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Res. 01622-2017 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 03/02/2017
OutcomeResultado
The amparo was partially granted, ordering the State to pay costs and damages for violation of the right to health due to lack of continuous potable water supply, while the claim regarding sewage was denied as the problem had been resolved.Se declaró parcialmente con lugar el amparo, condenando al Estado al pago de costas, daños y perjuicios por la violación del derecho a la salud por falta de suministro continuo de agua potable, aunque se declaró sin lugar en cuanto a la denuncia por aguas negras ya solucionada.
SummaryResumen
Three inmates of the La Reforma Institutional Care Center filed an amparo action alleging violation of their right to health due to rationing of potable water and the emission of sewage odors in Module D. The Constitutional Chamber found that there was a discontinuous water supply, limited to twenty-minute periods during the day and suspended for twelve hours at night, affecting hygiene and generating unbearable odors. It was also proven that the sewage problem had already been resolved by order of the Ministry of Health. The Chamber considered that the lack of continuous potable water constituted negligent and arbitrary conduct by the prison administration, violating the inmates' right to health, even though the service was restored during the amparo proceedings. Consequently, it partially granted the amparo for compensatory purposes and ordered the State to pay costs and damages. The ruling includes separate opinions on jurisdiction over environmental matters and a partial dissenting vote regarding the award of costs.Tres reclusos del Centro de Atención Institucional La Reforma interpusieron recurso de amparo alegando violación a su derecho a la salud por el racionamiento de agua potable y la emanación de aguas negras en el Ámbito D. La Sala Constitucional constató que existió un suministro discontinuo de agua, limitado a lapsos de veinte minutos durante el día y suspendido por doce horas en la noche, lo que afectaba la higiene y generaba olores insoportables. También se acreditó que el problema de aguas negras ya había sido solucionado por orden del Ministerio de Salud. La Sala consideró que la falta de agua potable continua constituyó una actuación negligente y arbitraria de la administración penitenciaria, vulnerando el derecho a la salud de los reclusos, aunque el servicio se restableció durante la tramitación del amparo. Por ello, declaró parcialmente con lugar el recurso para efectos indemnizatorios y condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios. En el voto se incluyen notas sobre la competencia en materia ambiental y un voto salvado parcial respecto a la condenatoria en costas.
Key excerptExtracto clave
From this perspective, it is evident that the lack of water supply claimed in this amparo action dates back several months, since the petitioners came to the Chamber in June 2016, and in the report rendered in January 2017, the respondent authorities indicate that it was not until January 5, 2017, that the Maintenance Department of the Penitentiary Center requested authorization to install potable water piping to supply water twenty-four hours a day to pavilions D-5 and D-6. In view of the foregoing, the Chamber considers that there was negligent and arbitrary conduct by the respondent institution, since several months had passed in which the inmates were forced to endure the problems caused by the rationing of potable water. However, during the course of this amparo proceeding, and after being notified (January 4, 2017), the respondent authority reported under oath that on January 12, 2017, the potable water piping was installed in modules D-5 and D-6 of the Living Area, so there is now potable water service twenty-four hours a day. Therefore, the appropriate course is to grant the amparo for compensatory purposes only. On the other hand, the petitioners allege that a roofed sidewalk was built over a sewer that emits black water and fecal odors. From the case file, it is established that through sanitary order No. 0S.ARS2-084-2016-CV, the Ministry of Health ordered the respondent center to "carry out the necessary work in order to dispose of the sewage in a sanitary manner, in order to eliminate the environmental problem that was evident in the surroundings of Areas A, B, D"; on November 28, 2016, the sanitary inspectors appeared to follow up on said sanitary order and verified that the sewage is disposed of in a sanitary manner, so the reported environmental problem does not exist. In view of the foregoing, it is not verified that, to date, the alleged contamination claimed by the petitioners exists. Therefore, on this point, the amparo is declared without merit.Bajo esta perspectiva, se evidencia que la falta de abastecimiento de agua que se reclama mediante el presente amparo, data de varios meses, pues los recurrentes acuden a la Sala en el mes de junio de 2016 y en el informe rendido en enero de 2017, las autoridades recurridas señalan que no fue sino hasta el 5 de enero de 2017, que el Departamento de Mantenimiento del Centro Penitenciario solicitó la autorización para realizar la instalación de tubería de agua potable para abastecer el agua las veinticuatro horas del día a los pabellones D-5 y D-6. En virtud de lo expuesto, la Sala considera que existe una actuación negligente y arbitraria de la institución accionada, ya que que han transcurrido varios meses en que los privados se ven obligados a soportar los problemas que genera el racionamiento de agua potable. Sin embargo, estando en proceso el presente recurso de amparo, y luego de notificada (4 de enero de 2017), la autoridad recurrida informó bajo juramento que el 12 de enero de 2017, se instaló la tubería de agua potable en los módulos D-5 y D-6 del Ámbito de Convivencia, por lo se cuenta que servicio de agua potable las veinticuatro horas del día. Ergo, lo correspondiente es acoger el recurso para meros efectos indemnizatorios Por otra parte, los recurrentes alegan que se construyó una acera techada sobre una alcantarilla que emana aguas negras y olores a materia fecal. De los autos se constata que mediante orden sanitaria No. 0S.ARS2-084-2016-CV, el Ministerio de Salud ordenó al centro recurrido “realizar los trabajos necesarios a fin de que se disponga sanitariamente las aguas negras, a fin de eliminar el problema ambiental que se evidenció en los alrededores de los Ámbitos A,B,D" , el 28 de noviembre de 2016, los inspectores sanitarios se apersonaron a dar seguimiento a dicha orden sanitaria y verificaron que las aguas negras se disponen sanitariamente, por lo que no existe el problema ambiental denunciado. En virtud de lo expuesto, no se verifica de que a la fecha, exista la presunta contaminación alegada por los recurrentes. Por lo anterior, en cuanto este extremo se declara sin lugar el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"Bajo esta perspectiva, se evidencia que la falta de abastecimiento de agua que se reclama mediante el presente amparo, data de varios meses, pues los recurrentes acuden a la Sala en el mes de junio de 2016 y en el informe rendido en enero de 2017, las autoridades recurridas señalan que no fue sino hasta el 5 de enero de 2017, que el Departamento de Mantenimiento del Centro Penitenciario solicitó la autorización para realizar la instalación de tubería de agua potable para abastecer el agua las veinticuatro horas del día a los pabellones D-5 y D-6."
"From this perspective, it is evident that the lack of water supply claimed in this amparo action dates back several months, since the petitioners came to the Chamber in June 2016, and in the report rendered in January 2017, the respondent authorities indicate that it was not until January 5, 2017, that the Maintenance Department of the Penitentiary Center requested authorization to install potable water piping to supply water twenty-four hours a day to pavilions D-5 and D-6."
Considerando IV
"Bajo esta perspectiva, se evidencia que la falta de abastecimiento de agua que se reclama mediante el presente amparo, data de varios meses, pues los recurrentes acuden a la Sala en el mes de junio de 2016 y en el informe rendido en enero de 2017, las autoridades recurridas señalan que no fue sino hasta el 5 de enero de 2017, que el Departamento de Mantenimiento del Centro Penitenciario solicitó la autorización para realizar la instalación de tubería de agua potable para abastecer el agua las veinticuatro horas del día a los pabellones D-5 y D-6."
Considerando IV
"la Sala considera que existe una actuación negligente y arbitraria de la institución accionada, ya que que han transcurrido varios meses en que los privados se ven obligados a soportar los problemas que genera el racionamiento de agua potable."
"the Chamber considers that there was negligent and arbitrary conduct by the respondent institution, since several months had passed in which the inmates were forced to endure the problems caused by the rationing of potable water."
Considerando IV
"la Sala considera que existe una actuación negligente y arbitraria de la institución accionada, ya que que han transcurrido varios meses en que los privados se ven obligados a soportar los problemas que genera el racionamiento de agua potable."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER Date of Resolution: February 3, 2017 at 09:25 Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER *170000260007CO* Res. No. 2017001622 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty-five minutes on February third, two thousand seventeen.
Amparo appeal processed in expediente number 17-000026-0007-CO, filed by CARLOS BOSCO DESANTI GARCIA, identity card 0104690145, JEAN CARLOS DESANTI DELGADO, identity card 0114810628, KEVIN GAMBOA SALAZAR, identity card 0114200424, against the LA REFORMA INSTITUTIONAL CARE CENTER and the GENERAL DIRECTORATE OF SOCIAL ADAPTATION.-
Whereas:
1.- By pleading received at the Secretariat of the Chamber at 11:18 a.m. on June 28, 2016, the appellants file an amparo appeal against the La Reforma Institutional Care Center. They state that in the La Reforma Institutional Care Center, Scope D, a roofed sidewalk was built over a sewer that emanates black water and fecal matter odors. They add that at 5:40 p.m. the water supply is suspended for twelve hours and they are left with two barrels to supply six sanitary services, two urinals, and to wash utensils for eighty-four people. However, that amount of water is insufficient for so many people, and therefore, the sanitary services in the dormitories produce unbearable odors during the night, given the lack of water for their cleaning. They add that during the day the service is established for them at the following times: from 5:40 to 6:00 a.m., from 7:20 to 7:40 a.m., from 8:20 to 8:40 a.m., from 9:20 to 9:40 a.m., and from 10:50 to 11:10 a.m. Likewise, from 12:20 to 12:40 p.m., from 1:50 to 2:10 p.m., from 3:20 to 3:40 p.m., from 4:40 to 4:50 p.m., and from 5:20 to 5:40 p.m. Based on the foregoing, they consider their fundamental rights violated. The appellants request that the appeal be granted and that the respondent authority be ordered to respect their fundamental rights.
2.- By pleading received at the Secretariat of the Chamber, at 2:54 p.m. on January 6, 2017, William Pérez Montero reports under oath, in his capacity as Director of the La Reforma Institutional Care Center, that the sidewalk the appellants allude to is not built over a sewer. Indeed, at a distance of two meters there is a sewer with its proper manhole cover, and there is a small manhole cover in a segment of the sidewalk. The black water problem was solved, in compliance with Sanitary Order No. OS-ARA-084-2016-CV, which ordered the necessary work to be carried out to sanitarily dispose of the black water and eliminate the environmental problem that was evidenced in the surroundings of Scopes A, B, and D (pavilions D-5 and D-6). Regarding the water supply in modules D-5 and D-6, there is a problem with the water supply, since the last liquid supply shift begins at 17:20, lasts for a period of twenty minutes, and the water does not return until the next day at 5:30 a.m. Instructions have already been issued to the Center's Maintenance Department for the installation of potable water piping to supply the liquid twenty-four hours a day to said pavilions. While this is being accomplished, and so that the population does not lack the vital liquid, they proceeded to supply them with containers (barrels) for water storage. They add that during the day, the water service is established at the following times: 5:40 to 6 a.m., from 7:20 to 7:40 a.m., from 8:20 to 8:40 a.m. Said times were communicated to the population, so that they can organize themselves regarding the use of water, according to the supply hours.
3.- By pleading received at the Secretariat of the Chamber, at 11:26 a.m. on January 11, 2017, Luis Mariano Barrantes Angulo reports under oath, in his capacity as General Director of Social Adaptation, that the black water problem has already been solved in the respondent penitentiary center, as stated in the Ministry of Health report dated November 29, 2016, CN-ARS-A2-1908-2016, in which it was concluded that they are disposed of sanitarily and the environmental problem has already been solved. Regarding the water supply, a daily supply schedule has been temporarily arranged, which has been communicated to the population, with the supply being cut off after 5:40 p.m. until the next day, and therefore sufficient containers (barrels) were provided for them to reserve the liquid so they can cover their needs during the night. In this way, it is guaranteed that the prison population is not unsupplied and can satisfy the water demand. The Administration of the center has already issued instructions to the Maintenance Department so that, through work order #28-01, the installation of potable water piping is carried out to supply the liquid twenty-four hours a day to the aforementioned pavilions. It requests that the appeal be dismissed.
4.- By pleading received at 4:38 p.m. on January 16, 2017, Luis Mariano Barrantes Angulo reports under oath, in his capacity as Acting General Director of Social Adaptation, that the claim of the persons deprived of liberty, Desanti García, Desanti Delgado, and Gamboa Salazar, no longer has a basis, since they and the entire prison population of Scope D of the La Reforma Institutional Care Center now have potable water service without interruptions, as the piping is connected to a network that guarantees the supply twenty-four hours a day. It requests that the appeal be dismissed.
5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.
Drafted by Judge Salazar Alvarado; and,
Considering:
I.- Object of the appeal.- The appellants, who are deprived of liberty in the CAI La Reforma, allege that in Scope D, there is a roofed sidewalk over a sewer that emanates black water and fecal matter odors. Furthermore, at 5:40 p.m. the water supply is suspended for twelve hours and they are left with two barrels, which is insufficient to supply six sanitary services, two urinals, and to wash utensils for eighty-four people, with the dormitory sanitary services producing unbearable odors during the night. During the day, the service is restored for them at the following times: from 5:40 to 6:00 a.m., from 7:20 to 7:40 a.m., from 8:20 to 8:40 a.m., from 9:20 to 9:40 a.m., and from 10:50 to 11:10 a.m. Likewise, from 12:20 to 12:40 p.m., from 1:50 to 2:10 p.m., from 3:20 to 3:40 p.m., from 4:40 to 4:50 p.m., and from 5:20 to 5:40 p.m.. They consider the right to health to be injured.
II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
III.- Unproven facts. The following facts of relevance for this resolution are not deemed demonstrated:
IV.- On the merits. - From the list of proven facts and from the study of the case records, this Chamber observes that we are in the presence of a population that is deprived of liberty in a penitentiary center, and according to what was alleged by the appellants, their right to health has been violated, since there is a problem of potable water shortage. Indeed, it is proven that in modules D5 and D6 of the Scope of Coexistence D, water is supplied to the persons deprived of liberty in periods of twenty minutes during the following times: 5:30 am, 7:30 am, 8:30 am, 9:30 am, 10:50 am, 12:30 md, 13:50 pm, 15:20 pm, 16:45 pm, and 17:20 pm, the latter being the last delivery shift and it does not return until the next day at 5:30 am. In its defense, the respondent authority stated under oath that this is certainly the case; however, that the prison population maintains access to the liquid through barrels where the water is stored. Given the foregoing, it is clear that this situation generates a sanitary problem of great dimensions, because the consequences caused by not having the quantity or continuity of potable water to supply all needs throughout the entire day and during all hours are serious, given the number of people who live there. Under this perspective, it is evident that the lack of water supply claimed through this amparo has been ongoing for several months, since the appellants came to the Chamber in June 2016, and in the report rendered in January 2017, the respondent authorities point out that it was not until January 5, 2017, that the Maintenance Department of the Penitentiary Center requested authorization to install potable water piping to supply water twenty-four hours a day to pavilions D-5 and D-6. Based on the foregoing, the Chamber considers that there is negligent and arbitrary conduct by the respondent institution, since several months have passed in which the inmates are forced to endure the problems generated by the rationing of potable water. In a similar vein, this Chamber, by judgment No. 2015012177 of 09:05 a.m. on August 7, 2015, ordered the following: "(…) However, repairing the fault took four days, during which the population suffered serious disruptions—rationing and what that entails—with the water supply. It should be noted that, dealing with a population deprived of liberty, the problem of potable water supply takes on other dimensions that cannot go unnoticed by this Constitutional Court. In this regard, the special relationship of subjection in which those deprived of liberty find themselves, and the coexistence problems that could arise among the inmates due to the prioritized satisfaction of their needs, must be considered, especially if this situation becomes permanent for four days, despite the attempt to supply potable water through the other supply sources already cited. For these reasons, it is evident that the respondent Administration's delay in solving the pump damage violated the right to health of the appellant and the other persons deprived of liberty. Consequently, the appropriate action is to grant the appeal." However, while this amparo appeal is in process, and after being notified (January 4, 2017), the respondent authority reported under oath that on January 12, 2017, the potable water piping was installed in modules D-5 and D-6 of the Scope of Coexistence, whereby potable water service is available twenty-four hours a day. Ergo, the corresponding action is to uphold the appeal for mere indemnification purposes.
V.- On the other hand, the appellants allege that a roofed sidewalk was built over a sewer that emanates black water and fecal matter odors. From the case records, it is verified that by sanitary order No. 0S.ARS2-084-2016-CV, the Ministry of Health ordered the respondent center "to carry out the necessary work so that the black water is disposed of sanitarily, in order to eliminate the environmental problem that was evidenced in the surroundings of Scopes A, B, D"; on November 28, 2016, the sanitary inspectors appeared to follow up on said sanitary order and verified that the black water is disposed of sanitarily, whereby the denounced environmental problem does not exist. Based on the foregoing, it is not verified that, as of this date, the alleged contamination claimed by the appellants exists. Therefore, the appeal is dismissed regarding this point.
VI.- NOTE BY JUDGE JINESTA LOBO. The undersigned Judge clarifies that although environmental matters, when there is administrative intervention of any kind, are remitted to the contentious-administrative jurisdiction, the truth is that in the case of complaints where a presumed contamination is alleged, caused by the irregular flow of black water and the generation of bad odors that, in turn, affects the persons deprived of liberty of the La Reforma Care Center, he will not do so. This is because other rights of the protected parties affected are at stake, such as health and the right to enjoy a dignified quality of life.
VII.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. I have concurred with the position held by Judge Jinesta Lobo on this matter, so that, in environmental matters, it is also this undersigned's opinion that, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where contamination from black water and bad odors in the La Reforma Institutional Care Center is accused, which affects the persons deprived of liberty confined there, in violation of their right to health and the enjoyment of a dignified quality of life.
VIII.- PARTIAL DISSENT OF JUDGE HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. The undersigned Judge concurs in the grant of the amparo that operates ex lege, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC), which provides: "If, while the amparo is in course, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the impugned action, the appeal shall be granted (…)". That is, there is an express text in the law that obligates that the operative part of the ruling say the appeal is granted. However, I dissent from the vote of the majority regarding the award of costs and damages, because that article 52 establishes in that same paragraph, final part, that the grant is issued "solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable". It is emphasized that the Law indicates "if they are applicable", which means that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighting by the Court. In cases like this, where an abnormal termination of the process occurs, comparable to a withdrawal due to extra-procedural satisfaction, it is not appropriate to award costs, nor damages, because the economic consequences of the judgment are similar to those of a filing of the expediente. Furthermore, the content of the petition of the protected party and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that such impairments, injuries, or patrimonial alterations have not taken place; at least in this amparo, there are no elements of judgment suggesting otherwise. Nothing prevents the Chamber, in exceptional cases, from considering the applicability of indemnification. When laws present omissions or deficiencies, it is up to the judges to correct these shortcomings; if laws lack clarity in certain aspects, there is no other remedy than to interpret and apply them according to the demands of procedural logic. To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight that what is provided in article 51 LJC, when it provides that: "any resolution that upholds the appeal shall award in the abstract the indemnification for the damages caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the execution of judgment", refers to a natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of facts that have violated the fundamental rights of the plaintiff in the process. The principles of Constitutional Law, those of Public and general Procedural Law, or, where appropriate, those of International or Community Law, and, furthermore, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other Procedural Codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the LJC (Cf. article 14), and the Chamber's submission to the Constitution and the law does not refer only to that of the Constitutional Jurisdiction, naturally. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197, which responds to the procedural logic in any matter. Added to the foregoing are factual reasons, which the Chamber cannot ignore, as demonstrated by almost three decades of the Constitutional Jurisdiction created in 1989, during which an abusive exercise of the vicarious action in the amparo appeal has been generated, with aims of wealth from indemnification, to the extent that the presumed victims do not participate directly. Based on the foregoing, I am inclined to resolve this appeal without an award of costs, damages, or prejudice.
IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are advised that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on the Electronic Expediente before the Judicial Branch", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The appeal is partially granted, solely for the purpose of ordering the State to pay the costs, damages, and prejudice caused, which shall be liquidated in the execution of judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Judges Jinesta Lobo and Salazar Alvarado make notes. Judge Hernández Gutiérrez dissents regarding the award of costs, damages, and prejudice.
Ernesto Jinesta L. President Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Enrique Ulate C.
Jose Paulino Hernández G.
Digitally Signed Document -- Verification code -- *GFCAIIW9QRO61* Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 04:30:28.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *170000260007CO* Res. Nº 2017001622 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del tres de febrero de dos mil diecisiete .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 17-000026-0007-CO, interpuesto por CARLOS BOSCO DESANTI GARCIA, cédula de identidad 0104690145, JEAN CARLOS DESANTI DELGADO, cédula de identidad 0114810628, KEVIN GAMBOA SALAZAR, cédula de identidad 0114200424, contra el CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL LA REFORMA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL .-
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:18 horas del 28 de junio de 2016, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el Centro de Atención Institucional La Reforma. Manifiesta que en el Centro de Atención Institucional La Reforma, Ámbito D, se construyó una acera techada sobre una alcantarilla que emana aguas negras y olores a materia fecal. Agregan que al ser las 5:40 p.m. se suspende el suministro de agua por doce horas y les dejan dos estañones para abastecer seis servicios sanitarios, dos orinales y lavar utensilios para ochenta y cuatro personas. No obstante, esa cantidad de agua es insuficiente para tanta gente, y por ende, los servicios sanitarios de los dormitorios producen olores insoportables durante la noche, dada la falta de agua para su limpieza. Agregan que durante el día se les establece el servicio en los siguientes horarios: de 5:40 a 6:00 a.m., de 7:20 a 7:40 a.m., de 8:20 a 8:40 a.m., de 9:20 a 9:40 a.m. y de 10:50 a 11:10 a.m.. Asimismo, de 12:20 a 12:40 p.m. de 1:50 a 2:10 p.m., de 3:20 a 3:40 p.m. de 4:40 a 4:50 p.m. y de 5:20 a 5:40 p.m.. Con motivo de lo antes expuesto, estiman conculcados sus derechos fundamentales. Solicitan los recurrentes que se declare con lugar el recurso y se ordene a la autoridad recurrida a respetar sus derechos fundamentales.
2.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala, a las 14:54 horas del 6 de enero de 2017, informa bajo juramento William Pérez Montero, en su condición de Director del Centro de Atención Institucional La Reforma, que la acera que aluden los recurrentes, no está construida sobre una alcantarilla. Efectivamente, a una distancia de dos metros existe una alcantarilla con su debida tapa de registro, y hay una tapa de registro pequeña en un segmento de la acera. El problema de aguas negras fue solucionado, en cumplimiento de la orden Sanitaria N° OS-ARA-084-2016-CV, en la que se ordenó realizar los trabajos necesarios para disponer sanitariamente las aguas negras y eliminar el problema ambiental que se evidenció en los alrededores de los ámbitos A, B y D (pabellones D-5 y D-6). En cuanto al suministro de agua en los módulos D-5 y D-6, hay problema con el suministro de agua, ya que el último turno de suministro del líquido, inicia a las 17:20 dura un lapso de veinte minutos y el agua regresa hasta el día siguiente a las 5:30 am. Ya se giraron instrucciones al Departamento de Mantenimiento del Centro, para que se realice la instalación de la tubería de agua potable para abastecer del líquido las veinticuatro horas a dichos pabellones. Mientras se logra cumplir con ello, y con el fin de que la población no carezca de liquido vital, se procedió a suministrarles recipientes (estañones) para el almacenamiento del agua. Agregan que durante el día se establece el servicio de agua en los siguientes horarios 5:40 a 6 am, de 7:20 a 7:40 am, de 8:20 a 840 am. Dichos horarios le fueron comunicados a la población, para que ellos se organicen en cuanto al uso del agua, según las horas de suministro.
3.- Por escrito recibido en la Secretaria de la Sala, a las 11:26 horas del 11 de enero de 2017, informa bajo juramento Luis Mariano Barrantes Angulo, en su condición de Director General de Adaptación Social, que el problema de las aguas negras ya fue solucionado en el centro penitenciario recurrido, según consta en informe del Ministerio de Salud de fecha 29 de noviembre de 2016, CN-ARS-A2-1908-2016, en el que se concluyó que las mismas se disponen sanitariamente y el problema ambiental ya fue solucionado. En cuanto al suministro de agua, temporalmente se ha dispuesto un horario de suministro diario, el cual ha sido comunicado a la población, siendo que después de las 5:40 pm se corta el suministro hasta el día siguiente, por lo que se les entregó recipientes suficientes (estañones) para que reserven el liquido a fin de que cubran sus necesidades durante la noche. De esta forma, se garantiza que la población penal no esté desabastecida y pueda satisfacer la demanda de agua. La Administración del centro ya giró instrucciones al Departamento de Mantenimiento para que mediante orden de trabajo #28-01, se realice la instalación de la tubería de agua potable para abastecer del líquido las veinticuatro horas a los citados pabellones. Solicita se declare sin lugar el recurso.
4.- Por escritro recibido a las 16:38 horas del 16 de enero de 2017, informa bajo juramento Luis Mariano Barrantes Angulo, en su condición de Director General a.i. de Adaptación Social, que el reclamo de los privados de libertad Desanti García, Desanti Delgado y Gamboa Salazar ya no encuentra fundamento, pues ellos y toda la población penal del Ámbito D, del Centro de Atención Institucional La Reforma ya cuentan con un servicio de agua potable sin interrupciones, pues la tubería está conectada a una red que garantiza el abastecimiento durante las veinticuatro horas. Solicita se declare sin lugar el recurso.
5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso.- Los recurrentes, quienes se encuentran privados de libertad en el CAI La Reforma, alegan que en el Ámbito D, existe una acera techada sobre una alcantarilla que emana aguas negras y olores a materia fecal. Además, a las 5:40 p.m. se suspende el suministro de agua por doce horas y les dejan dos estañones, lo cual es insuficiente para abastecer seis servicios sanitarios, dos orinales y lavar utensilios para ochenta y cuatro personas, siendo que los servicios sanitarios de los dormitorios producen olores insoportables durante la noche. Durante el día se les restablece el servicio en los siguientes horarios: de 5:40 a 6:00 a.m., de 7:20 a 7:40 a.m., de 8:20 a 8:40 a.m., de 9:20 a 9:40 a.m. y de 10:50 a 11:10 a.m.. Asimismo, de 12:20 a 12:40 p.m. de 1:50 a 2:10 p.m., de 3:20 a 3:40 p.m. de 4:40 a 4:50 p.m. y de 5:20 a 5:40 p.m.. Consideran lesionados el derecho a la salud.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
III.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:
IV.- Sobre el fondo. - Del elenco de hechos probados y del estudio de los autos, esta Sala observa que se está en presencia de una población que se encuentra privada de libertad en un centro penitenciario, y según lo alegado por los recurrentes, se ha quebrantado su derecho a la salud, pues existe un problema de desabastecimiento de agua potable. Efectivamente, se tiene por acreditado, que en los módulos D5 y D6, del Ámbito de Convivencia D, se les suministra agua a los privados de libertad por lapsos de veinte minutos durante los siguientes horarios: 5:30 am, 7:30 am, 8:30 am, 9:30 am, 10:50 am, 12:30 md, 13:50 pm, 15:20 pm, 16:45 pm y 17:20 pm, siendo éste, el último turno de entrega y regresa hasta el día siguiente a las 5:30 am. En su defensa, la autoridad recurrida manifestó bajo juramento que ciertamente ello es así; empero que la población penal mantiene acceso al líquido mediante estañones en donde se almancena el agua. Dado lo anterior, es claro que dicha situación genera un problema sanitario de grandes dimensiones, pues las consecuencias que ocasiona no tener la cantidad ni la continuidad de agua potable para abastecer todas las necesidades durante todo el día y durante todas las horas, son graves dada la cantidad de personas que allí conviven. Bajo esta perspectiva, se evidencia que la falta de abastecimiento de agua que se reclama mediante el presente amparo, data de varios meses, pues los recurrentes acuden a la Sala en el mes de junio de 2016 y en el informe rendido en enero de 2017, las autoridades recurridas señalan que no fue sino hasta el 5 de enero de 2017, que el Departamento de Mantenimiento del Centro Penitenciario solicitó la autorización para realizar la instalación de tubería de agua potable para abastecer el agua las veinticuatro horas del día a los pabellones D-5 y D-6. En virtud de lo expuesto, la Sala considera que existe una actuación negligente y arbitraria de la institución accionada, ya que que han transcurrido varios meses en que los privados se ven obligados a soportar los problemas que genera el racionamiento de agua potable. En similar sentido, esta Sala mediante sentencia No. 2015012177 de las 09:05 horas del 7 de agosto de 2015, Sala dispuso, lo siguiente: “(…) Sin embargo, el arreglo de la avería demoró cuatro días, en los cuales la población sufrió graves trastornos -racionamiento y lo que ello implica -con el suministro del agua. Nótese que, tratándose de población privada de libertad, el problema del suministro de agua potable adquiere otras dimensiones que no pueden pasar desapercibidas por este Tribunal Constitucional. En ese sentido, debe considerarse la relación de sujeción especial en que se encuentran los privados de libertad y los problemas convivenciales que podrían generarse entre los reclusos por la satisfacción prioritaria de sus necesidades, más si dicha situación se vuelve permanente durante cuatro días, pese al intento de suministrar agua potable mediante las otras fuentes de abastecimiento, ya citadas. Por tales razones, resulta evidente que el retardo de la Administración recurrida en solucionar el daño de la bomba, vulneró el derecho a la salud del recurrente y demás privados de libertad. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso" .
Sin embargo, estando en proceso el presente recurso de amparo, y luego de notificada (4 de enero de 2017), la autoridad recurrida informó bajo juramento que el 12 de enero de 2017, se instaló la tubería de agua potable en los módulos D-5 y D-6 del Ámbito de Convivencia, por lo se cuenta que servicio de agua potable las veinticuatro horas del día. Ergo, lo correspondiente es acoger el recurso para meros efectos indemnizatorios V.- Por otra parte, los recurrentes alegan que se construyó una acera techada sobre una alcantarilla que emana aguas negras y olores a materia fecal. De los autos se constata que mediante orden sanitaria No. 0S.ARS2-084-2016-CV, el Ministerio de Salud ordenó al centro recurrido “realizar los trabajos necesarios a fin de que se disponga sanitariamente las aguas negras, a fin de eliminar el problema ambiental que se evidenció en los alrededores de los Ámbitos A,B,D" , el 28 de noviembre de 2016, los inspectores sanitarios se apersonaron a dar seguimiento a dicha orden sanitaria y verificaron que las aguas negras se disponen sanitariamente, por lo que no existe el problema ambiental denunciado. En virtud de lo expuesto, no se verifica de que a la fecha, exista la presunta contaminación alegada por los recurrentes. Por lo anterior, en cuanto este extremo se declara sin lugar el recurso.
VI.- NOTA DEL MAGISTRADO JINESTA LOBO. El suscrito Magistrado aclara que si bien los asuntos ambientales, cuando hay intervención administrativa de cualquier índole, los remite a la jurisdicción contencioso administrativa, lo cierto es que tratándose de denuncias donde se alega una presunta contaminación provocada por el discurrir irregular de aguas negras y la generación de malos olores que afecta, a su vez, a los privados de libertad del Centro de Atención La Reforma, no lo hará así. Esto, por cuanto, se encuentran en juego otros derechos de los amparados afectados, tales como la salud y a gozar de un nivel digno de calidad de vida.
VII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. He coincidido con la posición sustentada por el Magistrado Jinesta Lobo en esta materia, por lo que, en asuntos ambientales, es también criterio del suscrito que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa contaminación por aguas negras y malos olores en el Centro de Atención Institucional La Reforma, lo que afecta a los privados de libertad allí recluidos, con violación de su derecho a la salud y al disfrute de un nivel digno de calidad de vida.
VIII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ . El suscrito Magistrado concurro en la estimatoria del amparo que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…) ”. Es decir, que hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo diga se declara con lugar el recurso. Sin embargo, disiente del voto de la mayoría en lo tocante a la condenatoria en costas, daños y perjuicios, porque ese artículo 52 establece en ese mismo párrafo, parte final, que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes ”, lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además el contenido de la pretensión del amparado y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar que lo dispuesto en el artículo 51 LJC cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal general o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la LJC (Cfr. artículo 14) y el sometimiento de la Sala a la Constitución y la ley no se refiere únicamente a la de la Jurisdicción Constitucional, naturalmente. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior me inclino por resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.
IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente a los efectos de condenar al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado, ponen notas. El Magistrado Hernández Gutiérrez salva el voto, en cuanto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Enrique Ulate C.
Jose Paulino Hernández G.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *GFCAIIW9QRO61*
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