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Res. 07784-2016 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 08/06/2016

Visual Pollution Regulation May Refer to Sector-Specific Technical StandardsReglamento de contaminación visual puede remitir a normas técnicas sectoriales

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Chamber denied the action because Decree No. 35860-MINAET may establish general guidelines and leave technical visual-pollution standards to the competent sector-specific authorities and regulations.La Sala declaró sin lugar la acción porque el Decreto N.º 35860-MINAET puede establecer lineamientos generales y remitir las normas técnicas sobre contaminación visual a las autoridades y regulaciones sectoriales competentes.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber denied the constitutional challenge to Executive Decree No. 35860-MINAET, the Visual Pollution Prevention Regulation. It interpreted Article 71 of the Organic Environmental Law as requiring the Executive Branch to regulate visual-pollution prevention, but not as requiring a single decree to establish every applicable maximum permissible limit and technical parameter. The Regulation fulfills its role by setting general guidelines and referring technical implementation to the competent authorities and rules, including cantonal regulatory plans, SETENA, the Ministry of Public Works and Transportation, and environmental-impact-assessment manuals. Within their respective powers, those institutions must issue and apply the technical rules needed to incorporate the environmental variable and protect landscapes and scenic beauty. Such cross-references do not constitute a constitutionally significant environmental omission or diminish the existing level of protection. The Chamber did not address the forest irreducibility principle because the decree does not regulate forests and no concrete harm arising from the rule was alleged.La Sala Constitucional rechazó la acción contra el Decreto Ejecutivo N.º 35860-MINAET, Reglamento para la Prevención de la Contaminación Visual. Interpretó que el artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente obliga al Poder Ejecutivo a reglamentar la prevención de la contaminación visual, pero no exige que un único decreto establezca todos los límites máximos admisibles y parámetros técnicos aplicables. El Reglamento cumple su función al fijar lineamientos generales y remitir la implementación técnica a las autoridades y normas competentes, incluidos los planes reguladores cantonales, SETENA, el MOPT y los manuales de evaluación de impacto ambiental. Estas instituciones deben emitir y aplicar, dentro de sus competencias, las normas necesarias para incorporar la variable ambiental y proteger el paisaje y las bellezas escénicas. La remisión normativa no constituye una omisión ambiental constitucionalmente relevante ni reduce el nivel de protección existente. La Sala tampoco examinó la irreductibilidad del bosque porque el decreto no regula esa materia y no se acreditó una afectación concreta.

Key excerptExtracto clave

Therefore, it is not unconstitutional for the challenged Regulation not to contain the technical and legal parameters governing the development of activities related to visual pollution. This is because it does refer parties interested in developing works, activities, or projects that may cause visual pollution to the applicable specific rules, namely Decree No. 32967 of February 20, 2006, entitled Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process; Decree No. 29253-MOPT of December 20, 2000, entitled Right-of-Way and Outdoor Advertising Regulation; and each canton's regulatory plans. Regarding the principles of non-regression and progressivity, the challenged decree does not reduce the level of environmental protection afforded to the landscape; on the contrary, it refers to the rules containing environmental-protection provisions. The decree challenged in this action is not deficient in the manner alleged by the applicants. The fact that it does not contain the technical standards referenced by Article 71 of the Organic Environmental Law cannot be characterized as an omission infringing the principles contained in Articles 21, 50, and 89 of the Constitution. Referring to other regulations does not amount to an essential, constitutionally significant environmental omission.Por lo tanto no es inconstitucional que el Reglamento cuestionado no contemple los parámetros técnicos y jurídicos que deben regular el desarrollo de actividades relacionadas con la contaminación visual. Lo anterior porque sí remite a los interesados en desarrollar obras, actividades o proyectos que impliquen una posible contaminación visual, a la normativa particular que al respecto corresponda, es decir, al Decreto N°32967 del 20 de febrero del 2006, titulado Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, al Decreto N°29253-MOPT del 20 de diciembre del 2000, titulado Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior, así como a los Planes Reguladores de cada cantón. En cuanto a los principios de regresión y progresividad el decreto impugnado no disminuye el nivel de protección ambiental al paisaje, por el contrario, y en ese sentido más bien, remite a la normativa que contiene las disposiciones de protección ambiental. El decreto objetado en esta acción no es omiso en los términos reclamados por los accionantes, el hecho que el decreto no contenga las normas técnicas a que hace referencia el artículo 71 de la LOA, no puede catalogarse como una omisión que lesione los principios contenidos en los artículos 21, 50 y 89 constitucionales. La remisión a otras regulaciones, no supone una omisión esencial respecto del ambiente que sea constitucionalmente relevante.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En criterio de este Tribunal y de la lectura del texto supra se desprende que el Poder Ejecutivo debe reglamentar la norma, lo que es diferente a establecer las normas técnicas que permitan evaluar los límites máximos admisibles para no generar contaminación visual."

    "In this Court's view, the text quoted above requires the Executive Branch to regulate the provision, which is different from establishing the technical standards for evaluating the maximum permissible limits needed to avoid visual pollution."

    Considerando III

  • "En criterio de este Tribunal y de la lectura del texto supra se desprende que el Poder Ejecutivo debe reglamentar la norma, lo que es diferente a establecer las normas técnicas que permitan evaluar los límites máximos admisibles para no generar contaminación visual."

    Considerando III

  • "Ahora bien, la implementación de esos lineamientos corresponde a los diferentes órganos señalados por el Reglamento, ya sean las Municipalidades competentes, la Secretaría Técnica Ambiental o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, quienes deberán emitir dentro del marco de sus competencias las normas técnicas correspondientes para prevenir la contaminación ambiental y controlar que dichas normas integren la variable ambiente y así proteger el paisaje y las bellezas escénicas."

    "Implementation of those guidelines belongs to the different bodies identified by the Regulation, whether the competent municipalities, the Environmental Technical Secretariat, or the Ministry of Public Works and Transportation; within their respective powers, they must issue the corresponding technical standards to prevent environmental pollution and ensure that those standards incorporate the environmental variable, thereby protecting the landscape and scenic beauty."

    Considerando III

  • "Ahora bien, la implementación de esos lineamientos corresponde a los diferentes órganos señalados por el Reglamento, ya sean las Municipalidades competentes, la Secretaría Técnica Ambiental o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, quienes deberán emitir dentro del marco de sus competencias las normas técnicas correspondientes para prevenir la contaminación ambiental y controlar que dichas normas integren la variable ambiente y así proteger el paisaje y las bellezas escénicas."

    Considerando III

  • "En cuanto al principio de irreductibilidad del bosque no procede pronunciamiento alguno, toda vez que el Reglamento cuestionado no hace mención alguna respecto a esa materia, ni se acusa afectación concretar con la mera existencia de la norma."

    "No ruling is appropriate regarding the forest irreducibility principle because the challenged Regulation makes no reference to that subject, nor is any concrete harm alleged from the mere existence of the rule."

    Considerando III

  • "En cuanto al principio de irreductibilidad del bosque no procede pronunciamiento alguno, toda vez que el Reglamento cuestionado no hace mención alguna respecto a esa materia, ni se acusa afectación concretar con la mera existencia de la norma."

    Considerando III

  • "Se declara sin lugar la acción."

    "The action is denied."

    Por tanto

  • "Se declara sin lugar la acción."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Víctor Granados Jiménez Víctor Granados Jiménez 2 0 2016-06-13T16:38:00Z 2016-06-13T16:38:00Z 2 3526 19395 PJ 161 45 22876 12.00 false 21 false false false ES-CR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 *130120640007CO* Decision No. 2016007784 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours thirty minutes on the eighth day of June of two thousand sixteen.

Constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) filed by Christopher Segura Campos, of legal age, single, law student, holder of identity card number 603730276, resident of San Ramón; Dala Benavides Álvarez, of legal age, single, law student, holder of identity card number 6-0367-0892, resident of Esparza; Natalia Pérez Monge, of legal age, single, holder of identity card number 3- 04530823, resident of San Ramón; and Josué Hidalgo Rojas, of legal age, single, holder of identity card number 1-0151-0521, resident of Alajuela, seeking a declaration that the Regulations for the Prevention of Visual Pollution, Decreto N°35860-MINAET of 26 de febrero de 2010, are unconstitutional.

Background:

  1. 1By a filing submitted to the Clerk’s Office of this Chamber at 13:51 hrs. on 23 de octubre del 2013, the petitioners filed a constitutional challenge against the Regulations for the Prevention of Visual Pollution, Decreto N°35860-MINAET of 26 de febrero de 2010. They contend that the Regulations flagrantly violate the right to a healthy and ecologically balanced environment, the right to an unpolluted landscape, the principle of forest irreducibility (principio de irreductibilidad del bosque), the principle of progressivity (principio de progresividad), and the principle of non-regression (principio de no regresión) enshrined in Articles 21, 50, and 89 of the Political Constitution. The petitioners state that, through Decision No. 2008-011696 issued at 11:29 hrs. on 25 de julio de 2008, the Constitutional Chamber granted the amparo proceeding (recurso de amparo) processed under Case No. 08-006824-0007- CO because the Executive Branch had failed to issue regulations implementing Article 71 of the Organic Law of the Environment.They specify that on 26 de febrero de 2010, the Regulations for the Prevention of Visual Pollution, Decree No. 35860-MINAET, were approved. However, even though the Executive Branch formally issued the Regulations, they lack technical and legal parameters governing the conduct of any activities related to visual pollution. Thus, the normative content of these Regulations omits their principal objective, namely, the prevention of visual pollution. Their provisions are redundant, and most of their rules merely refer to other provisions, some of which do not yet exist. In this respect, the Regulations fail to satisfy, even minimally, the environmental parameters established by the Constitutional Chamber in its case law and are therefore clearly insufficient, allowing violations against the environment to persist.
  2. 2To establish their standing (legitimación) to bring this constitutional challenge, they state that it is conferred upon them by Article 75, paragraph 2°, of the Law on Constitutional Jurisdiction, because the challenged rules affect the core rights and interests of the community as a whole.
  3. 3By a decision issued at nine hours and forty-three minutes on the twenty-first day of February of two thousand fourteen, the challenge was admitted for consideration, and the Office of the Attorney General of the Republic was given an opportunity to be heard (see electronic record).
  4. 4The Office of the Attorney General of the Republic responds to the opportunity to be heard and states that: a) The Constitutional Chamber has interpreted the provisions of Article 89 of the Constitution in conjunction with Article 50 and has held that scenic beauty—the landscape—forms part of the right to the environment (Judgment No. 2003-06324 of 4 de julio de 2003); therefore, the landscape is subject to constitutional protection; b) The Organic Law of the Environment (LOA), No. 7554 of 4 de octubre de 1995, in Article 71, defines visual pollution and also imposes upon the State the obligation to adopt appropriate measures and promote their implementation; c) Under the cited provision, visual pollution exists when certain actions, works, or installations exceed the limits established by technical standards; d) Article 71 of the Organic Law of the Environment presupposes the existence of technical standards which, by their nature, should be established through regulations, with due regard for the constitutional principle of reservation to statute (principio constitucional de reserva de ley) when limitations on the exercise of fundamental rights are involved; e) The technical standards referenced in Article 71 of the LOA need not necessarily be contained in regulations issued specifically for that purpose by the Executive Branch; f) Various public entities have functions related to landscape protection (Municipalities, Ministry of Public Works and Transportation); g) In the exercise of their powers, the various entities must issue the technical standards referenced in Article 71 of the LOA to prevent environmental pollution and thereby protect the landscape as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment; h) In this respect, the role of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), as the lead agency for environmental matters, is to issue the necessary coordinating regulations, as it did by issuing Executive Decree No. 35860-MINAET, thereby complying with this Chamber’s order in Judgment No. 2008-11696 of 25 de julio del 2008; i) The decree challenged in this proceeding is not deficient in the manner alleged by the petitioners, because the fact that it does not contain the technical standards referenced in Article 71 of the LOA does not constitute an omission that infringes the principles enshrined in Articles 21, 50, and 89 of the Constitution; j) Article 71 of the LOA does not impose upon the Executive Branch an obligation to issue regulations specifically establishing those standards; on the contrary, they may be contained in various regulations according to the powers of the different entities and bodies; k) Decree No. 35860-MINAET specifically refers to the regulations of those entities or bodies having powers related to landscape protection; l) Merely making such references does not constitute a violation of the cited constitutional provisions because, in principle, those regulations should contain the technical standards mentioned in Article 71 of the LOA; m) Accordingly, Articles 4, 5, and 8 refer to cantonal regulatory plans (planes reguladores cantonales); n) Article 4 specifically refers to the Manual of Technical Instruments for the environmental assessment (evaluación ambiental) of those plans; o) This is particularly important because that manual should contain provisions for determining whether the landscape is duly protected in regulatory plans, specifically in the building regulations that form part of those plans; p) It must be borne in mind that local governments are responsible for issuing urban-planning regulations as part of cantonal regulatory plans, while SETENA is responsible for ensuring that those plans incorporate the environmental variable (variable ambiental), which should encompass the protection of the landscape and scenic beauty; q) Finally, Article 6 refers to MOPT and the regulations governing rights-of-way (derechos de vía) and outdoor advertising; r) For a mere reference to other regulations to entail any constitutional defect, it would be necessary to analyze whether the referenced regulations contain technical standards concerning landscape protection; s) With respect to cantonal regulatory plans, the relevant question would be whether the manual referenced in Article 4 of the challenged decree contains provisions allowing an assessment of whether technical standards on landscape protection have been incorporated into those plans; t) The same must be said regarding Executive Decree No. 29253-MOPT of 20 de diciembre de 2000, which constitutes the Regulations on Rights-of-Way and Outdoor Advertising; u) That decree would have to be analyzed to determine whether it contains technical standards concerning the landscape that provide parameters for determining whether visual pollution exists; v) Likewise, it would be necessary to analyze the regulations currently in force concerning service infrastructure, as referenced in Article 7 of the challenged decree; w) The challenged decree does not reduce the level of protection afforded to the landscape because it refers to the regulations that must contain the protective provisions; x) Much less does it affect the so-called principle of forest irreducibility, because the decree challenged in this proceeding contains no provisions on that subject; z) The rules protecting forests are in no way affected by what this decree does or does not establish, because it contains no provision permitting land-use change (cambio de uso del suelo) on forest lands or lands covered by forest, whether privately or publicly owned.Consequently, and in accordance with the foregoing, the Office of the Attorney General of the Republic, in its capacity as advisory body to the Constitutional Chamber, considers that Decree No. 35860 of 26 de febrero de 2010 is not unconstitutional and therefore recommends that this challenge be dismissed on the merits.
  5. 5The notices referred to in paragraph 2° of Article 81 of the Law on Constitutional Jurisdiction were published in issues 67, 68, and 69 of the Judicial Bulletin on four, seven, and eight April two thousand fourteen (see electronic record).
  6. 6The oral and public hearing provided for in Articles 10 and 85 of the Law on Constitutional Jurisdiction was not held because this Chamber considered the evidence contained in the case record sufficient to decide this matter.
  7. 7The legally prescribed procedural requirements have been fulfilled.

Whereas:

I. ADMISSIBILITY

Article 75 of the Law governing this jurisdiction establishes that the admissibility of a constitutional challenge is conditional upon the existence of a prior matter pending resolution in which the unconstitutionality of the challenged rule or rules has been invoked, such that the claim serves as a reasonable means of protecting the right or interest alleged to have been infringed. The only possible exceptions are those set forth in the second paragraph of the same provision, under which no prior matter is required when the challenge is brought by the Comptroller General, Attorney General, or Chief Public Prosecutor of the Republic, or by the Ombudsperson; nor is it required where, due to the nature of the case, there is no individual and direct injury, or where the defense of diffuse interests (intereses difusos) or interests concerning the community as a whole is involved. In the present case, the petitioner brings the constitutional challenge pursuant to the second paragraph of Article 75 of the Law on Constitutional Jurisdiction, asserting that the challenged rules affect the core rights and interests of the community.

II. SUBJECT MATTER OF THE CHALLENGE

The petitioners request that the Regulations for the Prevention of Visual Pollution, Decreto N°35860-MINAET of 26 de febrero de 2010, be declared unconstitutional. The challenged Decree provides:

Article 1º- Purpose of the Regulations. The purpose of these Regulations is to establish general technical guidelines for environmental assessment in order to prevent the effects of visual pollution.

Article 2- Scope of the Regulations. The guidelines established in these Regulations shall apply to activities, works, or projects that are in the design phase where no cantonal regulatory plan (plan regulador cantonal) with an approved environmental variable exists.

Article 3- Definitions:

  • a)Activities, works, or projects: Works or buildings constructed for the development of human activity.
  • b)Visual pollution (contaminación visual): Actions, works, or installations that exceed the maximum permissible limits established by current or future technical standards, to the temporary or permanent detriment of the landscape, shall be considered visual pollution.
  • c)Right-of-way (derecho de vía): A strip of State-owned land in the public domain, intended for the construction of roadworks, vehicular circulation, pedestrian traffic, and other works related to safety, beautification, and pedestrian use, generally located between the boundaries separating it from private land adjacent to the roadway; it is not susceptible to private use, occupation, or appropriation or use for private purposes, except in cases involving road nomenclature, signs indicating tourist destinations, activities and services, and transit stops for public transportation or buses.
  • d)Visual impact (impacto visual): The degree of positive or negative alteration to landscape resources or components.
  • e)Utility infrastructure (infraestructura de servicios): Encompasses all elements that enable interconnection to telecommunications, water, and electricity systems.
  • f)Landscape (paisaje): Any part of the territory as perceived by the population, whose character results from the action and interaction of natural and/or human factors.
  • g)Cantonal Regulatory Plan: Local-level land-use planning instruments incorporating the environmental variable.

Article 4- Development of activities. The development of activities, works, and projects shall be governed by the provisions of the Regulations for the Sustainable Development of Cantonal Regulatory Plans (Reglamento de desarrollo sostenible de los planes reguladores cantonales) that have environmental feasibility (viabilidad ambiental), and in accordance with Decreto No 32967 of 20 de febrero del 2006, entitled Manual de instrumentos técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

Article 5- Landscape planning in cities. In their respective cantonal regulatory plans, all municipalities shall observe the general technical guidelines established in these Regulations and in all other regulations currently governing this subject, in order to prevent visual pollution.

Article 6- Placement of billboards and advertising within rights-of-way. Actions shall be taken in accordance with Decreto Ejecutivo Nº 29253-Mopt of 20 de diciembre de 2000, Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior.

Article 7- Placement of utility infrastructure. Actions shall be taken in accordance with the regulatory provisions currently in force.

Article 8- Placement of billboards and advertising in privately owned areas. Billboards and advertising on private land shall comply with the conditions set forth in these Regulations and with the local provisions established in cantonal regulatory plans.

As to those already in existence, once any commitments that may have been agreed upon have been fulfilled, they shall be brought into compliance with the foregoing provisions.

Article 9- Environmental assessment and good environmental practices guidelines. The various types of environmental guidelines for environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and guidelines on good environmental practices (buenas prácticas ambientales) shall include a section on preventing visual pollution, in accordance with the guidelines established in these Regulations.

Article 10- Monitoring and oversight. The authorities responsible for environmental oversight shall ensure compliance with these Regulations.

Article 11- Noncompliance with regulations and penalties. Violations by act or omission of the regulations specified herein shall be penalized by the competent bodies pursuant to Articles 99, 100 and 101 of the Ley Orgánica del Ambiente and/or in accordance with other existing regulations.

Article 12- Effective date. These Regulations shall take effect upon publication.

Issued at the Office of the President of the Republic, on veintiséis días del mes de febrero del dos mil diez.

III. ON THE MERITS

The petitioners state that the challenged Regulations flagrantly violate the right to a healthy and ecologically balanced environment, the right to an unpolluted landscape, the principle of forest irreducibility (irreductibilidad del bosque), the principle of progressivity (principio de progresividad), and the principle of non-regression (principio de no regresión) set forth in Articles 21, 50 and 89 of the Political Constitution. The petitioners state that, by judgment number 2008-011696 at 11:29 hrs. on 25 de julio de 2008, the Constitutional Chamber granted the Executive Branch a period of two months to issue regulations implementing Article 71 of the Ley Orgánica del Ambiente. They add that on 26 de febrero de 2010, the Reglamento para la Prevención de la Contaminación Visual, Decreto No. 35860-MINAET, was approved. However, even though the Executive Branch formally issued the Regulations, they lack technical and legal parameters governing the conduct of any activities related to visual pollution.

Thus, the normative content of these Regulations is silent with respect to their primary objective, namely the prevention of visual pollution. Their provisions are redundant, and most of their rules merely refer to other provisions, some of which do not yet exist. In this respect, the Regulations do not satisfy, even minimally, the environmental parameters established by the Constitutional Chamber in its case law and are therefore clearly insufficient, allowing violations against the environment to persist.

Before analyzing the challenged provisions, it should be recalled that the challenged Regulations were indeed issued after this Constitutional Chamber, by decision number 2008-011696 at 11:29 horas on 25 de julio del 2008, upheld appeal no.08-006824-0007-CO on the grounds that the Executive Branch had failed to issue regulations implementing Article 71 of the Ley Orgánica del Ambiente number 7554, published in La Gaceta number 215 on trece de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Accordingly, the Executive Branch was granted a period of two months from notification of that decision to issue regulations implementing Article 71 of the Ley Orgánica del Ambiente. Article 71 provides:

“Actions, works, or installations that exceed the maximum permissible limits established by current or future technical standards, to the temporary or permanent detriment of the landscape, shall be considered visual pollution.” In the opinion of this Court, a reading of the text above shows that the Executive Branch must issue regulations implementing the provision, which is different from establishing the technical standards that permit assessment of the maximum permissible limits for avoiding visual pollution.

For their part, Articles 4, 5, 6 and 8 of the challenged Regulations are clear in referring to the competent channels for the effective implementation of the technical guidelines, whether the Manuales de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto N°32967 of 20 de febrero del 2006; the regulatory plans of the municipalities of each canton; the Secretaría Técnica Ambiental; or the Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

As Article 1 of the challenged Regulations states, the purpose of the regulations implementing Article 71 of the Ley Orgánica del Ambiente is to establish general technical guidelines for environmental assessment (evaluación ambiental) in order to prevent visual pollution.

The implementation of those guidelines, however, is the responsibility of the different bodies identified in the Regulations, whether the competent municipalities, the Secretaría Técnica Ambiental, or the Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Within the scope of their respective powers, those bodies must issue the corresponding technical standards to prevent environmental pollution and ensure that such standards incorporate the environmental variable, thereby protecting the landscape and scenic beauty.

It is therefore not unconstitutional for the challenged Regulations not to include the technical and legal parameters that must govern the development of activities related to visual pollution. This is because they do refer parties interested in carrying out works, activities, or projects involving possible visual pollution to the specific regulations applicable in that regard, namely Decreto N°32967 of 20 de febrero del 2006, entitled Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental; Decreto N°29253-MOPT of 20 de diciembre del 2000, entitled Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior; and the regulatory plans of each canton.

As to the principle of forest irreducibility, no ruling is warranted because the challenged Regulations make no reference whatsoever to that subject, nor is any specific harm alleged to arise merely from the existence of the provision.

As to the principles of regression and progressivity, the challenged decree does not reduce the level of environmental protection afforded to the landscape; on the contrary, in that respect, it refers to the regulations containing the environmental protection provisions.

The decree challenged in this action is not deficient in the manner alleged by the petitioners. The fact that the decree does not contain the technical standards referenced in Article 71 of the LOA cannot be characterized as an omission that infringes the principles set forth in Articles 21, 50 and 89 of the Constitution. The reference to other regulations does not constitute an essential omission concerning the environment that is constitutionally relevant.

IV. CONCLUSION

For all the foregoing reasons, the action must be dismissed, as it hereby is.

Therefore:

The action is dismissed.

Ernesto Jinesta L.

President Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jose Paulino Hernández G.

*L447SFHGD57K61* CASE FILE N° 13-012064-0007-CO Telephone numbers: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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Víctor Granados Jiménez Víctor Granados Jiménez 2 0 2016-06-13T16:38:00Z 2016-06-13T16:38:00Z 2 3526 19395 PJ 161 45 22876 12.00 false 21 false false false ES-CR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 *130120640007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta minutos del ocho de junio de dos mil dieciseis .

Acción de inconstitucionalidad presentada por Christopher Segura Campos, mayor, soltero, estudiante de Derecho, portador de la cédula de identidad número 603730276, vecino de San Ramón, Dala Benavides Álvarez, mayor, soltera, estudiante de Derecho, portadora de la cédula de identidad número 6-0367-0892, vecina de Esparza, Natalia Pérez Monge, mayor, soltera, portadora de la cédula de identidad número 3- 04530823, vecina de San Ramón y Josué Hidalgo Rojas, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad 1-0151-0521, vecino de Alajuela, para que se declare inconstitucional el Reglamento para la prevención de la Contaminación Visual, Decreto N°35860-MINAET de 26 de febrero de 2010.

Resultando:

  1. 1Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 13:51 hrs. del 23 de octubre del 2013 los accionantes presentan acción de inconstitucionalidad contra el Reglamento para la prevención de la Contaminación Visual, Decreto N°35860-MINAET de 26 de febrero de 2010. Manifiestan que el Reglamento viola de manera flagrante el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho al paisaje no contaminado, el principio de irreductibilidad del bosque, el principio de progresividad y el principio de no regresión contenidos en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política. Manifiestan los accionantes que mediante la resolución No. 2008-011696 de las 11:29 hrs. de 25 de julio de 2008, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo tramitado bajo el expediente No. 08-006824-0007- CO, por omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar el artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente.Puntualizan que el 26 de febrero de 2010 se aprobó el Reglamento para la Prevención de la Contaminación Visual, Decreto No. 35860-MINAET. Sin embargo, aún cuando el Poder Ejecutivo emitió formalmente el Reglamento, este carece de parámetros técnicos y jurídicos que regulen el desarrollo de cualesquiera actividades relacionadas con la contaminación visual. Así, el contenido normativo de este Reglamento es omiso en cuanto al principal objetivo que es la prevención de la contaminación visual. Sus disposiciones son redundantes y la mayoría de sus normas se limitan a remitir a otras disposiciones, algunas de los cuales aún no existen. En este sentido, el Reglamento no satisface, ni en grado mínimo, los parámetros ambientales que la Sala Constitucional ha establecido en su jurisprudencia por lo que resulta claramente insuficiente, lo cual provoca que las violaciones al medio ambiente persistan.
  2. 2A efecto de fundamentar la legitimación que ostentan para promover esta acción de inconstitucionalidad, señalan que se las otorga el artículo 75, párrafo 2°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por estar ante normas que inciden en el núcleo de derechos e intereses que atañen a la colectividad en su conjunto.
  3. 3Por resolución de las nueve horas y cuarenta y tres minutos del veintiuno de febrero del dos mil catorce, se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República (ver registro electrónico).
  4. 4La Procuraduría General de la República contesta la audiencia otorgada y manifiesta que: a) La Sala Constitucional ha interpretado lo dispuesto en el artículo 89 constitucional en relación con el 50 y ha sostenido que la belleza escénica -el paisaje- forma parte del derecho al ambiente (sentencia número 2003-06324 de 4 de julio de 2003), por lo tanto el paisaje es objeto de tutela constitucional; b) Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) número 7554 de 4 de octubre de 1995, en su artículo 71, define lo que se entiende por contaminación visual; pero, además, impone a cargo del estado la obligación de dictar las medidas adecuadas así como la promoción de su ejecución; c) Según la norma de cita, habrá contaminación visual cuando determinadas acciones, obras o instalaciones sobrepasen lo que las normas técnicas establecen; d) El artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente supone la existencia de normas técnicas que, por su naturaleza, conviene se establezcan vía reglamentaria con el debido respeto al principio constitucional de reserva de ley cuando de limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales se trata; e) Las normas técnicas a que hace referencia el artículo 71 de la LOA no necesariamente deben estar contenidas en un reglamento específicamente dictado con tal propósito por el Poder Ejecutivo; f) Hay distintos entes públicos cuyas funciones están relacionadas con la protección del paisaje (Municipalidades, Ministerio de Obras Públicas y Transportes); g) Los distintos entes deben, en ejercicio de sus competencias, emitir las normas técnicas a que hace referencia el artículo 71 de la LOA para prevenir la contaminación ambiental y, de esa forma, proteger el paisaje como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; h) En este sentido, la función del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) como ente rector en materia ambiental es emitir la normativa de coordinación necesaria, tal y como lo hizo con el dictado del Decreto Ejecutivo número 35860-MINAET, que en este tanto cumplió con lo ordenado por esta Sala en la sentencia número 2008-11696 de 25 de julio del 2008; i) El decreto impugnado en esta acción no es omiso en los términos reclamados por los accionantes, toda vez que el que dicho decreto no contenga las normas técnicas a que hace referencia el artículo 71 de la LOA no constituye una omisión que lesione los principios contenidos en los artículos 21, 50 y 89 constitucionales; j) El artículo 71 de la LOA no establece como obligación a cargo del Poder Ejecutivo el dictado de un reglamento que establezca específicamente esas normas, por el contrario, pueden estar contenidas en diversos reglamentos según las competencias de los distintos entes y órganos; k) Precisamente, el decreto número 35860-MINAET refiere a la regulación específica de aquellos entes u órganos con competencias relacionadas con la tutela de paisaje; l) Limitarse a hacer dichas referencias no constituye una violación a las normas constitucionales citadas pues en principio allí deberían estar contenidas las normas técnicas que menciona el artículo 71 de la LOA; m) En tal sentido, los artículos 4, 5 y 8 refieren a los planes reguladores cantonales; n) El artículo 4 remite específicamente al Manual de Instrumentos Técnicos para la evaluación ambiental de dichos planes; o) Esto tiene especial importancia, pues este manual debería contener las disposiciones que permitan determinarse si se da o no la tutela debida al paisaje en los planes reguladores, específicamente en los reglamentos de construcción que forman parte de dichos planes; p) Hay que tener presente que corresponde a los gobiernos locales dictar la normativa en materia urbanística como parte de los planes reguladores cantonales, y a la SETENA controlar que dichos planes integren la variable ambiental, variable que debería comprender lo relativo a la tutela del paisaje y las bellezas escénicas; q) Finalmente, el artículo 6 remite al MOPT y a la regulación sobre derechos de vía y publicidad exterior; r) Para que la simple remisión a otra normativa conlleve algún vicio de inconstitucionalidad, habría que analizar si la reglamentación a que se hace referencia contiene o no normas técnicas relativas a la protección de paisaje; s) En cuanto a los planes reguladores cantonales lo importante sería determinar si el manual a que hace referencia el artículo 4 del decreto impugnado contiene o no disposiciones que permitan valorar la incorporación o no de normas técnicas sobre la tutela del paisaje en dichos planes; t) Lo mismo habría que decir respecto al decreto ejecutivo número 29253-MOPT de 20 de diciembre de 2000, que es el Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior; u) Habría que analizar dicho decreto para poder determinar si contiene o no normas técnicas relativas al paisaje que sirvan de parámetro para saber si se da o no contaminación visual; v) En el mismo sentido, sería necesario analizar las disposiciones regulatorias vigentes sobre infraestructura de servicios a que hace referencia el artículo 7 del decreto impugnado; w) El decreto impugnado no desmejora el nivel de tutela dispensado al paisaje porque lo que hace es remitir a la normativa que debe contener las disposiciones tutelares; x) Mucho menos afecta el llamado principio de irreductibilidad del bosque porque el decreto objeto de esta acción nada dispone en esta materia; z) La normativa que tutela el bosque en nada se ve afectada por lo que establezca o deje de establecer este decreto, pues no contiene ninguna disposición que permita un cambio de uso del suelo de terrenos forestales o cubiertos de bosque sean de dominio privado o de propiedad pública.En consecuencia, y de conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Procuraduría General de la República, en su condición de Órgano Asesor de la Sala Constitucional, considera que el decreto número 35860 de 26 de febrero de 2010 no es inconstitucional por lo que recomienda que esta acción sea declarada sin lugar por el fondo.
  5. 5Los edictos a que se refiere el párrafo 2° del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 67, 68 y 69del Boletín Judicial, de los días cuatro, siete y ocho de abril del dos mil catorce (ver registro electrónico).
  6. 6La audiencia oral y pública prevista en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional no se celebró, por considerar esta Sala que los elementos de juicio contenidos en el expediente son suficientes para la resolución del presente asunto.
  7. 7En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

Considerando:

I. SOBRE LA ADMISIBLIDAD

El artículo 75 de la Ley de esta jurisdicción establece que la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad está condicionada a la existencia de un asunto previo pendiente de resolver, en el que se haya invocado la inconstitucionalidad de la norma o normas impugnadas, de modo que la demanda sirva como un medio razonable para la tutela del derecho o interés que se estima lesionado. Las únicas excepciones posibles son las que señala el párrafo segundo de la misma norma, en el sentido de que no precisa la existencia del asunto previo los casos en que la acción sea deducida por el Contralor, Procurador o Fiscal Generales de la República, o bien por el Defensor de los Habitantes; así como en aquellos supuestos en que, por la naturaleza del caso, no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto. En el presente caso, el accionante formula la acción de inconstitucionalidad con fundamento en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, señalando que las normas impugnadas inciden en el núcleo de derechos e intereses que atañen a la colectividad.

II. OBJETO DE LA ACCIÓN

Los accionantes solicitan que se declare la inconstitucionalidad del Reglamento para la prevención de la Contaminación Visual, Decreto N°35860-MINAET de 26 de febrero de 2010. El Decreto cuestionado estipula:

Artículo 1º- Objetivo del Reglamento. El presente reglamento tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos generales en la evaluación ambiental, para prevenir los efectos de la contaminación visual.

Artículo 2º- Alcance del Reglamento. Los lineamientos establecidos en este reglamento, se aplicarán a las actividades, obras o proyectos que se encuentren en su fase de diseño, en caso de que no exista un plan regulador cantonal con la variable ambiental aprobada.

Artículo 3º- Definiciones:

  • a)Actividades, obras o proyectos: Obras o edificaciones realizadas para el desarrollo de la actividad humana.
  • b)Contaminación Visual: Se considerarán contaminación visual, las acciones, obras o instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o permanente del paisaje, los límites máximos admisibles por las normas técnicas establecidas o que se emitan en el futuro.
  • c)Derecho de vía: Franja de terreno propiedad del Estado, de naturaleza demanial, destinada para la construcción de obras viales, para la circulación de vehículos, tránsito de personas y otras obras relacionadas con la seguridad, el ornato y el uso peatonal, generalmente comprendida entre los linderos que la separa de los terrenos privados adyacentes a la vía, no susceptible de uso, ocupación o apropiación particular o con fines particulares, con excepción de los casos de nomenclatura vial, rótulos indicativos de destinos turísticos, actividades y servicios y las paradas en tránsito para el transporte público o para buses.
  • d)Impacto visual: grado de alteración positiva o negativa producida en los recursos o componentes del paisaje.
  • e)Infraestructura de servicios: Comprende todos los elementos que permiten la interconexión a sistemas de telecomunicaciones, agua y electricidad.
  • f)Paisaje: cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos.
  • g)Plan Regulador Cantonal: Instrumentos de planificación del territorio a nivel local con la inserción de la variable ambiental Artículo 4º- Del desarrollo de actividades. El desarrollo de actividades obras y proyectos se regirá por lo indicado en el Reglamento de desarrollo sostenible de los planes reguladores cantonales, que cuenten con viabilidad ambiental, y conforme a lo estipulado en el Decreto No 32967 del 20 de febrero del 2006, titulado Manual de instrumentos técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

Artículo 5º- Planificación del paisaje en las ciudades. Todas las municipalidades, en sus respectivos planes reguladores cantonales, deberán respetar los lineamientos técnicos generales establecidos en este reglamento y en el resto de la regulación existente en la materia, para la prevención de la contaminación visual.

Artículo 6º - Colocación de vallas y publicidad en derecho de vía. Se deberá actuar de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº 29253-Mopt del 20 de diciembre de 2000, Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior.

Artículo 7º- Colocación de infraestructura de servicios. Se deberá actuar conforme a las disposiciones regulatorias vigentes.

Artículo 8º- Colocación de vallas y publicidad en zonas de dominio privado. Las vallas y publicidad en terrenos privados, deberán apegarse a las condiciones del presente reglamento y a las disposiciones locales establecidas en los planes reguladores cantonales.

Respecto a las ya existentes, una vez cumplidos los compromisos que pudieran haber sido pactados, deberán adecuarse a lo establecido anteriormente.

Artículo 9º - Guías de evaluación y de buenas prácticas ambientales. Los diversos tipos de guías ambientales para la evaluación de impacto ambiental y guías de buenas prácticas ambientales, deberán incluir un apartado sobre prevención de la contaminación visual, según los lineamientos establecidos en este reglamento.

Artículo 10.- Vigilancia y control. Las autoridades que realizan control ambiental deberán velar por el cumplimiento de lo establecido en este reglamento.

Artículo 11.- Incumplimiento de regulaciones y sanciones. Las infracciones por acción u omisión a las regulaciones aquí especificadas, serán sancionadas por los órganos competentes con base en lo establecido en los artículos 99, 100 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, y/o de conformidad con otra normativa existente.

Artículo 12.- Vigencia. Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil diez.

III. SOBRE EL FONDO

Señalan los accionantes que el Reglamento impugnado viola de manera flagrante el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho al paisaje no contaminado, el principio de irreductibilidad del bosque, el principio de progresividad y el principio de no regresión contenidos en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política. Manifiestan los accionantes que mediante sentencia número 2008-011696 de las 11:29 hrs. de 25 de julio de 2008, la Sala Constitucional le otorgó al Poder Ejecutivo el plazo de dos meses para reglamentar el artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente. Agregan que el 26 de febrero de 2010 se aprobó el Reglamento para la Prevención de la Contaminación Visual, Decreto No. 35860-MINAET. Sin embargo, aún cuando el Poder Ejecutivo emitió formalmente el Reglamento, este carece de parámetros técnicos y jurídicos que regulen el desarrollo de cualesquiera actividades relacionadas con la contaminación visual.

Así, el contenido normativo de este Reglamento es omiso en cuanto al principal objetivo que es la prevención de la contaminación visual. Sus disposiciones son redundantes y la mayoría de sus normas se limitan a remitir a otras disposiciones, algunas de los cuales aún no existen. En este sentido, el Reglamento no satisface, ni en grado mínimo, los parámetros ambientales que la Sala Constitucional ha establecido en su jurisprudencia por lo que resulta claramente insuficiente, lo cual provoca que las violaciones al medio ambiente persistan.

Antes de realizar el análisis de lo impugnado, conviene recordar que ciertamente el reglamento impugnado se dictó luego de que esta Sala Constitucional, mediante resolución número 2008-011696 de las 11:29 horas del 25 de julio del 2008 se declarara con lugar el recurso no.08-006824-0007-CO por la omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar el artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente número 7554 publicada en la Gaceta número 215 del trece de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Así que, allí se le concedió al Poder Ejecutivo el plazo de dos meses contados a partir de la notificación de ésa resolución para que proceda a la reglamentación del artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente. Dicho artículo 71 establece:

“Se considerarán contaminación visual, las acciones, obras o instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o permanente del paisaje, los límites máximos admisibles por las normas técnicas establecidas o que se emitan en el futuro” En criterio de este Tribunal y de la lectura del texto supra se desprende que el Poder Ejecutivo debe reglamentar la norma, lo que es diferente a establecer las normas técnicas que permitan evaluar los límites máximos admisibles para no generar contaminación visual.

Por su parte los Artículos 4, 5, 6 y 8 del Reglamento cuestionado son claras al remitir a las vías competentes para el cumplimiento efectivo de los lineamientos técnicos, ya sea a los Manuales de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto N°32967 del 20 de febrero del 2006, a los planes reguladores de las Municipalidades de cada cantón, a la Secretaría Técnica Ambiental o al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Tal y como lo indica el artículo 1 del Reglamento cuestionado, la reglamentación del artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente tiene como finalidad establecer los lineamientos técnicos generales en la evaluación ambiental para prevenir la contaminación visual.

Ahora bien, la implementación de esos lineamientos corresponde a los diferentes órganos señalados por el Reglamento, ya sean las Municipalidades competentes, la Secretaría Técnica Ambiental o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, quienes deberán emitir dentro del marco de sus competencias las normas técnicas correspondientes para prevenir la contaminación ambiental y controlar que dichas normas integren la variable ambiente y así proteger el paisaje y las bellezas escénicas.

Por lo tanto no es inconstitucional que el Reglamento cuestionado no contemple los parámetros técnicos y jurídicos que deben regular el desarrollo de actividades relacionadas con la contaminación visual. Lo anterior porque sí remite a los interesados en desarrollar obras, actividades o proyectos que impliquen una posible contaminación visual, a la normativa particular que al respecto corresponda, es decir, al Decreto N°32967 del 20 de febrero del 2006, titulado Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, al Decreto N°29253-MOPT del 20 de diciembre del 2000, titulado Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior, así como a los Planes Reguladores de cada cantón.

En cuanto al principio de irreductibilidad del bosque no procede pronunciamiento alguno, toda vez que el Reglamento cuestionado no hace mención alguna respecto a esa materia, ni se acusa afectación concretar con la mera existencia de la norma.

En cuanto a los principios de regresión y progresividad el decreto impugnado no disminuye el nivel de protección ambiental al paisaje, por el contrario, y en ese sentido más bien, remite a la normativa que contiene las disposiciones de protección ambiental.

El decreto objetado en esta acción no es omiso en los términos reclamados por los accionantes, el hecho que el decreto no contenga las normas técnicas a que hace referencia el artículo 71 de la LOA, no puede catalogarse como una omisión que lesione los principios contenidos en los artículos 21, 50 y 89 constitucionales. La remisión a otras regulaciones, no supone una omisión esencial respecto del ambiente que sea constitucionalmente relevante.

IV. CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto, la acción debe ser desestimada, como en efecto se hace.

Por tanto:

Se declara sin lugar la acción.

Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jose Paulino Hernández G.

*L447SFHGD57K61*

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