Res. 08855-2017 Sala Constitucional — Unconstitutionality action against Decree 40059 rejected outright because not yet in force

OutcomeResultado

Outright rejectionRechazo de plano

The Constitutional Chamber rejected outright the unconstitutionality action because it was filed against a decree that had not yet entered into force at the time, without ruling on the merits of the alleged environmental violations.La Sala Constitucional rechazó de plano la acción de inconstitucionalidad por dirigirse contra un decreto que aún no había entrado en vigencia al momento de su interposición, sin pronunciarse sobre el fondo de las alegadas violaciones ambientales.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) rejected outright an unconstitutionality action filed by the Federation for the Conservation of the Environment (FECON), the Biodiversity Coordination Network, and several citizens against Executive Decree No. 40059-MAG-MINAE-S, which establishes the technical regulation for registration, use, and control of synthetic pesticides and related substances. The plaintiffs argued the decree violated the principle of non-regression in environmental matters and Article 50 of the Constitution by eliminating prior technical-scientific evaluations, accepting foreign registrations without verification, limiting public participation, and allowing untranslated English-language information. The Chamber found that the challenged norm had not yet entered into force at the time of filing; it was published on January 12, 2017, with a six-month vacatio legis, becoming effective on July 13, 2017. Following precedent, the majority held it improper to rule on a norm not yet producing legal effects. Justices Cruz Castro and Hernández López dissented, arguing that the decree was already published and that environmental matters require early precautionary intervention to prevent irreversible harm, thus the action should have been admitted for a merits review.La Sala Constitucional rechazó de plano una acción de inconstitucionalidad presentada por la Federación para la Conservación del Ambiente (FECON), la Red de Coordinación en Biodiversidad y varios ciudadanos contra el Decreto Ejecutivo No. 40059-MAG-MINAE-S, que establece el reglamento técnico para el registro, uso y control de plaguicidas sintéticos y afines. Los accionantes argumentaban que el decreto violaba el principio de no regresión ambiental y el artículo 50 constitucional al eliminar evaluaciones técnico-científicas previas, aceptar registros extranjeros sin verificación y limitar la participación ciudadana, además de admitir información en inglés sin traducción completa. La Sala determinó que la norma impugnada aún no había entrado en vigencia al momento de la interposición de la acción, ya que su publicación en La Gaceta ocurrió el 12 de enero de 2017 y su vigencia iniciaba seis meses después, el 13 de julio de 2017. Basándose en precedentes, la mayoría consideró improcedente pronunciarse sobre una norma sin efectos jurídicos. Los magistrados Cruz Castro y Hernández López salvaron el voto, argumentando que el decreto ya estaba publicado y que en materia ambiental procede una intervención cautelar temprana para evitar daños irreversibles, por lo que debía admitirse la acción para un análisis de fondo.

Key excerptExtracto clave

The plaintiffs seek that this Chamber rule on the constitutionality of a norm that still produces no legal effects, nor has been applied. By virtue of the foregoing, as in the above-cited decisions, the appropriate course is the outright rejection of the action. However, in principle it makes sense to note that unconstitutionality actions must challenge norms that are in force or at least producing harmful legal effects for the interested party; but it is no less true that in this particular case, both the specific situation of the decree and the fact that a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment under Article 50 of the Constitution is claimed mean that the solution cannot be found in that first-cited rule. Indeed, first, the decree was already published, is in force, and only awaits the expiration of the period established therein (six months) to produce effects. That is, it is a fact (its full effectiveness) that normally proves irreversible, and in that sense there is no doubt that the claimed effects will materialize in the regulatory reality.Los accionantes pretenden que esta Sala se pronuncie sobre la constitucionalidad de una norma que, todavía, no surte efectos jurídicos, ni ha sido aplicada. En virtud de lo anterior, al igual que en las mencionadas sentencias, lo procedente es el rechazo de plano de la acción. No obstante, en principio tiene sentido señalar que las acciones de inconstitucionalidad deben atacar normas que estén vigentes o al menos rindiendo efectos jurídicos nocivos para el interesado; pero no es menos cierto que en este caso concreto tanto la situación particular del decreto, como el hecho de se reclama una lesión al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado recogido en el artículo 50 Constitucional hacen que la solución no pueda hallarse en aquella regla primeramente citada. Efectivamente, en primer lugar el decreto yá fue publicado, está vigente y solo espera el cumplimiento del plazo en él establecido (seis meses) para producir efectos. Es decir, se trata de un hecho (su eficacia plena) que normalmente resulta ser irreversible y en tal sentido, no cabe duda alguna de que los efectos que se reclaman van a concretarse en la realidad normativa.

Pull quotesCitas destacadas

"Los accionantes pretenden que esta Sala se pronuncie sobre la constitucionalidad de una norma que, todavía, no surte efectos jurídicos, ni ha sido aplicada."

"The plaintiffs seek that this Chamber rule on the constitutionality of a norm that still produces no legal effects, nor has been applied."

Considerando I

"Los accionantes pretenden que esta Sala se pronuncie sobre la constitucionalidad de una norma que, todavía, no surte efectos jurídicos, ni ha sido aplicada."

Considerando I

"En principio tiene sentido señalar que las acciones de inconstitucionalidad deben atacar normas que estén vigentes o al menos rindiendo efectos jurídicos nocivos para el interesado; pero no es menos cierto que en este caso concreto tanto la situación particular del decreto, como el hecho de se reclama una lesión al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado recogido en el artículo 50 Constitucional hacen que la solución no pueda hallarse en aquella regla primeramente citada."

"In principle it makes sense to note that unconstitutionality actions must challenge norms that are in force or at least producing harmful legal effects for the interested party; but it is no less true that in this particular case, both the specific situation of the decree and the fact that a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment under Article 50 of the Constitution is claimed mean that the solution cannot be found in that first-cited rule."

Voto salvado de los Magistrados Cruz Castro y Hernández López

"En principio tiene sentido señalar que las acciones de inconstitucionalidad deben atacar normas que estén vigentes o al menos rindiendo efectos jurídicos nocivos para el interesado; pero no es menos cierto que en este caso concreto tanto la situación particular del decreto, como el hecho de se reclama una lesión al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado recogido en el artículo 50 Constitucional hacen que la solución no pueda hallarse en aquella regla primeramente citada."

Voto salvado de los Magistrados Cruz Castro y Hernández López

"Se trata de un hecho (su eficacia plena) que normalmente resulta ser irreversible y en tal sentido, no cabe duda alguna de que los efectos que se reclaman van a concretarse en la realidad normativa."

"It is a fact (its full effectiveness) that normally proves irreversible, and in that sense there is no doubt that the claimed effects will materialize in the regulatory reality."

Voto salvado de los Magistrados Cruz Castro y Hernández López

"Se trata de un hecho (su eficacia plena) que normalmente resulta ser irreversible y en tal sentido, no cabe duda alguna de que los efectos que se reclaman van a concretarse en la realidad normativa."

Voto salvado de los Magistrados Cruz Castro y Hernández López

Full documentDocumento completo

Constitutional Chamber Date of Resolution: 14th of June, 2017 at 09:15 Type of matter: Acción de inconstitucionalidad *170074160007CO* CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the fourteenth of June, two thousand seventeen.

Acción de inconstitucionalidad filed by EDGARDO VINICIO ARAYA SIBAJA, identity card No. 02-0483-0663, SOFÍA BARQUERO MATA, identity card No. 03-0442-508, FABIÁN PACHECO RODRÍGUEZ, identity card No. 01-1017-0021, EVA CARAZO VARGAS, identity card No. 0l-0893-0621, MAURICIO ÁLVAREZ MORA, identity card No. 01-0877-0217, in his capacity as legal representative of the Federación para la Conservación del Ambiente (FECON), and HENRY PICADO CERDAS, identity card No. 03-0403-0272, in his capacity as legal representative of the Red de Coordinación en Biodiversidad; against Executive Decree No. 40059-MAG-MINAE-S, “RTCR 484:2016. Insumos agrícolas. Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola. Registro, Uso y Control”.

WHEREAS:

1By a brief received at the Secretariat of the Chamber at 12:53 hrs. on May 15, 2017, the plaintiffs request that Executive Decree No. 40059-MAG-MINAE-S, “RTCR 484:2016. Insumos agrícolas. Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola. Registro, Uso y Control” be declared unconstitutional. They state that their standing derives from Article 75, second paragraph, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, since collective or diffuse interests (intereses difusos) or the interests of the community as a whole are harmed, the impact of which, in turn, translates into individual harm to each inhabitant of the Republic, as environmental protection is at stake. They state that the challenged decree violates the principle of non-regression in environmental matters and Article 50 of the Constitution, by ordering a regression regarding the technical-scientific requirements.They specify that the challenged decree is regressive in allowing the incorporation of active ingredients of agrochemicals without a prior evaluation, from a technical point of view, of the environmental and health implications that could arise after authorization. They add that the simple acceptance of registrations granted in the United States, the European Union, and all countries that are part of the OECD is used as a registration mechanism. They note that the technical information provided by persons interested in obtaining a registration will not be verified and evaluated by any Costa Rican authority; rather, a mere sworn statement will be accepted as true. They consider this to be a violation of the regulatory framework for the registration of agrochemicals currently in force (Decree No. 33495-MAG-S-MINAE-MEIC) and of the challenged decree itself, since both include the principle of scientific truth.They insist that the challenged decree allows incorporation without evaluation, as well as the determination of equivalence, without the country having reference profiles and using, for this purpose, referenced information corresponding to other nominally similar active ingredients, such that it is materially impossible for the competent authorities to verify the veracity of the technical documentation provided and it prevents quality evaluations of the substances and the risk that their use poses to health, the environment, and agriculture. They add that the challenged decree also implies a violation of citizen participation in environmental decision-making, since there are no possibilities for citizens to make timely oppositions with technical support; this information is not assessed by the State, and it would be impossible for the vast majority of people to access information that is not referenced and to have sufficient elements to issue a technical opinion on the matter.They reiterate that the challenged decree omits any possibility of providing for citizen participation in the registration process. They add that Article 76 of the Constitution establishes Spanish as the official language, from which derives the obligation to ensure that all public information necessary for decision-making must be in that language. They continue that this requirement is also essential to ensure democratic participation by citizens in decision-making that impacts personal and environmental health. They consider that standard 6.4.2. of the challenged decree is unconstitutional, considering that toxicological, ecotoxicological, and environmental fate information must be freely accessible to all interested persons, due to the importance it holds. They deem it essential for the democratic exercise that the information that, in this case, is being accepted in English be presented in the official language; it is not acceptable that only a summary in Spanish is provided.They request that the action be admitted, granting the respective hearings; that the effects of the challenged decree be suspended; that a public oral hearing be convened; and that the challenged decree be declared unconstitutional.
2Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to dismiss an action outright or on the merits, at any time, even from its filing, any motion brought to its attention that is manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to dismiss it, or that it is merely a reiteration or reproduction of a prior identical or similar dismissed motion.

Drafted by Magistrate Jinesta Lobo; and,

WHEREAS:

I.REGARDING THE INADMISSIBILITY OF THE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.- The plaintiffs challenge Executive Decree No. 40059-MAG-MINAE-S, “RTCR 484:2016. Insumos agrícolas. Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola. Registro, Uso y Control”. Article 4 of the aforementioned decree establishes that “It shall take effect six months after its publication.” This publication was made in Supplement No. 8 of the Official Gazette La Gaceta No. 9, of January 12, 2017, http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/12/ALCA8_12_01_2017.pdf, meaning the challenged decree will enter into force on July 13, 2017. The filing brief for this process was received at the Secretariat of this Court on May 15, 2017, meaning the challenged rule, at the time of filing the action, was not yet in force. This Court, in prior decisions —Rulings No. 2012-005534 of 14:45 hrs. on May 2, 2012, No. 2013-013383 of 14:30 hrs. on October 9, 2013, and No. 2015-001903 of 9:05 hrs. on February 11, 2015— has dismissed acciones de inconstitucionalidad when the challenged rule has not yet entered into force.

The plaintiffs seek that this Chamber rule on the constitutionality of a rule that has not yet produced legal effects, nor has it been applied. By virtue of the foregoing, as in the aforementioned rulings, the appropriate course is the outright dismissal of the action.

II.DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE CRUZ CASTRO AND MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ, with drafting by the latter.- We dissent from the decision taken by our colleagues, as we understand that outright dismissal is not appropriate for the reasons stated but rather that the admission process should continue and the matter should be resolved on the merits.- My arguments are as follows:

In principle, it makes sense to note that acciones de inconstitucionalidad must challenge rules that are in force or at least producing harmful legal effects for the interested party; but it is no less true that in this specific case, both the particular situation of the decree and the fact that a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article 50 of the Constitution, is claimed means that the solution cannot be found in that first-cited rule.

Indeed, firstly, the decree has already been published, is in force, and only awaits the expiration of the term established therein (six months) to produce effects. That is to say, it concerns a fact (its full effectiveness) that normally proves to be irreversible, and in this sense, there is no doubt whatsoever that the effects being claimed will materialize in the normative reality.- There would have to be very strong reasons that would make the Chamber doubt the materialization of such effects to understand that the action would be innocuous. This is clearly not the case, and therefore, from this point of view, the action should be admitted.

Secondly, it should be considered that this action seeks the defense of a particular type of fundamental right, which is the right to a healthy and ecologically balanced environment; regarding this, it has been affirmed that it is not enough to remedy the injuries inflicted, but rather that precautionary and early intervention by legal operators in this matter, which include this Chamber, is equally important to ensure that possible damages to the environment do not occur.

In conclusion, for both reasons, we dissent from our colleagues and order that this action be admitted to be heard and decided on the merits.

III. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE

The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this sentence. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The action is dismissed outright. Magistrates Cruz Castro and Hernández López dissent and order that the action be admitted.- Ernesto Jinesta L.

President Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jose Paulino Hernández G.

*431LB2H47XV861* Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Document Reception: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

*170074160007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del catorce de junio de dos mil diecisiete .

Acción de inconstitucionalidad promovida por EDGARDO VINICIO ARAYA SIBAJA , cédula de identidad No. 02-0483-0663, SOFÍA BARQUERO MATA , cédula de identidad No. 03-0442-508, FABIÁN PACHECO RODRÍGUEZ , cédula de identidad No. 01-1017-0021, EVA CARAZO VARGAS, cédula de identidad No. 0l-0893-0621, MAURICIO ÁLVAREZ MORA, cédula de identidad No. 01-0877-0217, en su condición de representante legal de la Federación para la Conservación del Ambiente (FECON), y HENRY PICADO CERDAS, cédula de identidad No. 03-0403-0272, en su condición de representante legal de la Red de Coordinación en Biodiversidad; contra el Decreto Ejecutivo No. 40059-MAG-MINAE-S, “RTCR 484:2016. Insumos agrícolas. Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola. Registro, Uso y Control” .

RESULTANDO:

1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:53 hrs. del 15 de mayo de 2017, los accionantes solicitan se declare la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 40059-MAG-MINAE-S, “RTCR 484:2016. Insumos agrícolas. Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola. Registro, Uso y Control”. Señalan que su legitimación proviene del artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional por cuanto se lesionan intereses difusos o intereses de la colectividad en su conjunto, cuya afectación, a su vez, se traduce en una lesión individual para cada uno de los habitantes de la República, al estar de por medio la protección al ambiente. Manifiestan que el decreto cuestionado lesiona el principio de no regresión en materia ambiental y el artículo 50 constitucional, al disponer un retroceso en cuanto a los requisitos técnico-científicos.Precisan que el decreto impugnado es regresivo al permitir la incorporación de ingredientes activos de agroquímicos sin que se realice una evaluación previa, desde el punto de vista técnico, sobre las implicaciones ambientales y en la salud que pudieran llegarse a dar tras la autorización. Añaden que se utiliza como mecanismo de inscripción la simple aceptación de registros otorgados en Estados Unidos, la Unión Europea y todos los países que formen parte de la OCDE. Señalan que la información técnica que aporten las personas interesadas en obtener un registro, no será verificada y evaluada por ninguna autoridad costarricense, sino que, con la mera declaración jurada, se tendrá como cierta. Consideran que esto resulta violatorio del marco normativo en materia de registro de agroquímicos que se encuentra vigente (Decreto No. 33495-MAG-S-MINAE-MEIC) y del mismo decreto cuestionado, pues ambos incluyen el principio de verdad científica.Insisten que el decreto impugnado permite la incorporación, sin evaluación, así como la determinación de la equivalencia sin que el país cuente con perfiles de referencia y utilizando para esto, información referenciada correspondiente a otros ingredientes activos nominalmente similares, de manera que, para las autoridades competentes, es materialmente imposible verificar la veracidad de la documentación técnica aportada e impide las evaluaciones de calidad de las sustancias y del riesgo que su uso representa para la salud, al ambiente y la agricultura. Añaden que el decreto cuestionado también implica una vulneración a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, ya que no existen posibilidades para la ciudadanía de realizar oposiciones oportunas con sustento técnico; esa información no es valorada por el Estado y resultaría imposible, para la gran mayoría de las personas, acceder a la información que no es referenciada y tener elementos suficientes para emitir un criterio técnico al respecto.Reiteran que el decreto cuestionado omite cualquier posibilidad de dar participación ciudadana en el trámite del registro. Agregan que el numeral 76 constitucional establece el español como el idioma oficial, de donde se deriva la obligación de asegurar que toda la información pública, necesaria para la toma de decisiones, deba encontrarse en ese idioma. Este requisito, continúan, también es esencial para asegurar la participación democrática de la ciudadanía en la toma de decisiones con incidencia en la salud personal y ambiental. Estiman que la norma 6.4.2. del decreto impugnado es inconstitucional considerando que la información toxicológica, eco toxicológica y de destino ambiental debe ser de libre acceso para todas las personas interesadas, por la importancia que reviste. Aprecian indispensable, para el ejercicio democrático, que la información que, en este caso, se está aceptando en inglés, sea presentada en el idioma oficial; no es de recibo que sólo se aporte un resumen en español.Solicitan se dé curso a la acción, confiriendo las audiencias respectivas; se suspendan los efectos del decreto impugnado; se convoque a una audiencia oral y pública y se declare inconstitucional el decreto impugnado.
2El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y,

CONSIDERANDO:

I.SOBRE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.- Los accionantes impugnan el Decreto Ejecutivo No. 40059-MAG-MINAE-S, “RTCR 484:2016. Insumos agrícolas. Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola. Registro, Uso y Control”. El artículo 4° del mencionado decreto establece que “Rige seis meses después de su publicación”. Dicha publicación se realizó en el Alcance No. 8, del Diario Oficial La Gaceta No. 9, de 12 de enero de 2017, http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/12/ALCA8_12_01_2017.pdf, por lo que el decreto cuestionado entrará en vigencia el 13 de julio de 2017. El escrito de interposición de este proceso fue recibido en la Secretaría de este Tribunal el 15 de mayo de 2017, por lo que la norma impugnada, al momento de presentarse la acción, aún no se encuentra vigente. Este Tribunal, en anteriores oportunidades -sentencias No. 2012-005534 de las 14:45 hrs. del 2 de mayo de 2012, No. 2013-013383 de las 14:30 hrs. del 9 de octubre de 2013 y No. 2015-001903 de las 9:05 hrs. del 11 de febrero de 2015-, ha desestimado acciones de inconstitucionalidad cuando la norma impugnada no ha entrado aún en vigencia.

Los accionantes pretenden que esta Sala se pronuncie sobre la constitucionalidad de una norma que, todavía, no surte efectos jurídicos, ni ha sido aplicada. En virtud de lo anterior, al igual que en las mencionadas sentencias, lo procedente es el rechazo de plano de la acción.

II.VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO Y DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ, con redacción de la segunda.- Nos separamos de la decisión tomada por nuestos compañeros, pues entendemos que no procede el rechazo de plano por las razones que se han expuesto sino que corresponde continuar el proceso de admisión y resolver el tema por el fondo.- Mis argumentos son los siguientes:

En principio tiene sentido señalar que las acciones de inconstitucionalidad deben atacar normas que estén vigentes o al menos rindiendo efectos jurídicos nocivos para el interesado; pero no es menos cierto que en este caso concreto tanto la situación particular del decreto, como el hecho de se reclama una lesión al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado recogido en el artículo 50 Constitucional hacen que la solución no pueda hallarse en aquella regla primeramente citada.

Efectivamente, en primer lugar el decreto yá fue publicado, está vigente y solo espera el cumplimiento del plazo en él establecido (seis meses) para producir efectos. Es decir, se trata de un hecho (su eficacia plena) que normalmente resulta ser irreversible y en tal sentido, no cabe duda alguna de que los efectos que se reclaman van a concretarse en la realidad normativa.- Deberían exisitr razones muy fuertes que hicieran dudar a la Sala respecto de la materialización de tales efectos para entender que la acción resultará inocua. A todas luces ello no es así y por tanto desde este punto de vista la acción debería admitirse.

En segundo lugar, tómese en cuenta que esta acción pretende la defensa de un tipo particular de derecho fundamental cual es el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; sobre éste se ha afirmado que no basta con remediar las lesiones inflingidas, sino que resulta igual de importante la intervención cautelar y temprana por parte de los operadores jurídicos en esta materia, los cuales incluyen a esta Sala, para asegurar que no se produzcan los posibles daños al ambiente.

En conclusión, por ambas razones nos separamos de nuestros compañeros y disponemos dar curso a esta acción para que se conocida y resuelta por el fondo.

III. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se rechaza de plano la acción. Los Magistrados Cruz Castro y Hernández López salvan el voto y ordenan dar curso a la acción.- Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jose Paulino Hernández G.

*431LB2H47XV861*

Unconstitutionality action against Decree 40059 rejected outright because not yet in forceAcción de inconstitucionalidad contra Decreto 40059 rechazada de plano por no estar vigente

III. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE

III. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

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