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Res. 03656-2017 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/03/2017
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denies the amparo, finding no direct environmental harm and holding that disputes over the legality of administrative acts belong to the contentious-administrative jurisdiction.La Sala Constitucional declara sin lugar el amparo, determinando que no hubo afectación directa al ambiente y que las controversias sobre legalidad de actos administrativos corresponden a la vía contencioso-administrativa.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber denies an amparo filed by artisanal and longline fishing associations against INCOPESCA, claiming that granting licenses to foreign purse-seine vessels endangered Executive Decree 38681 and tuna sustainability. The Chamber dismisses the appeal because the respondent authority proved it had adopted management and fishing regulation measures in line with IATTC and the decree. In separate opinions, several justices hold that, given the dense infra-constitutional environmental legal framework and the availability of adequate administrative and contentious-administrative remedies, the Chamber should refrain from hearing environmental legality claims via amparo, reserving its intervention for cases of serious, evident violations without prior administrative action.La Sala Constitucional rechaza un amparo presentado por asociaciones de pescadores artesanales y palangreros contra el INCOPESCA, alegando que el otorgamiento de licencias a embarcaciones cerqueras extranjeras ponía en riesgo el Decreto Ejecutivo 38681 y la sostenibilidad del atún. La Sala desestima el recurso porque la autoridad recurrida demostró haber adoptado medidas de manejo y ordenamiento pesquero conforme a la CIAT y el decreto. En votos razonados, varios magistrados sostienen que, dado el denso entramado normativo ambiental infraconstitucional y la existencia de vías administrativas y contencioso-administrativas idóneas, la Sala debe abstenerse de conocer reclamos de legalidad ambiental por amparo, reservando su intervención para casos de violaciones graves, evidentes y sin intervención administrativa previa.
Key excerptExtracto clave
IV.- Case Analysis. Although this Constitutional Court has granted broad protection to fundamental rights related to such matters to ensure its expeditious processing, the contrast of the arguments presented in this special jurisdictional venue shows that there are no elements allowing this Court to intervene and issue an affirmance, as the petitioner seeks, because the respondent authority refuted any potential harm to the urgency of the Decree and the natural resource. Indeed, INCOPESCA authorities not only acknowledged being aware of the described situation by implementing protective measures, but also informed the Court under oath – warned of even criminal consequences – that, prior to this amparo, they adopted management measures, fishing regulations, and their own regulations, such as Executive Decree No. 38681-MAG-MINAE and the establishment of protective measures. In any case, if the petitioners insist on some degree of deterioration of the challenged activity and even doubt the adequate intervention of the involved authorities obliged to control and supervise the matter, they may raise it before administrative or judicial authorities so that an investigation is initiated and what is technically and legally appropriate is determined. Therefore, the amparo must be dismissed.IV.- Análisis del caso. Aun cuando este Tribunal Constitucional ha otorgado una amplia tutela a los derechos fundamentales relacionados con este tipo de asuntos y así garantizar su celeridad en el trámite y atención, lo cierto es que del contraste de las argumentaciones traídas a esta sede jurisdiccional especial, en el presente caso, no existen elementos de juicio que permitan a este Tribunal intervenir y dictar una sentencia estimatoria, tal y como lo pretende la parte recurrente, pues la autoridad recurrida desvirtuó una posible afectación a la urgencia del Decreto y del recurso natural en cuestión. En efecto, las autoridades del INCOPESCA, no solamente reconocieron tener conocimiento de la situación descrita al implementar medidas de protección, sino que informaron a la Sala bajo juramento –apercibidas de las consecuencias incluso penales de ello– que, con anterioridad a la interposición de este amparo, adoptaron medidas de manejo, de ordenamiento pesquero y de regulaciones propias, como lo es el Decreto Ejecutivo No. 38681MAG–MINAE y el establecimiento de medidas de protección. En todo caso, si los recurrentes insisten en la existencia de algún grado de desmejoramiento de la actividad que se cuestiona e, inclusive, si tiene duda sobre la idónea intervención de las autoridades involucradas y obligadas a ejercer el control y la fiscalización del caso, así pueden plantearlo a las autoridades administrativas o jurisdiccionales para que se inicie una investigación al respecto y se determine lo que técnica y jurídicamente corresponde. Por lo expuesto, el amparo debe desestimarse.
Pull quotesCitas destacadas
"No existen elementos de juicio que permitan a este Tribunal intervenir y dictar una sentencia estimatoria, tal y como lo pretende la parte recurrente, pues la autoridad recurrida desvirtuó una posible afectación a la urgencia del Decreto y del recurso natural en cuestión."
"There are no elements allowing this Court to intervene and issue an affirmance, as the petitioner seeks, because the respondent authority refuted any potential harm to the urgency of the Decree and the natural resource."
Considerando IV
"No existen elementos de juicio que permitan a este Tribunal intervenir y dictar una sentencia estimatoria, tal y como lo pretende la parte recurrente, pues la autoridad recurrida desvirtuó una posible afectación a la urgencia del Decreto y del recurso natural en cuestión."
Considerando IV
"Si los recurrentes insisten en la existencia de algún grado de desmejoramiento de la actividad que se cuestiona [...] así pueden plantearlo a las autoridades administrativas o jurisdiccionales para que se inicie una investigación al respecto y se determine lo que técnica y jurídicamente corresponde."
"If the petitioners insist on some degree of deterioration of the challenged activity [...] they may raise it before administrative or judicial authorities so that an investigation is initiated and what is technically and legally appropriate is determined."
Considerando IV
"Si los recurrentes insisten en la existencia de algún grado de desmejoramiento de la actividad que se cuestiona [...] así pueden plantearlo a las autoridades administrativas o jurisdiccionales para que se inicie una investigación al respecto y se determine lo que técnica y jurídicamente corresponde."
Considerando IV
"El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas [...] el asunto deja de ser materia del amparo."
"The amparo is essentially a summary process governed by simplicity or, in the terms of Article 25 of the American Convention on Human Rights, a remedy that must be simple and rapid. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions [...] the matter ceases to be subject to amparo."
Razones diferentes del Magistrado Salazar Alvarado, punto 2.
"El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas [...] el asunto deja de ser materia del amparo."
Razones diferentes del Magistrado Salazar Alvarado, punto 2.
"Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento [...] y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad."
"From the moment a public authority has intervened by exercising its legal and regulatory powers, conducting a procedure [...] and issuing administrative acts, the matter will be outside the sphere of constitutional review."
Razones diferentes del Magistrado Salazar Alvarado, punto 2.
"Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento [...] y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad."
Razones diferentes del Magistrado Salazar Alvarado, punto 2.
Full documentDocumento completo
Large\nNormal\nSmall\nConstitutional Chamber Date of Resolution: March 10, 2017 at 09:05 Case File: 17-001434-0007-CO Type of Matter: Amparo Action *170014340007CO* Case File: 17-001434-0007-CO CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and five minutes on March tenth, two thousand seventeen.
Amparo action processed in case file No. 17-001434-0007-CO, filed by JORGE BARRANTES GAMBOA, identity card No. 0600961276, in his capacity as president of the Asociación de Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas, and ROBERT NUNES ANN, identity card No. 0801040398, in his capacity as president of the Asociación de la Cámara Nacional de la Industria Palangrega; against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA.-
Whereas:
Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,
Considering:
I.Purpose of the action: The petitioners claim that despite the existence of regulations governing tuna fishing, by deviating from these, the respondent entity has jeopardized the effectiveness of the Decree and the protection of the natural resource, since it grants licenses to foreign vessels that extract tuna in the Exclusive Economic Zone.
II.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:
a. What Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 38681 MAG – MINAE seeks in relation to the interaction of the tuna purse seine (cerco) and longline (palangrera) fleets is to facilitate their competitiveness in the Exclusive Economic Zone. (See legal report).
b. INCOPESCA, when granting licenses to tuna purse seine vessels, has done so based on the framework established by the CIAT, through the application of its resolutions and, additionally, with the implementation of management measures, fisheries management measures, and its own regulations, such as Executive Decree No. 38681 MAG–MINAE and the establishment of protection measures, such as: the protection of sea turtles and the delimitation of a management polygon for the recruitment of juvenile yellowfin tuna and dolphinfish (dorado). (See legal reports).
IV.Analysis of the case. Even though this Constitutional Court has granted broad protection to the fundamental rights related to this type of matter to ensure their speedy processing and attention, the truth is that from the contrast of the arguments brought to this special jurisdictional venue, in the present case, there are no elements of judgment that would allow this Court to intervene and issue an affirming judgment, as the petitioners intend, because the respondent authority refuted a possible impact on the urgency of the Decree and the natural resource in question. Indeed, the authorities of INCOPESCA not only acknowledged awareness of the described situation by implementing protection measures but also informed the Chamber under oath—warned of the consequences, including criminal ones—that, prior to the filing of this amparo, they adopted management measures, fisheries management measures, and their own regulations, such as Executive Decree No. 38681 MAG–MINAE and the establishment of protection measures.
In any case, if the petitioners insist on the existence of some degree of deterioration of the activity being questioned and, even, if they have doubts about the suitable intervention of the authorities involved and obligated to exercise control and oversight of the case, they may raise this before the administrative or jurisdictional authorities so that an investigation may be initiated and what is technically and legally appropriate may be determined. For the foregoing reasons, the amparo must be dismissed.
V.Different reasons of Magistrate Hernández López regarding the claim for infringement of Article 50 of the Political Constitution.
1. The historical context that at one time motivated the broad intervention of the Chamber in environmental matters has undergone a considerable variation that compels this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by extensive legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate competence imposed on the Chamber a role as a protagonist, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.
2. Today, we find ourselves facing a "dense framework" of environmental regulations—as accurately described by Magistrate Jinesta Lobo in his dissenting vote on this topic—which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all regulated, as well as the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this increasing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it the unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the administrative-contentious jurisdiction, but also the criminal jurisdiction. In these, in accordance with the importance of environmental law, procedural avenues and inclusive means of standing have been broadly regulated so that individuals may enforce what is established in that broad legal framework related to environmental matters.
3. In this context, it is not legally appropriate, nor from a functional standpoint, for the Constitutional Chamber to displace, or—worse yet—substitute, the ordinary judicial bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, risking overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that—they themselves—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect because the design of its processes is ill-suited to the complexity present in numerous environmental conflicts that consist of series of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are known examples in which the Chamber has issued a partial or technically incomplete resolution, or unnecessary friction and impact on legal certainty have been generated.
4. As part of the technical aspects I have evaluated, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence enforcement judges to allow for adequate follow-up of the judgments—which are generally complex—and sometimes involve the follow-up of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up lasting months and even years.
5. From this perspective, the decision by this Court to step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of the environmental field, but rather, on the contrary, as its adequate protection in the instance best suited to the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should also not be seen as the declining by this instance of its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, is reserved in this matter for specific cases. It is, instead, an exercise of rearranging the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each one of them can fully deploy its work within the scope it has been assigned, as well as the exercise of establishing its own competence, as established in Article 7 of its Organic Law.
6. It is clear that the Chamber does not intend to abandon the work of protecting people's rights in environmental matters to other jurisdictions. It is known that even though every claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of the law of the Constitution. The goal, then, is for the Chamber to become a protagonist along with others, so that—among all and each within its own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society where other equally pressing needs also exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen loses not a whit of protection, but substantial gains are made in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, the latter being a principle of obligatory consideration, as it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system like ours.- 7.
In line with the above, I maintain that this Chamber should abstain from hearing claims presented for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, to leave their hearing in the hands of administrative justice and the administrative-contentious jurisdiction. The foregoing is affirmed with a general character, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would indeed be better protected by this Chamber and therefore should be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can state that the Chamber should reserve for itself the hearing of situations such as, for example, claims for environmental infractions that also directly endanger people's health, or access to or quality of water; cases of gross and direct violations to the environment in which a glaring absence of protection by state authorities is established, provided that the nature of the claim also allows it to be addressed through the amparo instrument as a summary and special procedural mechanism, since I also believe that the amparo should not be "ordinary-ized" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately attended to within it.
8. In the specific case, in accordance with the proven facts, none of the mentioned exceptions are present, and the situation raised falls within those cases in which the intervention of the protection mechanisms of the Administration and ordinary justice proves to be a broader and more complete avenue for the discussed issue, which involves a discussion about a framework of measures and omissions by state authorities surrounding an executive decree, the analysis of which requires evidence, follow-up, and studies that exceed the scope of the amparo. Thus, Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction should have been applied and the action outrightly dismissed; however, since this did not occur, it is now appropriate to dismiss the filed amparo.
The undersigned Magistrate dismisses the action for different reasons, which I have subscribed to together with Magistrate Jinesta Lobo on other occasions, and which are the following:
Consequently, when it is necessary to review diverse administrative actions—procedures and formal acts that are translated and materialized into an administrative record (expediente administrativo)—the matter ceases to be subject to amparo, since one must resort to a full cognition proceeding, that is, a proceeding of full knowledge that can only be substantiated before the ordinary jurisdiction. Amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria expressed in light of the sub-constitutional legal system or to evacuate new elements of conviction to contrast those contained in an administrative record that has been processed over long and deliberative periods. The amparo proceeding, ultimately, cannot be converted into an ordinary proceeding of full cognition ("ordinariarlo"), as this denatures and perverts its ends and purposes; hence, when a public authority has intervened by conducting studies, endorsing or homologating expert reports presented by interested parties, rendering reports, issuing administrative resolutions, permits, licenses, or any other formal administrative act, or, in general, substantiating one or several administrative procedures, the amparo proceeding is not the proper avenue to oversee such actions, but rather the contentious-administrative proceeding.
The administrative intervention that can be verified or confirmed is decisive in determining whether the matter lies at the inherently abstract and open level of constitutionality or at the denser level of legality. Nor must this Constitutional Court take cognizance of and resolve the non-compliance with obligations imposed by the legal or regulatory framework, since, for this purpose, there exist powerful and efficient instruments within the administrative sphere (the sanctioning regime, complaints, the Administrative Environmental Tribunal) and, as a last resort, a contentious-administrative jurisdiction whose function is to control the legality of the administrative function (Article 49 of the Constitution), within which material or formal legal or regulatory omissions are included, an ordinary jurisdiction that, now with the new procedural legislation, is more flexible, expeditious, swift, plenary, and universal.
The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The action is DECLARED WITHOUT MERIT. Judge Hernández López and Judge Salazar Alvarado give separate reasons.
Fernando Cruz C.
Presidente a.i Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
Anamari Garro V.
*GKGJFFTZX4Y61*
*170014340007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del diez de marzo de dos mil diecisiete .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente No. 17-001434-0007-CO, interpuesto por JORGE BARRANTES GAMBOA, cédula de identidad No. 0600961276, en calidad de presidente de la Asociación de Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas, y ROBERT NUNES ANN, cédula de identidad No. 0801040398 , en calidad de presidente de la Asociación de la Cámara Nacional de la Industria Palangrega; contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA.-
Resultando:
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso: Acusan los recurrentes que pese a existir normativa que regula la pesca del atún, al apartarse de ésta el ente recurrido ha puesto en riesgo la efectividad del Decreto y la protección del recurso natural, ya que otorga licencias a embarcaciones extranjeras que extraen atún en la Zona Económica Exclusiva.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a. Lo que el Decreto Ejecutivo No. 38681 MAG – MINAE pretende en relación a la interacción de la flota atunera de cerco y palangrera, es facilitar su competividad en la Zona Económica Exclusiva. (Véase informe de ley).
b. El INCOPESCA, al otorgar licencias a embarcaciones atuneras de cerco, lo ha hecho con fundamento en el marco establecidopor el CIAT, mediante la aplicación de sus resoluciones y, adicionalmente, con la implementación de las medidas de manejo, de ordenamiento pesquero y de regulaciones propias, como lo es el Decreto Ejecutivo No. 38681MAG–MINAE y el establecimiento de medidas de protección, tales como: la protección de las tortugas marinas y delimitación de un polígono de manejo para el reclutamiento de juveniles de atún aleta amarilla y dorado. (Véanse informes de ley).
IV.Análisis del caso. Aun cuando este Tribunal Constitucional ha otorgado una amplia tutela a los derechos fundamentales relacionados con este tipo de asuntos y así garantizar su celeridad en el trámite y atención, lo cierto es que del contraste de las argumentaciones traídas a esta sede jurisdiccional especial, en el presente caso, no existen elementos de juicio que permitan a este Tribunal intervenir y dictar una sentencia estimatoria, tal y como lo pretende la parte recurrente, pues la autoridad recurrida desvirtuó una posible afectación a la urgencia del Decreto y del recurso natural en cuestión. En efecto, las autoridades del INCOPESCA, no solamente reconocieron tener conocimiento de la situación descrita al implementar medidas de protección, sino que informaron a la Sala bajo juramento –apercibidas de las consecuencias incluso penales de ello– que, con anterioridad a la interposición de este amparo, adoptaron medidas de manejo, de ordenamiento pesquero y de regulaciones propias, como lo es el Decreto Ejecutivo No. 38681MAG–MINAE y el establecimiento de medidas de protección.
En todo caso, si los recurrentes insisten en la existencia de algún grado de desmejoramiento de la actividad que se cuestiona e, inclusive, si tiene duda sobre la idónea intervención de las autoridades involucradas y obligadas a ejercer el control y la fiscalización del caso, así pueden plantearlo a las autoridades administrativas o jurisdiccionales para que se inicie una investigación al respecto y se determine lo que técnica y jurídicamente corresponde. Por lo expuesto, el amparo debe desestimarse.
V.Razones diferentes de la Magistrada Hernández López respecto del reclamo por infracción del artículo 50 de la Constitución Política.
1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.
2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental –tal y como acertadamente lo ha descrito el Magistrado Jinesta Lobo en su voto salvado sobre este tema- lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.
3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.
4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.
5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.
6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7.
En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.
8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados no se presenta ninguna de las excepciones que mencionan y la situación planteada se ubica dentro de aquellos casos en las que la intervención de los medios de protección de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa para el tema discutido, el cual involucra una discusión sobre un entramado de medidas y omisiones de autoridades estatales alrededor de un decreto ejecutivo, cuyo análisis requiere prueba, seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo. De tal modo, debió aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y rechazar de plano el recurso, no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora declarar sin lugar el amparo interpuesto.
El suscrito Magistrado declara sin lugar el recurso por razones diferentes, las cuales he suscrito junto con el Magistrado Jinesta Lobo en otras ocasiones, y que son las siguientes:
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara SIN LUGAR el recurso. La Magistrada Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado dan razones diferentes.
Fernando Cruz C.
Presidente a.i Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
Anamari Garro V.
*GKGJFFTZX4Y61*
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