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Res. 17412-2016 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/11/2016

Professional Association Dues Without Technical Studies Are ConstitutionalCuotas colegiales sin estudios técnicos no son inconstitucionales

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OutcomeResultado

ConstitutionalSin inconstitucionalidad

The majority held that prohibiting professional association dues below their current level violates neither reasonableness nor freedom of association, although one justice dissented.La mayoría determinó que la prohibición de fijar cuotas colegiales inferiores a las vigentes no infringe la razonabilidad ni la libertad de asociación, aunque un magistrado disintió.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber answered an optional legislative consultation concerning the proposed amendment to Article 13(f) of the Organic Law of the Association of Graduates in Letters, Philosophy, Sciences, and Arts. The majority concluded that authorizing the General Assembly to set admission and monthly dues, while prohibiting rates below those currently charged, did not violate reasonableness or freedom of association. It explained that technical studies may assist legislative deliberation but, as a general rule, are not an indispensable prerequisite for exercising legislative power. The Chamber recognized an environmental exception: technical studies are required when legislation would reduce environmental protection, under judgment 2012-013367. It also held that mandatory membership in a professional association is not equivalent to voluntary association because it is a legal prerequisite for practicing certain professions and enables oversight of professional competence, discipline, and ethics. Justice Rueda Leal dissented, finding it unreasonable to prohibit reduced dues even when the technical studies required by the proposed law would support such a reduction.La Sala Constitucional evacuó una consulta legislativa facultativa sobre la reforma al artículo 13 inciso f) de la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte. La mayoría concluyó que permitir a la Asamblea General fijar las cuotas de ingreso y mensuales, impidiendo que sean inferiores a las vigentes, no vulnera la razonabilidad ni la libertad de asociación. Explicó que los estudios técnicos pueden contribuir al análisis legislativo, pero no constituyen, por regla general, un requisito indispensable para ejercer la potestad de legislar. Reconoció una excepción ambiental: la reducción de la protección del ambiente sí requiere estudios técnicos, conforme al voto 2012-013367. También sostuvo que la colegiatura obligatoria no equivale a una asociación voluntaria, pues constituye un requisito legal para ejercer determinadas profesiones y permite fiscalizar su idoneidad, disciplina y ética. El magistrado Rueda Leal salvó el voto al considerar irrazonable impedir una reducción de cuotas aun cuando los estudios técnicos la justificaran.

Key excerptExtracto clave

V.- Conclusion. In the opinion of the Chamber’s majority, the optional constitutional consultation is answered to the effect that there are no grounds for finding that the amendment to Article 13(f) of the Organic Law of the Association of Graduates in Letters, Philosophy, Sciences, and Arts, No. 4770 of October 28, 1972, as amended, is unconstitutional or infringes the principle of reasonableness or the right to freedom of association. Justice Rueda Leal answers the consultation to the effect that the provision under review is unconstitutional because it violates the principle of reasonableness. Therefore: The consultation is answered to the effect that the amendment to Article 13(f) of the Organic Law of the Association of Graduates in Letters, Philosophy, Sciences, and Arts, No. 4770 of October 28, 1972, as amended, is not unconstitutional and does not infringe the principle of reasonableness or the right to freedom of association.V.- Conclusión . En el criterio de la mayoría de la Sala, se evacua la consulta facultativa de constitucionalidad, en el sentido de que no hay razones para estimar que la reforma al artículo 13 inciso f) de la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, No. 4770 del 28 de octubre de 1972 y sus reformas, resulta inconstitucional, ni infringe el principio de razonabilidad, ni el derecho a la libertad de asociación. El Magistrado Rueda Leal evacua la consulta en el sentido de que la norma consultada es inconstitucional por lesionar el principio de razonabilidad. Por tanto: Se evacua la consulta formulada en el sentido de que la reforma al artículo 13 inciso f) de la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, No. 4770 del 28 de octubre de 1972 y sus reformas, no resulta inconstitucional, ni infringe el principio de razonabilidad, ni el derecho a la libertad de asociación.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La existencia de estudios o criterios técnicos ayudan a observar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pero no son determinantes, pues puede darse casos en los cuales se carecen de éstos y la ley apruebe el test de razonabilidad."

    "The existence of technical studies or criteria helps ensure observance of the principles of reasonableness and proportionality, but they are not determinative, because there may be cases in which they are absent and the law nevertheless passes the reasonableness test."

    Considerando III

  • "La existencia de estudios o criterios técnicos ayudan a observar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pero no son determinantes, pues puede darse casos en los cuales se carecen de éstos y la ley apruebe el test de razonabilidad."

    Considerando III

  • "El control de constitucional que debe ejercer la Sala Constitucional cuando se invoca la violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad a causa que la ley está afectando un derecho fundamental, es verificar si efectivamente la normativa cumple o no con los citados principios haciendo el test de razonabilidad."

    "When a violation of the principles of reasonableness and proportionality is alleged because a law affects a fundamental right, the constitutional review that the Constitutional Chamber must exercise is to determine, by applying the reasonableness test, whether the legislation actually complies with those principles."

    Considerando III

  • "El control de constitucional que debe ejercer la Sala Constitucional cuando se invoca la violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad a causa que la ley está afectando un derecho fundamental, es verificar si efectivamente la normativa cumple o no con los citados principios haciendo el test de razonabilidad."

    Considerando III

  • "Así que dos son los requisitos esenciales para la reducción de un área territorial ambientalmente protegida o para desafectar un área del régimen jurídico protector al que está sometida: por medio de ley y previa realización de estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida."

    "Thus, there are two essential requirements for reducing an environmentally protected territorial area or removing an area from the protective legal regime to which it is subject: action by law and the prior completion of sufficient technical studies justifying the measure."

    Considerando IV, voto salvado, cita del voto N° 2012-13367

  • "Así que dos son los requisitos esenciales para la reducción de un área territorial ambientalmente protegida o para desafectar un área del régimen jurídico protector al que está sometida: por medio de ley y previa realización de estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida."

    Considerando IV, voto salvado, cita del voto N° 2012-13367

  • "Por el contrario, la obligación de pertenecer a un Colegio Profesional es un requisito previo que establece el ordenamiento jurídico para poder ejercer lícitamente una profesión; por el interés público que hay en el desempeño de ciertas actividades profesionales, se establece una relación de sujeción especial."

    "On the contrary, the obligation to belong to a professional association is a prerequisite established by the legal system for the lawful practice of a profession; because of the public interest involved in the performance of certain professional activities, a special relationship of subjection is established."

    Considerando III

  • "Por el contrario, la obligación de pertenecer a un Colegio Profesional es un requisito previo que establece el ordenamiento jurídico para poder ejercer lícitamente una profesión; por el interés público que hay en el desempeño de ciertas actividades profesionales, se establece una relación de sujeción especial."

    Considerando III

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Sections

Procedural marks

Víctor Granados Jiménez Víctor Granados Jiménez 2 0 2016-12-07T20:07:00Z 2016-12-07T20:07:00Z 2 4792 26357 PJ 219 62 31087 12.00 164 false 21 false false false ES-CR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 *160153600007CO* Decision No. 2016017412 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours thirty minutes on the twenty-ninth of November, two thousand sixteen.

Optional legislative consultation on constitutionality (consulta legislativa facultativa de constitucionalidad) filed by Members of the Legislative Assembly José Antonio Ramírez Aguilar, Carlos Hernández Alvarez, Suray Carrillo Guevara, Patricia Mora Castellanos, Gerardo Vargas Varela, José Francisco Camacho Leiva, Ligia Elena Fallas Rodríguez, Natalia Díaz Quintana, Otto Guevara Guth, Edgardo Araya Sibaja, and José Alberto Alfaro Jiménez, concerning the bill entitled “Partial Reform of the Organic Law of the Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, No. 4770 of October 28, 1972, and its amendments,” legislative file number 19.774.

Findings of Fact (Resultando):

  1. 1The consultation was received by the Chamber’s Secretariat at eight hours thirty-five minutes on November 2, 2016. The certified copy of legislative file number 19.774 was received by the Chamber on the following November 7. Consequently, the deadline for issuing a response to the consultation expires on the upcoming December 7.
  2. 2The Members of the Legislative Assembly ask whether the amendment to Article 13 of the Organic Law of the Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, No. 4770 violates the principle of reasonableness (principio de razonabilidad) and freedom of association (libertad de asociación). The provision states that the admission fee and monthly dues established by the General Assembly may not be lower than those currently in effect. This restriction is imposed without technical studies justifying the measure because it prevents the General Assembly—throughout the entire period in which this provision remains in force—from reducing the dues payable by members of the Colegio, even when circumstances warrant doing so. In the opinion of the consulting Members, this could violate the principle of reasonableness and the freedom of association enshrined in Article 25 of the Political Constitution.
  3. 3The proceedings complied with the provisions of Article 100 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), and this decision is issued within the period established in Article 101 thereof.

Justice Castillo Víquez authored the opinion; and, Considerations (Considerando):

I.Pursuant to Article 96(b) of the Constitutional Jurisdiction Law, this is an optional consultation filed by eleven Members of the Legislative Assembly. Accordingly, this Chamber will review only the specific issues raised by the consulting Members and not general questions concerning the constitutionality of the Law containing the challenged provision, as prescribed by Article 99 of the law governing this jurisdiction.

II.The matter before us concerns the Legislative Assembly’s legislative power (potestad de legislar), since the purpose of the partial reform of the Organic Law of the Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, No. 4770 of October 28, 1972, and its amendments is to update a law that, when the bill was introduced, was 53 years old. The reform is justified because the legislation has become outdated, and some regulations have even been regarded as unusual and are being updated to improve the organization of the professional association (Colegio Profesional). According to Minutes No. 11 of October 26, 2016, the Second Standing Committee with Full Legislative Authority approved the bill with fourteen Members present, with thirteen voting in favor and one against, thereby approving the bill on first reading.

The optional consultation on constitutionality was filed because the legislators have doubts and seek this Chamber’s opinion as to whether the proposed amendment to subsection (f) of Article 13 of the Law in question complies with the principle of reasonableness and whether part of the provision constitutes an arbitrary legislative imposition that violates freedom of association, because it would restrict the General Assembly’s authority to approve an amount lower than the one in effect at the time of the reform. Specifically, the provision states:

“Article 13.- The duties of the General Assembly are:

(…)

  • f)to approve the amount of the admission fee and monthly dues payable by association members (colegiados). The Board of Directors shall provide the technical study supporting the amount of the dues. Such dues may not be lower than those currently in effect.” The question is whether it is constitutionally reasonable to establish a prohibition against setting admission fees and monthly dues lower than those in effect when the reform enters into force.

III.Merits of the consultation (fondo de la consulta): the absence of technical studies and its implications for the principle of reasonableness and freedom of association. The first point to be established is that constitutional jurisdiction has clearly defined the limits that it must address in its capacity as an advisory body to the Legislative Assembly and how far it must go when resolving legislators’ doubts regarding constitutionality. In this regard, in Judgment No. 2016-14893, this Chamber reaffirmed these limits, even referring to what had already been stated in Judgment No. 2015-6654 concerning the prohibitions imposed on minors entering into marriage, when it held that the matter was one of legislative merit, timeliness, and expediency (mérito, oportunidad y conveniencia) for the Legislative Assembly. Furthermore, that judgment states that the Chamber is not the forum for determining what is appropriate or expedient; rather, it is before the Legislative Assembly that the propriety of the reform must be considered, “… based on statistical data and sociological, educational, and health studies concerning minors, …”.

However, in the Chamber’s opinion, it must now be clarified that this reference to possible studies, analyses, or voluntary feedback mechanisms through which legislators may hear from those whom a legislative measure will directly affect or involve does not mean that reliance on technical and scientific studies is an imperative or a sine qua non requirement of the legislative procedure for exercising legislative power. By way of example, such a requirement could never be placed on the same footing as the obligation to comply with Constitutional Law (Derecho de la Constitución)—its values, principles, and rights—or treated as a substantive requirement of legislative procedure or of the law, except in environmental matters where environmental protection is intended to be reduced or diminished, in which case technical studies are indeed required under the terms established by this Court in Judgment No. 2012-013367.

Although the juvenile-marriage case cited above did involve serious studies by international organizations, as well as some domestic studies, the fact remains that the Chamber cannot construe this requirement as constituting, per se, a limitation on the legislature’s freedom to shape legislation (libertad de configuración del legislador) or on its assessment of the expediency and timeliness of enacting legislation. The specific restriction imposed by the legislature on the General Assembly of the members of the Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, preventing it from reviewing the admission fee and monthly dues then in effect, contains no constitutional defect (vicio de constitucionalidad). In this regard, Vote 2016-014893 reasoned as follows:

“…we wish to reinforce an argument that we consider of the utmost importance in two respects: both regarding the Legislative Assembly’s exercise of legislative power and regarding this Court’s jurisdiction as the ultimate guarantor of the principles of constitutional supremacy (supremacía constitucional), the normative force of the Constitution (valor normativo de la Constitución), and the effective protection of fundamental rights (tutela efectiva de los derechos fundamentales) contained in the Fundamental Charter and in the international human-rights instruments in force in the State of Costa Rica.

We have no doubt that the imposition of custodial sentences (penas privativas de libertad) and the expediency of establishing a minimum age for marriage are matters subject to the merit, timeliness, and expediency of legislative policy, provided that Constitutional Law—its values, principles, and rules—and the fundamental rights of the Republic’s inhabitants are respected (see, in this regard, Judgment 2015-6654 of this Court). In view of the foregoing, the legislature has broad freedom to regulate this matter in the exercise of its legislative power.

Nevertheless, when such legislation affects a fundamental right—by imposing restrictions—the legislature must necessarily observe a series of rules, including preservation of the right’s essential content (contenido esencial), so that the right is not rendered unrecognizable or its exercise made impracticable, as well as compliance with the principles of reasonableness and proportionality (proporcionalidad). This Chamber has defined the necessary content of these principles. Indeed, in repeated judgments it has held, regarding the former, that a law cannot and must not be irrational, since the means selected must bear a real and substantial relationship to the objective pursued. From this perspective, technical rationality (racionalidad técnica) means proportionality between means and ends; legal rationality (racionalidad jurídica) entails conformity with the Constitution generally and, in particular, with the rights and freedoms recognized and guaranteed therein and in the international human-rights instruments duly in force in our country; and, finally, reasonableness regarding personal effects (razonabilidad sobre los efectos personales) means that no restrictions or burdens may be imposed on those rights other than those reasonably arising from their nature, nor any greater than those indispensable for their reasonable operation in society. Decision No. 5236-99 established the following components of reasonableness:

“…this Court deems it prudent to refer to what is considered the ‘reasonableness of the law as a standard of constitutionality (razonabilidad de la ley como parámetro de constitucionalidad).’ It should first be recalled that the ‘reasonableness of the law’ arose as part of ‘substantive due process (debido proceso sustantivo)’ (substantive due process of law), a safeguard developed through the case law of the Supreme Court of the United States of America in connection with the Fourteenth Amendment to the Federal Constitution. Under its initial conception, ‘due process (debido proceso)’ was directed toward procedural review of legislative acts and their effect on substantive rights. By the end of the nineteenth century, however, it had transcended the procedural conception from which it originated and developed into an axiological mechanism limiting the actions of the legislative body. From that point onward, due process may be understood as a general safeguard of liberty, that is, as a substantive safeguard.

The evolution of ‘due process’ beyond a procedural safeguard is attributable primarily to the fact that even a law enacted in accordance with the established procedure, and which is valid and effective, may violate Constitutional Law (Derecho de la Constitución). To conduct the reasonableness test (juicio de razonabilidad), United States doctrine calls first for an examination of so-called ‘technical reasonableness (razonabilidad técnica),’ under which the particular rule at issue—law, regulation, etc.—is examined. Once it has been established that the rule selected is appropriate for regulating a given subject matter, it must be determined whether the means chosen are proportional to the objective sought. After the ‘technical reasonableness’ criterion has been satisfied, ‘legal reasonableness (razonabilidad jurídica)’ must be analyzed. For this purpose, that doctrine proposes examining: a) balancing reasonableness (razonabilidad ponderativa), a type of legal assessment applied when, upon the existence of a particular antecedent circumstance (e.g., income), a particular obligation is required (e.g., a tax), in which case it must be determined whether that obligation is equivalent or proportionate; b) reasonableness of equality (razonabilidad de igualdad), the type of legal assessment based on the principle that equal antecedent circumstances must produce equal consequences, without arbitrary exceptions; and c) reasonableness of the objective (razonabilidad en el fin): at this stage, it is assessed whether the objective sought is inconsistent with the purposes established in the Constitution.

Within this same analysis, it is not enough to state that a means is reasonably suited to an objective; it is also necessary to determine the nature and extent of the limitation that a personal right must bear as a result of that means. Accordingly, if the same objective can be achieved through another means that imposes a less burdensome limitation on personal rights, the means selected is not reasonable (to similar effect, judgments numbers 1738-92, de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos, and 08858-98, de las dieciséis horas con treinta y tres minutos del quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, may be consulted). German doctrine made an important contribution to the issue of ‘reasonableness’ by clearly identifying its components: legitimacy, suitability, necessity, and proportionality in the strict sense. It developed these concepts by stating that ‘...Legitimacy means that the objective sought through the challenged act or provision must not, at a minimum, be legally prohibited; suitability means that the challenged state measure must be capable of effectively achieving the intended objective; necessity means that, among several measures equally capable of achieving that objective, the competent authority must select the one that affects the person’s legal sphere as little as possible; and proportionality in the strict sense provides that, in addition to the requirement that the rule be suitable and necessary, what it mandates must not be disproportionate to the intended objective—that is, it must not impose an “unreasonable demand” on the individual...’ (judgment of this Chamber number 3933-98, de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del doce de junio de mil novecientos noventa y ocho).

Consistent with the criterion set forth above, this Chamber has applied this doctrine in its case law. We now turn to the analysis of the specific case. Regarding proof of ‘reasonableness’: To undertake an examination of the reasonableness of a rule, the Constitutional Court requires the party to provide evidence, or at least grounds supporting its argument; the same procedural burden rests on the party rebutting the arguments raised in the constitutional challenge, and failure to satisfy these requirements renders the allegations of unconstitutionality inadmissible. This is because a ‘reasonableness’ analysis cannot be conducted without a coherent line of argument supported by evidence. This applies, of course, except in cases where the ‘unreasonableness’ is evident and manifest. Returning to the allegation that the eighteen-month period for electing an ordinary pension is unreasonable, the Chamber notes that the petitioners not only fail to state the reasons leading them to conclude that the challenged rule is unreasonable, but also fail to provide any evidence that would allow this Court to reach that conclusion, thereby reducing the debate to an exposition of subjective concepts.

Moreover, the case does not present the characteristics of an evident and manifest situation of ‘unreasonableness’ that is also readily perceptible; rather, it may be stated in the abstract that the rule is consistent with the purpose of the legislative reform, namely, to correct the distortions of the repealed pension system while simultaneously creating a new system that protects the “right to belong to the National Teaching Profession system (derecho de pertenencia al régimen del Magisterio Nacional),” which this Chamber has recognized as a right of contributors.” (The text in bold does not appear in the original).

The second principle, proportionality (proporcionalidad), means that a legislative act must be appropriate for achieving its underlying purposes (principle of suitability [principio de adecuación]); it must be necessary—that is, it must impose the fewest possible restrictions on the fundamental rights of the inhabitants of the Republic. This means that the means employed by the legislature must be suitable and necessary to achieve the proposed objective and can be deemed necessary only when the legislature could not have selected another equally effective means that did not limit the fundamental right or limited it less substantially; finally, it must be proportionate in the strict sense—that is, a precisely tailored legislative act. (See judgment n.° 5236-99).

Based on the foregoing, the claim that the challenged regulations lack technical, criminological, or legal support, or that there are no technical criteria supporting their adoption, requires a different approach under Constitutional Law […], because, in rejecting the constitutional defect (vicio de inconstitucionalidad), it is asserted that such support does exist and several technical studies are cited. This […] has harmful consequences for Parliament’s exercise of legislative power (potestad de legislar), in addition to causing the Constitutional Chamber to assume a function that does not belong to it. Viewed in proper perspective, the first negative consequence—which seriously restricts legislative power—is that Parliament would necessarily have to support every law it enacts with a technical study. The existence of technical studies or criteria helps ensure compliance with the principles of reasonableness and proportionality, but they are not determinative, because there may be cases in which such studies or criteria are absent yet the law passes the reasonableness test.

The second negative consequence is that, when a technical study exists, this Court would necessarily have to validate it for the law to conform to Constitutional Law, with the additional complication that, if conflicting technical studies existed, the Constitutional Chamber would have to select one and reject the others in order to uphold or invalidate the challenged rule. The third negative consequence is that requiring a technical study for every law enacted by Parliament would logically weaken Parliament. Finally, by assuming responsibility for reviewing the study or technical criteria supporting the law, the Constitutional Chamber performs a function that is not its own—a political function removed from the judicial function. Determining whether technical studies or criteria are sufficient to enact a law, choosing among several conflicting studies, rejecting all of them, and so forth are tasks belonging to the Legislative Assembly, not to this Court.

The constitutional review (control de constitucionalidad) that the Constitutional Chamber must conduct when a violation of the principles of reasonableness and proportionality is alleged on the ground that a law is affecting a fundamental right consists of verifying, by applying the reasonableness test, whether the regulations actually comply with those principles. The function of this Court must be confined to this task if it is not to exceed its jurisdiction and encroach upon matters inherent to political and parliamentary activity.” Hence, we find that there are no grounds for determining that the lack of technical studies may necessarily undermine the constitutionality of the amendment, since it cannot in any way be understood as limiting the possibility of enacting legislation; on the contrary, the Legislature has broad discretion in exercising its legislative authority (potestad de legislar).

In the case before us, following the cited precedent, the lack of technical studies demonstrating whether a restriction introduced by the Legislature is certain, viable, or functional does not in any way mean that it is unconstitutional per se. It is clear to the Sala that its review could not consist of weighing reports against reports, because that task properly belongs to the Asamblea Legislativa; nor could it be based on a presumption that the dues established under the prior regulations are legitimate. In this regard, only an analysis of compliance with the reasonableness test (test de razonabilidad) could be brought before this Tribunal, provided that it is associated with the violation of a fundamental right (derecho fundamental). Notwithstanding the foregoing, in the opinion of the Sala, the Legislature may use various legislative techniques or criteria to regulate public or private activity, provided that the formal and substantive limits of the Constitución are respected, including, of course, fundamental rights.

Thus, if mandatory membership (colegiatura obligatoria) in Colegios Profesionales exists—except for professional activity arising from freedom of expression, which encompasses the work of seeking, receiving, and disseminating information—there would not even be a violation of the fundamental right invoked, because that right does not arise from an associational basis equivalent to freedom of association (libertad de asociación), under which individuals are free to join or leave associations, provided that such associations pursue lawful purposes and are organized under civil law or ordinary law. On the contrary, the obligation to belong to a Colegio Profesional is a prerequisite established by the legal system (ordenamiento jurídico) for the lawful practice of a profession; because of the public interest involved in the performance of certain professional activities, a special relationship of subjection (relación de sujeción especial) is established, particularly for liberal professions (profesiones liberales), so that a minimum degree of oversight may be exercised over their activities, qualifications, discipline, and ethics for the benefit of users of those professional services and of social progress.

Accordingly, the existence of a violation of freedom of association, as understood by this Sala in its case law (jurisprudencia), must be ruled out, as must any challenge to the need for dues to ensure the proper operation of the professional association and oversight of its members (sentencias Nos. 1994-00218 y 2000-10998).

IV.Dissenting opinion (Voto salvado) of Magistrado Rueda Leal. Respectfully, I dissent from the majority opinion for the following reasons. On the one hand, I do not agree with the arguments expressed by the majority; on the other, I consider that the legal resolution of the consultation submitted is different, as I shall explain.

  1. 1Regarding the arguments raised by the majority, I observe that the matter was decided on the basis that the Asamblea Legislativa enjoys broad discretion in its work and that no particular criterion may be imposed upon it based, for example, on the existence of technical studies. However, the issue raised by those submitting the consultation is different. Their interest lies in determining whether the challenged provision—currently under discussion in the Asamblea Legislativa—is reasonable in requiring technical studies to determine the admission fee and monthly dues of the Colegio Profesional while also preventing them from being lower than those currently in effect. In other words, the question is not whether the Asamblea Legislativa may or may not approve that provision—which would concern the Legislature’s discretion—but rather whether the provision itself is reasonable.

With regard to the Legislature’s discretion, it must indeed be acknowledged that this is a broad authority whose few limits are found in constitutional provisions, treaty provisions, legislative procedure, and so forth, as well as in the case law of this Sala. Notable examples include the limits established by the Sala in environmental matters, as explained in voto N°2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012:

“Thus, there are two essential requirements for reducing the size of an environmentally protected territorial area or removing an area from the protective legal regime (régimen jurídico protector) to which it is subject: this must be done by law and after sufficient technical studies have been conducted to justify the measure.” Although there may be some analogy between the work that the Asamblea General of the Colegio Profesional would perform if the provision were approved and the work of the Asamblea Legislativa, it is improper, without further analysis, to confer upon that Asamblea General the same discretion as a constitutional body that is fundamental to the democratic system. Note, for example, that the authority granted to that Asamblea by the bill under consultation is currently exercised by the Junta Directiva (Article 23 inciso d) de la ley N° 4770). That is, it could be questioned whether the amount of the dues must be approved by a body with a greater degree of democratic representation or whether another body may do so based on a technical criterion; the limits placed on that body in light of freedom of association, the right to work (derecho al trabajo), its democratic representativeness, and so forth could also be questioned.

Nor is the issue whether the Asamblea Legislativa may limit the discretion of the Asamblea General—as a representative body—as part of the analysis of the latter’s discretion. The foregoing issues are mentioned without any intention of examining them in depth, since—I reiterate—the substance of the matter is different.

  1. 2Regarding the subject of the consultation, I refer to the reasonableness standards established by this Tribunal:

“In this regard, the Sala considers that the challenged measure is consistent with the principle of reasonableness (principio de razonabilidad). The latter comprises the following components: legitimacy, suitability, necessity, and proportionality in the strict sense (proporcionalidad en sentido estricto). Legitimacy means that the objective sought by the challenged act or provision must not, at a minimum, be legally prohibited; suitability means that the challenged state measure must be capable of effectively achieving the intended objective; necessity means that, among several measures equally capable of achieving that objective, the competent authority must choose the one that affects the individual’s legal sphere (esfera jurídica) as little as possible; and proportionality in the strict sense provides that, even if a measure is suitable and necessary, it will be unreasonable if it infringes the essential content of another fundamental right or deprives that right of its substance.” (Resolución Nº 2013-1276 de las 14:50 horas del 29 de enero de 2013, criterion reiterated in resolución N° 2016-2706 de las 16:15 horas del 23 de febrero de 2016).

In this regard, it is observed that the measure established by the challenged provision is legitimate, since dues must be established so that the Colegio Profesional can perform its functions. It also follows that the measure achieves its intended purposes and is therefore suitable. Regarding necessity, it is noteworthy that the bill proposes that the amount of the dues be justified by technical studies; however, that criterion would inevitably be rejected whenever it recommended reducing the dues, because they could not be lower than those currently in effect. Requiring members to pay dues entails imposing a burden that could, depending on the circumstances, affect their ability to practice their respective profession and thus their right to work. If the Legislature determines that the justification for imposing this burden lies in the existence of technical studies, it is unreasonable—because it contradicts the necessity component—to maintain that burden on a member even when technical studies—the standard established by the Legislature—justify reducing it.

Note that the “necessity” element requires that, among several alternatives, the least burdensome one be chosen, which in the sub examine would be the alternative that, based on a technical study, is more beneficial to the member. In that event, it is clear that an obligation affecting the member’s rights is being imposed even though that obligation is not necessary to achieve the purposes of the provision. Of course, nothing prevents the Legislature from granting the Asamblea General a degree of discretion, an element that is also fundamental in the Administración Pública (Article 16 de la Ley General de la Administración Pública). However, in the portion challenged by those submitting the consultation, the provision does precisely the opposite: it eliminates the discretion of the Asamblea General and imposes dues even contrary to the technical studies required by the regulation itself. In light of the foregoing, I consider that the provision under consultation is unconstitutional because it violates the principle of reasonableness.

Por tanto: Magistrado Rueda Leal answers the consultation by finding that the provision under consultation is unconstitutional because it violates the principle of reasonableness.

V.Conclusion. In the opinion of the majority of the Sala, the optional constitutional consultation (consulta facultativa de constitucionalidad) is answered by finding that there are no grounds for concluding that the amendment to Article 13 inciso f) de la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, No. 4770 del 28 de octubre de 1972 y sus reformas is unconstitutional, violates the principle of reasonableness, or infringes the right to freedom of association.

Magistrado Rueda Leal answers the consultation by finding that the provision under consultation is unconstitutional because it violates the principle of reasonableness.

Por tanto:

The consultation submitted is answered by finding that the amendment to Article 13 inciso f) de la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, No. 4770 del 28 de octubre de 1972 y sus reformas is not unconstitutional, does not violate the principle of reasonableness, and does not infringe the right to freedom of association.

Magistrado Rueda Leal answers the consultation by finding that the provision under consultation is unconstitutional because it violates the principle of reasonableness.

Let notice be served.

Ernesto Jinesta L.

President Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Aracelly Pacheco S.

Jose Paulino Hernández G.

Yerma Campos C.

*E6LAN43VSNDS61* Telephone numbers: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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Víctor Granados Jiménez Víctor Granados Jiménez 2 0 2016-12-07T20:07:00Z 2016-12-07T20:07:00Z 2 4792 26357 PJ 219 62 31087 12.00 164 false 21 false false false ES-CR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 *160153600007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil dieciseis .

Consulta legislativa facultativa de constitucionalidad interpuesta por los (as) diputados (as) José Antonio Ramírez Aguilar, Carlos Hernández Alvarez, Suray Carrillo Guevara, Patricia Mora Castellanos, Gerardo Vargas Varela, José Francisco Camacho Leiva, Ligia Elena Fallas Rodríguez, Natalia Díaz Quintana, Otto Guevara Guth, Edgardo Araya Sibaja, y José Alberto Alfaro Jiménez, respecto del proyecto de ley "Reforma Parcial a la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, No. 4770 de 28 de octubre de 1972 y sus reformas", expediente legislativo número 19.774.

Resultando:

  1. 1La consulta se recibió en la Secretaría de la Sala a las ocho horas treinta y cinco minutos del 2 de noviembre de 2016. La copia certificada del expediente legislativo número 19.774 se recibió en la Sala el 7 de noviembre siguiente. En consecuencia, el plazo para evacuar la consulta vence el 7 de diciembre próximo.
  2. 2Consultan los (as) señores diputados (as) si la reforma al artículo 13 de la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, No. 4770 lesiona el principio de razonabilidad y la libertad de asociación. La norma dispone que la cuota de ingreso y la cuota mensual que establece la Asamblea General no podrá ser inferior a la que se encuentra vigente. Esta limitación se impone sin que existan estudios técnicos que justifiquen la medida, por impedir a la Asamblea General -durante toda la vigencia de esta norma- rebajar la cuota a los miembros del Colegio, aunque así lo amerite. En la opinión de los (as) consultantes, ello podría quebrantar los principios de razonabilidad y el de la libertad de asociación contenido en el artículo 25 de la Constitución Política.
  3. 3En los procedimientos se han acatado las disposiciones del artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y esta resolución se dicta dentro del término que establece el artículo 101 ibídem.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.De conformidad con lo que dispone el artículo 96 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, nos encontramos frente a una consulta facultativa, planteada por once diputados (as), por lo que esta Sala revisará únicamente los extremos cuestionados en forma concreta por los (as) consultantes y no aspectos generales de constitucionalidad de la Ley que contiene la norma impugnada, según lo dispone el artículo 99 de la ley que rige esta jurisdicción.

II.El tema que nos ocupa, tiene relación con la potestad de legislar de la Asamblea Legislativa, toda vez que la reforma parcial a la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, No. 4770 de 28 de octubre de 1972 y sus reformas tiene como fin actualizar la ley que, al momento de presentado el proyecto de ley, tiene con 53 años. La reforma se justifica porque la normativa ha perdido vigencia, y algunas regulaciones incluso han sido consideradas como inusuales, y son actualizadas para mejorar la organización del Colegio Profesional. De conformidad con el acta No. 11 del 26 de octubre de 2016, la Comisión Permanente con Potestad Legislativa Plena Segunda aprobó con catorce diputados y diputadas presentes, distribuyéndose la votación en trece a favor y una en contra, quedando aprobado en primer debate el proyecto de ley.

La consulta facultativa de constitucionalidad se interpone por dudas de los (as) legisladores (as) con el fin de que esta Sala opine si el proyecto de reforma al inciso f) del artículo 13 de la Ley en cuestión, es conforme al principio de razonabilidad y si una parte de la disposición es una imposición arbitraria del legislador en contra de la libertad de asociación, porque limitaría la facultad de la Asamblea General de acordar una suma inferior a la que se encuentra vigente en el momento de la reforma. La disposición, en concreto, dice:

“Artículo 13.- Son deberes de la Asamblea General:

(…)

  • f)aprobar el monto de la cuota de ingreso y mensuales que deberán pagar los colegiados. La Junta Directiva aportará el estudio técnico que justifique el monto de la cuota. Dicha cuota no podrá ser inferior a la que se encuentra vigente”.

Se consulta si es razonable constitucionalmente establecer el límite de no poder fijar una cuota inferior de ingreso y mensuales al que se encuentra rigiendo, al entrar en vigencia la reforma.

III.Sobre el fondo de la consulta: la ausencia de estudios técnicos, su impacto con el principio de razonabilidad y la libertad de asociación. Lo primero que debe establecerse es que la jurisdicción constitucional ha venido fijando, con claridad, cuáles son los límites que le corresponde abordar, como órgano consultivo de la Asamblea Legislativa, y hasta qué punto debe llegar al evacuar las dudas de constitucionalidad de los (as) legisladores (as). En este sentido, por sentencia No. 2016-14893 esta Sala reafirmó estos límites, incluso haciendo alusión a lo ya dicho en la sentencia No. 2015-6654, con ocasión a las prohibiciones fijadas para los menores para contraer matrimonio, en cuyo momento se expresó que era un asunto de mérito, oportunidad y conveniencia de la Asamblea Legislativa. Más aún, en aquella sentencia se hace la afirmación que no es la Sala el foro para determinar que es adecuado o conveniente, sino es la Asamblea Legislativa donde debe plantearse si la reforma es procedente, “… a partir de datos estadísticos y estudios sociológicos, educativos y de salud de los menores, …”.

Sin embargo, en opinión de la Sala, ahora hay que abordar que dicha mención a los posibles estudios, análisis o mecanismos voluntarios de retroalimentación que puedan recibir los (as) legisladores (as) de quienes afectará o involucrará directamente una medida legislativa, no significa que es un imperativo apoyarse, como un requisito sine qua non del procedimiento legislativo, y de los estudios técnicos y científicos para ejercer la potestad de legislar, nunca esa exigencia podría estar, a manera de ejemplo, igual a la obligación de observar el Derecho de la Constitución (valores, principios y derechos) o que se trate de un requisito sustancial de procedimiento legislativo o en la ley, salvo el caso de la materia ambiental donde se pretenda reducir o disminuir la protección del ambiente, en cuyo caso sí se requieren de estudios técnicos en los términos que este Tribunal estableció en la sentencia n.° 2012-013367.

Si bien en el caso que traemos a colación del matrimonio juvenil éste alcanzó tener estudios serios de organismos internacionales, así como algunos nacionales, lo cierto es que la Sala no puede entender que esta exigencia es, –per se - un aspecto limitativo a la libertad de configuración del legislador, de conveniencia y oportunidad para emitir legislación. La limitación concreta que impone el legislador a la Asamblea General de los agremiados del Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, de no poder revisar la cuota vigente de ingreso y mensualidad no contiene un vicio de constitucionalidad. En este sentido, se argumento, en el voto 2016-014893, lo siguiente:

“…deseamos reforzar un argumento que lo consideramos de la mayor importancia en doble vía: sea en lo atinente al ejercicio de la potestad de legislar por parte de la Asamblea Legislativa, así como en lo referente a la competencia de este Tribunal como garante último de los principios de supremacía constitucional y el valor normativo de la Constitución y la tutela efectiva de los derechos fundamentales que se encuentran en la Carta Fundamental y en los Instrumentos Internacionales de derechos humanos vigente en el Estado de Costa Rica.

No tenemos la menor duda que la imposición de penas privativas de libertad y la conveniencia de establecer un límite de edad para contraer matrimonio, es una materia sujeta al mérito, oportunidad y convencía de la política legislativa, siempre y cuando se respete el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y los derechos fundamentales de los habitantes de la República (véase, en este sentido, la sentencia 2015-6654 de este Tribunal). En vista de lo anterior, el legislador tiene amplia libertad para normar esta materia en ejercicio de la potestad de legislar.

Ahora bien, cuando esa normativa afecta un derecho fundamental –establece limitaciones-, el legislador necesariamente debe de observar una serie de reglas, entre las cuales están: la no afectación de su contenido esencial, de forma tal que no lo haga irreconocible o impida su ejercicio –impracticable-, así como la observancia de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Esta Sala ha precisado el contenido necesario de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En efecto, en reiteradas sentencias ha establecido, sobre el primero, que la ley no puede ni debe ser irracional, ya que el medio que se seleccione debe tener una relación real y sustancial con el objeto que se persigue. Desde esta perspectiva, la racionalidad técnica significa una proporcionalidad entre medios y fines; la racionalidad jurídica implica una adecuación a la Constitución en general y, en especial, a los derechos y libertades reconocidos y garantizados en ella y en los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos debidamente vigentes en nuestro país y; por último, la razonabilidad sobre los efectos personales supone que no se pueden imponerse a esos derechos otras limitaciones o cargas que razonablemente se deriven de su naturaleza, ni mayores que las indispensables para que funcionen razonablemente en la sociedad. En la resolución n.° 5236-99 fijó los siguientes componentes de la razonabilidad:

“…este Tribunal estima prudente hacer referencia a lo que se considera es la ‘razonabilidad de la ley como parámetro de constitucionalidad’. Conviene recordar, en primer término, que la ‘razonabilidad de la ley’ nació como parte del ‘debido proceso sustantivo’ (substantive due process of law), garantía creada por la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, al hilo de la Enmienda XIV a la Constitución Federal. En la concepción inicial ‘debido proceso’ se dirigió al enjuiciamiento procesal del acto legislativo y su efecto sobre los derechos sustantivos. Al finalizar el siglo XIX, sin embargo, superó aquella concepción procesal que le había dado origen y se elevó a un recurso axiológico que limita el accionar del órgano legislativo. A partir de entonces podemos hablar del debido proceso como una garantía genérica de la libertad, es decir, como una garantía sustantiva.

La superación del ‘debido proceso’ como garantía procesal obedece, básicamente, a que también la ley que se ha ajustado al procedimiento establecido y es válida y eficaz, puede lesionar el Derecho de la Constitución. Para realizar el juicio de razonabilidad la doctrina estadounidense invita a examinar, en primer término, la llamada ‘razonabilidad técnica’ dentro de la que se examina la norma en concreto (ley, reglamento, etc.). Establecido que la norma elegida es la adecuada para regular determinada materia, habrá que examinar si hay proporcionalidad entre el medio escogido y el fin buscado. Superado el criterio de ‘razonabilidad técnica’ hay que analizar la ‘razonabilidad jurídica’ . Para lo cual esta doctrina propone examinar: a) razonabilidad ponderativa, que es un tipo de valoración jurídica a la que se concurre cuando ante la existencia de un determinado antecedente (ej. ingreso) se exige una determinada prestación (ej. tributo), debiendo en este supuesto establecerse si la misma es equivalente o proporcionada; b) la razonabilidad de igualdad, es el tipo de valoración jurídica que parte de que ante iguales antecedentes deben haber iguales consecuencias, sin excepciones arbitrarias; c) razonabilidad en el fin : en este punto se valora si el objetivo a alcanzar, no ofende los fines previstos en la constitución.

Dentro de este mismo análisis, no basta con afirmar que un medio sea razonablemente adecuado a un fin; es necesario, además, verificar la índole y el tamaño de la limitación que por ese medio debe soportar un derecho personal. De esta manera, si al mismo fin se puede llegar buscando otro medio que produzca una limitación menos gravosa a los derechos personales, el medio escogido no es razonable (en similar sentido pueden consultarse las sentencias números 1738-92, de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos y 08858-98 de las dieciséis horas con treinta y tres minutos del quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho). La doctrina alemana hizo un aporte importante al tema de la ‘razonabilidad ‘ al lograr identificar, de una manera muy clara, sus componentes: legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, ideas que desarrolla afirmando que ‘...La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el acto o disposición impugnado no debe estar, al menos, legalmente prohibido; la idoneidad indica que la medida estatal cuestionada deber ser apta para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido; la necesidad significa que entre varias medidas igualmente aptas para alcanzar tal objetivo, debe la autoridad competente elegir aquella que afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona; y la proporcionalidad en sentido estricto dispone que aparte del requisito de que la norma sea apta y necesaria, lo ordenado por ella no debe estar fuera de proporción con respecto al objetivo pretendido, o sea, no le sea ‘exigible’ al individuo..." (sentencia de esta Sala número 3933-98 de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del doce de junio de mil novecientos noventa y ocho).

En el sentido del criterio anteriormente expuesto, esta Sala ha venido aplicando la institución en su jurisprudencia. Veamos, ahora, el análisis del caso concreto. Sobre la prueba de ‘razonabilidad’: Para emprender un examen de razonabilidad de una norma, el Tribunal Constitucional requiere que la parte aporte prueba o al menos elementos de juicio en los que sustente su argumentación e igual carga procesal le corresponde a quien rebata los argumentos de la acción y la falta en el cumplimiento de estos requisitos, hace inaceptables los alegatos de inconstitucionalidad. Lo anterior, debido a que no es posible hacer un análisis de ‘razonabilidad’ sin la existencia de una línea argumentativa coherente que se encuentre probatoriamente respaldada. Ello desde luego, cuando no se trate de casos cuya ‘irrazonabilidad’ sea evidente y manifiesta. Retomando el alegato sobre la irrazonabilidad del plazo de dieciocho meses para optar por una pensión ordinaria, la Sala advierte que los accionantes no sólo no indican lo motivos que les llevan a concluir que la norma cuestionada es irrazonable, sino que tampoco aportan prueba alguna que permita a este Tribunal llegar a esa conclusión, transformando el debate en la exposición de conceptos subjetivos.

Por otra parte, el caso no presenta las características de ser una situación de ‘irrazonabilidad’ evidente y manifiesta que además sea fácilmente perceptible, antes bien, de manera abstracta se puede indicar que la norma se ajusta al fin de la reforma legislativa, cual es corregir las distorsiones del sistema de pensiones derogado, creando de manera paralela un nuevo sistema que resguarda el "derecho de pertenencia al régimen del Magisterio Nacional" que esta Sala ha reconocido como un derecho de los cotizantes.” (Lo que está en negritas no corresponde al original).

Por su parte, el segundo principio, el de proporcionalidad, implica que el acto legislativo deber ser apropiado para la realización de los fines que en él subyacen (principio de adecuación); debe ser necesario, es decir, que debe imponer la menor cantidad posible de restricciones a los derechos fundamentales de los habitantes de la República, lo que supone que el medio empleado por el legislador debe ser adecuado y necesario para alcanzar el objetivo propuesto y, sólo puede ser necesario, cuando el legislador no podía haber elegido otro medio, igualmente eficiente, pero que no limitase o lo hiciere de forma menos sensible el derecho fundamental y; por último, proporcional en sentido estricto, es decir, un acto legislativo justo a la medida. (Vease el voto n.° 5236-99).

Con fundamento en lo anterior, el agravio de que la normativa impugnada carece de sustento técnico, criminológico o jurídico o de que no hay criterios técnicos para aprobar la normativa, desde el Derecho de la Constitución requiere de un enfoque distinto […], pues para descartar el vicio de inconstitucionalidad se afirma que sí los hay y se citan varios estudios técnicos, lo que, […] tiene perjudiciales consecuencias para el ejercicio de la potestad de legislar por parte del parlamento, amén de que la Sala Constitucional asume una función que no le corresponde. Puestas las cosas en su justa perspectiva, la primera consecuencia negativa, que limita de forma grave la potestad de legislar, es que para que el parlamento promulgue una ley necesariamente tiene que estar sustentada en un estudio técnico. La existencia de estudios o criterios técnicos ayudan a observar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pero no son determinantes, pues puede darse casos en los cuales se carecen de éstos y la ley apruebe el test de razonabilidad.

El segundo efecto negativo, es que cuando hay un estudio técnico, para que la ley sea conforme al Derecho de la Constitución, este Tribunal tendría necesariamente que validarlo, con el agravante de que si existieran estudios técnicos contradictorios, la Sala Constitucional debería elegir uno y desechar los otros para validar o invalidar la norma cuestionada. El tercer efecto negativo, es que la exigencia de un estudio técnico para cada ley que emita el parlamento supone, lógicamente, su debilitamiento. Por último, la Sala Constitucional, al asumir la función del control del estudio o criterios técnicos que sustenta la ley, ejerce una función que no es propia, de naturaleza política, que se distancia de la función jurisdiccional. El determinar si unos estudios técnicos o criterios técnicos son suficientes o no para promulgar la ley, el elegir uno entre varios contradictorios, el descartar todos, etc., son labores propias de la Asamblea Legislativa, y no de este Tribunal.

El control de constitucional que debe ejercer la Sala Constitucional cuando se invoca la violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad a causa que la ley está afectando un derecho fundamental, es verificar si efectivamente la normativa cumple o no con los citados principios haciendo el test de razonabilidad. A esto debe circunscribirse la función de este Tribunal si no quiere desbordar su competencia e incursionar en ámbitos propios del quehacer político y parlamentario”.

De ahí que estimamos que no hay méritos para establecer que la falta de estudios técnicos pueden necesariamente dar al traste con la constitucionalidad de la reforma, pues de ninguna manera puede entenderse que se limita la posibilidad de dictar legislación; por el contrario, el legislador tiene amplia discrecionalidad en el ejercicio de la potestad de legislar. En el caso que nos ocupa, siguiendo el precedente citado, la falta de estudios técnicos que demuestren o no la certeza, viabilidad o funcionalidad de una limitación introducida por el legislador, no la condiciona en lo absoluto para que per se sea inconstitucional. Es claro para la Sala que estas no podrían ir en la dirección de cuestionar informes contra informes, porque esa es la labor propia de la Asamblea Legislativa, ni siquiera en la dirección que podría generarse de una presunción de legitimidad de las cuotas establecidas conforme a la anterior normativa.

En este sentido, solo se podría residenciar ante este Tribunal el análisis del cumplimiento del test de razonabilidad, siempre y cuando esté asociado a la vulneración de un derecho fundamental. No obstante lo anterior, en el criterio de la Sala, el legislador puede valerse de varias técnicas o criterios legislativos con el fin de regular la actividad pública o privada, siempre que se respeten los límites formales y materiales de la Constitución, lo que incluye, por supuesto, los derechos fundamentales. Es así que, si existe la colegiatura obligatoria a los Colegios Profesionales (con excepción a la actividad profesional que nace de la libertad de expresión, que comprende la labor de buscar, recibir y difundir información), no habría siquiera una infracción al derecho fundamental invocado, porque este no tiene origen en una base asociativa equivalente a la libertad de asociación, donde las personas son libres de pertenecer o abandonar las asociaciones, siempre que persigan fines lícitos y sean organizadas bajo la legislación civil o de derecho común.

Por el contrario, la obligación de pertenecer a un Colegio Profesional es un requisito previo que establece el ordenamiento jurídico para poder ejercer lícitamente una profesión; por el interés público que hay en el desempeño de ciertas actividades profesionales, se establece una relación de sujeción especial, especialmente en las profesiones liberales y poder ejercer sobre ellas un mínimo de control sobre su actividad, idoneidad, su disciplina y su ética, de cara a los usuarios de esos servicios profesionales y de progreso social. En consecuencia, debe descartarse la existencia una infracción a la libertad de asociación, en los términos que esta Sala lo ha entendido en su jurisprudencia, así como la necesidad de la existencia de cuotas para garantizar el adecuado funcionamiento y fiscalización sobre los agremiados (sentencias Nos. 1994-00218 y 2000-10998).

IV.Voto salvado del Magistrado Rueda Leal. Respetuosamente, me separo del voto de mayoría por los siguientes motivos. Por un lado, no comparto los argumentos expresados por la mayoría; por otro, estimo que la solución jurídica a la consulta planteada es diferente, según procedo a exponer.

  1. 1En cuanto a los argumentos planteados por la mayoría, observo que el asunto fue decidido tras estimarse que la Asamblea Legislativa goza de un amplio ámbito de discrecionalidad en su labor, sin que pueda imponérsele un criterio particular con base, por ejemplo, en la existencia de estudios técnicos. Sin embargo, el tema planteado por los consultantes es diferente. Su interés radica en determinar si la norma cuestionada –que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa- es razonable por establecer la exigencia de estudios técnicos para determinar la cuota de ingreso y mensuales del colegio profesional y, a la vez, impedir que ella sea inferior a la que se encuentre vigente. En otras palabras, no se discute que la Asamblea Legislativa pueda aprobar o no dicha norma -que sería el tema de la discrecionalidad del Legislador- sino la razonabilidad de la misma.

Tratándose del tema de la discrecionalidad del Legislador, efectivamente habría que avalar que se trata de una potestad amplia, cuyos pocos límites se encuentran en normas constitucionales, convencionales, de proceso legislativo, etc. y en la jurisprudencia de esta Sala. Destacan, verbigracia, los límites establecidos por la Sala en materia ambiental, como se explicó en el voto N°2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012:

“ Así que dos son los requisitos esenciales para la reducción de un área territorial ambientalmente protegida o para desafectar un área del régimen jurídico protector al que está sometida: por medio de ley y previa realización de estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida.” Si bien podría existir cierta analogía entre la labor que realizaría (en caso de se aprobara la norma) la Asamblea General del colegio profesional y la labor de la Asamblea Legislativa, es improcedente conferir a dicha Asamblea General, sin más análisis, la misma discrecionalidad de un órgano constitucional que es básico en el sistema democrático. Nótese, por ejemplo, que la potestad otorgada por el proyecto consultado a esa Asamblea es ejercida actualmente por la Junta Directiva (artículo 23 inciso d) de la ley N° 4770). Es decir, podría cuestionarse si el monto de la cuota requiere ser aprobado por un órgano con mayor grado de representación democrática o si puede hacerlo otro órgano, a través de un criterio técnico; también cuestionar los límites de dicho órgano de cara a la libertad de asociación, al derecho al trabajo, a su representatividad democrática, etc. Tampoco se discute si la Asamblea Legislativa puede limitar la discrecionalidad de la Asamblea General –en tanto órgano representativo-, como parte del análisis de la discrecionalidad de esta última. Los temas anteriores se mencionan sin el afán de profundizar en ellos, toda vez que –reitero- el fondo del asunto es otro.

  1. 2En cuanto al objeto de consulta, traigo a colación los parámetros de razonabilidad establecidos por este Tribunal:

“ En tal sentido, la Sala considera que la medida impugnada se encuentra acorde al principio de razonabilidad. Este último está compuesto por los siguientes componentes: legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el acto o disposición impugnado no debe estar, al menos, legalmente prohibido; la idoneidad indica que la medida estatal cuestionada deber ser apta para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido; la necesidad significa que entre varias medidas igualmente aptas para alcanzar tal objetivo, la autoridad competente debe elegir aquella que afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona; y la proporcionalidad en sentido estricto dispone que aunque una medida sea idónea y necesaria, será irrazonables si lesiona el contenido esencial de otro derecho fundamental, si lo vacía de contenido.” (Resolución Nº 2013-1276 de las 14:50 horas del 29 de enero de 2013, criterio reiterado en la resolución N° 2016-2706 de las 16:15 horas del 23 de febrero de 2016).

Al respecto, se observa que la medida establecida por la norma cuestionada es legítima, toda vez que es necesario establecer una cuota para que el colegio profesional pueda cumplir sus funciones. De ello también se desprende que dicha medida alcanza los fines pretendidos, por lo que también es idónea. En cuanto a la necesidad, destaca que el proyecto de ley propone que el monto de la cuota sea justificado con estudios técnicos; empero, dicho criterio sería ineludiblemente rechazado cuando sugiriera disminuir la cuota, pues ella no podría ser inferior a la que se encontrara vigente. Ahora bien, exigir una cuota a los agremiados significa imponer una carga que podría, dado el caso, repercutir en su posibilidad de ejercer la profesión respectiva y, así, en el derecho al trabajo. Si el Legislador determina que la justificación para imponer esta carga se encuentra en la existencia de estudios técnicos, resulta irrazonable (por contradecir el componente de la necesidad) que dicha carga se mantenga sobre el agremiado incluso cuando estudios técnicos –el parámetro establecido por el Legislador- justifican su disminución.

Nótese que el elemento “necesidad” obliga a que entre varias alternativas, se opté por aquella menos afectante, que en el sub examine sería aquella que fundándose en un estudio técnico, deviene más beneficiosa para el agremiado. En ese caso, es claro que se está imponiendo una obligación que afecta los derechos del agremiado, sin que esa obligación sea necesaria para los fines de la norma. Por supuesto que nada obsta para que el Legislador otorgue un grado de discrecionalidad a la decisión de la Asamblea General, elemento que también es básico en la Administración Pública (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública). Sin embargo, en la parte cuestionada por los consultantes, la norma hace precisamente lo contrario: ella elimina la discrecionalidad de la Asamblea General e impone una cuota aun a contrapelo de los estudios técnicos que la propia regulación exige. En virtud de lo expuesto, estimo que la norma consultada es inconstitucional por lesionar el principio de razonabilidad.

Por tanto: El Magistrado Rueda Leal evacua la consulta en el sentido de que la norma consultada es inconstitucional por lesionar el principio de razonabilidad.

V.Conclusión . En el criterio de la mayoría de la Sala, se evacua la consulta facultativa de constitucionalidad, en el sentido de que no hay razones para estimar que la reforma al artículo 13 inciso f) de la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, No. 4770 del 28 de octubre de 1972 y sus reformas, resulta inconstitucional, ni infringe el principio de razonabilidad, ni el derecho a la libertad de asociación.

El Magistrado Rueda Leal evacua la consulta en el sentido de que la norma consultada es inconstitucional por lesionar el principio de razonabilidad.

Por tanto:

Se evacua la consulta formulada en el sentido de que la reforma al artículo 13 inciso f) de la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, No. 4770 del 28 de octubre de 1972 y sus reformas, no resulta inconstitucional, ni infringe el principio de razonabilidad, ni el derecho a la libertad de asociación.

El Magistrado Rueda Leal evacua la consulta en el sentido de que la norma consultada es inconstitucional por lesionar el principio de razonabilidad.

Notifíquese.

Ernesto Jinesta L.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Aracelly Pacheco S.

Jose Paulino Hernández G.

Yerma Campos C.

*E6LAN43VSNDS61*

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