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
VIII.Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado ponen notas.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Rosa María Abdelnour G.
Aracelly Pacheco S.
Carlos Estrada N.
*TOIJIYYYICS61*
*170082990007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del cuatro de agosto de dos mil diecisiete .
Recurso de amparo interpuesto por MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ VALVERDE, cédula de identidad No. 0104040366, contra LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS Y EL AREA RECTORA DE SALUD DE DESAMPARADOS.
Resultando:
noviembre de 2016, en la que indica que no encontró el taller, pero conversó con el dueño. Posteriormente, se realizó una segunda inspección el 18 de enero de 2017, empero, para esta fecha, el taller ya contaba con el permiso sanitario de funcionamiento No. SC-ARS-8-PSF-8319-2016. No obstante, acusa que sus quejas respecto a la falta de paredes y contaminación ambiental no se mencionan en el acta de la inspección realizada. Seguidamente, le giraron la orden sanitaria No. CS-ARS-D-ERS-OS-0014-2017, cuya disconformidad fue presentada mediante oficio el 25 de mayo de 2017 ante la autoridad recurrida. Por lo anterior, estima vulnerados sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar este recurso, con las consecuencias legales que esto implique.
Redacta la Magistrada Pacheco Salazar; y,
Considerando:
Hechos probados relacionados con la Municipalidad recurrida.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
Hechos probados relacionados con el Area Rectora de Salud de Desamparados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
III.Objeto del recurso.- La recurrente acusa que denunció ante la Municipalidad recurrida y ante el Ministerio de Salud, la construcción y el posterior funcionamiento de un taller contiguo a su casa de habitación. Acusa que pese a que ambas autoridades, pese que han realizado inspecciones in situ, y le han dado respuesta su gestión, a la fecha de interposición de este recurso, no se ha realizado la clausura del local. Por lo anterior, estima vulnerados sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar este recurso, con las consecuencias legales que esto implique.
IV.En cuanto a la actuación de la Municipalidad recurrida.- Del estudio de los autos, esta Sala no logra acreditar, omisión o la falta de atención a la denuncia planteada por la recurrente. Tal y como lo indica la propia recurrente se acredita que ante sus gestiones, las autoridades municipales han actuado, han realizado inspecciones, han emitido las órdenes pertinentes y han iniciado los procedimientos administrativos correspondientes. Ahora, si la disconformidad de la recurrente, obedece a que la actividad comercial denunciada, aún no ha sido clausurada, ello es un reclamo, que excede las competencias de este Tribunal, dado que, esa decisión requiere la valoración y análisis del cumplimiento de requisitos exigidos por la legislación ordinaria que debe ser resuelto por la propia autoridad recurrida o por la jurisdicción ordinaria correspondiente. Por ello, respecto de la Municipalidad recurrida el recurso debe ser desestimado.
V.Respecto de lo actuado por el Area Rectora de Salud de Desamparados. Ahora, en relación con las actuaciones de las autoridades de salud, esta Sala tampoco acredita, ninguna omisión u actuación arbitraria capaz de lesionar los derechos fundamentales de la recurrente. Del informe rendido bajo fe de juramento, y de la prueba aportada, esta Sala acredita que las autoridades del Area Rectora de Salud ha actuado en el cumplimiento de sus funciones, dentro del ámbito de sus competencias legales y reglamentarias, han mantenido a la recurrente comunicada de sus actuaciones, y la recurrente no lo desmiente, han realizado inspecciones en el lugar, y han girado las directrices respecto, mediante la orden sanitaria CS-ARS-D-ERS-OS-0014-2017, que incluso, al momento de presentado el informe, no ha vencido el plazo fijado en la orden sanitaria en mención, por lo que se indica bajo juramento, que se está dando el seguimiento al asunto y se fiscalizará como corresponde el cumplimiento de la orden en mención.
Por ello, respecto de ésta autoridad recurrida el recurso también debe ser desestimado. Y como se indicó, en el caso de la municipalidad recurrida, si la disconformidad de la recurrente, obedece a que la actividad comercial denunciada, aún no ha sido clausurada, ello es un reclamo, que excede las competencias de este Tribunal, dado que, esa decisión requiere la valoración y análisis del cumplimiento de requisitos exigidos por la legislación ordinaria que debe ser resuelto por la propia autoridad recurrida o por la jurisdicción ordinaria correspondiente. Por lo expuesto, el recurso debe desestimar el todos sus extremos, como en efecto se ordena.
El suscrito Magistrado aclara que si bien los asuntos ambientales, cuando hay intervención administrativa de cualquier índole, los remite a la jurisdicción contencioso administrativa, lo cierto es que tratándose de una denuncia donde se alega una presunta contaminación por la generación de emisiones, vibraciones y contaminación sónica proveniente de un taller mecánico, lo cual, a su vez, afecta a los ocupantes de una casa de habitación, no lo hará así. Esto, por cuanto, se encuentran en juego otros derechos de los vecinos de la fuente contaminante, tales como la salud y a gozar de un nivel digno de calidad de vida.
He coincidido con la posición sustentada por el Magistrado Jinesta Lobo en esta materia, por lo que, en asuntos ambientales, es también criterio del suscrito que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa contaminación sónica y malos olores proveniente del funcionamiento de un taller mecánico, que se ubica contiguo a la vivienda de la recurrente, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
VIII.Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado ponen notas.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Rosa María Abdelnour G.
Aracelly Pacheco S.
Carlos Estrada N.
*TOIJIYYYICS61*
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