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Res. 03233-2017 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 03/03/2017
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denied the amparo, finding no fundamental rights violation from the insufficient drinking water supply, as the shortage is due to natural causes and the matter is being addressed by competent institutions, with no evidence of willful or negligent conduct.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo, al no encontrar violación de derechos fundamentales por la insuficiencia en el suministro de agua potable, debido a que la escasez obedece a causas naturales y la gestión se encuentra en vías de solución por parte de las instituciones competentes, sin que se acredite conducta dolosa o negligente.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo action filed by members of the Committee for the Defense of Public Services of San Isidro de Heredia against AyA and the Heredia Public Services Company (ESPH). Petitioners claimed a violation of their right of petition for lack of response to a request for intermediation to solve the drinking water shortage in San Isidro de Heredia. The Chamber rejects the amparo, finding no fundamental rights violation, as the shortage stems from the decline of surface water sources and difficulties in obtaining new well drilling permits. ESPH has proposed solutions, including the Santa Cruz II well, pending SENARA approval; SENARA justified restrictions based on the fragility of the Colima and Barva aquifers. The Chamber determines that the issue involves multiple institutions and is being addressed, with no evidence of willful misconduct or negligence. One justice dissents, arguing the amparo should also proceed against legislative caucuses.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por miembros del Comité Pro Defensa de los Servicios Públicos de San Isidro de Heredia contra el AyA y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Los recurrentes alegan vulneración del derecho de petición por falta de respuesta a una nota en la que solicitaban intermediación para resolver el problema de escasez de agua potable en San Isidro de Heredia. La Sala declara sin lugar el recurso, al considerar que no existe violación de derechos fundamentales por parte de las instituciones recurridas, pues la escasez obedece a la disminución de fuentes superficiales y a la dificultad para obtener autorización de perforación de nuevos pozos. La ESPH ha planteado soluciones, incluyendo el pozo Santa Cruz II, sujeto a la aprobación de SENARA, entidad que ha justificado sus restricciones por la fragilidad de los acuíferos Colima y Barva. La Sala determina que el problema involucra a múltiples instituciones y se encuentra en vías de solución, sin que se acredite conducta dolosa o negligente de los recurridos. Un magistrado salva el voto por considerar que el amparo también debió tramitarse contra fracciones legislativas.
Key excerptExtracto clave
Considering: I. PRELIMINARY ISSUE: OBJECT OF THE ACTION AND PARTIAL INADMISSIBILITY: Petitioners alleged a violation of their fundamental right of petition and to obtain a prompt resolution by AyA, for lack of resolution and response to official communication CPDSPSIH-003-2016 of May 5, 2016, in which the Committee sought AyA's intermediation with the Heredia Public Services Company to solve a water shortage problem in San Isidro de Heredia. Such object and the claims made by petitioners, insofar as they are directed against the sued legislative caucuses, constitute an inadmissible matter, as they are requests to political bodies, such as the sued legislative caucuses, for intermediation, and the mere lack of response by AyA to the communication would constitute a claim seeking a decision on the matter, regarding which this Chamber has repeatedly held that... In the present case, and based on the information provided in the reports—given under oath, with due warning of the consequences, including criminal ones, set forth in Article 44 of the law governing this jurisdiction—this Chamber finds it proven that the water shortage in San Isidro de Heredia is due to the lack of water resources because of the decrease or disappearance of surface sources and the difficulty, or in some cases impossibility, of drilling new wells. Similarly to what was held in vote No. 2011-012848 and another, in this case no violation of fundamental rights is found, since there is no willful or negligent conduct on the part of the Heredia Public Services Company, nor by AyA, that results in noncompliance with their obligations to provide drinking water service... Administrative authorizations for drilling, as well as proper management of water distribution in San Isidro, involve a complex set of acts that exceed this summary proceeding. Finally, regarding SENARA, also joined to the proceeding ex officio due to statements by the representative of the Heredia Public Services Company regarding the difficulty in obtaining authorization for well drilling, SENARA provided a satisfactory explanation of the aquifers' situation and the state of affairs regarding the feasibility of exploiting the Santa Cruz II Well, as well as its administrative actions, in the exercise of its legal powers and other authority recognized by this Constitutional Chamber...Considerando: I.- CUESTIÓN PREVIA: OBJETO DEL RECURSO E INADMISIBILIDAD PARCIAL: Los recurrentes consideraron vulnerados su derecho fundamental de petición y a obtener pronta resolución, por parte del AyA, por falta de resolución y respuesta al oficio CPDSPSIH-003-2016 de cinco de mayo de dos mil dieciséis, en el cual el Comité amparado les pedía su intermediación ante la Empresa de Servicios Públicos de Heredia para resolver un problema de escasez de agua en San Isidro de Heredia. Tal objeto y las pretensiones formuladas por los recurrentes, en cuanto se dirigen contra las fracciones legislativas demandadas, constituyen un asunto inadmisible, por tratarse de unas solicitudes a órganos políticos, como lo son las fracciones legislativas demandadas, para una intermediación y en cuanto se impugna la mera falta de respuesta del AyA al oficio enviado, ello constituiría un reclamo tendente a obtener una decisión sobre el asunto indicado, respecto de lo cual, esta Sala ha indicado, en forma reiterada, que... En el presente asunto, y a partir de la información proporcionada en los informes -que se tienen dados bajo fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la ley que rige esta jurisdicción-, esta Sala tiene por demostrado que el faltante de agua en el sector de San Isidro de Heredia obedece a la carencia de recursos hídricos por la disminución o desaparición de las fuentes superficiales y la dificultad o, en algunos casos, imposibilidad para nuevas perforaciones de pozos. De similar forma en que se consideró en el voto No. 2011-012848 y otro, en este caso no se estima que haya una violación de derechos fundamentales, toda vez que no existe conducta alguna dolosa o negligente efectuada por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, como tampoco del AyA, que derive en el incumplimiento de sus obligaciones de brindar el servicio de agua potable... Las autorizaciones administrativas para las perforaciones, así como la adecuada gestión de la distribución del agua en el sector de San Isidro implican un complejo conjunto de actos que exceden esta vía sumaria. Por último, en lo que corresponde al SENARA, llamado también de oficio al proceso, por causa de las afirmaciones del representante de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia con relación al problema para obtener su autorización para la perforación de pozos, el SENARA brindó una satisfactoria explicación de la situación de los acuíferos y del estado de las cosas en cuanto a la viabilidad de explotación del Pozo Santa Cruz II, así como sus actuaciones administrativas, en el ejercicio de sus competencias legales y demás atribuciones reconocidas por la propia Sala Constitucional...
Pull quotesCitas destacadas
"Uno de los servicios públicos de mayor relevancia, es el del suministro de agua potable, pues la relación que tiene con la protección del derecho a la salud y a la vida de las personas, es incuestionable."
"One of the most important public services is the supply of drinking water, since its relationship with the protection of the right to health and life of people is unquestionable."
Considerando III
"Uno de los servicios públicos de mayor relevancia, es el del suministro de agua potable, pues la relación que tiene con la protección del derecho a la salud y a la vida de las personas, es incuestionable."
Considerando III
"si el suministro de agua potable, aunque ineficiente, se brinda en la medida de las posibilidades materiales existentes, no se comete violación de los derechos fundamentales"
"if the drinking water supply, even if inefficient, is provided to the extent of existing material possibilities, no violation of fundamental rights occurs"
Considerando IV
"si el suministro de agua potable, aunque ineficiente, se brinda en la medida de las posibilidades materiales existentes, no se comete violación de los derechos fundamentales"
Considerando IV
"en este caso no se estima que haya una violación de derechos fundamentales, toda vez que no existe conducta alguna dolosa o negligente efectuada por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, como tampoco del AyA, que derive en el incumplimiento de sus obligaciones de brindar el servicio de agua potable"
"in this case no violation of fundamental rights is found, since there is no willful or negligent conduct on the part of the Heredia Public Services Company, nor by AyA, that results in noncompliance with their obligations to provide drinking water service"
Considerando IV
"en este caso no se estima que haya una violación de derechos fundamentales, toda vez que no existe conducta alguna dolosa o negligente efectuada por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, como tampoco del AyA, que derive en el incumplimiento de sus obligaciones de brindar el servicio de agua potable"
Considerando IV
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Case file: 16-012002-0007-CO Res. No. 2017003233 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and five minutes of March third, two thousand seventeen.
Amparo action filed by GINA MARÍA DE LA TRINIDAD RUBÍ CORDERO, identification card No. 0401510132, MARVIN ALBERTO DE LA TRINIDAD AMADOR GUZMÁN, identification card No. 0106730592, and SERGIO ENRIQUE ORTIZ PÉREZ, identification card No. 0110840282, as members of the Comité Pro Defensa de los Servicios Públicos de San Isidro de Heredia, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS AND EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A.
Whereas:
1.- By a brief received on September fifth, two thousand sixteen, the petitioners filed an amparo action against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Legislative Fraction of the Frente Amplio, the Ministry of Health, and the Legislative Fraction of the Partido Acción Ciudadana, which the Chamber directs only against AyA and, also, on its own motion, against the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, and they state that the Comité Pro Defensa de los Servicios Públicos de San Isidro de Heredia sent official communication CPDSPSIH-003-2016 of May fifth, two thousand sixteen, to AyA, which received it on May eleventh of this year, as well as to the Legislative Fractions of the Partido Acción Ciudadana and Frente Amplio, which received it the following day, in which they request their intermediation before the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, water operator in the canton of San Isidro de Heredia, so that it definitively provides them with a water service of sufficient quality, quantity, and continuity. They claim that none has provided a response and request that the respondents be ordered to respond to the note of May fifth, two thousand sixteen. In the indicated official communication, they ask ARESEP, AyA, the Ombudsman's Office, the Comptroller General of the Republic, the Ministries of Health and Environment, the Municipality of San Isidro de Heredia, and the legislative fractions of the Partido Acción Ciudadana and Frente Amplio, for the urgent intervention of the actions within their competence to ensure that the ESPH provides them with a good potable water service. They detail and explain the problems and request that a state of emergency be declared given the water situation of Heredia, that the granting of new services be restricted, that flow rates be balanced and supply be guaranteed, that the cantons of San Isidro and San Rafael have independent representatives before the Board of Directors of the ESPH, among other things.
2.- By a resolution at seventeen hours and twelve minutes of September sixth, two thousand sixteen, the amparo action is processed and the legal report is ordered to be rendered by the General Manager of AyA and the Empresa de Servicios Públicos de Heredia.
3.- The General Manager of AyA, José Alberto Moya Segura, reports that it is true that through official communication CPDSPSIH-003-2016 of May fifth, two thousand sixteen, the Comité Pro Defensa de los Servicios Públicos de San Isidro de Heredia requested intermediation from AyA before the ESPH so that they be provided with a quality potable water service. Although it is not the competence of AyA to administer or operate the aqueduct that supplies the sector, the institution is willing to intervene in order to establish a course of action and improve the water management of the ESPH. He clarifies that AyA is only responsible for issuing technical and control regulations. He requests that the action be dismissed.
4.- The legal representative of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Gilbert González Fallas, states that the petitioners have not indicated any fact whereby the Company has left a pending response to any request. The official communication referred to by the petitioners was submitted simultaneously to several institutions, which generates various fronts of attention as a strategy. The Ombudsman's Office handled the case and opened a file, of which the Company is a party, and they were summoned, at the time, to provide an explanation in that institution, in which it was concluded that the loss of surface water sources, a situation facing the entire country, has affected the Heredia sector, whose geography and geology are more vulnerable; with the Santa Cruz II well, the Company will improve conditions for San Isidro, for which the approval of SENARA is required; they explain that if there is no surface source available and they oppose extraction through wells, there is no way to obtain water. The financial cost to carry water from Heredia to the high part of San Isidro would be exorbitant; he states that the Committee's proposals are contrary to science and technique and ignore fundamental aspects of the operation of aqueducts. They request that the Chamber explicitly support the Company's request for the drilling of new wells, which is urgent; SENARA's denials without real basis have been the cause of unnecessary and dangerous delays for the projects destined to solve the problem in a real, responsible, and orderly manner. He requests that the action be dismissed.
5.- By a resolution at ten hours and thirty-four minutes of December twenty-third, two thousand sixteen, SENARA was considered as a respondent, in view of the fact that the legal representative of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Gilbert González Fallas, states that the loss of surface water sources is a situation facing the entire country, which has affected the Heredia sector because its geography and geology are more vulnerable; that with the Santa Cruz II well, the Company will improve conditions for San Isidro, for which the approval of SENARA is required, and requests that the Chamber explicitly support the Company's request for the drilling of new wells, which is urgent, because SENARA's denials without real basis have been the cause of unnecessary and dangerous delays for the projects destined to solve the problem in a real, responsible, and orderly manner.
6.- The general manager of SENARA, Patricia Quirós Quirós, reports, as relevant, that in relation to the site where the drilling of the Santa Cruz II Well is intended, it is a zone of high recharge for the Colima and Barva aquifers and, therefore, corresponds to extremely fragile zones regarding the risks of contamination by toxic substances and the decrease in recharge to the aquifers due to soil impermeabilization (impermeabilización) mainly from urban developments. Since 2007, SENARA communicated through agreement number 3416 of the Board of Directors of SENARA, the results of the investigation to the institutions located in the area of influence of the study, including MINAE, the ESPH, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, INVU, SETENA, MAG, and the Municipalities located in the Area of Influence of the Study, in order to take the necessary preventive measures before the imbalance of the water balance (balance hídrico) presented, and in this regard it was ordered: "The Ministry of Environment and Energy (MINAE), as the governing body in water matters, as well as the institutions competent in water resource management (Ministry of Agriculture and Livestock, Ministry of Health, Municipalities of the Area of Influence of the study, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Secretaria Técnica Nacional Ambiental, and Empresa de Servicios Públicos de Heredia), are informed of the technical study prepared by SENARA, called Potential Recharge of the Colima and Barva Aquifer, Central Valley, Costa Rica for the making of decisions that correspond to each one, and a proposal for zoning, exploitation, and control of the use of the water resource was made. Thus, in the ZONING PROPOSAL, it was recommended to the Municipalities of Santa Bárbara, San Rafael, Barva, central canton of Heredia, Flores, Santo Domingo, San Isidro, Belén, San Pablo, Alajuela, central canton of San José, Goicoechea, Moravia, Vásquez de Coronado, Tibás, La Unión, Montes de Oca, and Santa Ana, that they include, in what corresponds to planning, development, and urban growth, and in regulatory plans for urban development, the zoning and appropriate policies for land use, consistent with the protection of water resources, considering the criteria of vulnerability to contamination of aquifers. It was equally recommended that INVU, SETENA, and the other entities that must evaluate upon approving the construction of projects in the zones of the aquifer system, apply policies on land use that are consistent with the protection of water resources and vulnerability criteria. It was recommended to the Municipalities located in the Area of Influence of the Study that they proceed with the elaboration of hydrogeological vulnerability maps to the contamination of aquifers, which allow urban planning that considers the protection of water resources. SENARA sent to the institutions a matrix which contains the criteria of vulnerability to contamination of aquifers, in order to serve as a guide and technical orientation for the elaboration of policies on land use. In the PROPOSAL FOR THE EXPLOITATION OF WATER RESOURCES, it was recommended that MINAE, as the governing body of the water sector, determine if the Lower Colima aquifer, due to its strategic importance for the country, should be considered as a water reserve for exclusive use in public potable water supply. It was recommended that MINAE, as the entity that grants water concessions, in view of the situation of the water balance set forth in the technical report that SENARA provided to it, determine a policy of exploitation and granting of concessions (which includes maximum grantable quantity, priorities of use, under what conditions exploitation can be authorized, among others), which allow the administered parties to ensure the recovery of the adequate water balance of the Colima and Barva aquifers. It was recommended that MINAE analyze the possibility of adopting the policy of not permitting the supply of activities through wells, in those cases where the needs can be supplied by the available public water services. It was recommended that MINAE, as the entity that grants water concessions, review and, if applicable, redefine the criteria for the granting of concessions (allocations in liters per second, exploitation times, number of extractable cubic meters, etc.), for the sake of more precise monitoring and control of the quantities extracted and that allows for the purification of the data that serve as the basis for the estimation of the water balance. Finally, in the PROPOSAL FOR THE CONTROL OF THE USE OF WATER RESOURCES', it was recommended that MINAE establish a strategy and execute action plans that allow for the identification and closure of all illegal water exploitations (Wells without a concession) that exist in the area of influence of the study, and which are a fundamental cause in the breakdown of the water balance set forth in the study prepared by SENARA, that the entity that grants water concessions establish policies and a legal strategy that allows for the establishment of the obligation to have flow meters for all groundwater concessionaires, in such a way as to ensure that the flow actually extracted from the subsoil is not greater than the granted quantity, which has also been considered a fundamental cause in the breakdown of the water balance set forth in the study prepared by SENARA. It was recommended that the governing authority in water matters, as well as the different competent entities in water resource management matters, carry out an integrated water resource management (gestión integrada del recurso hídrico) that allows for the establishment of a permanent monitoring process on the variables of precipitation, land-use changes (cambios en el uso del suelo), climatic changes, the growth of impermeabilization zones in aquifer recharge areas, and contamination factors of groundwater, water table levels, among other aspects, which allow for adequate control of the water balance of the Barva and Upper and Lower Colima aquifers. Given the condition of the Colima and Barva aquifers based on the Study called Potential Recharge of the Colima and Barva Aquifer, Central Valley, Costa Rica, it is necessary to take measures that complement the restriction on drilling issued by SENARA, which will imply, among other things, the regulation of construction permits for any type of project that requires new water flows, regulations according to the Matrix of Land Use Criteria according to aquifer contamination for the protection of the water resource, regulation of concessions granted by MINAE, field review of the records of drilled wells, whether legal or illegal, to assess the water demand and the possible closure of wells, measurement of extraction by means that allow for real-time estimates of the extraction and the behavior of levels in the aquifer. Furthermore, it is necessary for the potable water service operators to apply corrective measures to achieve greater efficiency in the delivery of water to subscribers, reducing losses due to leaks, management of storage tanks, micro and macro metering, etc. The granting of new drilling permits (such as the requested case of Santa Cruz II) without having hydrogeological studies that determine it to be within the sustainable exploitation regime of the aquifer, further jeopardizes the availability for all inhabitants who depend on these aquifers. The Empresa de Servicios Públicos de Heredia has demonstrated a great effort to generate and compile information on levels, isotopes, and climatic information, however, this information must be analyzed and interpreted for its joint assessment. To date, there is sufficient hydrogeological information to determine that the aquifers of the Central Valley are in disequilibrium (supply equal to demand) and therefore, in accordance with science and technique, there must be restrictions on the drilling of new wells. Now then, SENARA, in the interest of providing technical advice and collaborating with the identification of technical solutions that allow the residents of the northern zone of Heredia to have access to potable water within a framework of sustainable exploitation of the aquifer, in recent months a coordinated work has been generated with officials of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, through a series of meetings, with the objective of evaluating the information it has generated regarding aquifer monitoring, changes in precipitation regimes, and geophysical surveys, all of the foregoing to improve the behavior and understanding of the Barva and Colima aquifers. Some of the work areas on which there has been agreement are: 1. Real-time monitoring of aquifers, levels, and quality. 2. Substitution of flow rates from wells that the ESPH S.A. no longer uses. 3. Working on the issue of unaccounted-for water. Some of the flow exchanges that have been carried out this year, as part of the concrete actions of the consensus agenda: Drilling permit 16675-P is exchanged for the flow considered within the Central Valley Recharge water balance, from Well BA-1089. The quantity is 30 liters per second. Drilling permit with file number 16639-P is exchanged for a flow of 42.45 liters per second, which is the remainder of the 72.45 from well AB-1089 per second, minus the 30 liters per second flow previously exchanged for file 16675-P. Drilling permit with file number 16715-P is exchanged for the flow of 15 liters per second from well BA-729. Well BA-729 was considered by SENARA in the Water Balance with a flow of sixty liters per second, however, only 15 liters per second will be taken. It must be mentioned that the well intended to be drilled with file number 16715-P is in the restricted zone, therefore it is agreed to leave it pending to grant approval once the Numerical Modeling of the Central Valley is carried out.
7.- The legal requirements have been observed in the proceedings.
Drafted by Magistrate Hernandez Gutierrez; and,
Considering:
I.- PRELIMINARY MATTER: OBJECT OF THE ACTION AND PARTIAL INADMISSIBILITY: The petitioners considered their fundamental right to petition and to obtain a prompt resolution to be violated by AyA, due to the lack of resolution and response to official communication CPDSPSIH-003-2016 of May fifth, two thousand sixteen, in which the protected Committee asked them for their intermediation before the Empresa de Servicios Públicos de Heredia to resolve a problem of water scarcity in San Isidro de Heredia. Such an object and the claims formulated by the petitioners, insofar as they are directed against the legislative fractions sued, constitute an inadmissible matter, as they are requests to political bodies, as are the sued legislative fractions, for intermediation, and insofar as the mere lack of response from AyA to the official communication sent is challenged, this would constitute a claim tending to obtain a decision on the indicated matter, regarding which, this Chamber has indicated, in a reiterated manner, that:
"III.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE AS A SWIFT AND EFFECTIVE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIVE LEGAL SITUATIONS OF ADMINISTERED PARTIES. The Constitutional Chamber, since its founding, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantive legal situations that are grounded in the infra-constitutional legal order or legality parameter, which have an indirect connection with fundamental rights and Constitutional Law. On this matter, it must not be lost sight of that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate efficacy, gives indirect foundation to any imaginable substantive legal situation of individuals. However, upon better consideration and given the enactment of the Contentious-Administrative Procedure Code (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become clear that now the litigants have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expeditious and swift due to the diverse procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal order, such as the shortening of time limits for carrying out the various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures, the numerus apertus of assertable claims, orality – and its sub-principles of concentration, immediacy, and celerity-, the single instance with appeal only in expressly limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential process or 'amparo de legalidad', purely legal processes, the new enforcement measures (coercive fines, substitutive or receivership execution, seizure of assets of the fiscal domain and some of the public domain), the broad powers of the body of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All of these novel procedural institutes have the manifest purpose and intention of achieving procedural economy, celerity, promptness, and the effective or complete protection of the substantive legal situations of administered parties, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and adversarial proceedings. In summary, the new contentious-administrative jurisdiction is an ideal channel, due to its new characteristics of simplicity, celerity, and promptness, for the amparo and effective protection of the substantive legal situations of administered parties in which it is required to gather evidence or define some questions of ordinary legality.
IV.- VERIFICATION OF THE TIME LIMITS SET BY LAW TO RESOLVE ADMINISTRATIVE PROCEDURES: AN EVIDENT MATTER OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration complies or not with the time limits set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve through a final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the instance of a party – or to hear the pertinent administrative appeals, is an evident matter of ordinary legality which, henceforth, can be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of the principles that nourish constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense – that is, to appear without legal representation – and of gratuitousness for the petitioner. Consequently, the outright rejection is imposed, and the petitioner shall be informed that if they so wish, they may resort to the contentious-administrative jurisdiction (… ). (Judgment number 2016014638 of 09:05 hours of October 7, 2016).
Therefore, the object of the amparo action was modified on the Chamber's own motion, and was directed against AyA and the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, to the extent that the conflict consists of a problem of public potable water service existing in San Isidro de Heredia. Thus, the indicated legislative fractions were excluded, which, moreover, are completely unrelated to the administrative competencies linked to the provision of potable water service. In summary, the amparo action is admitted and directed against AyA and the ESPH, only in relation to the substantive problem related to the potable water service in San Isidro de Heredia.
II.- PROVEN FACTS: The reports rendered under the oath of law by the respondents, as well as the documentation provided to the file, prove, as relevant, that:
1. in San Isidro de Heredia there is a problem in the provision of potable water; 2. on the occasion of the filing of official communication CPDSPSIH-003-2016 of May fifth, two thousand sixteen, an investigation was initiated in the Ombudsman's Office that included the involved institutions; 3. the water problem in the canton of San Isidro de Heredia is due to the decrease in surface sources and the lack of approval of new wells to extract water for the respondent Company; 4. SENARA, in coordination with the other involved institutions, has developed a series of administrative actions tending towards a global solution, in the exercise of its legal competencies and to safeguard the national water heritage, as detailed in its report.
III.- ON THE PROVISION OF THE PUBLIC POTABLE WATER SERVICE. One of the most relevant public services is the supply of potable water, since its relationship with the protection of the right to health and life of individuals is unquestionable. Thus, there is an obligation on the part of the State to guarantee the purity of the liquid for human consumption, as well as the continuity in its supply, as essential elements of the provision of the public service, all with the aim of protecting the integrity of the users (judgment No. 2012-009352 of 14:30 hrs. of July 18, 2012).
IV.- ON THE SPECIFIC CASE. On previous occasions, the Chamber has indicated that if the supply of potable water, although inefficient, is provided to the extent of the existing material possibilities, no violation of fundamental rights is committed (see judgment No. 2000-04595 of 9:05 hrs. of June 2, 2000). In the present matter, and based on the information provided in the reports - which are taken as given under oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the law that governs this jurisdiction -, this Chamber considers it proven that the water shortage in the sector of San Isidro de Heredia is due to the lack of water resources because of the decrease or disappearance of surface sources and the difficulty or, in some cases, impossibility for new well drilling. In a similar manner to what was considered in vote No. 2011-012848 and another, in this case it is not considered that there is a violation of fundamental rights, given that there is no intentional or negligent conduct carried out by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, nor by AyA, that results in the breach of their obligations to provide the potable water service, the former, and those of the latter, as the governing body. The Company has addressed the situation and has formulated the plan to improve the conditions of San Isidro, through the Santa Cruz II well, for which the approval of SENARA is required. This is a complex social problem that involves several State institutions and is in the process of being resolved. In fact, this Chamber has even endorsed the restrictions on water supply in San Isidro de Heredia until the water shortages are resolved (v. judgment number 2015016107 of nine hours thirty minutes of October sixteenth, two thousand fifteen). The administrative authorizations for drilling, as well as the adequate management of water distribution in the San Isidro sector, imply a complex set of acts that exceed this summary procedure. Finally, regarding what corresponds to SENARA, also called on the Chamber's own motion to the process, due to the statements of the representative of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia in relation to the problem of obtaining its authorization for the drilling of wells, SENARA provided a satisfactory explanation of the situation of the aquifers and the state of things regarding the feasibility of the exploitation of the Santa Cruz II Well, as well as its administrative actions, in the exercise of its legal competencies and other powers recognized by the Constitutional Chamber itself, in accordance with judgment number 2009000262, for which it opportunely made proposals for zoning, exploitation, and control of the use of water resources to the municipalities, MINAE, and other involved institutions, from which no violation of Constitutional Law derives. On the contrary, under the protection of the same constitutional jurisprudence, SENARA has provided protection to the water resource, and the complaints of the representative of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia in relation to the complexity and difficulty for the authorization of well exploitation is not a matter that is for the Chamber to settle, much less in this summary procedure, given that it summarizes a problem of integrated management of the water resource by MINAE, AyA, the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Municipalities, the Ministries of Housing and Health, among others.
V.- Magistrate Rueda Leal dissents and orders the continuation of the amparo proceeding.
Unlike the Majority, I consider that if the alleged lack of resolution of the request filed by the protected party is admitted on the merits to be heard against the Empresa de Servicios Públicos de Heredia and the ICAA, as an exception to the referral that this Tribunal has made of matters relating to complaints to the contentious-administrative jurisdiction, because it is a problem relating to the potable water of a community, in the same sense the amparo action would have been viable against the legislative fractions of PAC and Frente Amplio, regarding which the protected party also alleged a lack of attention to the same request. Consequently, I believe that the proper course was to broaden the processing of the amparo action and grant a hearing to the respective Fraction Presidents, in order to resolve the claims by the petitioner and so that the respondents may exercise their right to defense. In consequence, I dissent and order the continuation of the amparo proceeding.
VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE.
This Chamber must warn the appellant that if any documents were submitted in paper form, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y ordena continuar la tramitación del amparo.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *160120020007CO* Res. Nº 2017003233 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del tres de marzo de dos mil diecisiete .
Recurso de amparo interpuesto por GINA MARÍA DE LA TRINIDAD RUBÍ CORDERO, cédula de identidad No. 0401510132, MARVIN ALBERTO DE LA TRINIDAD AMADOR GUZMÁN, cédula de identidad No. 0106730592 y SERGIO ENRIQUE ORTIZ PÉREZ, cédula de identidad No. 0110840282, como miembros del Comité Pro Defensa de los Servicios Públicos de San Isidro de Heredia, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A,.-
Resultando:
1.- Mediante escrito recibido el cinco de setiembre de dos mil dieciséis, los recurrentes interponen amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Fracción Legislativa del Frente Amplio, el Ministerio de Salud y la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana, que la Sala dirige únicamente contra AyA y, también, de oficio, contra la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y manifiestan que el Comité Pro Defensa de los Servicios Públicos de San Isidro de Heredia remitió oficio CPDSPSIH-003-2016 de cinco de mayo de dos mil dieciséis al AyA, que lo recibió el día once de mayo de este año, así como a las Fracciones Legislativas de los Partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio, que lo recibieron el día siguiente, en el cual solicitan su intermediación ante la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, operador de agua en el cantón de San Isidro de Heredia, para que les brinde en forma definitiva un servicio de agua de calidad, cantidad y continuidad suficientes. Reclaman que ninguno les ha brindado respuesta y piden que se ordene a los recurridos responder la nota de cinco de mayo de dos mil dieciséis. En el oficio indicado piden a la ARESEP, el AyA, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, los Ministerios de Salud y Ambiente, la Municipalidad de San Isidro de Heredia y las fracciones legislativas de los Partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio, la interposición urgente de las acciones de su competencia para procurar que la ESPH les brinde un buen servicio de agua potable. Detallan y explican los problemas y piden que se declare un estado de emergencia ante la situación hídrica de Heredia, que sea restringido el otorgamiento de nuevos servicios, que se equilibren los caudales y se garantice el abastecimiento, que los cantones de San Isidro y San Rafael tengan representantes independientes ante la Junta Directiva de la ESPH, entre otros.- 2.- Por resolución de diecisiete horas y doce minutos de seis de setiembre de dos mil dieciséis, se da curso al amparo y se ordena rendir el informe de ley al gerente General de AyA y a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.- 3.- El Gerente General de AyA, José Alberto Moya Segura, informa que es cierto que mediante oficio CPDSPSIH-003-2016 de cinco de mayo de dos mil dieciséis, el Comité Pro Defensa de los Servicios Públicos de San Isidro de Heredia solicitó al AyA la intemediación ante la ESPH para que se les otorgue un servicio de agua potable de calidad. Si bien no es competencia de AyA administrar ni operar el acueducto que abastece el sector, la institución está en la disposición de intervenir a fin de establecer una ruta de acción y mejorar la gestión de agua de la ESPH. Aclara que al AyA únicamente le corresponde emitir normativa técnica y de control. Pide que se declare sin lugar el recurso.- 4.- El apoderado judicial de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Gilbert González Fallas, manifiesta que no se ha indicado por parte de los recurrentes hecho alguno que la Empresa haya dejado respuesta pendiente a gestión alguna. El oficio referido por los recurrentes fue presentado simultáneamente a varias instituciones, lo que genera diversos frentes de atención como estrategia. La Defensoría de los Habitantes atendió el caso y abrió un expediente, del cual la Empresa es parte y fueron citados, en su momento, para brindar una explicación en esa institución, en la cual se concluyó que la pérdida de las fuentes de agua superficiales, situación que enfrenta todo el país, ha afectado el sector de Heredia que su geografía y geología es más vulnerable; con el pozo Santa Cruz II, la Empresa mejorará las condiciones para San Isidro, para lo cual se requiere el aval de SENARA; explican que si no hay fuente superficial disponible y se oponen a la extracción mediante pozos, no hay forma de obtener agua. El costo financiero para llevar agua de desde Heredia hasta la parte alta de San Isidro sería exorbitante; manifiesta que los planteamientos del Comité son contrarios a la ciencia y a la técnica e ignoran aspectos fundamentales del funcionamiento de los acueductos. Piden que la Sala apoye explícitamente la solicitud de la Empresa para la perforación de nuevos pozos, lo cual es urgente; las denegatorias de SENARA sin fundamento real han sido causa de atrasos innecesarios y peligrosos para los proyectos destinados a solventar la problemática de forma real, responsable y ordenada. Pide que se declare sin lugar el recurso.- 5.- Por resolución de diez horas y treinta y cuatro minutos de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo como recurrido a SENARA, en vista de que el apoderado judicial de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Gilbert González Fallas, en el cual manifiesta que la pérdida de las fuentes de agua superficiales es una situación que enfrenta todo el país, la cual ha afectado al sector de Heredia porque su geografía y geología es más vulnerable; que con el pozo Santa Cruz II, la Empresa mejorará las condiciones para San Isidro, para lo cual se requiere el aval de SENARA, y pide que la Sala apoye explícitamente la solicitud de la Empresa para la perforación de nuevos pozos, lo cual es urgente, porque las denegatorias de SENARA sin fundamento real han sido causa de atrasos innecesarios y peligrosos para los proyectos destinados a solventar la problemática de forma real, responsable y ordenada.- 6.- La gerente general de SENARA, Patricia Quirós Quirós, informa, en lo que interesa, que en relación con el sitio donde se pretende la perforación del Pozo Santa Cruz II es una zona de alta recarga de los acuíferos Colima y Barva y por lo tanto, corresponde con zonas sumamente frágiles en cuanto a los riesgos de contaminación por sustancias tóxicas y disminución de la recarga a los acuíferos por la impermeabilización por los desarrollos urbanísticos principalmente. Desde el 2007, el SENARA comunicó mediante acuerdo número 3416 de la Junta Directiva de SENARA, los resultados de la investigación a las instituciones ubicadas en el área de influencia del estudio, incluyendo al MINAE, la ESPH , Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, UNVU, SETENA, MAG, y a las Municipalidades ubicadas en el Área de Influencia del Estudio, con el fin de tomar las medidas preventivas necesarias ante el desequilibrio del balance hídrico presentado y al respecto se dispuso: "Se pone en conocimiento del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), como ente rector en materia hídrica, así como de las instituciones competentes en la gestión del recurso hídrico (Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Municipalidades del Área de Influencia del estudio, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Secretaria Técnica Nacional Ambiental y Empresa de Servicios Públicos de Heredia), el estudio técnico elaborado por el SENARA, denominado Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barba, Valle Central, Costa Rica para la toma de las decisiones que a cada uno le competan y se realizó una propuesta de zonificación, explotación y control de uso del recurso hídrico. Así, en la PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN, se recomendó a las Municipalidades de Santa Bárbara, San Rafael, Barva, cantón central de Heredia, Flores, Santo Domingo, San Isidro, Belén San Pablo, Alajuela, cantón central de San José, Goicoecnea, Moravia. Vásquez de Coronado, Tibás, La Unión, Montes de Oca y Santa Ana, que incluyan, en lo que corresponde a la materia de planificación, desarrollo y crecimiento urbano, y en planes reguladores de desarrollo urbano la zonificación y políticas adecuadas para de uso del suelo, acordes con la protección de los recursos hídricos, considerando los criterios de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. Se recomendó igualmente que el INVU, la SETENA y las demás entidades que deben valorar al aprobar la construcción de proyectos en las zonas del sistema acuífero, apliquen políticas sobre el uso del suelo que sean acordes con la protección de los recursos hídricos y criterios de vulnerabilidad. Se recomendó a las Municipalidades ubicadas en el Área de influencia del Estudio, que procedieran a la elaboración de los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica a la contaminación de acuíferos, que permita una planificación urbana que considere la protección de los recursos hídricos. SENARA remitió a las instituciones una matriz la cual contiene los criterios de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, con el fin de que sirva de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso del suelo. En la PROPUESTA PARA LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS, se recomendó que el MINAE, como ente rector del sector hídrico, determine si el acuífero Colima Inferior, por su importancia estratégica para el país, debe ser considerado como reserva hídrica para uso exclusivo en abastecimiento público de agua potable. Se recomendó que MINAE, como ente que otorga las concesiones de agua, en vista de la situación del balance hídrico que se expone en el informe técnico que SENARA le proporcionó, determine una política de explotación y otorgamiento de concesiones (que incluya cantidad máxima concesionable, prioridades de uso, bajo, qué condiciones se puede autorizar la explotación, entre otros), que permitan a los administrados asegurar la recuperación del adecuado balance hídrico de los acuíferos Colima y Barva. Se recomendó que MINAE analice la posibilidad adoptar la política de no permitir el abastecimiento de actividades por medio de pozos, en aquellos casos en que las necesidades puedan ser suplidas por los servicios públicos de agua disponibles. Se recomendó que MINAE como ente que otorga las concesiones de agua, revise y si es del caso, redefina los criterios para el otorgamiento de concesiones (asignaciones en litros por segundo, tiempos de explotación, número de metros cúbicos extraíbles, etc.), en aras de un monitoreo y control más preciso de las cantidades extraídas y que permita depurar los datos que sirven de base para la estimación del balance hídrico. Por último, en la PROPUESTA PARA EL CONTROL DEL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS', se recomendó que MINAE establezca una estrategia y ejecute planes de acción que permitan identificar y clausurar todas las explotaciones ilegales de agua ( Pozos sin concesión) que existan en el área de influencia del estudio, y que son causa fundamental en el rompimiento del balance hídrico que se expone en el estudio elaborado por el SENARA, que la entidad que otorga concesiones de Agua establezca políticas y una estrategia jurídica que permita establecer la obligatoriedad de contar con medidores de caudal para todos los concesionarios de aguas subterráneas, de tal manera que asegure que el caudal efectivamente extraído del subsuelo, no sea superior a la cantidad concesionada, lo cual también ha sido considerado como una causa fundamental en el rompimiento del balance hídrico que se expone en el estudio elaborado por el SENARA. Se recomendó que la autoridad rectora en materia hídrica, así como las diferentes entidades competentes en materia de gestión de recursos hídricos realicen una gestión integrada del recurso hídrico que permita establecer un proceso de monitoreo permanente sobre las variables de precipitación, cambios en el uso del suelo, cambios climáticos, crecimiento de zonas de impermeabilización en áreas de recarga acuífera y factores de contaminación de las aguas subterráneas, niveles freáticos, entre otros aspectos, que permitan un control adecuado del balance hídrico de los acuíferos Barva y Colima superior e inferior. En la condición que se encuentran los acuíferos Colima y Barva a partir del Estudio denominado Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica, es necesario tomar medidas que complemente la restricción a la perforación emitida por el SENARA, que va a implicar entre otras cosas, la regulación a los permisos de construcción de todo tipo de proyecto que requiera de nuevos caudales de agua, regulaciones según la Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico, regulación de las concesiones otorgadas por parte del MINAE, revisión en campo de los registros de los pozos perforados sean legales o ilegales para valorar la demanda de agua y el posible cierre de los pozos, medición de la extracción por medios que permita contar con estimaciones en tiempo real de la extracción y del comportamiento de los niveles en el acuífero. Además, es necesario que los operadores de servicios de agua potable, apliquen medidas correctivas para lograr una mayor eficiencia en la entrega de agua a los abonados, reduciendo perdidas por fugas, manejo de tanques de almacenamiento, micro y macro medición, etc. El otorgamiento de nuevos permisos de perforación (como el caso solicitado Santa Cruz II) sin tener estudios hidrogeológicos que determinen estar dentro del régimen de explotación sostenible del acuífero, compromete aún más la disponibilidad de todos los habitante que dependen de estos acuíferos. La Empresa de Servicios Públicos de Heredia ha demostrado un gran esfuerzo de generar y recopilar información de niveles, isotopos e información climática, sin embargo esta información debe ser analizada e interpretada para su valoración en conjunto. A la fecha existe suficiente información hidrogeológica, para poder determinar que los acuíferos del Valle Central se encuentran en desequilibrio (la oferta igual a la demanda) y por lo tanto de acuerdo con la ciencia y la técnica deben existir restricciones a la perforación de nuevos pozos. Ahora bien, el SENARA en aras de brindar un asesoramiento técnico y colaborar con la identificación de soluciones técnicas que permitan a los vecinos de la zona norte de Heredia tener acceso al agua potable dentro de un marco de explotación sostenible del acuífero, se han generado en los últimos meses un trabajo coordinado con funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, mediante una serie de reuniones, con el objetivo de evaluar la información que ha generado referente al monitoreo de acuíferos, cambios en los regímenes de precipitación y sondeos geofísicos, todo lo anterior para mejorar el comportamiento y entendimiento de los acuíferos Barva y Colima. Algunas de las áreas de trabajo en las que se ha coincidido son: 1. Monitoreo en tiempo real de los acuíferos niveles y calidad. 2. Sustitución de caudales de pozos que la ESPH S.A ya no utiliza. 3. Trabajar en el tema de agua no contabilizada. Algunas de intercambios de caudal que se han realizado este año, como parte de las acciones concretas de la agenda en consenso: El permiso de perforación 16675-P se intercambia por parte del caudal considerado dentro del balance hídrico Recarga Valle Central, del Pozo BA-1089. La cantidad es de 30 litros por segundo. EL permiso de perforación con el expediente 16639-P, se intercambia por un caudal de 42,45 litros por segundo, que es la resta de los 72,45 del pozo AB-1089 por segundo, menos el caudal 30 litros por segundo intercambiado anteriormente por el expediente 16675-P. El permiso de perforación con el expediente 16715-P se intercambia por el caudal de 15 litros por segundo del pozo BA-729. El pozo BA-729 fue considerado por SENARA en el Balance Hídrico con un caudal de sesenta litros por segundo, sin embargo solo se va a tomar 15 litros por segundo. Se debe mencionar que el pozo que se pretende perforar con el expediente 16715-P se encuentra en la zona de restricción, por lo que se acuerda dejarlo pendiente para otorgar visto bueno una vez que se realice el Modelaje Numérico del Valle Central.
7.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.- Redacta el Magistrado Hernandez Gutierrez; y,
Considerando:
I.- CUESTIÓN PREVIA: OBJETO DEL RECURSO E INADMISIBILIDAD PARCIAL: Los recurrentes consideraron vulnerados su derecho fundamental de petición y a obtener pronta resolución, por parte del AyA, por falta de resolución y respuesta al oficio CPDSPSIH-003-2016 de cinco de mayo de dos mil dieciséis, en el cual el Comité amparado les pedía su intermediación ante la Empresa de Servicios Públicos de Heredia para resolver un problema de escasez de agua en San Isidro de Heredia. Tal objeto y las pretensiones formuladas por los recurrentes, en cuanto se dirigen contra las fracciones legislativas demandadas, constituyen un asunto inadmisible, por tratarse de unas solicitudes a órganos políticos, como lo son las fracciones legislativas demandadas, para una intermediación y en cuanto se impugna la mera falta de respuesta del AyA al oficio enviado, ello constituiría un reclamo tendente a obtener una decisión sobre el asunto indicado, respecto de lo cual, esta Sala ha indicado, en forma reiterada, que:
“III.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS . La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad – y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “ amparo de legalidad” , los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial , embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.
IV.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA . Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo – incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material – esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la parte gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa (… ). (Sentencia número 2016014638 de las 09:05 horas del 7 de octubre de 2016).
Por lo anterior, el objeto del amparo fue modificado de oficio, y se dirigió contra el AyA y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, en la medida en que el conflicto consiste en un problema de servicio público de agua potable existente en San Isidro de Heredia. Quedaron así, excluidas las fracciones legislativas indicadas las que, además, son ajenas completamente a las competencias administrativas vinculadas con la prestación del servicio de agua potable. En síntesis, el amparo se admite y dirige contra AyA y la ESPH, únicamente con relación al problema de fondo relacionado con el servicio de agua potable en San Isidro de Heredia.
II.- HECHOS PROBADOS: Los informes rendidos bajo la fe del juramento por los recurridos, así como la documentación aportada al expediente, acreditan, en lo que interesa, que:
1. en San Isidro de Heredia hay un problema en la prestación de agua potable; 2. con ocasión de la interposición del oficio CPDSPSIH-003-2016 de cinco de mayo de dos mil dieciséis, se inició una investigación en la Defensoría de los Habitantes que incluyó las instituciones involucradas; 3. el problema hídrico del cantón de San Isidro de Heredia obedece a la disminución de las fuentes superficiales y la falta de aprobación de nuevos pozos para extraer el agua a la Empresa recurrida; 4. el SENARA, en coordinación con las demás instituciones involucradas, ha desarrollado una serie de acciones administrativas tendentes a una solución global, en ejercicio de sus competencias legales y para salvaguardar el patrimonio hídrico nacional, conforme se detallan en su informe.- III.- SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE. Uno de los servicios públicos de mayor relevancia, es el del suministro de agua potable, pues la relación que tiene con la protección del derecho a la salud y a la vida de las personas, es incuestionable. De este modo, existe una obligación por parte del Estado de garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, como elementos esenciales de la prestación del servicio público, todo ello con el fin de proteger la integridad de los usuarios (sentencia No. 2012-009352 de las 14:30 hrs. del 18 de julio del 2012).
IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En anteriores ocasiones, la Sala ha señalado que si el suministro de agua potable, aunque ineficiente, se brinda en la medida de las posibilidades materiales existentes, no se comete violación de los derechos fundamentales (véase sentencia No. 2000-04595 de las 9:05 hrs. del 2 de junio del 2000). En el presente asunto, y a partir de la información proporcionada en los informes -que se tienen dados bajo fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la ley que rige esta jurisdicción-, esta Sala tiene por demostrado que el faltante de agua en el sector de San Isidro de Heredia obedece a la carencia de recursos hídricos por la disminución o desaparición de las fuentes superficiales y la dificultad o, en algunos casos, imposibilidad para nuevas perforaciones de pozos. De similar forma en que se consideró en el voto No. 2011-012848 y otro, en este caso no se estima que haya una violación de derechos fundamentales, toda vez que no existe conducta alguna dolosa o negligente efectuada por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, como tampoco del AyA, que derive en el incumplimiento de sus obligaciones de brindar el servicio de agua potable, la primera, y las de la segunda, como ente rector. La Empresa ha atendido la situación y ha formulado el plan para mejorar las condiciones de San Isidro, mediante el pozo Santa Cruz II, para lo cual se requiere el aval de SENARA. Se trata de un complejo problema social, que involucra a varias instituciones del Estado y que se encuentra en vías de solución. De hecho, esta Sala ha avalado incluso las restricciones a la dotación de agua en San Isidro de Heredia hasta que no se solventen los faltantes de agua (v. sentencia número 2015016107 de nueve horas treinta minutos del dieciséis de octubre de dos mil quince). Las autorizaciones administrativas para las perforaciones, así como la adecuada gestión de la distribución del agua en el sector de San Isidro implican un complejo conjunto de actos que exceden esta vía sumaria. Por último, en lo que corresponde al SENARA, llamado también de oficio al proceso, por causa de las afirmaciones del representante de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia con relación al problema para obtener su autorización para la perforación de pozos, el SENARA brindó una satisfactoria explicación de la situación de los acuíferos y del estado de las cosas en cuanto a la viabilidad de explotación del Pozo Santa Cruz II, así como sus actuaciones administrativas, en el ejercicio de sus competencias legales y demás atribuciones reconocidas por la propia Sala Constitucional, en consonancia con la sentencia número voto 2009000262, para lo cual realizó oportunamente propuestas de zonificación, explotación y control de uso de los recursos hídricos a las municipalidades, el MINAE y demás instituciones involucradas, de lo cual no se deriva ninguna violación del Derecho de la Constitución. Por el contrario, al amparo de la misma jurisprudencia constitucional, SENARA ha brindado la protección al recurso hídrico y las quejas del representante de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia con relación a la complejidad y dificultad para la autorización de explotación de pozos no es materia que competa dirimirlo a la Sala ni, mucho menos, en esta vía sumaria, dado que se resume en un problema de gestión integral del recurso hídrico por parte de MINAE, AyA, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Municipalidades, Ministerios de Vivienda y Salud, entre otros.- V.- El Magistrado Rueda Leal salva el voto y ordena continuar el trámite del amparo.
A diferencia de la Mayoría, considero que si la acusada falta de resolución de la gestión planteada por el amparado es admitida por el fondo para ser conocida contra la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y del ICAA, como excepción a la remisión que ha hecho este Tribunal de los asuntos relativos a denuncias a la vía contenciosa administrativa, por tratarse de un problema relativo al agua potable de una comunidad, en igual sentido resultaba cursable el amparo contra las fracciones legislativas del PAC y Frente Amplio, respecto de las cuales el amparado también alegó falta de atención de la misma gestión. Por consiguiente, estimo que lo procedente era ampliar el curso del amparo y conceder audiencia a los Presidentes de Fracción respectivos, a fin de resolver los extremos reclamados por el recurrente y que los recurridos puedan ejercer su derecho de defensa. En consecuencia, salvo el voto y ordeno continuar la tramitación del amparo.
VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y ordena continuar la tramitación del amparo.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
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