Res. 03224-2015 Sala ConstitucionalRes. 03224-2015 Sala Constitucional

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *150018960007CO* Res. Nº 2015003224 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del seis de marzo de dos mil quince . Recurso de amparo interpuesto por JORGE DANIEL BINNS HERNÁNDEZ, cédula de identidad 0304860868, contra la PROCURADORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Revisados los autos; Redacta el Magistrado Ulate Chacón; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente demandó la tutela del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, pues, en su criterio, la Procuraduría General de la República no ha emitido el dictamen que le requirió el Ministro de Ambiente y Energía por medio de oficio No. DM-270-2014 de 7 de agosto de 2014, en torno a una gestión nulidad absoluta de la concesión minera No. R-1577-2013-MINAE, del Tajo La Asunción. Lo anterior, aduce, afecta el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) El 7 de agosto de 2014, por medio del oficio No. DM-270-2014, recibido en la Procuraduría General de la República el 30 de septiembre siguiente, el Ministro de Ambiente y Energía requirió un dictamen preceptivo y favorable, acorde con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la resolución No. R-577-2013-MINAE de las 14:15 horas del 2 de diciembre de 2013, por medio de la cual se otorgó una Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 concesión de explotación de materiales en una cantera a favor de Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A.; siendo que acorde con el informe del órgano director de dicho procedimiento, y según consta en memorial OD-07-2014 de 4 de agosto de 2014, la eventual nulidad versaría sobre la ausencia de documentos que acrediten la propiedad del inmueble y la existencia del permiso respectivo por parte del propietario (autos). 2) Por medio de dictamen C-43-2015 de 3 de marzo de 2015 se emitió informe por parte de la Procuraduría Genral de la República (autos).

III.- SOBRE NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso- Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad -y sus subprincipios concentración, inmediación y Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.

IV.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 de la defensa material -esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contenciosoadministrativa.

V.- CASO CONCRETO: No obstante, a partir de la Sentencia No. 2008- 02545 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes; existen casos de excepción que esta Sala ha dispuesto conocer por el fondo. Aunque en el caso en análisis, en el escrito de interposición se alegó que la falta de emisión del dictamen de cita por parte de la Procuraduría recurrida, era lesivo de lo propugnado por el ordinal 50 constitucional, por afectar el suministro de agua, partiendo del elenco de hechos demostrados, se descarta que la inactividad administrativa de la autoridad recurrida, versara sobre un tema relacionado con el medio ambiente. En efecto, queda claro que el vicio que se acusa, padece la resolución No. R-577-2013- MINAE de las 14: 15 horas del 2 de diciembre de 2013, no se relaciona con la tutela al medioambiente ni con una posible afectación en el abastecimiento del agua, sino más bien, con una ausencia de documentos pertinentes para acreditar la propiedad del inmueble. Así las cosas, al no versar la inercia de la Administración sobre un tema relacionado con la tutela ambiental, cualquier disconformidad del petente al respecto, deberá ser alegada ante las instancias de legalidad que correspondan.

Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 VI.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone desestimar el recurso, en lo que respecta a la dilación reclamada.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO ARMIJO SANCHO. En la Ley #9097, de Regulación del Derecho de Petición, del 26 de octubre de 2012, se indica, en su artículo 12 inciso d), que compete únicamente a esta Sala el conocimiento de aquellos casos: “Cuando el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales, en especial, su derecho de petición, derecho de debido proceso, de justicia administrativa, principio de igualdad, principio de transparencia administrativa, derecho de acceso a la información pública, entre otros.” (el énfasis es agregado). Considero que esa norma no incide de forma alguna sobre los lineamientos que ha establecido ya, por mayoría, este Tribunal en relación con esa materia, pues, además de estar límites de su competencia (artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), se omitió remitir el proyecto de la Ley #9097 a consulta de este órgano jurisdiccional, con clara infracción del procedimiento preceptivo regulado en el artículo 96 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en relación con el artículo 10.2 inciso b) de la Constitución Política. Es un requisito esencial de toda norma que pretenda modificar las potestades y configuración de la Sala ser sometida a consulta previa obligatoria en esta sede. De lo contrario, ella carecerá de toda eficacia, como sucede en este caso.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso.El Magistrado Armijo Sancho pone nota.- Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Gilbert Armijo S.

Fernando Cruz C. Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A. Enrique Ulate C.

Ana María Picado B. Yerma Campos C.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *DRV90WZRE2Y61* Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *150018960007CO* Res. Nº 2015003224 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del seis de marzo de dos mil quince . Recurso de amparo interpuesto por JORGE DANIEL BINNS HERNÁNDEZ, cédula de identidad 0304860868, contra la PROCURADORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Revisados los autos; Redacta el Magistrado Ulate Chacón; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente demandó la tutela del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, pues, en su criterio, la Procuraduría General de la República no ha emitido el dictamen que le requirió el Ministro de Ambiente y Energía por medio de oficio No. DM-270-2014 de 7 de agosto de 2014, en torno a una gestión nulidad absoluta de la concesión minera No. R-1577-2013-MINAE, del Tajo La Asunción. Lo anterior, aduce, afecta el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) El 7 de agosto de 2014, por medio del oficio No. DM-270-2014, recibido en la Procuraduría General de la República el 30 de septiembre siguiente, el Ministro de Ambiente y Energía requirió un dictamen preceptivo y favorable, acorde con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la resolución No. R-577-2013-MINAE de las 14:15 horas del 2 de diciembre de 2013, por medio de la cual se otorgó una Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 concesión de explotación de materiales en una cantera a favor de Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A.; siendo que acorde con el informe del órgano director de dicho procedimiento, y según consta en memorial OD-07-2014 de 4 de agosto de 2014, la eventual nulidad versaría sobre la ausencia de documentos que acrediten la propiedad del inmueble y la existencia del permiso respectivo por parte del propietario (autos). 2) Por medio de dictamen C-43-2015 de 3 de marzo de 2015 se emitió informe por parte de la Procuraduría Genral de la República (autos).

III.- SOBRE NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso- Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad -y sus subprincipios concentración, inmediación y Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.

IV.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 de la defensa material -esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contenciosoadministrativa.

V.- CASO CONCRETO: No obstante, a partir de la Sentencia No. 2008- 02545 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes; existen casos de excepción que esta Sala ha dispuesto conocer por el fondo. Aunque en el caso en análisis, en el escrito de interposición se alegó que la falta de emisión del dictamen de cita por parte de la Procuraduría recurrida, era lesivo de lo propugnado por el ordinal 50 constitucional, por afectar el suministro de agua, partiendo del elenco de hechos demostrados, se descarta que la inactividad administrativa de la autoridad recurrida, versara sobre un tema relacionado con el medio ambiente. En efecto, queda claro que el vicio que se acusa, padece la resolución No. R-577-2013- MINAE de las 14: 15 horas del 2 de diciembre de 2013, no se relaciona con la tutela al medioambiente ni con una posible afectación en el abastecimiento del agua, sino más bien, con una ausencia de documentos pertinentes para acreditar la propiedad del inmueble. Así las cosas, al no versar la inercia de la Administración sobre un tema relacionado con la tutela ambiental, cualquier disconformidad del petente al respecto, deberá ser alegada ante las instancias de legalidad que correspondan.

Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 VI.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone desestimar el recurso, en lo que respecta a la dilación reclamada.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO ARMIJO SANCHO. En la Ley #9097, de Regulación del Derecho de Petición, del 26 de octubre de 2012, se indica, en su artículo 12 inciso d), que compete únicamente a esta Sala el conocimiento de aquellos casos: “Cuando el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales, en especial, su derecho de petición, derecho de debido proceso, de justicia administrativa, principio de igualdad, principio de transparencia administrativa, derecho de acceso a la información pública, entre otros.” (el énfasis es agregado). Considero que esa norma no incide de forma alguna sobre los lineamientos que ha establecido ya, por mayoría, este Tribunal en relación con esa materia, pues, además de estar límites de su competencia (artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), se omitió remitir el proyecto de la Ley #9097 a consulta de este órgano jurisdiccional, con clara infracción del procedimiento preceptivo regulado en el artículo 96 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en relación con el artículo 10.2 inciso b) de la Constitución Política. Es un requisito esencial de toda norma que pretenda modificar las potestades y configuración de la Sala ser sometida a consulta previa obligatoria en esta sede. De lo contrario, ella carecerá de toda eficacia, como sucede en este caso.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso.El Magistrado Armijo Sancho pone nota.- Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Gilbert Armijo S.

Fernando Cruz C. Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A. Enrique Ulate C.

Ana María Picado B. Yerma Campos C.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *DRV90WZRE2Y61* Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6