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Res. 06018-2017 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 28/04/2017
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber granted the amparo, ordering the Municipality of Aserrí to clean ditches frequently and mitigate dust, and the Health Area to definitively solve sewage contamination within one month, plus costs.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo, ordenando a la Municipalidad de Aserrí la limpieza frecuente de caños y medidas para paliar el polvo, y al Área Rectora de Salud solucionar definitivamente la contaminación por aguas negras en el plazo de un mes, con condenatoria en costas.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo filed by a resident of Aserrí against the Municipality of Aserrí and the Aserrí Health Area, alleging violation of her right to a healthy and ecologically balanced environment. She complained that the gravel road in front of her house produces dust clouds affecting her family's health, that the ditches are dirty, and that stagnant sewage causes bad odors and mosquito proliferation. The Chamber, due to the authorities' failure to report, found it proven that the dust does cause health problems for the petitioner and her family. It also noted that the Municipality scheduled road maintenance for 2018 without taking immediate palliative measures, and that the Health Area acted intermittently and reactively, intensifying actions only after being notified of the amparo. The Chamber granted the amparo, ordering scheduled ditch cleaning, measures to mitigate dust, and definitive solution to sewage contamination within one month, plus costs, damages, and losses against the State and the Municipality.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por una vecina de Aserrí contra la Municipalidad de Aserrí y el Área Rectora de Salud de Aserrí, por la vulneración de su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La recurrente denuncia que la calle de lastre frente a su vivienda genera nubes de polvo que afectan la salud de su familia, que los caños están sucios y que hay estancamiento de aguas negras que producen malos olores y proliferación de mosquitos. La Sala tiene por acreditado, en virtud de la falta de informe de las autoridades recurridas, que el polvo sí causa problemas de salud a la amparada y su familia. Asimismo, constata que la Municipalidad programó la atención de la calle para 2018, pero no adoptó medidas paliativas inmediatas, y que el Área Rectora de Salud actuó de manera intermitente y reactiva, intensificando acciones solo tras la notificación del amparo. La Sala declara con lugar el recurso, ordenando la limpieza programada de caños, medidas para paliar el polvo y la solución definitiva de la contaminación por aguas negras en el plazo de un mes, condenando al Estado y a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
Thus, regarding the road issue, the Chamber considers that the amparo must be granted. As can be seen, although its maintenance is duly scheduled in the five-year plan, the fact remains that it cannot be overlooked that the petitioner and her family may be suffering serious health problems from the dust generated by the gravel road. This jurisdiction has intervened in similar cases when significant health problems caused by airborne dust pollution have been reliably proven. In this case, by application of Article 45 of the Law governing this jurisdiction, the dust problem and its connection to the health of the petitioner and her family were taken as true, making it appropriate to grant the amparo on this point. Secondly, regarding the reported dirty ditches, the respondent municipal authorities reported that within 15 calendar days, the respondent municipality would clean the ditches. That is, a contrario sensu, they implicitly acknowledge that there was a significant dirt problem in the sector where the petitioner lives, a situation that harms Article 50 of the Political Constitution. Thus, it is appropriate to grant this amparo to ensure scheduled and frequent cleaning of ditches in the sector where the protected person lives. Lastly, regarding the stagnant sewage contamination, as can be seen from the list of proven facts, the Aserrí Health Area has addressed this problem intermittently, meaning that as of the date this amparo is decided, the contamination situation has not yet been definitively resolved.Así las cosas, en cuanto al tema de la calle, la Sala estima que se debe declarar con lugar el recurso. Como puede apreciarse, si bien su atención está debidamente programada en el plan quinquenal; lo cierto del caso es que no se puede pasar por alto que a la recurrente y a su familia se les puede estar causando un grave problema de salud con el polvo que genera la calle de lastre. Esta jurisdicción ha intervenido en casos similares cuando se logra acreditar, fehacientemente, importantes problemas de salud ocasionados debido a la contaminación en el aire provocada por el polvo. Como en este caso, en virtud de la aplicación del numeral 45 de la Ley que rige esta jurisdicción, se tuvo por cierto el problema de polvo y su relación con la salud de la promovente y su familia, lo pertinente es declarar con lugar el amparo en cuanto a ese punto. En segundo lugar, en relación con la suciedad de caños denunciada, las autoridades municipales recurridas informaron que en el plazo máximo de 15 días naturales, la municipalidad accionada realizaría la limpieza de los caños. Es decir, a contrario sensu, reconocen implícitamente que existía un problema de suciedad importante en el sector donde habita la amparada, situación que genera una lesión al ordinal 50 de la Constitución Política. Así las cosas, lo pertinente es acoger este amparo para que se realice una limpieza programada y frecuente de caños en el sector donde habita la tutelada. Por último, en cuanto a la contaminación con aguas negras estancadas, según se puede acreditar del elenco de hechos probados, el Área Rectora de Salud de Aserrí ha atendido de manera intermitente dicha problemática, haciendo que a la fecha en que se conoce este amparo, todavía no se haya remediado definitivamente la situación de contaminación.
Pull quotesCitas destacadas
"La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas."
"The State's objective obligation in environmental protection does not necessarily imply a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does imply that appropriate measures be adopted to protect that right in the face of openly negligent attitudes by public authorities or by individuals and legal entities."
Considerando V
"La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas."
Considerando V
"Esta jurisdicción ha intervenido en casos similares cuando se logra acreditar, fehacientemente, importantes problemas de salud ocasionados debido a la contaminación en el aire provocada por el polvo."
"This jurisdiction has intervened in similar cases when it has been reliably proven that significant health problems have been caused by airborne dust pollution."
Considerando VI
"Esta jurisdicción ha intervenido en casos similares cuando se logra acreditar, fehacientemente, importantes problemas de salud ocasionados debido a la contaminación en el aire provocada por el polvo."
Considerando VI
"Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Oldemar García Segura y Paulo Hidalgo Cortés, por su orden Alcalde y Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Aserrí, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que coordinen lo necesario para que se realice una limpieza programada y frecuente de caños en el sector donde habita la tutelada; además, mientras se atiende la calle en cuestión en el 2018 –según lo programado-, deberán tomar las medidas necesarias para paliar el polvo que se produce en esa vía pública."
"The amparo is granted. Consequently, Oldemar García Segura and Paulo Hidalgo Cortés, in their capacity as Mayor and Council President, respectively, of the Municipality of Aserrí, or whomever replaces them, are ordered to take necessary steps to carry out scheduled and frequent cleaning of ditches in the sector where the protected person resides; furthermore, while the road in question is attended to in 2018 - as scheduled - they must take the necessary measures to mitigate the dust produced on that public road."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Oldemar García Segura y Paulo Hidalgo Cortés, por su orden Alcalde y Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Aserrí, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que coordinen lo necesario para que se realice una limpieza programada y frecuente de caños en el sector donde habita la tutelada; además, mientras se atiende la calle en cuestión en el 2018 –según lo programado-, deberán tomar las medidas necesarias para paliar el polvo que se produce en esa vía pública."
Por tanto
Full documentDocumento completo
*170025000007CO* CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours forty-five minutes on the twenty-eighth of April of two thousand seventeen.
Amparo action filed by Karla Rebeca Valverde Chaves, identity card number 1-1106-0431; against the Municipality of Aserrí and the Ministry of Health.
Whereas:
Drafted by Magistrate Campos Calvo; and,
Considering:
I.Preliminary Question. In view of the fact that the Head of the Technical Unit for Road Management of the Municipality of Aserrí and the Director of the Rectorate Health Area of Aserrí failed to submit the report within the deadline set by this Court for each of them in the ruling granting leave to proceed and in the evidence for a better resolution, respectively, in accordance with article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the facts concerning those officials are deemed true, and we proceed to analyze the constitutionality of the matter based on the other elements contributed to the case file.
II.Purpose of the action. The petitioner considers her fundamental right to the environment to be violated, given that she has reported to the Rectorate Health Area of Aserrí and the municipality of that same locality, the problems she suffers in her neighborhood due to the poor condition of the street, which generates dust; in addition, she has reported problems of stagnant black water (aguas negras) generating mosquitoes, and dirt in the drainage ditches (caños), without both authorities having solved the problem.
III.Proven facts in relation to the Municipality of Aserrí. Of importance for the decision in this matter, the following fact is deemed proven: a) the street reported by the petitioner is a secondary road, and therefore it is made of ballast and granular material (see statements rendered under oath and evidence provided); b) according to the five-year plan 2017-2021, approved by LANAME for the Municipality of Aserrí, in 2018 attention will be given to secondary streets, including the one reported by the protected party (see statements rendered under oath and evidence provided); c) within a maximum period of 15 calendar days, the respondent municipality would carry out the cleaning of the drainage ditches (caños) (see statements rendered under oath and evidence provided).
IV.Proven facts in relation to the Rectorate Health Area of Aserrí. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed proven: a) on January 21, 2016, said office received complaint No. 015-16, filed by the petitioner, in which she reported stagnant black water (aguas negras) in a drainage ditch (caño) in front of her property (see statements rendered under oath and evidence provided); b) the protected party was informed that the visit was scheduled for April 13, 2016 (see statements rendered under oath and evidence provided); c) during said on-site inspection, inspection report No. RH-314-2016 was drawn up, where it was stated: "(…) a dirt drainage channel is observed on the public road through which water flows, apparently black water (aguas negras), which has a bad odor, and they indicate there is a quantity of mosquitoes. The water comes from the sector of Barrio San Luis, and there is also a pipe that comes from other dwellings, which crosses a coffee plantation and discharges into the drainage channel.
Given the foregoing, dye tests (pruebas de coloración) must be carried out on the dwellings located in said sector (approximately 25 dwellings)" (see statements rendered under oath and evidence provided); d) on May 30, 2016, the complainant was informed that the respondent municipality proceeded with the cleaning of the drainage channel, as well as that the Rectorate Health Area of Aserrí was conducting inspections and dye tests following said cleaning (see statements rendered under oath and evidence provided); e) for technical reasons, dye tests cannot be performed continuously, that is, several tests on the same day, because the results could be confused, invalidating said tests (see statements rendered under oath and evidence provided); f) on November 13, 2016, the respondent Rectorate Health Area carried out an inspection in dwellings of Barrio San Luis, the corresponding dye test was performed, and it was left under observation (see statements rendered under oath and evidence provided); g) on November 14, 2016, a follow-up to the dye test was carried out; it was observed that the test result was positive for black water (aguas negras), and therefore sanitary order No. RH-118-2016 dated November 14, 2016, was notified (see statements rendered under oath and evidence provided); h) on December 26, 2016, an inspection was carried out to follow up on sanitary order No. RH-118-16 (see statements rendered under oath and evidence provided); i) on March 6, 2017, dye tests were carried out in the respective sanitary facilities of three of the dwellings, and in the 3 dwellings the dye test was negative (see statements rendered under oath and evidence provided); j) on March 7, 2017, sanitary order No. OS-RDi-053-17 was notified to one of the neighbors, which includes carrying out the necessary works to clean the drainage channel on their property (see statements rendered under oath and evidence provided); k) on March 8, 2017, official letter No. CS-ARS-AS-475-2017 was sent to the petitioner via email, through which the respondent Rectorate Health Area informed her about the latest actions carried out (see statements rendered under oath and evidence provided); l) the street reported in this amparo generates dust problems, which cause health conditions to the petitioner or her family (uncontested fact).
V.On the right to a healthy and ecologically balanced environment. On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at a constitutional level and through international regulations. It has been indicated that the legitimate exercise of this right requires that resources be used rationally, and that the protection of the environment is the responsibility of the State, according to the precautionary principle (principio precautorio) that governs environmental matters. This principle obliges the State to arrange everything that is necessary, within the scope permitted by law, in order to prevent irreversible damage to the environment, for which purpose it is responsible for achieving the propitious social conditions so that each person can enjoy their health, this right being understood as a situation of physical, psychological (or mental), and social well-being (see ruling No. 180-98 of 16:24 hours on January 13, 1998).
The State's objective obligation regarding environmental protection does not necessarily entail a subjective right of persons to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right to have those measures adopted that are suitable for protecting that right, in the face of openly negligent attitudes by public authorities, or by natural and legal persons. In this way, the State acquires the obligation to regulate the areas of social life from which dangers may arise for the physical existence of the inhabitants of its territory, as well as those that violate the environment, which it can do through laws, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures. Consequently, the possibility of judicially demanding, through the amparo action, a specific type of welfare activity from the State in compliance with its duty to protect life, health, or the right to the environment for the benefit of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger against those rights of persons.
From which it follows that the interference of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven inertia by the State, through its competent bodies, in addressing the demands that the country's inhabitants make in exercise of their rights. According to what is established by our Political Constitution in numeral 169, the administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government. In this sense, this Court has already held that local interest is understood as everything of a public nature that pertains to the canton in a direct and immediate manner, such that the respective municipality is not only empowered but also obligated to attend to everything that benefits its canton (see ruling number 2014-002127).
VI.On the specific case. In the sub lite, the petitioner considers her fundamental right to the environment to be violated, given that she has reported to the Rectorate Health Area of Aserrí and the municipality of that same locality, the problems she suffers in her neighborhood due to the poor condition of the street, which generates dust; in addition, she has reported problems of stagnant black water (aguas negras) generating mosquitoes, and dirt in the drainage ditches (caños), without both authorities having solved the problem. In this regard, the Chamber deems it proven that the street reported by the petitioner consists of a secondary road, and therefore it is made of ballast and granular material. According to the five-year plan 2017-2021, approved by LANAME for the Municipality of Aserrí, in 2018 attention will be given to secondary streets, which includes the road indicated by the protected party.
Finally, it is necessary to note that the Chamber requested as evidence for a better resolution from the Rectorate Health Area of Aserrí that it indicate whether there were dust problems on the street that passes in front of the petitioner's property and whether these generate significant health conditions to the detriment of the protected party or her family. However, according to certification signed by the Secretary of this Court, the Director of the respondent Health Area did not attend to that request for evidence for a better resolution, such that, according to article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, it must be deemed true that health problems do occur as a result of the dust contamination emanating from the public road. That being the case, regarding the issue of the street, the Chamber considers that the action must be declared well-founded. As can be appreciated, although its attention is duly scheduled in the five-year plan; the truth of the matter is that it cannot be overlooked that the petitioner and her family may be suffering a serious health problem from the dust generated by the ballast street.
This jurisdiction has intervened in similar cases when significant health problems caused by airborne dust contamination can be reliably proven. As in this case, by virtue of the application of numeral 45 of the Law governing this jurisdiction, the problem of dust and its relationship with the health of the petitioner and her family was deemed true, it is pertinent to declare the amparo well-founded regarding that point.
VII.Secondly, in relation to the reported dirt in the drainage ditches (caños), the respondent municipal authorities reported that within a maximum period of 15 calendar days, the respondent municipality would carry out the cleaning of the drainage ditches (caños). That is to say, a contrario sensu, they implicitly acknowledge that there was a significant problem of dirt in the sector where the protected party lives, a situation that causes an injury to ordinal 50 of the Political Constitution. That being the case, it is pertinent to uphold this amparo so that scheduled and frequent cleaning of drainage ditches (caños) is carried out in the sector where the protected party lives.
VIII.Finally, regarding the contamination from stagnant black water (aguas negras), as can be proven from the list of proven facts, the Rectorate Health Area of Aserrí has addressed this problem intermittently, meaning that as of the date this amparo is heard, the contamination situation still has not been definitively remedied. As can be seen from the case file, on November 13, 2016, the respondent Rectorate Health Area carried out an inspection, the corresponding dye test was performed, and it was left under observation. Subsequently, on November 14, 2016, a follow-up to the dye test was carried out; it was observed that the test result was positive for black water, and therefore sanitary order No. RH-118-2016 dated November 14, 2016, was notified. Time was then allowed to elapse until December 26, 2016, at which point an inspection was carried out to follow up on sanitary order No. RH-118-16 dated November 14, 2016.
However, from December 26, 2016, until March 6, 2017, the respondent ministry did not execute any type of action aimed at definitively solving the contamination problem. In addition to the foregoing, as can be seen in the case file, the respondent ministry was notified of the filing of this amparo on March 3, 2017, and it was on the following March 6 that dye tests were carried out in the respective sanitary facilities of three of the dwellings. Then, on March 7, 2017, sanitary order No. OS-RDi-053-17 was notified to one of the neighbors, and on March 8, 2017, official letter No. CS-ARS-AS-475-2017 was sent to the petitioner via email, through which the respondent Rectorate Health Area informed her about the latest actions carried out. That is to say, all these latest actions were taken on the occasion of the filing of this amparo, with the aggravating factor that it is not observed that the issue of black water management in the protected party's community has been definitively solved. Ergo, the corresponding action is to declare the action well-founded, as an evident injury to the fundamental right to the environment has been demonstrated to the detriment of the petitioner.
IX.Separate Note by Magistrate Hernández López. As a general line, I maintain that claims for omissions regarding infrastructure matters can and should be addressed by the competent administrative and control bodies as well as by the ordinary jurisdiction. But I have also made an exception that the endangerment of rights such as physical integrity or health warrants the intervention of this Court. This occurs in this specific case, as is demonstrated from the list of proven facts that allow for the conclusion that there is a problem of black water (aguas negras) management that represents an imminent danger to people's health, and the propriety with which the competent authorities have addressed the problem is discussed. For these reasons, I concur with the majority vote.
X.Partial Dissenting Vote by Magistrate Hernández Gutiérrez. On repeated occasions I have indicated that in my judgment, the constitutional jurisdiction must assess and rule in favor of the execution of works and repair of public roads, when their situation or poor condition directly affects the violation of a clearly identifiable fundamental right. On a daily basis, this Chamber hears cases related to roads and public thoroughfares in allegedly poor condition, so that when it is proven that this violates another fundamental right and specifically affects particular persons, I concur with the Court's criterion declaring the action well-founded. However, the petitioner fails to indicate whether this problem she reports directly affects the respect for and protection of a fundamental right of specific persons – she makes a generic reference to her family, without identifying the persons or relating specific effects for those who presumably suffer them – so in my judgment, no direct causal relationship can be established in this sense. Given this lack of substantiation, and following my widely reiterated criterion on this matter, I consider that this action must be declared unfounded regarding the alleged condition of the public road in question.
XI.Note by Magistrate Jinesta Lobo. The undersigned Magistrate clarifies that although in environmental matters, when there is administrative intervention of any kind, they are referred to the administrative-contentious jurisdiction, the truth is that in the case of complaints alleging contamination from dust, dirt in drainage ditches (caños), or incorrect disposal of black water (aguas negras), which in turn affects the occupants of several dwelling houses - as occurs in the specific case - it shall not be done so. This, because other rights of the neighbors of the polluting source are at stake, such as health and the right to enjoy a decent quality of life. On the other hand, it is important to highlight that the actions of the Rectorate Health Area of Aserrí were carried out on the occasion of the notification of the initial order of the amparo process, on March 3, 2017.
I have agreed with the position held by Magistrate Jinesta Lobo on this matter; therefore, in environmental matters, it is also the undersigned’s view that, if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution falls under the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contenciosa administrativa). However, I do examine the merits of the case when other rights of the persons affected by the pollution source are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where pollution by dust, waste in ditches, and improper disposal of blackwater is alleged, affecting the petitioner and their dwelling, as well as their family and other local residents, in violation of their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment.
XIII.Documentation submitted to the case file. The parties are warned that if any paper documents have been submitted, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days from the notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is declared with merit. Consequently, Oldemar García Segura and Paulo Hidalgo Cortés, in their order as Mayor and Council President, both of the Municipality of Aserrí, or whomever exercises those positions in their stead, are ordered to coordinate whatever is necessary to ensure a scheduled and frequent cleaning of ditches in the sector where the protected party lives; furthermore, while the street in question is attended to in 2018 –as scheduled–, they must take the necessary measures to mitigate the dust generated on that public road. In addition, Carolina Umaña Cisneros, in her capacity as Director of the Área Rectora de Salud de Aserrí, or whomever exercises her position, is ordered, within a period of 1 MONTH from the notification of this judgment, to definitively resolve the contamination situation with blackwater detected in the community where the petitioner lives. The respondents are warned that, pursuant to the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal (recurso de amparo), and does not comply with it or enforce it, provided the offense is not more severely punished.
The State and the Municipality of Aserrí are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the events giving rise to this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the administrative litigation jurisdiction (contencioso administrativo). Let this resolution be notified personally to Oldemar García Segura and Paulo Hidalgo Cortés, in their order as Mayor and Council President, both of the Municipality of Aserrí; as well as to Carolina Umaña Cisneros, in her capacity as Director of the Área Rectora de Salud de Aserrí, or to whomever exercises those positions. Magistrate Hernández López places a note. Magistrate Hernández Gutiérrez partially dissents and declares the appeal without merit regarding the state of the public road. Magistrate Jinesta Lobo places a note. Magistrate Salazar Alvarado places a note.- Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
Anamari Garro V.
Yerma Campos C.
*BO0YNYPIOBQ61*
*170025000007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de abril de dos mil diecisiete .
Recurso de amparo interpuesto por Karla Rebeca Valverde Chaves, cédula de identidad número 1-1106-0431; contra la Municipalidad de Aserrí y el Ministerio de Salud.
Resultando:
Redacta la Magistrada Campos Calvo; y,
Considerando:
I.Cuestión preliminar. En vista de que el Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Aserrí y la Directora del Área Rectora de Salud de Aserrí omitieron rendir el informe dentro del plazo fijado por este Tribunal para cada uno de ellos en la resolución de curso y en la prueba para mejor resolver, respectivamente, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se tienen por ciertos los hechos en lo que a esos funcionarios atañe y se procede a analizar la constitucionalidad del asunto con base en los demás elementos aportados a los autos.
II.Objeto del recurso. La recurrente estima vulnerado su derecho fundamental al ambiente, toda vez que ha denunciado ante el Área Rectora de Salud de Aserrí y la municipalidad de esa misma localidad, los problemas que sufre en su vecindario debido al mal estado de la calle, misma que genera polvo; además, ha denunciado problemas de estancamientos de aguas negras que generan mosquitos, y suciedad en los caños, sin que ambas autoridades hayan solucionado la problemática.
III.Hechos probados en relación con la Municipalidad de Aserrí. De importancia para la decisión de este asunto, se estima como demostrado el siguiente hecho: a) la calle denunciada por la recurrente se trata de un camino secundario, por lo que la misma es de lastre y material granular (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); b) de acuerdo con el plan quinquenal 2017-2021, aprobado por LANAME para la Municipalidad de Aserrí, para el 2018 se le dará atención a las calles secundarias, incluyendo la denunciada por la tutelada (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); c) en el plazo máximo de 15 días naturales, la municipalidad accionada realizaría la limpieza de los caños (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada).
IV.Hechos probados en relación con el Área Rectora de Salud de Aserrí. De importancia para la decisión de este asunto, se estima como demostrado el siguiente hecho: a) el 21 de enero de 2016, dicha dependencia recibió la denuncia N° 015-16, interpuesta por la recurrente, en donde denunciaba estancamiento de aguas negras en un caño al frente de su propiedad (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); b) a la amparada se le indicó que la visita estaba programada para el 13 de abril de 2016 (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); c) en dicha inspección ocular se confeccionó acta de inspección N° RH-314-2016, donde se indicó: “(…) se observa un desagüe en tierra en la vía pública por el cual discurren aguas, en apariencia aguas negras, las cuales presentan mal olor, e indican que hay cantidad de mosquitos. Las aguas vienen del sector de Barrio San Luis, y además existe una tubería que proviene de otras viviendas, la cual atraviesa por un cafetal y desfoga en el desagüe.
Dado lo anterior se debe realizar pruebas de coloración a las viviendas ubicadas en dicho sector (aproximadamente 25 viviendas)” (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); d) el 30 de mayo de 2016 se informó a la denunciante que la municipalidad recurrida procedió con la limpieza del desagüe, así como de parte del Área Rectora de Salud de Aserrí se estaban realizando inspecciones y las pruebas de coloración a partir de dicha limpieza (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); e) por razones técnicas, las pruebas de coloración no se pueden realizar de forma continua, es decir, varias pruebas el mismo día, debido a que se pueden confundir los resultados, invalidando dichas pruebas (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); f) el 13 de noviembre de 2016, el Área Rectora de Salud recurrida realizó una inspección en viviendas del Barrio San Luis, se realizó la prueba de coloración correspondiente y se dejó en observación (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); g) el 14 de noviembre de 2016 se realizó seguimiento a la prueba de coloración; se observó que el resultado de la prueba dio positivo para aguas negras, por tanto se notificó la orden sanitaria N° RH-118-2016 del 14 de noviembre de 2016 (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); h) el 26 de diciembre de 2016 se realizó una inspección para dar seguimiento a la orden sanitaria N° RH-118-16 (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); i) el 6 de marzo de 2017 se realizaron pruebas de coloración en los respectivos servicios sanitarios de tres de las viviendas, y en las 3 viviendas la prueba de coloración dio negativo (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); j) el 7 de marzo de 2017 se notificó la orden sanitaria N° OS-RDi-053-17 a uno de los vecinos, la cual incluye realizar las obras necesarias para darle limpieza al desagüe de su propiedad (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); k) el 8 de marzo de 2017 se le envió a la recurrente, vía correo electrónico, el oficio N° CS-ARS-AS-475-2017, mediante el cual el Área Rectora accionada le informó sobre las últimas acciones realizadas (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); l) la calle denunciada en este amparo genera problemas de polvo, mismos que provocan padecimientos de salud a la recurrente o su familia (hecho no controvertido).
V.Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social (véase sentencia Nº 180-98 de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998).
La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas.
De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país. Según lo establece nuestra Constitución Política en el numeral 169, la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal. En ese sentido, este Tribunal ya ha dicho que el interés local se entiende como todo aquel de naturaleza pública que importa al cantón de manera directa e inmediata, de suerte tal que la municipalidad respectiva está, no solo facultada, sino también obligada a ocuparse de todo lo que favorezca a su cantón (ver sentencia número 2014-002127).
VI.Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente estima vulnerado su derecho fundamental al ambiente, toda vez que ha denunciado ante el Área Rectora de Salud de Aserrí y la municipalidad de esa misma localidad, los problemas que sufre en su vecindario debido al mal estado de la calle, misma que genera polvo; además, ha denunciado problemas de estancamientos de aguas negras que generan mosquitos, y suciedad en los caños, sin que ambas autoridades hayan solucionado la problemática. Al respecto, la Sala tiene por demostrado que la calle denunciada por la recurrente consiste en un camino secundario, por lo que la misma es de lastre y material granular. De acuerdo con el plan quinquenal 2017-2021, aprobado por LANAME para la Municipalidad de Aserrí, para el 2018 se le dará atención a las calles secundarias, lo que incluye la vía indicada por la tutelada. Finalmente, es preciso acotar que la Sala solicitó como prueba para mejor resolver al Área Rectora de Salud de Aserrí que indicara si existían problemas de polvo en la calle que pasa frente a la propiedad de la recurrente y si estos generan padecimientos de salud importantes en perjuicio de la amparada o su familia.
Empero, según constancia suscrita por el Secretario de este Tribunal, la Directora del Área de Salud recurrida no atendió esa solicitud de prueba para mejor resolver, de tal manera que, según el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, debe tenerse por cierto que sí se producen problemas de salud en virtud de la contaminación con polvo que emana de la vía pública. Así las cosas, en cuanto al tema de la calle, la Sala estima que se debe declarar con lugar el recurso. Como puede apreciarse, si bien su atención está debidamente programada en el plan quinquenal; lo cierto del caso es que no se puede pasar por alto que a la recurrente y a su familia se les puede estar causando un grave problema de salud con el polvo que genera la calle de lastre. Esta jurisdicción ha intervenido en casos similares cuando se logra acreditar, fehacientemente, importantes problemas de salud ocasionados debido a la contaminación en el aire provocada por el polvo.
Como en este caso, en virtud de la aplicación del numeral 45 de la Ley que rige esta jurisdicción, se tuvo por cierto el problema de polvo y su relación con la salud de la promovente y su familia, lo pertinente es declarar con lugar el amparo en cuanto a ese punto.
VII.En segundo lugar, en relación con la suciedad de caños denunciada, las autoridades municipales recurridas informaron que en el plazo máximo de 15 días naturales, la municipalidad accionada realizaría la limpieza de los caños. Es decir, a contrario sensu, reconocen implícitamente que existía un problema de suciedad importante en el sector donde habita la amparada, situación que genera una lesión al ordinal 50 de la Constitución Política. Así las cosas, lo pertinente es acoger este amparo para que se realice una limpieza programada y frecuente de caños en el sector donde habita la tutelada.
VIII.Por último, en cuanto a la contaminación con aguas negras estancadas, según se puede acreditar del elenco de hechos probados, el Área Rectora de Salud de Aserrí ha atendido de manera intermitente dicha problemática, haciendo que a la fecha en que se conoce este amparo, todavía no se haya remediado definitivamente la situación de contaminación. Según se puede apreciar de los autos, el 13 de noviembre de 2016, el Área Rectora de Salud recurrida realizó una inspección, se efectuó la prueba de coloración correspondiente y se dejó en observación. Posteriormente, el 14 de noviembre de 2016 se realizó seguimiento a la prueba de coloración; se observó que el resultado de la prueba dio positivo para aguas negras, por tanto se notificó la orden sanitaria N° RH-118-2016 del 14 de noviembre de 2016. Luego se dejó transcurrir el tiempo hasta el 26 de diciembre de 2016, momento en el que se realizó una inspección para dar seguimiento a la orden sanitaria N° RH-118-16 del 14 de noviembre de 2016.
Ahora bien, del 26 de diciembre de 2016 hasta el 6 de marzo de 2017, el ministerio recurrido no ejecutó ningún tipo de acción tendente a solucionar de forma definitiva el problema de contaminación. Aunado a lo anterior, según se puede apreciar en el expediente, el ministerio recurrido fue notificado de la interposición de este amparo el 3 de marzo de 2017, y fue el 6 de marzo siguiente que se realizaron pruebas de coloración en los respectivos servicios sanitarios de tres de las viviendas. Luego, el 7 de marzo de 2017 se notificó la orden sanitaria N° OS-RDi-053-17 a uno de los vecinos, y el 8 de marzo de 2017 se le envió a la recurrente, vía correo electrónico, el oficio N° CS-ARS-AS-475-2017, mediante el cual el Área Rectora accionada le informó sobre las últimas acciones realizadas. Es decir, que todas estas últimas actuaciones se dieron con ocasión de la interposición de este amparo, con el agravante de que no se observa que se haya solucionado definitivamente el tema de manejo de aguas negras en la comunidad de la tutelada. Ergo, lo correspondiente es declarar con lugar el recurso al haberse demostrado una evidente lesión al derecho fundamental al ambiente en perjuicio de la promovente.
IX.Nota separada de la Magistrada Hernández López. Como línea general sostengo que los reclamos por omisiones en relación con temas de infraestructura pueden y deben ser atendidos por los órganos administrativos competentes y de control así como por la jurisdicción ordinaria.- Pero también he dejado hecha la salvedad de que la puesta en peligro de derechos como la integridad física o la salud ameritan la intervención de este Tribunal.- Ello sucede en este caso concreto, tal y como se demuestra del elenco de hechos demostrados que permiten concluir que existe un problema de manejo de aguas negras que representa un peligro inminente para la salud de las personas, y se discute la propiedad con la cual las autoridades competentes han abordado el problema.- Por estas razones es que concurro con el voto de mayoría.
X.Voto salvado parcial del Magistrado Hernández Gutiérrez. En reiteradas ocasiones he indicado que bajo mi criterio, la jurisdicción constitucional debe valorar y pronunciarse a favor de la realización de obras y reparación de caminos públicos, cuando su situación o mal estado incida de manera directa en la vulneración de un derecho fundamental claramente individualizable. De forma cotidiana, esta Sala conoce situaciones relacionadas con caminos y vías públicas en presunto mal estado, de forma que cuando se acredite que con ello se violenta otro derecho fundamental y afecta de manera concreta a personas en particular, concuerdo con el criterio del Tribunal que declara con lugar el recurso. Sin embargo, la recurrente omite indicar si este problema que denuncia incide de forma directa en el respeto y protección de un derecho fundamental de personas concretas –hace una referencia genérica a su familia, sin identificar a las personas ni relacionar afectaciones concretas para quienes presuntamente las padecen-, por lo que en mi criterio no logra acreditarse alguna relación de causalidad directa en ese sentido. Ante esta falta de acreditación, y siguiendo mi criterio ampliamente reiterado en esta materia, estimo que el presente recurso debe ser declarado sin lugar en lo que atañe al aducido estado del camino público de referencia.
XI.Nota del Magistrado Jinesta Lobo. El suscrito Magistrado aclara que si bien los asuntos ambientales, cuando hay intervención administrativa de cualquier índole, los remite a la jurisdicción contencioso administrativa, lo cierto es que tratándose de denuncias donde se alega contaminación por polvo, suciedad en los caños o bien, incorrecta disposición de aguas negras, lo que afecta, a su vez, a los ocupantes de varias casas de habitación -como sucede en el caso concreto- no lo hará así. Esto, por cuanto, se encuentran en juego otros derechos de los vecinos de la fuente contaminante, tales como la salud y a gozar de un nivel digno de calidad de vida. De otra parte, es importante destacar que las actuaciones del Área Rectora de Salud de Aserrí, se efectuaron con ocasión de la notificación del auto inicial del proceso de amparo, el 3 de marzo de 2017.
XII.Nota del Magistrado Salazar Alvarado. He coincidido con la posición sustentada por el Magistrado Jinesta Lobo en esta materia, por lo que, en asuntos ambientales, es también criterio del suscrito que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa contaminación por polvo, desechos en caños y por mal disposición de aguas negras, lo que afecta al recurrente y su vivienda, así como a su familia y demás vecinos del lugar, con violación de su derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
XIII.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Oldemar García Segura y Paulo Hidalgo Cortés, por su orden Alcalde y Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Aserrí, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que coordinen lo necesario para que se realice una limpieza programada y frecuente de caños en el sector donde habita la tutelada; además, mientras se atiende la calle en cuestión en el 2018 –según lo programado-, deberán tomar las medidas necesarias para paliar el polvo que se produce en esa vía pública. Por otro lado, se ordena a Carolina Umaña Cisneros, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Aserrí, o a quien ejerza su cargo, que dentro del plazo de 1 MES contado a partir de la notificación de esta sentencia, solucione de manera definitiva la situación de contaminación de con aguas negras detectada en la comunidad donde habita la recurrente.
Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Aserrí al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos que han dado lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Oldemar García Segura y Paulo Hidalgo Cortés, por su orden Alcalde y Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Aserrí; así como a Carolina Umaña Cisneros, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Aserrí, o a quienes ejerzan esos cargos, en forma personal.
La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Hernández Gutiérrez salva parcialmente el voto y declara sin lugar el recurso en lo que corresponde al estado del camino público. El Magistrado Jinesta Lobo pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.- Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
Anamari Garro V.
Yerma Campos C.
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