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Res. 09591-2017 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 23/06/2017
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo, remanded the demolition proceeding, and ordered that the petitioner be recognized as a qualified complainant, receive unrestricted access to the file, and be notified of the relevant procedural acts.La Sala acogió el amparo, retrotrajo el procedimiento de demolición y ordenó reconocer al recurrente como denunciante cualificado, darle acceso irrestricto al expediente y notificarle los actos procesales pertinentes.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo filed by a complainant who had reported illegally constructed buildings used as a workshop, whose alleged effects included noise and environmental pollution. The Chamber held that, because he claimed to be directly affected by the reported irregularities, the petitioner was a qualified complainant with a legitimate interest and therefore an interested party in the municipal proceeding. The Municipality of San José violated his rights of access to information, defense, due process, and prompt administrative justice by allowing him to inspect only part of the file, failing to notify him of relevant acts, and leaving the matter without a final resolution for three years and seven months. The Chamber remanded the demolition proceeding to the stage of the notices issued on June 9, 2016, and ordered the municipality to recognize the petitioner formally as a party, provide unrestricted access to the administrative file, and notify him of all procedural acts requiring notice. The State was also ordered to pay costs and damages.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo interpuesto por el denunciante de construcciones ilegales destinadas a taller, cuyos efectos alegados incluían contaminación sónica y ambiental. Determinó que, al afirmar una afectación directa por las irregularidades denunciadas, el recurrente era un denunciante cualificado, titular de un interés legítimo y, por ello, parte interesada en el procedimiento municipal. La Municipalidad de San José vulneró sus derechos de acceso a la información, defensa, debido proceso y justicia administrativa pronta al permitirle consultar solamente parte del expediente, omitir la notificación de actos relevantes y mantener el asunto sin resolución definitiva durante tres años y siete meses. La Sala retrotrajo el procedimiento de demolición a las notificaciones del 9 de junio de 2016 y ordenó reconocer formalmente al recurrente como parte, darle acceso irrestricto al expediente y notificarle los actos procesales correspondientes. También condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
Likewise, the alleged violation of the petitioner's fundamental rights is established because, although he has the status of a qualified complainant—inasmuch as he asserts that he is affected by the reported events—he was provided only partial access to the administrative file, without the reason being known. This Chamber has previously held, however, that a qualified complainant holds a legitimate interest and must therefore be regarded, for all purposes, as an interested party in the respective administrative proceeding. As an interested party, he enjoys all the corresponding rights, specifically the rights to due process and defense; accordingly, he must have an effective opportunity to submit arguments, offer evidence, participate in its production, and challenge any procedural decision having independent effects or any final decision that may be issued. Additionally, as an interested party, he must be notified of every procedural or final act in accordance with the rules of due process and defense, for which purpose he must be joined to the proceeding. Thus, by denying the petitioner the status of a party and access to the administrative file, he was also denied the opportunity to exercise due process, in clear violation of Articles 30, 39, and 41 of the Political Constitution. Lastly, regarding the alleged administrative delay, the Chamber finds that although the petitioner's complaint has been processed and acted upon, with several administrative decisions and procedural acts issued and several challenges processed and decided, three years and seven months have elapsed since its filing without a final resolution to date. This also establishes a violation of Article 41 of the Constitution in administrative proceedings.De igual manera, se constata la alegada violación a los derechos fundamentales del amparado, porque aun cuando tiene la condición de denunciante cualificado –en el tanto asegura que se ve afectado por los hechos denunciados- solamente se le brindó acceso parcial al expediente administrativo, sin que se conozca el motivo; sin embargo, ya esta Sala ha señalado anteriormente, que el denunciante cualificado es titular de un interés legítimo de modo que debe reputársele, para todo efecto, como parte interesada en el procedimiento administrativo respectivo. Al tener la condición de parte interesada, le asisten todos los derechos de tal y, específicamente, los derechos al debido proceso y la defensa, de modo que debe contar con la posibilidad efectiva de presentar alegatos, ofrecer prueba, participar en la producción de ésta y de recurrir cualquier resolución de trámite de efectos propios o final que se dicte. Adicionalmente, al tener la condición de parte interesada debe comunicársele cualquier acto de trámite o final, según las reglas del debido proceso y la defensa para lo que se le debe integrar a la litis. De este modo, al habérsele negado al recurrente la condición de parte y el acceso al expediente disciplinario, se le negó a su vez la posibilidad de ejercer el debido proceso, en clara vulneración de los numerales 30, 39 y 41, de la Constitución Política. Por último, en cuanto a la alegada mora administrativa, la Sala estima que aun cuando la denuncia planteada por el recurrente ha sido tramitada y diligenciada, emitiéndose varias resoluciones administrativas y actos procesales, así como la interposición de varios recursos que han sido tramitados y resueltos, al haber transcurrido un plazo de tres años y siete meses desde su presentación, sin que a la fecha se haya resuelto en definitiva, también se acredita la lesión al contenido del numeral 41, Constitucional, en sede administrativa.
Pull quotesCitas destacadas
"Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante gestiones relacionadas con materia ambiental. Atendiendo a este tipo de materia, esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de este tipo de gestiones."
"This case presents an exception because it concerns proceedings related to environmental matters. Given the nature of the subject, this Chamber examines possible delays in resolving such proceedings."
Considerando I
"Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante gestiones relacionadas con materia ambiental. Atendiendo a este tipo de materia, esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de este tipo de gestiones."
Considerando I
"Negarle al denunciante cualificado la condición de parte y, por consiguiente, la posibilidad de ejercer el debido proceso y la defensa vulnera flagrantemente el Derecho de la Constitución."
"Denying a qualified complainant the status of a party and, consequently, the opportunity to exercise due process and defense flagrantly violates constitutional law."
Considerando IV
"Negarle al denunciante cualificado la condición de parte y, por consiguiente, la posibilidad de ejercer el debido proceso y la defensa vulnera flagrantemente el Derecho de la Constitución."
Considerando IV
"Se declara con lugar el recurso por violación a los numerales 30, 39 y 41, de la Constitución Política."
"The petition is granted for violation of Articles 30, 39, and 41 of the Political Constitution."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso por violación a los numerales 30, 39 y 41, de la Constitución Política."
Por tanto
"Se le ordena a Nathalia Gamboa Granados, en su condición de Jefa del Departamento de Control Urbano de la Municipalidad de San José, o a quien ocupe ese cargo, que emita la órdenes necesarias y tome las medidas pertinentes para que el recurrente sea tenido como parte interesada en dicho procedimiento administrativo, en su condición de denunciante cualificado, lo que implica el acceso irrestricto al expediente administrativo, así como la notificación de todos los actos procesales, que así lo requieran."
"Nathalia Gamboa Granados, in her capacity as Head of the Urban Control Department of the Municipality of San José, or whoever holds that office, is ordered to issue the necessary directives and take the appropriate measures so that the petitioner is treated as an interested party in that administrative proceeding, in his capacity as a qualified complainant, which entails unrestricted access to the administrative file and notification of all procedural acts requiring such notice."
Por tanto
"Se le ordena a Nathalia Gamboa Granados, en su condición de Jefa del Departamento de Control Urbano de la Municipalidad de San José, o a quien ocupe ese cargo, que emita la órdenes necesarias y tome las medidas pertinentes para que el recurrente sea tenido como parte interesada en dicho procedimiento administrativo, en su condición de denunciante cualificado, lo que implica el acceso irrestricto al expediente administrativo, así como la notificación de todos los actos procesales, que así lo requieran."
Por tanto
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Víctor Granados Jiménez Víctor Granados Jiménez 2 0 2017-06-28T20:31:00Z 2017-06-28T20:31:00Z 3 5194 28570 PJ 238 67 33697 12.00 false 21 false false false ES-CR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 *170069870007CO* Decision No. 2017009591 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine forty-five a.m. on June twenty-third, two thousand seventeen.
Amparo action (recurso de amparo) processed under case number 17-006987-0007-CO, filed by HERNÁN FERNÁNDEZ MONTERO against the MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.
Findings:
Opinion drafted by Justice Salazar Alvarado; and,
Considerations:
I.Preliminary matter. Before analyzing the merits of the case, it must be clarified that, since Judgment N° 2008-02545 issued at 08:55 on 22 de febrero de 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contenciosa administrativa)—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative proceedings (procedimientos administrativos especiales), either to conclude an administrative proceeding (procedimiento administrativo)—initiated ex officio (de oficio) or at the request of a party (a instancia de parte)—by issuing a final administrative act (acto final), or to adjudicate the applicable administrative appeals (recursos administrativos). Specifically, the case at bar presents an exceptional circumstance because it concerns applications related to environmental matters. Given the nature of the subject matter, this Chamber assesses possible delays in resolving applications of this type. Having clarified this point, the Chamber proceeds to decide the specific situation raised in this amparo proceeding (amparo).
II.Proven facts. For purposes of deciding this matter, the following facts are deemed duly established, either because they have been proven or because the respondent failed to address them as ordered in the initial ruling:
III.Subject matter of the appeal. The petitioner alleges that he requested a copy of an administrative file in which he appears as the complainant; however, the respondent institution allowed him to copy only part of it. He complains that the Municipalidad does not inform him of the procedural steps taken or rulings issued in the proceeding, nor does it serve notice at the address specified in the file, and that it fails to decide the written submissions and petitions he files. He adds that the administrative file does not have a single identifying number to which his submissions are assigned; rather, each submission is assigned a different number, preventing the maintenance of a numerically and chronologically ordered file and impairing the exercise of the right of defense (derecho de defensa). He contends that the Municipalidad de San José has been negligent in conducting the proceeding and alleges that the delay has infringed his right to a prompt administrative proceeding.
IV.Processing of the complaint. In this regard, it should be noted that, in judgment number 2007-001972 issued at 19:05 on 13 de febrero de 2007, this Chamber distinguished between an ordinary complainant (denunciante simple), who does not have party status, and a qualified complainant (denunciante cualificado), who does, in the following terms: “When an individual submits a complaint to an administrative body or entity to bring an irregular situation or conduct to its attention so that it may initiate, ex officio, the appropriate disciplinary or punitive administrative investigations or proceedings to establish the corresponding liability, the individual may occupy one of two clearly differentiated positions. The first is that of an ordinary complainant, insofar as the facts and circumstances reported do not directly affect that individual and the individual derives no benefit from any sanction that may ultimately be imposed; the second is that of a qualified complainant, insofar as the individual has experienced the harmful effects of the irregular conduct or situation and may obtain an advantageous outcome, even if only indirectly.
A qualified complainant holds a legitimate interest (interés legítimo) and therefore, according to the most modern administrative-law doctrine, must for all purposes be regarded as an interested party (parte interesada) in the corresponding administrative proceeding. Because such a qualified complainant has the status of an interested party, that complainant is entitled to all the rights inherent in that status and, specifically, to the rights to due process (debido proceso) and a defense, and must therefore have an effective opportunity to submit arguments, offer evidence, participate in the taking of evidence, and appeal any interlocutory ruling having independent legal effects or any final ruling that may be issued. Denying a qualified complainant party status and, consequently, the opportunity to exercise the rights to due process and a defense flagrantly violates the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución).”
V.Regarding the specific case. In this case, the appellant alleges that the respondent authorities have provided him with only partial access to the administrative record (expediente administrativo) in which a complaint he filed is being processed concerning alleged irregularities committed in the construction of three illegally erected buildings intended for use as a workshop, located in San Sebastián, which he asserts have caused him serious inconvenience due to noise and environmental pollution, as well as the large concentration of vehicles they generate. He adds that he requested a copy of the administrative record in which he appears as the complainant; however, the respondent institution allowed him to copy only part of it, alleging that he is not a party to the proceeding. He complains that the Municipalidad de San José does not inform him of the procedural steps taken or decisions issued within the proceeding, nor does it serve notice on him at the address specified in the record, and that it fails to rule on the submissions and petitions he files.
He maintains that the administrative record does not have a single number to which his submissions are assigned; instead, each submission is assigned a different number, preventing the maintenance of a numerically and chronologically ordered record, which affects the exercise of his right to a defense. He considers that the Municipalidad de San José has been negligent in processing the proceeding and alleges that the delay has impaired his right to a prompt administrative proceeding. In this regard, the respondent officials state that, indeed, on cuatro de octubre del 2013, through request number 341405, Mr. Hernán Fernández Montero filed a complaint concerning the construction of three illegally erected buildings intended for use as a workshop, located in San Sebastián. They state that, after detecting a violation, the Municipalidad issued notices number 27303, 27304 and 27305, all dated 19 de noviembre de 2013; however, they describe the processing of the complaint, as well as the delays caused by the challenges and applications filed by the persons complained against.
Likewise, the Chamber finds that on 17 de noviembre de 2016, the appellant requested, in writing, a copy of the administrative demolition record; however, at the Departamento de Autorizaciones y Fiscalizaciones Municipales, he was allowed to photocopy only part of the record. Lastly, the respondents state that, through official letter N°SINSP-1460-2017 dated 18 de mayo del 2017, sent to the email address [email protected], the head of the Sección de Inspección Municipal and the attorney of the Departamento de Control Urbano, both of the Municipalidad de San José, provided the appellant with a summary of the actions taken within the record in which his complaint is being processed. Notwithstanding the foregoing, the report submitted by the respondent officials fails to address the appellant’s allegations by explaining why he was given only partial access to the record and the reasons why he has not formally been made a party to the administrative proceeding in which the complaint filed in octubre del 2013 is being processed.
Accordingly, pursuant to section 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the allegations made by the petitioner are deemed true, thus establishing the violation of his fundamental rights. This is because the communication of official letter N°SINSP-1460-2017 dated 18 de mayo del 2017, sent to the email address [email protected], through which the head of the Sección de Inspección Municipal and the attorney of the Departamento de Control Urbano, both of the Municipalidad de San José, provided him with a summary of the actions taken within the record in which his complaint is being processed, does not remedy the procedural defects associated with the failure to recognize him as a party to the record in which the application he filed is being processed and in which he has an evident legitimate interest (interés legítimo). In addition, a series of administrative decisions—26470, 26471, 26472, 26488, 26489, 26490, 40651, 40652 and 40653—were issued, challenged by the owners of the property that was the subject of the complaint, and subsequently set aside through administrative decision N° SINSP-0533-2017 dated 22 de febrero de 2017, without the appellant being notified thereof.
Similarly, the alleged violation of the protected party’s fundamental rights is established because, even though he has the status of a qualified complainant (denunciante cualificado)—insofar as he asserts that he is affected by the reported events—he was granted only partial access to the administrative record, for reasons that are unknown. However, this Chamber has previously held that a qualified complainant possesses a legitimate interest and must therefore, for all purposes, be regarded as an interested party (parte interesada) in the respective administrative proceeding. As an interested party, he is entitled to all the rights associated with that status and, specifically, to the rights to due process (debido proceso) and a defense, such that he must have an effective opportunity to present arguments, offer evidence, participate in the production of evidence, and challenge any interlocutory decision having independent effects or any final decision that may be issued.
Furthermore, because he has the status of an interested party, he must be notified of every interlocutory or final act, in accordance with the rules of due process and the right to a defense, for which purpose he must be joined to the proceedings (litis). Thus, by denying the appellant the status of a party and access to the disciplinary record (expediente disciplinario), he was likewise denied the opportunity to exercise due process, in clear violation of sections 30, 39 and 41 of the Constitución Política. Lastly, regarding the alleged administrative delay (mora administrativa), the Chamber finds that although the complaint filed by the appellant has been processed and acted upon, with several administrative decisions and procedural acts being issued, as well as several appeals being filed, processed, and decided, three years and seven months have elapsed since its filing without a final decision having been rendered to date; consequently, a violation of the substance of section 41 of the Constitution in administrative proceedings is also established.
VI.In view of the foregoing, because the challenged acts are deemed to have violated the protected party’s fundamental rights, the appropriate course is to grant the amparo proceeding (recurso de amparo), with the consequences detailed in the operative portion of this judgment.
VII.Note by Justice Hernández López. I agree in part with the reasoning stated by the majority in granting this amparo proceeding, but I essentially disagree with the legal instruments used to reach the decision. In particular, I consider the development and use of the concept of a “qualified complainant” unnecessary, where that person is described as a complainant who “may possess a legitimate interest or a subjective right (derecho subjetivo), such that (…) he must be regarded as an interested party in the respective administrative proceeding.” This would therefore simply be the concept of a “party,” in the proper sense of the term, and—for that very reason—distinct from the concept of someone who merely files a complaint without having a legal interest of his own. I therefore see no need to introduce, as a general matter, a third term midway between complainant and party. For the foregoing reasons, the authority’s actions are contrary to the constitutional right and must be so declared.
VIII.Partial dissent and separate reasoning of Justice Hernández Gutiérrez.- The undersigned Justice agrees with the full Chamber’s determination that Article 30 of the Constitución Política was violated, because the appellant was improperly denied access to the complete administrative record of the complaint he filed. However, I depart from the majority’s position regarding the order to recognize the appellant as a qualified complainant and the date to which the administrative proceeding is to be remanded (retroacción), based on the following considerations.
IX- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE RECORD. The parties are hereby advised that if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computing, magnetic, optical, or telematic device, or produced through new technologies, these must be collected from the court office within a maximum period of 30 business days following service of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of 22 de agosto del 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 de enero del 2012, as well as pursuant to the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on 3 de mayo del 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The appeal for constitutional relief (recurso de amparo) is granted on the grounds of violation of sections 30, 39, and 41 of the Political Constitution. Consequently, the administrative proceeding (procedimiento administrativo) (demolition process for structures), initiated on 4 de octubre del 2013 through the complaint processed under number 341405, is remanded to the stage at which notices number 26470, 26471, and 26472, all dated 9 de junio de 2016, were issued. Nathalia Gamboa Granados, in her capacity as Head of the Urban Control Department of the Municipalidad de San José, or whoever holds that position, is ordered to issue the necessary directives and take the appropriate measures so that the appellant is recognized as an interested party (parte interesada) in that administrative proceeding, in his capacity as a qualified complainant (denunciante cualificado), which entails unrestricted access to the administrative case file (expediente administrativo), as well as notification of all procedural acts (actos procesales) requiring such notification.
The respondent, or whoever holds that position, is advised that failure to comply with said order will constitute the offense of disobedience (delito de desobediencia) and that, pursuant to Article 71 of the Law governing this jurisdiction, any person who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an appeal for constitutional relief, and who fails to comply with or enforce it, shall be sentenced to imprisonment for three months to two years, or twenty to sixty fine-days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The State is ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the acts underlying this ruling, which shall be determined during enforcement of the judgment (ejecución de sentencia) before the administrative litigation court. Justice Hernández López adds a note. Justice Hernández Gutiérrez partially dissents and provides different reasons. This decision shall be personally served on the respondent party.
Ernesto Jinesta L.
Chief Justice Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
*3YLYPT3CQ8861* CASE FILE N° 17-006987-0007-CO Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.South of the iglesia del Perpetuo Socorro). Document filing: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6
Víctor Granados Jiménez Víctor Granados Jiménez 2 0 2017-06-28T20:31:00Z 2017-06-28T20:31:00Z 3 5194 28570 PJ 238 67 33697 12.00 false 21 false false false ES-CR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 *170069870007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintitres de junio de dos mil diecisiete .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 17-006987-0007-CO, interpuesto por HERNÁN FERNÁNDEZ MONTERO, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.
Resultando:
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
I.De previo. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante gestiones relacionadas con materia ambiental. Atendiendo a este tipo de materia, esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de este tipo de gestiones. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
III.Objeto del recurso. La parte recurrente alega que solicitó la copia de un expediente administrativo en el cual figura como denunciante; no obstante, la institución recurrida solamente le permitió copiar parte de éste. Reclama que la Municipalidad no le informa sobre los trámites y resoluciones que se dictan dentro del procedimiento, ni le notifica al lugar señalado en el expediente, ignorando resolver los escritos y peticiones que presenta. Agrega que el expediente administrativo no cuenta con número único al cual se remitan los escritos que presenta, sino que a cada escrito se le asigna un número distinto, impidiendo llevar un expediente en orden numérico y cronológico, lo que afecta el ejercicio del derecho de defensa. Considera que la Municipalidad de San José ha sido negligente en la tramitación del procedimiento y alega que el retraso afectado su derecho a un procedimiento pronto en sede administrativa.
IV.Sobre el trámite de la denuncia. Al respecto, es preciso indicar que en sentencia número 2007-001972 de las 19:05 horas del 13 de febrero de 2007, esta Sala distinguió entre un denunciante simple (que no ostenta la condición de parte) y un denunciante cualificado (que sí la tiene), en los siguientes términos: "Cuando un administrado presenta una denuncia ante un órgano o ente administrativo para poner en conocimiento de éstos una situación o conducta irregular, a fin de que se inicien, de oficio, las investigaciones o procedimientos administrativos disciplinarios o sancionadores del caso para sentar responsabilidades pertinentes, puede asumir dos posiciones claramente diferenciadas. La primera de simple denunciante, en cuanto los hechos y circunstancias que denuncia no le atañen directamente y no obtiene ningún beneficio como consecuencia de la eventual sanción y la segunda de denunciante cualificado , en cuanto ha experimentado los efectos nocivos de la conducta o situación irregular y puede obtener, aunque sea indirectamente, una situación ventajosa.
El denunciante cualificado es titular de un interés legítimo de modo que, de acuerdo con la más moderna doctrina del Derecho administrativo, debe reputársele, para todo efecto, como parte interesada en el procedimiento administrativo respectivo. Ese denunciante cualificado, al tener la condición de parte interesada, le asisten todos los derechos de tal y, específicamente, los derechos al debido proceso y la defensa, de modo que debe contar con la posibilidad efectiva de presentar alegatos, ofrecer prueba, participar en la producción de ésta y de recurrir cualquier resolución de trámite de efectos propios o final que se dicte. Negarle al denunciante cualificado la condición de parte y, por consiguiente, la posibilidad de ejercer el debido proceso y la defensa vulnera flagrantemente el Derecho de la Constitución".
V.Sobre el caso concreto. En la especie, el recurrente acusa que las autoridades recurridas le han brindado acceso parcial al expediente administrativo, en el que se tramita una denuncia que planteó por supuestas irregularidades cometidas en la construcción de tres edificaciones levantadas de forma ilegal destinadas a taller, sita San Sebastián, que asegura le han causado grandes inconvenientes por contaminación sónica y ambiental, así como la gran aglomeración de vehículos que ocasionan. Agrega que solicitó la copia del expediente administrativo en el cual figura como denunciante; no obstante, la institución recurrida solamente le permitió copiar parte de éste, alegando que no forma parte del procedimiento. Reclama que la Municipalidad no le informa de los trámites y resoluciones que se dictan dentro del procedimiento ni le notifica al lugar señalado en el expediente, ignorando resolver los escritos y peticiones que presenta.
Sostiene que el expediente administrativo no cuenta con número único al cual se remitan los escritos que presenta, sino que a cada escrito se le asigna un número distinto, impidiendo llevar un expediente en orden numérico y cronológico, lo que afecta el ejercicio de su derecho de defensa. Considera que la Municipalidad de San José ha sido negligente en la tramitación del procedimiento, y alega que el retraso afectado su derecho a un procedimiento pronto en sede administrativa. Al respecto, los funcionarios recurridos indican que, efectivamente, el cuatro de octubre del 2013, mediante la solicitud número 341405, el señor Hernán Fernández Montero presentó denuncia por la construcción de tres edificaciones levantadas de forma ilegal destinadas a taller, sita San Sebastián. Señalan que habiéndose detectado una falta, la Municipalidad procedió a girar las notificaciones número 27303, 27304 y 27305 todas de fecha 19 de noviembre de 2013; sin embargo, describen el trámite que se le ha dado a la denuncia, así como los retrasos producidos por las impugnaciones y gestiones de los denunciados.
Asimismo, la Sala constata que el 17 de noviembre de 2016, el recurrente solicitó, por escrito, copia del expediente administrativo de demolición; no obstante, en el Departamento de Autorizaciones y Fiscalizaciones Municipales, únicamente, se le permitió fotocopiar una parte del expediente. Por último, los recurridos señalan que mediante oficio N°SINSP-1460-2017 del 18 de mayo del 2017, remitido al correo electrónico [email protected] , el jefe de la Sección de Inspección Municipal y el abogado del Departamento de Control Urbano; ambos de la Municipalidad de San José, brindaron al recurrente un resumen de las actuaciones efectuadas dentro del expediente en que se tramita su denuncia. No obstante lo señalado anteriormente, el informe rendido por los funcionarios accionados es omiso en hacer referencia a los alegatos del recurrente, en el sentido de señalar por qué se le dio acceso parcial al expediente y también dar una explicación sobre las razones por las que el recurrente no ha sido constituido formalmente como parte del procedimiento administrativo en el que se tramita la denuncia interpuesta octubre del 2013.
Es por ello que, de conformidad con lo señalado en el numeral 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tienen por ciertos los alegatos planteados por el promovente, de este modo, la lesión a sus derecho fundamentales. Esto por cuanto la comunicación del oficio N°SINSP-1460-2017 del 18 de mayo del 2017, remitido al correo electrónico [email protected] , mediante el cual, el jefe de la Sección de Inspección Municipal y el Abogado del Departamento de Control Urbano, ambos de la Municipalidad de San José, le brindaron un resumen de las actuaciones efectuadas dentro del expediente en que se tramita su denuncia no tiene la virtud de subsanar los vicios procedimentales asociados a la omisión de tenerlo como parte del expediente, en el que se tramita la gestión que planteó y sobre la cual tiene un evidente interés legítimo. Sumado a esto, se tiene que se emitieron una serie de resoluciones administrativas -26470, 26471, 26472, 26488, 26489, 26490, 40651, 40652 y 40653-, que fueron recurridas por los propietarios del inmueble denunciado y que, posteriormente, se dejaron sin efecto por medio de resolución administrativa N° SINSP-0533-2017 de 22 de febrero de 2017, sin que el recurrente fuera notificado al respecto.
De igual manera, se constata la alegada violación a los derechos fundamentales del amparado, porque aun cuando tiene la condición de denunciante cualificado –en el tanto asegura que se ve afectado por los hechos denunciados- solamente se le brindó acceso parcial al expediente administrativo, sin que se conozca el motivo; sin embargo, ya esta Sala ha señalado anteriormente, que el denunciante cualificado es titular de un interés legítimo de modo que debe reputársele, para todo efecto, como parte interesada en el procedimiento administrativo respectivo. Al tener la condición de parte interesada, le asisten todos los derechos de tal y, específicamente, los derechos al debido proceso y la defensa, de modo que debe contar con la posibilidad efectiva de presentar alegatos, ofrecer prueba, participar en la producción de ésta y de recurrir cualquier resolución de trámite de efectos propios o final que se dicte.
Adicionalmente, al tener la condición de parte interesada debe comunicársele cualquier acto de trámite o final, según las reglas del debido proceso y la defensa para lo que se le debe integrar a la litis. De este modo, al habérsele negado al recurrente la condición de parte y el acceso al expediente disciplinario, se le negó a su vez la posibilidad de ejercer el debido proceso, en clara vulneración de los numerales 30, 39 y 41, de la Constitución Política. Por último, en cuanto a la alegada mora administrativa, la Sala estima que aun cuando la denuncia planteada por el recurrente ha sido tramitada y diligenciada, emitiéndose varias resoluciones administrativas y actos procesales, así como la interposición de varios recursos que han sido tramitados y resueltos, al haber transcurrido un plazo de tres años y siete meses desde su presentación, sin que a la fecha se haya resuelto en definitiva, también se acredita la lesión al contenido del numeral 41, Constitucional, en sede administrativa.
VI.En mérito de lo expuesto, al considerarse que con los hechos impugnados se han vulnerado los derechos fundamentales del amparado, lo procedente es estimar el recurso con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de esta sentencia.
VII.Nota de la Magistrada Hernández López. Coincido en parte con los razonamientos expuestos por la mayoría para declarar con lugar este recurso de amparo, pero discrepo en esencia de los instrumentos jurídicos empleados para alcanzar la decisión tomada. En particular, considero innecesario el desarrollo y la utilización de la noción de “denunciante calificado” que se describe como aquel denunciante que “puede ser titular de un interés legítimo o de un derecho subjetivo de modo que (…) debe reputársele como parte interesada en el procedimiento administrativo respectivo.” Se trataría entonces simplemente de la noción de “parte” en el sentido propio del término y –por ello mismo- ajeno al concepto de quien simplemente denuncia sin interés jurídico propio. No veo entonces la necesidad de introducir –en general- un tercer término a mitad de camino entre denunciante y parte. Por lo anterior, lo actuado por la autoridad resulta contrario al derecho constitucional y así debe declararse.
VIII.Voto salvado parcial y razones diferentes del Magistrado Hernández Gutiérrez.- El suscrito Magistrado concuerdo con el criterio del pleno de esta Sala de declarar la vulneración del artículo 30 de la Constitución Política, al acreditarse la indebida denegatoria al recurrente para acceder al expediente administrativo completo de la denuncia por él interpuesta. Sin embargo, me separo del criterio de mayoría en cuanto a la orden de reconocer al recurrente como denunciante cualificado, y la fecha de retroacción del procedimiento administrativo, con base en las siguientes consideraciones.
IX- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso por violación a los numerales 30, 39 y 41, de la Constitución Política. En consecuencia, se retrotrae el procedimiento administrativo (proceso de demolición de construcciones), iniciado el 4 de octubre del 2013, mediante la denuncia tramitada bajo número 341405, al momento de la emisión de las notificaciones número 26470, 26471 y 26472, todas de 9 de junio de 2016. Se le ordena a Nathalia Gamboa Granados, en su condición de Jefa del Departamento de Control Urbano de la Municipalidad de San José, o a quien ocupe ese cargo, que emita la órdenes necesarias y tome las medidas pertinentes para que el recurrente sea tenido como parte interesada en dicho procedimiento administrativo, en su condición de denunciante cualificado, lo que implica el acceso irrestricto al expediente administrativo, así como la notificación de todos los actos procesales, que así lo requieran.
Se le advierte al recurrido, o a quien ocupe ese cargo, que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Hernández Gutiérrez salva parcialmente el voto, y brinda razones diferentes. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrida en forma personal.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
*3YLYPT3CQ8861*
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