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Res. 00629-2017 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 18/01/2017
OutcomeResultado
The Chamber flatly rejects the direct unconstitutionality action because the plaintiff lacks standing, as the claim concerns an individual injury rather than a diffuse interest.La Sala rechaza de plano la acción directa de inconstitucionalidad por carecer el actor de legitimación, al tratarse de una lesión individual y no de un interés difuso.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber flatly rejects an unconstitutionality action filed by a landowner against the Partial Regulatory Plan of the Municipality of El Guarco. The plaintiff argued that the plan was not submitted to SETENA, MINAE, or the public for consultation, thereby violating Articles 9 and 50 of the Constitution. However, the Chamber finds that the plaintiff lacks standing to bring a direct action, as his claim stems from an individual harm – the municipality's refusal to grant him a land use permit for his property – rather than the defense of diffuse or collective interests. The action should have been filed as an incidental challenge under the first paragraph of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law, given the existence of an underlying administrative proceeding. Two justices dissent, arguing that the failure to conduct citizen and environmental consultation violates the principle of participation and constitutes a diffuse interest meriting substantive review.La Sala Constitucional rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad presentada por un propietario contra el Plan Regulador Parcial de la Municipalidad de El Guarco. El accionante alegaba que dicho plan no fue sometido a consulta de SETENA, del MINAE ni de los vecinos, vulnerando los artículos 9 y 50 constitucionales. Sin embargo, la Sala determina que el actor no ostenta legitimación para interponer una acción directa, pues su reclamo se basa en una lesión individual —la negativa municipal de otorgarle un permiso de uso de suelo sobre su propiedad— y no en la defensa de intereses difusos o colectivos. La acción debió plantearse como incidental, conforme al párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al existir un asunto base en sede administrativa. Dos magistrados salvan el voto, argumentando que la omisión de consulta ciudadana y ambiental constituye una violación al principio de participación y un interés difuso que merece ser examinado de fondo.
Key excerptExtracto clave
III.- ON THE INADMISSIBILITY OF THE ACTION DUE TO THE ABSENCE OF DIFFUSE INTERESTS IN THE SPECIFIC CASE. In the present case, after reviewing the arguments outlined by the plaintiff in the petition filing this unconstitutionality action, through which the conformity with Constitutional Law of the Partial Regulatory Plan of the Municipality of El Guarco is challenged, insofar as, according to the plaintiff, it injures the rights protected in Articles 9 and 50 of the Constitution, because it was not submitted for consultation to the residents of the Canton, nor to SETENA and MINAE, the Constitutional Chamber considers that the present action is inadmissible. In this regard, although the plaintiff bases his action on Article 75, paragraph 2, of the Constitutional Jurisdiction Law, to promote the unconstitutionality action, due to the apparent existence of diffuse and collective interests, specifically, of the landowners in the Canton of El Guarco, the Constitutional Chamber reaches a different conclusion and, therefore, flatly rejects this matter, finding that we are not facing a collective, diffuse, or corporate interest, but rather a mere individual injury, namely the refusal of the Municipality of the Canton of El Guarco to grant the plaintiff a land use permit on the property plan No. C-1289069-2008. Thus, we are not, in the present case, facing a collective interest, but rather an individual interest, whose avenue of access to the unconstitutionality action is none other than that of paragraph 1 of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law, which does not occur in this instance, making the present action inadmissible. IV.- Indeed, if the plaintiff's possibility to bring a direct unconstitutionality action in this matter were admitted with that argumentation, this would rather imply recognizing the existence of a popular action, which, as the Constitutional Chamber has repeatedly stated in its case law, does not fit within the procedural competences that this Constitutional Court has for that purpose, in its role as ultimate interpreter and guardian of the Constitution.III.- DE LA INADMISIÓN DE LA ACCIÓN POR LA INEXISTENCIA DE INTERESES DIFUSOS EN EL CASO CONCRETO. En el caso presente, una vez revisada la argumentación esbozada por el actor en el memorial de interposición de esta acción de inconstitucionalidad, por medio de la cual se ataca la conformidad con el Derecho de la Constitución del Plan Regulador Parcial de la Municipalidad de El Guarco, en la medida en que, según el promovente, lesiona los derechos protegidos en los artículos 9º y 50 de la Constitución Política, porque no fue sometido a consulta de los vecinos del Cantón, ni de SETENA y el MINAE, la Sala Constitucional considera que la presente acción no es admisible. En este orden, si bien el actor se fundamenta en el artículo 75, párrafo 2º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para promover la acción de inconstitucionalidad, por la aparente existencia de intereses difusos y colectivos, en concreto, de los propietarios de los terrenos en el Cantón de El Guarco, la Sala Constitucional arriba a una conclusión distinta y, por ende, rechaza de plano este asunto, al estimarse que no estamos frente a un interés colectivo, difuso o corporativo, sino, ante una mera lesión individual, sea la negativa de la Municipalidad del Cantón de El Guarco de conferir al actor un permiso de uso de suelo sobre el plano de la propiedad No. C-1289069-2008. De modo que no nos encontramos, en el caso presente, frente a un interés colectivo, sino, al contrario, un interés individual, cuya vía de acceso a la acción de inconstitucionalidad no es otra que la del párrafo 1º, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo que no ocurre en la especie, con lo cual la presente acción es inadmisible. IV.- En efecto, de admitirse la posibilidad del actor de plantear una acción directa de inconstitucionalidad en esta materia, con esa argumentación, esto supondría más bien reconocer la existencia de una acción popular, la cual, como lo ha indicado la Sala Constitucional en su reiterada Jurisprudencia, no se adecua al marco de las competencias procesales que, al efecto, tiene este Tribunal Constitucional, en sus funciones de intérprete último y guardián de la Constitución.
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"no estamos frente a un interés colectivo, difuso o corporativo, sino, ante una mera lesión individual, sea la negativa de la Municipalidad del Cantón de El Guarco de conferir al actor un permiso de uso de suelo sobre el plano de la propiedad No. C-1289069-2008."
"we are not facing a collective, diffuse, or corporate interest, but rather a mere individual injury, namely the refusal of the Municipality of the Canton of El Guarco to grant the plaintiff a land use permit on the property plan No. C-1289069-2008."
Considerando III
"no estamos frente a un interés colectivo, difuso o corporativo, sino, ante una mera lesión individual, sea la negativa de la Municipalidad del Cantón de El Guarco de conferir al actor un permiso de uso de suelo sobre el plano de la propiedad No. C-1289069-2008."
Considerando III
"de admitirse la posibilidad del actor de plantear una acción directa de inconstitucionalidad en esta materia, con esa argumentación, esto supondría más bien reconocer la existencia de una acción popular, la cual, como lo ha indicado la Sala Constitucional en su reiterada Jurisprudencia, no se adecua al marco de las competencias procesales que, al efecto, tiene este Tribunal Constitucional."
"if the plaintiff's possibility to bring a direct unconstitutionality action in this matter were admitted with that argumentation, this would rather imply recognizing the existence of a popular action, which, as the Constitutional Chamber has repeatedly stated in its case law, does not fit within the procedural competences that this Constitutional Court has for that purpose."
Considerando IV
"de admitirse la posibilidad del actor de plantear una acción directa de inconstitucionalidad en esta materia, con esa argumentación, esto supondría más bien reconocer la existencia de una acción popular, la cual, como lo ha indicado la Sala Constitucional en su reiterada Jurisprudencia, no se adecua al marco de las competencias procesales que, al efecto, tiene este Tribunal Constitucional."
Considerando IV
"no someter un Plan Regulador a consulta de los ciudadanos del cantón y de los órganos competentes en la materia, resulta contrario al principio de participación ciudadana, tema que es un asunto de relevancia constitucional no solo por estar de por medio el principio democrático establecido en el artículo 9 constitucional, sino también la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado regulado en el artículo 50 de la Carta Magna."
"failing to submit a Regulatory Plan for consultation with the canton’s citizens and the competent bodies in the matter is contrary to the principle of citizen participation, a matter of constitutional relevance not only because the democratic principle established in Article 9 of the Constitution is at stake, but also the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment regulated in Article 50 of the Magna Carta."
Voto salvado de los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal
"no someter un Plan Regulador a consulta de los ciudadanos del cantón y de los órganos competentes en la materia, resulta contrario al principio de participación ciudadana, tema que es un asunto de relevancia constitucional no solo por estar de por medio el principio democrático establecido en el artículo 9 constitucional, sino también la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado regulado en el artículo 50 de la Carta Magna."
Voto salvado de los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Ruling No. 00629 - 2017 Date of Ruling: January 18, 2017 at 09:15 Case File: 17-000024-0007-CO Type of matter: Action of unconstitutionality Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER *170000240007CO* Res. No. 2017000629 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the eighteenth of January of two thousand seventeen .
Action of unconstitutionality brought by DIDIER CARRANZA RODRÍGUEZ, of legal age, married once, attorney and notary, resident of San Isidro de Heredia, identity card No. 2-294-150, against the Partial Regulatory Plan of the Municipality of El Guarco, which entered into force on July 18, 2014.
WHEREAS:
1.- Through a written submission received at the Secretariat of the Constitutional Chamber at 14:25 hrs. on January 3, 2017, the plaintiff files this action of unconstitutionality against the Partial Regulatory Plan of the Municipality of El Guarco, which entered into force on July 18, 2014, and states that he has standing to bring this direct action of unconstitutionality, pursuant to paragraph 2 of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law. He maintains that this Regulatory Plan was not submitted to the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), nor to the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE), for the evaluation of environmental variables, nor to the residents and taxpayers of that canton, to the detriment of the rights protected in Articles 9 and 50 of the Political Constitution. He affirms that he provides certification SINAC-D-ACCVC-0340-2015 from the National System of Conservation Areas of the Central Volcanic Mountain Range (Sistema Nacional de Áreas y Conservación de la Cordillera Volcánica Central) dated June 18, 2014, that is, one month before the Regulatory Plan was approved, which indicates that the map of his property No. C-1289069-2008 “is outside any protected wild area, regardless of its management category, administered by the Ministry of Environment, Energy and Mines (Ministerio de Ambiente, Energía y Minas)”. Nevertheless, the Municipality of the Canton of El Guarco denied him the land use (uso de suelo). He bases his claim on the diffuse interest (interés difuso) of the citizens and property owners in the Canton of El Guarco to bring this action. He requests that the action be upheld and that the challenged norm be declared unconstitutional.
2.- Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any petition submitted for its consideration that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a prior, equal, or similar petition that was rejected.
Drafted by Magistrate Jinesta Lobo; and,
WHEREAS:
I.- REGARDING THE FORMAL PREREQUISITES OF ADMISSIBILITY AND STANDING FOR THE ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY. This Chamber has repeatedly indicated that the action of unconstitutionality is a procedure with specific formalities, which, if not met, prevent this Chamber from ruling on the merits of the matter. Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law establishes the prerequisites for the admissibility of actions of unconstitutionality and regulates different situations. The first paragraph requires the existence of a matter pending resolution, whether in a judicial forum – including habeas corpus or amparo remedies – or in an administrative forum – in the process of exhausting that channel –, in which the unconstitutionality of the questioned norm is invoked as a reasonable means to protect the right considered violated in the main matter. The second and third paragraphs regulate the direct action – no underlying matter is required –, in the following circumstances: a) when, due to the nature of the matter, there is no individual and direct injury; b) when it involves the defense of diffuse interests (intereses difusos), or those that concern the community as a whole; and c) when the action is brought by the Attorney General of the Republic (Procurador General de la República), the Comptroller General of the Republic (Contralor General de la República), the Chief Prosecutor of the Republic (Fiscal General de la República), and the Ombudsman (Defensor de los Habitantes). Regarding the requirement of a matter pending resolution, established in paragraph 1 of Article 75 of the Law governing this Jurisdiction, this Chamber has explained that, in such a circumstance, the action of unconstitutionality is constituted or configured as:
“(...) a process of an incidental nature, and not a direct or popular action, meaning that the existence of a matter pending resolution is required – whether before the courts of justice or in the procedure to exhaust the administrative channel – in order to access the constitutional channel, but in such a way that the action constitutes a reasonable means to protect the right considered violated in the main matter, so that what is resolved by the Constitutional Court has a positive or negative impact on said pending process, as it addresses the constitutionality of the norms that must be applied in that matter (...)”. (Ruling No. 4190-95 of 11:33 hrs. on July 28, 1995; emphasis not in the original).
Likewise, in ruling No. 1319-1997 of 14:51 hrs. on March 4, 1997, the following was considered:
“(…) Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law establishes as one of the prerequisites for filing an action of unconstitutionality, the existence of a matter pending resolution, constituting the connection point that must exist between the process in which the norm deemed unconstitutional is applied with the object of the constitutional process and the basis that legitimizes the plaintiff's claim as a last procedural remedy, in the exercise of the right to constitutional jurisdiction. The rigor in standing to access constitutional jurisdiction, rather than constituting an obstacle to prevent the review of the constitutionality of laws, constitutes the channel for the right of access to justice, derived from the existence of a "prior matter" that has motivated that discordance or contradiction between the law and the Constitution, to maintain the jurisdictional function – special –, and not to distort the purity of the system of relations among the constitutional powers of the State, of which the Chamber is a part, because as a member of those, it is not entirely free and unlimited in its actions. For this reason, it is that the action of unconstitutionality requires its existence – of the prior matter – as a reasonable means to protect the defense of the right or interest that is considered violated. However, the reasonableness of the action of unconstitutionality as a means of defense for the plaintiff must not be analyzed solely within the context of the prior matter, but immersed in the constitutional legal framework that governs the actions of this Chamber. It is not, then, a matter of a particular consideration of the unconstitutionality of a normative provision to file an action without requiring the existence of a matter pending resolution, but rather, it is necessary to demonstrate that it constitutes a reasonable means to protect the right or interest that is deemed violated. (…)” II.- REGARDING THE DIRECT ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY IN DEFENSE OF DIFFUSE INTERESTS. The Constitutional Chamber, on repeated occasions, has developed what should be understood, within the assumptions of standing to access the direct action of unconstitutionality, by the concept of diffuse interests (intereses difusos). Thus, in ruling No. 0360-99, of 15:51 hrs. on January 20, 1999, the Constitutional Chamber expressed:
“The last possibility for recognizing standing to the plaintiffs lies in the concept of diffuse interests (intereses difusos) that the legislator introduced in Article 75 of the law governing this jurisdiction, with the aim of expanding and completing the range of oversight possibilities that citizens have through an action of unconstitutionality. It has been pointed out that this is a special type of interest, whose manifestation is less concrete and individualizable than that of the collective interest (interés colectivo) just defined in the preceding whereas clause, but which cannot become so broad and generic that it is confused with the right recognized to all members of society to ensure constitutional legality, since the latter – as has been repeatedly stated – is excluded from the current constitutional review system. It is therefore an interest distributed in each of the administered, mediate if one wishes, and diluted, but no less verifiable for that reason, for the defense, before this Chamber, of certain constitutional rights of singular relevance for the adequate and harmonious development of society. It is the special characteristics of these rights in themselves, and not the particular situation of the subjects who may hold them in relation to them, that are the key to distinguishing and determining the presence of so-called diffuse interests (intereses difusos) as has been stated in various resolutions such as 03705-93 of fifteen hours on July thirtieth for the right to the environment, number 05753-93 of fourteen hours forty-five on November ninth of that same year for the defense of historical heritage, and number 00980-91 of thirteen thirty on May twenty-fourth, nineteen ninety-one for electoral matters”.
III.- REGARDING THE INADMISSIBILITY OF THE ACTION DUE TO THE NON-EXISTENCE OF DIFFUSE INTERESTS IN THE SPECIFIC CASE. In the present case, after reviewing the arguments outlined by the plaintiff in the filing brief for this action of unconstitutionality, through which the conformity with the Law of the Constitution of the Partial Regulatory Plan of the Municipality of El Guarco is challenged, insofar as, according to the petitioner, it violates the rights protected in Articles 9 and 50 of the Political Constitution, because it was not submitted for consultation to the residents of the Canton, nor to SETENA and MINAE, the Constitutional Chamber considers that the present action is not admissible. In this regard, although the plaintiff bases his claim on Article 75, paragraph 2, of the Constitutional Jurisdiction Law, to bring the action of unconstitutionality, due to the apparent existence of diffuse interests (intereses difusos) and collective interests (intereses colectivos), specifically, of the property owners in the Canton of El Guarco, the Constitutional Chamber reaches a different conclusion and, therefore, rejects this matter outright, considering that we are not facing a collective, diffuse, or corporate interest (interés corporativo), but rather, a mere individual injury, namely the refusal of the Municipality of the Canton of El Guarco to grant the plaintiff a land use permit (permiso de uso de suelo) on the map of property No. C-1289069-2008. Thus, we are not, in the present case, facing a collective interest (interés colectivo), but rather, to the contrary, an individual interest, whose avenue of access to the action of unconstitutionality is none other than that of paragraph 1 of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law, which does not occur in this instance, thereby making the present action inadmissible.
IV.- Indeed, if the plaintiff's possibility of filing a direct action of unconstitutionality in this matter were admitted with that argument, it would rather imply recognizing the existence of a popular action, which, as the Constitutional Chamber has indicated in its repeated case law, does not fit within the framework of the procedural competencies that, to that effect, this Constitutional Court has, in its functions as the ultimate interpreter and guardian of the Constitution.
V.- CONCLUSION. Based on the foregoing, the Chamber finds that the present action is inadmissible, by force of the provisions of the Constitutional Jurisdiction Law.
VI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL: In the present case, we order that the action of unconstitutionality be processed for the following reasons. As observed, the petitioner's argument, as it appears from the filing brief, is that the Partial Regulatory Plan of the Municipality of El Guarco, published in Gazette No. 138 of July 18, 2014, was never submitted to the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Ambiental, SETENA) and to MINAE so that environmental variables could be assessed, nor was it duly submitted to the residents and taxpayers of the canton as appropriate.
According to the provisions of Article 17 of the Urban Planning Law, it corresponds to the local government: “Prior to implementing a regulatory plan or any of its parts, the municipality that intends to do so shall: 1) Call a public hearing through the Official Gazette and additional necessary dissemination, indicating the place, date, and time to hear about the project and the verbal or written observations that residents or interested parties may wish to formulate. The notice shall be made no less than fifteen business days in advance…” In this regard, we consider that not submitting a Regulatory Plan for consultation to the citizens of the canton and to the competent bodies in the matter is contrary to the principle of citizen participation, a topic that is a matter of constitutional relevance not only because the democratic principle established in Article 9 of the Constitution is at stake, but also the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment regulated in Article 50 of the Magna Carta. By reason of the foregoing, we dissent and order that the action be processed, having verified the violation of the principle of citizen participation. The argument that an individual injury could concomitantly exist does not detract from the existence of an injury to the environment, which has repeatedly been considered by constitutional case law as a diffuse interest (interés difuso), so we see no reason to make an exception in this case.
VII.- NOTE OF MAGISTRATE CASTILLO. Although in ruling No. 2015-18944 I dissented and ordered that the action of unconstitutionality be processed, in the case before us it is a different matter, given that, as explained in the ruling, the plaintiff must have standing based on Article 75, first paragraph of the Constitutional Jurisdiction Law, hence I lean towards rejecting this action outright.
VIII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
THEREFORE:
The action is rejected outright. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal dissent and order that the action be processed. Magistrate Castillo Víquez adds a note.- Ernesto Jinesta L.
President Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
Digitally Signed Document -- Verification code -- *5WTTMZ4VXXO61* CASE FILE No. 17-000024-0007-CO Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 04:30:25.
Sala Constitucional Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *170000240007CO* Res. Nº 2017000629 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dieciocho de enero de dos mil diecisiete .
Acción de inconstitucionalidad promovida por DIDIER CARRANZA RODRÍGUEZ, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San Isidro de Heredia, cédula de identidad No. 2-294-150, contra el Plan Regulador parcial de la Municipalidad de El Guarco, que entró en vigencia el 18 de julio de 2014.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala Constitucional a las 14:25 hrs. de 3 de enero de 2017, el actor interpone la presente acción de inconstitucionalidad contra el Plan Regulador parcial de la Municipalidad de El Guarco, que entró en vigencia el 18 de julio de 2014, y manifiesta que goza de legitimación para promover esta acción directa de inconstitucionalidad, según el párrafo 2º, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sostiene que ese Plan Regulador no fue sometido a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, ni al Ministerio de Ambiente y Energía, para que se valoren las variables ambientales, ni a los vecinos y contribuyentes de ese cantón, en detrimento de los derechos protegidos en los artículos 9º y 50 de la Constitución Política. Afirma que aporta certificación SINAC-D-ACCVC-0340-2015 del Sistema Nacional de Áreas y Conservación de la Cordillera Volcánica Central de 18 de junio de 2014, es decir, un mes antes que se aprobara el Plan Regulador, en que se indica que el plano de su propiedad No. C-1289069-2008 “está fuera de cualquier área silvestre protegida, sea cual sea su categoría de manejo administrada por el Ministerio de Ambiente, Energía y Minas”. No obstante, la Municipalidad del Cantón del Guarco le negó el uso de suelo. Se sustenta en el interés difuso de los ciudadanos y propietarios de terrenos en el Cantón de El Guarco para promover la presente acción. Pide que se declare con lugar la acción y la inconstitucionalidad de la norma impugnada.
2.- El artículo 9º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y,
CONSIDERANDO:
I.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS FORMALES DE ADMISIBILIDAD Y LEGITIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que la acción de inconstitucionalidad es un procedimiento con determinadas formalidades, que, si no se reúnen, imposibilitan que esta Sala se pronuncie sobre el fondo del asunto. En el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establecen los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad y se regulan situaciones distintas. En el párrafo primero se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial –incluyendo los recursos de hábeas corpus o de amparo- o en la administrativa –en el procedimiento de agotamiento de esta vía-, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho que se considera lesionado en el asunto principal. En los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa –no se requiere del asunto base-, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto; y c) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. En cuanto a la exigencia del asunto pendiente de resolver, establecida en el párrafo 1º, del artículo 75, la Ley que rige esta Jurisdicción, esta Sala ha explicado que, en tal supuesto, la acción de inconstitucionalidad se constituye o configura como:
“(...) un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto (...)”. (Sentencia No. 4190-95 de las 11:33 hrs. de 28 de julio de 1995; lo destacado no corresponde al original).
Asimismo, en la sentencia No. 1319-1997 de las 14:51 hrs. de 4 de marzo de 1997, se consideró lo siguiente:
“(…) El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece como uno de los presupuestos para interponer la acción de inconstitucionalidad, la existencia de un asunto pendiente de resolver, por constituir el punto de conexión que ha de existir entre el proceso en que se aplica la norma que se reputa inconstitucional con el objeto del proceso constitucional y el fundamento que legitima la pretensión del accionante como último remedio procesal, en el ejercicio del derecho a la jurisdicción constitucional. El rigor en la legitimación para acceder a la jurisdicción constitucional, más que constituir un obstáculo para impedir el control de la constitucionalidad de las leyes, constituye el cauce del derecho de acceso a la justicia, derivado de la existencia de un "asunto previo" que haya motivado aquella discordancia o contradicción entre la ley y la Constitución, para mantener la función jurisdiccional -especial-, y no distorsionar la pureza del sistema de relación de los poderes constitucionales del Estado, del que es parte la Sala, porque como integrante de aquellos, no es enteramente libre e ilimitada en sus acciones. Por esta causa, es que la acción de inconstitucionalidad necesita de su existencia -del asunto previo- como medio razonable para amparar la defensa del derecho o interés que se considera lesionado. Empero, la razonabilidad de la acción de inconstitucionalidad como medio de defensa del accionante no debe analizarse solo dentro del contexto del asunto previo, sino inmersa en el marco jurídico constitucional que rige las actuaciones de esta Sala. No se trata, entonces, de una consideración particular de la inconstitucionalidad de una disposición normativa, para interponer una acción sin requerir la existencia de un asunto pendiente de resolver, sino, que es necesario que se demuestre que constituye un medio razonable de amparar el derecho o interés que se estima lesionado. (…)” II.- EN LO QUE RESPECTA A LA ACCIÓN DIRECTA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN DEFENSA DE INTERESES DIFUSOS. La Sala Constitucional, en reiteradas ocasiones, ha desarrollado qué se debe entender, dentro de los supuestos de legitimación para acceder a la acción directa de inconstitucionalidad, por el concepto de intereses difusos. De esta manera, en la sentencia No. 0360-99, de las 15:51 hrs. de 20 de enero de 1999, la Sala Constitucional expresó:
“La última posibilidad para reconocer legitimación a los accionantes radica en el concepto de intereses difusos que el legislador introdujo en el artículo 75 de la ley que rige esta jurisdicción, con el fin de ampliar y completar la gama de posibilidades de fiscalización que tienen los ciudadanos por intermedio de una acción de inconstitucionalidad. Se ha señalado que se trata un tipo especial de interés, cuya manifestación es menos concreta e individualizable que la del colectivo recién definido en el considerando anterior, pero que no puede llegar a ser tan amplio y genérico que se confunda con el reconocido a todos los miembros de la sociedad de velar por la legalidad constitucional, ya que éste último -como se ha dicho reiteradamente- está excluido del actual sistema de revisión constitucional. Se trata pues de un interés distribuido en cada uno de los administrados, mediato si se quiere, y diluido, pero no por ello menos constatable, para la defensa, en esta Sala, de ciertos derechos constitucionales de una singular relevancia para el adecuado y armónico desarrollo de la sociedad. Son las especiales características de éstos derechos por sí mismas y no la particular situación frente a ellos de los sujetos que puedan ostentarlos, la clave para la distinción y determinación de la presencia de los llamados intereses difusos tal y como se manifestado en distintas resoluciones como la 03705-93 de las quince horas del treinta de julio para el derecho al ambiente, la número 05753-93 de las catorce horas cuarenta y cinco del nueve de noviembre de ese mismo año para la defensa del patrimonio histórico y la número 00980-91 de las trece y treinta del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y uno para la materia electoral”.
III.- DE LA INADMISIÓN DE LA ACCIÓN POR LA INEXISTENCIA DE INTERESES DIFUSOS EN EL CASO CONCRETO. En el caso presente, una vez revisada la argumentación esbozada por el actor en el memorial de interposición de esta acción de inconstitucionalidad, por medio de la cual se ataca la conformidad con el Derecho de la Constitución del Plan Regulador Parcial de la Municipalidad de El Guarco, en la medida en que, según el promovente, lesiona los derechos protegidos en los artículos 9º y 50 de la Constitución Política, porque no fue sometido a consulta de los vecinos del Cantón, ni de SETENA y el MINAE, la Sala Constitucional considera que la presente acción no es admisible. En este orden, si bien el actor se fundamenta en el artículo 75, párrafo 2º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para promover la acción de inconstitucionalidad, por la aparente existencia de intereses difusos y colectivos, en concreto, de los propietarios de los terrenos en el Cantón de El Guarco, la Sala Constitucional arriba a una conclusión distinta y, por ende, rechaza de plano este asunto, al estimarse que no estamos frente a un interés colectivo, difuso o corporativo, sino, ante una mera lesión individual, sea la negativa de la Municipalidad del Cantón de El Guarco de conferir al actor un permiso de uso de suelo sobre el plano de la propiedad No. C-1289069-2008. De modo que no nos encontramos, en el caso presente, frente a un interés colectivo, sino, al contrario, un interés individual, cuya vía de acceso a la acción de inconstitucionalidad no es otra que la del párrafo 1º, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo que no ocurre en la especie, con lo cual la presente acción es inadmisible.
IV.- En efecto, de admitirse la posibilidad del actor de plantear una acción directa de inconstitucionalidad en esta materia, con esa argumentación, esto supondría más bien reconocer la existencia de una acción popular, la cual, como lo ha indicado la Sala Constitucional en su reiterada Jurisprudencia, no se adecua al marco de las competencias procesales que, al efecto, tiene este Tribunal Constitucional, en sus funciones de intérprete último y guardián de la Constitución.
V.-CONCLUSIÓN. Con sustento en lo expuesto, la Sala estima que la presente acción es inadmisible, por fuerza de las disposiciones de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
VI.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL: En el presente caso, ordenamos darle curso a la acción de inconstitucionalidad por las siguientes razones. Tal y como se observa, el alegato del recurrente, según se desprende del escrito de interposición, es que el Plan Regulador parcial de la Municipalidad de El Guarco, publicado en la Gaceta N° 138 del 18 de julio de 2014, nunca fue sometido a la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) y al MINAE para que se valoraran las variables ambientales y tampoco fue debidamente sometidos a los vecinos y contribuyentes del cantón según corresponde.
Según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, le corresponde al gobierno local “ Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, deberá la municipalidad que lo intenta: 1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles…” Al respecto consideramos que no someter un Plan Regulador a consulta de los ciudadanos del cantón y de los órganos competentes en la materia, resulta contrario al principio de participación ciudadana, tema que es un asunto de relevancia constitucional no solo por estar de por medio el principio democrático establecido en el artículo 9 constitucional, sino también la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado regulado en el artículo 50 de la Carta Magna. En razón de lo expuesto, salvamos el voto y ordenamos darle curso a la acción por constatar la violación al principio de participación ciudadana. El argumento de que concomitante pudiera existir una lesión individual, no desvirtúa la existencia de una lesión al ambiente, que reiteradamente ha sido considerada por la jurisprudencia constitucional como interés difuso, por lo que no vemos motivo para hacer una excepción en este caso.
VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO. Si bien en la sentencia n.° 2015-18944 salve el voto y ordené dar curso a la acción de inconstitucionalidad, en el caso que nos ocupa se trata de un asunto diferente, toda vez que, como se explica en la sentencia, el accionante debe ostentar una legitimación con base en el numeral 75, párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de ahí que me decanto por rechazar de plano esta acción.
VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se rechaza de plano la acción. Los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y ordenan dar curso a la acción. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.- Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *5WTTMZ4VXXO61*
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