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Res. 06354-2017 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 05/05/2017
OutcomeResultado
The Chamber ordered the TAA and ACOPAC not to repeat omissions that endanger the environment and to resolve the case within a reasonable time; the remaining claims were dismissed.La Sala ordenó al TAA y a ACOPAC no incurrir nuevamente en omisiones que pongan en riesgo el ambiente y resolver el caso en plazo razonable; en lo demás, se declaró sin lugar.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber partially upheld an amparo against the Environmental Administrative Tribunal (TAA) and the Central Pacific Conservation Area (ACOPAC) for failing to promptly impose precautionary measures despite complaints of illegal logging, trail opening, and damage to water sources on a property in Palmichal de Acosta located within the Cerro de Escazú Protected Zone. The TAA received the first complaint in September 2014 and, although it carried out investigative actions, did not issue a precautionary order until March 2017—triggered by this amparo—prohibiting the alleged offender from cutting trees and moving earth. The Chamber held that the Administration must resolve environmental complaints within a reasonable time and apply preventive measures under Article 99 of the Organic Environmental Law. The nearly three-year delay in ordering a measure to halt the damage violated the right to a prompt and diligent administrative procedure and endangered the environment. The authorities were ordered not to repeat such omissions and to resolve the case within a reasonable time. The claim against the Water Directorate was dismissed. The ruling was divided: Justices Jinesta Lobo and Salazar Alvarado partially upheld the amparo only on the ground of procedural delay, but not on the environmental right claim, considering that matter falls under the ordinary administrative jurisdiction.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un amparo contra el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y el Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) por la omisión en adoptar medidas cautelares oportunas ante denuncias de tala, apertura de trocha y daños a nacientes en una finca en Palmichal de Acosta ubicada dentro de la Zona Protectora Cerro de Escazú. El TAA recibió la primera denuncia en setiembre de 2014 y, aunque realizó actos de investigación, no dictó medida cautelar sino hasta marzo de 2017 —con ocasión de este recurso— prohibiendo al infractor cortar árboles y hacer movimientos de tierra. La Sala consideró que la Administración debe resolver las denuncias ambientales en un plazo razonable y aplicar medidas preventivas conforme al artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente. La demora de casi tres años para dictar una medida cautelar que frenara los daños constituyó una violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido, y puso en riesgo el ambiente. Se ordenó a las autoridades no incurrir nuevamente en esas omisiones y resolver el caso en plazo razonable. En cuanto a la Dirección de Aguas, el recurso se declaró sin lugar. Hubo voto dividido: los magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado estimaron el amparo solo por infracción al procedimiento administrativo, pero no por violación del derecho al ambiente, al considerar que esa cuestión corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Key excerptExtracto clave
It was only upon the filing of this appeal, in March 2017, that it decided to issue the precautionary measure to prevent the alleged offender from committing acts deemed harmful to the environment, which is belated and unjustifiable. The Administration is obligated to resolve the matters brought before it within a reasonable time, and although this Chamber is clear that Article 41 of the Political Constitution has not constitutionalized a right to time limits, but rather the fundamental right of every person to have their case resolved within a reasonable time, the truth in this case is that the evidence provided does not show that any of the respondent environmental administrative authorities with the authority to do so adopted the timely preventive action—pending the final resolution of the environmental complaint—aimed at avoiding or ceasing the risk posed by the serious presumption of conduct clearly harmful to the environment, such as, in this case, the unauthorized cutting and harvesting of trees, as well as opening a trail in a protected area and a series of prohibited activities that harm the environment. The foregoing, under the authorization of Article 99 of the Organic Environmental Law, No. 7554 of October 4, 1995, which establishes, in the administrative sanctions section, a series of preventive protective measures that the Public Administration must apply in the face of violations of environmental protection regulations, both of the Organic Environmental Law and other provisions for environmental or biological diversity protection, and in the face of conduct harmful to the environment.Es hasta la interposición de este recurso, en marzo de 2017, que resuelve girar la medida cautelar que prevenga al supuesto infractor de no cometer los actos que se estiman lesivos del medio ambiente, lo que es tardío e injustificable. La Administración está obligada a resolver en un plazo razonable los asuntos que le son planteados, y si bien esta Sala es clara en que el artículo 41 de la Constitución Política, no ha constitucionalizado un derecho a los plazos, sino el derecho fundamental de toda persona a que su causa sea resuelta dentro de un plazo razonable; lo cierto en este asunto, es que de la prueba aportada no se determina que ninguna de las autoridades ambientales administrativas recurridas con autoridad para hacerlo, haya adoptado la oportuna acción anticipada -a la resolución final de la queja ambiental- referida a evitar o hacer cesar el riesgo que supone la presunción grave de conductas claramente dañinas al ambiente, como lo son, en este caso, la tala y aprovechamiento de árboles sin autorización, así como hacer una trocha en una zona protegida y una serie de actividades prohibidas que dañan el ambiente. Lo anterior, con autorización de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, N°7554 del 04 de octubre de 1995, que establece en el aparte de sanciones administrativas, una serie de medidas preventivas protectoras, que debe aplicar la Administración Pública ante la violación de las normativas de protección ambiental tanto de la Ley Orgánica del Ambiente como de otras disposiciones de protección ambiental o de la diversidad biológica; y frente a conductas dañinas al ambiente.
Pull quotesCitas destacadas
"Es hasta la interposición de este recurso, en marzo de 2017, que resuelve girar la medida cautelar que prevenga al supuesto infractor de no cometer los actos que se estiman lesivos del medio ambiente, lo que es tardío e injustificable."
"It was only upon the filing of this appeal, in March 2017, that it decided to issue the precautionary measure to prevent the alleged offender from committing acts deemed harmful to the environment, which is belated and unjustifiable."
Considerando VIII
"Es hasta la interposición de este recurso, en marzo de 2017, que resuelve girar la medida cautelar que prevenga al supuesto infractor de no cometer los actos que se estiman lesivos del medio ambiente, lo que es tardío e injustificable."
Considerando VIII
"La Administración está obligada a resolver en un plazo razonable los asuntos que le son planteados, y si bien esta Sala es clara en que el artículo 41 de la Constitución Política, no ha constitucionalizado un derecho a los plazos, sino el derecho fundamental de toda persona a que su causa sea resuelta dentro de un plazo razonable."
"The Administration is obligated to resolve the matters brought before it within a reasonable time, and although this Chamber is clear that Article 41 of the Political Constitution has not constitutionalized a right to time limits, but rather the fundamental right of every person to have their case resolved within a reasonable time."
Considerando VIII
"La Administración está obligada a resolver en un plazo razonable los asuntos que le son planteados, y si bien esta Sala es clara en que el artículo 41 de la Constitución Política, no ha constitucionalizado un derecho a los plazos, sino el derecho fundamental de toda persona a que su causa sea resuelta dentro de un plazo razonable."
Considerando VIII
"No basta para prevenir daños al ambiente dictar medidas precautorias, pues en caso de desatención de las medidas impuestas debe la autoridad recurrida iniciar los mecanismos que le da el ordenamiento jurídico, para hacerlas efectiva y que se den las consecuencias que su desatención genera."
"It is not enough to issue precautionary measures to prevent environmental damage, for if the imposed measures are disregarded, the respondent authority must initiate the mechanisms provided by the legal system to enforce them and bring about the consequences that their disregard generates."
Considerando VI
"No basta para prevenir daños al ambiente dictar medidas precautorias, pues en caso de desatención de las medidas impuestas debe la autoridad recurrida iniciar los mecanismos que le da el ordenamiento jurídico, para hacerlas efectiva y que se den las consecuencias que su desatención genera."
Considerando VI
"No obstante, es hasta la interposición de este recurso, en marzo de 2017, que resuelve girar la medida cautelar que prevenga al supuesto infractor de no cometer los actos que se estiman lesivos del medio ambiente, lo que es tardío e injustificable."
"However, it was not until the filing of this appeal, in March 2017, that it resolved to issue the precautionary measure to prevent the alleged offender from committing the acts deemed harmful to the environment, which is belated and unjustifiable."
Considerando V
"No obstante, es hasta la interposición de este recurso, en marzo de 2017, que resuelve girar la medida cautelar que prevenga al supuesto infractor de no cometer los actos que se estiman lesivos del medio ambiente, lo que es tardío e injustificable."
Considerando V
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**Sala Constitucional** **Resolution No. 06354 - 2017** **Date of Resolution:** May 5, 2017 at 09:15 **Case File:** 17-004089-0007-CO **Drafted by:** Fernando Cruz Castro **Type of Matter:** Amparo action **Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL **Content of Interest:** **Type of content:** Majority Vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** PROMPT RESOLUTION **Subtopics:** ADMINISTRATIVE DELAY.. DELAY IN RESOLVING ENVIRONMENTAL COMPLAINTS **Case File:** 17-004089-0007-CO **Judgment:** 006354-17 **Reporting Judge:** Magistrate Fernando Cruz Castro **Split Vote:** Magistrates Fernando Cruz Castro, Ernesto Jinesta Lobo, Luis Fernando Salazar Alvarado.
Amparo action against THE PRESIDENT OF THE TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, THE DIRECTOR OF THE ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL (ACOPAC), THE HEAD OF THE OFICINA SUBREGIONAL DE PURISCAL OF THE ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL AND THE DIRECTOR OF AGUAS, ALL OF THE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. In judgment 006354-17 of 09:15 hours on May 5, the petitioner claims that the various administrative complaints for environmental damage filed before the Tribunal Ambiental Administrativo and other respondent authorities more than three years ago have not been addressed, and the only thing the TAA has done is accumulate the case files. This despite the environmental alteration with serious effects, without any administrative action since the complaint was filed, accumulating now three years of waiting for the intervention and correction of this serious problem, which occurs on a property in Acosta, due to timber extraction, sedimentation, and damage to the local flora and fauna. In this case, the Chamber notes that, in this matter, an exceptional circumstance arises, as it involves a proceeding within the framework of an environmental protection procedure, which makes the case fit one of the exceptional circumstances and warrants a substantive analysis of the matter. In this matter, for the resolution of the amparo action filed by the petitioner; it is clear that the TAA has carried out acts aimed at investigating properties, analyzing logging and tree harvesting (aprovechamiento de árboles) activities, and the opening of a trail (trocha) without authorization and in protected zones (zonas protegidas). Likewise, it has managed to identify the alleged offenders involved, coordinating with the various entities tasked with providing collaboration for the investigation. However, it was not until the filing of this amparo action, in March 2017, that it decided to issue the precautionary measure (medida cautelar) to prevent the alleged offender from committing the acts deemed harmful to the environment, which is late and unjustifiable. The Administration is obliged to resolve the matters brought before it within a reasonable time (plazo razonable), and while this Chamber is clear that Article 41 of the Constitución Política has not constitutionalized a right to deadlines, but rather the fundamental right of every person to have their case resolved within a reasonable time; the truth in this matter is that, from the evidence provided, it is not determined that any of the respondent administrative environmental authorities with the authority to do so had adopted the timely early action —prior to the final resolution of the environmental complaint— aimed at preventing or stopping the risk posed by the serious presumption of conduct clearly harmful to the environment, such as, in this case, logging and tree harvesting without authorization, as well as building a trail in a protected zone and a series of prohibited activities that harm the environment. The foregoing, with the authorization of the provisions of Article 99 of the Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 of October 4, 1995, which establishes, in the section on administrative sanctions, a series of protective preventive measures that the Public Administration must apply in the event of a violation of the environmental protection regulations of both the Ley Orgánica del Ambiente and other provisions for environmental protection or biological diversity; and in the face of conduct harmful to the environment. The amparo action is partially granted insofar as it is directed against the Área de Conservación Pacífico Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energía and the Tribunal Ambiental Administrativo. The Head of the Oficina Subregional de Puriscal of the Área de Conservación Pacifico Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energía, as well as the President of the Tribunal Ambiental Administrativo, are ordered not to incur again in the omissions that put the environment at risk, as in this case, and to take the necessary precautions so that the precautionary measures in force and ordered in this matter are duly attended to and that it be resolved within a reasonable time. For the rest, the amparo action is dismissed. Magistrate Cruz Castro adds a note. Magistrates Jinesta Lobo and Salazar Alvarado concur with the partial granting of the amparo, but for different reasons, given that they dismiss it regarding the violation of the right to the environment, but grant it solely for the violation of the right to a prompt and completed administrative procedure; in which regard they order the authorities to resolve immediately. Notify the parties and the Defensoría de los Habitantes for whatever may correspond to them. Note by Magistrate Cruz Castro: In this matter, there is a serious injury to the environment. So much time has passed without an effective reaction from the authorities charged with environmental protection. Very serious facts from an environmental point of view are not addressed in a timely manner, because the acts denounced date back to 2014, without a timely response. Press information indicates that each judge in the court handles between five hundred and six hundred case files. Fundamental rights are shipwrecked before such a slow, so delayed response. This is the case evidenced here. The physical integrity and health of the inhabitants are endangered, without a response commensurate with the legal interests at stake. The excess of work, the lack of resources, the lack of coordination, do not justify what happens in this matter. DIFFERENT REASONS OF MAGISTRATES JINESTA LOBO AND SALAZAR ALVARADO, WITH DRAFTING BY THE FIRST. They concur with the partial granting of the amparo, but for different reasons. The foregoing, given that they dismiss it regarding the violation of the right to the environment, but grant it solely for the violation of the right to a prompt and completed administrative procedure; in which regard they order the authorities to resolve immediately. They considered that the amparo should have been rejected outright, ad limine litis, because it entails a matter pertaining to legality review; however, this not having been the case, we consider that it should be dismissed, without ruling on the merits of the matter, since it falls to the ordinary jurisdiction, in particular, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct deployed (active or omissive) in the sub-lite are substantially in conformity or not with the infra-constitutional legal framework for the protection, guarantee, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. They concur with the granting of the amparo action regarding the unjustified delay by the Tribunal Ambiental Administrativo and the Área de Conservación Pacífico Central in addressing the complaint filed; however, unlike the majority, we order that it be resolved immediately, as practically two and a half years have elapsed from the moment it was filed, which, in our opinion, is unreasonable.
LBH09/21 ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Majority Vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** ENVIRONMENT **Subtopics:** ENVIRONMENTAL DAMAGE. DELAY IN RESOLVING ENVIRONMENTAL COMPLAINTS **Case File:** 17-004089-0007-CO **Judgment:** 006354-17 **Reporting Judge:** Magistrate Fernando Cruz Castro **Split Vote:** Magistrates Fernando Cruz Castro, Ernesto Jinesta Lobo, Luis Fernando Salazar Alvarado.
Amparo action against THE PRESIDENT OF THE TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, THE DIRECTOR OF THE ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL (ACOPAC), THE HEAD OF THE OFICINA SUBREGIONAL DE PURISCAL OF THE ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL AND THE DIRECTOR OF AGUAS, ALL OF THE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. In judgment 006354-17 of 09:15 hours on May 5, the petitioner claims that the various administrative complaints for environmental damage filed before the Tribunal Ambiental Administrativo and other respondent authorities more than three years ago have not been addressed, and the only thing the TAA has done is accumulate the case files. This despite the environmental alteration with serious effects, without any administrative action since the complaint was filed, accumulating now three years of waiting for the intervention and correction of this serious problem, which occurs on a property in Acosta, due to timber extraction, sedimentation, and damage to the local flora and fauna. In this case, the Chamber notes that, in this matter, an exceptional circumstance arises, as it involves a proceeding within the framework of an environmental protection procedure, which makes the case fit one of the exceptional circumstances and warrants a substantive analysis of the matter. In this matter, for the resolution of the amparo action filed by the petitioner; it is clear that the TAA has carried out acts aimed at investigating properties, analyzing logging and tree harvesting activities, and the opening of a trail without authorization and in protected zones. Likewise, it has managed to identify the alleged offenders involved, coordinating with the various entities tasked with providing collaboration for the investigation. However, it was not until the filing of this amparo action, in March 2017, that it decided to issue the precautionary measure to prevent the alleged offender from committing the acts deemed harmful to the environment, which is late and unjustifiable. The Administration is obliged to resolve the matters brought before it within a reasonable time, and while this Chamber is clear that Article 41 of the Constitución Política has not constitutionalized a right to deadlines, but rather the fundamental right of every person to have their case resolved within a reasonable time; the truth in this matter is that, from the evidence provided, it is not determined that any of the respondent administrative environmental authorities with the authority to do so had adopted the timely early action —prior to the final resolution of the environmental complaint— aimed at preventing or stopping the risk posed by the serious presumption of conduct clearly harmful to the environment, such as, in this case, logging and tree harvesting without authorization, as well as building a trail in a protected zone and a series of prohibited activities that harm the environment. The foregoing, with the authorization of the provisions of Article 99 of the Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 of October 4, 1995, which establishes, in the section on administrative sanctions, a series of protective preventive measures that the Public Administration must apply in the event of a violation of the environmental protection regulations of both the Ley Orgánica del Ambiente and other provisions for environmental protection or biological diversity; and in the face of conduct harmful to the environment. The amparo action is partially granted insofar as it is directed against the Área de Conservación Pacífico Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energía and the Tribunal Ambiental Administrativo. The Head of the Oficina Subregional de Puriscal of the Área de Conservación Pacifico Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energía, as well as the President of the Tribunal Ambiental Administrativo, are ordered not to incur again in the omissions that put the environment at risk, as in this case, and to take the necessary precautions so that the precautionary measures in force and ordered in this matter are duly attended to and that it be resolved within a reasonable time. For the rest, the amparo action is dismissed. Magistrate Cruz Castro adds a note. Magistrates Jinesta Lobo and Salazar Alvarado concur with the partial granting of the amparo, but for different reasons, given that they dismiss it regarding the violation of the right to the environment, but grant it solely for the violation of the right to a prompt and completed administrative procedure; in which regard they order the authorities to resolve immediately. Notify the parties and the Defensoría de los Habitantes for whatever may correspond to them. Note by Magistrate Cruz Castro: In this matter, there is a serious injury to the environment. So much time has passed without an effective reaction from the authorities charged with environmental protection. Very serious facts from an environmental point of view are not addressed in a timely manner, because the acts denounced date back to 2014, without a timely response. Press information indicates that each judge in the court handles between five hundred and six hundred case files. Fundamental rights are shipwrecked before such a slow, so delayed response. This is the case evidenced here. The physical integrity and health of the inhabitants are endangered, without a response commensurate with the legal interests at stake. The excess of work, the lack of resources, the lack of coordination, do not justify what happens in this matter. DIFFERENT REASONS OF MAGISTRATES JINESTA LOBO AND SALAZAR ALVARADO, WITH DRAFTING BY THE FIRST. They concur with the partial granting of the amparo, but for different reasons. The foregoing, given that they dismiss it regarding the violation of the right to the environment, but grant it solely for the violation of the right to a prompt and completed administrative procedure; in which regard they order the authorities to resolve immediately. They considered that the amparo should have been rejected outright, ad limine litis, because it entails a matter pertaining to legality review; however, this not having been the case, we consider that it should be dismissed, without ruling on the merits of the matter, since it falls to the ordinary jurisdiction, in particular, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct deployed (active or omissive) in the sub-lite are substantially in conformity or not with the infra-constitutional legal framework for the protection, guarantee, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. They concur with the granting of the amparo action regarding the unjustified delay by the Tribunal Ambiental Administrativo and the Área de Conservación Pacífico Central in addressing the complaint filed; however, unlike the majority, we order that it be resolved immediately, as practically two and a half years have elapsed from the moment it was filed, which, in our opinion, is unreasonable.
LBH09/21 ... See more **Content of Interest:** **Strategic Topics:** Human Rights, Environmental, Constitución Política **Type of content:** Majority Vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** ENVIRONMENT **Subtopics:** PROTECTED AREA. DELAY IN RESOLVING ENVIRONMENTAL COMPLAINTS **Case File:** 17-004089-0007-CO **Judgment:** 006354-17 **Reporting Judge:** Magistrate Fernando Cruz Castro **Split Vote:** Magistrates Fernando Cruz Castro, Ernesto Jinesta Lobo, Luis Fernando Salazar Alvarado.
Amparo action against THE PRESIDENT OF THE TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, THE DIRECTOR OF THE ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL (ACOPAC), THE HEAD OF THE OFICINA SUBREGIONAL DE PURISCAL OF THE ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL AND THE DIRECTOR OF AGUAS, ALL OF THE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. In judgment 006354-17 of 09:15 hours on May 5, the petitioner claims that the various administrative complaints for environmental damage filed before the Tribunal Ambiental Administrativo and other respondent authorities more than three years ago have not been addressed, and the only thing the TAA has done is accumulate the case files. This despite the environmental alteration with serious effects, without any administrative action since the complaint was filed, accumulating now three years of waiting for the intervention and correction of this serious problem, which occurs on a property in Acosta, due to timber extraction, sedimentation, and damage to the local flora and fauna. In this case, the Chamber notes that, in this matter, an exceptional circumstance arises, as it involves a proceeding within the framework of an environmental protection procedure, which makes the case fit one of the exceptional circumstances and warrants a substantive analysis of the matter. In this matter, for the resolution of the amparo action filed by the petitioner; it is clear that the TAA has carried out acts aimed at investigating properties, analyzing logging and tree harvesting activities, and the opening of a trail without authorization and in protected zones. Likewise, it has managed to identify the alleged offenders involved, coordinating with the various entities tasked with providing collaboration for the investigation. However, it was not until the filing of this amparo action, in March 2017, that it decided to issue the precautionary measure to prevent the alleged offender from committing the acts deemed harmful to the environment, which is late and unjustifiable. The Administration is obliged to resolve the matters brought before it within a reasonable time, and while this Chamber is clear that Article 41 of the Constitución Política has not constitutionalized a right to deadlines, but rather the fundamental right of every person to have their case resolved within a reasonable time; the truth in this matter is that, from the evidence provided, it is not determined that any of the respondent administrative environmental authorities with the authority to do so had adopted the timely early action —prior to the final resolution of the environmental complaint— aimed at preventing or stopping the risk posed by the serious presumption of conduct clearly harmful to the environment, such as, in this case, logging and tree harvesting without authorization, as well as building a trail in a protected zone and a series of prohibited activities that harm the environment. The foregoing, with the authorization of the provisions of Article 99 of the Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 of October 4, 1995, which establishes, in the section on administrative sanctions, a series of protective preventive measures that the Public Administration must apply in the event of a violation of the environmental protection regulations of both the Ley Orgánica del Ambiente and other provisions for environmental protection or biological diversity; and in the face of conduct harmful to the environment. The amparo action is partially granted insofar as it is directed against the Área de Conservación Pacífico Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energía and the Tribunal Ambiental Administrativo. The Head of the Oficina Subregional de Puriscal of the Área de Conservación Pacifico Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energía, as well as the President of the Tribunal Ambiental Administrativo, are ordered not to incur again in the omissions that put the environment at risk, as in this case, and to take the necessary precautions so that the precautionary measures in force and ordered in this matter are duly attended to and that it be resolved within a reasonable time. For the rest, the amparo action is dismissed. Magistrate Cruz Castro adds a note. Magistrates Jinesta Lobo and Salazar Alvarado concur with the partial granting of the amparo, but for different reasons, given that they dismiss it regarding the violation of the right to the environment, but grant it solely for the violation of the right to a prompt and completed administrative procedure; in which regard they order the authorities to resolve immediately. Notify the parties and the Defensoría de los Habitantes for whatever may correspond to them. Note by Magistrate Cruz Castro: In this matter, there is a serious injury to the environment. So much time has passed without an effective reaction from the authorities charged with environmental protection. Very serious facts from an environmental point of view are not addressed in a timely manner, because the acts denounced date back to 2014, without a timely response. Press information indicates that each judge in the court handles between five hundred and six hundred case files. Fundamental rights are shipwrecked before such a slow, so delayed response. This is the case evidenced here. The physical integrity and health of the inhabitants are endangered, without a response commensurate with the legal interests at stake. The excess of work, the lack of resources, the lack of coordination, do not justify what happens in this matter. DIFFERENT REASONS OF MAGISTRATES JINESTA LOBO AND SALAZAR ALVARADO, WITH DRAFTING BY THE FIRST. They concur with the partial granting of the amparo, but for different reasons. The foregoing, given that they dismiss it regarding the violation of the right to the environment, but grant it solely for the violation of the right to a prompt and completed administrative procedure; in which regard they order the authorities to resolve immediately. They considered that the amparo should have been rejected outright, ad limine litis, because it entails a matter pertaining to legality review; however, this not having been the case, we consider that it should be dismissed, without ruling on the merits of the matter, since it falls to the ordinary jurisdiction, in particular, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct deployed (active or omissive) in the sub-lite are substantially in conformity or not with the infra-constitutional legal framework for the protection, guarantee, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. They concur with the granting of the amparo action regarding the unjustified delay by the Tribunal Ambiental Administrativo and the Área de Conservación Pacífico Central in addressing the complaint filed; however, unlike the majority, we order that it be resolved immediately, as practically two and a half years have elapsed from the moment it was filed, which, in our opinion, is unreasonable.
LBH09/21 ... See more **Text of the resolution** *170040890007CO* Res. No. 2017006354 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes on the fifth of May, two thousand seventeen.
Amparo action processed under case file number 17-004089-0007-CO, filed by GERARDO CASTILLO MARTÍNEZ, identity card No. 0601380233, against THE PRESIDENT OF THE TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, THE DIRECTOR OF THE ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL (ACOPAC), THE HEAD OF THE OFICINA SUBREGIONAL DE PURISCAL OF THE ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL AND THE DIRECTOR OF AGUAS, ALL OF THE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA **Whereas:** 1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber on March 14, 2017, the petitioner files an amparo action against the DIRECTOR OF THE ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL (ACOPAC), THE PRESIDENT OF THE TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, THE HEAD OF THE OFICINA SUBREGIONAL DE PURISCAL OF THE ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL AND THE DIRECTOR OF AGUAS, ALL OF THE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA and states that by official letter No. PSA-074-2014, the Mayor of Puriscal filed an administrative complaint for environmental damage before the Tribunal Ambiental Administrativo. He notes that, by resolution No. 1437-15-TAA of November 12, 2015, the Tribunal Ambiental Administrativo, after providing a descriptive account of all previous resolutions on the complaints received from various interested parties and the reports requested from the different public entities involved with those complaints, agreed that, for procedural economy and given the identity of elements between the ongoing proceedings, case files Nos. 296-14-02-TAA and 282-14-03-TAA be accumulated. He alleges that environmental alteration with serious effects occurred, without any administrative action since the complaint was filed, accumulating now three years of waiting for the intervention and correction of this serious environmental problem.
2.- The resolution of 12:04 hours on March 20, 2017, which admits this amparo action, was duly notified to the respondent authorities on the 23rd and 31st of the same month.
3. Ligia Umaña Ledezma reports under oath, in her capacity as President of the Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), that on September 23, 2014, this Tribunal received Official Letter PSAM-074-2014 signed by Mr. Manuel Espinoza Campos in his capacity as Mayor of the Municipality of Puriscal, through which he files a formal environmental complaint to investigate what occurred on the property registered under San José folio registration number 502010 located in Palmichal de Acosta. See folios 35 to 41 of the administrative file. She adds that this complaint was incorporated into administrative file No. 296-14-02TAA, which was later accumulated with file No. 282-14-03-TAA. She adds that Report ACOPAC-ASRP-QJ-10992014 of September 29, 2014, can be found at folios 85 to 95 of the administrative file. She adds that folios 42 to 66 of the administrative file contain official letter TAA-DT-01 12-14 dated October 13, 2014, which corresponds to the Inspection Report (Informe de Gira) carried out on October 2, 2014, at the property located in San Pablo, Palmichal, Acosta, San José, Cartographic Sheets Abra 3345 I, Edition 3 IGNCR 1989, Geographic Location N 9" 50' 27.3 W 84° 10' 19.6 projection WGS84. She indicates that by resolution No. 1007-14-TAA of 08:20 hours on November 12, 2014, issued in administrative file No. 282-14-03-TAA, it was established First: To request Mr. Ing. Alfonso Duarte Marín, in his capacity as Director of the Área de Conservación Pacifico Central (ACOPAC) or whoever holds his position, to proceed to carry out an on-site ocular inspection (inspección ocular "in situ") of the Río Tarbacia (this Office does not have a more exact address) with the intention of verifying the facts described in the complaint, an apparent extraction of timber, sedimentation, and damage to the flora and fauna of the place. Likewise, if possible, to determine the presumed responsible party for the aforementioned acts. In the event that any significant negative impact is determined, the respective Economic Valuation of Environmental Damage (Valoración Económica del Daño Ambiental) must be prepared within the scope of their competencies and forwarded to this Office. See folios 2 and 3 of the administrative file. By resolution No. 1324 5-TAA of 13:52 hours on February 16, 2015, administrative file No. 296-14-02-TAA, it was requested: "(...) FIRST: That in the case at hand, this Office considers it of utmost importance for establishing the actual truth of the reported facts, to order Mr. Luis Alberto Durán Gamboa, in his capacity as Mayor of the Municipality of Acosta, or whoever holds his position, to: 1) certify to this Office who is the registered owner of the property located in San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, indicated coordinates, projection WGS84, apparently owned by the company Grupo Ganadero Roqueta S.A., legal identification number 3-101-318767, represented by Mr. Edgar Ureña Salazar, identity card number 1-0424.0292; 2) indicate to this Office whether permits have been granted on the indicated property and of what type. Likewise, provide any other information deemed relevant to this case file. SECOND: That, in order to verify the actual truth of the facts, this Tribunal considers it pertinent to request Mr. José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of Agua-MINAE, or whoever holds his position, to carry out an on-site inspection located in San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, coordinates N 9° 50` 273" W 84° 10` l9.6" projection WGS 84, apparently owned by the company Grupo Ganadero Roqueta S.A., legal identification number 3-l01-318767, represented by Mr. Edgar Ureña Salazar, identity card number l-0424-0292, and forward a report to this Office on the situation at the site regarding the bodies of water present on the property, to determine what type they are and whether they are being affected by the works carried out on the site, and if they are springs (nacientes), whether they are captured and whether they have the pertinent permits for their use (aprovechamiento).
If applicable, you are requested to send to this Office the corresponding economic valuation of possible environmental damage, should it exist, to the water bodies. For a better location of the place of the events, you may contact Mr. Efraín Monge Hernández, Puriscal Subregional Office, Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central), at telephone 2416-6576. THIRD: That in order to verify the real truth of the facts, this Court considers it pertinent to request Mr. Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of the Puriscal Subregional Office, Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central), or whoever holds his position, to indicate whether the property located in San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, coordinates N 9° 50` 27.3\" W 84\" l0` 19.6\" WGS 84 projection: 1) is within the boundaries of the Cerro de Escazú Protective Zone (Zona Protectora Cerro de Escazú), 2) certify whether the affected area is a forested area and the respective basis for this, 3) conduct an on-site inspection on the aforementioned property, and indicate to this Office if the protection area of the Tabarcia River, as well as the springs (nacientes) found on the property, are being affected; if so, send with the report the corresponding economic valuation of the environmental damage for both the impact on protection areas and for the construction of a track (trocha) and the felling and harvesting (corta y aprovechamiento) of trees without the required permits, 4) regarding the felling and harvesting permits approved by your office, send copies thereof, and indicate whether pre- and post-issuance follow-up inspections were conducted, what actions were taken by your office regarding the subsequent stoppage of the harvesting, what supervision and follow-up has been given to that stoppage and to the responsibility entailed in issuing them, whether the corresponding forest management (regencia forestal) reports under forest management control were submitted, what actions have been taken regarding the breach of the granted permits and the responsibility of the responsible professionals, in this case, Eng. Alfonso Javier del Valle Zúñiga. FOURTH: That in order to establish the real truth of the facts, it is necessary to request Mrs. Patricia Quirós Quirós, in her capacity as General Manager of the National Irrigation and Drainage Service (Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, SENARA), or whoever holds her position, to proceed to do the following in San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, coordinates N 9° so 273` ` W 84° 10` l9.6\" WGS 84 projection: 1) Apply the vulnerability matrix in this area and issue a judgment on its condition and nature regarding the present water resource. FIFTH: That in the case at hand, this Office considers it of utmost importance for establishing the real truth of the reported facts, to order Messrs. Luis Alberto Durán Gamboa, in his capacity as Mayor of the Municipality of Acosta; Manuel Espinoza Campus, Mayor of the Municipality of Puriscal, and Gilberto Monge Pizarro, Mayor of the Municipality of Mora, or whoever holds their respective positions, to proceed to indicate to this Office their judgment regarding the facts reported on the property located in San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, at the indicated coordinates, apparently owned by the company Grupo Ganadero Roqueta S.A., represented by Mr. Edgar Ureña Salazar, identity card number 1-0424-0292, concerning the possible direct impact on the Palmichal springs that supply the cantons of Puriscal, Mora, and Acosta, tree felling, and opening of a track; whether they were aware of them and the actions taken by their Municipalities in that regard. Likewise, provide any other information they consider relevant to this case file. (...)".
That resolution No. 4524 5-TAA of nine hours and thirty-nine minutes on April 20, 2015, corresponds to administrative case file No. 282-14-03-TAA and is issued in follow-up to what was requested through resolution No. 1007-14-TAA of eight hours and twenty minutes on November 12, 2014. Eighth: That official communication ACOPAC-OSRP-DEN~020-15 dated June 16, 2015, was received in this Office on June 19, 2015. See folios 176 to 179 of the administrative case file. Ninth: That visible at folios 180 and 181 of the administrative case file is Official Communication 643-15~TAA of July 6, 2015, addressed to Eng. Belfort Cubillo Jiménez of the Control and Protection Unit of the Puriscal Sub Regional Office of the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central). Tenth: That by resolution No. 1035-15-TAA of eleven hours and fifty-three minutes on August 18, 2015, issued under administrative case file No. 282-14-03~TAA and in follow-up to what was requested in resolution No. 4522151TAA, Mr. Alfonso Duarte, in his capacity as Director of ACOPAC or whoever holds his position, is requested for the third time to comply with what was requested. Eleventh: That by resolution No. 1437-15~TAA of seven hours and forty-five minutes on November 12, 2015, issued in Case File No. 296-14-02›TAA, the complaint processed under this case file is consolidated into administrative case file No. 28244-03-TAA. See folios 23 to 28 of the administrative case file. Twelfth: That visible at folios 157 and 188 of the administrative case file is Official Communication DA-UHTPCOSJ-0250-2016 dated March 30, 2016, signed by Eng. Marilyn Mora Vega, in her capacity as Coordinator of the Tárcoles Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate (Dirección de Agua), in which she locates four permanent-flow springs. Thirteenth and Fourteenth: That having analyzed the documents comprising this administrative case file, this Court determined, by resolution No. 3762017-TAA of eleven hours and thirty-seven minutes on March 28, 2017, to issue a Precautionary Measure (Medida Cautelar) under the following terms: THIRD: On the need to impose a precautionary measure in the present case. That in accordance with the complaint filed by Mr. Rodrigo Cascante Vargas, in his capacity as President of the San José Rural Sustainable Development Association (Asociación de Desarrollo Sostenible San José Rural, ADESSARU), as well as the complaint filed by Mr. Manuel Espinoza Campos, in his capacity as Mayor of the Municipality of Puriscal, via official communication number PSAM-0742014, as well as through complaint official communication No. ACOPAC-OSRP-DEN~02I-14, signed by Tech. Arístides Chinchilla Chinchilla, in his capacity as an official of the Puriscal Sub Regional Office of the Central Pacific Conservation Area (ACOPAC), and complaint official communications number ACOPAC-OSRP-DEN-020-15 and ACOPAC-OSRP-DEN-017-2016 signed by Eng. Cubillo and Tech. Burgos González, and by Mr. Cubillo Jiménez, in their capacity as officials of the Puriscal Sub Regional Office of the Central Pacific Conservation Area (ACOPAC), respectively, all against Grupo Ganadero Raqueta SA., legal ID 3-101-9I8767, represented by Mr. Edgar Ureña Salazar, identity card 1-0424~0292, this Office proceeded to conduct an on-site visual inspection with the objective of investigating the reported facts, so through official communication number TAA-DT-0112-014 signed by Eng. Alexis Madrigal Chaves and Biologist Juan Sánchez Ramírez, both in their capacity as officials of the Technical Department of this Court, the following was concluded: The property of Grupo Ganadero Roqueta S.A. is located, apparently entirely, within the boundaries of the ZPCE. The area intervened based on a certificate of origin was not only subject to felling and extraction of exotic species (cypress) but also native species were harvested that were not contemplated in the indicated document. The coordinates indicated in the certificates of origin for executing the intervention do not match the coordinates of the actual execution. It is evident that a track was opened to extract the wood. A track that, in part, was opened within forested lands. The track and the wood harvesting were executed on lands with low stability due to their friable nature, as well as abrupt slopes exceeding 70%. As a result of soil destabilization, landslides occurred at several points in the intervened area. The opening of land, the track, and the destabilization carried material towards the Tabarcia River and a possible stream, as well as their protection areas, causing impact to forested areas and native to autochthonous species. Some trees were felled within the Protection Area of the Tabarcia River and a possible stream, and even within the protection areas of possible springs. The property subject to harvesting, or at least the intervened area, is located entirely within the boundaries of the ZPCE and within the Paso de las Lupas Biological Corridor. ADESSARU indicates that the intervention of the land would affect the water intake for human consumption located on the Tabarcia River, due to the impact with sediments. The soils present in this area could be classified as Class VIII soils due to rockiness, abrupt slopes, effective depth, and low fertility, as well as the presence of a WPA (ASP). Without assuring that this is correct, it is the opinion of the undersigned that this area could qualify as an aquifer recharge area. Because it is a WPA and the earthworks (movimientos de tierra) were carried out, the opinion of SETENA should have been requested on the possibility of obtaining environmental viability, considering that the property is located in a WPA and due to the fragility or vulnerability of the area. (...)". (The highlighting has been added and does not correspond to the original document). In addition to the above, through official communication number DA-UHTPCOSJ-0202-2016 (seen at folios 187 and 188 of the case file), signed by Eng. Jesús Monge Mejía, an official of the Water Directorate (Dirección de Agua) of MINAE, the presence of 4 permanent-flow springs located in the reported sector is certified. (...). This tribunal considers it pertinent to adopt a precautionary measure consisting of: Ordering GRUPO GANADERO ROQUETA SOCIEDAD ANONIMA, legal ID 3-101-3I8767, represented by Mr. EDGAR UREÑA SALAZAR, holder of identity card 1-0424-0292, the absolute prohibition of felling trees without the proper authorization from the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado), as well as carrying out earthworks within the protection area of the determined springs, respecting their protection area in accordance with the provisions of the Forest Law (Ley Forestal) and the Water Law (Ley de Aguas) (15 meters along the banks of streams or rivers, 50 horizontal meters if the land is a stream, 100 meters if there are springs, and 200 meters if it is a captured spring), on the property registered under real folio 1-109600 located in the sector of Palmichal, Acosta, San José, and which is registered in the name of GRUPO GANADERO RÓQUETA SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID 3-101-318767 represented by Mr. EDGAR UREÑA SALAZAR, holder of identity card 110424-0292. The effects of this interlocutory precautionary measure shall persist until this Office issues the final act in this ordinary administrative investigation procedure or until it rules otherwise. Mr. Edgar Ureña Salazar, holder of identity card 1-0424-0292, in his capacity as President of GRUPO GANADERO ROQUETA SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID 3-101-318767, is made aware that failure to fully comply with the precautionary measure could make him incur the crime of disobedience to authority, as provided for and punishable with imprisonment under article 314 of the Penal Code. This precautionary measure may be appealed through a motion for reversal within the third business day following notification of this resolution, in accordance with the provisions of article 346 of the General Law of Public Administration (Ley General de Administración Pública). For the implementation of this precautionary measure, Eng. Efraín Monge is commissioned, in his capacity as Head of the Puriscal Sub Regional Office or whoever holds his position, who must submit bimonthly reports verifying compliance with the imposed precautionary measure. Having seen and analyzed complaint official communications numbers ACOPACOSRP-DEN-021-141, ACOPAC-OSRP-DEN-02045, and ACOPAC-OSRP-DEN-017-2016 signed by officials of the Puriscal SubRegional Office of the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central), this Office considers it necessary to order Eng. Alfonso Duarte Marín, in his capacity as Director of the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífica Central), or whoever holds his position, to proceed to execute the respective Economic Valuation of the Environmental Damage (Valoración Económica del Daño Ambiental) resulting from the reported facts, indicating the mitigation measures to be applied in this particular case. The foregoing must be complied with within a period of ten calendar days counted from the first business day following notification of this resolution. (...)”.
He comments that he has carried out the procedural acts typical of the preliminary investigation procedure, namely requesting the respective reports as well as scheduling an on-site visual inspection to determine the real truth of the reported facts. He requests that the appeal be dismissed.
4. Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of the Puriscal Subregional Office of the Central Pacific Conservation Area (ACOPAC) of the National System of Conservation Areas (SINAC) of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), reports under oath that at the Puriscal Subregional Office, the documentation for certificate of origin under the forestry plantation modality No. 53514 H (ADVZ-2014-004) with forestry management form No. 10644 F was received on August 26, 2014, issued by the forestry manager (regente forestal) Eng. Alfonso Javier del Valle Zúñiga. The Puriscal Subregional Office proceeded to create the case file "PC-PC01-CO-PF-193-14 Grupo Ganadero la Roqueta S.A. Plantación Forestal". He adds that on September 27, 2014, the submitted documentation was entered into the Information System for Forestry Harvesting Control (SICAF), where it is registered under case file number PC-PC01-CO-PF-193-14. On September 2, 2014, case file PC-PC01-CO-PF-193-14 is assigned for entering information into the SICAF system registry. On September 16, 2014, Mr. Rodrigo Cascante Vargas, President of the San José Rural Sustainable Development Association (ADESSARU), filed a complaint for irregularities in the timber harvesting and opening of tracks in the protection area of the Tabarcia River. On September 21, 2014, a site visit was conducted by officials from the Puriscal Subregional Office (OSRP) accompanied by officials from the Public Police Force (Fuerza Pública), which gave rise to official communication ACOPAC-OSRP-1059-14, which mentions the existence of an old track, no new roads having been built in the protection area, Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) not being affected, and corroborated the felling of a cypress plantation. He says that on September 23, 2014, the request for inspection to San Pablo de Palmichal de Acosta was received from the Environmental Management Department of the Municipality of Acosta via official communication FMGA-101-2014. By official communication ACPPAC-OSRP-1099-2014 of September 29, 2014, the preparation of the inspection report on the Palmichal springs, San Pablo de Palmichal de Acosta, began. On October 9, 2014, a copy of official communication ACPOCA-OSRP-1099-14 was delivered to the Regional Directorate of ACOPAC and the Municipality of Puriscal. Through official communication ACOPAC-ORS-019-14, the environmental complaint was filed against Grupo Ganadero Roqueta S.A., represented by Mr. Edgar Ureña Salazar, with a copy delivered to the Public Prosecutor's Office, Puriscal Office, on October 10, 2014. On October 16, 2014, the harvesting report No. 53539-H to 53540 H was received, issued by Alfonso Javier del Valle Zúñiga, where he indicates that he conducted a visit on September 21, 2014, and provides the description of the property's condition and recommendations for closing said harvesting operation. On October 21, 2014, Mr. Edgar Ureña Salazar requested a copy of the complaint filed by Mr. Rodrigo Cascante Vargas. On March 23, 2015, through official communication OSRP-996-14, the certificate of origin information was incorporated, as said case file was under investigation (due to the time the case file was under investigation, when the incorporation into the system was made, the recommendation was made as denied on this date). He says that at the OSRP Office, case file ACOPAC-OSRP-056-15 was opened upon receiving, via fax on March 25, 2015, resolution 132-15-TAA, case file No. 296-14-02-TAA from the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) against Edgar Ureña Salazar, filed by the Mayor of Puriscal for impact on springs, tree felling, and track opening, filed on September 23, 2014. This is handled through official communications ACOPAC-OSRP-1059-14, official communication ACOPAC-OSRP-1099-2014. Case file 282-14-03-TAA filed (sic) by Mr. Rodrigo Cascante Vargas, President of ADESSARU, against Grupo Ganadero la Roqueta S.A. (Edgar Ureña Salazar) corresponds to the same case file No. 296-14-02-TAA (said case file is consolidated into 282-14-03-TAA), the OSRP case file being No. ACOPAC-OSRP-056-15, maintaining the information in case file PC-PC01-CO-PF-193-14, case files that are being processed. He points out that regarding other actions carried out related to the properties of Edgar Ureña or in the area located at Nacientes de Palmichal, in administrative case file EXP-ACOPAC-OSRP-DEN-211-14, a complaint is processed against Edgar Ureña Salazar, filed with the TAA via complaint official communication ACOPAC-OSRP-DEN-021-14 of October 10, 2014, and which the Administrative Environmental Tribunal accepts and processes under case file number 339-14-03-TAA of June 1, 2015. For said complaint, the TAA establishes a connection between the administrative case file of the subregional office EXP. ACOPAC-OSRP-DEN-2011-14 PROCESSED UNDER CASE FILE No. 339-14-03-TAA and No. 296-14-02-TAA, and consolidates the latter into 282-14-03-TAA despite being different sites. On July 1, 2015, regarding case file ACOPAC-OSRP-DEN-211-14, notification was given to Mr. Ureña as an administrative warning of the stoppage of works in protection areas of springs, forest, and streams (quebradas). He adds that the complaint filed by Mr. Hernán Ramírez Alfaro against Grupo Ganadero Roqueta S.A. is processed in case file ACOPAC-OSRP-DEN-059-15, which was handled by ACOPAC-OSRP-DEN-020-15 of June 16, 2015, for the invasion of protection areas of springs and streams. As the properties subject to the complaint are the same, known under case file No. WXP-ACOPAC-OSRP-DEN-2011 14, an administrative warning of the stoppage of works in protection areas of springs, forest, and streams was notified to Mr. Ureña on July 1, 2015. He concludes that, contrary to what the appellant claims, the Puriscal subregional office acted diligently, handling complaints in a timely manner, which prevented greater damage, forwarding them to the corresponding administrative and judicial bodies; likewise, a precautionary measure of work stoppage was issued to prevent the damage from continuing. He explains that once the active Administration makes the administrative and judicial bodies aware, it is subject to what they decide. However, inspections continued to be carried out on site to verify that the impacts did not continue. Furthermore, the appellant has been very extensive in describing the actions carried out by the Subregional Office and is fully aware that this entity has acted in accordance with current regulations in favor of safeguarding the integrity of the species and ecosystems of that area. Moreover, although he claims that 3 years is a long time to resolve an environmental issue where environmental damage was evident, this entity is not the one responsible for resolving or issuing the corresponding judicial or administrative ruling. He requests that the appeal be dismissed.
5.- Marco Vinicio Araya Barrantes, in his capacity as Regional Director of the Central Pacific Conservation Area (ACOPAC) of the National System of Conservation Areas (SINAC) of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), reports under oath that at the Puriscal Subregional Office, the documentation for certificate of origin under the forestry plantation modality No. 53514 H (ADVZ-2014-004) with forestry management form No. 10644 F was received on August 26, 2014, issued by the forestry manager Eng. Alfonso Javier Del Valle Zúñiga. The Puriscal Subregional Office therefore proceeded to create the case file "PCPC01-CO-PF-193-14 Grupo Ganadero la Roqueta S.A. Plantación Forestal". That on September 27, 2014, the submitted documentation was entered into the Information System for Forestry Harvesting Control (SICAF), where it is registered under case file number PC-PC01-CO-PF-193-14. On September 2, 2014, case file PC-PC01-CO-PF-193-14 is assigned for entering information into the SICAF system registry. On September 16, 2014, a note is received from Mr. Rodrigo Cascante Vargas, president of the San José Rural Sustainable Development Association (ADESSARU), reporting irregularities in the timber harvesting and opening of tracks in the protection area of the Tabarcia River. On September 21, 2014, a site visit was conducted by officials from the Puriscal Subregional Office (hereinafter OSRP) accompanied by officials from the Public Police Force, which gave rise to official communication ACOPAC-OSRP-1059-14, which mentions the existence of an old track, no new roads having been built in the protection area, Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) not being affected, and corroborating the felling of a cypress plantation. (see folios 13, 14 and 15). On September 23, 2014, the request for inspection to San Pablo de Palmichal de Acosta was received from the Environmental Management Department of the Municipality of Acosta via official communication FMGA 101-2014. (see folio 16 and 17) By official communication ACOPAC-OSRP-1099-2014 of September 29, 2014, the preparation of the inspection report on the Palmichal springs, San Pablo de Palmichal de Acosta, began. (see folios 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24) On October 9, 2014, a copy of official communication ACOPAC-OSRP-1099-14 was delivered to the Regional Directorate of ACOPAC and the Municipality of Puriscal. Through official communication ACOPAC-OSR-019-14, the environmental complaint was filed against Grupo Ganadero Roqueta S.A., represented by Mr. Edgar Ureña Salazar, with a copy delivered to the Public Prosecutor's Office, Puriscal Office, on October 10, 2014. (see folios 25, 26, 27, 28, 29 and 30). On October 16, 2014, the harvesting report No. 53539 H to 53540 H was received, issued by Alfonso Javier Del Valle Zúñiga, where he indicates that he conducted a visit on September 21, 2014, and provides the description of the property's condition and recommendations for closing said harvesting operation. (see folio 35). On October 21, 2014, Mr. Edgar Ureña Salazar requested a copy of the complaint filed by Mr. Rodrigo Cascante Vargas. (see folio 40). On March 23, 2015, through official communication OSRP-996-14, the certificate of origin information was incorporated, as said case file was under investigation; due to the time the case file was under investigation, when the incorporation into the system was made, the recommendation was made as denied on this date. At the OSRP office, case file ACOPAC-OSRP-056-15 was opened upon receiving, via fax on March 25, 2015, resolution 132-15-TAA, case file No. 296-14-02-TAA from the Administrative Environmental Tribunal against Edgar Ureña Salazar, filed by the Mayor of Puriscal for impact on springs, tree felling, and track opening, filed on September 23, 2014. This is handled through official communications ACOPAC-OSRP-1059-14, official communication ACOPAC-OSRP-1099-2014. Case file 282-14-03-TAA filed by Mr. Rodrigo Cascante Vargas, president of ADESSARU, against Grupo Ganadero la Roqueta S.A. (Edgar Ureña Salazar) corresponds to the same case file No. 296-14-02-TAA (said case file is consolidated into 282-14-03-TAA), the OSRP case file being No. ACOPAC-OSRP-056-15, maintaining the information in case file PC-PC01 -CO-PF-1 93-14. Case files that are being processed. Regarding other actions carried out related to the properties of Edgar Ureña or in the area located at Nacientes de Palmichal, he adds that administrative case file EXP.ACOPAC-OSRP-DEN-211-14, under which a complaint is processed against Edgar Ureña Salazar, was filed with the Administrative Environmental Tribunal (TAA) via complaint official communication ACOPAC-OSRP-DEN-021-14 of October 10, 2014, and which the Administrative Environmental Tribunal accepts and processes under case file number No. 339-14-03-TAA of June 1, 2015. For said complaint, the TAA establishes a connection between the administrative case file of the subregional office EXP.ACOPAC-OSRP-DEN-211-14, processed under case file No. 339-14-03-TAA, and No. 296-14-02-TAA, and consolidates the latter into 282-14-03-TAA despite being different sites. Regarding case file EXP.ACOPAC-OSRP-DEN-21 1-14, notification was given to Mr. Ureña as an Administrative warning of the stoppage of works in protection areas of springs, forest, and streams on July 1, 2015 (see folios 54 and 55). Case file ACOPAC-OSRP-DEN-059-15 is processed against Grupo Ganadero Roqueta S.A., filed by Mr. Hernán Ramírez Alfaro, which was handled by ACOPAC-OSRP-DEN- 020-15 of June 16, 2015, for the invasion of protection areas of springs and streams. As these are the same properties subject to the complaint, under case file No. EXP.ACOPAC-OSRP-DEN-211-14, an administrative warning of the stoppage of works in protection areas of springs, forest, and streams was notified to Mr. Ureña on July 1, 2015. He concludes that the Puriscal subregional office acted diligently, handling complaints in a timely manner, which prevented greater damage, forwarding them to the administrative and judicial bodies. Likewise, a precautionary measure of work stoppage was issued to prevent the damage from continuing. Once the active Administration makes the administrative and judicial bodies aware, it is subject to what they decide; however, inspections continued to be carried out on site to verify that the impacts did not continue. Moreover, the appellant has been very extensive in describing the actions carried out by the subregional office and is fully aware that this entity has acted in accordance with current regulations in favor of safeguarding the integrity of the species and ecosystems of this area. Although the appellant claims that three years is a long time to resolve an environmental issue where environmental damage was evident, it is not this entity that is responsible for resolving or issuing the corresponding judicial or administrative rulings. He requests that the appeal be dismissed. He concludes that the Puriscal Subregional Office has acted diligently, adhering at all times to the current regulations governing natural resources, following due process for the pertinent handling of this case, actions that, according to the evidence provided, verify that the appellant is incorrect, so there are no grounds to accuse non-compliance on the part of this office, and he requests that the amparo appeal not be accepted.
6.- José Miguel Zeledón Calderón, identity card 1568-099, in his capacity as Director of Water of the Ministry of Environment and Energy, reports under oath that through resolution 017-15-TAA issued by the Administrative Environmental Tribunal in case file 339-14-03-TAA, it requested this Directorate "to conduct an on-site inspection of the property located in Palmichal de Acosta, 200 meters east of the ADESARO facilities, whose apparent registered owner is Mr. Edgar Ureña Salazar, with the intention of verifying the existence of 8 possible springs, the condition of which must be certified". He adds that the Directorate conducted an inspection of the site and through technical report DA-UHTPCOSJ-0202-2016, sent by official communication DA-UHTPCOSJ-0250-2016, the result thereof was communicated. It is important to note that these documents are appended to the Administrative Environmental Tribunal's case file. From the inspection, the existence was determined not of 8 springs as the Administrative Environmental Tribunal indicated, but only 4 springs with permanent flow.
Clarifies that for cases such as the present one, the Water Directorate (Dirección de Agua), once the technical report has been rendered, could be called to testify as an expert witness and according to what was found in the field, should it be required by the Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental) in order to expand on the information presented, which to date has not occurred.
7.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.
Drawn up by Magistrate Cruz Castro; and,
Considering:
I.- Purpose of the appeal The appellant claims that the various administrative complaints for environmental damages filed before the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) and other respondent authorities more than three years ago have not been addressed, and the only thing the TAA has done is to consolidate case files No. 296-14-02-TAA and 282-14-03-TAA. This is despite the environmental alteration with serious effects, without any administrative action since the complaint was filed, already accumulating three years of waiting for the intervention and correction of this serious problem. He considers that his fundamental rights have been violated, and requests that the appeal be granted with the legal consequences.
II.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:
Regarding the TAA:
a. On September 23, 2014, Manuel Espinoza Campos, in his capacity as Mayor of the Municipality of Puriscal, filed with the TAA Official Letter PSAM-074-2014, by which he formally filed an environmental complaint to investigate what happened on the property registered under San José folio number 502010 located in Palmichal de Acosta. (See folios 35 to 41 of the administrative file and report of the President of the TAA) b. The complaint was incorporated into administrative file No. 296-14-02TAA, which was later consolidated into file No. 282-14-03-TAA (report of the President of the TAA).
c. By Official Letter TAA-DT-01 12-14 dated October 13, 2014, the Field Inspection Report conducted on October 2, 2014, at the property located in San Pablo, Palmichal, Acosta, San José, Cartographic Sheet Abra 3345 I, Edition 3 IGNCR 1989, Geographic Location N 9° 50' 27.3 W 84° 10' 19.6 projection WGS84 is rendered (Report ACOPAC-ASRP-QJ-10992014 dated September 29, 2014, is visible at folios 85 to 95 of the administrative file, according to the report of the President of the TAA) d. By resolution No. 1007-14-TAA at 08:20 hours on November 12, 2014, issued in administrative file No. 282-14-03-TAA, it was established First: To request Mr. Eng. Alfonso Duarte Marín, in his capacity as Director of the Central Pacific Conservation Area (ACOPAC) or whoever holds his position, to proceed to carry out an on-site (in situ) visual inspection of the Tarbacia River (this Office does not have a more exact address) with the intention of verifying the facts described in the complaint, an apparent extraction of wood, sedimentation, and damage to the flora and fauna of the place. Likewise, if possible, to determine the presumed responsible party for the facts indicated above. If any significant negative impact is determined, he must proceed to prepare, within the scope of his powers, the respective Economic Valuation of Environmental Damage (Valoración Económica del Daño Ambiental) and forward it to this Office. (See folios 2 and 3 of the administrative file and report of the President of the TAA) e. By resolution No. 1324 5-TAA at 13:52 hours on February 16, 2015, administrative file No. 296-14-02-TAA, it was requested: "(...) FIRST: That in the case at hand, this Office considers it of utmost importance for establishing the actual truth of the reported facts, to order Mr. Luis Alberto Durán Gamboa, in his capacity as Mayor of the Municipality of Acosta, or whoever holds his position, to proceed to: 1) certify to this Office who is the registered owner of the property located in San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, coordinates N 9° 50` 27.3" W 84° 10` 19.6" projection WGS84, apparently owned by the company Grupo Ganadero Roqueta S.A., legal identification number 3-101-318767, represented by Mr. Edgar Ureña Salazar, identity card number 1-0424.0292; 2) indicate to this Office if permits have been granted on the indicated property and of what type. Likewise, provide any other information considered relevant for the present file (report of the President of the TAA) f. In order to verify the actual truth of the facts, the Tribunal requested the Director of Water-MINAE, to carry out an inspection at the place located in San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, coordinates N 9° 50` 27.3" W 84° 10` 19.6" projection WGS84, apparently owned by the company Grupo Ganadero Roqueta S.A., and submit a report on the situation at the place in relation to the water bodies present on the property, determine what type they are, and whether they are being affected by the works carried out at the site. If they are springs (nacientes), whether they are captured and whether they have the pertinent permits for their use. It also requests that it send to this Office the corresponding economic valuation of the potential environmental damage, should it exist, regarding the water bodies (report of the President of the TAA) g. The TAA requested the Head of the Puriscal Subregional Office, Central Pacific Conservation Area, to indicate whether the property located in San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, coordinates N 9° 50` 27.3" W 84° 10` 19.6" projection WGS84: 1) is located within the boundaries of the Cerro de Escazú Protective Zone (Zona Protectora Cerro de Escazú), 2) certify whether the affected zone is a forest area and its respective basis, 3) carry out an on-site (in situ) inspection at the mentioned property, and indicate to this Office whether the protection area of the Tabarcia River, as well as the springs located on the property, are being affected; if so, send with the report the corresponding economic valuation of the environmental damage for both the impact on protection areas and for the construction of a track (trocha) and the cutting and harvesting of trees without the required permits, 4) regarding the cutting and harvesting permits approved by its division, send copies thereof, and indicate whether the inspections prior to and after their issuance were carried out as follow-up, what actions were taken by its office regarding the subsequent suspension of the cutting and harvesting, what supervision and follow-up has been given to that suspension and to the responsibility involved in issuing them, whether the corresponding forest management reports were submitted according to the forest management control, what actions have been taken regarding the non-compliance with the granted permits and the responsibility of the responsible professionals, in this case Eng. Alfonso Javier del Valle Zúñiga (report of the President of the TAA) h. The TAA requested the General Manager of the National Service for Irrigation and Drainage (SENARA), to issue an opinion on the condition and nature regarding the present water resource (report of the President of the TAA) i. The TAA ordered Messrs. Luis Alberto Durán Gamboa, in his capacity as Mayor of the Municipality of Acosta; Manuel Espinoza Campus, Mayor of the Municipality of Puriscal; and Gilberto Monge Pizarro, Mayor of the Municipality of Mora, or whoever holds their respective positions, to proceed to indicate to this Office their opinion regarding the facts reported on the property located in San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, indicated coordinates, apparently owned by the company Grupo Ganadero Roqueta S.A., a site of possible direct impact on the water springs of Palmichal that supply the cantons of Puriscal, Mora, and Acosta, tree cutting, and opening of a track, whether they were aware of them, and the actions taken by their Municipalities regarding this. Likewise, provide any other information they consider relevant for the present file. (...)" (report of the President of the TAA) j. By resolution No. 1035-15-TAA at 11:53 hours on August 18, 2015, issued under administrative file No. 282-14-03-TAA, the Director of ACOPAC is again requested to comply with what was requested (report of the President of the TAA) k. By resolution No. 1437-15-TAA at 07:45 hours on November 12, 2015, issued in File No. 296-14-02-TAA, the complaint processed under this file is consolidated into administrative file No. 282-14-03-TAA (folios 23 to 28 of the administrative file).
l. By Official Letter DA-UHTPCOSJ-0250-2016 dated March 30, 2016, signed by Eng. Marilyn Mora Vega, in her capacity as Coordinator of the Tárcoles Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate, it indicates that there are four permanent-course springs (informe de Presidenta del TAA) m. After analyzing the documents that make up this administrative file, by resolution No. 3762017-TAA at 11:37 hours on March 28, 2017, the TAA issues a precautionary measure (medida cautelar) and proceeds to carry out an on-site (in situ) visual inspection with the objective of investigating the reported facts, and by official letter number TAA-DT-0112-014 signed by Eng. Alexis Madrigal Chaves and Biologist Juan Sánchez Ramírez, both in their capacity as officials of the Technical Department, the following was concluded: The property of Grupo Ganadero Roqueta S.A.. is located, apparently entirely, within the boundaries of the ZPCE. The intervened area, based on a certificate of origin, was not only subject to cutting and extraction of exotic species (cypress) but native species were also harvested that were not contemplated in the indicated document. The coordinates indicated in the certificates of origin to execute the intervention do not match the coordinates of the actual execution. A track was opened to extract the wood. A track that was opened within forest land. The track and the wood harvesting were carried out on land with poor stability due to its friable nature, as well as on abrupt slopes greater than 70%. As a result of the destabilization of the soils, landslides occurred at several points in the intervened area. The opening of land, the track, and the destabilization carried material toward the Tabarcia River and a possible ravine (quebrada), as well as their protection areas, and caused impact on the forest areas and native autochthonous species. Some trees were cut within the Protection Area of the Tabarcia River and a possible ravine, and even within the protection areas of possible springs. The property subject to harvesting, or at least the intervened area, is located entirely within the boundaries of the ZPCE and within the Paso de las Lupas Biological Corridor (report of the President of the TAA) n. ADESSARU indicates that the intervention of the land would affect the water intake for human consumption located on the Tabarcia River, due to the impact from sediments. The soils in this zone could be classified as Class VIII soils due to rockiness, abrupt slopes, effective depth, and low fertility, as well as due to the presence of a Wild Protected Area (ASP). Without assuring that this is correct, it is the opinion of the undersigned that this zone could qualify as an aquifer recharge area. Because it is an ASP and due to the earthworks (movimientos de tierra) carried out, the opinion of SETENA should have been requested regarding the possibility of obtaining environmental viability (viabilidad ambiental), considering that the property is located in an ASP and due to the fragility or vulnerability of the zone. (…)". (report of the President of the TAA) o. By official letter number DA-UHTPCOSJ-0202-2016 signed by Eng. Jesús Monge Mejía, official of the Water Directorate of MINAE, the presence of 4 permanent-course springs located in the reported sector is certified (seen at folios 187 and 188 of the file).
p. The TAA orders a precautionary measure against Grupo Ganadero Roqueta Sociedad Anónima, and absolutely prohibits it from cutting trees without the proper authorization from the State Forestry Administration, as well as carrying out earthworks within the protection area of the determined springs, respecting their protection area in accordance with the provisions of the Forestry Law and the Water Law (15 meters along the banks of the ravines or rivers, 50 horizontal meters if the land is a ravine, 100 meters if there are springs and 200 meters if it is a captured spring, on the property registered under real folio number 1-109600 located in the sector of Palmichal, Acosta, San José. The effects of this interlocutory precautionary measure will persist until this Office proceeds to issue the final act in this ordinary administrative investigation procedure or until it rules differently (report of the President of the TAA) q. For the implementation of this precautionary measure, Eng. Efraín Monge is commissioned, in his capacity as Head of the Puriscal Sub Regional Office or whoever holds his position, who must submit bimonthly reports verifying compliance with the imposed precautionary measure (report of the President of the TAA) r. After analyzing the complaint official letters numbers ACOPACOSRP-DEN-021-14, ACOPAC-OSRP-DEN-02045, and ACOPAC-OSRP-DEN-017-2016 signed by officials of the Puriscal Sub Regional Office of the Central Pacific Conservation Area (ACOPAC), the TAA orders the Director of the Central Pacific Conservation Area (ACOPAC) to proceed to execute the respective economic valuation of the environmental damage resulting from the reported facts, indicating the mitigation measures to be applied in this particular case. The foregoing must be fulfilled within a period of ten calendar days counted from the first business day following notification of this resolution. (...) (report of the President of the TAA) Regarding the Central Pacific Conservation Area:
s. On August 26, 2014, at the Puriscal Subregional Office, documentation for the certificate of origin in the forest plantation modality (plantación forestal) No. 53514 H (ADVZ-2014-004) is received with forest management form No. 10644 F issued by the forest management professional (regente forestal) Eng. Alfonso Javier Del Valle Zúñiga, and the Puriscal Subregional Office proceeds to form file "PC-PC01-CO-PF-193-14 Grupo Ganadero la Roqueta S.A. Forest Plantation". (report Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of ACOPAC, of SINAC of MINAE).
t. On September 27, 2014, the documentation submitted is entered into the Information System for the Control of Forest Harvesting (SICAF), which is registered under file number PC-PC01-CO-PF-193-14 (report Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of ACOPAC, of SINAC of MINAE).
u. On September 2, 2014, file PC-PC01-CO-PF-193-14 is assigned to enter the information into the SICAF system registry (report Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of ACOPAC, of SINAC of MINAE).
v. On September 16, 2014, Mr. Rodrigo Cascante Vargas, President of the San José Rural Sustainable Development Association (ADESSARU), files a complaint for irregularities in the timber harvesting and opening of tracks in the protection area of the Tabarcia River (report Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of ACOPAC, of SINAC of MINAE).
w. On September 21, 2014, a site visit is carried out by officials of the Puriscal Subregional Office (OSRP) accompanied by Public Force officials, which gave rise to official letter ACOPAC-OSRP-1059-14, which mentions the existence of an old track, no new roads having been built in the protection area, Article 33 of the Forestry Law not being affected, and the cutting of a cypress plantation having been corroborated (report Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of ACOPAC, of SINAC of MINAE).
x. On September 23, 2014, a request for inspection to San Pablo de Palmichal de Acosta is received from the Environmental Management Department of the Municipality of Acosta via official letter FMGA-101-2014 (report Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of ACOPAC, of SINAC of MINAE).
y. By official letter ACPPAC-OSRP-1099-2014 dated September 29, 2014, the preparation of the inspection report on the springs of Palmichal, San Pablo de Palmichal de Acosta, begins (report Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of ACOPAC, of SINAC of MINAE).
z. On October 9, 2014, a copy of official letter ACPOCA-OSRP-1099-14 is delivered to the Regional Directorate of ACOPAC, Municipality of Puriscal (report Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of ACOPAC, of SINAC of MINAE).
aa. By official letter ACOPAC-ORS-019-14, the environmental complaint is filed against Grupo Ganadero Roqueta S.A., represented by Mr. Edgar Ureña Salazar, delivering a copy to the Public Prosecutor's Office, Puriscal Office, on October 10, 2014 (report Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of ACOPAC, of SINAC of MINAE).
bb. On October 16, 2014, the harvesting report No. 53539-H to 53540 H issued by Alfonso Javier del Valle Zúñiga is received, where he indicates that he made a visit on September 21, 2014, and provides the description of the state of the property and recommendations upon carrying out the closure of said harvesting (report Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of ACOPAC, of SINAC of MINAE).
cc. On October 21, 2014, Mr. Edgar Ureña Salazar requests a copy of the complaint filed by Mr. Rodrigo Cascante Vargas (report Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of ACOPAC, of SINAC of MINAE).
dd. On March 23, 2015, by official letter OSRP-996-14, the information from the certificate of origin is incorporated, since said file was under investigation (due to the time the file was under investigation, when the incorporation into the system was made, the recommendation of denied was made on this date) (report Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of ACOPAC, of SINAC of MINAE).
ee. At the OSRP Office, file ACOPAC-OSRP-056-15 is opened upon receiving by fax on March 25, 2015, resolution 132-15-TAA file No. 296-14-02-TAA from the Administrative Environmental Tribunal against Edgar Ureña Salazar filed by the Mayor of Puriscal for impact on springs, tree cutting, and opening of a track filed on September 23, 2014 (report Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of ACOPAC, of SINAC of MINAE).
ff. File 282-14-03-TAA filed (sic) by Mr. Rodrigo Cascante Vargas President of ADESSARU against Grupo Ganadero la Roqueta S.A. (Edgar Ureña Salazar) corresponds to the same file No. 296-14-02-TAA (said file is consolidated into 282-14-03-TAA), the OSRP file being No. ACOPAC-OSRP-056-15, keeping the information in file PC-PC01-CO-PF-193-14, files that are in process (report Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of ACOPAC, of SINAC of MINAE).
gg. Administrative file EXP-ACOPAC-OSRP-DEN-211-14, through which the complaint against Edgar Ureña Salazar is processed, was filed with the TAA via complaint official letter ACOPAC-OSRP-DEN-021-14 dated October 10, 2014, and which the Administrative Environmental Tribunal accepts and processes under file number 339-14-03-TAA dated June 1, 2015 (report Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of ACOPAC, of SINAC of MINAE).
hh. For said complaint, the TAA establishes a connection between the administrative file of the subregional office EXP. ACOPAC-OSRP-DEN-2011-14 processed under file No. 339-14-03-TAA and file No. 296-14-02-TAA, and the latter it consolidates into 282-14-03-TAA despite being different sites. (report Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of ACOPAC, of SINAC of MINAE).
ii. On July 1, 2015, regarding file ACOPAC-OSRP-DEN-211-14, notification is made to Mr. Ureña as an administrative warning to stop work in protection areas of springs, forests, and ravines (report Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of ACOPAC, of SINAC of MINAE).
jj. The complaint filed by Mr. Hernán Ramírez Alfaro against Grupo Ganadero Roqueta S.A. is processed in file ACOPAC-OSRP-DEN-059-15, which was addressed by ACOPAC-OSRP-DEN-020-15 dated June 16, 2015, for the invasion of protection areas of springs and ravines (report Efraín Monge Hernández, in his capacity as Head of ACOPAC, of SINAC of MINAE).
kk. Mr. Ureña is notified of the administrative warning to stop work in protection areas of springs, forests, and ravines on July 1, 2015.
Regarding the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy ll. By resolution 017-15-TAA issued by the Administrative Environmental Tribunal in file 339-14-03-TAA, it requested the Water Directorate (Dirección de Aguas) to "carry out an in-situ inspection of the property located in Palmichal de Acosta, 200 meters east of the ADESARO facilities, whose apparent registered owner is Mr. Edgar Ureña Salazar, with the intention of verifying the existence of 8 possible springs (nacientes), the condition of which must be certified". (Report of José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of Water of the Ministry of Environment and Energy) mm. The Directorate carried out an inspection of the site in which it determined the existence of only 4 springs with permanent flow, and through technical report DA-UHTPCOSJ-0202-2016, sent what was indicated to the TAA, which was added to the TAA file (Report of José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of Water of the Ministry of Environment and Energy) III.- Unproven fact. The following fact of relevance for this resolution is not deemed proven:
a. That the TAA had adopted timely precautionary measures to stop or prevent the reported activities that produce the environmental risk in the affected area, prior to the filing of this appeal.
IV.ON THE MERITS. Before analyzing the merits of the claim – for the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure – it must be clarified that, since ruling No. 2008-02545 at 8:55 hrs. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in this matter, an exception case is raised, as we are dealing with an action within the framework of an environmental protection procedure, which makes the case fit into one of the exception scenarios and it is appropriate to analyze the matter on its merits, which is indeed done. Firstly, regarding the actions of the TAA, and subsequently, the actions of the other respondent authorities will be analyzed.
V.- Regarding the TAA. From the relationship of proven facts, it is demonstrated that indeed on September 23, 2014, Manuel Espinoza Campos, in his capacity as Mayor of the Municipality of Puriscal, filed a formal environmental complaint with the TAA to investigate what happened on the property registered under San José real folio number 502010 located in Palmichal de Acosta. By resolution No. 1437-15-TAA at 07:45 hours on November 12, 2015, issued in File No. 296-14-02-TAA, the complaint processed under this file is consolidated into administrative file No. 282-14-03-TAA. Four months later, by Official Letter DA-UHTPCOSJ-0250-2016 dated March 30, 2016, from the Coordinator of the Tárcoles Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate, it was indicated that there are four permanent-course springs in the reported area. It was not until late March 2017, by resolution No. 3762017-TAA at 11:37 hours on March 28, 2017, and on the occasion of this appeal, that the TAA issued a precautionary measure and proceeded to carry out an on-site (in situ) visual inspection with the objective of investigating the reported facts, on the property of Grupo Ganadero Roqueta S.A.. for the purpose of cutting and extraction of exotic species (cypress), harvesting of native species, for having opened a track within forest land to extract the wood, destabilization of soils at several points in the intervened area, which produced landslides. The opening of land, the track, and the destabilization carried material toward the Tabarcia River and a possible ravine, as well as their protection areas, and caused impact on the forest areas and native autochthonous species. Some trees were cut within the Protection Area of the Tabarcia River and a possible ravine, and even within the protection areas of possible springs. Likewise, the TAA was able to determine that the intervention of the land would affect the water intake for human consumption located on the Tabarcia River, due to the impact from sediments. The soils in this zone could be classified as Class VIII soils due to rockiness, abrupt slopes, effective depth, and low fertility, as well as due to the presence of a Wild Protected Area (ASP). Without assuring that this is correct, this zone could qualify as an aquifer recharge area. Because it is an ASP and due to the earthworks (movimientos de tierra) carried out, the opinion of SETENA should have been requested regarding the possibility of obtaining environmental viability (viabilidad ambiental), considering that the property is located in an ASP and due to the fragility or vulnerability of the zone. From the described factual picture, in relation to the report given to this Chamber by the President of the TAA, it is observed that the respondent Tribunal ordered the precautionary measure against Grupo Ganadero Roqueta Sociedad Anónima – which absolutely prohibits it from cutting trees without the proper authorization from the State Forestry Administration, as well as carrying out earthworks within the protection area of the determined springs respecting their protection area in accordance with the provisions of the Forestry Law and the Water Law (15 meters along the banks of the ravines or rivers, 50 horizontal meters if the land is a ravine, 100 meters if there are springs and 200 meters if it is a captured spring, on the property registered under real folio number 1-109600 located in the sector of Palmichal, Acosta, San José) – almost three years after the first complaint was filed before the TAA in September 2014. It is on the occasion of this appeal that it decides to adopt a precautionary measure to prevent further damage to the environment, which clearly has been late in providing protection because, in this matter, the respondent authority itself acknowledges the negative effects that the illegal activity, which it investigates with extreme slowness, has had, without having adopted the precautionary measures that prevent the risks described by the appellant. Therefore, it is appropriate to grant the appeal insofar as it is directed against the TAA, which is hereby ordered.
VI.- Regarding the Central Pacific Conservation Area. From the specific analysis of the actions carried out by the Central Pacific Conservation Area and specifically the Puriscal Subregional Office, this Chamber observes that from the moment it received the various complaints, it processed them and in July 2015 issued a precautionary measure to halt works, to prevent the damage from continuing. However, although the informants from the Conservation Area state that inspections continued to be carried out to verify that the impacts did not continue, it is not evidenced that any action was taken against the disregard of such measures by the individual or that these authorities made the TAA aware of them. Issuing precautionary measures is not enough to prevent environmental damage, because in case of disregard of the imposed measures, the respondent authority must initiate the mechanisms provided by the legal system to make them effective and to bring about the consequences that their disregard generates. Therefore, it is appropriate to grant the appeal insofar as it is directed against the Conservation Area, in the terms that will be indicated in the operative part of this judgment.
VII.REGARDING THE WATER DIRECTORATE. Regarding the appeal directed against the Water Directorate (Dirección de Aguas), this Chamber observes from the various reports that it carried out the inspection of the property located in Palmichal de Acosta as ordered by the TAA within the file and determined the existence of springs at the site (technical report DA-UHTPCOSJ-0202-2016, sent to the TAA). It is not noted that at the time this appeal was filed, any information was pending that the Environmental Tribunal required from that office, in order to expand on the information presented. Consequently, no infringement of the rights invoked by the appellant is observed, and it is appropriate to dismiss the appeal insofar as it is directed against the Water Directorate, which is hereby done.
VIII.
Conclusion
In this matter, for the resolution of the appeal filed by the petitioner, it is clear that the TAA has carried out acts aimed at the investigation of properties, analysis of tree felling and harvesting (tala y aprovechamiento de árboles) activities, and the opening of a trail (trocha) without authorization and in protected zones. It has also managed to identify the alleged violators involved, coordinating with the various entities tasked with providing collaboration to conduct the investigation. However, it was not until the filing of this appeal, in March 2017, that it resolved to issue the precautionary measure (medida cautelar) to prevent the alleged violator from committing the acts deemed harmful to the environment, which is tardy and unjustifiable. The Administration is obligated to resolve the matters brought before it within a reasonable time, and while this Chamber is clear that Article 41 of the Political Constitution has not constitutionalized a right to deadlines, but rather the fundamental right of every person to have their case resolved within a reasonable time; the truth in this matter is that from the evidence provided, it is not determined that any of the respondent administrative environmental authorities with the authority to do so adopted the timely anticipatory action—prior to the final resolution of the environmental complaint—referring to preventing or ceasing the risk posed by the serious presumption of conduct clearly harmful to the environment, such as, in this case, the unauthorized felling and harvesting of trees (tala y aprovechamiento de árboles), as well as creating a trail (trocha) in a protected zone and a series of prohibited activities that damage the environment. The foregoing, with authorization from the provisions of Article 99 of the Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 of October 4, 1995, which establishes, in the administrative sanctions section, a series of protective preventive measures that the Public Administration must apply in the face of a violation of environmental protection regulations, both from the Ley Orgánica del Ambiente and other provisions for environmental protection or biological diversity; and in the face of conduct harmful to the environment. Among the provisional measures are: “… d) Partial or total restrictions, or an order for the immediate suspension of the acts giving rise to the complaint. e) Total or partial, temporary or definitive, closure of the acts or facts giving rise to the complaint…. h) Modification or demolition of constructions or works that damage the environment. Thus, it is appropriate to grant the appeal regarding this point, and the respondent Administration is warned of its obligation to resolve complaints that may affect the environment within a reasonable time. Now, for the reasons indicated in Considerando VII, it is appropriate to dismiss the appeal insofar as it is directed against the Director de Aguas, as is hereby ordered.
IX.- Of the Defensoría de los Habitantes. Having noted in this matter the inertia of the competent administrative authorities in the face of the serious acts denounced that harm the environment on the property indicated in this matter, located in San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, and which may harm the inhabitants, this judgment is notified to the Defensoría de los Habitantes for whatever may be appropriate.
X.- Note from Magistrate Cruz Castro: In this matter, there is a serious injury to the environment. So much time has passed without an effective reaction from the authorities in charge of environmental protection. Very serious facts from an environmental standpoint are not addressed in a timely manner, because the acts denounced date back to 2014, without a timely response. It is indisputable that the Administrative Environmental Tribunal faces a very serious backlog; this deficiency has been reported by the press, especially a report in the weekly Universidad of February 17, 2016. The journalistic information is authored by Diego Arguedas Ortiz. The report is titled: "Casos contra Piñeras se añejan atorados en el Tribunal Ambiental". In these cases, they had pending, without judgments, cases of pineapple farms denounced since 2001. The press information indicates that each judge processes between five hundred and six hundred case files at the tribunal. Fundamental rights are wrecked by such a slow, such a delayed response. This is the case evident here. The physical integrity and health of the inhabitants are at risk, without a response commensurate with the legal interests at stake. The excess of work, lack of resources, and lack of coordination do not justify what is happening in this matter.
XI.- DIFFERENT REASONS OF MAGISTRATES JINESTA LOBO AND SALAZAR ALVARADO, WITH THE DRAFTING OF THE FORMER. Magistrates Jinesta Lobo and Salazar Alvarado concur with the partial granting of the amparo, but for different reasons. This is because they dismiss it regarding the violation of the right to the environment, but grant it solely for the violation of the right to a prompt and completed administrative proceeding; a point on which they order the authorities to resolve immediately.
A.- REGARDING THE VIOLATION OF THE RIGHT TO THE ENVIRONMENT.
1.- THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT AND ITS SUB-CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT THROUGH A VAST REGULATORY FRAMEWORK. Article 50 of the 1949 Constitution, in 1994 (Law No. 7412 of June 3, 1994), underwent a partial reform to introduce, in its 2nd paragraph, as an express and clearly defined fundamental right, that which "Every person" has to enjoy "a healthy and ecologically balanced environment." This fundamental right, before the constitutional reform of 1994, was extensively developed by a progressive and protective jurisprudence of this Constitutional Court, all based on the existing norms in International Human Rights Law, which fostered and established the conditions for the partial reform of Article 50 of the Constitution. After the partial reform of Article 50 of the Constitution in 1994, a dense, broad, and detailed sub-constitutional regulatory framework has been developed for the effective protection of the enjoyment and exercise of the right to a healthy and ecologically balanced environment, given that the 3rd paragraph provided that "The State shall guarantee, defend, and preserve that right"; constitutional imperatives and obligations that have led the Costa Rican State to establish a vast and extensive sub-constitutional regulatory fabric, which translates into various laws, regulations, and executive decrees, dealing with substantive and formal matters for the guarantee, protection, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Additionally, this sub-constitutional legal order has established an extensive and complex administrative organization to carry out the constitutional imperatives and obligations contained in the 3rd paragraph of Article 50 of the Constitution. Within this block or parameter of legality, created to develop Article 50 of the Constitution, the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 of October 4, 1995 stands out, which, among other points, develops and regulates first-order issues such as citizen participation in environmental matters (Chapter II), environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental) (Chapter IV), the protection and improvement of the environment in human settlements (Chapter V), territorial planning and environmental protection (Chapter VI), protected wilderness areas (Chapter VII), marine, coastal, and wetland resources (Chapter VIII), biological diversity (Chapter IX), natural resources such as air, water, and soil (Chapters XI, XII, XIII), as well as forest and energy resources (Chapters X and XIV), pollution (Article XV), environmental administrative organization (XVII), and the creation of an Administrative Environmental Tribunal for the protection, defense, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Chapter XXI). Also standing out in this dense and vast legislative framework are the Ley Forestal, No. 7575 of February 5, 1996 and its reforms, the Ley de Protección Fitosanitaria, No. 7664 of April 8, 1997, the Ley de concesión y operación de marinas turísticas, No. 7744 of December 19, 1997, the Ley de Biodiversidad, No. 7788 of April 30, 1998, the Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, No. 7779 of April 30, 1998, and, more recently, the Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839 of June 24, 2010. On the other hand, even before the partial reform of Article 50 of the Constitution, there were already sectoral laws for the protection and defense of certain aspects of the environment, such as the Ley de Aguas, No. 276 of August 27, 1942 and its reforms, the Ley General de Salud, No. 5395 of October 30, 1973 and its reforms, the Ley de Salud Animal, No. 6243 of May 2, 1978, the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 of October 21, 1992 and its reforms, the Ley de Hidrocarburos, No. 7399 of May 3, 1994, and the Ley del uso racional de la energía, No. 7447 of November 3, 1994. The regulatory framework, at the sub-legal level, is even more abundant with various executive regulations of those laws and decrees that regulate the protection, conservation, and defense of the environment. At this hierarchical level of protection, by way of example, stands Decreto Ejecutivo No. 31849 of May 24, 2004, which is the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) that regulates, in detail, all facets of the environmental impact assessment (Evaluación del Impacto ambiental) procedures for activities, works, and projects, according to predefined categories, to prevent any damage or harm to the environment, its review and environmental viability, its subsequent control and monitoring, complaints, participation mechanisms, the environmental responsible party, compliance and operation guarantees, and a sanctioning regime. Also notable is Decreto Ejecutivo No. 34136 of June 20, 2007, which is the Reglamento de procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo, responsible for hearing and resolving complaints for threatened or effective violations of the legislation protecting the environment and natural resources and for establishing compensation for damages or harm to them.
2.- THE NEED TO DELINEATE CONSTITUTIONALITY CONTROL AND LEGALITY CONTROL IN MATTERS OF PROTECTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. The dense regulatory framework or sub-constitutional legal order that develops and strengthens the right to a healthy and ecologically balanced environment contemplated in Article 50 of the Constitution and that seeks its guarantee, protection, and preservation, obliges this Constitutional Court to have to delineate, in the matter, the sphere of constitutionality control from the sphere of legality control. In the case of the mechanisms or questions of constitutionality, as Title IV of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is called—a concept that includes the acción de inconstitucionalidad and the consulta de constitucionalidad (legislative and judicial)—the delimitation between constitutionality control and legality control is clear and unequivocal, since, without a doubt, it falls to this Constitutional Court to hear and resolve such matters in an exclusive and excluding manner (Articles 10 of the Constitution, 1°, 2°, subsection b), 73 to 108 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional) thus, for example, when it is alleged that a legal or regulatory norm is unconstitutional for violating Article 50, that is, the right to a healthy and ecologically balanced environment, and the values and principles underlying it. The real problem in delimiting the respective spheres of control arises regarding the amparo appeal or proceeding, for several obvious reasons, which are the following: a) The transversal nature of the right to a healthy and ecologically balanced environment, which penetrates all layers or strata of the legal order; b) the open texture of constitutional norms, whereby any grievance may appear to be of a constitutional nature; and c) the tendency to use the amparo proceeding as a substitutive path for the ordinary jurisdiction. However, some criteria can be established, based on Article 7° of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, to delimit the amparo proceeding from other ordinary jurisdictional proceedings. Thus, when a public power—an administrative entity or body—has intervened regarding an activity, work, or project, by conducting studies, evaluations, reports, or assessments of any nature, by application of the dense and vast sub-constitutional legal order, it is clear that the issue must be lodged before the ordinary jurisdiction and not the constitutional one. The same occurs when a public power has failed to comply with the obligations imposed upon it, in matters of environmental and natural resource protection, by the sub-constitutional legal order, whether of a legal or regulatory nature. Under this understanding, this Constitutional Court must hear and resolve a matter in the amparo proceeding only when no public power has intervened in the exercise of its oversight or authorization competencies and conduct is being carried out that is potentially or actually harmful to the right to a healthy and ecologically balanced environment; additionally, it must be a violation of that right that is evident and manifest or easily verifiable—without the need for extensive production or submission of evidence—and, furthermore, it must be of great relevance or transcendence and be serious. If a public power has failed to fulfill the obligations and duties developed by the sub-constitutional legal order, the matter must also not be heard by the constitutional jurisdiction, since, in addition to the complaint mechanisms provided for at the administrative level, the ordinary jurisdiction, especially the contentious-administrative jurisdiction, has sufficient competence to oversee the material or formal omissions of public entities. From the moment a public power has intervened in the exercise of its legal and regulatory competencies, substantiating a proceeding—a concatenated series of administrative actions—and issuing administrative acts, the matter falls outside the sphere of constitutionality control; the same applies if it fails or omits its legal and regulatory obligations. The amparo appeal is, essentially, a summary proceeding governed by simplicity or, in the terms of Article 25 of the American Convention on Human Rights, a remedy that must be simple and prompt. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions—procedures and formal acts that are translated and materialized in an administrative file—the matter ceases to be a subject for amparo, since one must resort to a full cognition process, that is, a full knowledge process that is only possible to substantiate before the ordinary jurisdiction. The amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria issued in light of the sub-constitutional legal order or to introduce new elements of conviction to contrast those contained in an administrative file that has been processed over prolonged periods and thoughtfully. The amparo proceeding, ultimately, cannot be converted into an ordinary full cognition process ("ordinariarlo"), since it would be denatured and perverted in its aims and purposes; hence, when a public power has intervened by conducting studies, endorsing or approving expert reports presented by interested parties, rendering reports, issuing administrative resolutions, permits, licenses, or any other formal administrative act, or, in general, by substantiating one or more administrative proceedings, the amparo proceeding is not the path to oversee such actions, but rather the contentious-administrative proceeding. The administrative intervention that can be verified or proven is determinative for considering that the matter is located on the level—itself abstract and open—of constitutionality or on the denser level of legality. Nor should this Constitutional Court hear and resolve the non-compliance with obligations imposed by the legal or regulatory normative framework, since, for this purpose, there are powerful and efficient instruments at the administrative level (the sanctioning regime, complaints, the Administrative Environmental Tribunal) and, ultimately, a contentious-administrative jurisdiction whose function is to control the legality of the administrative function (Article 49 of the Constitution), within which legal or regulatory, material or formal omissions fall, an ordinary jurisdiction that now, with the new procedural legislation, is more flexible, expeditious, swift, plenary, and universal.
3.- COROLLARY. For the foregoing reasons, we consider that this part of the amparo appeal should have been rejected outright ad limine litis for involving a question typical of legality control; however, not having been so, we consider that it must be declared without merit, without ruling on the merits of the matter, since it corresponds to the ordinary jurisdiction, particularly the contentious-administrative one, to determine whether the administrative actions and conduct deployed (active or omissive) in the sub-lite conform or not, substantially, to the sub-constitutional legal order for the protection, guarantee, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
B.- IN REFERENCE TO THE VIOLATION OF A PROMPT AND COMPLETED ADMINISTRATIVE PROCEEDING. We concur with the granting of the amparo appeal regarding the unjustified delay by the Administrative Environmental Tribunal and the Área de Conservación Pacífico Central in addressing the complaint filed; however, unlike the majority, we order that it be resolved immediately, since practically two and a half years have elapsed since it was filed, which, in our view, is unreasonable.
XII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is partially granted insofar as it is directed against the Área de Conservación Pacífico Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energía and the Administrative Environmental Tribunal. It is ordered to Efraín Monge Hernández, in his capacity as Jefe de la Oficina Subregional de Puriscal of the Área de Conservación Pacifico Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energía, as well as to Ligia Umaña Ledezma, in her capacity as Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, or to whomever holds those positions, not to incur again in the omissions that put the environment at risk, as in this case, and to take the precautions necessary so that the precautionary measures in force and ordered in this matter are duly attended to and that it is resolved within a reasonable time. The aforementioned authorities are warned that, based on the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative proceeding. In all other respects, the appeal is dismissed. Notify personally Efraín Monge Hernández, in his capacity as Jefe de la Oficina Subregional de Puriscal of the Área de Conservación Pacifico Central) of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energía, as well as Ligia Umaña Ledezma, in her capacity as Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, or whomever holds those positions. Magistrate Cruz Castro adds a note. Magistrates Jinesta Lobo and Salazar Alvarado concur with the partial granting of the amparo, but for different reasons, given that they dismiss it regarding the violation of the right to the environment, but grant it, solely, for the violation of the right to a prompt and completed administrative proceeding; a point on which they order the authorities to resolve immediately. Notify the parties and the Defensoría de los Habitantes for whatever may be appropriate.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *CTHVUBHIV47M61* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PRONTA RESOLUCIÓN Subtemas:
MORA ADMINISTRATIVA..
RETARDO EN RESOLVER DENUNCIAS AMBIENTALES Sentencia: 006354-17 Ponente: Magistrado Fernando Cruz Castro Voto dividido: Magistrados Fernando Cruz Castro, Ernesto Jinesta Lobo, Luis Fernando Salazar Alvarado.
Recurso de amparo contra EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, EL DIRECTOR DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL (ACOPAC), EL JEFE DE LA OFICINA SUBREGIONAL DE PURISCAL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL Y EL DIRECTOR DE AGUAS, TODOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. En la sentencia 006354-17 de las 9:15 horas del 05 de mayo, reclama el recurrente que las distintas denuncias administrativas por daños ambientales planteadas ante el Tribunal Ambiental Administrativo y demás autoridades recurridas desde hace más de tres años, no han sido atendidas y lo único que ha hecho el TAA ha sido acumular los expedientes. Ello pese a la alteración ambiental con graves efectos, sin acción administrativa alguna desde que se interpuso la denuncia, acumulando ya tres años de espera para la intervención y corrección de este grave problema, que se presenta en una finca de Acosta, por extracción de madera, sedimentación y daño a la flor y fauna del lugar. En este caso, señala la Sala que, en este asunto, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una gestión en el marco de un procedimiento de tutela medio ambiental, lo que hace que el caso encuadre en uno de los supuestos de excepción y proceda analizar el asunto por el fondo. En este asunto para la resolución del recurso planteado por el accionante; es claro que el TAA ha realizado actos dirigidos a la investigación de propiedades, análisis de actividades de tala y aprovechamiento de árboles y apertura de trocha sin autorización y en zonas protegidas. Asimismo, ha logrado la identificación de los presuntos infractores involucrados, realizando la coordinación con los distintos entes encargos de prestar colaboración para realizar la investigación. No obstante, es hasta la interposición de este recurso, en marzo de 2017, que resuelve girar la medida cautelar que prevenga al supuesto infractor de no cometer los actos que se estiman lesivos del medio ambiente, lo que es tardío e injustificable. La Administración está obligada a resolver en un plazo razonable los asuntos que le son planteados, y si bien esta Sala es clara en que el artículo 41 de la Constitución Política, no ha constitucionalizado un derecho a los plazos, sino el derecho fundamental de toda persona a que su causa sea resuelta dentro de un plazo razonable; lo cierto en este asunto, es que de la prueba aportada no se determina que ninguna de las autoridades ambientales administrativas recurridas con autoridad para hacerlo, haya adoptado la oportuna acción anticipada -a la resolución final de la queja ambiental- referida a evitar o hacer cesar el riesgo que supone la presunción grave de conductas claramente dañinas al ambiente, como lo son, en este caso, la tala y aprovechamiento de árboles sin autorización, así como hacer una trocha en una zona protegida y una serie de actividades prohibidas que dañan el ambiente. Lo anterior, con autorización de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, N°7554 del 04 de octubre de 1995, que establece en el aparte de sanciones administrativas, una serie de medidas preventivas protectoras, que debe aplicar la Administración Pública ante la violación de las normativas de protección ambiental tanto de la Ley Orgánica del Ambiente como de otras disposiciones de protección ambiental o de la diversidad biológica; y frente a conductas dañinas al ambiente. Se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto se dirige contra el Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía y el Tribunal Ambiental Administrativo. Se ordena al Jefe de la Oficina Subregional de Puriscal del Área de Conservación Pacifico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía así como a la Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo no incurrir nuevamente en las omisiones que ponen en riesgo el ambiente, como en este caso, así como tomar las previsiones que sean necesarias para que las medidas cautelares vigentes y ordenadas en este asunto sean debidamente atendidas y que el mismo sea resuelto en un plazo razonable. En lo demás se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Cruz Castro pone nota. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado coinciden con la estimatoria parcial del amparo, pero por razones diferentes, dado que, lo desestiman en cuanto a la violación del derecho al ambiente, pero lo acogen, únicamente, por la infracción del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido; extremo respecto del que le ordenan a las autoridades resolver inmediatamente. Notifíquese a las partes y a la Defensoría de los Habitantes para lo que le corresponda. Nota del Magistrado Cruz Castro: En este asunto hay una grave lesión al ambiente. Tanto tiempo que ha pasado sin una reacción efectiva de las autoridades encargadas de la tutela del ambiente. Hechos muy graves desde el punto de vista ambiental, no son abordados oportunamente, porque los actos denunciados datan del año 2014, sin una respuesta oportuna. La información de prensa señala que cada juez tramita en el tribunal entre quinientos y eiscientos expedientes. Los derechos fundamentales naufragan ante una respuesta tan lenta, tan tardada. Este es el caso que se evidencia en este caso. Peligra la integridad física y la salud de los habitantes, sin que haya una respuesta a la altura de los bienes jurídicos en juego. El exceso de trabajo, la falta de recursos, la descoordinación, no justifican lo que ocurre en este asunto. RAZONES DIFERENTES DE LOS MAGISTRADOS JINESTA LOBO Y SALAZAR ALVARADO, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Coinciden con la estimatoria parcial del amparo, pero por razones diferentes. Lo anterior, dado que, lo desestiman en cuanto a la violación del derecho al ambiente, pero lo acogen, únicamente, por la infracción del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido; extremo respecto del que ordenan a las autoridades resolver inmediatamente. Estimaron que el amparo, debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad, sin embargo, no habiendo sido así, consideramos que se debe declarar sin lugar, sin pronunciarnos en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en particular, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Coinciden con la estimatoria del recurso de amparo, en lo atinente a la tardanza injustificada, por parte del Tribunal Ambiental Administrativo y del Área de Conservación Pacífico Central, en atender la denuncia presentada; no obstante, a diferencia de la mayoría, ordenamos se resuelva de inmediato, en tanto han transcurrido, prácticamente, dos años y medio, desde el momento en el cual fue interpuesta, lo que, en nuestro criterio, es irrazonable.
LBH09/21 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
DAÑO AMBIENTAL.
RETARDO EN RESOLVER DENUNCIAS AMBIENTALES Sentencia: 006354-17 Ponente: Magistrado Fernando Cruz Castro Voto dividido: Magistrados Fernando Cruz Castro, Ernesto Jinesta Lobo, Luis Fernando Salazar Alvarado.
Recurso de amparo contra EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, EL DIRECTOR DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL (ACOPAC), EL JEFE DE LA OFICINA SUBREGIONAL DE PURISCAL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL Y EL DIRECTOR DE AGUAS, TODOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. En la sentencia 006354-17 de las 9:15 horas del 05 de mayo, reclama el recurrente que las distintas denuncias administrativas por daños ambientales planteadas ante el Tribunal Ambiental Administrativo y demás autoridades recurridas desde hace más de tres años, no han sido atendidas y lo único que ha hecho el TAA ha sido acumular los expedientes. Ello pese a la alteración ambiental con graves efectos, sin acción administrativa alguna desde que se interpuso la denuncia, acumulando ya tres años de espera para la intervención y corrección de este grave problema, que se presenta en una finca de Acosta, por extracción de madera, sedimentación y daño a la flor y fauna del lugar. En este caso, señala la Sala que, en este asunto, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una gestión en el marco de un procedimiento de tutela medio ambiental, lo que hace que el caso encuadre en uno de los supuestos de excepción y proceda analizar el asunto por el fondo. En este asunto para la resolución del recurso planteado por el accionante; es claro que el TAA ha realizado actos dirigidos a la investigación de propiedades, análisis de actividades de tala y aprovechamiento de árboles y apertura de trocha sin autorización y en zonas protegidas. Asimismo, ha logrado la identificación de los presuntos infractores involucrados, realizando la coordinación con los distintos entes encargos de prestar colaboración para realizar la investigación. No obstante, es hasta la interposición de este recurso, en marzo de 2017, que resuelve girar la medida cautelar que prevenga al supuesto infractor de no cometer los actos que se estiman lesivos del medio ambiente, lo que es tardío e injustificable. La Administración está obligada a resolver en un plazo razonable los asuntos que le son planteados, y si bien esta Sala es clara en que el artículo 41 de la Constitución Política, no ha constitucionalizado un derecho a los plazos, sino el derecho fundamental de toda persona a que su causa sea resuelta dentro de un plazo razonable; lo cierto en este asunto, es que de la prueba aportada no se determina que ninguna de las autoridades ambientales administrativas recurridas con autoridad para hacerlo, haya adoptado la oportuna acción anticipada -a la resolución final de la queja ambiental- referida a evitar o hacer cesar el riesgo que supone la presunción grave de conductas claramente dañinas al ambiente, como lo son, en este caso, la tala y aprovechamiento de árboles sin autorización, así como hacer una trocha en una zona protegida y una serie de actividades prohibidas que dañan el ambiente. Lo anterior, con autorización de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, N°7554 del 04 de octubre de 1995, que establece en el aparte de sanciones administrativas, una serie de medidas preventivas protectoras, que debe aplicar la Administración Pública ante la violación de las normativas de protección ambiental tanto de la Ley Orgánica del Ambiente como de otras disposiciones de protección ambiental o de la diversidad biológica; y frente a conductas dañinas al ambiente. Se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto se dirige contra el Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía y el Tribunal Ambiental Administrativo. Se ordena al Jefe de la Oficina Subregional de Puriscal del Área de Conservación Pacifico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía así como a la Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo no incurrir nuevamente en las omisiones que ponen en riesgo el ambiente, como en este caso, así como tomar las previsiones que sean necesarias para que las medidas cautelares vigentes y ordenadas en este asunto sean debidamente atendidas y que el mismo sea resuelto en un plazo razonable. En lo demás se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Cruz Castro pone nota. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado coinciden con la estimatoria parcial del amparo, pero por razones diferentes, dado que, lo desestiman en cuanto a la violación del derecho al ambiente, pero lo acogen, únicamente, por la infracción del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido; extremo respecto del que le ordenan a las autoridades resolver inmediatamente. Notifíquese a las partes y a la Defensoría de los Habitantes para lo que le corresponda. Nota del Magistrado Cruz Castro: En este asunto hay una grave lesión al ambiente. Tanto tiempo que ha pasado sin una reacción efectiva de las autoridades encargadas de la tutela del ambiente. Hechos muy graves desde el punto de vista ambiental, no son abordados oportunamente, porque los actos denunciados datan del año 2014, sin una respuesta oportuna. La información de prensa señala que cada juez tramita en el tribunal entre quinientos y eiscientos expedientes. Los derechos fundamentales naufragan ante una respuesta tan lenta, tan tardada. Este es el caso que se evidencia en este caso. Peligra la integridad física y la salud de los habitantes, sin que haya una respuesta a la altura de los bienes jurídicos en juego. El exceso de trabajo, la falta de recursos, la descoordinación, no justifican lo que ocurre en este asunto. RAZONES DIFERENTES DE LOS MAGISTRADOS JINESTA LOBO Y SALAZAR ALVARADO, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Coinciden con la estimatoria parcial del amparo, pero por razones diferentes. Lo anterior, dado que, lo desestiman en cuanto a la violación del derecho al ambiente, pero lo acogen, únicamente, por la infracción del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido; extremo respecto del que ordenan a las autoridades resolver inmediatamente. Estimaron que el amparo, debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad, sin embargo, no habiendo sido así, consideramos que se debe declarar sin lugar, sin pronunciarnos en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en particular, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Coinciden con la estimatoria del recurso de amparo, en lo atinente a la tardanza injustificada, por parte del Tribunal Ambiental Administrativo y del Área de Conservación Pacífico Central, en atender la denuncia presentada; no obstante, a diferencia de la mayoría, ordenamos se resuelva de inmediato, en tanto han transcurrido, prácticamente, dos años y medio, desde el momento en el cual fue interpuesta, lo que, en nuestro criterio, es irrazonable.
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Temas Estrategicos: Derechos Humanos,Ambiental,Constitución Política Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
AREA PROTEGIDA.
RETARDO EN RESOLVER DENUNCIAS AMBIENTALES Sentencia: 006354-17 Ponente: Magistrado Fernando Cruz Castro Voto dividido: Magistrados Fernando Cruz Castro, Ernesto Jinesta Lobo, Luis Fernando Salazar Alvarado.
Recurso de amparo contra EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, EL DIRECTOR DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL (ACOPAC), EL JEFE DE LA OFICINA SUBREGIONAL DE PURISCAL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL Y EL DIRECTOR DE AGUAS, TODOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. En la sentencia 006354-17 de las 9:15 horas del 05 de mayo, reclama el recurrente que las distintas denuncias administrativas por daños ambientales planteadas ante el Tribunal Ambiental Administrativo y demás autoridades recurridas desde hace más de tres años, no han sido atendidas y lo único que ha hecho el TAA ha sido acumular los expedientes. Ello pese a la alteración ambiental con graves efectos, sin acción administrativa alguna desde que se interpuso la denuncia, acumulando ya tres años de espera para la intervención y corrección de este grave problema, que se presenta en una finca de Acosta, por extracción de madera, sedimentación y daño a la flor y fauna del lugar. En este caso, señala la Sala que, en este asunto, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una gestión en el marco de un procedimiento de tutela medio ambiental, lo que hace que el caso encuadre en uno de los supuestos de excepción y proceda analizar el asunto por el fondo. En este asunto para la resolución del recurso planteado por el accionante; es claro que el TAA ha realizado actos dirigidos a la investigación de propiedades, análisis de actividades de tala y aprovechamiento de árboles y apertura de trocha sin autorización y en zonas protegidas. Asimismo, ha logrado la identificación de los presuntos infractores involucrados, realizando la coordinación con los distintos entes encargos de prestar colaboración para realizar la investigación. No obstante, es hasta la interposición de este recurso, en marzo de 2017, que resuelve girar la medida cautelar que prevenga al supuesto infractor de no cometer los actos que se estiman lesivos del medio ambiente, lo que es tardío e injustificable. La Administración está obligada a resolver en un plazo razonable los asuntos que le son planteados, y si bien esta Sala es clara en que el artículo 41 de la Constitución Política, no ha constitucionalizado un derecho a los plazos, sino el derecho fundamental de toda persona a que su causa sea resuelta dentro de un plazo razonable; lo cierto en este asunto, es que de la prueba aportada no se determina que ninguna de las autoridades ambientales administrativas recurridas con autoridad para hacerlo, haya adoptado la oportuna acción anticipada -a la resolución final de la queja ambiental- referida a evitar o hacer cesar el riesgo que supone la presunción grave de conductas claramente dañinas al ambiente, como lo son, en este caso, la tala y aprovechamiento de árboles sin autorización, así como hacer una trocha en una zona protegida y una serie de actividades prohibidas que dañan el ambiente. Lo anterior, con autorización de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, N°7554 del 04 de octubre de 1995, que establece en el aparte de sanciones administrativas, una serie de medidas preventivas protectoras, que debe aplicar la Administración Pública ante la violación de las normativas de protección ambiental tanto de la Ley Orgánica del Ambiente como de otras disposiciones de protección ambiental o de la diversidad biológica; y frente a conductas dañinas al ambiente. Se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto se dirige contra el Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía y el Tribunal Ambiental Administrativo. Se ordena al Jefe de la Oficina Subregional de Puriscal del Área de Conservación Pacifico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía así como a la Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo no incurrir nuevamente en las omisiones que ponen en riesgo el ambiente, como en este caso, así como tomar las previsiones que sean necesarias para que las medidas cautelares vigentes y ordenadas en este asunto sean debidamente atendidas y que el mismo sea resuelto en un plazo razonable. En lo demás se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Cruz Castro pone nota. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado coinciden con la estimatoria parcial del amparo, pero por razones diferentes, dado que, lo desestiman en cuanto a la violación del derecho al ambiente, pero lo acogen, únicamente, por la infracción del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido; extremo respecto del que le ordenan a las autoridades resolver inmediatamente. Notifíquese a las partes y a la Defensoría de los Habitantes para lo que le corresponda. Nota del Magistrado Cruz Castro: En este asunto hay una grave lesión al ambiente. Tanto tiempo que ha pasado sin una reacción efectiva de las autoridades encargadas de la tutela del ambiente. Hechos muy graves desde el punto de vista ambiental, no son abordados oportunamente, porque los actos denunciados datan del año 2014, sin una respuesta oportuna. La información de prensa señala que cada juez tramita en el tribunal entre quinientos y eiscientos expedientes. Los derechos fundamentales naufragan ante una respuesta tan lenta, tan tardada. Este es el caso que se evidencia en este caso. Peligra la integridad física y la salud de los habitantes, sin que haya una respuesta a la altura de los bienes jurídicos en juego. El exceso de trabajo, la falta de recursos, la descoordinación, no justifican lo que ocurre en este asunto. RAZONES DIFERENTES DE LOS MAGISTRADOS JINESTA LOBO Y SALAZAR ALVARADO, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Coinciden con la estimatoria parcial del amparo, pero por razones diferentes. Lo anterior, dado que, lo desestiman en cuanto a la violación del derecho al ambiente, pero lo acogen, únicamente, por la infracción del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido; extremo respecto del que ordenan a las autoridades resolver inmediatamente. Estimaron que el amparo, debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad, sin embargo, no habiendo sido así, consideramos que se debe declarar sin lugar, sin pronunciarnos en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en particular, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Coinciden con la estimatoria del recurso de amparo, en lo atinente a la tardanza injustificada, por parte del Tribunal Ambiental Administrativo y del Área de Conservación Pacífico Central, en atender la denuncia presentada; no obstante, a diferencia de la mayoría, ordenamos se resuelva de inmediato, en tanto han transcurrido, prácticamente, dos años y medio, desde el momento en el cual fue interpuesta, lo que, en nuestro criterio, es irrazonable.
LBH09/21 ... Ver más *170040890007CO* Res. Nº 2017006354 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del cinco de mayo de dos mil diecisiete .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 17-004089-0007-CO, interpuesto por GERARDO CASTILLO MARTÍNEZ, cédula de identidad No. 0601380233, contra EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, EL DIRECTOR DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL (ACOPAC), EL JEFE DE LA OFICINA SUBREGIONAL DE PURISCAL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL Y EL DIRECTOR DE AGUAS, TODOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 14 de marzo 2017, el recurrente interpone recurso de amparo contra el DIRECTOR DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL (ACOPAC), EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, EL JEFE DE LA OFICINA SUBREGIONAL DE PURISCAL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL Y EL DIRECTOR DE AGUAS, TODOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA y manifiesta que por oficio No. PSA-074-2014, el Alcalde de Puriscal presentó denuncia administrativa por daños ambientales ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Señala que, por resolución No. 1437-15-TAA de 12 de noviembre de 2015, el Tribunal Ambiental Administrativo, luego de hacer un recuento descriptivo de todas las resoluciones previas sobre las denuncias recibidas de distintos actores interesados y de los informes solicitados a las diferentes instancias públicas que tienen que ver con esas denuncias, acordó que, por economía procesal y, al existir identidad de elementos entre los procesos seguidos, se acumularan los expedientes Nos. 296-14-02-TAA y 282-14-03-TAA. Alega que se produjo la alteración ambiental con graves efectos, sin acción administrativa alguna desde que se interpuso la denuncia, acumulando ya tres años de espera para la intervención y corrección de este grave problema ambiental.
2.- La resolución de las 12:04 horas del 20 de marzo de 2017, que da curso a este amparo fue debidamente notificada a las autoridades recurridas el 23 y 31 del mismo mes.
3. Informa bajo juramento Ligia Umaña Ledezma, en su condición de Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) que el 23 de setiembre del 2014 se recibe en este Tribunal el Oficio PSAM-074-2014 suscrito por el señor Manuel Espinoza Campos en su condición de Alcalde del Municipalidad de Puriscal mediante el cual interpone formal denuncia de carácter ambiental para investigar lo acontecido en la finca inscrita bajo matrícula de folio San José 502010 ubicada en Palmichal de Acosta. Ver folios 35 al 41 del expediente administrativo. Añade que la presente denuncia se incorporó al expediente administrativo N° 296-14-02TAA que luego se acumuló al expediente N° 282-14-03-TAA. Agrega que el Informe ACOPAC-ASRP-QJ-10992014 del 29 de setiembre del 2014 se encuentra visible a los folios 85 al 95 del expediente administrativo. Añade que a folios 42 al 66 del expediente administrativo consta el oficio TAA-DT-01 12-14 de fecha 13 de octubre del 2014 el cual corresponde al Informe de Gira realizado el día 2 de octubre del año 2014 a la propiedad ubicada en San Pablo, Palmichal, Acosta, San José, Hoja Cartográficas Abra 3345 I, Edición 3 IGNCR 1989, Ubicación Geográfica N 9" 50' 27.3 W 84° 10' 19.6 proyección WGS84. Indica que por la resolución N" 1007-14-TAA de las 08:20 horas del 12 de noviembre del año 2014 dictada en el expediente administrativo N" 282-14-03-TAA se estableció Primero: Solicitar al señor Ing. Alfonso Duarte Marín, en su condición de Director del Área de Conservación Pacifico Central (ACOPAC) o a quien ocupe su cargo, que proceda a realizar una inspección ocular "in situ" al Río Tarbacia (no cuenta este Despacho con una dirección más exacta) con la intención de verificar los hechos descritos en la denuncia, una aparente extracción de madera, sedimentación y daño a la flora y fauna del lugar. Asimismo en caso de ser posible determinar el presunto responsable de los hechos supra indicados. En caso de determinarse alguna afectación negativa significativa deberá proceder a elaborar dentro del ámbito de sus competencias la respectiva Valoración Económica del Daño Ambiental y remitirla a este Despacho. Ver folios 2 y 3 del expediente administrativo. Por resolución N° 1324 5-TAA de las 13:52 horas del 16 de febrero de 2015 expediente administrativo N° 296-14-02-TAA. se solicitó: "(...) PRIMERO: Que en el caso que nos ocupa, considera este Despacho de suma importancia para el establecimiento de la verdad real de los hechos denunciados, ordenar al señor Luis Alberto Durán Gamboa, en condición de Alcalde de la Municipalidad de Acosta, o a quién ocupe su cargo, que proceda a: 1) certificar a este Despacho quien es el propietario registral de la finca ubicada en San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, coordenadas indicadas, proyección WGS84, aparentemente propiedad de la sociedad Grupo Ganadero Roqueta S.A., cédula jurídica número 3-101-318767, representada por el señor Edgar Ureña Salazar, cédula de identidad número 1-0424.0292; 2) indicar a este Despacho si se han otorgado permisos sobre la propiedad indicada y de qué tipo. Asimismo, aporte cualquier otra información que considere relevante para el presente expediente. SEGUNDO: Que con el fin de verificar la verdad real de los hechos, este Tribunal considera pertinente solicitar al señor José Miguel Zeledón Calderón en condición de Director de Agua-MINAE, o quien ocupe su cargo, que realice una inspección situ" ubicado en San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, coordenadas N 9° 50` 273" W 84° 10` l9.6" proyección WGS 84, aparentemente propiedad de la sociedad Grupo Ganadero Roqueta S.A., cédula jurídica número 3-l01-318767, representada por el señor Edgar Ureña Salazar, cédula de identidad número l-0424-0292, y remita un informe a este Despacho de la situación en el lugar en relación con los cuerpos de aguas presentes en la finca, determinar de qué tipo son y si se están viendo afectadas por las obras realizadas en el lugar, de ser nacientes, si las mismas están captadas y si cuentan con los permisos pertinentes para su aprovechamiento. De ser del caso, se le solicita que remita a este Despacho la correspondiente valoración económica del posible daño ambiental en caso de existir el mismo sobre los cuerpos de agua_ Para una mejor ubicación del lugar de los hechos podrá contactar con el señor Efraín Monge Hernández, Oficina Subregional de Puriscal, Área de Conservación Pacífico Central, al teléfono 2416-6576. TERCERO: Que con el fin de verificar la verdad real de los hechos, este Tribunal considera pertinente solicitar al señor Efraín Monge Hernández, en su condición de Jefe de la Oficina Subregional de Puriscal, Área de Conservación Pacífico Central, o quien ocupe su cargo, que indique si la propiedad ubicada en San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, coordenadas N 9° 50` 27.3" W 84" l0` 19.6" proyección WGS 84: 1) se encuentra dentro de los límites de la Zona Protectora Cerro de Escazú, 2) certificar si la zona afectada se trata de área de bosque y su respectivo fundamento, 3) que realice una inspección "in sito" en la propiedad mencionada, e indique a este Despacho si el área de protección del Río Tabarcia, así como de las nacientes que se encuentren en la propiedad están siendo afectadas, en caso afirmativo remita con el informe la correspondiente valoración económica del daño ambiental tanto de la afectación de áreas de protección, como por la construcción de una trocha y la corta y aprovechamiento de árboles sin los permisos requeridos, 4) en cuanto a los permisos de corta y aprovechamiento aprobados por su dependencia, remitir copia de los mismos, e indicar si se dieron las inspecciones previas y posteriores a su emisión como seguimiento, cuáles fueron las acciones tomadas por su oficina en cuanto a la posterior paralización de su y aprovechamiento, que supervisión y seguimiento se le ha dado a esa paralización y a la responsabilidad que tienen la emisión de los mismos, si se presentaron los informes de regencia que corresponden según el control de regencia forestal, que acciones se han tornado en cuanto al incumplimiento de los permisos otorgados y responsabilidad de los profesionales responsables, en este caso del el Ing. Alfonso Javier del Valle Zúñiga. CUART0: Que a fin de establecer la verdad real de los hechos, se hace necesario solicitar a la señora Patricia Quirós Quirós en su condición de Gerente General del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), o a quien ocupe su cargo, que proceda a realizar lo siguiente en San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, coordenadas N 9° so 273` ` W 84° 10` l9.6" proyección WGS 84: 1) Aplicar la matriz de erabilidad en esta zona y emitir criterio sobre la condición y naturaleza de la misma en cuanto al recurso hídrico presente. QUINTO- Que en el caso que nos ocupa, considera este Despacho de suma importancia para el establecimiento de la verdad real de los hechos denunciados, ordenar a los señores Luis Alberto Durán Gamboa, en condición de Alcalde de la Municipalidad de Acosta; Manuel Espinoza Campus, Alcalde de la Municipalidad de Puriscal y Gilberto Monge Pizarro, Alcalde de la Municipalidad de Mora, o a quién ocupe su cargo respectivamente, que procedan a indicar a este Despacho su criterio en cuanto a los hechos denunciados en la finca ubicada en San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, coordenadas indicadas, aparentemente propiedad de la sociedad Grupo Ganadero Roqueta S.A., representada por el señor Edgar Ureña Salazar, cédula de identidad número 1- 0424-0292, sito posible afectación directa a las nacientes de agua de Palmichal que abastecen los cantones de Puriscal, Mora y Acosta, corta de árboles y apertura de trocha, si tenían conocimiento de los mismos y las acciones tomadas por sus Municipalidades en cuanto a ello. Asimismo, aporten cualquier otra información que consideren relevante para el presente expediente. (...)".Que la resolución N° 4524 5-TAA de las nueve horas con treinta y nueve minutos del veinte de abril del año 2015 corresponde al expediente administrativo N" 282-14-03-TAA y se emite en seguimiento a lo solicitado mediante resolución No 1007-14-TAA de las ocho horas con veinte minutos del doce de noviembre del año 2014. Octavo' Que el oficio ACOPAC-OSRP-DEN~020-15 de fecha 16 de junio del año 2015 fue recibido en este Despacho el día 19 de junio del año 2015. Ver folios 176 al 179 del expediente administrativo. Noveno: Que visible al folio 180 y 181 del expediente administrativo consta el Oficio 643-15~TAA del 6 de julio del año 2015 dirigido al Ing. Belfort Cubillo Jiménez de la Unidad de Control y Protección de la Oficina Sub Regional Puriscal del Área de Conservación Pacífico Central. Décimo' Que mediante resolución N° 1035-15-TAA de las once horas con cincuenta y tres minutos del dieciocho de agosto del año 2015, dictada bajo el expediente administrativo No 282-14-03~TAA y en seguimiento a lo solicitado en resolución N° 4522151TAA, se le solicita por tercera ocasión al señor Alfonso Duarte en su condición de Director de ACOPAC o a quien ocupe su cargo, cumplir con lo solicitado. Undécimo: Que mediante resolución N° 1437-15~TAA de las siete horas con cuarenta y cinco minutos del día doce de noviembre del año dos mil quince, dictada en el Expediente N" 296-14-02›TAA se procede a acumular la denuncia tramitada bajo este expediente al expediente administrativo N° 28244-03-TAA. Ver folios 23 al 28 del expediente administrativo Décimo Segundo: Que visible a los folios 157 y 188 del expediente administrativo consta el Oficio DA-UHTPCOSJ-0250-2016 de fecha 30 de marzo del año 2016 suscrito por la Ing. Marilyn Mora Vega, en su condición de Coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles Pacífico Central de la Dirección de Agua, en la que ubica cuatro nacientes de cauce permanente. Décimo Tercero v Décimo Cuarto: Que una vez analizados los documentos que conforman el presente expediente administrativo este Tribunal determinó mediante resolución N" 3762017-TAA de las once horas con treinta y siete minutos del veintiocho de marzo del año dos mil diecisiete dictar una Medida Cautelar en los siguientes términos: TERCERO: Sobre la necesidad de imponer una medida cautelar en el presente caso. Que de conformidad con la denuncia interpuesta par el señor Rodrigo Cascante Vargas, en su condición de Presidente de la Asociación de Desarrollo Sostenible San José Rural (ADESSARU), así como con la denuncia interpuesta por el señor Manuel Espinoza Campos, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Puriscal, mediante oficio número PSAM-0742014, así como por medio del oficio de denuncia N° ACOPAC-OSRP-DEN~02I-14, suscrito por el Téc. Arístides Chinchilla Chinchilla, en su condición de funcionario de la Oficina Sub Regional de Puriscal del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), y los oficios de denuncia número ACOPAC-OSRP-DEN-020-15 y ACOPAC-OSRP-DEN-017-2016 suscritos por el Ing Cubillo y elTec. Burgos González, y por el señor Cubillo Jiménez, en su condición de funcionario de Ia Oficina Sub Regional de Puriscal del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), respectivamente, todos en contra de Grupo Ganadero Raqueta SA., cédula jurídica 3-101-9I8767,representada por el señor Edgar Ureña Salazar, cédula de identidad 1-0424~0292, este Despacho procedió a realizar inspección ocular "in situ" con el objetivo de investigar las hechos denunciados, por lo que mediante oficia número TAA-DT-0112-014suscrito por el Ing. Alexis Madrigal Chaves y el Biól Juan Sánchez Ramírez,ambos en su condición de funcionarios del Departamento Técnica de esta Judicatura, se concluyó lo siguiente: La propiedad del Grupo Ganadero Roqueta S.A.. se localiza, en apariencia totalmente dentro de los límites de la ZPCE. El área intervenida con base en un certificado de origen no sola fue objeto de corta y extracción de especies exóticas (ciprés) sino que se aprovechó especies nativas que no estaban contempladas en el documento indicado. Las coordenadas indicadas en los certificados de origen para ejecutar la intervención no concuerdan con las coordenadas de la ejecución real. Es evidente que se abrió una trocha para extraer la madera. Trocha que, e parte, se abrió dentro de terrenos de bosque. La trocha y el aprovechamiento de madera se ejecutó en terrenos con poca estabilidad debido a su naturaleza deleznable, así como a las pendientes abruptas superiores al 70%. Producto de la desestabilización de los suelos, en varios puntos del área intervenida se produjeron deslizamientos. La apertura de terreno, trocha y la desestabilización acarrearon material hacia el Río Tabarcia y una posible quebrada, así como a sus áreas de protección y provocando afectación a las áreas de bosque y especies nativas a autóctonas. Algunos árboles fueron cortados dentro del área de Protección del Río Tabarcia y de una posible quebrada, en incluso, dentro de las áreas de protección de posibles nacientes. La propiedad objeto de aprovechamiento, o al menos el área intervenida, se ubica totalmente dentro de los límites de la ZPCE y dentro del Corredor Biológico Paso de las Lupas. Por parte de ADESSARU se indica que la intervención del terreno afectaría la toma de agua para consumo humano ubicada en el Río Tabarcia, por la afectación con sedimentos. Los suelos presente en esta zona podrían ser calificados como suelos Clase VIII por pedregosidad, pendientes abruptas, profundidad efectiva y fertilidad baja, así como por la presencia de un ASP. Sin asegurar que esta sea correcto, es criterio de los suscritos que esta zona podría calificar como área de recarga acuífera. Por ser un ASP y los movimientos de tierra realizadas debió pedirse el criterio de la SETENA sobre la posibilidad de obtener visibilidad ambiental, considerando que la propiedad se ubica en un ASP y por la fragilidad o vulnerabilidad de la zona. (…)". (El resaltado ha sido añadido y no corresponde al documento original). Aunado a lo anterior, mediante oficio número DA-UHTPCOSJ-0202-2016 (visto a folios 187 y 188 del expediente), suscrito por el Ing Jesús Monge Mejía, funcionario de la Dirección de Agua del MINAE, se certifica la presencia de 4 nacientes de cauce permanente localizados en el sector denunciado.(…) . Este tribunal considera pertinente la adopción de una medida cautelar consistente en : Ordenar a GRUPO GANADERO ROQUETA SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-3I8767, representada por el señor EDGAR UREÑA SALAZAR, portador de la cédula de identidad 1-0424-0292, la prohibición absoluta de cortar árboles sin contar con la debida autorización por parte de la Administración Forestal del Estado, así como la realización de movimientos de tierra dentro del área de protección de las nacientes dictaminadas respetando su área de protección de conformidad con lo establecido por la Ley Forestal y la Ley de Aguas (15 metros a lo larga de las riberas de las quebradas o ríos, 50 metros horizontales si el terreno es quebrada, 100 metros si existen nacientes y 200 metros si es una naciente captada), en la propiedad matrícula folio real 1-109600 localizado en el sector de Palmichal, Acosta, San José, y la cual se encuentra inscrita a nombre de GRUPO GANADERO RÓQUETA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-318767 representada por el señor EDGAR UREÑA SALAZAR, portador de la cédula de identidad 110424-0292. Los efectos de la presente medida cautelar interlocutoria persistirán hasta que este Despacho proceda a dictar el acto final en el presente procedimiento ordinario administrativo de investigación o hasta que el mismo se pronuncie de manera distinta. Se le hace saber al señor Edgar Ureña Salazar, portador de la cédula de identidad1-0424-0292, en su condición de Presidente de GRUPO GANADERO ROQUETA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-318767 que el no acatar en todos sus extremos la medida cautelar, lo podría hacer incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad previsto y sancionado con pena de prisión por el artículo 314 del Código Penal. Contra la presente medida cautelar cabe interponer el recurso de revocatoria dentro del tercer día hábil siguiente de notificada la presente resolución, de conformidad a lo establecido en el artículo 346 de la Ley General de Administración Pública. Que para la implementación de la presente medida cautelar se comisiona al Ing. Efraín Monge, en su condición de Jefe de la Oficina Sub Regional de Puriscal o a quien ocupe su cargo, quien deberá presentar informes bimensuales en las que se verifique el cumplimiento de la medida cautelar impuesta. Vistos y analizados los oficios de denuncia números ACOPACOSRP-DEN-021-141 ACOPAC-OSRP-DEN-02045 y ACOPAC-OSRP-DEN-017-2016 suscritas por funcionarios de la Oficina SubRegional de Puriscal del Área de Conservación Pacífico Central, este Despacho considera necesario ordenar al Ing. Alfonso Duarte Marín, en su condición de Director del Área de Conservación Pacífica Central, o a quien ocupe su cargo, que proceda a ejecutar la respectiva Valoración Económica del Daño Ambiental producto de los hechos denunciados, indicando las medidas de mitigación a ser aplicadas en el caso en particular. Lo anterior deberá cumplirse en el plazo de diez días naturales contados a partir del primer día hábil siguiente de notificada la presente resolución. (...)”. Comenta que ha llevado a cabo los actos procesales propios del procedimiento de investigación preliminar, sea el de pedir los informes respectivos así como señalar inspección ocular "in situ" para determinar la verdad real de los hechos denunciados. Pide se declare sin lugar el recurso.
4. Informa bajo juramento Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la Oficina Subregional de Puriscal del Área de Conservación Pacifico Central (ACOPAC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) que en la Oficina Subregional Puriscal se recibe la documentación del certificado de origen en modalidad de plantación forestal N°53514 H (ADVZ-2014-004) con formulario de regencia forestal N° 10644 F el 26 de agosto del 2014 emitido por el regente forestal Ing. Alfonso Javier del Valle Zúñiga. Se procede a conformar por parte de la Oficina Subregional de Puriscal el expediente "PC-PC01-CO-PF-193-14 Grupo Ganadero la Roqueta S.A. Plantación Forestal".Añade que el día 27 de setiembre del 2014 se ingresa al Sistema de Información para el Control del Aprovechamiento Forestal (SICAF), la documentación presentada al cual se registra mediante número de expediente PC-PC01-CO-PF-193-14. El día 2 de setiembre del 2014 se asigna el expediente PC-PC01-CO-PF-193-14 para ingresar la información al registro del sistema SICAF. El 16 de setiembre de 2014 el señor Rodrigo Cascante Vargas, Presidente de la Asociación de Desarrollo Sostenible San José Rural (ADESSARU) presenta denuncia por irregularidades en el aprovechamiento maderable y apertura de trochas en el área de protección del Río Tabarcia. El 21 de setiembre de 2014 se realiza visita al sitio por parte de funcionarios de la Oficina Subregional de Puriscal (OSRP) en compañía de funcionarios de la Fuerza Pública, el cual dio origen al oficio ACOPAC-OSRP-1059-14, en el cual menciona la existencia de una trocha antigua no habiendo construido caminos nuevos en el área de protección, no afectándose el artículo 33 de la Ley Forestal y corroborada la corta de una plantación de ciprés. Dice que el 23 de setiembre de 2014 se recibe por parte del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Acosta, la solicitud de inspección a San Pablo de Palmichal de Acosta mediante el oficio FMGA-101-2014. Por oficio ACPPAC-OSRP-1099-2014 de 29 de setiembre de 2014 se inicia la realización del informe de inspección a nacientes de Palmichal San Pablo de Palmichal de Acosta. El 09 de octubre de 2014 se entrega copia del oficio ACPOCA-OSRP-1099-14 a la Dirección Regional del ACOPAC, Municipalidad de Puriscal. Por medio del oficio ACOPAC-ORS-019-14 se presenta la denuncia ambiental en contra el grupo Ganadero Roqueta S.A. y representada por el señor Edgar Ureña Salazar entregándose copia al Ministerio Público Fiscalía de Puriscal, el 10 de octubre de 2014. El 16 de octubre de 2014 se recibe el informe de aprovechamiento N°53539-H al 53540 H emitido por Alfonso Javier del Valle Zúñiga donde indica que realiza visita el 21 de setiembre de 2014 y da la descripción del estado de la propiedad y recomendaciones al realizar el cierre de dicho aprovechamiento. El 21 de octubre de 2014 el señor Edgar Ureña Salazar solicita copia de la denuncia interpuesta por el señor Rodrigo Cascante Vargas. El día 23 de marzo de 2015, por oficio OSRP-996-14 se incorpora la información del certificado de origen ya que dicho expediente se encontraba en investigación (debido al tiempo que el expediente estuvo en investigación cuando se realizó la incorporación al sistema se realizó la recomendación de denegada en esta fecha). Dice que en la Oficina OSRP se abre el expediente ACOPAC-OSRP-056-15 al recibir vía fax el día 25 de marzo de 2015 la resolución 132-15-TAA expediente N°296-14-02-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo contra Edgar Ureña Salazar presentada por el Alcalde de Puriscal por afectación de nacientes, corta de árboles y apertura de trocha presentada el 23 de setiembre de 2014. Este es atendido por los oficios ACOPAC-OSRP-1059-14, oficio ACOPAC-OSRP-1099-2014. EL expediente 282-14-03-TAA presentada (sic) por el señor Rodrigo Cascante Vargas Presidente de ADESSARU contra Grupo Ganadero la Roqueta S.A. (Edgar Ureña Salazar) corresponde al mismo expediente N°296-14-02-TAA (dicho expediente se acumula al 282-14-03-TAA) siendo el expediente de la OSRP el N°ACOPAC-OSRP-056-15, manteniendo la información en el expediente PC-PC01-CO-PF-193-14, expedientes que se encuentran en trámite. Señala que sobre otras actuaciones realizadas relacionadas con las propiedades de Edgar Ureña o en la zona ubicadas en Nacientes de Palmichal, en el expediente administrativo EXP-ACOPAC-OSRP-DEN-211-14 se tramita denuncia contra Edgar Ureña Salazar, presentada al TAA mediante oficio de denuncia ACOPAC-OSRP-DEN-021-14 de 10 de octubre de 2014 y a la cual el Tribunal Ambiental Administrativo acoge y tramita mediante número de expediente 339-14-03-TAA de 01 de junio de 2015. Para dicha denuncia el TAA realiza una conexidad del expediente administrativo de la oficina subregional EXP. ACOPAC-OSRP-DEN-2011-14 TRAMITADA MEDIANTE EXPEDIENTE n°339-14-03-TAA con la N°296-14-02-TAA y este último lo acumula al 282-14-03-TAA a pesar de ser sitios diferentes. El 01 de julio de 2015, respecto del expediente ACOPAC-OSRP-DEN-211-14 se realiza notificación al señor Ureña como advertencia administrativa de paralización de trabajos en áreas de protección de nacientes, bosque y quebradas. Añade que la denuncia presentada por el señor Hernán Ramírez Alfaro contra el Grupo Ganadero Roqueta S.A. se tramita en el expediente ACOPAC-OSRP-DEN-059-15 la que fue atendida por ACOPAC-OSRP-DEN-020-15 de 16 de junio de 2015, por la invasión de áreas de protección de nacientes y quebradas. Al ser las propiedades objeto de denuncia, conocidas bajo expediente N°WXP-ACOPAC-OSRP-DEN-2011 14, se notifica al señor Ureña, advertencia administrativa de paralización de trabajos en áreas de protección de nacientes, bosque y quebradas, el día 01 de julio del 2015.Concluye que contrario a lo que afirma el recurrente, la oficina subregional de Puriscal actuó diligentemente atendiendo las denuncias oportunamente, lo que evitó que los daños fueran mayores, remitiendo las mismas a los entes administrativos y judiciales correspondientes, asimismo se dictó una medida cautelar de paralización de obras, para evitar que los daños continuaran. Explica que una vez que la Administración activa da conocimiento a los entes administrativos y judiciales queda sujeta a lo que estas resuelvan. Sin embargo, en el sitio se siguieron realizando inspecciones para verificar que las afectaciones no continuaran. También el recurrente ha sido muy amplio en la descripción de las acciones realizadas por la Oficina subregional y está en pleno conocimiento que esa instancia ha actuado en apego a la normativa vigente en pro de salvaguardar la integridad de las especies y ecosistemas de esa zona. Además, si bien alega que 3 años es mucho tiempo para resolver un tema ambiental donde se evidenciaron daños ambientales, no es esa instancia la responsable o la encargada de resolver o dictar sentencia judicial o administrativa correspondiente. Pide se declare sin lugar el recurso.
5.- Informa bajo juramento Marco Vinicio Araya Barrantes, en su calidad de Director Regional del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) que en la Oficina Subregional Puriscal se recibe la documentación del certificado de origen en modalidad de plantación forestal N°53514 H (ADVZ-2014-004) con formulario de regencia forestal N° 10644 F el 26 de agosto del 2014 emitido por el regente forestal Ing. Alfonso Javier Del Valle Zúñiga. Por lo que se procede a conformar por parte de la Oficina Subregional de Puriscal el expediente "PCPC01-CO-PF-193-14 Grupo Ganadero la Roqueta S.A. Plantación Forestal". Que el día 27 de setiembre del 2014 se ingresa al Sistema de Información para el Control del Aprovechamiento Forestal (SICAF), la documentación presentada al cual se registra mediante número de expediente PC-PC01-CO-PF-193-14. El día 2 de setiembre del 2014 se asigna el expediente PC-PC01-CO-PF-193-14 para ingresar la información al registro del sistema SICAF. El día 16 de setiembre del 2014 se recibe nota por parte de Rodrigo Cascante Vargas presidente de la Asociación de Desarrollo Sostenible San José Rural (ADESSARU), denunciando irregularidades en el aprovechamiento maderable y apertura de trochas en el área de protección del Río Tabarcia.El día 21 de setiembre del 2014 se realiza visita al sitio por parte de funcionarios de la Oficina Subregional de Puriscal (en adelante OSRP) en compañía de funcionarios de la Fuerza Pública, el cual dio origen el oficio ACOPAC-OSRP-1059-14, en el cual menciona la existencia de una trocha antigua no habiendo construido caminos nuevos en el área de protección no afectándose el artículo 33 de la Ley Forestal y corroborando la corta de una plantación de ciprés. (ver folios 13, 14 y 15). El 23 de setiembre del 2014 se recibe por parte del departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Acosta la solcitud de inspección a San Pablo de Palmichal de Acosta mediante oficio FMGA 101-2014. (ver folio 16 y 17) Mediante oficio ACOPAC-OSRP-1099-2014 del 29 de setiembre del 2014 se inicia la realización del informe de inspección a nacientes de Palmichal San Pablo de Palmichal de Acosta. (ver folios 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24) El 9 de octubre del 2014 se entrega copia del oficio ACOPAC-OSRP-1099-14 a la Dirección Regional del ACOPAC, Municipalidad de Puriscal. Por medio del oficio ACOPAC-OSR-019-14 se presenta la denuncia ambiental en contra el grupo Ganadero roqueta S.A. y representada por el señor Edgar Ureña Salazar entregándose copia al Ministerio Publico Fiscalía de Puriscal el 10 de octubre del 2014. (ver folios 25, 26, 27, 28, 29 y 30). El 16 de octubre del 2014 se recibe el informe de aprovechamiento N° 53539 H al 53540 H emitido por Alfonso Javier Del Valle Zúñiga, donde indica que realiza visita el 21 de setiembre del 2014 y da la descripción del estado de la propiedad y recomendaciones al realizar el cierre de dicho aprovechamiento. (ver folio 35). El 21 de octubre del 2014 el señor Edgar Ureña Salazar solicita copia de la denuncia interpuesta por el señor Rodrigo Cascante Vargas. (ver folio 40). El 23 de marzo del 2015 mediante oficio OSRP-996-14 se incorpora la información del certificado de origen ya que dicho expediente se encontraba en investigación debido al tiempo que el expediente estuvo en investigación cuando se realizó la incorporación al sistema se realizó la recomendación de denegada en esta fecha).En la oficina OSRP se abre el expediente ACOPAC-OSRP-056-15 al recibir vía fax el día 25 de marzo del 2015 la resolución 132-15- TAA, expediente N°296-14-02-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo contra Edgar Ureña Salazar presentada por el Alcalde de Puriscal por afectación de nacientes corta de árboles y apertura de trocha presentada el 23 de setiembre del 2014. Este es atendido mediante los oficios ACOPAC-OSRP-1059-14, oficio ACOPAC-OSRP-1099-2014. El expediente 282-14-03-TAA presentada por el señor Rodrigo Cascante Vargas presidente de ADESSARU contra Grupo Ganadero la Roqueta S.A. (Edgar Ureña Salazar) corresponde al mismo expediente N°296-14-02-TAA (dicho expediente se acumula al 282-14-03-TAA) siendo el expediente de la OSRP el N° ACOPAC-OSRP-056-15, manteniendo la información en el expediente PC-PC01 -CO-PF-1 93-14. Expedientes que se encuentran en trámite. Sobre otras actuaciones realizadas relacionadas con las propiedades de Edgar Ureña o en la zona ubicadas en nacientes de Palmichal añade que el expediente administrativo EXP.ACOPAC-OSRP-DEN-211-14 al cual se tramita denuncia contra Edgar Ureña Salazar presentada al Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) mediante oficio de denuncia ACOPAC-OSRP-DEN-021-14 del 10 de octubre del 2014 y a la cual el Tribunal Ambiental Administrativo acoge y tramita mediante número de expediente N° 339-14-03-TAA del primero de junio del dos mil quince. Para dicha denuncia el TAA realiza una conexidad del expediente administrativo de la oficina subregional EXP.ACOPAC-OSRP-DEN-211-14 tramitada mediante expediente N° 339-14-03-TAA con la N°296-14-02-TAA y este último lo acumula al 282-14-03-TAA a pesar de ser sitios diferentes. Con respecto al expediente EXP.ACOPAC-OSRP-DEN-21 1-14, se realiza notificación al señor Ureña como advertencia Administrativa de paralización de trabajos en áreas de protección de nacientes, bosque y quebradas el 01 de julio del 2015 (ver folios 54 y 55) Se tramita el expediente ACOPAC-OSRP-DEN-059-15 contra el Grupo Ganadero Roqueta S.A. presentada por el señor Hernán Ramírez Alfaro, la cual fue atendida mediante ACOPAC-OSRP-DEN- 020-15 del 16 de junio del 2015 por la invasión de áreas de protección de nacientes y quebradas. Al tratarse de las mismas propiedades objeto de denuncia, bajo expediente N° EXP.ACOPAC-OSRP-DEN-211-14, se notifica al señor Ureña, advertencia administrativa de paralización de trabajos en áreas de protección de nacientes, bosque y quebradas, el día 01 de julio del 2015. Concluye que la oficina subregional de Puriscal actuó diligentemente atendiendo las denuncias oportunamente, lo que evitó que los daños fueran mayores, remitiendo las mismas a los entes administrativos y judiciales. Asimismo se dictó una medida cautelar de paralización de obras, para evitar que los daños continuaran. una vez que la Administración activa da conocimiento a los entes administrativos y judiciales queda sujeta a lo que estas resuelvan, sin embargo en el sitio se siguieron realizando inspecciones para verificar que las afectaciones no continuaran. También el recurrente ha sido muy amplio en la descripción de las acciones realizadas por la oficina subregional y en pleno conocimiento de que esta instancia ha actuado en apego a la normativa vigente en pro de salvaguardar la integridad de las especies y ecosistemas de esta zona. Si bien el recurrente alega que tres años son mucho para resolver un tema ambiental donde se evidenciaron daños ambientales. No es esta instancia la responsable o la encargada de resolver o dictar sentencias judiciales o administrativas correspondientes. Pide se declare sin lugar el recurso. Concluye que la Oficina Subregional de Puriscal ha actuado diligentemente acogiéndose en todo momento a la normativa vigente que rige en materia de recursos naturales, apegado al debido proceso para la atención pertinente de este caso, acciones que de acuerdo a las pruebas aportadas se verifica que no lleva razón el recurrente. por lo que no existen bases para acusar incumplimiento por parte de esta dependencia y pide no acoger el recurso de amparo.
6.- Informa bajo juramento José Miguel Zeledón Calderón, cédula 1568-099, en su condición de Director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía que mediante resolución 017-15-TAA dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo en el expediente 339-14-03-TAA solicitó a esa Dirección "realizar inspección in situ, al inmueble ubicado en Palmichal de Acosta 200 metros al este de las instalaciones de ADESARO cuyo aparente propietario registral es el señor Edgar Ureña Salazar, con la intención de verificar la existencia de 8 posibles nacientes de las cuales deberá certificarse su condición". Añade que Dirección realizó inspección al sitio y mediante el informe técnico DA-UHTPCOSJ-0202-2016, remitido por oficio DA-UHTPCOSJ-0250-2016, se comunica el resultado de la misma. Es importante señalar que estos documentos se encuentran agregados al expediente del Tribunal Ambiental Administrativo. De la inspección se determinó la existencia no de 8 nacientes como indicó el Tribunal Ambiental Administrativo, sino sólo 4 nacientes con flujo permanente. Aclara que para casos como el presente, la Dirección de Agua, una vez rendido el informe técnico, podría ser llamada a testificar como perito experto y conforme lo encontrado en el campo en caso de que se requiera por parte del Tribunal Ambiental afin de ampliar la información presentada, lo que a la fecha no ha sucedido.
7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso Reclama el recurrente que las distintas denuncias administrativas por daños ambientales planteadas ante el Tribunal Ambiental Administrativo y demás autoridades recurridas desde hace más de tres años, no han sido atendidas y lo único que ha hecho el TAA ha sido acumular los expedientes N°296-14-02-TAA y 282-14-03-TAA. Ello pese a la alteración ambiental con graves efectos, sin acción administrativa alguna desde que se interpuso la denuncia, acumulando ya tres años de espera para la intervención y corrección de este grave problema. Estima que le han violado sus derechos fundamentales, lo que solicita se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
Del TAA:
a. El 23 de setiembre del 2014 Manuel Espinoza Campos en su condición de Alcalde del Municipalidad de Puriscal presenta ante el TAA el Oficio PSAM-074-2014 mediante el cual interpone formal denuncia de carácter ambiental para investigar lo acontecido en la finca inscrita bajo matrícula de folio San José 502010 ubicada en Palmichal de Acosta. (Ver folios 35 al 41 del expediente administrativo e informe de Presidenta del TAA) b. La denuncia se incorporó al expediente administrativo N° 296-14-02TAA que luego se acumuló al expediente N° 282-14-03-TAA (informe de Presidenta del TAA).
c. Por el oficio TAA-DT-01 12-14 de fecha 13 de octubre del 2014 se rinde el Informe de Gira realizado el día 2 de octubre del año 2014 a la propiedad ubicada en San Pablo, Palmichal, Acosta, San José, Hoja Cartográficas Abra 3345 I, Edición 3 IGNCR 1989, Ubicación Geográfica N 9" 50' 27.3 W 84° 10' 19.6 proyección WGS84 (El Informe ACOPAC-ASRP-QJ-10992014 del 29 de setiembre del 2014 se encuentra visible a los folios 85 al 95 del expediente administrativo, según informe de Presidenta del TAA) d. Por la resolución N" 1007-14-TAA de las 08:20 horas del 12 de noviembre del año 2014 dictada en el expediente administrativo N" 282-14-03-TAA se estableció Primero: Solicitar al señor Ing. Alfonso Duarte Marín, en su condición de Director del Área de Conservación Pacifico Central (ACOPAC) o a quien ocupe su cargo, que proceda a realizar una inspección ocular "in situ" al Río Tarbacia (no cuenta este Despacho con una dirección más exacta) con la intención de verificar los hechos descritos en la denuncia, una aparente extracción de madera, sedimentación y daño a la flora y fauna del lugar. Asimismo en caso de ser posible determinar el presunto responsable de los hechos supra indicados. En caso de determinarse alguna afectación negativa significativa deberá proceder a elaborar dentro del ámbito de sus competencias la respectiva Valoración Económica del Daño Ambiental y remitirla a este Despacho. (Ver folios 2 y 3 del expediente administrativo e (informe de Presidenta del TAA) e. Por resolución N° 1324 5-TAA de las 13:52 horas del 16 de febrero de 2015 expediente administrativo N° 296-14-02-TAA. se solicitó: "(...] PRIMERO: Que en el caso que nos ocupa, considera este Despacho de suma importancia para el establecimiento de la verdad real de los hechos denunciados, ordenar al señor Luis Alberto Durán Gamboa, en condición de Alcalde de la Municipalidad de Acosta, o a quién ocupe su cargo, que proceda a: 1) certificar a este Despacho quien es el propietario registral de la finca ubicada en San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, coordenadas N 9° 50` 27.3" W $4° l0` l9.6" proyección WGS84, aparentemente propiedad de la sociedad Grupo Ganadero Roqueta S.A., cédula jurídica número 3-101-318767, representada por el señor Edgar Ureña Salazar, cédula de identidad número 1-0424.0292; 2) indicar a este Despacho si se han otorgado permisos sobre la propiedad indicada y de qué tipo. Asimismo, aporte cualquier otra información que considere relevante para el presente expediente (informe de Presidenta del TAA) f. Con el fin de verificar la verdad real de los hechos, el Tribunal pidió al Director de Agua-MINAE, que realice una inspección en el lugar ubicado en San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, coordenadas N 9° 50` 273" W 84° 10` l9.6" proyección WGS84, aparentemente propiedad de la sociedad Grupo Ganadero Roqueta S.A., y remita un informe de la situación en el lugar en relación con los cuerpos de aguas presentes en la finca, determinar de qué tipo son y si se están viendo afectadas por las obras realizadas en el lugar. De ser nacientes, si las mismas están captadas y si cuentan con los permisos pertinentes para su aprovechamiento. Además pide que remita a ese Despacho la correspondiente valoración económica del posible daño ambiental en caso de existir el mismo sobre los cuerpos de agua (informe de Presidenta del TAA) g. El TAA pidió al Jefe de la Oficina Subregional de Puriscal, Área de Conservación Pacífico Central, que indique si la propiedad ubicada en San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, coordenadas N 9° 50` 27.3" W 84" l0` 19.6"proyección WGS84: 1) se encuentra dentro de los límites de la Zona Protectora Cerro de Escazú, 2) certificar si la zona afectada se trata de área de bosque y su respectivo fundamento, 3) que realice una inspección "in sito" en la propiedad mencionada, e indique a este Despacho si el área de protección del Río Tabarcia, así como de las nacientes que se encuentren en la propiedad están siendo afectadas, en caso afirmativo remita con el informe la correspondiente valoración económica del daño ambiental tanto de la afectación de áreas de protección, como por la construcción de una trocha y la corta y aprovechamiento de árboles sin los permisos requeridos, 4) en cuanto a los permisos de corta y aprovechamiento aprobados por su dependencia, remitir copia de los mismos, e indicar si se dieron las inspecciones previas y posteriores a su emisión como seguimiento, cuáles fueron las acciones tomadas por su oficina en cuanto a la posterior paralización de su y aprovechamiento, que supervisión y seguimiento se le ha dado a esa paralización y a la responsabilidad que tienen la emisión de los mismos, si se presentaron los informes de regencia que corresponden según el control de regencia forestal, que acciones se han tornado en cuanto al incumplimiento de los permisos otorgados y responsabilidad de los profesionales responsables, en este caso del el Ing. Alfonso Javier del Valle Zúñiga (informe de Presidenta del TAA) h. El TAA pidió a la Gerente General del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), emitir criterio sobre la condición y naturaleza en cuanto al recurso hídrico presente (informe de Presidenta del TAA) i. El TAA ordenó a los señores Luis Alberto Durán Gamboa, en condición de Alcalde de la Municipalidad de Acosta; Manuel Espinoza Campus, Alcalde de la Municipalidad de Puriscal y Gilberto Monge Pizarro, Alcalde de la Municipalidad de Mora, o a quién ocupe su cargo respectivamente, que procedan a indicar a ese Despacho su criterio en cuanto a los hechos denunciados en la finca ubicada en San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, coordenadas indicadas, aparentemente propiedad de la sociedad Grupo Ganadero Roqueta S.A., sitio posible afectación directa a las nacientes de agua de Palmichal que abastecen los cantones de Puriscal, Mora y Acosta, corta de árboles y apertura de trocha, si tenían conocimiento de los mismos y las acciones tomadas por sus Municipalidades en cuanto a ello. Asimismo, aporten cualquier otra información que consideren relevante para el presente expediente. (...)"(informe de Presidenta del TAA) j. Mediante resolución N° 1035-15-TAA de las 11:53 horas del 18 de agosto del 2015, dictada bajo el expediente administrativo No 282-14-03-TAA se solicita nuevamente al Director de ACOPAC cumplir lo solicitado (informe de Presidenta del TAA) k. Por la resolución N° 1437-15~TAA de las 07:45 horas del 12 de noviembre del 2015, dictada en el Expediente N" 296-14-02›TAA se procede a acumular la denuncia tramitada bajo este expediente al expediente administrativo N° 28244-03-TAA (folios 23 al 28 del expediente administrativo).
l. Mediante el Oficio DA-UHTPCOSJ›0250-2016 de 30 de marzo del 2016 suscrito por la Ing. Marilyn Mora Vega, en su condición de Coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles Pacífico Central de la Dirección de Agua, indica que hay cuatro nacientes de cauce permanente (informe de Presidenta del TAA) m. Analizados los documentos que conforman el presente expediente administrativo por resolución N° 3762017-TAA de las 11:37 horas del 28 de marzo del año 2017, el TAA dicta una medida cautelar y procede a realizar inspección ocular "in situ" con el objetivo de investigar las hechos denunciados, y por oficio número TAA-DT-0112-014 suscrito por el Ing. Alexis Madrigal Chaves y el Biól Juan Sánchez Ramírez, ambos en su condición de funcionarios del Departamento Técnica, se concluyó lo siguiente: La propiedad del Grupo Ganadero Roqueta S.A.. se localiza, en apariencia totalmente dentro de los límites de la ZPCE. El área intervenida, con base en un certificado de origen no solo fue objeto de corta y extracción de especies exóticas (ciprés) sino que se aprovechó especies nativas que no estaban contempladas en el documento indicado. Las coordenadas indicadas en los certificados de origen para ejecutar la intervención no concuerdan con las coordenadas de la ejecución real. Se abrió una trocha para extraer la madera. Trocha que, se abrió dentro de terrenos de bosque. La trocha y el aprovechamiento de madera se ejecutó en terrenos con poca estabilidad debido a su naturaleza deleznable, así como a las pendientes abruptas superiores al 70%. Producto de la desestabilización de los suelos, en varios puntos del área intervenida, se produjeron deslizamientos. La apertura de terreno, trocha y la desestabilización acarrearon material hacia el Río Tabarcia y una posible quebrada, así como a sus áreas de protección y provocaron afectación a las áreas de bosque y especies nativas a autóctonas. Algunos árboles fueron cortados dentro del área de Protección del Río Tabarcia y de una posible quebrada, en incluso, dentro de ls áreas de protección de posibles nacientes. La propiedad objeto de aprovechamiento, o al menos el área intervenida, se ubica totalmente dentro de los límites de la ZPCE y dentro del Corredor Biológico Paso de las Lupas (informe de Presidenta del TAA) n. Por parte de ADESSARU se indica que la intervención del terreno afectaría la toma de agua para consumo humano ubicada en el Río Tabarcia, por la afectación con sedimentos. Los suelos en esta zona podrían ser calificados como suelos Clase VIII por pedregosidad, pendientes abruptas, profundidad efectiva y fertilidad baja, así como por la presencia de un ASP. Sin asegurar que esta sea correcto, es criterio de los suscritos que esa zona podría calificar como área de recarga acuífera. Por ser un ASP y los movimientos de tierra realizadas debió pedirse el criterio de la SETENA sobre la posibilidad de obtener viabilidad ambiental, considerando que la propiedad se ubica en un ASP y por la fragilidad o vulnerabilidad de la zona. (…)". (informe de Presidenta del TAA) o. Por oficio número DA-UHTPCOSJ-0202-2016 suscrito por el Ing Jesús Monge Mejía, funcionario de la Dirección de Agua del MINAE, se certifica la presencia de 4 nacientes de cauce permanente localizados en el sector denunciado(visto a folios 187 y 188 del expediente),.
p. El TAA ordena medida cautelar a Grupo Ganadero Roqueta Sociedad Anónima, y le prohibe absoluta de cortar árboles sin contar con Ia debida autorización por parte de la Administración Forestal del Estado, así como la realización de movimientos de tierra dentro del área de protección de las nacientes dictaminadas respetando su área de protección de conformidad con lo establecido por la Ley Forestal y la Ley de Aguas (15 metros a lo larga de las riberas de las quebradas o ríos, 50 metros horizontales si el terreno es quebrada, 100 metros si existen nacientes y 200 metros si es una naciente captada, en la propiedad matrícula folio real 1-109600 localizado en el sector de Palmichal, Acosta, San José. Los efectos de la presente medida cautelar interlocutoria persistirán hasta que ese Despacho proceda a dictar el acto final en el presente procedimiento ordinario administrativo de investigación o hasta que el mismo se pronuncie de manera distinta (informe de Presidenta del TAA) q. Para la implementación de la presente medida cautelar se comisiona al Ing. Efraín Monge, en su condición de Jefe de la Oficina Sub Regional de Puriscal o a quien ocupe su cargo,quien deberá presentar informes bimensuales en las que se verifique el cumplimiento de la medida cautelar impuesta (informe de Presidenta del TAA) r. Analizados los oficios de denuncia números ACOPACOSRP-DEN-021-141 ACOPAC-OSRP-DEN-02045 y ACOPAC-OSRP~DEN-017-2016 suscritas por funcionarios de la Oficina Sub Regional de Puriscal del Área de Conservación Pacífico Central MCOPAC), el TAA ordena al Director del Área de Conservación Pacífica Central MCOPAC) que proceda a ejecutar la respectiva valoración económica del daño ambiental producto de los hechos denunciados, indicando las medidas de mitigación a ser aplicadas en el caso en particular La anterior deberá cumplirse en el plazo de diez días naturales contados a partir del primer día hábil siguiente de notificada la presente resolución. (...) (informe de Presidenta del TAA) Del Área de Conservación Pacífico Central:
s. El 26 de agosto de 2014, en la Oficina Subregional Puriscal se recibe la documentación del certificado de origen en modalidad de plantación forestal N°53514 H (ADVZ-2014-004) con formulario de regencia forestal N° 10644 F emitido por el regente forestal Ing. Alfonso Javier Del Valle Zúñiga y se procede a conformar por parte de la Oficina Subregional de Puriscal el expediente "PC-PC01-CO-PF-193-14 Grupo Ganadero la Roqueta S.A. Plantación Forestal". (informe Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la ACOPAC, del SINAC del MINAE).
t. El 27 de setiembre del 2014 se ingresa al Sistema de Información para el Control del Aprovechamiento Forestal (SICAF), la documentación presentada al cual se registra mediante número de expediente PC-PC01-CO-PF-193-14 (informe Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la ACOPAC, del SINAC del MINAE).
u. El día 2 de setiembre del 2014 se asigna el expediente PC-PC01-CO-PF-193-14 para ingresar la información al registro del sistema SICAF (informe Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la ACOPAC, del SINAC del MINAE).
v. El 16 de setiembre de 2014 el señor Rodrigo Cascante Vargas, Presidente de la Asociación de Desarrollo Sostenible San José Rural (ADESSARU) presenta denuncia por irregularidades en el aprovechamiento maderable y apertura de trochas en el área de protección del Río Tabarcia (informe Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la ACOPAC, del SINAC del MINAE).
w. El 21 de setiembre de 2014 se realiza visita al sitio por parte de funcionarios de la Oficina Subregional de Puriscal (OSRP) en compañía de funcionarios de la Fuerza Pública, el cual dio origen el oficio ACOPAC-OSRP-1059-14, en el cual menciona la existencia de una trocha antigua no habiendo construido caminos nuevos en el área de protección, no afectándose el artículo 33 de la Ley Forestal y corroborada la corta de una plantación de ciprés (informe Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la ACOPAC, del SINAC del MINAE).
x. El 23 de setiembre de 2014 se recibe por parte del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Acosta, la solicitud de inspección a San Pablo de Palmichal de Acosta mediante el oficio FMGA-101-2014 (informe Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la ACOPAC, del SINAC del MINAE).
y. Por oficio ACPPAC-OSRP-1099-2014 de 29 de setiembre de 2014 se inicia la realización del informe de inspección a nacientes de Palmichal San Pablo de Palmichal de Acosta (informe Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la ACOPAC, del SINAC del MINAE).
z. El 09 de octubre de 2014 se entrega copia del oficio ACPOCA-OSRP-1099-14 a la Dirección Regional del ACOPAC, Municipalidad de Puriscal (informe Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la ACOPAC, del SINAC del MINAE).
aa. Por medio del oficio ACOPAC-ORS-019-14 se presenta la denuncia ambiental en contra el grupo Ganadero Roqueta S.A. y representada por el señor Edgar Ureña Salazar entregándose copia al Ministerio Público Fiscalía de Puriscal, el 10 de octubre de 2014 (informe Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la ACOPAC, del SINAC del MINAE).
bb. El 16 de octubre de 2014 se recibe el informe de aprovechamiento N°53539-H al 53540 H emitido por Alfonso Javier del Valle Zúñiga donde indica que realiza visita el 21 de setiembre de 2014 y da la descripción del estado de la propiedad y recomendaciones al realizar el cierre de dicho aprovechamiento (informe Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la ACOPAC, del SINAC del MINAE).
cc. El 21 de octubre de 2014 el señor Edgar Ureña Salazar solicita copia de la denuncia interpuesta por el señor Rodrigo Cascante Vargas (informe Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la ACOPAC, del SINAC del MINAE).
dd. El día 23 de marzo de 2015, por oficio OSRP-996-14 se incorpora la información del certificado de origen ya que dicho expediente se encontraba en investigación (debido al tiempo que el expediente estuvo en investigación cuando se realizó la incorporación al sistema se realizó la recomendación de denegada en esta fecha (informe Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la ACOPAC, del SINAC del MINAE).
ee. En la Oficina OSRP se abre el expediente ACOPAC-OSRP-056-15 al recibir vía fax el día 25 de marzo de 2015 la resolución 132-15-TAA expediente N°296-14-02-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo contra Edgar Ureña Salazar presentada por el Alcalde de Puriscal por afectación de nacientes, corta de árboles y apertura de trocha presentada el 23 de setiembre de 2014 (informe Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la ACOPAC, del SINAC del MINAE).
ff.El expediente 282-14-03-TAA presentada (sic) por el señor Rodrigo Cascante Vargas Presidente de ADESSARU contra Grupo Ganadero la Roqueta S.A. (Edgar Ureña Salazar) corresponde al mismo expediente N°296-14-02-TAA (dicho expediente se acumula al 282-14-03-TAA) siendo el expediente de la OSRP el N°ACOPAC-OSRP-056-15, manteniendo la información en el expediente PC-PC01-CO-PF-193-14, expedientes que se encuentran en trámite (informe Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la ACOPAC, del SINAC del MINAE).
gg. El expediente administrativo EXP-ACOPAC-OSRP-DEN-211-14 al cual se tramita denuncia contra Edgar Ureña Salazar, presentada al TAA mediante oficio de denuncia ACOPAC-OSRP-DEN-021-14 de 10 de octubre de 2014 y a la cual el Tribunal Ambiental Administrativo acoge y tramita mediante número de expediente 339-14-03-TAA de 01 de junio de 2015 (informe Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la ACOPAC, del SINAC del MINAE).
hh. Para dicha denuncia el TAA realiza una conexidad del expediente administrativo de la oficina subregional EXP. ACOPAC-OSRP-DEN-2011-14 tramitada mediante expediente N°339-14-03-TAA con la N°296-14-02-TAA y este último lo acumula al 282-14-03-TAA a pesar de ser sitios diferentes. (informe Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la ACOPAC, del SINAC del MINAE) ii. El 01 de julio de 2015, respecto del expediente ACOPAC-OSRP-DEN-211-14 se realiza notificación al señor Ureña como advertencia administrativa de paralización de trabajos en áreas de protección de nacientes, bosque y quebradas (informe Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la ACOPAC, del SINAC del MINAE).
jj. La denuncia presentada por el señor Hernán Ramírez Alfaro contra el Grupo Ganadero Roqueta S.A. se tramita en el expediente ACOPAC-OSRP-DEN-059-15 la que fue atendida por ACOPAC-OSRP-DEN-020-15 de 16 de junio de 2015, por la invasión de áreas de protección de nacientes y quebradas (informe Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la ACOPAC, del SINAC del MINAE).
kk. Se notifica al señor Ureña, advertencia administrativa de paralización de trabajos en áreas de protección de nacientes, bosque y quebradas, el día 01 de julio del 2015.
De la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía ll. Por resolución 017-15-TAA dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo en el expediente 339-14-03-TAA solicitó a la Dirección de Aguas "realizar inspección in situ, al inmueble ubicado en Palmichal de Acosta 200 metros al este de las instalaciones de ADESARO cuyo aparente propietario registral es el señor Edgar Ureña Salazar, con la intención de verificar la existencia de 8 posibles nacientes de las cuales deberá certificarse su condición". (Informe de José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía) mm. La Dirección realizó inspección al sitio en la que determinó la existencia de sólo 4 nacientes con flujo permanente y mediante el informe técnico DA-UHTPCOSJ-0202-2016, envió lo indicado al TAA, lo que fue agregado al expediente del TAA (Informe de José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía) III.- Hecho no probado. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución:
a. Que el TAA haya adoptado las medidas cautelares oportunas, para detener o evitar las actividades denunciadas, que producen el riesgo ambiental en la zona afectada, antes de la interposición de este recurso.
IV.SOBRE EL FONDO. De previo a analizar el fondo del alegato – por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa – con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo – instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este asunto, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una gestión en el marco de un procedimiento de tutela medio ambiental, lo que hace que el caso encuadre en uno de los supuestos de excepción y proceda analizar el asunto por el fondo, lo que en efecto se hace, En primer lugar en relación con las actuaciones del TAA y seguidamente se analizará la actuación de las demás autoridades recurridas.
V.- Del TAA. De la relación de hechos probados se tiene por demostrado que efectivamente el 23 de setiembre del 2014 Manuel Espinoza Campos en su condición de Alcalde del Municipalidad de Puriscal presentó ante el TAA formal denuncia de carácter ambiental para que investigara lo acontecido en la finca inscrita bajo matrícula de folio real San José 502010 ubicada en Palmichal de Acosta. Por la resolución N° 1437-15-TAA de las 07:45 horas del 12 de noviembre del 2015, dictada en el Expediente N°296-14-02-TAA se procede a acumular la denuncia tramitada bajo este expediente al expediente administrativo N° 28244-03-TAA. Cuatro meses después, por el Oficio DA-UHTPCOSJ-0250-2016 de 30 de marzo del 2016 de la Coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles Pacífico Central de la Dirección de Agua, se indica que hay cuatro nacientes de cauce permanente en la zona denunciada. Es hasta finales de marzo de 2017, por resolución N" 3762017-TAA de las 11:37 horas del 28 de marzo del año 2017, y con ocasión de este recurso, que el TAA dicta una medida cautelar y procede a realizar inspección ocular "in situ" con el objetivo de investigar las hechos denunciados, en la propiedad del Grupo Ganadero Roqueta S.A.. por objeto de corta y extracción de especies exóticas (ciprés) aprovechamiento de especies nativas, por haberse abierto una trocha dentro de terrenos de bosque, para extraer la madera, desestabilización de los suelos, en varios puntos del área intervenida, que produjeron deslizamientos. La apertura de terreno, trocha y la desestabilización acarrearon material hacia el Río Tabarcia y una posible quebrada, así como a sus áreas de protección y provocaron afectación a las áreas de bosque y especies nativas a autóctonas. Algunos árboles fueron cortados dentro del área de Protección del Río Tabarcia y de una posible quebrada, en incluso, dentro de las áreas de protección de posibles nacientes. Asimismo, el TAA logró determinar que la intervención del terreno afectaría la toma de agua para consumo humano ubicada en el Río Tabarcia, por la afectación con sedimentos. Los suelos en esta zona podrían ser calificados como suelos Clase VIII por pedregosidad, pendientes abruptas, profundidad efectiva y fertilidad baja, así como por la presencia de un Area Silvestre Protegida (ASP). Sin asegurar que esto sea correcto, esa zona podría calificar como área de recarga acuífera. Por ser un ASP y los movimientos de tierra realizadas debió pedirse el criterio de la SETENA sobre la posibilidad de obtener viabilidad ambiental, considerando que la propiedad se ubica en un ASP y por la fragilidad o vulnerabilidad de la zona. Del cuadro fáctico descrito, en relación con el informe dado a esta Sala por la Presidenta del TAA, se observa que el Tribunal recurrido ordenó la medida cautelar a Grupo Ganadero Roqueta Sociedad Anónima, -que le prohibe de manera absoluta cortar árboles sin contar con la debida autorización por parte de la Administración Forestal del Estado, así como la realización de movimientos de tierra dentro del área de protección de las nacientes dictaminadas respetando su área de protección de conformidad con lo establecido por la Ley Forestal y la Ley de Aguas (15 metros a lo larga de las riberas de las quebradas o ríos, 50 metros horizontales si el terreno es quebrada, 100 metros si existen nacientes y 200 metros si es una naciente captada, en la propiedad matrícula folio real 1-109600 localizado en el sector de Palmichal, Acosta, San José) -, casi tres años después de planteada la primera denuncia ante el TAA en setiembre de 2014. Es con ocasión de este recurso que resuelve adoptar una medida cautelar para prevenir más daños en el ambiente, lo que a todas luces ha resultado tardío para darle protección pues, en este asunto, la propia autoridad recurrida reconoce los efectos negativos que ha tenido la actividad ilegal que con extrema lentitud investiga, sin haber adoptado las medidas precautorias que eviten los riesgos que describe el recurrente. Es por ello que procede acoger el recurso en cuanto se dirige contra el TAA, lo que en efecto se dispone.
VI.- Del Área de Conservación Pacífico Central. Del análisis concreto de las actuaciones realizadas por el Área de Conservación Pacífico Central y en concreto la Oficina Subregional de Puriscal, observa esta Sala que desde que recibió las diferentes denuncias les dio trámite y en julio de 2015 dictó una medida cautelar de paralización de obras, para evitar que los daños continuaran. No obstante señalan los informantes del Área de Conservación que se siguieron realizando inspecciones para verificar que las afectaciones no continuaran, no consta que se haya tomado ninguna acción frente a la desatención de tales medidas por parte del particular o que esas autoridades hayan puesto al TAA en conocimiento de las mismas. No basta para prevenir daños al ambiente dictar medidas precautorias, pues en caso de desatención de las medidas impuestas debe la autoridad recurrida iniciar los mecanismos que le da el ordenamiento jurídico, para hacerlas efectiva y que se den las consecuencias que su desatención genera. Es por ello que procede declarar con lugar el recurso en cuanto se dirige contra el Área de Conservación, en los términos que se indicará en la parte dispositiva de esta sentencia.
VII.DE LA DIRECCIÓN DE AGUAS . En cuanto el recurso se dirige contra la Dirección de Aguas, observa esta Sala de los distintos informes, que esta hizo la inspección al inmueble ubicado en Palmichal de Acosta que le ordenara el TAA dentro del expediente y determinó la existencia de nacientes en el lugar (informe técnico DA-UHTPCOSJ-0202-2016, enviado al TAA). No se advierte que al momento de presentarse este recurso, esté pendiente alguna información que requiera el Tribunal Ambiental por parte de esa oficina, a fin de ampliar la información presentada. Como consecuencia, no se observa ninguna infracción a los derechos invocados por el recurrente y procede desestimar el recurso en cuanto se dirige contra la Dirección de Aguas, lo que en efecto se hace.
VIII.Conclusión En este asunto para la resolución del recurso planteado por el accionante; es claro que el TAA ha realizado actos dirigidos a la investigación de propiedades, análisis de actividades de tala y aprovechamiento de árboles y apertura de trocha sin autorización y en zonas protegidas. Asimismo ha logrado la identificación de los presuntos infractores involucrados, realizando la coordinación con los distintos entes encargos de prestar colaboración para realizar la investigación. No obstante, es hasta la interposición de este recurso, en marzo de 2017, que resuelve girar la medida cautelar que prevenga al supuesto infractor de no cometer los actos que se estiman lesivos del medio ambiente, lo que es tardío e injustificable. La Administración está obligada a resolver en un plazo razonable los asuntos que le son planteados, y si bien esta Sala es clara en que el artículo 41 de la Constitución Política, no ha constitucionalizado un derecho a los plazos, sino el derecho fundamental de toda persona a que su causa sea resuelta dentro de un plazo razonable; lo cierto en este asunto, es que de la prueba aportada no se determina que ninguna de las autoridades ambientales administrativas recurridas con autoridad para hacerlo, haya adoptado la oportuna acción anticipada -a la resolución final de la queja ambiental- referida a evitar o hacer cesar el riesgo que supone la presunción grave de conductas claramente dañinas al ambiente, como lo son, en este caso, la tala y aprovechamiento de árboles sin autorización, así como hacer una trocha en una zona protegida y una serie de actividades prohibidas que dañan el ambiente. Lo anterior, con autorización de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, N°7554 del 04 de octubre de 1995, que establece en el aparte de sanciones administrativas, una serie de medidas preventivas protectoras, que debe aplicar la Administración Pública ante la violación de las normativas de protección ambiental tanto de la Ley Orgánica del Ambiente como de otras disposiciones de protección ambiental o de la diversidad biológica; y frente a conductas dañinas al ambiente. Entre las medidas provisorias están: “… d) Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que originan la denuncia. e) Clausura total o parcial, temporal o definitiva, de los actos o hechos que provocan la denuncia…. h) Modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente. Así las cosas, procede acoger el recurso en cuanto a este extremo y se advierte a la Administración recurrida su obligación de resolver las denuncias que puedan afectar al medio ambiente, en un plazo razonable. Ahora bien, por las razones indicadas en el Considerando VII, procede desestimar el recurso en cuanto se dirige contra el Director de Aguas, como en efecto se ordena.
IX.- De la Defensoría de los Habitantes . Al advertirse en este asunto la inercia de las autoridades administrativas competentes frente a los graves hechos denunciados que lesionan el ambiente en la propiedad indicada en este asunto, ubicada en San José, Acosta, Palmichal, San Pablo, y que pueden perjudicar a los habitantes, se notifica esta sentencia a la Defensoría de los Habitantes para lo que le corresponda.
X.- Nota del Magistrado Cruz Castro: En este asunto hay una grave lesión al ambiente. Tanto tiempo que ha pasado sin una reacción efectiva de las autoridades encargadas de la tutela del ambiente. Hechos muy graves desde el punto de vista ambiental, no son abordados oportunamente, porque los actos denunciados datan del año 2014, sin una respuesta oportuna. Es indiscutible que el tribunal ambiental administrativo enfrenta un gravísimo retraso; esta deficiencia la ha reportado la prensa, especialmente un reportaje del semanario Universidad de 17 febrero del 2016. La información periodística la suscribe Diego Arguedas Ortiz. El reportaje se titula: “Casos contra Piñeras se añejan atorados en el Tribunal Ambiental”. En estos casos tenían pendientes, sin sentencias, casos de piñeras denunciados desde el 2001. La información de prensa señala que cada juez tramita en el tribunal entre quinientos y seiscientos expedientes. Los derechos fundamentales naufragan ante una respuesta tan lenta, tan tardada. Este es el caso que se evidencia en este caso. Peligra la integridad física y la salud de los habitantes, sin que haya una respuesta a la altura de los bienes jurídicos en juego. El exceso de trabajo, la falta de recursos, la descoordinación, no justifican lo que ocurre en este asunto.
XI.- RAZONES DIFERENTES DE LOS MAGISTRADOS JINESTA LOBO Y SALAZAR ALVARADO, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado coinciden con la estimatoria parcial del amparo, pero por razones diferentes. Lo anterior, dado que, lo desestiman en cuanto a la violación del derecho al ambiente, pero lo acogen, únicamente, por la infracción del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido; extremo respecto del que le ordenan a las autoridades resolver inmediatamente.
A.- RESPECTO A LA INFRACCIÓN DEL DERECHO AL AMBIENTE.
1.- DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO Y SU DESARROLLO INFRA CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE UN VASTO ENTRAMADO NORMATIVO. El artículo 50 de la Constitución de 1949, en el año de 1994 (Ley No. 7412 de 3 de junio de 1994) sufrió una reforma parcial para introducir en el, párrafo 2°, como un derecho fundamental expreso y claramente tipificado el que tiene “Toda persona” de gozar “a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho fundamental, antes de la reforma constitucional de 1994, fue ampliamente desarrollado por una jurisprudencia progresista y tuitiva de este Tribunal Constitucional, todo con fundamento en la normativa existente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que propició y estableció las condiciones para la reforma parcial del artículo 50 de la Constitución. Después de la reforma parcial al numeral 50 de la Constitución en 1994, se ha venido desarrollando un denso, amplio y prolijo marco normativo infra constitucional para la protección efectiva del goce y ejercicio del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, habida cuenta que el párrafo 3° dispuso que “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho”; imperativos y obligaciones constitucionales que han llevado al Estado costarricense a establecer un vasto y extenso entramado normativo infra constitucional que se traduce en diversas leyes, reglamentos y decretos ejecutivos, los que se encargan de cuestiones sustantivas y formales para la garantía, tutela y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Adicionalmente, ese ordenamiento jurídico sub constitucional, ha establecido una organización administrativa extensa y compleja para actuar los imperativos y obligaciones constitucionales contenidas en el párrafo 3° del artículo 50 constitucional. Dentro de este bloque o parámetro de legalidad, creado para desarrollar el artículo 50 de la Constitución, destaca la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 4 de octubre de 1995, la que, entre otros extremos, desarrolla y regula temas de primer orden como la participación ciudadana en materia ambiental (Capítulo II), la evaluación del impacto ambiental (Capítulo IV), la protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos (Capítulo V), el ordenamiento territorial y la protección del ambiente (Capítulo VI), las áreas silvestres protegidas (Capítulo VII), los recursos marinos, costeros y humedales (Capítulo VIII), la diversidad biológica (Capítulo IX), los recursos naturales como el aire, agua y suelo (Capítulos XI, XII, XIII), así como los forestales y energéticos (Capítulos X y XIV), la contaminación (artículo XV), la organización administrativa ambiental (XVII) y la creación de un Tribunal Ambiental Administrativo para la tutela, defensa y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Capítulo XXI). También destacan, en ese denso y vasto entramado legislativo, la Ley Forestal, No. 7575 de 5 de febrero de 1996 y sus reformas, la Ley de Protección Fitosanitaria, No. 7664 de 8 de abril de 1997, la Ley de concesión y operación de marinas turísticas, No. 7744 de 19 de diciembre de 1997, la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, No. 7779 de 30 de abril de 1998 y, más recientemente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839 de 24 de junio de 2010. De otra parte, incluso, antes de reformarse parcialmente el artículo 50 de la Constitución, ya existían leyes sectoriales de protección y defensa de ciertos aspectos del medio ambiente, tales como la Ley de Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942 y sus reformas, la Ley General de Salud, No. 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas, la Ley de Salud Animal, No. 6243 de 2 de mayo de 1978, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 de 21 de octubre de 1992 y sus reformas, la Ley de Hidrocarburos, No. 7399 de 3 de mayo de 1994 y la Ley del uso racional de la energía, No. 7447 de 3 de noviembre de 1994. El marco normativo, en el plano infra legal, es aún más nutrido con diversos reglamentos ejecutivos de esas leyes y decretos que regulan la protección, conservación y defensa del medio ambiente. En este nivel jerárquico de protección, a modo de ejemplo, destaca el Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004 que es el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que regula, prolijamente, todas las aristas de los procedimientos de Evaluación del Impacto ambiental de actividades, obras y proyectos, según categorías predefinidas, para prevenir cualquier daño o lesión al ambiente, su revisión y la viabilidad ambiental, su control y seguimiento posterior, denuncias, mecanismos de participación, el responsable ambiental, las garantías de cumplimiento y de funcionamiento y un régimen sancionador. También descuella el Decreto Ejecutivo No. 34136 de 20 de junio de 2007 que es el Reglamento de procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo encargado de conocer y resolver las denuncias por amenaza de infracción o violación efectiva a la legislación tutelar del ambiente y de los recursos naturales y para establecer las indemnizaciones por daños o lesiones a éstos.
2.- NECESIDAD DE DESLINDAR EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE LEGALIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. El denso marco normativo o ordenamiento jurídico infra constitucional que desarrolla y fortalece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado contemplado en el artículo 50 de la Constitución y que procura su garantía, tutela y preservación, obliga a este Tribunal Constitucional a tener que deslindar, en la materia, la órbita del control de constitucionalidad de la esfera del control de legalidad. Tratándose de los mecanismos o de las cuestiones de constitucionalidad, tal y como se denomina el Título IV de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, concepto que comprende a la acción de inconstitucionalidad y la consulta de constitucionalidad –legislativas y judiciales-, la delimitación entre el control de constitucionalidad y de legalidad es clara e inequívoca, por cuanto, sin duda alguna, le compete a este Tribunal Constitucional conocer y resolver tales materias de manera exclusiva y excluyente (artículos 10 de la Constitución, 1°, 2°, inciso b), 73 a 108 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) así, por ejemplo, cuando se aduce que una norma legal o reglamentaria es inconstitucional por quebrantar el artículo 50, sea el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los valores y principios subyacentes en éste. El problema real en la delimitación de sendas esferas de control, surge respecto del recurso o proceso de amparo, por varias razones evidentes que son las siguientes: a) El carácter transversal del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que penetra todas las capas o estratos del ordenamiento jurídico; b) la textura abierta de la normas constitucionales con lo que cualquier agravio puede parecer que tiene naturaleza constitucional y c) la tendencia de utilizar el proceso de amparo como una vía sustitutiva de la jurisdicción ordinaria. Empero, pueden establecerse algunos criterios, con fundamento en el artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que permiten delimitar el proceso de amparo de otros procesos jurisdiccionales ordinarios. Así, cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público –ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional. Lo mismo sucede cuando un poder público ha omitido cumplir con las obligaciones que le impone, en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, el ordenamiento jurídico infra constitucional sea de naturaleza legal o reglamentario. Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional debe conocer y resolver un asunto en el proceso de amparo, únicamente, cuando ningún poder público haya intervenido ejerciendo sus competencias de fiscalización o de autorización y se esté desarrollando una conducta, potencial o actualmente, lesiva del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, adicionalmente, debe tratarse de una violación de ese derecho evidente y manifiesta o fácilmente constatable –sin mayor producción o evacuación de prueba- y, además, debe revestir gran relevancia o trascendencia y ser grave. Si un poder público ha incumplido las obligaciones y deberes que desarrolla el ordenamiento jurídico infra constitucional, el tema tampoco debe ser conocido por la jurisdicción constitucional, por cuanto, además de los mecanismos de denuncia previstos en sede administrativa, la jurisdicción ordinaria, en especial la contencioso-administrativa, tiene competencia suficiente para fiscalizar las omisiones materiales o formales de los entes públicos. Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento –serie concatenada de actuaciones administrativas- y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad, lo mismo si incumple u omite sus obligaciones legales y reglamentarias. El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria. El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente. El proceso de amparo, en definitiva, no puede ser convertido en un proceso ordinario de cognición plena (“ordinariarlo”), por cuanto, se desnaturaliza y pervierte en sus fines y propósitos, de ahí que, cuando un poder público ha intervenido efectuando estudios, avalando u homologando experticias presentadas por las partes interesadas, rendido informes, emitiendo resoluciones administrativas, permisos, licencias o cualquier otro acto administrativo formal o, en general, sustanciando uno o varios procedimientos administrativos, el proceso de amparo no es la vía para fiscalizar tales actuaciones sino el proceso contencioso-administrativo. La intervención administrativa que se logre verificar o comprobar, es determinante para estimar que el asunto se ubica en el plano o nivel, de por sí abstracto y abierto, de la constitucionalidad o en el más denso de la legalidad. Tampoco, este Tribunal Constitucional debe entrar a conocer y resolver el incumplimiento de las obligaciones que impone el marco normativo legal o reglamentario, puesto que, para tal efecto, existen poderosos y eficientes instrumentos en sede administrativa (régimen sancionador, quejas, el Tribunal Ambiental Administrativo) y, en último término, una jurisdicción contencioso-administrativa cuya función es controlar la legalidad de la función administrativa (artículo 49 constitucional), dentro de la que figuran las omisiones legales o reglamentarias, materiales o formales, jurisdicción ordinaria que ahora, con la nueva legislación adjetiva, es más flexible, expedita, célere, plenaria y universal.
3.- COROLARIO. Por lo expuesto, estimamos que este extremo del recurso de amparo, debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad, sin embargo, no habiendo sido así, consideramos que se debe declarar sin lugar, sin pronunciarnos en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en particular, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
B.- EN REFERENCIA A LA INFRACCIÓN A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PRONTO Y CUMPLIDO. Coincidimos con la estimatoria del recurso de amparo, en lo atinente a la tardanza injustificada, por parte del Tribunal Ambiental Administrativo y del Área de Conservación Pacífico Central, en atender la denuncia presentada; no obstante, a diferencia de la mayoría, ordenamos se resuelva de inmediato, en tanto han transcurrido, prácticamente, dos años y medio, desde el momento en el cual fue interpuesta, lo que, en nuestro criterio, es irrazonable.
XII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto se dirige contra el Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía y el Tribunal Ambiental Administrativo. Se ordena a Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la Oficina Subregional de Puriscal del Área de Conservación Pacifico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía así como a Ligia Umaña Ledezma, en su condición de Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo o a quienes en tales lugares ejerzan esos cargos, no incurrir nuevamente en las omisiones que ponen en riesgo el ambiente, como en este caso, así como tomar las previsiones que sean necesarias para que las medidas cautelares vigentes y ordenadas en este asunto sean debidamente atendidas y que el mismo sea resuelto en un plazo razonable. Se apercibe a las autoridades antes dichas que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. Notifíquese personalmente a Efraín Monge Hernández, en su calidad de Jefe de la Oficina Subregional de Puriscal del Área de Conservación Pacifico Central) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía así como a Ligia Umaña Ledezma, en su condición de Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo o a quienes ocupen tales cargos. El Magistrado Cruz Castro pone nota. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado coinciden con la estimatoria parcial del amparo, pero por razones diferentes, dado que, lo desestiman en cuanto a la violación del derecho al ambiente, pero lo acogen, únicamente, por la infracción del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido; extremo respecto del que le ordenan a las autoridades resolver inmediatamente. Notifíquese a las partes y a la Defensoría de los Habitantes para lo que le corresponda.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
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