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Res. 01278-2016 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/01/2016
OutcomeResultado
The amparo was granted and the Municipality of San José and AyA were ordered to adopt a preventive maintenance plan for the storm drainage system within three months, under verification by the Ministry of Health.Se declaró con lugar el amparo y se ordenó a la Municipalidad de San José y al AyA adoptar un plan de mantenimiento preventivo del alcantarillado pluvial en tres meses, bajo verificación del Ministerio de Salud.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo filed by residents of Barrio Chino, San José, who claimed a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment due to severe flooding on September 25, 2015. The Chamber found that the storm drainage system collapse, which the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers attributed to a lack of maintenance of outdated infrastructure, constituted an injury to that fundamental right. Although the Municipality of San José asserted it provided permanent maintenance and that the event was extraordinary, the Court held that this did not exempt the local administration from guaranteeing a quality public service to protect public health. Consequently, it ordered the Municipality and AyA to coordinate the adoption of a preventive maintenance plan within three months and the Ministry of Health to verify compliance. The ruling includes dissenting votes questioning the Chamber's jurisdiction, considering these matters as belonging to the contentious-administrative jurisdiction.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por vecinos del Barrio Chino de San José, quienes alegaron violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por las graves inundaciones ocurridas el 25 de septiembre de 2015. La Sala determinó que el colapso del sistema de alcantarillado pluvial, atribuido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a la falta de mantenimiento de una infraestructura obsoleta, configuró una lesión a ese derecho fundamental. Aunque la Municipalidad de San José sostuvo que brindaba mantenimiento permanente y que el evento fue extraordinario, el Tribunal consideró que esa circunstancia no eximía a la administración local de garantizar un servicio público de calidad que protegiera la salud pública. En consecuencia, ordenó a la Municipalidad y al AyA coordinar la adopción de un plan de mantenimiento preventivo en un plazo de tres meses y al Ministerio de Salud verificar su cumplimiento. La sentencia contiene votos salvados que cuestionan la competencia de la Sala para conocer este tipo de asuntos, por considerarlos propios de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Key excerptExtracto clave
IV.- RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Based on Articles 21, 50 and 89 of the Political Constitution, this Constitutional Court has broadly recognized the State's duty to protect the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. It is by virtue of these articles, as well as environmental infra-constitutional regulations, that the State's responsibility arises to exercise a tutelary and guiding function in this matter. In this regard, this Chamber, in Decision No. 4830-02 of 4:00 p.m. of May 21, 2002, stated the following: "(…) Our Political Constitution, in Article 50, expressly recognizes the right of all present and future inhabitants of this country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. Compliance with this requirement is a fundamental guarantee for the protection of public life and health, not only of Costa Ricans, but also of all members of the world community. Violation of these fundamental precepts entails the possibility of injury or endangerment of interests in the short, medium and long term. Environmental pollution is one of the ways through which the integrity of the environment can be broken, with results that are most often imperishable and cumulative. The Costa Rican State is obliged to act preventively by avoiding - through oversight and direct intervention - the performance of acts that harm the environment, and in the correlative and equally unavoidable prohibition of promoting its degradation (…)". VI.- SPECIFIC CASE. It was duly and reliably proven that as a consequence of the heavy rains that occurred on September 25, 2015, Barrio Chino and other sectors of the city of San José suffered major flooding (undisputed fact). The Director of the Southeastern Metropolitan Health Area and the General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers stated that the claimed problem is a consequence of the lack of maintenance of the obsolete storm drainage system (reports). The Municipal Mayor of San José denied that these were the reasons that caused the flooding, since, she affirms, the existing drainage system receives permanent maintenance and cleaning, so in her opinion, it was due to an extraordinary natural event (report). Even if the respondent Municipal Mayor were correct about the nature of that event, that circumstance does not exempt the local administration from providing quality public services, particularly ensuring that the storm drainage system is optimal for the protection of public health; however, this did not happen, since the existing storm drainage system did not have the capacity to prevent the saturation that caused the claimed flooding. Under this reasoning, the Chamber finds that the alleged grievance occurred.IV.- DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. A partir de lo dispuesto en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política, este Tribunal Constitucional ha reconocido, ampliamente, el deber del Estado de proteger el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es a tenor de dichos numerales, así como de la normativa infraconstitucional ambiental, que nace la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia. En este sentido, esta Sala, en el Voto No. 4830-02 de las 16:00 hrs. de 21 de mayo de 2002, señaló lo siguiente: "(…) Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos. El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación (…)". VI.- CASO CONCRETO. Se acreditó idónea y fehacientemente que como consecuencias de los fuertes aguaceros que acaecieron el 25 de septiembre de 2015, el Barrio Chino y otros sectores de la ciudad de San José, sufrieron grandes inundaciones (hecho incontrovertido). El Director del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana y el Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, afirmaron que el problema reclamado es consecuencia de la falta de mantenimiento del obsoleto sistema de alcantarillado pluvial (informes). La Alcaldesa Municipal de San José negó que esas fueran las razones que generaron la inundación, pues, según afirma, al sistema de captación existente se le brinda mantenimiento permanente y limpieza, por lo que en su criterio, obedece a un evento extraordinario de la naturaleza (informe). Aunque llevara razón la Alcaldesa Municipal recurrida respecto de la naturaleza de ese evento, esa circunstancia, no exime a la administración local de brindar servicios públicos de calidad, particularmente, garantizar que el sistema alcantarillado pluvial resulte óptimo para la protección de la salud pública; no obstante, como esto no ocurrió, puesto que el alcantarillado pluvial existente no tuvo capacidad para evitar la saturación que provocó la inundación reclamada. Bajo esta inteligencia, estima la Sala que se produjo el agravio reclamado.
Pull quotesCitas destacadas
"El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación."
"The Costa Rican State is obliged to act preventively by avoiding - through oversight and direct intervention - the performance of acts that harm the environment, and in the correlative and equally unavoidable prohibition of promoting its degradation."
Considerando IV
"El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación."
Considerando IV
"El Director del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana y el Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, afirmaron que el problema reclamado es consecuencia de la falta de mantenimiento del obsoleto sistema de alcantarillado pluvial (informes)."
"The Director of the Southeastern Metropolitan Health Area and the General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers stated that the claimed problem is a consequence of the lack of maintenance of the obsolete storm drainage system (reports)."
Considerando VI
"El Director del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana y el Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, afirmaron que el problema reclamado es consecuencia de la falta de mantenimiento del obsoleto sistema de alcantarillado pluvial (informes)."
Considerando VI
"Aunque llevara razón la Alcaldesa Municipal recurrida respecto de la naturaleza de ese evento, esa circunstancia, no exime a la administración local de brindar servicios públicos de calidad, particularmente, garantizar que el sistema alcantarillado pluvial resulte óptimo para la protección de la salud pública."
"Even if the respondent Municipal Mayor were correct about the nature of that event, that circumstance does not exempt the local administration from providing quality public services, particularly ensuring that the storm drainage system is optimal for the protection of public health."
Considerando VI
"Aunque llevara razón la Alcaldesa Municipal recurrida respecto de la naturaleza de ese evento, esa circunstancia, no exime a la administración local de brindar servicios públicos de calidad, particularmente, garantizar que el sistema alcantarillado pluvial resulte óptimo para la protección de la salud pública."
Considerando VI
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CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the twenty-ninth of January of two thousand sixteen.
Amparo action filed by LEVI FRANCISCO GOLDBERG COSIOL, of legal age, bearer of identity card No. 102460316, and YOJAN DREZNER GOLDBERG, of legal age, bearer of identity card No. 111320066, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS), the MINISTRY OF HEALTH (MINISTERIO DE SALUD), and the MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ (MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).
Having reviewed the case file.- Prepared by Magistrate Hernandez Gutierrez; and,
CONSIDERING:
I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioners sought protection of their right to a healthy and ecologically balanced environment, since, in their view, the respondent public authorities have not taken any measure to correct the overflow of stormwater in Barrio Chino in San José.
II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following fact is deemed duly proven: Sole.- On September 25, 2015, Barrio Chino and other sectors of the city of San José were flooded as a consequence of the torrential downpours of that day (uncontroversial fact).
III.- UNPROVEN FACTS. The following relevant fact is deemed unproven: Sole.- That the petitioners filed any complaint or request before the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers or the Ministry of Health, in order to have the claimed situation corrected (the case file).
IV.- RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Based on the provisions of articles 21, 50, and 89 of the Political Constitution, this Constitutional Court has broadly recognized the State's duty to protect the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. It is by virtue of said articles, as well as the sub-constitutional environmental regulations, that the State's responsibility to exercise a protective and governing function in this matter arises. In this sense, this Chamber, in Voto No. 4830-02 of 16:00 hrs. of May 21, 2002, stated the following:
"(…) Our Political Constitution, in its article 50, expressly recognizes the right of all present and future inhabitants of this country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. The fulfillment of this requirement is a fundamental guarantee for the protection of public life and health, not only of Costa Ricans, but also of all members of the world community. The violation of these fundamental precepts entails the possibility of injury or endangerment of short, medium, and long-term interests. Pollution of the environment is one of the ways through which the integrity of the environment can be broken, with results that are, most of the time, imperishable and cumulative. The Costa Rican State is under the obligation to act preventively, avoiding—through oversight and direct intervention—the performance of acts that harm the environment, and under the correlative and equally unavoidable prohibition of fostering its degradation (…)".
V.- Despite the fact that the respondent authorities alleged that it is not suitably and reliably recorded that the petitioners filed any complaint related to the environmental problem claimed, because this is a matter where there exists a fact that received broad coverage in nationally circulated newspapers, the amparo action is the appropriate avenue to hear the reproach raised. That is, it is a matter of public fact.
VI.- SPECIFIC CASE. It was suitably and reliably proven that as a consequence of the heavy downpours that occurred on September 25, 2015, Barrio Chino and other sectors of the city of San José suffered major flooding (uncontroversial fact). The Director of the Southeast Metropolitan Governing Health Area and the General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers stated that the problem claimed is a consequence of the lack of maintenance of the obsolete storm sewer system (reports). The Municipal Mayor of San José denied that these were the reasons that caused the flooding, since, she claims, the existing collection system is provided with permanent maintenance and cleaning, and therefore, in her view, it is due to an extraordinary event of nature (report). Even if the respondent Municipal Mayor were correct regarding the nature of that event, that circumstance does not exempt the local administration from providing quality public services, particularly ensuring that the storm sewer system is optimal for the protection of public health; however, as this did not occur, since the existing storm sewer system did not have the capacity to prevent the saturation that caused the claimed flooding. Under this reasoning, the Chamber finds that the claimed grievance occurred.
VII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE JINESTA LOBO. Magistrate Jinesta Lobo dissents and declares the action without merit, for the following reasons: First, I do not consider that the issue under analysis is of an environmental nature, as indicated by the majority of this Chamber. On the contrary, it involves, at its core, deficiencies in a public work. Based on the foregoing, I find that this matter should be heard in the ordinary jurisdiction and not before this Constitutional Court, given that, additionally, the alleged situation does not constitute any of the exceptions that I hear and resolve (for example, when there is an infringement of other fundamental rights such as life, physical integrity, private property, and housing, or the protection of disadvantaged groups). Thus, the petitioners, if they see fit, must formulate the arguments they deem pertinent before the aforementioned avenue.
VIII.- NOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. I have concurred with the position sustained by Magistrate Jinesta Lobo in this matter, and therefore I consider, in principle, that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, because that omission constitutes an issue of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate, with greater breadth, their disagreements. However, when from that omissive administrative conduct some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives, or vulnerable groups are affected, I do hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, just as happens in this amparo action, in which problems of stormwater overflow in Barrio Chino in San José are alleged, with damage to their properties and goods.
IX.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. As stated in the majority resolution, this matter is raised for infringement of a healthy and ecologically balanced environment. From that perspective, my reasoning regarding the Chamber's jurisdiction to hear claims for injuries to article 50 of the Political Constitution is applicable, as set forth below:
1. The historical context that originally motivated the Chamber's broad intervention in environmental matters has undergone a considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of persons to a healthy and balanced environment, as protected in article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by a vast legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate competence imposed upon the Chamber a protagonist role, almost unique, in defending the aforementioned constitutional right.
2. Today, we find ourselves facing a "dense framework" of environmental regulations—as accurately described by Magistrate Jinesta Lobo in his dissenting vote on this topic—which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all ordered, as well as the creation of state bodies with oversight and control powers over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon consists of the fact that this increasing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entrance onto the scene of both administrative justice and the ordinary jurisdiction—primarily the contentious-administrative jurisdiction, but also the criminal jurisdiction. In them, in accordance with the importance of environmental law, ample procedural avenues and inclusive standing mechanisms have been regulated, so that the administered parties can enforce what is established in that broad legal order related to the environmental topic.
3. In that context, it is neither legally appropriate, nor from a functional point of view, for the Constitutional Chamber to displace, or—worse yet—substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, risking overlapping its competences with those of other jurisdictional bodies that—they indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes is ill-suited to the complexity present in numerous environmental conflicts composed of series of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are known examples in which the Chamber has issued a half-hearted or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and impacts on legal certainty have been generated.
4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence execution judges that allow for adequate follow-up of the same—generally complex—, which sometimes involve the monitoring of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up lasting months and even years.
5. From that perspective, the decision by this Court to take a step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of the environmental subject matter, but on the contrary, of its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as this instance's declination of its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which from my point of view, is reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise of readjustment of the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each one of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as the exercise of defining its own jurisdiction, as established in article 7 of its Organic Law.
6. It is clear that the Chamber is not proposing to abandon the work of protecting people's rights in environmental matters to other jurisdictions. It is known that while any claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. It is therefore about ensuring that the Chamber becomes a protagonist along with others, so that—among all and each in their space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society in which other equally pressing needs also exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but substantial gains are made in breadth, in perspective, and in respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system like ours.- 7. In line with the above, I hold that this Chamber must abstain from hearing claims presented to it for alleged infringement of article 50 of the Political Constitution, to leave their hearing in the hands of administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is stated in general terms, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my judgment, would indeed be even better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can indicate that the Chamber must reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental infringements that also put people's health at direct risk, or the access to or quality of water; cases of gross and direct violations to the environment and in which a flagrant absence of protection by state authorities is verified, provided that, in addition, the nature of the claim allows it to be addressed by means of the amparo instrument as a summary and special procedural mechanism, since I also find that the amparo should not be "ordinary-process-ized" to address, even in these cited cases, topics that exceed the capacity to be adequately attended to within it.
8. In the specific case, in accordance with the proven facts, none of the exceptions mentioned are present, and the situation raised falls within those cases in which the intervention of the Administration's protection means and ordinary justice proves to be a broader and more complete avenue for the issue discussed, which involves a broad discussion on infrastructure and the participation of different authorities and requires abundant proof, follow-ups, and studies that exceed the scope of the amparo. Thus, article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction should have been applied and the action rejected outright; however, since this did not occur, it is now appropriate to declare the filed amparo without merit.
X.- CONCLUSION. As a corollary of the foregoing, it is necessary to grant the action with the consequences that will be stated. Magistrate Jinesta Lobo and Magistrate Hernández López dissent and declare the action without merit. Magistrate Salazar Alvarado adds a note.
THEREFORE:
The action is declared with merit. Sandra García Pérez and José Alberto Moya Segura are ordered, respectively, in their capacity as Municipal Mayor of San José and General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever exercises those positions in their place, to coordinate what is necessary so that, within the three months following the notification of this resolution, a preventive maintenance plan is adopted that guarantees the adequate functioning of the storm sewer system of the central canton of San José. Likewise, María Virginia Murillo Murillo and María Antonieta Acuña Hernández are ordered, respectively, in their capacity as Vice Minister of Health Promotion and Director of the Southeast Metropolitan Governing Health Area, or whoever exercises those positions, to verify the full compliance with what is ordered by this Constitutional Court, ordering all such measures deemed necessary for that purpose. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action, and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of San José is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of sentence in the contentious-administrative jurisdiction. Let this resolution be notified personally to Sandra García Pérez, José Alberto Moya Segura, María Virginia Murillo Murillo, and María Antonieta Acuña Hernández, respectively, in their capacity as Municipal Mayor of San José, General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, Vice Minister of Health Promotion, and Director of the Southeast Metropolitan Governing Health Area, or to whoever exercises those positions in their place. Magistrate Jinesta Lobo and Magistrate Hernández López dissent and declare the action without merit. Magistrate Salazar Alvarado adds a note.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia clave Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Constitución Política Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
SE ORDENA A MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ ADOPTAR EN TRES MESES UN PLAN DE MANTENIMIENTO QUE GARANTICE UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SAN JOSE *150166410007CO* Res. Nº 2016001278 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintinueve de enero de dos mil dieciseis .
Recurso de amparo promovido por LEVI FRANCISCO GOLDBERG COSIOL, mayor, portador de la cédula de identidad No. 102460316 y YOJAN DREZNER GOLDBERG, mayor, portador de la cédula de identidad No. 111320066, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, el MINISTERIO DE SALUD y la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.
Revisados los autos.- Redacta el Magistrado Hernandez Gutierrez; y,
CONSIDERANDO :
I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes demandaron la tutela de su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues, en su criterio, las autoridades públicas recurridas no han dispuesto medida alguna para corregir el desbordamiento de aguas pluviales en el Barrio Chino en San José.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estima como debidamente demostrado el siguiente hecho: Único.- El 25 de septiembre de 2015, el Barrio Chino y otros sectores de la ciudad de San José, se inundaron como consecuencias de los torrenciales aguaceros de ese día (hecho incontrovertido).
III.- HECHOS NO PROBADOS. Se estima no demostrado, el siguiente de relevancia: Único.- Que los recurrentes hayan presentado denuncia o solicitud alguna ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o el Ministerio de Salud, a efecto que se corrigiera la situación reclamada (los autos).
IV.- DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. A partir de lo dispuesto en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política, este Tribunal Constitucional ha reconocido, ampliamente, el deber del Estado de proteger el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es a tenor de dichos numerales, así como de la normativa infraconstitucional ambiental, que nace la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia. En este sentido, esta Sala, en el Voto No. 4830-02 de las 16:00 hrs. de 21 de mayo de 2002, señaló lo siguiente:
"(…) Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos. El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación (…)”.
V.- Pese a que las autoridades recurridas alegaron que no consta idónea y fehacientemente que los recurrentes hayan presentado denuncia alguna relacionada con el problema ambiental reclamado, por tratarse de un asunto donde existe un hecho del que se brindó amplia cobertura en los diarios de circulación nacional-, el amparo es la vía adecuada para conocer del reproche planteado. Es decir que se trata de un hecho público.
VI.- CASO CONCRETO. Se acreditó idónea y fehacientemente que como consecuencias de los fuertes aguaceros que acaecieron el 25 de septiembre de 2015 , el Barrio Chino y otros sectores de la ciudad de San José, sufrieron grandes inundaciones (hecho incontrovertido). El Director del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana y el Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, afirmaron que el problema reclamado es consecuencia de la falta de mantenimiento del obsoleto sistema de alcantarillado pluvial (informes). La Alcaldesa Municipal de San José negó que esas fueran las razones que generaron la inundación, pues, según afirma, al sistema de captación existente se le brinda mantenimiento permanente y limpieza, por lo que en su criterio, obedece a un evento extraordinario de la naturaleza (informe). Aunque llevara razón la Alcaldesa Municipal recurrida respecto de la naturaleza de ese evento, esa circunstancia, no exime a la administración local de brindar servicios públicos de calidad, particularmente, garantizar que el sistema alcantarillado pluvial resulte óptimo para la protección de la salud pública; no obstante, como esto no ocurrió, puesto que el alcantarillado pluvial existente no tuvo capacidad para evitar la saturación que provocó la inundación reclamada. Bajo esta inteligencia, estima la Sala que se produjo el agravio reclamado.
VII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO JINESTA LOBO . El Magistrado Jinesta Lobo salva el voto y declara sin lugar el recurso, por las razones siguientes: En primer término, no considero que el tema bajo análisis sea de índole ambiental, tal y como lo indica la mayoría de esta Sala. Por el contrario, se trata, en el fondo, de las deficiencias de una obra pública. Partiendo de lo anterior, estimo que el presente asunto debe ser conocido en la jurisdicción ordinaria y no ante este Tribunal Constitucional, dado que, adicionalmente, el supuesto alegado, no constituye ninguna excepción de las que entro a conocer y resolver (por ejemplo, cuando existe de por medio la infracción a otros derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la propiedad privada y la vivienda o bien, la tutela de grupos en desventaja). De este modo, los recurrentes, si a bien lo tienen, deberán formular los alegatos que estime pertinentes ante la referida vía.
VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO . He coincidido con la posición sustentada por el Magistrado Jinesta Lobo en esta materia, por lo que considero, en tesis de principio, que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este amparo, en que se acusa problemas de desbordamiento de aguas pluviales en el Barrio Chino en San José, con daño para sus propiedades y bienes.
IX.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Según se expresa en la resolución de mayoría, este asunto se plantea por infracción de un ambiente ecológicamente sano y ecológicamente equilibrado. Desde esa perspectiva resultan aplicables al caso mis razonamientos sobre la competencia de la Sala para conocer reclamos por lesiones al artículo 50 de la Constitución Política, según se expone a continuación:
1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.
2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental –tal y como acertadamente lo ha descrito el Magistrado Jinesta Lobo en su voto salvado sobre este tema- lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.
3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.
4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.
5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.
6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.
8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados no se presenta ninguna de las excepciones que mencionan y la situación planteada se ubica dentro de aquellos casos en las que la intervención de los medios de protección de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa para el tema discutido, el cual involucra una amplia discusión sobre infraestructura y participación de distintas autoridades y requiere abundante prueba, seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo. De tal modo, debió aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y rechazar de plano el recurso, no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora declarar sin lugar el amparo interpuesto X.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone acoger el recurso con las consecuencias que se dirán. El Magistrado Jinesta Lobo y la Magistrada Hernández López salvan el voto y declaran sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Sandra García Pérez y José Alberto Moya Segura, respectivamente, en su condición de Alcaldesa Municipal de San José y Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, coordinar lo necesario a efecto que, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de esta resolución, se adopte un plan de mantenimiento preventivo que garantice el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado pluvial del cantón central de San José. Asimismo, se le ordena a María Virginia Murillo Murillo y a María Antonieta Acuña Hernández, respectivamente, en su condición de Viceministra de Promoción de la Salud y Directora del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, o a quienes ejerzan esos cargos, verificar el cabal cumplimiento de lo dispuesto por este Tribunal Constitucional, disponiendo todas aquellas medidas que se estimen necesaria a ese efecto. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San José al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Sandra García Pérez, José Alberto Moya Segura, María, Virginia Murillo Murillo y a María Antonieta Acuña Hernández, respectivamente, en su condición de Alcaldesa Municipal de San José, Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Viceministra de Promoción de la Salud y Directora del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, en forma personal. El Magistrado Jinesta Lobo y la Magistrada Hernández López salvan el voto y declaran sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jose Paulino Hernández G.
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