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Res. 09560-2017 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 23/06/2017
OutcomeResultado
The Chamber denied the action because determining the concession’s effects on the river required evidence, monitoring, and studies suited to administrative and ordinary proceedings, although one justice dissented and would have ordered assessments and precautionary measures.La Sala declaró sin lugar el amparo porque la determinación del impacto de la concesión sobre el río requería prueba, seguimiento y estudios propios de las vías administrativas y ordinarias, aunque un magistrado disintió y habría ordenado pericias y medidas precautorias.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber denied the constitutional action brought against MINAE and SETENA concerning renewal of an irrigation concession to withdraw water from the Acapulco River. The petitioners argued that renewal required an environmental impact study under Executive Decree No. 31849 and that the withdrawal was harming the river. The majority concluded that the dispute required extensive evidence, monitoring, and technical studies regarding the water resource’s condition, the concession’s impacts, and its benefits and disadvantages. Those issues exceeded the summary nature of constitutional-amparo proceedings and could be examined more fully through administrative protection mechanisms and the ordinary courts. Justice Rueda Leal dissented, finding a violation of the precautionary principle because the concession had been extended without first verifying the river’s current conditions. He would have ordered MINAE’s Water Directorate to conduct immediate technical assessments, take measures against any detected environmental threat or harm, and require SETENA to align its rules and directives with the precautionary principle.La Sala Constitucional declaró sin lugar el amparo promovido contra el MINAE y la SETENA por la renovación de una concesión para extraer agua del río Acapulco con fines de riego. Los recurrentes sostenían que la renovación requería un estudio de impacto ambiental conforme al Decreto Ejecutivo n.º 31849 y que el aprovechamiento estaba afectando el río. La mayoría consideró que la controversia exigía abundante prueba, seguimientos y estudios técnicos sobre el estado del recurso hídrico, los impactos de la concesión y sus ventajas y desventajas, materias que excedían el carácter sumario del amparo y podían examinarse de forma más amplia mediante los mecanismos administrativos y la justicia ordinaria. El magistrado Rueda Leal disintió: estimó vulnerado el principio precautorio porque la concesión fue prorrogada sin verificar previamente las condiciones actuales del río, y habría ordenado realizar pericias inmediatas y ajustar las directrices de SETENA a dicho principio.
Key excerptExtracto clave
In this specific case, according to the facts found proven, none of the exceptions mentioned is present, and the situation falls among those cases in which the Administration’s protective mechanisms and the ordinary courts provide a broader and more complete avenue for the matter under discussion. That matter involves consideration of advantages and disadvantages and an assessment of benefits, requiring extensive evidence, monitoring, and studies that exceed the scope of amparo proceedings. Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law should therefore have been applied and the action summarily dismissed; nevertheless, because that did not occur, the constitutional action must now be denied. The action is denied. Justices Jinesta Lobo and Salazar Alvarado give different reasons. Justice Hernández López adds a note. Justice Rueda Leal dissents, would grant the action, and orders MINAE’s Water Directorate immediately to conduct the corresponding assessments to verify the current condition of the river in question and the impacts of this concession; if any threat or harm to the environment is detected, it must adopt the measures necessary to prevent the resulting impact or stop it from continuing, should it be occurring. SETENA is ordered to refrain from repeating the conduct that gave rise to granting the action and to adopt the corresponding measures so that its rules and directives conform to the precautionary principle governing environmental matters.En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados no se presenta ninguna de las excepciones que mencionan y la situación planteada se ubica dentro de aquellos casos en las que la intervención de los medios de protección de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa para el tema discutido, el cual involucra una discusión sobre ventajas y desventajas y valoración de los beneficios, que requiere abundante prueba, seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo. De tal modo, debió aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y rechazar de plano el recurso, no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora declarar sin lugar el amparo interpuesto. Se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado dan razones diferentes. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y declara con lugar el recurso y ordena a la Dirección de Aguas del MINAE ejecutar de inmediato las pericias respectivas, a fin de verificar la condición actual del río en cuestión y los impactos de esta concesión; de detectarse alguna amenaza o daño al ambiente, deberá adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir el impacto causado o evitar que este continúe, de estarse dando. En cuanto a la SETENA, le ordena abstenerse de incurrir en los hechos que motivaron la estimatoria del recurso y adoptar las medidas respectivas, a fin de que su normativa y directrices se ajusten al principio precautorio que rige en materia ambiental.
Pull quotesCitas destacadas
"Es decir, el principio precautorio se aplica cuando existe falta de certeza científica sobre los riesgos y los impactos de una actividad, aunque ya se cuenta con cierta información y la situación se ha evaluado, mas aun así persiste la falta de certeza."
"In other words, the precautionary principle applies when scientific uncertainty remains regarding the risks and impacts of an activity, even though some information is already available and the situation has been assessed."
Voto salvado del Magistrado Rueda Leal
"Es decir, el principio precautorio se aplica cuando existe falta de certeza científica sobre los riesgos y los impactos de una actividad, aunque ya se cuenta con cierta información y la situación se ha evaluado, mas aun así persiste la falta de certeza."
Voto salvado del Magistrado Rueda Leal
"En criterio del suscrito, la actuación de la Dirección de Aguas del MINAE y de SETENA en excluir a dicha concesión de los estudios requeridos, es arbitraria, toda vez que lejos de tutelar el ambiente y proteger la capacidad de los recursos hídricos, ha sido omisa y negligente."
"In the undersigned justice’s view, the decision by MINAE’s Water Directorate and SETENA to exempt that concession from the required studies was arbitrary because, far from safeguarding the environment and protecting water-resource capacity, their conduct was neglectful and negligent."
Voto salvado del Magistrado Rueda Leal
"En criterio del suscrito, la actuación de la Dirección de Aguas del MINAE y de SETENA en excluir a dicha concesión de los estudios requeridos, es arbitraria, toda vez que lejos de tutelar el ambiente y proteger la capacidad de los recursos hídricos, ha sido omisa y negligente."
Voto salvado del Magistrado Rueda Leal
"Subrayo que los impactos al ambiente deben ser valorados de modo previo, máxime que en reiteradas ocasiones esta Sala ha hecho énfasis en que los daños producidos al ambiente, resultan irreparables en muchos casos, por lo que le ha impuesto al Estado la obligación de velar, de manera pronta y oportuna, por el ambiente, conforme a lo tutelado en el artículo 50 constitucional."
"I emphasize that environmental impacts must be assessed beforehand, especially because this Chamber has repeatedly stressed that environmental damage is irreparable in many cases and has therefore imposed on the State the duty to protect the environment promptly and timely, as guaranteed by Article 50 of the Constitution."
Voto salvado del Magistrado Rueda Leal
"Subrayo que los impactos al ambiente deben ser valorados de modo previo, máxime que en reiteradas ocasiones esta Sala ha hecho énfasis en que los daños producidos al ambiente, resultan irreparables en muchos casos, por lo que le ha impuesto al Estado la obligación de velar, de manera pronta y oportuna, por el ambiente, conforme a lo tutelado en el artículo 50 constitucional."
Voto salvado del Magistrado Rueda Leal
Full documentDocumento completo
*160144690007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine forty-five on veintitres de junio de dos mil diecisiete.
Amparo proceeding (recurso de amparo) processed under expediente No. 16-014469-0007-CO, filed by ADOLFO MAURICIO ÁLVAREZ MORA, identity card 0108770217, ALEXANDER MARTÍN ALVARADO MÉNDEZ, identity card 0602420151, ANA ISABEL FERNÁNDEZ ARGUEDAS, identity card 0104081414, ANAÍS LORÍA VALDEZ, identity card 0900650120, CELINA GERARDINA RODRÍGUEZ DELGADO, identity card 0601200702, CRISTINA ANET SOLÍS MORALES, identity card 0602810384, DAVID ROBERTO VILLALOBOS VILLALOBOS, identity card 0206140632, DIONISIO GONZÁLEZ MÉNDEZ, identity card 0601980198, EDGARDO VINICIO ARAYA SIBAJA, identity card 0204830663, ELPIDIO RAMÍREZ MÉNDEZ, identity card 0601800219, FERNANDO DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ ELIZONDO, identity card 0602100911, JOAQUÍN ROQUE DEL CARMEN GUIDO ÁLVAREZ, identity card 0600790290, JORGE ALBERTO GONZÁLEZ VILLALOBOS, identity card 0603520373, JOSÉ ANTONIO MONGE FALLAS, identity card 0106220741, JUAN RAFAEL DE SAN GERARDO SÁNCHEZ ELIZONDO, identity card 0601270664, JUANA EMILCE LORÍA VALDÉZ, identity card 0601610441, KAROL BEATRIZ RAMÍREZ MORALES, identity card 0604330818, KEILYN MARÍA CASTILLO GONZÁLEZ, identity card 0206680323, LUIS ADRIÁN CHAVES RODRÍGUEZ, identity card 0602180414, LUIS ÁNGEL DE LA TRINIDAD RAMÍREZ MÉNDEZ, identity card 0601890273, MARÍA ISABEL BARAHONA BARAHONA, identity card 0401560653, MARIELA SUÁREZ LORÍA, identity card 0603660186, MARITZA DE LOS ÁNGELES SUÁREZ UGALDE, identity card 0602020960, MARITZA ELENA ARIAS ARCE, identity card 0106410749, MARJORIE MORALES RODRÍGUEZ, identity card 0602330855, MARYURIS REYES, other type of identification 404-080693-1000P, MIGUEL CECILIO DEL CARMEN CRUZ ARGUEDAS, identity card 0601080416, RAMÓN DE JESÚS CRUZ MUÑOZ, identity card 0600880320, RAMONA ELENA VILLALOBOS LORÍA, identity card 0601590475, RANDY SÁNCHEZ SUÁREZ, identity card 0603770923, RAÚL DE JESÚS RAMÍREZ MÉNDEZ, identity card 0602350575, SERGIO URIBE HERRERA, identity card 0202620076, STUART ORLANDO SUÁREZ MÉNDEZ, identity card 0207620594, VICENTE CHAVARRÍA ALANIS, identity card 0601150954, against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA and the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.
Findings of Fact:
Justice Hernandez Gutierrez drafts the opinion; and,
Considering:
I.Subject matter of the petition. The petitioners express their disagreement with the respondent authorities’ decision to permit the Sociedad de Usuarios de Aguas de Santa Rosa, which holds the water concession for the río Acapulco, to currently exploit the concession without any type of study, even though Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC requires one, thereby adversely affecting the river. For the reasons stated, they consider that their right to a healthy and ecologically balanced environment has been violated.
II.Proven Facts. The following facts are deemed duly established and material to the decision in this matter, either because they have been proven or because the respondent failed to address them as required by the initial order:
a. The Secretaría Técnica Nacional Ambiental processed administrative expediente No. 428-2000-SETENA for the project known as Riego Santa Rosa, located in Guacimal de Puntarenas (see report submitted by the respondent authority).
b. On 30 de noviembre del 2000, the aforementioned case file entered environmental assessment (see report submitted by the respondent authorities).
c. By resolution No. 1087-2000 SETENA of 14 de diciembre del 2000, the Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa was informed that it had satisfied the requirements for the water concession and that the Environmental Impact Assessment Process (Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental) was deemed completed (see report submitted by the respondent authority).
d. By resolution SG-325-2001-SETENA of 27 de febrero del 2001, the environmental assessment process conducted by the Sociedad was deemed completed; the relevant instrument was a Sworn Declaration of Environmental Commitments (see report submitted by the respondent authority).
e. By resolution No. R-138-2002-AGUAS-MINAE issued at 8:00 on 1 de abril de 2002, it was ordered that the Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa be granted a concession for the use of water, without prejudice to third parties having superior rights, for a term of 10 years (see report and evidence submitted by the respondent authority).
f. When a concession is extinguished upon expiration of its term, a new concession must be requested (see report submitted by the respondent authorities).
g. Concession R-138-2002-MINAE, issued at 8:00 on 1 de abril de 2002, was granted pursuant to Decreto Ejecutivo No. 26228-MINAE, under which concessions of that type require submission of the FEAP (see report submitted by the respondent authority).
h. Concession R-017-2014-AGUAS-MINAE at 9:30 a.m. on 30 de enero de 2014 was adjudicated pursuant to Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, General Regulations on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA), published in La Gaceta No. 125 of 28 de junio de 2004 (see the report submitted by the respondent authority).
i. In cases where the flow rate of a concession is reduced upon renewal, environmental approval (viabilidad ambiental) is not required (see the report submitted by the respondent authority).
j. From noviembre de 2015 to abril 2016, joint measurements were taken, and the data are being processed for purposes of the Water Balance (Balance Hídrico) of the río Acapulco (see the report submitted by the respondent authority).
k. On 7 de junio de 2016, a criminal complaint was filed with the Fiscalía Agrario Ambiental and is being processed under expediente No. 16-000080-989-PE, concerning alleged illegal diversions of water resources (see the response submitted by the respondent authority).
l. On 19 de setiembre de 2016, Edgardo Vinicio Araya Sibaja, a legislator and resident of San Carlos, together with residents of Santa Rosa de Guacimal, Puntarenas, requested that the concession be declared null and void (see the report submitted by the respondent authority).
III.Regarding the specific case. In the matter under consideration (sub examine), the petitioners express their disagreement with the respondent authorities’ allowing the water concession on the río Acapulco, granted to the Sociedad de Usuarios de Aguas de Santa Rosa, to be used at present without any type of study, even though Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC requires such a study, thereby causing harm to the river. For the reasons stated, they believe that their right to a healthy and ecologically balanced environment has been violated. However, according to the case record and the reports submitted under oath by the respondent authorities, it is clear that the petitioners’ allegation is unfounded, because it was established that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental processed administrative expediente No. 428-2000-SETENA for the project known as Riego Santa Rosa, located in Guacimal de Puntarenas.
That proceeding was submitted for environmental assessment (evaluación ambiental) on 30 de noviembre del 2000. Accordingly, through resolution No. 1087-2000 SETENA of 14 de diciembre del 2000, the Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa was informed that it had satisfied the requirements for the water concession and that the Environmental Impact Assessment Process (Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental) was deemed completed. Likewise, through resolution SG-325-2001-SETENA of 27 de febrero del 2001, the Environmental Assessment process conducted by the Sociedad was deemed completed; the applicable instrument was a Sworn Declaration of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales). Thus, through resolution No. R-138-2002-AGUAS-MINAE at 8:00 a.m. on 1 de abril de 2002, it was ordered that the Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa be granted a concession for the use of water (concesión de aprovechamiento de aguas), without prejudice to third parties with superior rights, for a term of 10 years.
The case record shows that when a concession expires upon completion of its term, as occurred in this particular case, a new concession must be requested. Consequently, it was established that, upon expiration of the concession term, the Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa submitted a second application for the new concession. It should be emphasized that different regulations were in effect when each concession began operating. Thus, concession R-138-2002-MINAE at 8:00 a.m. on 1 de abril de 2002 was granted pursuant to Decreto Ejecutivo No. 26228-MINAE, under which concessions of that type require the submission of the FEAP. However, concession R-017-2014-AGUAS-MINAE at 9:30 a.m. on 30 de enero de 2014 was granted pursuant to Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, General Regulations on Environmental Impact Assessment Procedures, published in La Gaceta No. 125 of 28 de junio de 2004, and therefore each required a different procedure.
It is also clear that environmental approval is not required in cases where a concession’s flow rate is reduced upon renewal, as occurred in the case at issue, since the flow rate was reduced from 16.00 liters per second, as granted in the prior resolution, to 14.99 liters per second; in other words, the impact is lower. The authorities’ reports also indicate that joint measurements were taken from noviembre de 2015 to abril 2016 and that the data are being processed for purposes of the Water Balance of the río Acapulco. It therefore cannot be established that the concession has caused any type of environmental problem affecting the river. Moreover, the record shows that the respondent authorities have undertaken the respective monitoring and studies to assess the concession’s proper operation. Additionally, although the record shows that a criminal complaint concerning alleged illegal diversions of water resources is pending before the Fiscalía Agrario Ambiental under expediente No. 16-000080-989-PE, that complaint was in fact filed by the Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa itself after it detected irregular activity in the river unrelated to the activity conducted under the concession.
There is also a pending request, filed on 19 de setiembre de 2016, to have the concession declared null and void. Accordingly, a flow-measurement study (estudio de aforos) was scheduled and is currently being conducted to evaluate that request. The foregoing indicates that what the petitioners have actually presented is their disagreement with the respondent authority’s decision to grant the water concession to the Sociedad de Usuarios de Santa Rosa, since it was established that the requirements imposed by the various authorities for granting the respective concessions were satisfied at all times and that the concessions were consistently approved and endorsed by the Dirección de Aguas and SETENA authorities. Likewise, to date the petitioners have neither submitted nor demonstrated through technical studies that the concession holders committed any irregularity in administering the disputed water concession.
Indeed, as shown by the case record, a request to have the concession declared null and void is currently under review by the respondent authorities. Therefore, if the petitioners believe that the concession is affected by any irregularity, they must raise that claim, should they deem it appropriate, before the competent ordinary-law tribunals, where it will be decided as required by law. Consequently, because the violation alleged by the petitioners has been ruled out, the action must be dismissed, as is hereby ordered.
IV.Separate reasoning of Justices Jinesta Lobo and Salazar Alvarado, authored by the former. Justices Jinesta Lobo and Salazar Alvarado dismiss the action, but for the following reasons:
V.Separate Note by Justice Hernández López concerning the claim alleging violation of Article 50 of the Political Constitution.
1. The historical context that originally prompted the Chamber’s extensive involvement in environmental matters has changed considerably, requiring this body to reconsider the conditions governing its participation in safeguarding the right of persons to a healthy and balanced environment, as protected under Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by an extremely extensive body of statutory and regulatory provisions that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies responsible for ensuring compliance with the Fundamental Charter—is radically different from the former situation, in which the absence of regulations and of state bodies with appropriate authority compelled the Chamber to assume a leading, virtually exclusive role in defending the aforementioned constitutional right.
2. Today, we face a “dense web” of environmental regulations—as Justice Jinesta Lobo accurately described it in his dissenting opinion on this subject—which has produced two significant phenomena. The first and most obvious is the emergence of comprehensive legal regulation of activities whose impact on the environment had previously been subject to little or no regulation, as well as the creation of state bodies with powers to monitor and control the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this increasing legal regulation—predominantly statutory and regulatory—inevitably brings both administrative justice and the ordinary jurisdiction into play, primarily the administrative litigation jurisdiction, but also the criminal jurisdiction. In keeping with the importance of environmental law, these jurisdictions have been provided with broadly framed procedural avenues and inclusive rules of standing (legitimación), so that individuals subject to the administration may enforce the provisions of this extensive body of law relating to environmental matters.
3. In that context, it is neither legally nor functionally appropriate for the Constitutional Chamber to displace—or, worse still, replace—the ordinary judicial bodies in carrying out their own constitutionally mandated task of ensuring effective compliance with statutes and regulations. It is legally improper because, in the vast majority of these cases, the Chamber is being asked to interpret and enforce statutory and regulatory provisions, thereby risking an overlap between its jurisdiction and that of other judicial bodies that were specifically created to perform those tasks. It is also functionally unsound because the design of its proceedings is ill-suited to the complexity present in numerous environmental disputes, which consist of sequences of technically and legally complex facts and acts. There are well-known examples involving both issues in which the Chamber has issued a partial or technically incomplete decision, or in which unnecessary friction and harm to legal certainty have arisen.
4. Among the technical considerations I have assessed, I would add that this jurisdiction has no judgment-enforcement judges (jueces ejecutores de sentencia) capable of providing appropriate follow-up for its generally complex judgments, which sometimes require monitoring remedial plans, among other measures, with interinstitutional coordination and follow-up lasting months or even years.
5. From that perspective, this Tribunal’s decision to step aside in environmental matters should not be viewed as an abandonment of environmental matters but, on the contrary, as ensuring their proper protection in the forum best suited to the nature of their complexity and diversity. Nor should it be viewed as this forum’s relinquishment of its duty to protect the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which, in my view, remains reserved in this area for specific cases. Rather, it is an exercise in reallocating the burdens and duties incumbent upon the various State bodies, so that each of them may fully perform its work within the sphere assigned to it, as well as an exercise in determining its own jurisdiction, as established in Article 7 of its Organic Law.
6. It is clear that the Chamber (Sala) does not intend to leave the task of protecting individuals’ rights in environmental matters to other jurisdictions. It is well known that, although any claim concerning a violation of statutory and regulatory provisions may ultimately be brought within the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. The aim, then, is for the Chamber to become one of several leading actors, so that—collectively, and each within its own sphere—the full range of situations involved in protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment may be addressed within a society in which other equally pressing needs also exist. With this position, I firmly believe that citizens do not lose the slightest degree of protection, while substantial gains are made in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, the latter being a principle that must necessarily be considered because it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system such as ours.- 7.
Consistent with the foregoing, I maintain that this Chamber should refrain from hearing claims submitted to it for alleged violations of Article 50 of the Political Constitution, leaving their adjudication to administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contenciosa administrativa). The foregoing is stated as a general rule, without prejudice to recognizing the existence of individual cases or categories of cases that, in my judgment, would still be better protected by this Chamber and should therefore be heard and decided by it.- Among such categories of cases, and without this enumeration being deemed a closed and definitive list, I may indicate that the Chamber should retain jurisdiction over situations such as claims involving environmental violations that also directly endanger human health or access to or the quality of water; and cases of gross and direct violations of the environment in which a manifest absence of protection by State authorities is established, provided also that the nature of the claim permits it to be addressed through the remedy of amparo (amparo) as a summary and special procedural mechanism, since I believe that amparo proceedings should not be converted into ordinary proceedings to address, even in the cases cited, matters that exceed their capacity to deal with them adequately.
8. In this particular case, according to the facts deemed proven, none of the exceptions mentioned is present, and the situation raised falls within those cases in which recourse to the protective mechanisms of the Administration and the ordinary courts constitutes a broader and more comprehensive avenue for addressing the matter at issue, which involves a discussion of advantages and disadvantages and an assessment of benefits requiring extensive evidence, monitoring, and studies that exceed the scope of amparo. Accordingly, Article 9 of the Law on Constitutional Jurisdiction should have been applied and the petition summarily dismissed; nevertheless, since that did not occur, the amparo petition filed must now be denied.
VI.Justice Rueda Leal dissents, grants the petition, and orders the Dirección de Aguas of MINAE to immediately conduct the relevant expert examinations in order to verify the current condition of the river in question and the impacts of this concession; if any threat or harm to the environment is detected, it must adopt the measures necessary to prevent the impact caused or to keep it from continuing, if it is occurring. As for SETENA, he orders it to refrain from engaging in the conduct that gave rise to the granting of the petition and to adopt the relevant measures so that its regulations and guidelines conform to the precautionary principle (principio precautorio) governing environmental matters. The record established that, when the Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa applied for the water concession for irrigation in 2000, SETENA granted it environmental approval (viabilidad ambiental) on February 27, 2001, after it submitted a Sworn Declaration of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales), while the Dirección de Aguas of MINAE granted it a 10-year concession through Resolution No. R-138-2002-AGUAS-MINAE at 8:00 a.m. on April 1, 2002.
When the concession expired and an extension was requested 10 years later, the respondent authorities did not require environmental approval, based on the fact that the concession’s authorized flow rate (caudal) was not being increased, as provided in Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, General Regulations on Environmental Impact Assessment Procedures (EIA) (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)), published in La Gaceta No. 125 of June 28, 2004. Although this conduct cannot be attributed to the Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa because, as stated, it was provided for in the regulations then in force—2014—it is no less true that this omission violated the precautionary principle in environmental matters. Indeed, Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development states that “[i]n order to protect the environment, States shall widely apply the precautionary approach according to their capabilities.
Where there is a threat of serious or irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” In other words, the precautionary principle applies when there is a lack of scientific certainty regarding the risks and impacts of an activity, even though some information is already available and the situation has been assessed, yet uncertainty nevertheless persists. In the case under review (sub examine), the initial concession was originally granted subject to certain conditions of the river in question (including the river’s flow rate at that time), which may have changed 10 years later (for example, as a result of El Niño). However, without even verifying whether any such situation existed, the respondents endorsed the extension of a water extraction concession for 10 additional years, assuming, without any technical study and without considering the river’s current flow rate, that merely reducing the flow rate to be extracted (from 16 to 14.99 liters per second) would, in itself, represent a lesser impact.
As noted in the report of the Dirección de Aguas of MINAE, joint measurements were conducted from November 2015 through April 2016; however, it states that the data were being processed for purposes of preparing a water balance (balance hídrico) for the río Acapulco. Yet this action not only occurred after the concession extension had been approved through Resolution R-017-2014-AGUAS-MINAE at 9:30 a.m. on January 30, 2014, but, moreover, the data were still being processed when the report was submitted in 2016. Furthermore, according to the Director of the Dirección de Aguas of MINAE, on September 16, 2016, Deputy Edgardo Araya and the residents of Santa Rosa de Guacimal requested that the concession be declared null and void, and it was in response to that request that the study of the referenced streamflow measurements (aforos) was scheduled. In the undersigned’s view, the conduct of the Dirección de Aguas of MINAE and SETENA in exempting this concession from the required studies was arbitrary because, far from safeguarding the environment and protecting the capacity of water resources, they acted with omission and negligence.
It is unacceptable that the respondents proceeded only afterward, rather than before authorizing the concession extension, to verify whether their actions complied with the law governing environmental protection. I emphasize that environmental impacts must be assessed beforehand, particularly because this Chamber has repeatedly stressed that environmental harm is irreparable in many cases and has therefore imposed upon the State the obligation to safeguard the environment promptly and in a timely manner, in accordance with the protections afforded by Article 50 of the Constitution. In view of the foregoing, I grant the petition and order the Dirección de Aguas of MINAE to immediately conduct the relevant expert examinations in order to verify the current condition of the river in question and the impacts of this concession; if any threat or harm to the environment is detected, it must adopt the measures necessary to prevent the impact caused or to keep it from continuing, if it is occurring.
As for SETENA, I order it to refrain from engaging in the conduct that gave rise to the granting of the petition and to adopt the relevant measures so that its regulations and guidelines conform to the precautionary principle governing environmental matters.
VII.Documentation submitted to the case file. The parties are hereby advised that, if they submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced using new technologies, these must be collected from the court office within a maximum period of 30 business days from notice of this judgment. Otherwise, all material not collected within that period shall be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at Session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at Session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The petition is denied. Justices Jinesta Lobo and Salazar Alvarado state different grounds. Justice Hernández López adds a note. Justice Rueda Leal dissents, grants the petition, and orders the Dirección de Aguas of MINAE to immediately conduct the relevant expert examinations in order to verify the current condition of the river in question and the impacts of this concession; if any threat or harm to the environment is detected, it must adopt the measures necessary to prevent the impact caused or to keep it from continuing, if it is occurring. As for SETENA, he orders it to refrain from engaging in the conduct that gave rise to the granting of the petition and to adopt the relevant measures so that its regulations and guidelines conform to the precautionary principle governing environmental matters.
Ernesto Jinesta L.
President Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
*YNNAXGFQZFE61* CASE FILE N° 16-014469-0007-CO Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. south of the Perpetuo Socorro church). Filing of documents: Corte Suprema de Justicia Building, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6
*160144690007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintitres de junio de dos mil diecisiete .
Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 16-014469-0007-CO, interpuesto por ADOLFO MAURICIO ÁLVAREZ MORA, cédula de identidad 0108770217, ALEXANDER MARTÍN ALVARADO MÉNDEZ, cédula de identidad 0602420151, ANA ISABEL FERNÁNDEZ ARGUEDAS, cédula de identidad 0104081414, ANAÍS LORÍA VALDEZ, cédula de identidad 0900650120, CELINA GERARDINA RODRÍGUEZ DELGADO, cédula de identidad 0601200702, CRISTINA ANET SOLÍS MORALES, cédula de identidad 0602810384, DAVID ROBERTO VILLALOBOS VILLALOBOS, cédula de identidad 0206140632, DIONISIO GONZÁLEZ MÉNDEZ, cédula de identidad 0601980198, EDGARDO VINICIO ARAYA SIBAJA, cédula de identidad 0204830663, ELPIDIO RAMÍREZ MÉNDEZ, cédula de identidad 0601800219, FERNANDO DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ ELIZONDO, cédula de identidad 0602100911, JOAQUÍN ROQUE DEL CARMEN GUIDO ÁLVAREZ, cédula de identidad 0600790290, JORGE ALBERTO GONZÁLEZ VILLALOBOS, cédula de identidad 0603520373, JOSÉ ANTONIO MONGE FALLAS, cédula de identidad 0106220741, JUAN RAFAEL DE SAN GERARDO SÁNCHEZ ELIZONDO, cédula de identidad 0601270664, JUANA EMILCE LORÍA VALDÉZ, cédula de identidad 0601610441, KAROL BEATRIZ RAMÍREZ MORALES, cédula de identidad 0604330818, KEILYN MARÍA CASTILLO GONZÁLEZ, cédula de identidad 0206680323, LUIS ADRIÁN CHAVES RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0602180414, LUIS ÁNGEL DE LA TRINIDAD RAMÍREZ MÉNDEZ, cédula de identidad 0601890273, MARÍA ISABEL BARAHONA BARAHONA, cédula de identidad 0401560653, MARIELA SUÁREZ LORÍA, cédula de identidad 0603660186, MARITZA DE LOS ÁNGELES SUÁREZ UGALDE, cédula de identidad 0602020960, MARITZA ELENA ARIAS ARCE, cédula de identidad 0106410749, MARJORIE MORALES RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0602330855, MARYURIS REYES, otro tipo de identificación 404-080693-1000P, MIGUEL CECILIO DEL CARMEN CRUZ ARGUEDAS, cédula de identidad 0601080416, RAMÓN DE JESÚS CRUZ MUÑOZ, cédula de identidad 0600880320, RAMONA ELENA VILLALOBOS LORÍA, cédula de identidad 0601590475, RANDY SÁNCHEZ SUÁREZ, cédula de identidad 0603770923, RAÚL DE JESÚS RAMÍREZ MÉNDEZ, cédula de identidad 0602350575, SERGIO URIBE HERRERA, cédula de identidad 0202620076, STUART ORLANDO SUÁREZ MÉNDEZ, cédula de identidad 0207620594, VICENTE CHAVARRÍA ALANIS, cédula de identidad 0601150954, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA y la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.
Resultando:
Redacta el Magistrado Hernandez Gutierrez; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. Los recurrentes, manifiestan su disconformidad con que las autoridades recurridas permitan que la concesión de aguas sobre el río Acapulco, otorgada a la Sociedad de Usuarios de Aguas de Santa Rosa, en la actualidad, realice el aprovechamiento de la concesión sin ningún tipo de estudio, a pesar que el Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, así lo exige, por lo que el río está siendo afectado. Por las razones expuestas, estiman lesionado en su perjuicio el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
II.Hechos Probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
a. En la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se tramitó el expediente administrativo No. 428-2000-SETENA, para el proyecto denominado Riego Santa Rosa, ubicado en Guacimal de Puntarenas (ver informe rendido por la autoridad recurrida).
b. El 30 de noviembre del 2000, el expediente referido ingresó a evaluación ambiental (ver informe rendido por las autoridades recurridas).
c. Mediante resolución No. 1087-2000 SETENA del 14 de diciembre del 2000, se informó a la Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa que cumplían con los requisitos requeridos para la concesión de agua y que se tenía por cumplido el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (ver informe rendido por la autoridad recurrida).
d. Por resolución SG-325-2001-SETENA del 27 de febrero del 2001, se dio cumplido el proceso de Evaluación Ambiental realizado por la Sociedad, cuyo instrumento pertinente fue una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (ver informe rendido por la autoridad recurrida).
e. Por medio de la resolución No. R-138-2002-AGUAS-MINAE de las 8:00 horas del 1 de abril de 2002, se dispuso otorgar concesión de aprovechamiento de aguas sin perjuicio a terceros de mejor derecho, por un plazo de 10 años de la Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida).
f. Al extinguirse una concesión por expiración del plazo, se debe solicitar una nueva concesión (ver informe rendido por las autoridades recurridas).
g. La concesión R-138-2002-MINAE de las 8:00 horas del 1 de abril de 2002, se otorgó con base en el Decreto Ejecutivo No. 26228-MINAE, de conformidad con el cual ese tipo de concesiones requieren la presentación del FEAP (ver informe rendido por la autoridad recurrida).
h. La concesión R-017-2014-AGUAS-MINAE de las 9:30 horas del 30 de enero de 2014 se resuelve conforme al Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), publicado en La Gaceta No. 125 de 28 de junio de 2004 (ver informe rendido por la autoridad recurrida).
i. En los casos en los cuales se disminuye el caudal de una concesión al renovarla no se requiere una viabilidad ambiental (ver informe rendido por la autoridad recurrida).
j. Desde noviembre de 2015 a abril 2016, se realizaron las mediciones conjuntas y se están procesando los datos para efectos de Balance Hídrico del río Acapulco (ver informe rendido por la autoridad recurrida).
k. El 7 de junio de 2016, se presentó una denuncia penal, ante la Fiscalía Agrario Ambiental, la cual se tramita en el expediente No. 16-000080-989-PE, por presuntas tomas ilegales del recurso hídrico (ver contestación rendida por la autoridad recurrida).
l. El 19 de setiembre de 2016, se solicitó la nulidad de la concesión, por parte del señor Edgardo Vinicio Araya Sibaja, diputado y vecino de San Carlos, en conjunto con vecinos de Santa Rosa de Guacimal, Puntarenas (ver informe rendido por la autoridad recurrida).
III.Sobre el caso concreto. En el sub examine, los recurrentes, manifiestan su disconformidad con que las autoridades recurridas permitan que la concesión de aguas sobre el río Acapulco, otorgada a la Sociedad de Usuarios de Aguas de Santa Rosa, en la actualidad, realice el aprovechamiento de la concesión sin ningún tipo de estudio, a pesar que el Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, así lo exige, por lo que el río está siendo afectado. Por las razones expuestas, estiman lesionado en su perjuicio el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, según consta en autos y en los informes rendidos bajo juramento por parte de las autoridades recurridas, queda claro que no llevan razón los recurrentes en su alegato, esto debido a que pudo comprobarse que, en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se tramitó el Riego Santa Rosa, ubicado en Guacimal de Puntarenas.
Dicho expediente ingresó a evaluación ambiental el 30 de noviembre del 2000. Por ello, mediante resolución No. 1087-2000 SETENA del 14 de diciembre del 2000, se informó a la Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa que cumplían con los requisitos requeridos para la concesión de agua y que se tenía por cumplido el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Igualmente, por resolución SG-325-2001-SETENA del 27 de febrero del 2001, se dio cumplido el proceso de Evaluación Ambiental realizado por la Sociedad, cuyo instrumento pertinente fue una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales. De esta forma, por medio de la resolución No. R-138-2002-AGUAS-MINAE de las 8:00 horas del 1 de abril de 2002, se dispuso otorgar concesión de aprovechamiento de aguas sin perjuicio a terceros de mejor derecho, por un plazo de 10 años de la Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa. Consta en autos, que en el momento en que se extingue una concesión por cumplimiento del plazo, tal y como sucedió en el caso particular que nos ocupa, debe solicitarse una nueva concesión.
En consecuencia, pudo acreditarse que al vencimiento del plazo de la concesión, la Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa realizó una segunda solicitud para la nueva concesión. Debe resaltarse que, para el momento en que empezaron a funcionar cada una de las concesiones existía diferente normativa para el efecto. Es así como, la concesión R-138-2002-MINAE de las 8:00 horas del 1 de abril de 2002, se otorgó con base en el Decreto Ejecutivo No. 26228-MINAE, de conformidad con el cual ese tipo de concesiones requieren la presentación del FEAP. Sin embargo, en el caso de la concesión R-017-2014-AGUAS-MINAE de las 9:30 horas del 30 de enero de 2014, se otorgó conforme al Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), publicado en La Gaceta No. 125 de 28 de junio de 2004, razón por la cual cada una requirió un trámite diferente.
Ahora bien, queda claro que en los casos en los cuales se disminuye el caudal de una concesión al renovarla no se requiere una viabilidad ambiental, lo cual sucedió en el caso en cuestión, ya que se pasó de un caudal de 16.00 litros por segundo otorgados en la resolución anterior, a un caudal de 14.99 litros por segundo, es decir, el impacto es menor. Se desprende también de los informes rendidos por las autoridades que desde noviembre de 2015 a abril 2016, se realizaron las mediciones conjuntas y se están procesando los datos para efectos de Balance Hídrico del río Acapulco, por lo cual no puede comprobarse que en virtud de la concesión exista algún tipo de problema ambiental que esté afectando al río, además, consta que las autoridades recurridas se han encargado de realizar los monitoreos y estudios respectivos para valorar el buen funcionamiento de la concesión. Adicionalmente, si bien consta que existe una denuncia penal ante la Fiscalía Agrario Ambiental, la cual se tramita en el expediente No. 16-000080-989-PE, por presuntas tomas ilegales del recurso hídrico, lo cierto es que dicha denuncia fue presentada por la misma Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa, al notar una actividad irregular en el río, ajena a la realizada en virtud de la concesión.
Asimismo, existe actualmente una solicitud de nulidad de la concesión presentada el 19 de setiembre de 2016, por lo que se programó un estudio de aforos que se está realizando actualmente con el fin de valorar la solicitud dicha. De lo anterior, se desprende que realmente lo presentado por los recurrentes es una disconformidad con lo resuelto por la autoridad recurrida en cuanto al otorgamiento de la concesión de agua a la Sociedad de Usuarios de Santa Rosa, ya que, ciertamente, pudo comprobarse que en todo momento se cumplió con los requerimientos solicitados por las diversas autoridades para que se les brindaran las respectivas concesiones y en todo momento han sido aprobadas y avaladas por las autoridades de la Dirección de Aguas y el SETENA. Asimismo, a la fecha los recurrentes no han podido aportar ni demostrar con estudios técnicos que exista alguna irregularidad por parte de los concesionarios en cuanto a la administración de la concesión de aguas cuestionada.
Ciertamente, tal y como consta en autos, existe actualmente una solicitud de nulidad de la concesión que se encuentra en estudio por parte de las autoridades accionadas, razón por la cual, si los recurrentes consideran que existe alguna irregularidad en la concesión dicha, así deberán alegarlo, si a bien lo tienen, ante las instancias de legalidad ordinarias competentes, en donde se resolverá como en derecho corresponde. En consecuencia, al descartarse la lesión alegada por los recurrentes, el recurso debe declararse sin lugar, como en efecto se dispone.
IV.Razones diferentes de los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado, con redacción del primero . Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado declaran sin lugar el recurso, pero, por lo siguiente:
V.Nota separada de la Magistrada Hernández López respecto del reclamo por infracción del artículo 50 de la Constitución Política.
1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista , casi único , en la defensa del precitado derecho constitucional.
2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental –tal y como acertadamente lo ha descrito el Magistrado Jinesta Lobo en su voto salvado sobre este tema- lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.
3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente , ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace , o -peor aún- sustituya , a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.
4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.
5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado , así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.
6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7.
En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas , o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.
8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados no se presenta ninguna de las excepciones que mencionan y la situación planteada se ubica dentro de aquellos casos en las que la intervención de los medios de protección de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa para el tema discutido, el cual involucra una discusión sobre ventajas y desventajas y valoración de los beneficios, que requiere abundante prueba, seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo. De tal modo, debió aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y rechazar de plano el recurso, no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora declarar sin lugar el amparo interpuesto.
VI.El Magistrado Rueda Leal salva el voto y declara con lugar el recurso y ordena a la Dirección de Aguas del MINAE ejecutar de inmediato las pericias respectivas, a fin de verificar la condición actual del río en cuestión y los impactos de esta concesión; de detectarse alguna amenaza o daño al ambiente, deberá adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir el impacto causado o evitar que este continúe, de estarse dando. En cuanto a la SETENA, le ordena abstenerse de incurrir en los hechos que motivaron la estimatoria del recurso y adoptar las medidas respectivas, a fin de que su normativa y directrices se ajusten al principio precautorio que rige en materia ambiental. De los autos quedó acreditado que al momento en que la Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa gestionó la concesión de agua para riego en el año 2000, SETENA le dio la viabilidad ambiental el 27 de febrero de 2001, luego de presentar una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, mientras que la Dirección de Aguas del MINAE le otorgó una concesión por 10 años mediante resolución No. R-138-2002-AGUAS-MINAE de las 8:00 horas del 1 de abril de 2002.
Ahora, que la concesión venció y se gestionó su prórroga, 10 años después, las autoridades recurridas no le requirieron la viabilidad ambiental, partiendo del hecho de que no se aumentaba el caudal de la concesión, pues así estaba dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), publicado en La Gaceta No. 125 de 28 de junio de 2004. Si bien tal actuación no resulta imputable a la Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa, pues, según se afirmó, así estaba dispuesto en la normativa vigente en aquel momento -2014-; no menos cierto es que tal omisión lesionó el principio precautorio en materia ambiental. En efecto, el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, señala que“[c]on el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades.
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” Es decir, el principio precautorio se aplica cuando existe falta de certeza científica sobre los riesgos y los impactos de una actividad, aunque ya se cuenta con cierta información y la situación se ha evaluado, mas aun así persiste la falta de certeza. En el sub examine, la concesión inicial se brindó originalmente sujeta a determinadas condiciones del río en cuestión (entre ellas el caudal del río en sí en aquel momento), las cuales pudieron haber cambiado 10 años después (verbigracias, merced al Fenómeno del Niño). Sin embargo, sin entrar siquiera a verificar alguna situación de este tipo, las recurridas avalaron la prórroga de una concesión de extracción de agua por 10 años más, asumiendo, sin ningún estudio técnico y sin considerar el caudal actual del río, que la mera reducción del caudal a extraer (pasó de 16 a 14.99 litros por segundo), por sí sola, representa un impacto menor.
Según se advirtió en el informe de la Dirección de Aguas del MINAE, desde noviembre de 2015 a abril 2016 se realizaron las mediciones conjuntas; sin embargo, refieren que se están procesando los datos para efectos de un balance hídrico del río Acapulco. Ahora; no solo tal actuación es posterior a la prórroga de la concesión aprobada mediante resolución R-017-2014-AGUAS-MINAE de las 9:30 horas del 30 de enero de 2014, sino que, además, a la fecha de rendir el informe en el año 2016 aún se estaban procesando los datos. Por otro lado, según indicó el Director de Aguas del MINAE, el 16 de setiembre de 2016, el diputado Edgardo Araya y los vecinos de Santa Rosa de Guacimal solicitaron la nulidad de dicha concesión, y fue en atención a ello que se programó el estudio de los aforos referidos. En criterio del suscrito, la actuación de la Dirección de Aguas del MINAE y de SETENA en excluir a dicha concesión de los estudios requeridos, es arbitraria, toda vez que lejos de tutelar el ambiente y proteger la capacidad de los recursos hídricos, ha sido omisa y negligente.
Es inaceptable que haya sido posteriormente, y no con anterioridad a la autorización de prórroga de la concesión, que las recurridas procedieron a verificar si lo actuado estaba ajustado o no a derecho en protección al ambiente. Subrayo que los impactos al ambiente deben ser valorados de modo previo, máxime que en reiteradas ocasiones esta Sala ha hecho énfasis en que los daños producidos al ambiente, resultan irreparables en muchos casos, por lo que le ha impuesto al Estado la obligación de velar, de manera pronta y oportuna, por el ambiente, conforme a lo tutelado en el artículo 50 constitucional. En consideración a lo expuesto, declaro con lugar el recurso y ordeno a la Dirección de Aguas del MINAE ejecutar de inmediato las pericias respectivas, a fin de verificar la condición actual del río en cuestión y los impactos de esta concesión de detectarse alguna amenaza o daño al ambiente, deberá adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir el impacto causado o evitar que este continúe, de estarse dando.
En cuanto a la SETENA, le ordeno abstenerse de incurrir en los hechos que motivaron la estimatoria del recurso y adoptar las medidas respectivas, a fin de que su normativa y directrices se ajusten al principio precautorio que rige en materia ambiental.
VII.Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado dan razones diferentes. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y declara con lugar el recurso y ordena a la Dirección de Aguas del MINAE ejecutar de inmediato las pericias respectivas, a fin de verificar la condición actual del río en cuestión y los impactos de esta concesión; de detectarse alguna amenaza o daño al ambiente, deberá adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir el impacto causado o evitar que este continúe, de estarse dando. En cuanto a la SETENA, le ordena abstenerse de incurrir en los hechos que motivaron la estimatoria del recurso y adoptar las medidas respectivas, a fin de que su normativa y directrices se ajusten al principio precautorio que rige en materia ambiental.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
*YNNAXGFQZFE61* 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de documentos: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
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