← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 02406-2017 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 17/02/2017
OutcomeResultado
The Chamber partially grants the amparo against MOPT for violating the right of petition, ordering compensation and costs, but denies it against CTP due to lack of a prior request to that body.La Sala declara parcialmente con lugar el recurso contra el MOPT por vulneración del derecho de petición, ordenando indemnización y costas, pero declara sin lugar contra el CTP por inexistencia de solicitud previa en su contra.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo action filed by a congresswoman against the Executive Director of the Public Transport Council (CTP) and the authorities of the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) for failing to fully respond to two information requests submitted in October 2016. The petitioner asked about passenger demand studies, technical and legal reasons for discarding previous studies, costs and financing of a new study, and contractual aspects of bus concessionaires. MOPT issued a joint response on October 25, 2016, but omitted points e), f), and g) from one of the requests, indicating they were being referred to CTP. The Chamber partially grants the amparo, holding that MOPT violated the right of petition by not answering those points after an excessive delay (over three months). However, it denies the amparo against CTP because no explicit request was submitted to that body. The reply was eventually provided during the amparo proceeding, so the ruling operates only for compensation and costs. One justice offers a partial dissent concerning the award of costs and damages, arguing they are not appropriate in cases of abnormal termination of the process.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por una diputada contra el Director Ejecutivo del Consejo de Transporte Público (CTP) y las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por la falta de respuesta completa a dos solicitudes de información presentadas en octubre de 2016. La recurrente planteó preguntas sobre estudios de demanda de pasajeros, bases técnicas y jurídicas para descartar estudios previos, costos y financiamiento de un nuevo estudio, y aspectos contractuales de los concesionarios de buses. El MOPT respondió de forma conjunta el 25 de octubre de 2016, pero omitió contestar los puntos e), f) y g) de uno de los oficios, indicando que los trasladaba al CTP. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso: estima que el MOPT lesionó el derecho de petición al no haber dado respuesta a esos puntos tras un plazo excesivo (más de tres meses). Sin embargo, declara sin lugar el recurso contra el CTP, ya que no existió una solicitud expresa ante ese organismo. La respuesta fue finalmente brindada durante la tramitación del amparo, por lo que la condena opera para efectos indemnizatorios y de costas. Un magistrado salva parcialmente el voto en cuanto a la condena en costas, daños y perjuicios, alegando que no son procedentes en casos de terminación anormal del proceso.
Key excerptExtracto clave
III. ON THE CONDUCT OF THE OFFICIALS OF THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT. [...] The Chamber determines that the requests filed by the petitioner on October 4 and 10, 2016, were addressed by the Ministry of Public Works and Transport on October 25, 2016. However, it is proven that the authorities expressly stated they omitted to answer points e), f), and g) of communication No. MGC-117-2016 dated October 4, 2016, because it was necessary to first consult the Public Transport Council. Therefore, it is appropriate to grant the amparo as it is verified that, as of the date of filing this action, no reply had been given to the petitioner and the elapsed time is excessive, exceeding three months. Accordingly, the amparo is granted on this point. IV.- Furthermore, the Chamber verifies [...] By communication DE-2017-0325 dated February 10, 2017, the Executive Directorate of the Public Transport Council sent to the petitioner the reply to points e), f), and g) of communication No. MGC-117-2016 dated October 4, 2016, a communication sent to the email [email protected] on February 10, 2017. Thus, having verified that the reply requested by the petitioner was provided on the occasion of the filing of this amparo, it is proper to grant the amparo for compensatory purposes. VI. PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUSTICE HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. [...] I dissent from the majority's vote regarding the award of costs, damages, and losses, because Article 52 states in the same paragraph, final part, that the granting is made “solely for the purpose of compensation and costs, if they are applicable.” It is stressed that the Law says “if they are applicable,” which means that the applicability of compensation and costs depends on an evaluation, appraisal, or weighing by the Court. In cases such as this where an abnormal termination of the proceeding occurs, akin to withdrawal due to extraprocedural satisfaction, it is not appropriate to impose costs or damages, as the economic consequences of the judgment are similar to the closing of the file.III. SOBRE LA ACTUACION DE LOS PERSONEROS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. [...] La Sala determina que las gestiones formuladas por la recurrente en fechas 4 y 10 de octubre de 2016, fueron atendidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el 25 de octubre de 2016. Sin embargo, se comprueba que las autoridades expresamente indicaron que omitían dar respuesta a los puntos e), f) y g) del oficio No. MGC-117-2016, de 4 de octubre de 2016, ya que era necesario de previo realizar consulta al Consejo de Transporte Público. Por lo anterior, lo procedente es declarar con lugar el recurso al comprobarse que a la fecha de presentación de este recurso no se había dado respuesta a la tutelada y el plazo transcurrido resulta excesivo, sea superior a 3 meses. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso en este extremo. IV.- Por otra parte, la Sala comprueba [...] Que por oficio DE-2017-0325 del 10 de febrero de 2017, la Dirección Ejecutiva del Consejo de Transporte Público remite a la amparada la respuesta a los puntos e), f) y g) del oficio No. MGC-117-2016, de 4 de octubre de 2016, comunicación que se efectúo el 10 de febrero de 2017 al correo electrónico [email protected] . De manera que al verificarse que la respuesta requerida por la amparada fue brindada con ocasión de la presentación de este recurso de amparo, lo procedente es declarar con lugar el recurso para efectos indemnizatorios. VI. VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. [...] disiente del voto de la mayoría en lo tocante a la condenatoria en costas, daños y perjuicios, porque ese artículo 52 establece en ese mismo párrafo, parte final, que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes ”, lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente.
Pull quotesCitas destacadas
"se comprueba que las autoridades expresamente indicaron que omitían dar respuesta a los puntos e), f) y g) del oficio No. MGC-117-2016, de 4 de octubre de 2016, ya que era necesario de previo realizar consulta al Consejo de Transporte Público. Por lo anterior, lo procedente es declarar con lugar el recurso al comprobarse que a la fecha de presentación de este recurso no se había dado respuesta a la tutelada y el plazo transcurrido resulta excesivo, sea superior a 3 meses."
"it is proven that the authorities expressly stated they omitted to answer points e), f), and g) of communication No. MGC-117-2016 dated October 4, 2016, because it was necessary to first consult the Public Transport Council. Therefore, it is appropriate to grant the amparo as it is verified that, as of the date of filing this action, no reply had been given to the petitioner and the elapsed time is excessive, exceeding three months."
Considerando III
"se comprueba que las autoridades expresamente indicaron que omitían dar respuesta a los puntos e), f) y g) del oficio No. MGC-117-2016, de 4 de octubre de 2016, ya que era necesario de previo realizar consulta al Consejo de Transporte Público. Por lo anterior, lo procedente es declarar con lugar el recurso al comprobarse que a la fecha de presentación de este recurso no se había dado respuesta a la tutelada y el plazo transcurrido resulta excesivo, sea superior a 3 meses."
Considerando III
"se verificarse que la respuesta requerida por la amparada fue brindada con ocasión de la presentación de este recurso de amparo, lo procedente es declarar con lugar el recurso para efectos indemnizatorios."
"having verified that the reply requested by the petitioner was provided on the occasion of the filing of this amparo, it is proper to grant the amparo for compensatory purposes."
Considerando IV
"se verificarse que la respuesta requerida por la amparada fue brindada con ocasión de la presentación de este recurso de amparo, lo procedente es declarar con lugar el recurso para efectos indemnizatorios."
Considerando IV
"En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente."
"In cases such as this where an abnormal termination of the proceeding occurs, akin to withdrawal due to extraprocedural satisfaction, it is not appropriate to impose costs or damages, as the economic consequences of the judgment are similar to the closing of the file."
Considerando VI — Voto salvado
"En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente."
Considerando VI — Voto salvado
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: February 17, 2017 at 09:45 Case File: 17-000457-0007-CO Type of matter: Amparo action Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER *170004570007CO* Res. No. 2017002406 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours forty-five minutes on February seventeenth, two thousand seventeen.
AMPARO ACTION FILED BY MARCELA MARITZA GUERRERO CAMPOS, IDENTITY CARD 0108460152, AGAINST THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE PUBLIC TRANSPORTATION COUNCIL.
WHEREAS:
1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber on January 12, 2017, the petitioner files an amparo action against the Executive Director of the Public Transportation Council. She states that by official letter No. MGC-117-2016 of October 4, 2016, she requested from the Minister the following information of interest to her: "(…) a) Considering that 17 years have elapsed since the publication of decree 28337-MOPT, and that 5 different passenger demand studies have been conducted to date: What are the technical and legal reasons for deciding to restart the current bus sectorization implementation procedure? b) The Epypsa-Sigma consortium carried out a passenger demand study in 2014, which served as the basis for the most recent attempt at sectorization of bus lines in the capital. What are the technical and legal reasons for deciding to discard this study and carry out a new one? c) Which company will be in charge of carrying out the new passenger demand study, what was the basis for its selection, and what new technical aspects will this study incorporate that differ from those already conducted? d) In which specific aspects does postponing the implementation of sectorization again benefit the interest of bus users? e) In accordance with the guidelines of decree 28337-MOPT, specifically in its sections 3 and 4, regarding the concession contract signed by the bus operators in its Article IV: Provisions for the modernization of public transportation in the bus mode and taking into account that bus operators operate under the precarious figure of the permit, whose parameters are established in article 25 of law 3503 and Transitory Provision I of Law 8826: Are the operators legally obligated to implement the operational schemes as required by the modernization of public transportation without any compensation? What is the legal basis for your answer? f) If the operational systems required for the modernization of the paid passenger transportation system in the bus mode are not implemented by the bus operators, will this constitute contractual breach of the concession contracts? g) In relation to Article VI: On the obligations of the concessionaire, of the concession contract signed by the bus operators: What are the only circumstances under which bus operators would be permitted to carry out a work stoppage? (…)". She adds that, by official letter No. MGC-122-2016 of October 7, 2016, she requested the following from the Vice Minister of Transportation and Road Safety: "(…) 1. What is the cost of the new passenger demand study intended to be carried out? 2. With which funds will the new study be financed? Furthermore, I request you indicate to me whether the Administration is aware of the final design of the general report for the SITP Pavas-San José project from 2004, a study for which some variables related to transit and passenger demand could be updated, as well as other aspects such as the reopening of the administrative case file where SETENA grants the technical environmental viability (vialidad técnica ambiental) for the project's development; with the understanding that other variables such as capacity studies, urban insertion, pavement structure, node structure and design, the electronic fare collection system, and other aspects are already ready for execution (…)". She notes that those official letters were received at the Minister's office on October 4th and 10th of that same year. She manifests that by official letter No. DVTSV-2016-00653 of October 25, 2016, the Minister and the Vice Minister, both from the Ministry of Public Works and Transportation, partially addressed her requests, leaving a relevant group of questions unanswered. She alleges that in that same official letter, on its fifth page, third paragraph, it was indicated that, because her questions were of a legal nature, the questions would be forwarded to the Executive Directorate of the Public Transportation Council so that, jointly with the Legal Directorate of that Council, a response could be provided. She adds that the referenced official letter recorded the forwarding to the Executive Director of the Public Transportation Council as well as to the members of the Board of Directors of that collegiate body. She claims that, nevertheless, as of the date of filing this amparo, no response whatsoever has been given to her request by the Executive Director of the Public Transportation Council.
2.- By brief filed on January 27, 2017, Hernán Bermúdez Sánchez, Acting Executive Director of the Public Transportation Council, clarifies that official letter No. MGC-117-2016 refers to a request made to the Office of the Minister of Public Works and Transportation, and that Congresswoman Maritza Marcela Guerrero Campos never made such a request to the Public Transportation Council. Official letter No. MGC-117-2016 and official letter No. MGC-122-2016 were addressed by the Minister of Public Works and Transportation and the Vice Minister of Ground Transportation and Road Safety, both from the MOPT, with official letter No. DVTSV-2016-00653 of October 25, 2016, and on page 5 of that document, in the second paragraph, the signatories literally state that "e), f) and g).- By virtue of the fact that these questions are strictly of a contractual and legal nature, and that furthermore they are not deduced from the content of the news report in question here, as it is a matter that falls exclusively under the CTP’s purview according to Law 7969, I inform you that we are forwarding your questions to the Executive Directorate of the CTP, so that jointly with the Legal Directorate of that Council, you give us a specific response to your concerns." In official letter No. DWSV-2016-00653 of October 25, 2016, the signatories noted a copy of said response to both the Executive Director and the Board of Directors of the Public Transportation Council; these were entered through the Services Platform of this Council, under Case Files 334799 (both) at 14:47 hours, and in both cases it is detailed that what was received responds to "copy of DWSV-2016-0653. Reference response to official letter MGC-177-2016 and Official letter Mac-122-2016". Additionally, by means of article 6.1 of Ordinary Session 55-2016, the Board of Directors of the Public Transportation Council receives the copy of official letter No. DWSV-2016-00653, and agrees to acknowledge receipt of said document, given that it refers to a copy. According to Certification No. SDNCTP-17-01-00044 from 13:20 hours on January 25, 2017, the Secretary of Minutes certifies the existence of seven numbered and stamped pages, which correspond to the entirety of the documents related to article 6.1 of Ordinary Session 55-2016, and among such documents, the referral of the official letter indicated by the petitioner, namely official letter No. MGC-1 17- 2016, is not recorded. As a consequence of this, it is relevant to highlight that in official letter No. DWSV-2016-00653, the signatories never indicated that with a copy of that document, they were requesting my client to address the petitioner's questions, since what was actually expressed by them is that "we are forwarding your questions to the Executive Directorate of the CTP, so that jointly with the Legal Directorate of that Council, you give us a specific response to your concerns"; it is important to highlight that in that assertion, the MOPT authorities never indicated the document number with which they forwarded the inquiry to the Public Transportation Council, nor did they indicate that the response should be addressed to the petitioner, as what was indicated expressly infers that the response to the questions would be handled by said Authorities, to whom, in turn, the specific response was to be sent by this Council, as is clear from the statement "so that jointly with the Legal Directorate of that Council, you give us a specific response to your concerns". In accordance with the foregoing, it is worth noting that the petitioner never made the request directly before the Public Transportation Council, but rather it was processed before the Minister's Office. In other words, there is no record in our document entry logs that the Office of the Minister or Vice Minister of MOPT had forwarded the questions from official letter No. MGC-117- 2016, alluded to by the petitioner; the only thing recorded, as previously stated, is the entry of the copies of official letter No. DWSV-2016-00653, however none of them entered accompanied by any correspondence transmittal, nor copy, nor any indication to address the petitioner's questions regarding her official letter MGC-117-2016, which has also not been sent as of this moment.
3.- By brief filed on February 1, 2017, the Instructing Magistrate expands the parties to the action and grants a hearing to the Minister of Public Works and Transportation and to the Vice Minister of Transportation and Road Safety.
4.- By brief filed on February 7, 2017, Carlos Villalta Villegas, Minister of Public Works and Transportation, and Liza Castillo Vásquez, Vice Minister of Transportation and Road Safety, report that they acted in a timely and proper manner to provide a response to Congresswoman Marcela Guerrero, which is recorded in official letter DW8V-2016- 00653 dated October 25, 2016, partially addressing the inquiry, and it was resolved that the remaining requests would be forwarded to the Executive Directorate of the Public Transportation Council so that, jointly with the Legal Directorate, the response could be provided. The instruction for the Executive Directorate of the CTP, jointly with the Legal Affairs Directorate of that Council, to answer the petitioner's questions is clear and did not require any additional indication. Note that this instruction was known to the Executive Director since the amparo was served, apart from the fact that, as recorded in Case File No. 17-000457-0007-co, the petitioner filed on January 16, 2017, a copy of official letter MGC-117-2016, whereby the content of the reference official letter was well known to the Executive Director and the Legal Advisory Directorate of the CTP.
5.- By brief filed on February 13, 2017, Hernán Bermúdez Sánchez, Acting Executive Director of the Public Transportation Council, reiterates the arguments outlined in the brief filing the action. He argues that he received the formal request for information on February 7, 2017, from the Minister and the Vice Minister of Public Works and Transportation. That the note was answered on February 10, 2017. Furthermore, a response was sent by email to the Congresswoman on February 10, 2017.
6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Magistrate Hernández López; and,
CONSIDERING:
I.- PURPOSE OF THE ACTION: The petitioner alleges injury to the right of petition, for the following reason: On October 4, 2016, by official letter No. MGC-117-2016, she filed a request before the Minister of Public Works and Transportation; and on October 7, 2016, by official letter No. MGC-122-2016, she filed a request for information before the Vice Minister of Transportation and Road Safety. She explains that she received a joint response from the Administration that does not cover the entirety of what was requested, since points e), f), and g) of official letter No. MGC-117-2016, of October 4, 2016, remained pending a response due to referral for consultation to the Public Transportation Council. She maintains that as of the date it remains pending resolution.
II.- PROVEN FACTS. Relevant for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
a. By official letter No. MGC-117-2016 of October 4, 2016, the petitioner requested the following information from the Minister of Public Works and Transportation: "(…) a) Considering that 17 years have elapsed since the publication of decree 28337-MOPT, and that 5 different passenger demand studies have been conducted to date: What are the technical and legal reasons for deciding to restart the current bus sectorization implementation procedure? b) The Epypsa-Sigma consortium carried out a passenger demand study in 2014, which served as the basis for the most recent attempt at sectorization of bus lines in the capital. What are the technical and legal reasons for deciding to discard this study and carry out a new one? c) Which company will be in charge of carrying out the new passenger demand study, what was the basis for its selection, and what new technical aspects will this study incorporate that differ from those already conducted? d) In which specific aspects does postponing the implementation of sectorization again benefit the interest of bus users? e) In accordance with the guidelines of decree 28337-MOPT, specifically in its sections 3 and 4, regarding the concession contract signed by the bus operators in its Article IV: Provisions for the modernization of public transportation in the bus mode and taking into account that bus operators operate under the precarious figure of the permit, whose parameters are established in article 25 of law 3503 and Transitory Provision I of Law 8826: Are the operators legally obligated to implement the operational schemes as required by the modernization of public transportation without any compensation? What is the legal basis for your answer? f) If the operational systems required for the modernization of the paid passenger transportation system in the bus mode are not implemented by the bus operators, will this constitute contractual breach of the concession contracts? g) In relation to Article VI: On the obligations of the concessionaire, of the concession contract signed by the bus operators: What are the only circumstances under which bus operators would be permitted to carry out a work stoppage? (…)". Official letter received at the Minister's office on October 4, 2016 (see document); b. By official letter No. MGC-122-2016 of October 7, 2016, the petitioner requested the following from the Vice Minister of Transportation and Road Safety: "(…) 1. What is the cost of the new passenger demand study intended to be carried out? 2. With which funds will the new study be financed? Furthermore, I request you indicate to me whether the Administration is aware of the final design of the general report for the SITP Pavas-San José project from 2004, a study for which some variables related to transit and passenger demand could be updated, as well as other aspects such as the reopening of the administrative case file where SETENA grants the technical environmental viability (vialidad técnica ambiental) for the project's development; with the understanding that other variables such as capacity studies, urban insertion, pavement structure, node structure and design, the electronic fare collection system, and other aspects are already ready for execution (…)". Official letter received at the Ministry of Public Works and Transportation on October 10, 2016 (see documentation); c) By official letter DWSV-2016-00653 of October 25, 2016, the Ministry of Public Works and Transportation provides a joint response to official letters MGC-117-2016 and MGC-122-2016. In the response, it is established in relation to points e), f), and g) of official letter No. MGC-117-2016, of October 4, 2016, the following: “ e), f) and g).- By virtue of the fact that these questions are strictly of a contractual and legal nature, and that furthermore they are not deduced from the content of the news report in question here, as it is a matter that falls exclusively under the CTP’s purview according to Law 7969, I inform you that we are forwarding your questions to the Executive Directorate of the CTP, so that jointly with the Legal Directorate of that Council, you give us a specific response to your concerns” (see documentation); d) On October 25, 2016, the Public Transportation Council received the copy of official letter DWSV-2016-00653 of October 25, 2016, sent by the authorities of the Ministry of Public Works and Transportation (see documentation); e) On February 7, 2017, the Minister of Public Works and Transportation and the Vice Minister of Transportation and Road Safety request from the Executive Director of the Public Transportation Council a response to requirements e), f), and g) of official letter MGC-117-2016 filed by Congresswoman Guerrero Campos (see documentation); d) By official letter 2017000394 of February 10, 2016, the Legal Advisory Directorate of the Public Transportation Council communicates to the Executive Director of the Public Transportation Council the information required by official letter DE-2017-0286 (see documentation); e) By official letter DE-2017-0325 of February 10, 2017, the Executive Directorate of the Public Transportation Council sends to the petitioner the response to points e), f), and g) of official letter No. MGC-117-2016, of October 4, 2016, communication that was made on February 10, 2017, to the email address [email protected] (see documentation).
III.ON THE ACTIONS OF THE REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORTATION. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal verifies the injury to Article 27 of the Political Constitution. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities - which are given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction - and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that by official letter No. MGC-117-2016 of October 4, 2016, the petitioner requested the following information from the Minister of Public Works and Transportation: "(…) a) Considering that 17 years have elapsed since the publication of decree 28337-MOPT, and that 5 different passenger demand studies have been conducted to date: What are the technical and legal reasons for deciding to restart the current bus sectorization implementation procedure? b) The Epypsa-Sigma consortium carried out a passenger demand study in 2014, which served as the basis for the most recent attempt at sectorization of bus lines in the capital. What are the technical and legal reasons for deciding to discard this study and carry out a new one? c) Which company will be in charge of carrying out the new passenger demand study, what was the basis for its selection, and what new technical aspects will this study incorporate that differ from those already conducted? d) In which specific aspects does postponing the implementation of sectorization again benefit the interest of bus users? e) In accordance with the guidelines of decree 28337-MOPT, specifically in its sections 3 and 4, regarding the concession contract signed by the bus operators in its Article IV: Provisions for the modernization of public transportation in the bus mode and taking into account that bus operators operate under the precarious figure of the permit, whose parameters are established in article 25 of law 3503 and Transitory Provision I of Law 8826: Are the operators legally obligated to implement the operational schemes as required by the modernization of public transportation without any compensation? What is the legal basis for your answer? f) If the operational systems required for the modernization of the paid passenger transportation system in the bus mode are not implemented by the bus operators, will this constitute contractual breach of the concession contracts? g) In relation to Article VI: On the obligations of the concessionaire, of the concession contract signed by the bus operators: What are the only circumstances under which bus operators would be permitted to carry out a work stoppage? (…)". Official letter received at the Minister's office on October 4, 2016. By official letter No. MGC-122-2016 of October 7, 2016, the petitioner requested the following from the Vice Minister of Transportation and Road Safety: "(…) 1. What is the cost of the new passenger demand study intended to be carried out? 2. With which funds will the new study be financed? Furthermore, I request you indicate to me whether the Administration is aware of the final design of the general report for the SITP Pavas-San José project from 2004, a study for which some variables related to transit and passenger demand could be updated, as well as other aspects such as the reopening of the administrative case file where SETENA grants the technical environmental viability (vialidad técnica ambiental) for the project's development; with the understanding that other variables such as capacity studies, urban insertion, pavement structure, node structure and design, the electronic fare collection system, and other aspects are already ready for execution (…)". Official letter received at the Ministry of Public Works and Transportation on October 10, 2016. By official letter DWSV-2016-00653 of October 25, 2016, the Ministry of Public Works and Transportation provides a joint response to official letters MGC-117-2016 and MGC-122-2016. In the response, it is established in relation to points e), f), and g) of official letter No. MGC-117-2016, of October 4, 2016, the following: “ e), f) and g).- By virtue of the fact that these questions are strictly of a contractual and legal nature, and that furthermore they are not deduced from the content of the news report in question here, as it is a matter that falls exclusively under the CTP’s purview according to Law 7969, I inform you that we are forwarding your questions to the Executive Directorate of the CTP, so that jointly with the Legal Directorate of that Council, you give us a specific response to your concerns ”. On October 25, 2016, the Public Transportation Council received the copy of official letter DWSV-2016-00653 of October 25, 2016, sent by the authorities of the Ministry of Public Works and Transportation. On February 7, 2017, the Minister of Public Works and Transportation and the Vice Minister of Transportation and Road Safety request from the Executive Director of the Public Transportation Council a response to requirements e), f), and g) of official letter MGC-117-2016 filed by Congresswoman Guerrero Campos. That as of the date, the petitioner has not received a response to points e), f), and g) of official letter No. MGC-117-2016, of October 4, 2016.
From the foregoing, the Chamber determines that the requests formulated by the petitioner on October 4th and 10th, 2016, were addressed by the Ministry of Public Works and Transportation on October 25, 2016. However, it is verified that the authorities expressly indicated they were omitting to provide a response to points e), f), and g) of official letter No. MGC-117-2016, of October 4, 2016, since it was necessary to first consult the Public Transportation Council. Therefore, the appropriate course is to grant the action, as it is proven that as of the filing date of this action, no response had been given to the petitioner and the elapsed period is excessive, being more than 3 months. Consequently, the appropriate course is to grant the action on this point.
IV.- On the other hand, the Chamber verifies that on February 7, 2017, the Minister of Public Works and Transportation and the Vice Minister of Transportation and Road Safety request from the Executive Director of the Public Transportation Council a response to requirements e), f), and g) of official letter MGC-117-2016 filed by Congresswoman Guerrero Campos. That by official letter 2017000394 of February 10, 2016, the Legal Advisory Directorate of the Public Transportation Council communicates to the Executive Director of the Public Transportation Council the information required by official letter DE-2017-0286. That by official letter DE-2017-0325 of February 10, 2017, the Executive Directorate of the Public Transportation Council sends to the petitioner the response to points e), f), and g) of official letter No. MGC-117-2016, of October 4, 2016, communication that was made on February 10, 2017, to the email address [email protected] . So that, upon verifying that the response required by the petitioner was provided on the occasion of the filing of this amparo action, the appropriate course is to grant the action for purposes of compensation.
V.ON THE ACTIONS OF THE REPRESENTATIVES OF THE PUBLIC TRANSPORTATION COUNCIL. The Chamber rejects that the actions of the representatives of the Public Transportation Council injure the petitioner's right of petition. In this regard, it is deemed accredited that there is no express request from the petitioner requesting information on points e), f), and g) of official letter No. MGC-117-2016, of October 4, 2016. Therefore, Article 27 of the Political Constitution has not been injured. Consequently, the action is dismissed on this point.
VI.PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. The undersigned Magistrate concurs with the granting of the amparo that operates ex lege, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC), which provides: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted (…) ". That is to say, there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to state that the action is granted. However, I dissent from the majority vote regarding the award of costs and damages, because that Article 52 establishes in that same paragraph, final part, that the granting is ruled "only for purposes of compensation and costs, if applicable". It is underlined that the Law states "if applicable ", meaning that the applicability or non-applicability of the compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal. In cases like this one, where an abnormal termination of the proceedings occurs, comparable to a withdrawal due to extra-procedural satisfaction, it is not appropriate to award costs, nor damages, because the economic consequences of the judgment are similar to those of closing the case file. Furthermore, the content of the petitioner's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that such impairments, injuries, or patrimonial alterations have not taken place; at least in this amparo, there are no elements of judgment to suggest otherwise. Nothing prevents the Chamber, in exceptional cases, from considering the applicability of compensation. When laws present omissions or deficiencies, it is up to the judges to correct those shortcomings; if laws lack coherence in certain aspects, there is no other remedy than to interpret and apply them according to the requirements of procedural logic. To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight that the provision in Article 51 LJC, when it states: "every resolution that upholds the action shall award in the abstract the compensation for the damages caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment" , refers to a natural or normal form of termination of the proceedings, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of facts that have violated the fundamental rights of the plaintiff in the proceedings. The principles of Constitutional Law, those of General Public and Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, additionally, in order, the General Law on Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and other procedural Codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the LJC (Cf. Article 14), and the Chamber's submission to the Constitution and the law does not refer solely to that of the Constitutional Jurisdiction, naturally. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197, which responds to procedural logic in any matter.
To the foregoing are added factual reasons, which this Chamber cannot ignore, as demonstrated by nearly three decades of the Constitutional Jurisdiction created in 1989, during which an abusive exercise of vicarious action in the amparo remedy has been generated, for purposes of wealth through compensation, insofar as the alleged victims do not directly participate. On the basis of the above, I am inclined to resolve this remedy without an award of costs, damages, or losses.
VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the appellant that if any document has been provided, whether on paper, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. POR TANTO:
The remedy is partially granted. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Regarding the Consejo de Transporte Público, the remedy is denied. Judge Hernández Gutiérrez issues a partially dissenting vote.
\t Fernando Cruz C.
Presidente a.i \t Fernando Castillo V.
\t \t Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
\t \t Aracelly Pacheco S.
Jose Paulino Hernández G.
\t \t Ronald Salazar Murillo Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *RWONWPJPHRQ61*
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *170004570007CO* Res. Nº 2017002406 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de febrero de dos mil diecisiete .
RECURSO DE AMPARO PRESENTADO POR MARCELA MARITZA GUERRERO CAMPOS, CÉDULA DE IDENTIDAD 0108460152, CONTRA EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 12 de enero de 2017, la accionante presenta recurso de amparo contra el Director Ejecutivo del Consejo de Transporte Público. Indica que por oficio No. MGC-117-2016 de 4 de octubre de 2016, solicitó al Ministro, la siguiente información de su interés: "(…) a) Considerando que han transcurrido 17 años desde la publicación del decreto 28337-MOPT, y que se han realizado 5 estudios distintos de demanda de pasajeros a la fecha: ¿Cuáles son las razones técnicas y jurídicas por las cuales se decide reiniciar el procedimiento de ejecución de la sectorización de buses actual? b) El consorcio Epypsa-Sigma realizó en el 2014 un estudio sobre la demanda de pasajeros, el cual sirvió de base para el más reciente intento de sectorización de las líneas de buses en la capital. ¿Cuáles son las razones técnicas y jurídicas por las que se decide desechar este estudio y realizar uno nuevo? c) ¿Cuál será la empresa encargada de realizar el nuevo estudio de demanda de pasajeros, cuál ha sido el fundamento de su escogencia y que nuevos aspectos técnicos incorporará este estudio distintos a los ya realizados? d) ¿En qué aspectos concretos beneficia al interés de los usuarios de autobuses postergar nuevamente la implementación de la sectorización? e)En concordancia con los lineamientos del decreto 28337-MOPT, específicamente en sus apartados 3 y 4, en lo referente al contrato de concesión firmado por los empresarios de autobús en su Artículo (sic) IV: Previsiones para la modernización del transporte público en la modalidad de autobús y tomando en cuenta que los empresarios de autobús operan bajo la figura precaria del permiso, cuyos parámetros están establecidos en los artículo 25 de la ley 3503 y el Transitorio I de la Ley 8826: ¿Se encuentran los empresarios comprometidos legalmente a implementar los esquemas operativos según lo requiera la modernización del transporte público sin indemnización alguna? ¿Cuál es el fundamento legal de su respuesta? f) ¿De no implementarse los sistemas operativos requeridos para la modernización del sistema de transporte remunerado de personas modalidad autobús por parte de los empresarios de autobuses esto constituirá incumplimiento contractual de los contratos de concesión? g) En relación con el Artículo VI: De las obligaciones de la concesionaria, del contrato de concesión firmado por los empresarios de autobús: ¿Cuáles son las únicas circunstancias bajo las cuales se les permitiría a los empresarios de autobús realizar un paro de labores? (…)". Agrega que, por oficio No. MGC-122-2016 de 7 de octubre de 2016, solicitó a la Viceministra de Transporte y Seguridad Vial lo siguiente: "(…) 1. ¿Cuál es el costo del nuevo estudio de demanda de pasajeros que se pretende efectuar? 2. ¿Con cuáles fondos será financiado el nuevo estudio? Además, solicito me indiquen si la Administración conoce el diseño final del informe general del proyecto SITP Pavas-San José del 2004, estudio al cual se le podría actualizar algunas variables relativas al tránsito y demanda de pasajeros, así como otros aspectos como lo es la reapertura del expediente donde SETENA otorga la vialidad técnica ambiental para el desarrollo del proyecto; bajo el entendido de que otras variables como los estudios de capacidad, inserción urbana, estructura de pavimentos, estructura y diseño de nodos, el sistema de cobro electrónico y otros aspectos ya se encuentran listos para ejecutar (…)". Señala que esos oficios fueron recibidos en el despacho del Ministro en fechas 4 y 10 de octubre de ese mismo año. Manifiesta que por oficio No. DVTSV-2016-00653 de 25 de octubre de 2016, el Ministro y la Viceministra, ambos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes atendieron, parcialmente, sus gestiones, dejando sin contestar un grupo relevante de cuestionamientos. Alega que en ese mismo oficio, en su folio quinto, párrafo tercero, se indicó que, por ser sus cuestionamientos de índole legal, las preguntas serían trasladadas a la Dirección Ejecutiva del Consejo de Transporte Público para que, en conjunto con la Dirección Jurídica de ese Consejo, se brindara una respuesta. Agrega que en el oficio de cita se dejó constancia del traslado al Director Ejecutivo del Consejo de Transporte Público así como a los miembros de la Junta Directiva de ese órgano colegiado. Reclama que, no obstante, a la fecha de interposición de este amparo, no se ha dado respuesta alguna a su gestión por parte del Director Ejecutivo del Consejo de Transporte Público.
2.- Mediante escrito presentado el 27 de enero de 2017, Hernán Bermúdez Sánchez, Director Ejecutivo a.i. del Consejo de Transporte Público aclara que el oficio No. MGC-117-2016, se refiere a una solicitud planteada ante el Despacho del Ministro de Obras Públicas y Transportes, nunca la señora Diputada Maritza Marcela Guerrero Campos, realizó tal requerimiento ante el Consejo de Transporte Público. El oficio No. MGC-117-2016 y el oficio No. MGC-122-2016 fueron atendidos por el Ministro de Obras Públicas y Transportes y la Viceministra de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, ambos del MOPT, con el oficio No. DVTSV-2016-00653 de 25 de octubre de 2016, y en la página 5 de dicho documento, en el párrafo segundo los suscribientes, literalmente indican que "e), f) y g).- En virtud de que éstas preguntas son estrictamente de índole contractual y legal, y que además no se deducen del contenido del reportaje periodístico que aquí nos ocupa, por ser una materia que compete de acuerdo con la Ley 7969 exclusivamente al CTP, le comunico que estamos trasladando sus preguntas a la Dirección Ejecutiva del CTP, para que en conjunto con la Dirección Jurídica de ese Consejo, nos dé una respuesta puntual a sus inquietudes ". En el oficio No. DWSV-2016-00653 de 25 de octubre del 2016, los suscribientes consignaron copia de dicha respuesta, tanto al Director Ejecutivo como a la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, las mismas fueron ingresadas por la Plataforma de Servicios de este Consejo, bajo los Expedientes 334799 (ambos) a las 14:47 horas, y en ambos casos se detalla, que lo recibido responde a " copia de DWSV-2016-0653. Referencia respuesta a oficioMGC-177-2016 y Oficio Mac-122-2016”. Adicionalmente mediante el artículo 6.1 de la Sesión ordinaria 55-2016, la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, recibe la copia del oficio No. DWSV-2016-00653, y acuerda dar por recibido dicho documento, dado que el mismo refiere a una copia. Conforme a la Certificación No. SDNCTP-17-01-00044 de las 13:20 horas de 25 de enero de 2017, la Secretaria de Actas, hace constar la existencia de siete folios numerados y sellados, que corresponden a la integralidad de documentos relacionados con el artículo 6.1 de la Sesión Ordinaria 55-2016 y entre tales documentos no consta la remisión del oficio indicado por la actora, a saber oficio No. MGC-1 17- 2016. Como consecuencia de esto, es relevante destacar, que en el oficio No. DWSV-2016-00653, los suscribientes nunca señalaron que con copia de ese documento, le estaban solicitando a mi representado atender las interrogantes de la actora, ya que lo realmente expresado por los mismos es que estamos trasladando sus preguntas a la Dirección Ejecutiva del CTP, para que en conjunto con la Dirección Jurídica de ese Consejo de una respuesta puntual a sus inquietudes, de importancia resaltar, que en dicha aseveración nunca señalaron los jerarcas del MOPT, el número de documento con el que trasladaron la consulta ante el Consejo de Transporte Público, así como tampoco señalaron que la respuesta debía dirigirse a la recurrente, siendo que lo indicado infiere expresamente que la respuesta de las interrogantes las gestionarían dichos Jerarcas, a quienes a su vez había que remitir por parte de éste Consejo, la respuesta puntual, tal y como se desprende de la afirmación "para que en conjunto con la Dirección Ejecutiva de ese Consejo de una respuesta puntual a sus inquietudes". De conformidad con lo anterior, cabe destacar que la actora nunca realizó la gestión directamente ante el Consejo de Transporte Público, sino que ésta fue tramitada ante el Despacho del Ministro. Dicho de otra manera, no consta en nuestros registros de ingreso de documentos que el Despacho del Ministro o Viceministra del MOPT, hubieran trasladado las interrogantes del oficio No. MGC-117- 2016, aludido por la actora, lo único que consta tal y como se expresó con anterioridad es el ingreso de las copias del oficio No. DWSV-2016-00653, no obstante ninguna ingresó acompañada de ningún traslado de correspondencia, ni de copia, ni indicación alguna para atender las interrogantes de la actora en relación a su oficio MGC-117-2016, que tampoco ha sido remitido hasta este momento.
3.- Mediante escrito presentado el 1 de febrero de 2017, la Magistrada Instructora amplia las partes del recurso y otorga audiencia al Ministro de Obras Públicas y Transportes, y a la Viceministra de Transporte y Seguridad Vial.
4.- Mediante escrito presentado el 7 de febrero de 2017, Carlos Villalta Villegas, Ministro de Obras Públicas y Transportes, y Liza Castillo Vásquez, Viceministra de Transportes y Seguridad Vial informan que actuaron en tiempo y forma a brindar respuesta a la señora Diputada Marcela Guerrero, lo cual consta en el oficio DW8V-2016- 00653 de fecha 25 de octubre del 2016, atendiendo de forma parcial la consulta, y el resto de gestiones se resolvió que serían trasladadas a la Dirección Ejecutiva del Consejo de Transporte Público para que en conjunto con la Dirección Jurídica se brindara la respuesta. La instrucción para que la Dirección Ejecutiva del CTP, en conjunto con la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Consejo contestara las preguntas a la recurrente es clara y no requería de ninguna indicación adicional. Nótese que esa instrucción era de conocimiento del Director Ejecutivo desde que fue notificado el amparo, aparte de que según consta en el Expediente No. 17-000457-0007-co, la recurrente presentó el 16 de enero de 2017 copia del oficio MGC-117-2016, con lo cual era de sobra conocido por el Director Ejecutivo y la Dirección de Asesoría Jurídica del CTP, el contenido del oficio de referencia.
5.- Mediante escrito presentado el 13 de febrero de 2017, Hernán Bermúdez Sánchez, Director Ejecutivo a.i. del Consejo de Transporte Público reitera los argumentos esbozados en el escrito de interposición del recurso. Aduce que recibió la solicitud formal de información el 7 de febrero de 2017, por parte del Ministro y la Viceministra de Obras Públicas y Transportes. Que la nota fue contestada el 10 de febrero de 2017. Además se remitió respuesta por correo electrónico a la Diputada el 10 de febrero de 2017.
6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Hernández López; y,
CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO: Acusa la accionante lesión al derecho de petición, por lo siguiente: El 4 de octubre de 2016, oficio No. MGC-117-2016, presentó una solicitud ante el Ministro de Obras Públicas y Transportes; y el 7 de octubre de 2016, oficio No. MGC-122-2016, presentó una solicitud de información ante la Viceministra de Transporte y Seguridad Vial. Explica que recibió una respuesta conjunta de la Administración que no abarca la totalidad de lo solicitado, ya que, los puntos e), f) y g) del oficio No. MGC-117-2016, de 4 de octubre de 2016 quedaron pendientes de contestar por la remisión a consulta al Consejo de Transporte Público. Sostiene que a la fecha se encuentra pendiente de resolver.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a. Por oficio No. MGC-117-2016 de 4 de octubre de 2016, la accionante solicitó al Ministro de Obras Públicas y Transportes, la siguiente información: "(…) a) Considerando que han transcurrido 17 años desde la publicación del decreto 28337-MOPT, y que se han realizado 5 estudios distintos de demanda de pasajeros a la fecha: ¿Cuáles son las razones técnicas y jurídicas por las cuales se decide reiniciar el procedimiento de ejecución de la sectorización de buses actual? b) El consorcio Epypsa-Sigma realizó en el 2014 un estudio sobre la demanda de pasajeros, el cual sirvió de base para el más reciente intento de sectorización de las líneas de buses en la capital. ¿Cuáles son las razones técnicas y jurídicas por las que se decide desechar este estudio y realizar uno nuevo? c) ¿Cuál será la empresa encargada de realizar el nuevo estudio de demanda de pasajeros, cuál ha sido el fundamento de su escogencia y que nuevos aspectos técnicos incorporará este estudio distintos a los ya realizados? d) ¿En qué aspectos concretos beneficia al interés de los usuarios de autobuses postergar nuevamente la implementación de la sectorización? e)En concordancia con los lineamientos del decreto 28337-MOPT, específicamente en sus apartados 3 y 4, en lo referente al contrato de concesión firmado por los empresarios de autobús en su Artículo (sic) IV: Previsiones para la modernización del transporte público en la modalidad de autobús y tomando en cuenta que los empresarios de autobús operan bajo la figura precaria del permiso, cuyos parámetros están establecidos en los artículo 25 de la ley 3503 y el Transitorio I de la Ley 8826: ¿Se encuentran los empresarios comprometidos legalmente a implementar los esquemas operativos según lo requiera la modernización del transporte público sin indemnización alguna? ¿Cuál es el fundamento legal de su respuesta? f) ¿De no implementarse los sistemas operativos requeridos para la modernización del sistema de transporte remunerado de personas modalidad autobús por parte de los empresarios de autobuses esto constituirá incumplimiento contractual de los contratos de concesión? g) En relación con el Artículo VI: De las obligaciones de la concesionaria, del contrato de concesión firmado por los empresarios de autobús: ¿Cuáles son las únicas circunstancias bajo las cuales se les permitiría a los empresarios de autobús realizar un paro de labores? (…)".Oficio que fue recibido en el despacho del Ministro el 4 de octubre de 2016 (ver documento); b. Por oficio No. MGC-122-2016 de 7 de octubre de 2016, la accionante solicitó a la Viceministra de Transporte y Seguridad Vial lo siguiente: "(…) 1. ¿Cuál es el costo del nuevo estudio de demanda de pasajeros que se pretende efectuar? 2. ¿Con cuáles fondos será financiado el nuevo estudio? Además, solicito me indiquen si la Administración conoce el diseño final del informe general del proyecto SITP Pavas-San José del 2004, estudio al cual se le podría actualizar algunas variables relativas al tránsito y demanda de pasajeros, así como otros aspectos como lo es la reapertura del expediente donde SETENA otorga la vialidad técnica ambiental para el desarrollo del proyecto; bajo el entendido de que otras variables como los estudios de capacidad, inserción urbana, estructura de pavimentos, estructura y diseño de nodos, el sistema de cobro electrónico y otros aspectos ya se encuentran listos para ejecutar (…)". Oficio que fue recibido en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el 10 de octubre de 2016 (ver documentación); c) Por oficio DWSV-2016-00653 de 25 Octubre de 2016, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes otorga respuesta conjunta a los oficios MGC-117-2016 y MGC-122-2016. En la respuesta se establece con relación a los puntos e), f) y g) del oficio No. MGC-117-2016, de 4 de octubre de 2016, siguiente: “ e), f) y g).-En virtud de que éstas preguntas son estrictamente de índole contractual y legal, y que además no se deducen del contenido del reportaje periodístico que aquí nos ocupa, por ser una materia que compete de acuerdo con la Ley 7969 exclusivamente al CTP, le comunico que estamos trasladando sus preguntas a la Dirección Ejecutiva del CTP, para que en conjunto con la Dirección Jurídica de ese Consejo, nos dé una respuesta puntual a sus inquietudes” (ver documentación); d) El 25 de octubre de 2016, el Consejo de Transporte Público recibió la copia del oficio DWSV-2016-00653 de 25 octubre de 2016, remitido por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (ver documentación); e) El 7 de febrero de 2017, el Ministro de Obras Públicas y Transportes y la Viceministra de Transporte y Seguridad Vial solicitan al Director Ejecutivo del Consejo de Transporte Público respuesta a los requerimientos e), f) y g) del oficio MGC-117-2016 presentado por la Diputada Guerrero Campos (ver documentación); d) Por oficio 2017000394 de 10 de febrero de 2016, la Dirección de Asesoría Jurídica del Consejo de Transporte Público comunica al Director Ejecutivo del Consejo de Transporte Público la información requerida mediante oficio DE-2017-0286 (ver documentación); e) Por oficio DE-2017-0325 del 10 de febrero de 2017, la Dirección Ejecutiva del Consejo de Transporte Público remite a la amparada la respuesta a los puntos e), f) y g) del oficio No. MGC-117-2016, de 4 de octubre de 2016, comunicación que se efectúo el 10 de febrero de 2017 al correo electrónico [email protected] (ver documentación).
III.SOBRE LA ACTUACION DE LOS PERSONEROS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. Después de analizar los elementos probatorios aportados este Tribunal verifica la lesión al artículo 27 de la Constitución Política. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que por oficio No. MGC-117-2016 de 4 de octubre de 2016, la accionante solicitó al Ministro de Obras Públicas y Transportes, la siguiente información: "(…) a) Considerando que han transcurrido 17 años desde la publicación del decreto 28337-MOPT, y que se han realizado 5 estudios distintos de demanda de pasajeros a la fecha: ¿Cuáles son las razones técnicas y jurídicas por las cuales se decide reiniciar el procedimiento de ejecución de la sectorización de buses actual? b) El consorcio Epypsa-Sigma realizó en el 2014 un estudio sobre la demanda de pasajeros, el cual sirvió de base para el más reciente intento de sectorización de las líneas de buses en la capital. ¿Cuáles son las razones técnicas y jurídicas por las que se decide desechar este estudio y realizar uno nuevo? c) ¿Cuál será la empresa encargada de realizar el nuevo estudio de demanda de pasajeros, cuál ha sido el fundamento de su escogencia y que nuevos aspectos técnicos incorporará este estudio distintos a los ya realizados? d) ¿En qué aspectos concretos beneficia al interés de los usuarios de autobuses postergar nuevamente la implementación de la sectorización? e)En concordancia con los lineamientos del decreto 28337-MOPT, específicamente en sus apartados 3 y 4, en lo referente al contrato de concesión firmado por los empresarios de autobús en su Artículo (sic) IV: Previsiones para la modernización del transporte público en la modalidad de autobús y tomando en cuenta que los empresarios de autobús operan bajo la figura precaria del permiso, cuyos parámetros están establecidos en los artículo 25 de la ley 3503 y el Transitorio I de la Ley 8826: ¿Se encuentran los empresarios comprometidos legalmente a implementar los esquemas operativos según lo requiera la modernización del transporte público sin indemnización alguna? ¿Cuál es el fundamento legal de su respuesta? f) ¿De no implementarse los sistemas operativos requeridos para la modernización del sistema de transporte remunerado de personas modalidad autobús por parte de los empresarios de autobuses esto constituirá incumplimiento contractual de los contratos de concesión? g) En relación con el Artículo VI: De las obligaciones de la concesionaria, del contrato de concesión firmado por los empresarios de autobús: ¿Cuáles son las únicas circunstancias bajo las cuales se les permitiría a los empresarios de autobús realizar un paro de labores? (…)".Oficio que fue recibido en el despacho del Ministro el 4 de octubre de 2016. Por oficio No. MGC-122-2016 de 7 de octubre de 2016, la accionante solicitó a la Viceministra de Transporte y Seguridad Vial lo siguiente: "(…) 1. ¿Cuál es el costo del nuevo estudio de demanda de pasajeros que se pretende efectuar? 2. ¿Con cuáles fondos será financiado el nuevo estudio? Además, solicito me indiquen si la Administración conoce el diseño final del informe general del proyecto SITP Pavas-San José del 2004, estudio al cual se le podría actualizar algunas variables relativas al tránsito y demanda de pasajeros, así como otros aspectos como lo es la reapertura del expediente donde SETENA otorga la vialidad técnica ambiental para el desarrollo del proyecto; bajo el entendido de que otras variables como los estudios de capacidad, inserción urbana, estructura de pavimentos, estructura y diseño de nodos, el sistema de cobro electrónico y otros aspectos ya se encuentran listos para ejecutar (…)". Oficio que fue recibido en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el 10 de octubre de 2016. Por oficio DWSV-2016-00653 de 25 Octubre de 2016, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes otorga respuesta conjunta a los oficios MGC-117-2016 y MGC-122-2016. En la respuesta se establece con relación a los puntos e), f) y g) del oficio No. MGC-117-2016, de 4 de octubre de 2016, siguiente: “ e), f) y g).-En virtud de que éstas preguntas son estrictamente de índole contractual y legal, y que además no se deducen del contenido del reportaje periodístico que aquí nos ocupa, por ser una materia que compete de acuerdo con la Ley 7969 exclusivamente al CTP, le comunico que estamos trasladando sus preguntas a la Dirección Ejecutiva del CTP, para que en conjunto con la Dirección Jurídica de ese Consejo, nos dé una respuesta puntual a sus inquietudes ”. El 25 de octubre de 2016, el Consejo de Transporte Público recibió la copia del oficio DWSV-2016-00653 de 25 octubre de 2016, remitido por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El 7 de febrero de 2017, el Ministro de Obras Públicas y Transportes y la Viceministra de Transporte y Seguridad Vial solicitan al Director Ejecutivo del Consejo de Transporte Público respuesta a los requerimientos e), f) y g) del oficio MGC-117-2016 presentado por la Diputada Guerrero Campos. Que a la fecha la amparada no ha recibido respuesta a los puntos e), f) y g) del oficio No. MGC-117-2016, de 4 de octubre de 2016.
De lo expuesto, la Sala determina que las gestiones formuladas por la recurrente en fechas 4 y 10 de octubre de 2016, fueron atendidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el 25 de octubre de 2016. Sin embargo, se comprueba que las autoridades expresamente indicaron que omitían dar respuesta a los puntos e), f) y g) del oficio No. MGC-117-2016, de 4 de octubre de 2016, ya que era necesario de previo realizar consulta al Consejo de Transporte Público. Por lo anterior, lo procedente es declarar con lugar el recurso al comprobarse que a la fecha de presentación de este recurso no se había dado respuesta a la tutelada y el plazo transcurrido resulta excesivo, sea superior a 3 meses. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso en este extremo.
IV.- Por otra parte, la Sala comprueba que el 7 de febrero de 2017, el Ministro de Obras Públicas y Transportes y la Viceministra de Transporte y Seguridad Vial solicitan al Director Ejecutivo del Consejo de Transporte Público respuesta a los requerimientos e), f) y g) del oficio MGC-117-2016 presentado por la Diputada Guerrero Campos. Que por oficio 2017000394 de 10 de febrero de 2016, la Dirección de Asesoría Jurídica del Consejo de Transporte Público comunica al Director Ejecutivo del Consejo de Transporte Público la información requerida mediante oficio DE-2017-0286. Que por oficio DE-2017-0325 del 10 de febrero de 2017, la Dirección Ejecutiva del Consejo de Transporte Público remite a la amparada la respuesta a los puntos e), f) y g) del oficio No. MGC-117-2016, de 4 de octubre de 2016, comunicación que se efectúo el 10 de febrero de 2017 al correo electrónico [email protected] . De manera que al verificarse que la respuesta requerida por la amparada fue brindada con ocasión de la presentación de este recurso de amparo, lo procedente es declarar con lugar el recurso para efectos indemnizatorios.
V.SOBRE LA ACTUACION DE LOS PERSONEROS DEL CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO. La Sala rechaza que la actuación de los personeros del Consejo de Transporte Público lesione el derecho de petición de la amparada. Al respecto se tiene por acreditado que no existe solicitud expresa de la amparada, gestionando información de los puntos e), f) y g) del oficio No. MGC-117-2016, de 4 de octubre de 2016. Por lo anterior, no se ha lesionado el artículo 27 de la Constitución Política. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso en este extremo.
VI.VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. El suscrito Magistrado concurro en la estimatoria del amparo que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…) ”. Es decir, que hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo diga se declara con lugar el recurso. Sin embargo, disiente del voto de la mayoría en lo tocante a la condenatoria en costas, daños y perjuicios, porque ese artículo 52 establece en ese mismo párrafo, parte final, que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes ”, lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además el contenido de la pretensión del amparado y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar que lo dispuesto en el artículo 51 LJC cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal general o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la LJC (Cfr. artículo 14) y el sometimiento de la Sala a la Constitución y la ley no se refiere únicamente a la de la Jurisdicción Constitucional, naturalmente. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior me inclino por resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI. POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Consejo de Transporte Público se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Hernández Gutiérrez salva el voto de forma parcial.
Fernando Cruz C.
Presidente a.i Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Aracelly Pacheco S.
Jose Paulino Hernández G.
Ronald Salazar Murillo Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *RWONWPJPHRQ61*
Document not found. Documento no encontrado.