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Res. 01163-2017 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 27/01/2017
OutcomeResultado
The Chamber denied the challenge to the El Coco-Ocotal aqueduct expansion because the studies, permits, monitoring, and community information measures were established, while reminding the authorities of their duty to keep the Sardinal community informed.La Sala rechazó el amparo contra la ampliación del acueducto El Coco-Ocotal al considerar acreditados los estudios, permisos, monitoreo e información comunitaria, aunque recordó a las autoridades su deber de mantener informada a la comunidad de Sardinal.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber denied an amparo filed by Sardinal residents against the water utility ICAA, MINAE, and SENARA over the renewed El Coco–Ocotal aqueduct expansion project. The applicants alleged risks to the aquifer, outdated or insufficient studies, inadequate public participation, and potential harm to the community’s future water supply. The Chamber considered that the project had interagency technical studies, water-use authorizations, environmental approval, continuing monitoring, and community information and participation activities. Those elements supported the technical conclusion that pumping could begin at 70 liters per second without jeopardizing the long-term water supply of nearby communities. Although the amparo was denied, the authorities were directed to take note of the judgment’s observations concerning their duty to keep the Sardinal community informed. A separate opinion reasoned that technically complex environmental disputes generally belong before administrative authorities and the administrative courts, subject to exceptions involving direct threats to health or water access, or manifest environmental violations accompanied by a clear failure of governmental protection.La Sala Constitucional rechazó el recurso promovido por vecinos de Sardinal contra el ICAA, el MINAE y el SENARA por la reanudación del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal. Los recurrentes alegaron riesgos para el acuífero, falta de estudios actualizados, ausencia de participación ciudadana y posible afectación del abastecimiento futuro. La Sala tuvo en cuenta que existían estudios técnicos interinstitucionales, permisos de aprovechamiento, viabilidad ambiental, monitoreo continuado y actividades de información y participación comunal. Esos elementos respaldaban la viabilidad de iniciar la explotación con 70 litros por segundo sin comprometer el agua destinada a las comunidades a largo plazo. Aunque declaró sin lugar el amparo, ordenó a las autoridades tomar nota de las consideraciones relativas al deber de mantener informada a la comunidad. Una nota separada sostuvo que los conflictos ambientales técnicamente complejos deben tramitarse ordinariamente ante la Administración y la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo riesgos directos para la salud, el acceso al agua o violaciones ambientales manifiestas sin protección estatal.
Key excerptExtracto clave
Consistent with the foregoing, I maintain that this Chamber should refrain from hearing claims alleging violations of Article 50 of the Political Constitution and leave their adjudication to administrative justice and the administrative-law jurisdiction. This is stated as a general rule, without prejudice to recognizing particular cases or groups of cases which, in my judgment, would still be better protected by this Chamber and should therefore be heard and decided by it. Among such groups of cases, without treating this enumeration as closed or definitive, I may indicate that the Chamber should retain jurisdiction over situations such as environmental violations that also directly endanger human health or access to or the quality of water; and cases involving gross and direct violations of the environment in which there is a manifest absence of protection by state authorities, provided that the nature of the claim can also be addressed through amparo as a summary and special procedural remedy, because I consider that amparo should not be converted into an ordinary proceeding to address, even in these cases, matters exceeding its capacity for adequate adjudication. In this specific case, according to the proven facts, none of the exceptions mentioned is present, and the situation falls within those cases in which the protective mechanisms of the Administration and the ordinary courts provide a broader and more complete avenue for the issue under discussion. That issue involves a technically complicated debate about the advantages and disadvantages and an assessment of the benefits of the aqueduct in question, requiring extensive evidence, monitoring, and studies that exceed the scope of amparo. Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law should therefore have been applied and the application summarily dismissed; nevertheless, since that did not occur, the amparo must now be denied.En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados no se presenta ninguna de las excepciones que mencionan y la situación planteada se ubica dentro de aquellos casos en las que la intervención de los medios de protección de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa para el tema discutido, el cual involucra una técnica y complicada discusión sobre ventajas y desventajas y valoración de los beneficios del acueducto en discusión que requiere abundante prueba, seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo. De tal modo, debió aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y rechazar de plano el recurso, no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora declarar sin lugar el amparo interpuesto.
Pull quotesCitas destacadas
"Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades recurridas de lo dispuesto en el considerando VII de esta sentencia."
"The application is denied. The respondent authorities shall take note of the provisions of Section VII of this judgment."
Por tanto
"Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades recurridas de lo dispuesto en el considerando VII de esta sentencia."
Por tanto
"Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad."
"From that perspective, this Court’s decision to step aside in environmental matters should not be viewed as abandoning the environment, but rather as ensuring its proper protection before the forum best suited to its complexity and diversity."
Nota separada de la Magistrada Hernández López
"Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad."
Nota separada de la Magistrada Hernández López
"Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental."
"It is clear that the Chamber does not intend to abandon to other jurisdictions the task of protecting individual rights in environmental matters."
Nota separada de la Magistrada Hernández López
"Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental."
Nota separada de la Magistrada Hernández López
"Ergo, consideramos que en cuanto a este extremo se desestima el recurso de amparo pero con base en las anteriores consideraciones."
"Therefore, we consider that this aspect of the amparo must be rejected, but on the basis of the foregoing considerations."
Considerando VII
"Ergo, consideramos que en cuanto a este extremo se desestima el recurso de amparo pero con base en las anteriores consideraciones."
Considerando VII
Full documentDocumento completo
Víctor Granados Jiménez Víctor Granados Jiménez 2 0 2017-01-31T20:03:00Z 2017-01-31T20:03:00Z 8 15342 84383 PJ 703 199 99526 12.00 148 false 21 false false false ES-CR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 *160163050007CO* Decision No. 2017001163 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine forty a.m. on January twenty-seventh, two thousand seventeen.
Amparo proceeding (recurso de amparo) filed by Alberto Antonio Lios Juárez, identity card number 5-155-789; Eunice Mayela Contreras Contreras, identity card number 5-244-981; Eusebio Mario Acevedo García, identity card number 5-065-591; Gad Amit Kaufman, residence card number 137600015818; Gerardo Alfonso Espinoza Mendoza, identity card number 6-093-940; José Ricardo Acevedo García, identity card number 5-193-263; Luis Alberto Vásquez Vásquez, identity card number 5-150-235; against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), and Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA).
Findings:
allow the community to participate. They assert that the public utility intends to complete construction of the private aqueduct without informing the citizens who will be affected. They add that they have likewise not been provided with information regarding the agreements and arrangements signed between public institutions and private companies. They consider that public funds allocated to studies, environmental management, and feasibility may not be used for a private project. They complain that they have received no response as to whether the project is consistent with the Regulatory Plan (Plan Regulador) of the District of Sardinal and with the water resource, which is fundamental to development planning. They request that the Chamber grant the petition, with all attendant legal consequences.
He states that it is unacceptable to seek to compel an institution to comply with something that is neither in force nor legally valid. He asserts that what began as a project to provide a long-term solution to the lack of aqueduct infrastructure in that area of Guanacaste is now considered an emergency response to the regional water-shortage crisis. He maintains that the wells in Playa Panamá experienced a decrease in the flow available for human consumption, according to the report dated 2 de junio de 2016. He explains that, considering the May 2016 physical and chemical analyses, which show noncompliance with the applicable parameters at the Condovac 1, Condovac 2, Cacique 1, and Cacique 2 wells, as well as at two additional points in the distribution network, it was concluded that the water from the Papagayo Sur aqueduct does not meet drinking-water regulations; consequently, the Chorotega region had to resort to immediate operational measures to distribute the reduced flow of drinking water available for Playa Hermosa and Playa Panamá.
He alleges that the ICAA prepared the necessary budget to finance, implement, and complete the project, which is urgently needed to improve the drinking-water supply situation in that area; nevertheless, in addition to the lack of funding, there has been concern that obstruction by a group from the Sardinal community could delay the project’s implementation. He denounces the serious lack of governance caused by certain groups in connection with water resources. He notes that the Sardinal aquifer has been extensively studied and has a good water level and yield, which under no circumstances would be placed at risk by the proposed improvements to the El Coco-Ocotal aqueduct. He adds that the coastal area of Guanacaste needs the technically assessed and exploitable water flow from the Acuífero Sardinal to be injected into its system so as not to expose the El Coco wells to the risk of salinization or drought; those wells are necessary to provide access to water both to residents of that coastal area and to the large transient population characteristic of those communities.
He considers that this fundamental right cannot be restricted when the resource is available, given that the ICAA will not cause any negative impact or overexploitation of the aquifer through this project. He notes that the El Coco-Ocotal project has been designated as a high institutional priority as a solution for the coastal area of Guanacaste and is included in the Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste-Pacífico Norte, the Government’s interinstitutional initiative to resolve the water crisis in that province, which is under a state of emergency. He requests that the Chamber dismiss the appeal.
It states that, after a process that had begun 1 year earlier, ICAA, SENARA, and MINAE attained scientific certainty regarding the availability of water in the Sardinal aquifer (acuífero Sardinal) without compromising the communities’ long-term water supply. It maintains that in March 2009, the Technical Committee began monitoring the Sardinal aquifer under the coordination and supervision of MINAE. It explains that, over a period of 27 months, aquifer exploitation was monitored through monthly measurements of water-table levels (niveles freáticos) in 36 wells. It alleges that monthly streamflow measurements (aforos) were also conducted in the Sardinal and Brasilito rivers to monitor base flow (flujo base); in addition, water samples were collected quarterly for quality analysis, for a total of 9 quality-sampling events. It contends that the persons who opposed this use participated at all times throughout the entire process at the meetings held; however, during this subsequent stage involving continued monitoring, none of the persons who now oppose it wished to take part in that phase.
It mentions that the Commission Supporting the Management of Monitoring of the Sardinal Aquifer was established, with the participation of several public entities. It states that quarterly meetings were held with the Supporting Commission to inform its members of developments in the monitoring and to present analyses of the information obtained. It clarifies that although this Chamber deemed the 2009 judgment to have been complied with, the Interinstitutional Committee considered it necessary to continue the Monitoring Plan until the 2-year period had been completed. It states that, based on the information generated through that 2-year monitoring, SENARA evaluated the recharge (recarga) of the Sardinal aquifer and prepared the new study entitled “Determination of the Recharge and Sustainable Yield of the Sardinal Aquifer” (“Determinación de la recarga y rendimiento sostenible del Acuífero Sardinal”), which was presented to the Interinstitutional Committee in October 2011.
It reports that, according to this study, the sustainable yield (rendimiento sostenible) of the aquifer is 40% of the determined recharge; moreover, the study concluded that the exploitable flow rate (caudal aprovechable) is 440 l/s. It indicates that the results of this study and analysis confirmed the scientific certainty that no overexploitation (sobreexplotación) of groundwater (aguas subterráneas) is occurring in the Sardinal aquifer within the study area in the upper Río Sardinal basin. It notes that, at its meeting of 13 October, the Interinstitutional Committee agreed that it was feasible for ICAA to extract a flow rate of 175 l/s from the Sardinal aquifer for use in the El Coco-Ocotal Aqueduct Expansion project, without placing at risk the security of the water intended for the communities’ long-term supply. It states that from 2014 through 2016, the province of Guanacaste was affected by a severe drought that ranks among the 3 most intense events since 1950.
It maintains that, because of the substantial precipitation deficit caused by the El Niño phenomenon, recharge of the aquifers has been affected, since less water infiltrates during the rainy season. It explains that, at the meeting of 11 February 2015, the Interinstitutional Commission indicated that although the project had not yet begun operating, the drought led it to agree to resume monitoring the Sardinal aquifer to determine whether the drought was affecting it. It alleges that measurements resumed in 2015 and have continued to be taken monthly to date. It contends that in April 2016 a directive was issued instructing the staff of the Aquifers Unit and the Regional Coordinator of the Tempisque Hydrological Unit, which handles the work of the Water Directorate, to consider, when ruling on new drilling permits and concessions, the cumulative water deficit recorded to date, which also applies to management of the water of the Sardinal aquifer.
It mentions that in February 2016, the geologists of the Interinstitutional Committee prepared the “Analysis of the Impact of the Drought on the Sardinal Aquifer 2015” (“Análisis del Impacto de la Sequía en el Acuífero Sardinal 2015”) based on the monitoring data. It states that, based on the behavior of groundwater levels recorded during monitoring, the report “Analysis of the Impact of the Drought on the Sardinal Aquifer 2015” determined that the Sardinal aquifer, even during a period of below-average precipitation, shows no evidence of effects from overexploitation, and that the normal declines are due to reduced recharge, a condition occurring throughout the region. It alleges that the position remains that ICAA’s use of water from the Sardinal aquifer is feasible for supplying the aqueduct known as “El Coco-Ocotal Aqueduct Expansion,” without placing at risk the security of the water intended for the communities’ long-term supply.
It contends that UCR geologist Mario Arias was invited to join the team conducting this analysis; at the outset of the process in 2008, he had expressed a technical opinion regarding the aquifer water-resource assessment (evaluación hídrica) conducted by the Interinstitutional Committee. It mentions that, at the meeting of 18 May 2016, the Interinstitutional Committee endorsed the study “Analysis of the Impact of the Drought on the Sardinal Aquifer 2015” and its recommendations; moreover, applying in dubio pro natura, it agreed to suspend for 6 months the processing of well-drilling permits for groundwater use, applications for increased flow rates, and new groundwater concessions until aquifer recharge returned to normal, as it had been affected by the precipitation deficit caused by the El Niño phenomenon. It states that on 29 May 2008, SENARA’s Director of Groundwater indicated that, because there had been no assessment of whether these aquifer systems could support the planned infrastructure, such infrastructure would endanger the sustainability of the quality and quantity of the existing water resource; he further indicated that the assessment of the impact on groundwater resulting from operation of the El Coco-Ocotal aqueduct had to be conducted with reference to the aquifers within the project’s area of influence: the Sardinal, El Coco, and Ocotal aquifers.
It reports that this official also indicated that the submitted studies did not contain sufficient information to assess the effects of exploitation of the Sardinal and El Coco well fields (campos de pozos) on the aquifers being exploited and on other existing water intakes (captaciones) and surface waters within the fields’ area of influence; he also noted that the impact on the Ocotal and El Coco aquifers had not been assessed, given that the increased supply capacity of the aqueduct would translate into increased infrastructure over the El Coco and Ocotal aquifers and a risk to the quality and quantity of water in the aquifer. It notes that, as a result of the decisions adopted by the Interinstitutional Technical Commission, a hydrogeologist from the UCR’s Escuela Centroamericana de Geología was retained to conduct an assessment of the potential recharge of the Sardinal aquifer. It states that, in August 2008, this professional issued the document entitled “Hydrogeological Study, Water Balance and Conceptual Model of the Sardinal Aquifer” (“Estudio Hidrogeológico Balance Hídrico y Modelo Conceptual Acuífero Sardinal”), which concluded that total recharge in the basin is approximately 1.145 lps, but recommended that a flow rate greater than 919 lps not be pumped until a program had been implemented to control and monitor exploitation of the existing wells, together with a survey and description of possible illegal wells, so that the behavior of the aquifer’s levels and flow could be determined with greater certainty.
It maintains that on 28 October 2008, the “Detailed Hydrogeological Study of the Aquifer in the Upper Río Sardinal Basin” (“Estudio Hidrogeológico Detallado Acuífero de la parte alta de la Cuenca del Río Sardinal”) was received from the Director of SENARA’s Groundwater Research Area; it indicated that, based on the annual results of the Groundwater Balance (Balance de Aguas Subterráneas, BAS), derived from an analysis of precipitation during an average year, it was concluded that the aquifer in the upper Río Sardinal basin was not being overexploited. It further stated that, based on the BAS results, extraction of 70 l/s from the Sardinal Aqueduct wells was considered feasible, subject to monitoring the behavior of the aquifer in relation to its exploitation for a period of no less than 2 years; likewise, the water available in the aquifer for exploitation would be determined once the 2-year aquifer monitoring and control process and the groundwater-balance validation studies had been completed.
It explains that, based on the Detailed Hydrogeological Study of the Aquifer in the Upper Río Sardinal Basin, SENARA made a series of recommendations relating to the control and monitoring plan for the exploitation, behavior, and controlled extraction of the Sardinal aquifer, including: conducting pumping tests (pruebas de bombeo), installing a flow-measurement station on the Río Sardinal, preparing an inventory of legal and illegal wells to quantify actual monthly extraction, installing a weather station in the area, preparing a hydrogeological vulnerability map (mapa de vulnerabilidad hidrogeológica) for the aquifer, and evaluating the effect of water extraction from ICAA wells on the micro-watershed (microcuenca) of the Quebradas Vainilla and Nisperal. It alleges that the Interinstitutional Technical Commission analyzed SENARA’s study and, at its meeting of 13 October 2011, agreed to use the instantaneous flow-rate figure of 1100 l/s resulting from the well-hydrograph or water-level-fluctuation methodology (metodología de hidrograma de pozos o fluctuación de niveles).
It contends that the aquifer’s sustainable yield is 40% of the recharge determined using the well-hydrograph method. It mentions that the exploitable flow rate is 440 litros por segundo, leading to the conclusion that a 60% reserve is maintained in the aquifer, corresponding to a flow rate of 660 l/s. It clarifies that this analysis confirms that no overexploitation of groundwater is occurring in the upper Río Sardinal basin. It states that, consequently, at its meeting on 13 October 2011, the Interinstitutional Technical Commission agreed that extraction of a flow rate of 175 l/s from the Sardinal aquifer through the 4 wells identified as: 06-07, 06-09, y 06-03 by ICAA was feasible for use in the El Coco-Ocotal aqueduct expansion project, without placing at risk the security of the water intended for the communities’ long-term supply. It states that, pursuant to the Interinstitutional Technical Committee’s decision of 13 October 2011, drilling permits, use concessions, and increases in groundwater flow rates in the aquifer may be approved because water flow is available.
It reports that in 2014, Guanacaste was affected by a drought. It indicates that, based on meteorological data and rainfall records, Guanacaste experienced the greatest rainfall shortfall, ranking among the 3 most intense events since 1950, and that this event lasted from May 2014 to May 2016. It notes that, because of the substantial precipitation deficit caused by the El Niño phenomenon, recharge of the aquifers has been affected, since less water infiltrates during the rainy season. It states that, based on the foregoing, the Interinstitutional Technical Commission agreed to resume monitoring the Sardinal aquifer. It maintains that in February 2016, once all the information had been compiled, the analysis entitled “Impact of the Drought on the Sardinal Aquifer 2015” (“Impacto de la Sequía en el Acuífero Sardinal 2015”) was prepared based on the monitoring data. It explains that the analysis maintained that ICAA’s use of the Sardinal aquifer to supply the El Coco-Ocotal aqueduct was feasible.
It alleges that the agreement of the Interinstitutional Technical Commission dated 13 de octubre de 2011 was revisited, under which extraction (explotación) of 70 l/s was to begin, subject to the following considerations:
Justice Rueda Leal drafts the opinion, and, Justice Salazar Alvarado drafts recital V; Recitals:
I.Subject matter of the petition. The petitioners consider that their fundamental right of access to drinking water has been infringed because the respondent authorities intend to continue the project to expand the Acueducto El Coco-Ocotal and to extract a greater quantity of water, creating a risk of overexploitation (sobreexplotación) of water resources (recurso hídrico) in the area and affecting the supply to the community of Sardinal. They further allege that the respondents have not ensured citizen participation in the process of extracting water from the Sardinal aquifer (manto acuífero), nor have they been provided information about the agreements and covenants signed.
II.Proven facts. The following facts are deemed duly established and relevant to the resolution of this matter, either because they have been proven or because the respondent failed to address them as ordered in the initial ruling: a) in enero de 2008, the ICAA conducted the “Hydrogeological Study of the Sardinal Aquifer,” which constitutes the first technical document assessing the Sardinal aquifer (see statements given under oath and evidence submitted); b) based on the 2008 study, the Interinstitutional Technical Committee—composed of SENARA, ICAA, and the Water Directorate of MINAE—recommended that extracting water from the Sardinal aquifer for use in supplying the water-supply system (acueducto) known as “Expansion of the Acueducto El Coco-Ocotal” was feasible without jeopardizing the long-term security of the water intended to supply the communities (see statements given under oath and evidence submitted); c) in marzo de 2009, the Interinstitutional Technical Committee began monitoring the Sardinal aquifer, and over a period of 27 months, extraction from the aquifer was monitored through monthly measurements of groundwater levels (niveles freáticos) in 36 wells (see statements given under oath and evidence submitted); d) based on the information generated by that monitoring, the recharge (recarga) of the Sardinal aquifer was assessed and the new study, “Determination of the Recharge and Sustainable Yield of the Sardinal Aquifer,” was prepared and presented to the Interinstitutional Technical Committee in octubre de 2011 (see statements given under oath and evidence submitted); e) according to this second study, the sustainable yield (rendimiento sostenible) of the aquifer is 40% of the recharge determined; moreover, the study concludes that the usable flow rate (caudal aprovechable) is 440 l/s, and therefore it was agreed that extraction by the ICAA of a flow rate of 175 l/s from the Sardinal aquifer for use in the Expansion of the Acueducto El Coco-Ocotal project was feasible, without jeopardizing the long-term security of the water intended to supply the communities or causing overexploitation of groundwater (aguas subterráneas) in the Sardinal aquifer (see statements given under oath and evidence submitted); f) in 2014 and through 2016, the province of Guanacaste was affected by a severe drought due to the El Niño phenomenon, which caused a significant precipitation deficit that affected aquifer recharge (see statements given under oath and evidence submitted); g) at a meeting held on 11 de febrero de 2015, the Interinstitutional Technical Commission stated that although the project had not yet begun operating, the drought led to an agreement to resume monitoring of the Sardinal aquifer to determine whether the drought was affecting it (see statements given under oath and evidence submitted); h) measurements resumed in 2015 and have continued monthly to date (see statements given under oath and evidence submitted); i) in febrero de 2016, the geologists of the Interinstitutional Technical Committee prepared the “Analysis of the Impact of the Drought on the Sardinal Aquifer 2015” based on the monitoring data (see statements given under oath and evidence submitted); j) the foregoing report determined that, even during a period of below-average precipitation, the Sardinal aquifer showed no evidence of being affected by overexploitation, and that the normal declines were due to reduced recharge, a condition occurring throughout the region (see statements given under oath and evidence submitted); k) based on the febrero de 2016 report, the respondent authorities maintain that the ICAA’s use of water from the Sardinal aquifer to supply the water-supply system known as “Expansion of the Acueducto El Coco-Ocotal” is feasible without jeopardizing the long-term security of the water intended to supply the communities, provided that extraction begins at 70 l/s (see statements given under oath and evidence submitted); l) on 18 de mayo de 2016, the Interinstitutional Technical Committee adopted the study “Analysis of the Impact of the Drought on the Sardinal Aquifer 2015” and its recommendations; furthermore, under the in dubio pro natura principle (in dubio pro natura), it agreed to suspend for 6 months the processing of well-drilling permits (permisos de perforación de pozos) for the use of groundwater, flow-rate increases, and new groundwater concessions (concesiones de aguas subterráneas) until aquifer recharge returned to normal, as it had been affected by the precipitation deficit caused by the El Niño phenomenon (see statements given under oath and evidence submitted); m) in mayo de 2016, virtually all ocean-temperature and atmospheric indicators associated with the El Niño phenomenon showed values within the normal range, meaning that El Niño had ended and transitioned to a neutral phase; upon entering the neutral phase, precipitation and aquifer recharge increased, and groundwater levels began to recover as of junio de 2016 (see statements given under oath and evidence submitted); n) as of junio de 2016, precipitation conditions had changed, with cumulative rainfall of 497 mm, representing an increase of 232% compared with junio de 2015 (see evidence submitted); ñ) on 18 de setiembre de 2016, a hearing was held with the community of Sardinal at the Salón Comunal de Sardinal to present the febrero de 2016 report and provide feedback regarding the impact of the drought, the behavior of the Sardinal aquifer, and the analyses conducted by professionals from the ICAA, the Water Directorate of MINAE, SENARA, and UCR, among others (see statements given under oath and evidence submitted).
III.The fundamental right to a drinking-water supply. In other similar matters, this Court has held that constitutional law (Derecho de la Constitución) encompasses a fundamental right to a drinking-water supply. Specifically, in judgment number 4654-2003 at 15:44 hours on 27 de mayo de 2003, it held, in relevant part: “V.- The Chamber recognizes, as part of constitutional law, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and adequate housing, among others, as has also been recognized in international human-rights instruments applicable in Costa Rica: it is thus expressly included in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); it is also stated in the International Conference on Population and Development held in El Cairo (principle 2), and is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law.
Within our Inter-American Human Rights System, the country is particularly bound in this regard by article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (‘Protocolo de San Salvador’ of 1988), which provides: ‘Article 11. Right to a healthy environment 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.’ Furthermore, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights recently reiterated that access to water is a human right which, in addition to being essential for leading a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights. VI.- The foregoing legal framework gives rise to a series of fundamental rights linked to the State’s obligation to provide basic public services, which entail, on the one hand, that persons may not be unlawfully deprived of them; however, as in the case of drinking water, it cannot be maintained that any individual holds an enforceable right requiring the State to provide drinking-water service immediately and wherever that person may be. Rather, as provided in the Protocolo de San Salvador itself, rights of this kind require States to adopt measures, as stipulated in the first article of that same Protocol (…)
IV.The Specific Case. Right to Water. In the case under review (sub examine), the petitioners contend that their fundamental right of access to drinking water has been violated, insofar as the respondent authorities intend to continue the El Coco-Ocotal Aqueduct Expansion project and extract a greater quantity of water, with the risk of causing overexploitation (sobreexplotación) of the water resource (recurso hídrico) in the area, thereby affecting the supply to the community of Sardinal. In this regard, the Chamber finds it established that in enero de 2008, ICAA conducted the “Hydrogeological Study of the Sardinal Aquifer,” which constitutes the first technical assessment document concerning the Sardinal aquifer (acuífero Sardinal). Based on the 2008 study, the Interinstitutional Technical Committee—composed of SENARA, ICAA, and the MINAE Water Directorate—recommended that extraction of water from the Sardinal aquifer for use in supplying the aqueduct known as the “El Coco-Ocotal Aqueduct Expansion” was feasible, without jeopardizing the long-term security of the water intended to supply the communities.
In marzo de 2009, the Interinstitutional Technical Committee began monitoring the Sardinal aquifer, such that, over a period of 27 months, extraction from the aquifer was monitored through monthly measurements of water-table levels (niveles freáticos) in 36 wells. Using the information generated by that monitoring, the recharge (recarga) of the Sardinal aquifer was assessed and the new study, “Determination of the Recharge and Sustainable Yield of the Sardinal Aquifer,” was prepared and presented to the Interinstitutional Technical Committee in octubre de 2011. According to this second study, the sustainable yield (rendimiento sostenible) of the aquifer is 40% of the determined recharge; furthermore, the study concluded that the usable flow rate (caudal aprovechable) is 440 l/s, and it was therefore agreed that extraction by ICAA of a flow rate of 175 l/s from the Sardinal aquifer for use in the El Coco-Ocotal Aqueduct Expansion project was feasible, without jeopardizing the long-term security of the water intended to supply the communities and without causing overexploitation of groundwater (aguas subterráneas) in the Sardinal aquifer.
It has also been established that in 2014 and through 2016, the province of Guanacaste was affected by a severe drought caused by the El Niño phenomenon, which generated a high precipitation deficit that affected aquifer recharge. At a meeting held on 11 de febrero de 2015, the Interinstitutional Technical Committee stated that although the project had not yet begun operating, the drought led it to agree to resume monitoring of the Sardinal aquifer to determine whether the aquifer had been affected by the drought. Measurements resumed in 2015 and continue to be conducted monthly to date. Recently, in febrero de 2016, the geologists of the Interinstitutional Technical Committee prepared the “Analysis of the Impact of the 2015 Drought on the Sardinal Aquifer” using the monitoring data. That report determined that the Sardinal aquifer, even during a period of below-average precipitation, showed no evidence of being affected by overexploitation, and that the normal declines were due to reduced recharge, a condition occurring throughout the region.
Based on the febrero de 2016 report, the respondent authorities maintain their position that extraction of water from the Sardinal aquifer by ICAA for use in supplying the aqueduct known as the “El Coco-Ocotal Aqueduct Expansion” is feasible without jeopardizing the long-term security of the water intended to supply the communities, provided that extraction begins at 70 l/s. It was likewise established that on 18 de mayo de 2016, the Interinstitutional Technical Committee adopted the study “Analysis of the Impact of the 2015 Drought on the Sardinal Aquifer” and its recommendations; moreover, pursuant to the precautionary principle in favor of nature (in dubio pro natura), it was agreed to suspend for 6 months the processing of well-drilling permits for groundwater use, flow-rate increases, and new groundwater concessions until aquifer recharge returned to normal, as it had been affected by the precipitation deficit caused by the El Niño phenomenon.
In mayo de 2016, virtually all sea- and atmospheric-temperature indicators associated with the El Niño phenomenon showed values within the normal range, meaning that El Niño had ended and entered a neutral phase; upon entry into the neutral phase, precipitation and aquifer recharge increased, and water-table levels therefore began to recover as of junio de 2016. Finally, the evidence submitted established that by junio de 2016 there had been a change in precipitation conditions, with cumulative rainfall of 497 mm, representing an increase of 232% compared with junio de 2015. In view of these circumstances, the Chamber considers that the amparo proceeding (recurso de amparo) must be dismissed with respect to this claim. As may readily be verified from the list of established facts, there is a recent technical study (febrero de 2016) indicating that there is scientific certainty regarding the capacity of the Sardinal aquifer.
That study and the calculations set forth in the document were prepared by the authorities competent in this field, namely MINAE, SENARA, and ICAA. The study concluded that extraction of water from the Sardinal aquifer by ICAA for use in supplying the aqueduct known as the “El Coco-Ocotal Aqueduct Expansion” is feasible without jeopardizing the long-term security of the water intended to supply the communities, provided that extraction begins at 70 l/s. It is important, however, to remind the petitioners that the summary amparo procedure (vía sumaria del amparo) is not the appropriate forum in which to contest technical studies of this kind, particularly when three of the public institutions governing water matters have agreed with the conclusions reached. In repeated rulings, the Chamber has held that the admissibility of an amparo proceeding is contingent not only upon an allegation that one or more of the fundamental rights enshrined in the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución) have been violated—or are under threat of violation—but also upon the existence of a direct and manifest threat or infringement whose urgency does not permit waiting for ordinary judicial remedies to take effect.
This latter circumstance highlights the fundamentally summary nature of amparo proceedings (proceso de amparo), whose procedure is ill-suited to slow and complex evidentiary measures or to the need first to determine—through declaratory proceedings—whether rights below the constitutional level actually exist when the parties cite them as part of the factual basis of the amparo proceeding or the statutory report (informe de ley), as applicable. It is evident that this is a matter outside the jurisdiction of this Chamber. Accordingly, it is not for the Constitutional Chamber to discredit technical studies of this kind conducted by the competent authorities. If the petitioners maintain any disagreement with this latest study, conducted in febrero de 2016, the appropriate course is to resort to ordinary legal proceedings (vía de la legalidad) and raise the corresponding arguments there. Another factor to be considered is that, as the experts explained, the critical phase of the El Niño phenomenon has already ended, such that precipitation values are returning to the normal range.
As precipitation increases, the aquifer is recharged, and water-table levels therefore began to recover as of junio de 2016. Following the mathematical calculations performed by professionals in the field, as well as the measurements taken during monthly monitoring, it was concluded that the capacity of the Sardinal aquifer remained sufficient to meet the demand of the El Coco-Ocotal Aqueduct Expansion project. Consequently, because there are no further grounds to examine with respect to this issue, the alleged violation of the fundamental right of access to water must be dismissed.
V.On citizen participation in the specific case (opinion drafted by Justice Salazar Alvarado). In addition, the amparo petitioners (amparados) allege that the respondents have not guaranteed citizen participation in the process of extracting water from the Sardinal aquifer, nor have they been provided with information concerning the agreements and arrangements that were signed. Regarding this point, as Justice Jinesta Lobo has stated on other occasions, the majority of the Sala considers direct citizen participation in public affairs or the management of public matters to be a clear constitutional principle (Article 9 of the Constitution) that must be implemented through constitutional and subconstitutional law (ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional). Citizen participation, as a general principle of Constitutional Law, extends to the political or governmental sphere and the purely administrative sphere for the making of fundamental decisions.
In the political or governmental sphere, the matter is addressed through instruments such as the regulation of popular election processes, legislative referendums, and popular initiatives in the enactment of laws. At the strictly administrative level, the principle of participation by governed persons (administrados) must be developed gradually and according to the subject matter and sector, because not every fundamental administrative decision must necessarily be preceded by citizen participation; otherwise, administrative management—which, pursuant to the constitutional principles of effectiveness and efficiency, must be fluid and dynamic—would be slowed. Our Political Constitution neither sets forth nor identifies mechanisms for the participation of governed persons in the adoption of fundamental administrative decisions; that is, it does not address this matter. Subconstitutional law, essentially statutory law, will progressively determine the sectors and subject matters in which greater participation must be provided (e.g., the drafting of regulations, environmental matters, consumer protection, urban planning, the regulation and setting of rates for services of general interest, and the holding of popular consultations at the municipal level, such as open town meetings and referendums, etc.).
There will be situations in which the ordinary legislature has structured such participation as a genuine, complete, and fully formed right, entirely enforceable under particular circumstances and subject to certain prerequisites and conditions that must be verified. In such cases, determining whether such a statutorily defined right (derecho de configuración legislativa) has been violated is a question of legality that must be litigated before the ordinary or general courts, rather than in this constitutional jurisdiction. Ultimately, what the current Constitution and international human-rights instruments establish is a principle of participation that, for obvious reasons, does not attain the mandatory and enforceable status of a fundamental or human right. It is not possible to derive from the constitutional text and human-rights instruments a purported right to participation that applies unconditionally to the adoption of any or every fundamental administrative decision and would justify granting every amparo petition (amparo) whenever a violation of that right is alleged.
It is the ordinary legislature that gradually defines and develops such a right of participation in certain subject matters and sectors of subconstitutional law; therefore, I reiterate that it is not for the constitutional jurisdiction, because this is a question of ordinary legality, to determine when a statutorily defined right has been infringed. In view of the foregoing, from a constitutional or treaty-based perspective, it is not possible to speak of a fully formed right to participation; reference should instead be made to the constitutional principle of citizen participation in the making of fundamental decisions, whether political or administrative.
VI.Finally, the Sala considers it necessary to remind the respondents of the corresponding recommendations issued following the most recent study, conducted in February 2016. The respondent officials themselves agree that the document entitled “Impacto de la Sequía en el Acuífero Sardinal 2015” sets forth a series of measures that must be complied with as the Acueducto El Coco-Ocotal expansion project progresses. It was concluded that the ICAA’s use of the Sardinal aquifer to supply the Acueducto El Coco-Ocotal is feasible, subject to the following considerations:
VII.Note by Justices Cruz Castro and Rueda Leal, drafted by the latter. We, the undersigned Justices, enter this note because, although the amparo proceeding must be denied, we consider it necessary to reiterate certain observations we have made in numerous amparo proceedings, intended to explain that Article 9 of the Political Constitution not only embodies a principle of constitutional rank, but also that citizen participation must be regarded as a fundamental right, with all the guarantees and protection that this entails.
A.- On the constitutional relevance of the right to citizen participation (derecho a la participación ciudadana) and its advancement through the case law (jurisprudencia) of this Chamber. In judgment number 2013-017305 at 11:32 hours on 20 de diciembre de 2013, this Court had the opportunity to examine an amparo action (recurso de amparo) in which citizen participation was promoted as a fundamental right. On that occasion, the following was explained: “The right to citizen participation in decision-making has become one of the fundamental pillars on which the democratic system rests. In our country, the constitutional framers enshrined this right in Article 9 of the Political Constitution by providing that the Government of the Republic shall be popular, representative, participatory, alternating, and responsible. This mandate of the Fundamental Law has guided subsequent constitutional and subconstitutional regulatory development.
Thus, a series of mechanisms has been established to ensure that the right to participatory government can be effectively exercised and does not remain merely on paper, such as the referendum for the enactment or repeal of laws and partial amendments to the Constitution, or the popular initiative in the lawmaking process (see, among others, judgment number 2005-05649 at 14:39 hours on 11 de mayo del 2005). The right to participatory government, elevated to constitutional status through the amendment promoted by Ley N° 8364 de 01 de julio de 2003, published in La Gaceta N° 146 de 31 de julio de 2003, signifies not only recognition at the highest normative level of the function of political oversight, but also a renewed appreciation of the citizen’s role in decision-making processes. By the will of the constitutional framers, which this Chamber must not and cannot disregard, the right to participatory government stands as a fundamental pillar of our democratic regime—a matter mistakenly disregarded by the minority opinion, which downgrades citizen participation from a right to a general principle, in clear opposition to this Chamber’s line of case law, as demonstrated below—and this is consistent with a political system based on tolerance, pluralism, and respect for freedom.
This right to participatory government, also known as the right to citizen participation, is protected by several international human-rights instruments. Thus, Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights of 1948 provides that ‘everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.’ Consistent with the foregoing, Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights expressly recognizes the right of citizens: ‘(…) to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives.’ Similarly, Article 5° of the Inter-American Democratic Charter states: ‘Representative democracy is strengthened and deepened by permanent, ethical, and responsible participation of the citizenry within a legal framework conforming to the respective constitutional order.’ More emphatically, Article 6 of that Charter provides: ‘It is the right and responsibility of all citizens to participate in decisions relating to their own development.
This is also a necessary condition for the full and effective exercise of democracy. Promoting and fostering diverse forms of participation strengthens democracy.’ This conventional and constitutional recognition of that right represents a fundamental aspect of this century’s democratic model, in which citizen oversight, transparency, and accountability stand out as factors inherent in the republican system, which in turn lends far greater legitimacy to political decision-making, a key consideration when genuine governability is at stake. One of the mechanisms devised specifically to fulfill the requirements of Article 9 of the Constitution is the public hearing (audiencia pública), a means through which interested persons may assert their rights by actively participating in matters of national or local relevance and bringing to the Administration’s attention any irregularities or disagreements concerning the proposed project.
Accordingly, the public hearing is a mechanism characteristic of a mature democracy through which citizens’ active participation in public decision-making is encouraged. Given its significance, the hearing must be conducted in a manner that ensures the greatest possible participation by persons who may be affected; consequently, any action or omission that prevents this constitutes an overt violation of the participants’ fundamental rights (see, among others, judgment number 2009-018223). As to the participatory nature of the public hearing, the Political Constitution itself requires it, because the amendment to Article 9 of the Fundamental Law, effective since 31 de julio de 2003, established that the Government of the Republic must be, among other things, participatory, which means that the government in office serves as an instrument for implementing what has been determined through popular deliberation.
In other words, in contemporary democracy, citizens enjoy, by constitutional mandate, not only the right to vote as a means of exercising their right to participatory government, but also numerous mechanisms of various kinds through which they may contribute to political decision-making, thereby enabling them to exert direct influence on major public decisions. This fundamental right of citizen participation establishes that the people must be equally able to express both majority and minority viewpoints. Thus, national participatory mechanisms such as referendums or plebiscites are important, as are local mechanisms. During the public hearing, participants must be afforded every reasonable opportunity to remain informed and to be heard, although the hearing may not become an obstacle or a means of preventing the timely resolution of a particular application (…)”. Accordingly, we deem it necessary to include this note in order to reiterate the constitutional significance of Article 9 of the Political Constitution, not only as a general principle but also as a clear and legitimate fundamental right, as we have done on previous occasions.
B.- On citizen participation in the case under review. In this matter, it has been established that on 18 de setiembre de 2016 a hearing was held with the Sardinal community at the Salón Comunal de Sardinal to present the report of febrero de 2016 and obtain feedback regarding the impact of the drought, conditions in the Sardinal aquifer, and the analyses conducted by professionals from ICAA, Dirección de Aguas del MINAE, SENARA, and UCR, among others. In addition, upon examining the evidence submitted, we find that the respondent authorities did guarantee an open and transparent process with full citizen participation. The respondents have held several meetings with the community throughout the entire El Coco-Ocotal water-supply system expansion process, beginning in 2008. The most recent public meeting was held on 18 de setiembre in Sardinal, at which time the results of the latest measurements and the conclusions were communicated to the community.
The evidence submitted by the respondents includes photographs of the public hearings held throughout the process, in which some of the petitioners in this case participated. Accordingly, we, the undersigned Justices, find that the constitutional mandate recognized in Article 9 of the Constitution has been fulfilled, since a careful review of the evidence in the record shows that the respondents have indeed endeavored to keep the Sardinal community informed of the progress of the El Coco-Ocotal Water-Supply System expansion project, as well as of the results of the latest measurements taken from the wells affected by the El Niño phenomenon and their progress in terms of groundwater recharge (recarga hídrica). Therefore, we consider that the amparo action must be dismissed as to this claim, but on the basis of the foregoing considerations.
VIII.Separate note by Justice Hernández López regarding the claim alleging a violation of Article 50 of the Political Constitution. 1. The historical context that once prompted the Chamber’s extensive involvement in environmental matters has changed considerably, requiring this body to reconsider the conditions governing its participation in safeguarding the right of persons to a healthy and ecologically balanced environment, as protected under Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by an extremely extensive body of statutes and regulations that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies responsible for enforcing the provisions of the Fundamental Charter—is radically different from the previous situation, in which the absence of regulations and of government bodies with appropriate jurisdiction compelled the Chamber to assume a leading, almost exclusive, role in defending the aforementioned constitutional right.
2. Today, we face a “dense web” of environmental regulations—as Justice Jinesta Lobo aptly described it in his dissenting opinion (voto salvado) on this issue—which has produced two significant phenomena: the first and most obvious is the emergence of comprehensive legal regulation of activities whose effects on the environment had previously been subject to little or no regulation, as well as the creation of government bodies with powers to monitor and control the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this increasing juridification—predominantly through statutes and regulations—inevitably brings both administrative justice and the ordinary courts into play, primarily the administrative litigation courts, but also the criminal courts. In keeping with the importance of environmental law, these forums have been provided with broad procedural avenues and inclusive rules of standing (legitimación), so that persons subject to the Administration may enforce the provisions of the extensive body of law relating to environmental matters.
3. In that context, it is neither legally nor functionally appropriate for the Constitutional Chamber to displace—or, worse still, replace—the ordinary judicial bodies in carrying out their task, which is also constitutional in rank, of ensuring effective compliance with statutes and regulations. It is legally improper because, in the vast majority of these cases, the Chamber is being asked to interpret and enforce statutory and regulatory provisions, thereby risking an overlap between its jurisdiction and that of other judicial bodies that were specifically created to perform such tasks; it is also functionally unsound because the design of its proceedings is ill-suited to the complexity present in numerous environmental disputes, which consist of series of technically and legally complex facts and acts. With respect to both issues, there are well-known examples in which the Chamber has issued a partial or technically incomplete decision, or in which unnecessary friction and harm to legal certainty have arisen.
4. As part of the technical considerations I have assessed, I would add the fact that this jurisdiction does not have judges responsible for enforcing judgments (jueces ejecutores de sentencia) who can adequately monitor their implementation—which is generally complex—and which sometimes entails monitoring remedial plans (planes remediales), among other matters, with interinstitutional coordination and follow-up lasting months or even years.
5. From that perspective, this Court’s decision to step aside in environmental matters should not be viewed as abandoning such matters but, on the contrary, as ensuring their proper protection before the forum best suited to their complexity and diversity. Nor should it be viewed as this Chamber’s relinquishment of its duty to protect the constitutional rights entrusted to it by the Constitución Política and its Organic Law (Ley Orgánica), a duty which, in my view, remains reserved in this field for specific cases. Instead, it is an exercise in reallocating the burdens and duties incumbent upon the various state bodies so that each may fully perform its functions within its assigned sphere, as well as an exercise of determining its own jurisdiction, as established by Article 7 of its Organic Law.
6. It is clear that the Chamber does not intend to leave the protection of individuals’ environmental rights to other jurisdictions. It is well known that, although any claim alleging a violation of statutory and regulatory provisions may ultimately be brought within the constitutional sphere, some cases require nothing more for their resolution than the application of constitutional law (derecho de la Constitución). The aim, therefore, is for the Chamber to become one of several key participants so that—collectively, with each acting within its own sphere—the full range of situations involved in protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment may be addressed within a society in which other equally pressing needs also exist. With this position, I firmly believe that citizens do not lose the slightest degree of protection, while substantial gains are made in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, the latter being a principle that must be considered because it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system such as ours.— 7.
Consistent with the foregoing, I maintain that this Chamber should refrain from hearing claims brought before it for alleged violations of Article 50 of the Constitución Política, leaving their adjudication to administrative justice and the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contenciosa administrativa). The foregoing is stated as a general rule, without prejudice to acknowledging the existence of particular cases or groups of cases that, in my view, would still be better protected by this Chamber and should therefore be heard and decided by it.— Among such groups of cases, without this enumeration being regarded as a closed and definitive list, I would indicate that the Chamber should retain jurisdiction over situations such as claims concerning environmental violations that also directly endanger human health or the availability or quality of water; and cases involving egregious and direct violations of the environment in which a manifest absence of protection by state authorities is established, provided also that the nature of the claim allows it to be addressed through the remedy of amparo (amparo) as a summary and special procedural mechanism (instituto procesal sumario y especial), since I believe that amparo proceedings should not be converted into ordinary proceedings (ordinariar) to address, even in the cited cases, issues exceeding their capacity to provide an adequate remedy.
8. In this particular case, according to the proven facts (hechos probados), none of the exceptions mentioned applies, and the circumstances presented fall within those cases in which recourse to the Administration’s protective mechanisms and the ordinary courts provides a broader and more comprehensive avenue for addressing the matter at issue. That matter involves a technical and complex discussion regarding the advantages and disadvantages and an assessment of the benefits of the water-supply system (acueducto) under consideration, requiring extensive evidence, follow-up, and studies that exceed the scope of amparo. Accordingly, Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional should have been applied and the petition summarily dismissed (rechazar de plano); however, since that did not occur, the petition for amparo must now be denied.
IX.Documentation submitted to the case file (expediente). The parties are hereby advised that, if they submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced using new technologies, such materials must be collected from the court office within no more than 30 business days from notice of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period shall be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of 22 de agosto del 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 de enero del 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on 3 de mayo del 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The petition is denied. The respondent authorities shall take note of the provisions of Considerando VII of this judgment. Justices Cruz Castro and Rueda Leal issue a separate statement regarding constitutional Article 9. Justice Hernández López issues a separate statement.— Ernesto Jinesta L.
President Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
*TRGF2INZ8GI61* Telephone numbers: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6
Víctor Granados Jiménez Víctor Granados Jiménez 2 0 2017-01-31T20:03:00Z 2017-01-31T20:03:00Z 8 15342 84383 PJ 703 199 99526 12.00 148 false 21 false false false ES-CR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 *160163050007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta minutos del veintisiete de enero de dos mil diecisiete .
Recurso de amparo interpuesto por Alberto Antonio Lios Juárez, cédula de identidad número 5-155-789; Eunice Mayela Contreras Contreras, cédula de identidad número 5-244-981; Eusebio Mario Acevedo García, cédula de identidad número 5-065-591; Gad Amit Kaufman, cédula de residencia número 137600015818; Gerardo Alfonso Espinoza Mendoza, cédula de identidad número 6-093-940; José Ricardo Acevedo García, cédula de identidad número 5-193-263; Luis Alberto Vásquez Vásquez, cédula de identidad número 5-150-235; contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA).
Resultando:
dar participación a la comunidad. Aseguran que la empresa pública pretende terminar de construir el acueducto privado, sin informar a los ciudadanos que serán afectados. Añaden que tampoco se les ha brindado información sobre los acuerdos y convenios firmados entre las instituciones públicas y las empresas privadas. Estima que los dineros públicos de estudios, gestión ambiental y viabilidad, no pueden ser utilizados para un proyecto privado. Reclaman que no han recibido respuesta sobre si el proyecto es acorde con el Plan Regulador del Distrito de Sardinal y con el recurso hídrico, que es fundamental en la planificación del desarrollo. Solicitan a la Sala que declare con lugar el recurso, con las consecuencias legales que ello implique.
Redacta el Magistrado Rueda Leal, y, el Magistrado Salazar Alvarado redacta el considerando V;
Considerando:
I.Objeto del recurso. Los recurrentes estiman lesionado su derecho fundamental de acceso al agua potable, toda vez que las autoridades recurridas pretenden continuar con el proyecto de ampliación del Acueducto El Coco-Ocotal y extraer mayor cantidad de agua, con el riesgo de generar una sobreexplotación del recurso hídrico en la zona, afectando el suministro en la comunidad de Sardinal. Además, acusan que los recurridos no han garantizado la participación ciudadana en el proceso de extracción de agua del manto acuífero de Sardinal, ni tampoco se les ha brindado información sobre los acuerdos y convenios firmados.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a) en enero de 2008, el ICAA realizó el “Estudio Hidrogeológico del Acuífero Sardinal” , el cual se constituye en el primer documento técnico de evaluación del acuífero Sardinal (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); b) a partir del estudio de 2008, el Comité Técnico Interinstitucional –integrado por SENARA, ICAA y Dirección de Aguas del MINAE- recomendó que resultaba viable la explotación del agua del acuífero Sardinal para ser utilizada en el abastecimiento de acueducto denominada “Ampliación Acueducto El Coco-Ocotal”, sin que se ponga en riesgo la seguridad del agua destinada al abastecimiento de las comunidades a largo plazo (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); c) en marzo de 2009, el Comité Técnico Interinstitucional inició el monitoreo del acuífero Sardinal, de modo que durante un periodo de 27 meses se llevó un control de la explotación del acuífero por medio de mediciones mensuales de los niveles freáticos en 36 pozos (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); d) a partir de la información generada por ese monitoreo, se evaluó la recarga del acuífero Sardinal y se desarrolló el nuevo estudio “Determinación de la recarga y rendimiento sostenible del Acuífero Sardinal”, que fue presentado al Comité Técnico Interinstitucional en octubre de 2011 (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); e) según este segundo estudio, el rendimiento sostenible del acuífero es un 40% de la recarga determinada; además, el estudio realizado concluye que el caudal aprovechable es de 440 l/s, por lo que se acordó que resultaba viable la explotación de un caudal de 175 l/s del acuífero Sardinal por parte del ICAA para ser utilizados en el proyecto de Ampliación del Acueducto El Coco-Ocotal, sin que se pusiera en riesgo la seguridad del agua destinada al abastecimiento de las comunidades a largo plazo y sin generarse sobreexplotación de las aguas subterráneas en el acuífero Sardinal (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); f) en el 2014 y hasta el 2016, la provincia de Guanacaste se vio afectada por una severa sequía debido al fenómeno El Niño, que generó un alto déficit de precipitación que afectó la recarga de los acuíferos (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); g) en reunión del 11 de febrero de 2015, la Comisión Técnica Interinstitucional indicó que si bien todavía no había entrado en operación el proyecto, a raíz de la sequía se acordó retomar el monitoreo en el acuífero Sardinal para determinar si existía afectación en el acuífero por la sequía (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); h) a partir del 2015 se retomaron las mediciones, las cuales se mantienen realizando hasta la fecha de forma mensual (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); i) en febrero de 2016, los geólogos del Comité Técnico Interinstitucional elaboraron el “Análisis del Impacto de la Sequía en el Acuífero Sardinal 2015” a partir de los datos del monitoreo (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); j) el anterior informe determinó que el acuífero Sardinal, incluso con un periodo de precipitación por debajo del promedio, no muestra evidencias de afectación por sobreexplotación, donde los descensos normales son debidos a una disminución en la recarga, condición que se presenta a nivel regional (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); k) a partir del informe de febrero de 2016, las autoridades accionadas mantienen el criterio de que es viable el aprovechamiento de agua del acuífero Sardinal por parte del ICAA, para ser utilizada en el abastecimiento de acueducto denominado “Ampliación Acueducto El Coco-Ocotal” sin que se ponga en riesgo la seguridad del agua destinada al abastecimiento de las comunidades a largo plazo, siempre y cuando la explotación se inicie con una extracción de 70 l/s (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); l) el 18 de mayo de 2016, el Comité Técnico Interinstitucional acogió el estudio “Análisis del Impacto de la Sequía en el Acuífero Sardinal 2015” y sus recomendaciones; además, se acordó, por in dubio pro natura , suspender por 6 meses el trámite de permisos de perforación de pozos para el aprovechamiento de aguas subterráneas, aumentos de caudal y concesiones de aguas subterráneas nuevas mientras no se normalice la recarga del acuífero, la cual se ha visto afectada debido al déficit de precipitación producto del fenómeno El Niño (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); m) en mayo de 2016, prácticamente todos los indicadores de temperatura del mar y la atmósfera asociados con el fenómeno El Niño presentaron valores dentro del rango normal, lo que significa que El Niño terminó y pasó a fase neutra; al entrar en la fase neutral, aumentaron las precipitaciones y la recarga del acuífero, por lo que los niveles freáticos se empezaron a recuperar a partir de junio de 2016 (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada); n) a junio de 2016 se presentó un cambio en la condición de precipitación, teniéndose un acumulado de 497 mm de lluvia que representa un incremento del 232% con respecto a junio de 2015 (ver prueba aportada); ñ) el 18 de setiembre de 2016 se llevó a cabo en el Salón Comunal de Sardinal una audiencia con la comunidad de Sardinal para presentar informe de febrero de 2016 y retroalimentar sobre el impacto de la sequía, sobre el comportamiento en el acuífero Sardinal, los análisis realizados por profesionales del ICAA, Dirección de Aguas del MINAE, SENARA y UCR, entre otros (ver manifestaciones rendidas bajo juramento y prueba aportada).
III.Sobre el derecho fundamental al suministro de agua potable. Este Tribunal ha dispuesto en otros asuntos similares que como parte del Derecho de la Constitución existe un derecho fundamental al suministro de agua potable. Específicamente en sentencia número 4654-2003 de las 15:44 horas del 27 de mayo de 2003, se dispuso en lo conducente: “V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario.
En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos. VI.- Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo (…)
IV.Sobre el caso concreto. Derecho al agua. En el sub examine, los recurrentes estiman lesionado su derecho fundamental de acceso al agua potable, toda vez que las autoridades recurridas pretenden continuar con el proyecto de ampliación del Acueducto El Coco-Ocotal y extraer mayor cantidad de agua, con el riesgo de generar una sobreexplotación del recurso hídrico en la zona, afectando el suministro en la comunidad de Sardinal. Al respecto, la Sala tiene por demostrado que en enero de 2008, el ICAA realizó el “Estudio Hidrogeológico del Acuífero Sardinal”, el cual se constituye en el primer documento técnico de evaluación del acuífero Sardinal. A partir del estudio de 2008, el Comité Técnico Interinstitucional –integrado por SENARA, ICAA y Dirección de Aguas del MINAE- recomendó que resultaba viable la explotación del agua del acuífero Sardinal para ser utilizada en el abastecimiento de acueducto denominada “Ampliación Acueducto El Coco-Ocotal”, sin que se ponga en riesgo la seguridad del agua destinada al abastecimiento de las comunidades a largo plazo.
En marzo de 2009, el Comité Técnico Interinstitucional inició el monitoreo del acuífero Sardinal, de modo que durante un periodo de 27 meses se llevó un control de la explotación del acuífero por medio de mediciones mensuales de los niveles freáticos en 36 pozos. A partir de la información generada por ese monitoreo, se evaluó la recarga del acuífero Sardinal y se desarrolló el nuevo estudio “Determinación de la recarga y rendimiento sostenible del Acuífero Sardinal” , que fue presentado al Comité Técnico Interinstitucional en octubre de 2011. Según este segundo estudio, el rendimiento sostenible del acuífero es un 40% de la recarga determinada; además, el estudio realizado concluye que el caudal aprovechable es de 440 l/s, por lo que se acordó que resultaba viable la explotación de un caudal de 175 l/s del acuífero Sardinal por parte del ICAA para ser utilizados en el proyecto de Ampliación del Acueducto El Coco-Ocotal, sin que se pusiera en riesgo la seguridad del agua destinada al abastecimiento de las comunidades a largo plazo y sin generarse sobreexplotación de las aguas subterráneas en el acuífero Sardinal.
Ahora bien, se tiene por demostrado que en el 2014 y hasta el 2016, la provincia de Guanacaste se vio afectada por una severa sequía debido al fenómeno El Niño, que generó un alto déficit de precipitación que afectó la recarga de los acuíferos. En reunión del 11 de febrero de 2015, la Comisión Técnica Interinstitucional indicó que si bien todavía no había entrado en operación el proyecto, a raíz de la sequía se acordó retomar el monitoreo en el acuífero Sardinal para determinar si existía afectación en el acuífero por la sequía. A partir del 2015 se retomaron las mediciones, las cuales se mantienen realizando hasta la fecha de forma mensual. Recientemente, en febrero de 2016, los geólogos del Comité Técnico Interinstitucional elaboraron el “Análisis del Impacto de la Sequía en el Acuífero Sardinal 2015” a partir de los datos del monitoreo. El anterior informe determinó que el acuífero Sardinal, incluso con un periodo de precipitación por debajo del promedio, no muestra evidencias de afectación por sobreexplotación, donde los descensos normales son debidos a una disminución en la recarga, condición que se presenta a nivel regional.
A partir del informe de febrero de 2016, las autoridades accionadas mantienen el criterio de que es viable el aprovechamiento de agua del acuífero Sardinal por parte del ICAA, para ser utilizada en el abastecimiento de acueducto denominado “Ampliación Acueducto El Coco-Ocotal” sin que se ponga en riesgo la seguridad del agua destinada al abastecimiento de las comunidades a largo plazo, siempre y cuando la explotación se inicie con una extracción de 70 l/s. Asimismo, se acreditó que el 18 de mayo de 2016, el Comité Técnico Interinstitucional acogió el estudio “Análisis del Impacto de la Sequía en el Acuífero Sardinal 2015” y sus recomendaciones; además, se acordó, por in dubio pro natura, suspender por 6 meses el trámite de permisos de perforación de pozos para el aprovechamiento de aguas subterráneas, aumentos de caudal y concesiones de aguas subterráneas nuevas mientras no se normalice la recarga del acuífero, la cual se ha visto afectada debido al déficit de precipitación producto del fenómeno El Niño.
En mayo de 2016, prácticamente todos los indicadores de temperatura del mar y la atmósfera asociados con el fenómeno El Niño presentaron valores dentro del rango normal, lo que significa que El Niño terminó y pasó a fase neutra; al entrar en la fase neutral, aumentaron las precipitaciones y la recarga del acuífero, por lo que los niveles freáticos se empezaron a recuperar a partir de junio de 2016. Finalmente, de la prueba aportada se tuvo por cierto que a junio de 2016 se presentó un cambio en la condición de precipitación, teniéndose un acumulado de 497 mm de lluvia que representa un incremento del 232% con respecto a junio de 2015. Ante este panorama, la Sala considera que se debe declarar sin lugar el recurso de amparo en cuanto a este extremo. Como bien puede verificarse del elenco de hechos probados, existe un estudio técnico reciente (febrero de 2016) que indica que existe certeza científica sobre la capacidad del acuífero Sardinal.
Dicho estudio y cálculos plasmados en el documento fueron realizados por las autoridades competentes en la materia, sea MINAE, SENARA e ICAA. En dicho estudio se llegó a la conclusión de que es viable el aprovechamiento de agua del acuífero Sardinal por parte del ICAA , para ser utilizada en el abastecimiento de acueducto denominado “Ampliación Acueducto El Coco-Ocotal” sin que se ponga en riesgo la seguridad del agua destinada al abastecimiento de las comunidades a largo plazo, siempre y cuando la explotación se inicie con una extracción de 70 l/s. Ahora bien, es importante recordarles a los tutelados que la vía sumaria del amparo no es la adecuada para debatir estudios técnicos de este tipo, mucho menos cuando tres de las instituciones públicas rectoras en materia de aguas han coincidido con las conclusiones a que se llegó. En reiterados pronunciamientos la Sala ha sostenido que la procedencia del recurso de amparo está condicionada no solo a que se acuse la existencia de una violación –o amenaza de violación– a uno o más de los derechos fundamentales consagrados por el Derecho de la Constitución; sino, además, a que se trate de una amenaza o quebranto directo y grosero, que por su carácter apremiante no permita esperar a que surtan efecto los remedios jurisdiccionales ordinarios.
Esta última circunstancia pone de relieve el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, cuya tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar –con carácter declarativo– si existen en realidad o no derechos de rango infra constitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso. Es evidente que esa es una competencia de la que esta Sala carece. De modo tal que no le corresponde a la Sala Constitucional desacreditar este tipo de estudios técnicos realizados por las autoridades competentes. Si los promoventes mantienen algún tipo de discrepancia con este último estudio realizado en febrero de 2016, lo propio es que acudan a la vía de la legalidad a alegar lo que corresponda. Otro aspecto a tener en consideración es que, de conformidad con lo explicado por los expertos, la fase crítica del fenómeno El Niño ya finalizó, de modo que los valores en cuanto a precipitaciones se refiere van volviendo dentro del rango normal.
Al aumentar las precipitaciones se recarga el acuífero, por lo que los niveles freáticos se empezaron a recuperar a partir de junio de 2016. Luego de los cálculos matemáticos realizados por los profesionales en la materia, así como las mediciones realizadas en los monitoreos mensuales, se llegó a la conclusión de que la capacidad del acuífero Sardinal todavía era suficiente para cubrir la demanda del proyecto de ampliación del Acueducto El Coco-Ocotal. En consecuencia, no existiendo más motivos que analizar en cuanto a este punto, lo que procede es declarar sin lugar la aducida lesión al derecho fundamental de acceso al agua.
V.Sobre la participación ciudadana en el caso concreto (redacción del Magistrado Salazar Alvarado). Además, los amparados acusan que los recurridos no han garantizado la participación ciudadana en el proceso de extracción de agua del manto acuífero de Sardinal, ni tampoco se les ha brindado información sobre los acuerdos y convenios firmados. En relación con este punto, como en otras ocasiones lo ha manifestado el Magistrado Jinesta Lobo, la mayoría de la Sala considera que la participación ciudadana directa en los asuntos públicos o el manejo de la cosa pública, es un evidente principio constitucional (artículo 9° de la Constitución) que debe ser actuado por el ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional. La participación ciudadana, como principio general del Derecho Constitucional, se proyecta en el terreno político o de gobierno y el meramente administrativo, para la toma de decisiones fundamentales.
En la dimensión política o de gobierno, el tema se desarrolla a través de instrumentos como la regulación de los procesos de elección popular, el referéndum legislativo y la iniciativa popular en la formación de la ley. En el plano estrictamente administrativo, el principio de participación de los administrados debe ser desarrollado de manera paulatina y según la materia y sector, por cuanto, no toda decisión administrativa fundamental, debe estar, necesariamente, precedida, de participación ciudadana, puesto que de ser así se ralentizaría la gestión administrativa que debe ser, por aplicación de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia, fluida y dinámica. Nuestra Constitución política, no enuncia ni señala los mecanismos de participación de los administrados en la adopción de las decisiones administrativas fundamentales, esto es, no se ocupa de tal extremo. El ordenamiento infraconstitucional, esencialmente, legal será el que vaya determinando aquellos sectores y materias donde debe haber una mayor participación (v. gr. en materia de elaboración de reglamentos, ambiental, de protección del consumidor, de planificación urbana, regulación y fijación de tarifas en servicios de interés general, realización de consultas populares a nivel municipal como cabildos abiertos y referendos, etc.).
Habrá situaciones en las que el legislador ordinario ha configurado tal participación como un verdadero, acabado y perfecto derecho, plenamente exigible, en determinadas circunstancias y bajo ciertos presupuestos y condiciones que habrá que verificar. En tales casos, determinar si se ha quebrantado o no tal derecho de configuración legislativa es una cuestión de legalidad que se debe discutir ante la jurisdicción ordinaria o común y no en esta jurisdicción constitucional. En definitiva, lo que contemplan la Constitución vigente y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, es un principio de participación, que por razones obvias no alcanza el carácter preceptivo y exigible de un derecho fundamental o humano. No resulta posible extraer del texto fundamental y de los instrumentos de Derechos Humanos un supuesto derecho a la participación que rija de manera incondicional para la adopción de cualquier o toda decisión administrativa fundamental que justifique acoger todo amparo siempre que se alegue que se violó el mismo.
Es el legislador ordinario el que paulatinamente, va configurando y desarrollando tal derecho de participación en ciertas materias y en determinados sectores del ordenamiento jurídico infraconstitucional, por lo que, reitero, no le corresponde a la jurisdicción constitucional, por ser una cuestión de legalidad ordinaria, establecer cuándo se ha infringido un derecho de configuración legal. En razón de lo expuesto, no resulta posible hablar, desde una perspectiva constitucional o convencional, de un derecho perfecto a la participación, debiendo, en su lugar, hacerse referencia al principio constitucional de la participación ciudadana en la toma de decisiones fundamentales, sean políticas o administrativas.
VI.Finalmente, la Sala considera necesario recordarle a los accionados las correspondientes recomendaciones dadas luego de realizado el último estudio de febrero de 2016. Los mismos funcionarios recurridos coinciden en que el documento denominado “Impacto de la Sequía en el Acuífero Sardinal 2015”, contempla una serie de medidas que deben ser cumplidas durante el progreso del proyecto de ampliación del Acueducto El Coco-Ocotal. Se llegó a la conclusión de que es viable el aprovechamiento del acuífero Sardinal por parte del ICAA para el abastecimiento del acueducto El Coco-Ocotal, pero teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
VII.Nota de los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal, con redacción del segundo. Los suscritos Magistrados consignamos esta nota pues si bien el recurso debe ser declarado sin lugar, estimamos necesario recordar algunos señalamientos que hemos realizado en reiterados recursos de amparo, tendentes a explicar que el ordinal 9 de la Constitución Política no solo recoge un principio de rango constitucional, sino que la participación ciudadana debe ser considerada como un derecho fundamental, con todas las garantías y protección que ello implica.
A.- Sobre la relevancia constitucional del derecho a la participación ciudadana y su impulso mediante la jurisprudencia de esta Sala. En la sentencia número 2013-017305 de las 11:32 horas del 20 de diciembre de 2013, este Tribunal tuvo la oportunidad de analizar un recurso de amparo en el que se potenciaba la participación ciudadana como derecho fundamental. En esa oportunidad, se explicó lo siguiente: “El derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones se ha convertido en uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el sistema democrático. En nuestro país, el legislador constitucional recogió este derecho en el artículo 9 de la Constitución Política al disponer que el Gobierno de la República sea popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Este mandato de la Ley Fundamental ha orientado un posterior desarrollo normativo constitucional e infraconstitucional.
Así, se ha establecido una serie de mecanismos que buscan que el derecho al gobierno participativo pueda ser aplicado en forma efectiva, y no quede únicamente en el papel, tales como el referéndum para la aprobación o derogación de leyes y reformas parciales a la Constitución, o la iniciativa popular en la formación de leyes (véase, entre otras, la sentencia número 2005-05649 de las 14:39 horas del 11 de mayo del 2005). El derecho al gobierno participativo, elevado a rango constitucional mediante la reforma propiciada por Ley N° 8364 de 01 de julio de 2003, publicada en La Gaceta N° 146 de 31 de julio de 2003, no solo significa un reconocimiento del más alto rango normativo a la función del control político, sino que, además, constituye una revalorización del papel del ciudadano en los procesos de toma de decisión. Por voluntad del legislador constituyente, que esta Sala no debe ni puede desconocer, el derecho al gobierno participativo se erige como pilar fundamental de nuestro régimen democrático -cuestión erróneamente desconocida por el voto de minoría, que le baja la categoría a la participación ciudadana de derecho a principio general, en clara contraposición a la línea jurisprudencial de esta Sala como más adelante se demuestra-, lo que resulta conteste con un sistema político basado en la tolerancia, el pluralismo y el respeto a la libertad.
Este derecho al gobierno participativo, también denominado derecho a la participación ciudadana, se encuentre cobijado en varios instrumentos internacionales de derechos humanos. De este modo, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dispone que "toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos". Concordante con lo anterior, el numeral 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce expresamente el derecho de los ciudadanos: “(…) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”. En igual sentido, la Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 5° que: “La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.
De manera más vehemente, el numeral 6 de dicha Carta estatuye que: “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”. Este reconocimiento convencional y constitucional al mencionado derecho representa un aspecto fundamental del modelo democrático de este siglo, en el que el control ciudadano, la transparencia y la rendición de cuentas destacan como factores inherentes al sistema republicano, lo que a su vez dota la toma de decisiones políticas de mucha mayor legitimidad, aspecto clave cuando de verdadera gobernabilidad se trata. Precisamente, uno de los mecanismos ideados para cumplir lo dispuesto en el artículo 9 constitucional es la audiencia pública, que constituye en un medio a través del cual las personas interesadas pueden hacer valer sus derechos, participando activamente en temas de relevancia nacional o local, y poniendo en conocimiento de la Administración todas aquellas anomalías o disconformidades en relación con el proyecto que se pretenda desarrollar.
Así las cosas, la audiencia pública es un instrumento típico de una democracia madura, mediante el cual se fomente la participación activa del ciudadano en la toma de decisiones públicas. Por su significado, la audiencia debe efectuarse de tal forma que garantice la mayor participación de las personas que puedan verse afectadas, de ahí que cualquier acción u omisión que evite lo anterior, implica una abierta vulneración a los derechos fundamentales de los participantes (véase, entre otras, la sentencia número 2009-018223). En cuanto al carácter participativo de la audiencia pública, la propia Constitución Política obliga a ello, pues con la reforma vigente desde el 31 de julio de 2003 al numeral 9 de la Ley Fundamental quedó estatuido que el Gobierno de la República tiene que ser, entre otros aspectos, participativo, lo que implica que el gobierno de turno es un articulador de lo establecido por deliberación popular.
En otras palabras, en la democracia actual, los ciudadanos gozan, por mandato constitucional, ya no solo del derecho al voto para ejercer su derecho al gobierno participativo, sino de cantidad de instrumentos de diversa naturaleza para coadyuvar en la toma de decisiones políticas, lo que propicia que puedan ejercer influencia directa en las grandes decisiones públicas. Este derecho fundamental de participación ciudadana establece que el pueblo debe estar habilitado para manifestarse por igual en puntos de vista tanto mayoritarios como minoritarios. Así, serán importantes tanto los mecanismos de participación nacionales como el referéndum o plebiscito, como los locales. Durante la audiencia pública se les deben otorgar a los participantes todas las facilidades para que se encuentren informados y puedan hacerse escuchar, todo dentro de lo razonable, pues tampoco puede convertirse la audiencia en un obstáculo o un recurso para impedir que se dé oportuna resolución a determinada gestión (…)”.
Así las cosas, estimamos necesario consignar esta nota con el fin de reiterar la relevancia constitucional del numeral 9 de la Constitución Política, no solo como principio general sino como un claro y legítimo derecho fundamental, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones.
B.- Sobre la participación ciudadana en el caso bajo estudio. En este asunto se tiene por demostrado que el 18 de setiembre de 2016 se llevó a cabo en el Salón Comunal de Sardinal una audiencia con la comunidad de Sardinal para presentar informe de febrero de 2016 y retroalimentar sobre el impacto de la sequía, sobre el comportamiento en el acuífero Sardinal, los análisis realizados por profesionales del ICAA, Dirección de Aguas del MINAE, SENARA y UCR, entre otros. Aunado a lo anterior, del estudio de la prueba aportada, apreciamos que las autoridades recurridas sí han garantizado un proceso abierto, transparente y con plena participación ciudadana. Los accionados han venido realizando varias reuniones con la comunidad durante todo el proceso de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, desde el 2008. La última de las convocatorias públicas se dio el pasado 18 de setiembre, en la localidad de Sardinal, momento en el que se difundieron los resultados de las últimas mediciones y conclusiones a la comunidad.
De la prueba aportada por los recurridos se observan fotografías de las audiencias públicas realizadas a lo largo del proceso, con participación de algunos de los aquí recurrentes. De este modo, los suscritos Magistrados tenemos por cumplido el mandato constitucional reconocido en el ordinal 9 de la Constitución, toda vez que del estudio atento de la prueba aportada a los autos se observa que los recurridos sí se han preocupado por mantener informada a la comunidad de Sardinal de los avances del proyecto de ampliación del Acueducto El Coco-Ocotal, así como de los resultados de las últimas mediciones efectuadas a los pozos afectados por el fenómeno El Niño, y del progreso que estos han tenido en cuanto a recarga hídrica se refiere. Ergo, consideramos que en cuanto a este extremo se desestima el recurso de amparo pero con base en las anteriores consideraciones.
VIII.Nota separada de la Magistrada Hernández López respecto del reclamo por infracción del artículo 50 de la Constitución Política. 1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.
2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental –tal y como acertadamente lo ha descrito el Magistrado Jinesta Lobo en su voto salvado sobre este tema- lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.
3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.
4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.
5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.
6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7.
En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.
8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados no se presenta ninguna de las excepciones que mencionan y la situación planteada se ubica dentro de aquellos casos en las que la intervención de los medios de protección de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa para el tema discutido, el cual involucra una técnica y complicada discusión sobre ventajas y desventajas y valoración de los beneficios del acueducto en discusión que requiere abundante prueba, seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo. De tal modo, debió aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y rechazar de plano el recurso, no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora declarar sin lugar el amparo interpuesto.
IX.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades recurridas de lo dispuesto en el considerando VII de esta sentencia. Los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal ponen nota separada en relación con el artículo 9 constitucional. La Magistrada Hernández López pone nota separada.- Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
*TRGF2INZ8GI61*
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