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Res. 03728-2015 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 13/03/2015

Limits on Legislative Oversight of Pending Criminal CasesLímites al control legislativo sobre causas penales pendientes

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Chamber granted the amparo because the summonses required the Attorney General to explain the handling of a specific pending criminal case, exceeding legitimate political oversight and interfering with the powers of the Judiciary and the Public Prosecutor’s Office.La Sala acogió el amparo porque las convocatorias exigían al Fiscal General explicar el abordaje de una causa penal concreta aún pendiente, excediendo el control político legítimo e interfiriendo con competencias del Poder Judicial y del Ministerio Público.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber granted the Attorney General’s amparo challenge against summonses issued by two legislative committees seeking explanations about the Public Prosecutor’s Office’s conduct in the criminal proceedings concerning environmentalist Jairo Mora’s murder. The Chamber recognized that the Legislative Assembly may investigate matters of public interest, exercise political oversight, and conduct inquiries parallel to judicial proceedings. That authority, however, is not jurisdictional: legislative committees may not adjudicate cases, reopen finally decided matters, impose sanctions, or interfere with pending proceedings. Their reports and recommendations are likewise not binding on other public bodies. Although lawmakers may legitimately request general information about prosecutorial performance, impunity, or institutional needs, the challenged summonses demanded specific explanations about the handling of a case still before the courts. The majority found that this purpose intruded upon the Public Prosecutor’s Office’s functional independence and violated the separation of powers. A dissent maintained that the summons alone caused no interference because the Attorney General could refuse to answer questions concerning pending matters.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo interpuesto por el Fiscal General contra las convocatorias de dos comisiones legislativas para explicar la actuación del Ministerio Público en el proceso penal por el asesinato del ambientalista Jairo Mora. Reconoció que la Asamblea Legislativa puede investigar hechos de interés público, ejercer control político y desarrollar investigaciones paralelas a las judiciales. Sin embargo, esa potestad no es jurisdiccional: las comisiones no pueden juzgar causas, reabrir asuntos concluidos, imponer sanciones ni interferir en procedimientos pendientes. Sus informes y recomendaciones tampoco vinculan a otros órganos públicos. Aunque es legítimo pedir información general sobre el desempeño de la Fiscalía, la impunidad o las necesidades institucionales, las convocatorias cuestionadas solicitaban explicaciones concretas sobre el abordaje de un caso todavía sometido a los tribunales. La mayoría consideró que ese objeto invadía la independencia funcional del Ministerio Público y desconocía la separación de poderes. Hubo voto salvado, según el cual la mera citación no causaba por sí sola tal interferencia.

Key excerptExtracto clave

Regarding the matter under review, it is known that the criminal case concerning Jairo Mora’s homicide remains pending before the courts, as do other cases involving persons known for protecting the environment. Nothing prevents parallel investigations in criminal and legislative venues, because the investigative work performed by an Investigative Committee or Permanent Special Committee is not jurisdictional, and its purpose is not to establish criminal or other legal liability or impose sanctions, but to expose to public scrutiny certain conduct considered morally reprehensible. Nevertheless, the separation of powers constitutes a limit on the investigative authority of the respondent committees; accordingly, investigative committees clearly may not validly invade powers assigned to other constitutional bodies. Thus, under no circumstances may these legislative committees assume the adjudication of cases, reopen matters concluded by a final decision, or interfere with the conduct of proceedings.En el tema bajo análisis, es sabido que, ante los Tribunales de Justicia, se encuentra pendiente la causa penal por el homicidio de Jairo Mora, así como otras, en las que se han visto involucrados personas que se caracterizaron por ser protectoras del ambiente. En este sentido, nada obsta para que haya investigaciones paralelas, es decir en sede penal y en la legislativa, pues la función que realiza la Comisión Investigadora o Permanente Especial en una labor de investigación, no es jurisdiccional y su finalidad no es establecer responsabilidades de carácter penal o jurídico en general, ni imponer sanciones, sino de exponer, a la luz de la opinión pública, determinadas actuaciones que se consideren moralmente reprochables. No obstante, un límite al ejercicio de la potestad de investigación de las Comisiones recurridas, lo constituye el principio de división de poderes, con arreglo al cual, es evidente que las comisiones de investigación no pueden, válidamente, invadir competencias atribuidas a otros órganos constitucionales. Así las cosas, por ningún motivo, estas Comisiones Legislativas, podrán arrogarse el juzgamiento de las causas, ni la reapertura de las terminadas por decisión firme; ni tampoco podrán interferir en el desarrollo del procedimiento.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En el presente recurso, debe resaltarse que la administración de justicia es competencia exclusiva del Poder Judicial."

    "In this proceeding, it must be emphasized that the administration of justice falls within the exclusive authority of the Judiciary."

    Considerando IV

  • "En el presente recurso, debe resaltarse que la administración de justicia es competencia exclusiva del Poder Judicial."

    Considerando IV

  • "De esta forma, no se debe confundir dos tipos de actividad o función: por una parte la del Poder Judicial, que en la materia que nos ocupa, investiga con el propósito de juzgar penalmente, y por otra, la función de control político de la Asamblea Legislativa, que investiga para denunciar ante la sociedad o para generar legislación que mejore algunos campos descuidados en la materia objeto de la investigación; y por ese motivo, tiene propósitos diferentes a los que persigue el Poder Judicial."

    "Thus, two kinds of activity or function must not be confused: on one hand, that of the Judiciary, which in the matter at issue investigates for the purpose of criminal adjudication; and on the other, the Legislative Assembly’s political oversight function, which investigates to report matters to society or to produce legislation improving neglected areas within the subject of the inquiry. For that reason, it pursues purposes different from those of the Judiciary."

    Considerando V

  • "De esta forma, no se debe confundir dos tipos de actividad o función: por una parte la del Poder Judicial, que en la materia que nos ocupa, investiga con el propósito de juzgar penalmente, y por otra, la función de control político de la Asamblea Legislativa, que investiga para denunciar ante la sociedad o para generar legislación que mejore algunos campos descuidados en la materia objeto de la investigación; y por ese motivo, tiene propósitos diferentes a los que persigue el Poder Judicial."

    Considerando V

  • "A su vez, las investigaciones de las Comisiones Legislativas están destinadas a reunir información que expone o pone de relieve determinados hechos, de cara al Plenario Legislativo y con respecto al público, pero dichos informes carecen de fuerza obligante para los demás órganos públicos, de manera que las recomendaciones y conclusiones a las que allí se arribe no son vinculantes ni exigibles u oponibles, incluso para la Asamblea Legislativa propiamente dicha."

    "Legislative committee investigations are intended to gather information that exposes or highlights particular facts for the Legislative Plenary and the public, but their reports have no binding force upon other public bodies; consequently, their recommendations and conclusions are neither binding nor enforceable or opposable, even against the Legislative Assembly itself."

    Considerando VI

  • "A su vez, las investigaciones de las Comisiones Legislativas están destinadas a reunir información que expone o pone de relieve determinados hechos, de cara al Plenario Legislativo y con respecto al público, pero dichos informes carecen de fuerza obligante para los demás órganos públicos, de manera que las recomendaciones y conclusiones a las que allí se arribe no son vinculantes ni exigibles u oponibles, incluso para la Asamblea Legislativa propiamente dicha."

    Considerando VI

  • "En consecuencia, es legítimo que la Asamblea Legislativa cite al Fiscal General de la República a que rinda cuentas sobre el desempeño general del órgano a su cargo, siempre que ello no involucre discusión y bastanteo de los casos concretos en curso o bien el cuestionamiento y la presión respecto de las estrategias de abordaje de un caso específico."

    "Consequently, the Legislative Assembly may legitimately summon the Attorney General to account for the general performance of the office under his charge, provided this does not involve discussing and evaluating specific ongoing cases or questioning and exerting pressure regarding the strategy used in a particular case."

    Nota de la magistrada Hernández López

  • "En consecuencia, es legítimo que la Asamblea Legislativa cite al Fiscal General de la República a que rinda cuentas sobre el desempeño general del órgano a su cargo, siempre que ello no involucre discusión y bastanteo de los casos concretos en curso o bien el cuestionamiento y la presión respecto de las estrategias de abordaje de un caso específico."

    Nota de la magistrada Hernández López

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Julieta Segura Guzmán vgranados 2 1 2016-01-19T16:17:00Z 2016-01-19T16:17:00Z 2 6900 37951 Poder-Judicial 316 89 44762 11.9999 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Decision No. MERGEFIELD PJV:000003562015-003728 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at MERGEFIELD PJV:00000354eleven thirty-seven a.m. on the thirteenth day of March, two thousand fifteen.

Application for constitutional relief (recurso de amparo) being processed under expediente number 15-001228-0007-CO, filed by JORGE CHAVARRÍA GUZMAN, in his capacity as FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, against the ASAMBLEA LEGISLATIVA.-

Findings:

  1. 1In a written submission received by the Secretariat of the Sala at 10:30 a.m. on January 9, 2015, the petitioner filed an application for constitutional relief against the Asamblea Legislativa. He states that, at session number 21, held on January 27, 2015, the Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico approved a motion summoning the Fiscal General de la República to appear before the Commission on Thursday, January 29, at 11:00 a.m., to address “(…) cases that have remained unresolved and without convictions, such as the most recent case involving the murder of environmentalist Jairo Mora (...)”. He was notified of that summons on January 28, 2015. Likewise, the Comisión Permanente Especial de Ambiente required him to appear in order to explain “(…) the actions relating to the involvement of the Ministerio Público in connection with [sic] the trial conducted for the murder of environmentalist Jairo Mora (…)”.The latter appearance was scheduled for January 29 at 1:15 p.m. He was notified of that summons on January 28, 2015. The petitioner asserts that this is a case pending before the criminal courts (jurisdicción penal), under expediente number 13-001070-0063PE. He considers that the summonses violate the general principle of justice, the presumption of innocence, and the right to a fair trial with respect to the defendants in the case, as well as the principle of separation of powers, because they constitute improper interference with the Poder Judicial, since the actions taken must be reviewed through the appeal mechanisms available in criminal judicial proceedings. The petitioner requests that the application be granted.
  2. 2In a written submission received by the Secretariat of the Sala at 3:53 p.m. on February 3, 2014, José Francisco Camacho Leiva, in his capacity as President of the Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico, reports under oath that on January 27, 2015, at extraordinary session number 21 of the Comisión de Seguridad y Narcotráfico, it was unanimously decided to summon the Fiscal General through a new open-ended motion, under which he would be questioned about cases including, among others, the Jairo Mora case; in other words, he was not summoned specifically regarding that particular case, since it remains open. The appearance was suspended pursuant to the order of the Sala Constitucional. However, the Fiscal had previously been informed that the summons was not specific to the Jairo Mora case, as there were other cases that had ended without a judgment. The purpose of the summons was to obtain a general understanding of the shortcomings, what was going wrong, and the actual situation within the Poder Judicial, specifically within the Fiscalía.At the beginning of the session, the Fiscal was informed that he had not been summoned regarding any particular expediente, since the Commission did not intend to interfere in an ongoing investigation, but rather, as citizens and legislators, its members sought certainty as to why several cases were going unpunished and why some had not even reached trial. He was also informed that the Commission wished to know what tools he required so that a greater number of cases could be brought to trial efficiently, effectively, and with as few obstacles as possible. He requests that the application filed be dismissed.
  3. 3In a written submission received by the Secretariat of the Sala at 3:35 p.m. on February 3, 2015, Edgardo Vinicio Araya Sibaja, in his capacity as President of the Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, reports under oath that, as recorded in the minutes of extraordinary session number 29, held on January 27, 2015, several members expressed concern about placing the Ministerio Público investigation at risk. However, it was stated that there was no intention to prejudice the proceedings and that the intention had always been to respect both the separation of powers and the procedural safeguards (garantías procesales) applicable to the criminal trial in question. He considers the petitioner’s statement incomplete because it refers only to the approval of the motion, without mentioning the extensive discussion that took place to allow the Investigating Commission to proceed within the framework of expediente number 18804 without obstructing the pending judicial investigations.That expediente concerns the investigation into State responsibility in the case involving the murder of environmentalist Jairo Mora and other cases of attacks against the environmental movement. Thus, the investigation concerns not only the murder of the aforementioned environmentalist and State responsibility for his death, but also the deaths of other environmentalists that, to date, have not been satisfactorily clarified. Moreover, there is no impediment to conducting two parallel investigations in the Poder Judicial and the Poder Legislativo. Accordingly, the Fiscal General was summoned to appear for questioning of a purely political nature, without addressing any matter beyond those publicly discussed during the oral and public trial already held in the case involving conservationist Jairo Mora. Pursuant to Article 85, subsection h, of the Reglamento de la Asamblea Legislativa, the Commission is responsible for studying, analyzing, and investigating environmental issues.The petitioner, for his part, asserts that the murder of environmentalist Jairo Mora does not fall within the permissible scope of such investigations because it was an ordinary homicide in which his status as an environmentalist had no bearing. Nevertheless, this Commission has the authority to investigate conduct having socio-environmental effects (incidencia socioambiental) in the broadest possible sense, as is the case here. Finally, the summons issued to the petitioner in no way constitutes a violation of the principle of the independence of the branches of government; rather, it represents an essential mechanism within the system of checks and balances for preventing abuse and inefficiency in public administration, which is fundamental in a democratic political system. Thus, the petitioner was not summoned to testify regarding the exercise of judicial authority (jurisdiccionalidad), a matter outside the jurisdiction of the Asamblea Legislativa, but rather regarding matters that had already been publicly addressed and political issues such as the efficiency of the Fiscalía in handling evidence, an aspect that does fall within the Asamblea Legislativa’s political oversight powers. He requests that the application be denied.-
  4. 4The statutory requirements have been observed in the proceedings conducted.

Drafted by MERGEFIELD PJV:0000058EJustice MERGEFIELD PJV:0000058DSalazar Alvarado; and,

Considerations:

I.Subject matter of the application.- The petitioner, in his capacity as Fiscal General de la República, was summoned by the Comisiones de Narcotráfico y de Ambiente to appear regarding cases that have remained unresolved and without convictions, such as the murder of Jairo Mora, and to provide explanations concerning the actions related to the involvement of the Ministerio Público in the trial conducted for that murder. He considers that the general principle of justice, the presumption of innocence, and the right to a fair trial have been violated with respect to the defendants in the case, as has the principle of separation of powers, because this constitutes improper interference with the Poder Judicial.

II.Proven facts. The following facts are deemed duly established and relevant to the resolution of this matter, either because they have been proven as such or because the respondent failed to address them as ordered in the initial order:

  • a)At extraordinary session number 21 of the Comisión de Seguridad y Narcotráfico, held on January 27, 2015, the following was unanimously decided: “Mr. Fiscal General de la República, Lic. Jorge Chavarría, is hereby summoned to appear before this Commission to address cases that have remained unresolved and without convictions, such as the most recent case involving the murder of environmentalist Jairo Mora” (see copy of the minutes submitted by the respondent).
  • b)By official letter CSN-131-2015 dated January 28, 2015, the Comisión de Seguridad y Narcotráfico summoned the Fiscal General to appear at the session scheduled for 11:00 a.m. on January 29, 2015 (see copy of the notice submitted by the petitioner).
  • c)By official letter AMB-38-2015 dated January 28, 2015, the Comisión Permanente Especial de Ambiente notified the petitioner that the following motion had been approved: “That Mr. Fiscal General de la República, Lic. Jorge Chavarría, appear before this Commission to explain to the participating legislators the actions relating to the involvement of the Ministerio Público in connection with the trial conducted for the murder of environmentalist Jairo Mora, within the framework of expediente no. 18804. Investigation into State responsibility in the case involving the murder of environmentalist Jairo Mora and other cases of attacks against the environmental movement.” He was summoned to the session scheduled for 1:15 p.m. on January 29, 2015 (see copy of the notice submitted by the petitioner).
  • d)The respondent Comisión de Seguridad y Narcotráfico stated that the summons was not intended to interfere in an ongoing judicial investigation, but that, as citizens and legislators, its members needed to know why several cases were going unpunished and why some had not even reached trial (see the respondent authority’s report).
  • e)The Comisión Ambiental stated that the petitioner had been summoned to address matters of a political nature, without going into any issue that, as of that date, was being heard in an oral and public trial (see the respondent authority’s report).

III.Merits. In the case at bar (sublite), the Sala finds it established that the petitioner, in his capacity as Fiscal General de República, was summoned by the Comisiones de Narcotráfico y de Ambiente, both of the Asamblea Legislativa, to appear regarding cases that have remained unresolved and without convictions, such as the murder of Jairo Mora, and to provide explanations concerning the actions relating to the involvement of the Ministerio Público in the trial conducted for that murder. In turn, the Presidents of each respondent Commission stated under oath that the purpose of the summons was not to obtain information about matters currently under investigation or review in criminal proceedings in which no final judgment (sentencia firme) had yet been rendered. In this regard, the petitioner considers that the general principle of justice, the presumption of innocence, and the right to a fair trial have been violated with respect to the defendants in the case, as has the principle of separation of powers, because the summons constitutes improper interference with the Poder Judicial, since he considers that the actions taken must be reviewed through criminal judicial proceedings.

IV.In the present appeal, it must be emphasized that the administration of justice falls within the exclusive jurisdiction of the Poder Judicial. This is unequivocally established by the Constitución Política in Article 153; therefore, the judicial—or adjudicative—function is vested in the Poder Judicial, and any similar function exercised by another branch of the State must yield to it. The Ministerio Público is an agency of the Poder Judicial whose primary function is to exercise exclusive authority over criminal prosecutions (acción penal), in accordance with the Código de Procedimientos Penales, which provides in Article 62 that it shall conduct the relevant and useful proceedings necessary to determine whether a criminal offense occurred and shall be responsible for the preparatory investigation (investigación preparatoria), subject to judicial oversight in those acts requiring it. Its independence is therefore important and necessary.

V.In the case under review, the appellant states that both the Comisión de Narcotráfico and the Comisión de Ambiente, each of the Asamblea Legislativa, summoned him to appear regarding matters that were—and remain today—pending before the Tribunales de Justicia, which he believes violates the principle of division of State functions, or separation of powers. The appellant is indeed correct in his claim, but only insofar as the other organs of the State may under no circumstances assume the adjudication of cases, reopen cases concluded by a final decision, or interfere with the conduct of criminal proceedings (procedimiento penal). Accordingly, two types of activity or function must not be confused: on the one hand, that of the Poder Judicial, which, in the matter before us, investigates for the purpose of criminal adjudication; and, on the other, the political oversight function of the Asamblea Legislativa, which investigates in order to bring matters to the attention of society or to enact legislation improving certain neglected areas within the subject matter of the investigation and which, for that reason, pursues purposes different from those of the Poder Judicial.

Specifically, in the case under review, it must be taken into account that Article 121, subsection 23), of the Constitución Política grants the Asamblea Legislativa jurisdiction to investigate matters of public interest through standing or special committees. Those Committees are organs of the Asamblea, subordinate to it, which assigns them the specific matter to be investigated in each case so that the Asamblea may ultimately exercise one of its own powers. As has already been recognized in other decisions, including decisions 6802-98, 7408-98 and 00-7015, among others, these are political assessments made by the Asamblea Legislativa in its capacity as an eminently political body. Thus, the proper exercise of this function is entrusted to the sound judgment of the respondent legislators, since its abuse, or merely its improper use, may result in political discredit for the Committee and the Asamblea itself and, consequently, in unlawful interference with a Branch of the Republic, as well as a violation of the presumption of innocence and the right to a fair trial.

Indeed, in judgment number 1954-97 at 15:09 on April 8, 1997, this Sala held that the principle of separation of powers constitutes a limitation on the exercise of the investigative authority of those Committees, pursuant to which it is evident that Investigative Committees may not lawfully encroach upon powers assigned to other constitutional organs.

VI.Regarding the matter under review, it is known that the criminal case concerning the homicide of Jairo Mora remains pending before the Tribunales de Justicia, as do other cases involving persons known for protecting the environment. In this respect, nothing precludes parallel investigations—that is, in criminal and legislative forums—because the investigative work performed by the Comisión Investigadora or Comisión Permanente Especial is not adjudicative in nature, and its purpose is neither to determine criminal or legal liability generally nor to impose penalties, but rather to bring before public opinion certain conduct considered morally reprehensible. Nevertheless, the principle of separation of powers constitutes a limitation on the exercise of the investigative authority of the respondent Committees, pursuant to which it is evident that investigative committees may not lawfully encroach upon powers assigned to other constitutional organs.

In turn, investigations by Legislative Committees are intended to gather information that presents or highlights particular facts before the Plenario Legislativo and the public; however, such reports have no binding force upon other public bodies, so the recommendations and conclusions reached therein are neither binding nor enforceable or opposable, even against the Asamblea Legislativa itself (in this regard, see judgment 07408-98 at 10:30 on October 16, 1998). It therefore cannot be understood that the political oversight function provided for in the Ley Fundamental violates the principle of separation of powers (Article 7 of the Constitución Política), because the Asamblea does not encroach upon adjudicative powers or impose criminal or administrative penalties, but instead performs acts falling within its exclusive competence as a political body (to the same effect, see judgment 2000-07215 at 9:25 on August 18, 2000).

Accordingly, these Legislative Committees may under no circumstances assume the adjudication of cases, reopen cases concluded by a final decision, or interfere with the conduct of proceedings. Indeed, regarding the nature of their activities, the Sala reiterated in judgment 2003-3749 at 9:48 on May 9, 2003, that: “the Special Investigative Committees are political—not judicial—bodies whose principal activity consists of gathering information, which, standing alone, gives rise to no legal consequences of any kind for the persons under investigation.” (...) “they do not perform adjudicative functions and therefore have not been granted the power to adjudicate and impose penalties” (Judgments 1954-97 and 1955-97.) Although Article 121, subsection 23), permits legislators, in their investigative role, to collect all information they deem necessary to fulfill the objectives assigned to them by the Asamblea Legislativa, they must comply with the provisions established by the Constitución itself.

Thus, Article 155 precludes such committees, whose investigations are not adjudicative in nature, from requesting judicial case files (expedientes judiciales) “ad effectum videndi” or, as occurred in this case, certified copies thereof, which have the same value, because they are not “courts of the Poder Judicial.” Hence, provided that the Legislative Committees limit themselves to investigating and analyzing, in general terms, the circumstances arising during the processing of cases already decided, they do not violate Article 9 of the Constitución Política, because these are different functions, so long as the acts they perform fall within their exclusive competence as political bodies.

VII.In the case under review, the Chairs of the respondent Committees stated in their defense that the purpose of summoning the Fiscal General was not to assert authority over him or to disclose facts currently being addressed at trial, but to learn why several cases have gone unpunished and why some have not even proceeded to trial. However, the purpose of the summons served upon the appellant was not expressed in those terms, since it is clear that the Comisión de Seguridad y Narcotráfico summoned him to address cases that remained unresolved and had not resulted in convictions, such as the murder of Jairo Mora, while the Comisión de Ambiente summoned him to explain the actions relating to the Ministerio Público’s participation in the trial conducted for that environmentalist’s murder. Based on the foregoing, the Sala has conclusively determined that the respondent Committees summoned the Fiscal General specifically to address a case that, as of this date, has not been finally adjudicated, remains at the appellate stage (fase recursiva), and whose judgment is therefore not final; the respondent Committees seek to review the actions and investigations undertaken by the Ministerio Público, as an auxiliary body of the Poder Judicial, during the preparatory stage (etapa preparatoria) of those criminal proceedings, a function entrusted to an appellate judge (Juez de alzada), not to an organ of the Asamblea Legislativa.

Furthermore, the law prohibits officials of the Poder Judicial, in the performance of their duties, from suggesting their opinion concerning matters they are called upon to decide or hear. Specifically, Article 3 of the Ley Orgánica del Ministerio Público, number 7442, of October 25, 1994 and its amendments, provides: “The Ministerio Público shall enjoy complete functional independence in exercising its statutory and regulatory powers and duties and, consequently, may not be compelled or constrained by any other authority, except the Tribunales de Justicia within the scope of their jurisdiction.” In this regard, the directives and actions followed in the investigation of Jairo Mora’s murder may be analyzed and reviewed only by the parties and the judges hearing the case. It is important to emphasize that, in criminal and juvenile criminal matters, access to case files is highly restricted in accordance with principles such as the presumption of innocence and the right to protection of privacy.

On this point, Article 155, second paragraph, of the Constitución Política protects judicial case files from any other organs and Branches of the State, in contrast to Article 121.23), which permits the Investigative Committees of the Asamblea Legislativa “...free access to all government offices in order to conduct investigations and gather the information they deem necessary.” This apparent conflict of laws (antinomia) was resolved by the Sala in judgment Nº1618-91, which stated:

“....1. first, it may be used (referring to the authority to appoint investigative committees) only as an instrument of the legislative function of political oversight and, therefore, solely to investigate the affairs or conduct of public entities, organs, or officials, never private persons, who are excluded by definition from such oversight...

2. ...it cannot be understood as granting powers to replace, encroach upon, or hinder, in whole or in part, the adjudicative functions of the Tribunales de Justicia, or to assist others in doing so... ” If public access to this type of information is restricted in administrative and judicial forums, it is likewise restricted for the Poder Legislativo under this judgment, even when matters of national interest are being investigated, because the constitutional rights of the accused and the other parties involved are protected.” Consistent with the foregoing, the Fiscal General de la República may not provide information to any person, Legislative Committee, or other entity outside the criminal proceedings and the Poder Judicial, because such a request infringes the presumption of innocence and may therefore unnecessarily harm the parties’ rights while no final judgment exists. Indeed, on this matter, the Sala stated, insofar as relevant, in the aforementioned judgment 1618-91 at 14:16 on August 21, 1991, that:

“(...) 3. Finally, the exercise of legislative investigative and oversight powers must strengthen, rather than weaken, the fundamental rights and freedoms of all inhabitants of the Republic, rights and freedoms that belong to them by virtue of their intrinsic dignity and their mere status as human beings, without discrimination of any kind. It is true that judicial case files (expedientes judiciales) cannot be secret, but it is also true that respect for honor, reputation, the presumption of innocence, and the very tranquility in which judicial proceedings, particularly criminal proceedings, must be conducted requires that they be afforded the greatest possible safeguards, even against other important collective interests, because nothing is more important than respect for human dignity; and it is likewise true that many means already exist to circumvent the confidentiality of judicial proceedings, but this cannot justify weakening it rather than strengthening it. (...) However, with regard to judicial case files or, where applicable, police investigation files, it is evident that constitutional law calls for even greater precautions. To ensure compliance with those precautions, the Chamber considers it essential that investigative legislative committees or their members be granted access to such files only in general terms and in the course of investigations aimed at overseeing the conduct of judicial or administrative officials of the Judiciary, who are, obviously, subject to such oversight—but not in specific cases, whether individual or multiple, nor for the purpose of investigating the parties involved in the respective proceedings, because, moreover, even where the parties are public entities, they too are entitled to the safeguards of judicial process; and, in any event, those proceedings always involve human beings as such on one side or the other, and almost always on both.”

Consequently, the summonses served on the Attorney General of the Republic by the Environmental Committee and the Security Committee, both of the Legislative Assembly, constitute acts contrary to the legal system and an imminent intrusion into judicial activity and, therefore, into the separation of functions of a Branch of the Republic. It is clarified that the foregoing does not prevent the members of the Legislative Committees from fulfilling their objectives, such as requesting general opinions regarding the performance of the Public Prosecutor’s Office, as well as obtaining other information available within the Judiciary, for example, statistics on pending and adjudicated matters, or even the date on which a specific case file was opened and the dates and types of rulings issued, pursuant to Article 111 of the Rules of Procedure of the Legislative Assembly, without infringing the constitutional rights of the parties involved in the criminal case files.

VIII.Conclusion.- From the foregoing, it is concluded that the Legislative Assembly, through its Standing or Special Committees, may investigate anything it considers necessary, but only to the extent permitted by the legal system itself. For these purposes, the Chamber finds that, in accordance with the minutes submitted and the statements made under oath, the respondent Committees exceeded their legal authority; accordingly, the appeal must be granted for violation of Article 9 of the Political Constitution.

Por tanto:

The appeal is granted. Official letters CSN-131-2015 dated January 28, 2015, and AMB-38-2015 dated January 28, 2015, issued respectively by the Security and Drug Trafficking Committee and the Special Standing Environmental Committee, both of the Legislative Assembly, are annulled. The Legislative Assembly is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the events underlying this judgment, which shall be assessed in proceedings to enforce the judgment before the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción de lo contencioso administrativo). This judgment shall be personally served on Edgardo Vinicio Araya Sibaja and José Francisco Camacho Leiva, respectively Presidents of the Special Standing Environmental Committee and the Security and Drug Trafficking Committee, both of the Legislative Assembly, or on whoever holds those offices. Justice Rueda Leal dissents and would deny the appeal. Justice Hernández López files a separate note.- Gilbert Armijo S.

President Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V. Paul Rueda L.

Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.

Dissenting opinion of Justice Rueda Leal. I respectfully disagree with the opinion issued by the majority of this Court, based on the following arguments.

I agree with the principal opinion that the independence of the Administration of Justice has constitutional foundations and must be protected by this Court. However, I differ as to the implications and scope of that independence in relation to the powers of legislative committees.

A starting point for understanding the origin of the committees can be found in the minutes of the National Constituent Assembly, when the motion intended to enable their creation was discussed:

“Representative FOURNIER explained the scope of the preceding motion. He stated that the committee system was nothing new in Costa Rica’s legislative bodies. However, the purpose of the motion was to give them greater vitality and importance in the future. Parliamentary committees must take an interest in national problems, which will provide greater opportunities for Costa Rican democracy. Mr. CHACON JINESTA stated that he would not vote for the motion because the matter of Committees should be left to the discretion of the Assembly’s own internal Rules of Procedure and should not be established as a constitutional provision. Representative ZELEDON stated that he would vote for it, since its purpose was to encourage future Assemblies to take greater interest in the problems of national life. Upon being put to a vote, it was approved.” (Minutes No. 68 of the session held by the National Constituent Assembly at 14:30 hours on May 16, 1949).

Two points should be drawn from this quotation. The first concerns the authority of the committees: they must undertake the consideration of “problems of national life” or “national problems.” The breadth of this authority is noteworthy and was consistently enshrined in subsection 23) of Article 121 of the Political Constitution. The committees may investigate “any matter” entrusted to them; “they shall have unrestricted access to all government offices”; and they may “...receive all types of evidence and summon any person to appear before them for questioning.” The second concerns their democratic legitimacy. Legislative committees embody the democratic principle. They are composed of freely elected representatives of the people. The committees provide a means for those representatives to take an interest in and address matters relevant both to national life and to the electorate. Parliamentary representatives thus become the means through which citizens may question and investigate “national problems,” situations that have affected the citizenry as a whole.

Certainly, the powers and authority of legislative committees are not unlimited but are subject to the restrictions arising from a harmonious interpretation of the legal system. Indeed, a legislative committee may not assume jurisdiction over a judicial case, obstruct it, or improperly interfere with it. However, this does not mean that the Legislative Assembly is required to remain entirely removed from matters under consideration by the Judiciary. In the case at hand, two legislative committees summoned the Attorney General to appear. On the one hand, the Security and Drug Trafficking Committee decided:

“Mr. Jorge Chavarría, Attorney General of the Republic, is hereby summoned to appear before this Committee to address cases that have remained unresolved and have not resulted in convictions, such as the most recent case involving the murder of environmentalist Jairo Mora.” (Emphasis added).

For its part, the Special Standing Environmental Committee approved a motion that reads:

“That Mr. Jorge Chavarría, Attorney General of the Republic, appear before this Committee to explain to the Committee’s members the actions concerning the involvement of the Public Prosecutor’s Office in connection with the trial held for the murder of environmentalist Jairo Mora; and within the framework of case file no. 18804. Investigation into the State’s responsibilities in the case of the murder of environmentalist Jairo Mora and other cases of attacks against the environmental movement.” (Emphasis added).

The foregoing excerpts make clear that, in the matter under consideration (sub lite), the summonses were framed in extremely general terms, and no inference could be drawn from them—as the majority of this Court does—that the committees intended to interfere with the work of the Public Prosecutor’s Office. Rather than interfering with the Attorney General’s actions, the parliamentary committees sought an explanation concerning crimes committed against environmentalists, such as the case of Mr. Jairo Mora, an issue of evident public interest that called the State’s actions into question, as the respondents noted when referring to the many news reports published by various media outlets.

Faced with an issue that commanded national attention, the majority of this Chamber denies the legislative committees and the elected representatives who comprise them the opportunity to take an interest in and examine the matter in greater depth. However, a parliamentary committee’s interest in a matter of national importance pending before the Courts does not inevitably constitute interference in the Administration of Justice. On the contrary, regardless of whether the Judiciary is conducting a judicial investigation, the Legislative Branch is empowered to conduct an investigation of a political nature even into a matter pending judicial resolution, provided that it does so in a manner that respects judicial independence, particularly because these are entirely distinct spheres, similar to what this Chamber has held regarding administrative disciplinary proceedings and criminal cases (see judgments numbers 2014-007555 and 2015-010150).

Within this context, the independence of the Branches of Government does not prevent cooperation among them; rather, it requires dialogue among them, because such cooperation, so long as the essential core (Kernbereich) of the powers belonging to each Branch is respected, allows, for example, the Legislative Branch to learn about the needs and problems arising from the application of the laws, thereby providing input for its legislative and political oversight work. As the reporting member of the Security and Drug Trafficking Committee aptly explained:

“We were interested in knowing, in general terms, where the shortcomings lie, what is going wrong, and what the actual situation is within the Judiciary and the Public Prosecutor’s Office, and this was explained to him (...)

It was also explained to him that the Committee was interested in knowing what tools were needed or what was lacking so that a greater number of cases could proceed and be brought to trial efficiently, effectively, and with as few obstacles as possible.” In contrast to the foregoing, the majority’s position relegates this important work of legislative committees to requesting information on “…statistics concerning pending and decided matters…” and the like, which differs little from the right of any citizen to request public information from the Administration, but departs substantially from the broad powers conferred upon such committees by the Constituent Assembly.

The mere fact that the Fiscal General was summoned to appear does not per se constitute interference with his authority or a violation of the principle of separation of powers (Principio de Separación de Poderes), since he is not being compelled or constrained in any way, within the meaning of Article 3 of the Ley Orgánica del Ministerio Público (…he may not be compelled or constrained by any other authority…). The very guarantee of the independence of the Poder Judicial and the Ministerio Público means that the Fiscal is entirely free to refrain from answering any question he considers inappropriate because it relates to an ongoing investigation or a judicial matter pending resolution. He may likewise disregard any suggestion or incitement (compel) and report anyone who attempts to usurp, restrict, or limit his authority (constrain). In resolution Nº 2011-1826 at 11:20 hours on 11 de febrero de 2011, the Sala had already ruled:

“The transcribed provision (Article 121, subsection 23, of the Constitución Política) makes no distinction as to the persons who may be summoned to appear before a Comisión Especial de Investigación created by the Asamblea Legislativa; therefore, the respondent authority is not exceeding any limit in that regard. Furthermore, the petitioner’s arguments focus on the fact that the constituted Commission will summon the Fiscal General de la República, other Fiscales from the prosecuting body, and former Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias Sánchez to give testimony regarding facts that are being investigated in judicial proceedings (sede judicial). It must be borne in mind that (…) the mere fact of being summoned does not mean that the Fiscales del Ministerio Público must breach their duties or, in the case of former Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias Sánchez, waive the guarantees established by the legal system. Finally, if the petitioner believes that the male and female Deputies of the Asamblea Legislativa are engaging in any criminal conduct, he must appear before the Ministerio Público to file the corresponding complaint.” (Emphasis in the original).

From this perspective, if, during the appearance, the deputies had asked about aspects of matters pending resolution or investigation within the judicial sphere, the Fiscal General would have had a duty to refrain from answering. The mere fact that the summons referred directly to the Jairo Mora case did not prevent the Fiscal General from refusing to answer questions concerning cases pending investigation or resolution; instead, the Fiscal General should have used the opportunity to answer general questions about the phenomenon of crime and the manner in which the Ministerio Público addresses it, matters that are clearly of public interest.

Based on the foregoing reasoning, I dissent and would dismiss the appeal.

Paul Rueda L.

NOTE BY JUSTICE HERNÁNDEZ LÓPEZ.

Democracy is the exercise of power in public (Bobbio). This means that no branch of the State is exempt from explaining its actions to the people. This is established by our Constitución Política in Articles 9 and 11. It is a principle that has existed for centuries; as Thomas Paine said, “…a body of men holding themselves accountable to nobody ought not to be trusted by anybody” (Rights of Man 1791).

Thus, the principle of accountability (principio de rendición de cuentas) is nothing new, and there has long been an absolute worldwide consensus regarding its importance. What is often not understood is that, in a constitutional democracy, the accountability of each branch of the State is subject to different parameters. In particular, our society knows little about how and to whom the administration of justice and its auxiliary bodies are accountable.

Let us recall that among the most basic rules necessary for democracy to exist is the principle of separation of powers (principio de la división de poderes), which, in addition to preventing the concentration of power, seeks to establish a series of checks and balances within the political system. Among these, the Poder Judicial has constitutionally been vested with one of the most important principles protecting it against interference by the political authority of the day: the principle of judicial independence (principio de independencia judicial), under which the judges of the Republic are subject only to the Constitución and the Law.

Accordingly, so that it may objectively perform its function of “applying the law to the specific case,” according to the celebrated formulation of Enlightenment thinkers, an absolute absence of subordination to political power is established, since it would make no sense for it to be subject to the very power that it is, in turn, required to oversee.

The question that arises is this: if the Poder Judicial ensures that political power acts within the framework of the Constitución and the law, who oversees the Poder Judicial and, by extension, its auxiliary bodies?

On this issue, the Constitución Política itself provides the answer. Like any group of public officials, the Poder Judicial is also subject to the Constitución and the Law. Its oversight mechanisms are clearly established so that one judge always reviews the actions of another judge through different levels of review or regulated procedures; alternatively, in cases involving a gross—and intentional—departure from the law, proceedings may be brought for the offense of judicial misconduct (prevaricato). The Ley Orgánica del Poder Judicial also establishes the forms and procedures through which the disciplinary system (régimen disciplinario) governing its employees is enforced. In this regard, contrary to what many people believe, the judges of the Republic are not even subordinate to the Magistrados and Magistradas de la Corte when deciding matters submitted for their consideration. The latter have authority to review prior proceedings only when exercising their own adjudicative function (función jurisdiccional) as cassation judges (jueces de casación) in their respective subject areas, or in constitutional matters in the case of the magistrados de la Sala Constitucional, or when expressly provided by law in the exercise of disciplinary authority.

Similarly, the actions of auxiliary bodies are subject to judicial oversight at the different stages of the proceedings, and if an act is contrary to law, the consequence will be nullity (nulidad). Thus, in a specific case submitted to the Poder Judicial, in the exercise of its adjudicative authority (potestad jurisdiccional), no authority—other than a judge of the Republic or the parties, as provided by law—may intervene.

In this case, as the majority opinion correctly states, the Ministerio Público has been granted functional independence (independencia funcional) by law so that, in the performance of its characteristic functions, it is not subject to any authority. Likewise, in specific cases, it is subject only to judicial oversight (control jurisdiccional).

However, except for the exercise of the adjudicative function in a specific case, all other actions of the Poder Judicial and its auxiliary bodies in the general performance of their duties may be evaluated by the Asamblea Legislativa in the exercise of its political oversight function (función de control político), through its committees—including investigative committees—because what lies beyond its reach as a matter of democratic principle is oversight of specific cases pending consideration and resolution before judicial bodies. Such actions may likewise be evaluated by the Poder Judicial itself in the exercise of its constitutionally established governance function.

Consequently, it is legitimate for the Asamblea Legislativa to summon the Fiscal General de la República to account for the general performance of the body under his direction, provided that this does not involve discussion and assessment of specific ongoing cases or questioning and pressure concerning the strategies used to handle a particular case.

In that respect, I joined the majority opinion because the established facts demonstrate that, before both Comisiones de Investigación, the Fiscal General was summoned to provide specific explanations regarding the legal handling of the Jairo Mora case, which is still being litigated before the courts. Nevertheless, I consider it valid for the Asamblea Legislativa to summon the Fiscal General to account to the representatives of the people for the general performance of the Fiscalía, should it deem it appropriate, in compliance with Articles 9 and 11 of the Constitución Política, subject to the qualifications stated above.

Nancy Hernández L.

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Julieta Segura Guzmán vgranados 2 1 2016-01-19T16:17:00Z 2016-01-19T16:17:00Z 2 6900 37951 Poder-Judicial 316 89 44762 11.9999 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Res. Nº MERGEFIELD PJV:000003562015-003728 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las MERGEFIELD PJV:00000354once horas treinta y siete minutos del trece de marzo de dos mil quince.

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 15-001228-0007-CO, interpuesto por JORGE CHAVARRÍA GUZMAN, en su condición de FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, contra la ASAMBLEA LEGISLATIVA.-

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:30 horas del 9 de enero de 2015, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa. Manifiesta que en la sesión número 21, del 27 de enero de 2015, se aprobó en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, una moción en la que se convocó al Fiscal General de la República, a comparecer el día jueves 29 de enero a las 11:00 horas, ante la Comisión, para que se refiriera a "(…) casos que han quedado sin resolver y sin sentencias condenatorias como el caso más reciente del asesinato del ambientalista Jairo Mora (...)". Tal convocatoria, le fue comunicada el 28 de enero de 2015. Asimismo, en la Comisión Permanente Especial de Ambiente, se le requirió comparecer, a fin de explicar "(…) las actuaciones relativas a la participación del Ministerio Público relacionado sic) con el juicio llevado a cabo por el asesinato del ambientalista Jairo Mora (…)".Esta última, se fijó para el 29 de enero a las 13:15 horas. Se le comunicó dicha convocatoria, el 28 de enero de 2015. Aduce el actor, que se trata de un caso en trámite ante la jurisdicción penal, bajo el número de expediente 13-001070-0063PE. Considera que las convocatorias lesionan el principio general de justicia, de inocencia y a un juicio justo, en relación con los imputados de la causa; el principio de separación de poderes, ya que constituye una intromisión indebida en el Poder Judicial, ya que será por los mecanismos de impugnación propios de la vía jurisdiccional penal que deberá revisarse lo actuado. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso.
  2. 2Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala, a las 15:53 horas del 3 de febrero de 2014, informa bajo juramento José Francisco Camacho Leiva, en su condición de Presidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico, que el 27 de enero de 2015, en sesión extraordinaria número 21, de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, se decidió por unanimidad, convocar al Fiscal General, mediante una nueva moción abierta, en la que se le consultarían casos, entre otros, como el de Jairo Mora, es decir, que no fue convocado específicamente para dicho caso en particular, dado que aún está abierto. La convocatoria fue suspendida, debido a la orden de la Sala Constitucional. Sin embargo, previamente se le había explicado al Fiscal, que la convocatoria no era específica para el caso de Jairo Mora, pues existen más casos que han quedado sin sentencia. La finalidad de dicha convocatoria, era tener conocimiento de manera general, las falencias, en qué se está fallando, la situación real en el Poder Judicial, específicamente en la Fiscalía.Al inicio de la sesión, se le explicó al Fiscal que no se le convocaba por algún expediente específico, pues no era la intención de la Comisión, tener injerencia en una investigación que se estuviera llevando a cabo, pero sí como ciudadanos y como diputados, para tener certeza de cuál es el motivo por el cual existen varios casos que están quedando impunes e incluso, algunos no han llegado a juicio. También se le explicó, que a la Comisión le interesaba saber qué herramientas requería para que se diera un mayor número de casos y pudieran ser elevados a juicio, de manera eficiente, efectiva y con el menor tropiezo posible. Solicita que se desestime el recurso planteado.
  3. 3Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala, a las 15:35 horas del 3 de febrero de 2015, informa bajo juramento Edgardo Vinicio Araya Sibaja, en su condición de Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, que según consta en el Acta de la sesión extraordinaria número 29, del 27 de enero del 2015, que varios de los miembros expusieron la preocupación de poner en riesgo la investigación del Ministerio Público; sin embargo, se indicó que la intención no era de perjudicar el proceso y la intención siempre fue la de respetar la separación de Poderes, como las garantías procesales en el juicio penal de marras. Considera que, la afirmación del recurrente es omisa, porque hace referencia solamente a la aprobación de la moción, sin mencionar la amplia discusión que hubo, para que fuera posible avanzar en el marco de la Comisión Investigadora, tramitada bajo el expediente número 18804, sin entorpecer las investigaciones judiciales pendientes.En dicho expediente, se tramita la investigación sobre las responsabilidades del Estado, en el caso del asesinato del ambientalista Jairo Mora, y otros casos de agresiones contra el movimiento ecologista. De modo, que la investigación tiene que ver no solo con el caso del homicidio del citado ambientalista y las responsabilidades del Estado en esa muerte; sino que también con las demás muertes de personas ambientalistas, que a la fecha, no han sido esclarecidas, de manera satisfactoria. A su vez, no existe imposibilidad de que se lleven dos investigaciones paralelas en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo. De tal manera que, se convocó a comparecer al Fiscal General, para realizar cuestionamientos de carácter meramente político, sin exceder en ningún tema que no fuera públicamente ventilado en el juicio oral y público al que ya se sometió el caso del conservacionista Jairo Mora. De acuerdo con el artículo 85, inciso h, del Reglamento de la Asamblea Legislativa, a la Comisión le corresponde,estudiar, analizar e investigar los problemas relacionados con el ambiente.Por su parte, el recurrente aduce, que el homicidio del ambientalista Jairo Mora, no está comprendido dentro del marco de posibilidades para las investigaciones, pues se trata de un homicidio común, donde su condición de ambientalista no tuvo ninguna incidencia. No obstante, esta Comisión tiene las potestades de indagar sobre conductas que tengan incidencia sociambiental, en el sentido más amplio posible, tal y como ocurre en este caso. Finalmente, la convocatoria efectuada al recurrente, de ninguna manera representa una violación al principio de independencia de los poderes, sino que representa un mecanismo esencial del sistema de frenos y contrapesos, para evitar los abusos y la ineficiencia en la función pública, lo cual es fundamental dentro de un sistema político democrático. De modo que, al accionante no se le ha llamado a comparecer sobre el ejercicio de la jurisdiccionalidad, asunto que no corresponde a la Asamblea Legislativa, sino sobre asuntos que ya han sido ventilados, sobre temas políticos, como la eficiencia de la fiscalía en el manejo de la prueba, aspecto que sí entra dentro de las competencias de control político de la Asamblea Legislativa. Solicita se declare sin lugar el recurso.-
  4. 4En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta MERGEFIELD PJV:0000058Emagistrado MERGEFIELD PJV:0000058DSalazar Alvarado; y,

Considerando:

I.Objeto del recurso.- El recurrente, en su condición de Fiscal General de la República, fue convocado por las Comisiones de Narcotráfico y de Ambiente, a comparecer acerca los casos que se han quedado sin resolver y sin sentencias condenatorias, como es el del asesinato de Jairo Mora, así como brindar explicaciones sobre las actuaciones relativas a la participación del Ministerio Público, con el juicio llevado a cabo por dicho asesinato. Considera lesionado el principio de justicia, de inocencia y a un juicio justo, en relación con los imputados de la causa; el principio de separación de poderes, pues es una intromisión indebida en el Poder Judicial.

II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)En sesión extraordinaria número 21, de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, efectuada el 27 de enero de 2015, se decidió por unanimidad: "Se convoca al señor Fiscal General de la República, Lic. Jorge Chavarría, para que comparezca ante esta Comisión, para que se refiera a casos que han quedado sin resolver y sin sentencias condenatorias como el caso más reciente del asesinato del ambientalista Jairo Mora" (ver copia del acta aportada por el recurrido).
  • b)Mediante oficio CSN-131-2015 del 28 de enero de 2015, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, convocó al Fiscal General para que se presentara a comparecer, en la sesión a las 11:00 horas del 29 de enero de 2015 (ver copia del comunicado aportado por el recurrente).
  • c)Mediante oficio AMB-38-2015 del 28 de enero de 2015, la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le comunicó al recurrente que se había aprobado, la siguiente moción: "Para que comparezca ante esta Comisión el señor Fiscal General de la República, Lic. Jorge Chavarría, a fin de que explique ante las y los señores Diputados integrantes las actuaciones relativas a la participación del Ministerio Público relacionado con el juicio llevado a cabo por el asesinato del ambientalista Jairo Mora; y dentro del marco del expediente no. 18804. Investigación sobre las responsabilidades del estado en el caso del asesinato del ambientalista Jairo Mora, y otros casos de agresiones contra el movimiento ecologista." y se le convocó a la sesión, que se efectuaría a las 13:15 horas del 29 de enero de 2015 (ver copia del comunicado aportado por el recurrente).
  • d)La Comisión de Seguridad y Narcotráfico recurrida indicó que la convocatoria no tenía la finalidad de injerir en una investigación judicial, que se estuviera llevando a cabo, pero que como ciudadanos y como diputados, necesitaban saber el motivo por el cual existen varios casos que están quedando impunes e incluso, algunos no han llegado a juicio (ver informe de la autoridad recurrida).
  • e)La Comisión Ambiental señaló que el recurrente fue convocado para que se refiriera a asuntos de carácter político, sin exceder en ningún tema que a la fecha, estuviera ventilándose en un juicio oral y público (ver informe de la autoridad recurrida).

III.Sobre el fondo. En el sublite, la Sala tiene por demostrado que el recurrente, en su condición de Fiscal General de República, fue convocado por las Comisiones de Narcotráfico y de Ambiente, ambas de la Asamblea Legislativa, a comparecer acerca de los casos que se han quedado sin resolver y sin sentencias condenatorias, como es el caso del asesinato de Jairo Mora, así como brindar explicaciones sobre las actuaciones relativas a la participación del Ministerio Público, con el juicio llevado a cabo por dicho asesinato. A su vez, los Presidentes de cada una de las Comisiones recurridas, bajo juramento, manifestaron que no era la intención de dicha convocatoria, tener conocimiento de aspectos que actualmente se encuentran en investigación o análisis en procesos penales, en los que no exista aun sentencia firme. Al respecto, el recurrente considera lesionado el principio general de justicia, de inocencia y a un juicio justo, en relación con los imputados de la causa; el principio de separación de poderes, ya que constituye una intromisión indebida en el Poder Judicial, pues considera que es en la vía jurisdiccional penal, que deberá revisarse lo actuado.

IV.En el presente recurso, debe resaltarse que la administración de justicia es competencia exclusiva del Poder Judicial. Así lo establece la Constitución Política, en forma inequívoca en su artículo 153, por lo que la función judicial -jurisdiccional-, está en manos del Poder Judicial y ante ella, cede cualquier función similar ejercida por otro Poder del Estado. El Ministerio Público constituye una dependencia más del Poder Judicial, que tiene como función primordial el monopolio de la acción penal, de conformidad con el Código de Procedimientos Penales, que señala, en el artículo 62, que practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho delictivo y tendrá a su cargo la investigación preparatoria, bajo control jurisdiccional en los actos que lo requieran. De esta forma, es importante y necesaria su independencia.

V.En el caso bajo análisis, el recurrente afirma que tanto la Comisión de Narcotráfico y la de Ambiente, ambas de la Asamblea Legislativa, lo citaron a comparecer sobre asuntos que estaban -y aún hoy están- pendientes ante los Tribunales de Justicia, lo cual estima viola el principio de la división de funciones del Estado o separación de poderes. Efectivamente, el recurrente lleva razón en su alegato, únicamente en el sentido de que, por ningún motivo, los otros órganos del Estado pueden arrogarse el juzgamiento de las causas, ni la reapertura de las terminadas por decisión firme, ni podrán interferir en el desarrollo del procedimiento penal. De esta forma, no se debe confundir dos tipos de actividad o función: por una parte la del Poder Judicial, que en la materia que nos ocupa, investiga con el propósito de juzgar penalmente, y por otra, la función de control político de la Asamblea Legislativa, que investiga para denunciar ante la sociedad o para generar legislación que mejore algunos campos descuidados en la materia objeto de la investigación; y por ese motivo, tiene propósitos diferentes a los que persigue el Poder Judicial.

Precisamente, en el caso bajo estudio, hay que tomar en consideración, que el artículo 121, inciso 23), de la Constitución Política, asigna a la Asamblea Legislativa, competencia para investigar hechos de interés público, mediante comisiones permanentes o especiales. Dichas Comisiones son órganos de la Asamblea, subordinados a ella, que les fija el asunto concreto, que en cada caso han de investigar, para que, en definitiva, la Asamblea despliegue alguna de sus competencias propias. Aquí se trata, como ya se ha aceptado, en otros fallos, tales como en los votos 6802-98, 7408-98 y 00-7015, entre otros, de valoraciones políticas que formula la Asamblea Legislativa, como cuerpo eminentemente político que es. De modo, que corresponde al buen juicio de los diputados recurridos, un recto ejercicio de la función, pues su abuso o, simplemente su torcido uso, puede revertir en una desvalorización política, para la misma Comisión y Asamblea; y, por ende, una intromisión ilegítima en un Poder de la República, además que de una violación al principio de inocencia y a un juicio justo.

Precisamente, esta Sala, en la sentencia número 1954-97 de las 15:09 horas del 8 de abril de 1997, dispuso que un límite al ejercicio de la potestad de investigación de esas Comisiones, lo constituye el principio de división de poderes, con arreglo al cual, es evidente que las Comisiones de Investigación, no pueden válidamente invadir competencias atribuidas a otros órganos constitucionales.

VI.En el tema bajo análisis, es sabido que, ante los Tribunales de Justicia, se encuentra pendiente la causa penal por el homicidio de Jairo Mora, así como otras, en las que se han visto involucrados personas que se caracterizaron por ser protectoras del ambiente. En este sentido, nada obsta para que haya investigaciones paralelas, es decir en sede penal y en la legislativa, pues la función que realiza la Comisión Investigadora o Permanente Especial en una labor de investigación, no es jurisdiccional y su finalidad no es establecer responsabilidades de carácter penal o jurídico en general, ni imponer sanciones, sino de exponer, a la luz de la opinión pública, determinadas actuaciones que se consideren moralmente reprochables. No obstante, un límite al ejercicio de la potestad de investigación de las Comisiones recurridas, lo constituye el principio de división de poderes, con arreglo al cual, es evidente que las comisiones de investigación no pueden, válidamente, invadir competencias atribuidas a otros órganos constitucionales.

A su vez, las investigaciones de las Comisiones Legislativas están destinadas a reunir información que expone o pone de relieve determinados hechos, de cara al Plenario Legislativo y con respecto al público, pero dichos informes carecen de fuerza obligante para los demás órganos públicos, de manera que las recomendaciones y conclusiones a las que allí se arribe no son vinculantes ni exigibles u oponibles, incluso para la Asamblea Legislativa propiamente dicha (en ese sentido ver la sentencia 07408-98 de las 10:30 horas del 16 de octubre de 1998). Por ello, no cabe entender que la función de control político prevista en la misma Ley Fundamental vulnera el principio de separación de poderes (artículo 7, de la Constitución Política), pues la Asamblea no invade atribuciones jurisdiccionales, no impone sanciones penales o administrativas, sino que realiza actos que le competen en forma exclusiva en su carácter de órgano político (en igual sentido, ver la sentencia 2000-07215 de las 9:25 horas del 18 de agosto de 2000).

Así las cosas, por ningún motivo, estas Comisiones Legislativas, podrán arrogarse el juzgamiento de las causas, ni la reapertura de las terminadas por decisión firme; ni tampoco podrán interferir en el desarrollo del procedimiento. Precisamente, en cuanto a la naturaleza de la actividad que realizan, la Sala en la sentencia 2003-3749 de las 9:48 horas del 9 de mayo de 2003, reiteró que: “las Comisiones Especiales Investigadoras son órganos de carácter político –no judicial- cuya actividad principal consiste en la recolección de información, de la cual, por sí sola, no se derivan consecuencias jurídicas de ningún tipo para los investigados.” (...) “no realizan funciones jurisdiccionales y, por ello no se les ha conferido el poder de juzgar e imponer sanciones” (Sentencias 1954-97 y 1955-97.) Si bien el artículo 121 inciso 23) permite a los legisladores en su función investigadora, recabar todos los datos que consideren necesarios para el cumplimiento de los objetivos que les encomiende la Asamblea Legislativa, deben respetar los preceptos que la propia Constitución establece.

Así, el artículo 155 veda la posibilidad de que tales comisiones, cuya investigación carece de naturaleza jurisdiccional, soliciten “ad effectum videndi”, expedientes judiciales, o bien, como ocurrió en este caso, copias certificadas de los mismos, que tienen el mismo valor, pues no se trata de “tribunales del Poder Judicial”. De ahí que, siempre y cuando las Comisiones Legislativas se limiten a investigar y analizar, en forma general, las circunstancias que han acaecido en el trámite de los casos ya fallados, no viola lo dispuesto en el artículo 9, de la Constitución Política, ya que se trata de funciones diferentes, siempre y cuando, los actos que lleve a cabo, le competan en forma exclusiva, en su carácter de órgano político.

VII.En el caso bajo estudio, en su alegato de defensa, los Presidentes de las Comisiones recurridas, manifestaron que la intención de convocar al Fiscal General, no era para imponerse o exponer hechos que actualmente están siendo ventilados en un juicio, sino que lo que querían, era tener conocimiento del motivo por el cual, existen varios casos que han quedando impunes e incluso algunos, no han llegado a juicio. Empero, el objetivo de la convocatoria que le fue notificado al recurrente, no fue en ese sentido, pues se desprende claramente, que fue citado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para que se refiriera a casos que han quedado sin resolver y sin sentencias condenatorias, como el del asesinato de Jairo Mora; y, la Comisión de Ambiente, lo convocó, para que explicara las actuaciones relativas a la participación del Ministerio Público en el juicio llevado a cabo por el asesinato de ese ambientalista.

Con base a lo expuesto, la Sala tiene plenamente identificado que las Comisiones recurridas convocaron al Fiscal General, para que se refiriera expresamente a un caso, que a la fecha no ha sido fallado en forma definitiva, mismo que se encuentra en fase recursiva y por ende, su sentencia no se encuentra firme, siendo que lo que las Comisiones accionadas pretenden es revisar las actuaciones e investigaciones del Ministerio Público, como órgano auxiliar del Poder Judicial, efectuadas en la etapa preparatoria de dicho proceso penal, función que le corresponde a un Juez de alzada y no a un órgano de la Asamblea Legislativa. En otro orden, la ley prohíbe, a los funcionarios del Poder Judicial, en el ejercicio de sus funciones, insinuar su opinión, respecto de los asuntos que están llamados a fallar o conocer. Específicamente, el artículo 3, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, número 7442, de 25 de octubre de 1994 y sus reformas, dispone que: "El Ministerio Público tendrá completa independencia funcional en el ejercicio de sus facultades y atribuciones legales y reglamentarias y, en consecuencia, no podrá ser impelido ni coartado por ninguna otra autoridad, con excepción de los Tribunales de Justicia en el ámbito de su competencia".

En tal sentido, las directrices y actos que se siguieron en la investigación del asesinato de Jairo Mora, corresponden ser únicamente analizadas y conocidos por las partes y los jueces, que conocen la causa. Es importante recalcar, que en materia penal y penal juvenil, el acceso a los expedientes es muy restringido, en atención a principios como el estado de inocencia, el derecho a la protección de la intimidad. Sobre este punto, la Constitución Política, en el artículo 155, párrafo segundo, protege los expediente judiciales frente a cualesquiera otros órganos y Poderes del Estado, en contraposición con el artículo 121.23), que le permite, a las Comisiones Investigadoras de Asamblea Legislativa, "...libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzguen necesarios". Esta aparente antinomia, fue resuelta por la Sala en sentencia Nº1618-91, que dijo:

"....1. en primer lugar, sólo puede utilizarse (se refiere a la atribución de nombrar comisiones de investigación) como instrumento de la función legislativa de fiscalización política y, por ende, únicamente para investigar negocios o conductas de los entes, órganos o funcionarios públicos, nunca de los particulares, quienes están excluidos, por definición, de dicha fiscalización...

2. ...no puede entenderse facultades para, total o parcialmente, sustituir, invadir o entorpecer las funciones jurisdiccionales de los tribunales de justicia ni para contribuir a que otros lo hagan... " Si el acceso a este tipo de información es restringido al público en el ámbito administrativo y judicial, también lo es al Poder Legislativo según esta sentencia aún cuando se investiguen negocios de interés nacional puesto que se protegen los derechos constitucionales de los acusados y de las otras partes involucradas”.

En consonancia con lo manifestado, el Fiscal General de la República no podrá dar información a persona alguna, Comisión Legislativa, u otros entes, ajenos al proceso penal y al Poder Judicial, pues dicho requerimiento atenta contra el principio de inocencia y por ende, puede innecesariamente, lesionar los derechos a las partes, mientras no exista fallo firme. Precisamente, sobre este tema, la Sala, en la ya citada sentencia 1618-91 de las 14:16 horas del 21 de agosto de 1991, indicó, en lo que interesa, que:

"(...) 3. Finalmente, el ejercicio de las potestades de investigación y fiscalización legislativa debe fortalecer, no debilitar los derechos y libertades fundamentales de todos los habitantes de la República, derechos y libertades que les pertenecen por su intrínseca dignidad por su sola condición de seres humanos, sin discriminación alguna. Es cierto que los expedientes judiciales no pueden ser secretos, pero también que el respeto al honor, al buen nombre, a la presunción de inocencia y a la tranquilidad misma en que deben desarrollarse los procesos judiciales, sobre todo los penales, exigen dotarlos de las mayores garantías posibles, incluso frente a otros intereses colectivos importantes, porque nada lo es más que el respeto a la dignidad del ser humano; y es cierto, asimismo, que ya existen muchos medios para soslayar la discreción de los procesos judiciales, pero esto se pude justificar que, lejos de fortalecerla, la debilitemos. (...) Sin embargo, en lo que se refiere a los expedientes judiciales o, en su caso, policiales de investigación, es evidente que el derecho de la Constitución reclama precauciones aun mayores, para cuyo cumplimiento la Sala considera indispensable que el acceso de las comisiones legislativas de investigación o de sus miembros a dichos expedientes sólo se dé con carácter general y en el curso de investigaciones dirigidas a la fiscalización de las conductas de los propios funcionarios judiciales o administrativos del Poder Judicial, que sí están, obviamente, sujetos a esa fiscalización: pero no en casos concretos, singulares o plurales, ni con el fin de investigar a las partes involucradas en los respectivos procesos, porque, además aun en los casos de partes de carácter público, también éstas tienen derecho a las garantías de la jurisdicción, y, de todos modos, esos procesos nunca dejan de involucrar a seres humanos como tales de una parte o de la otra, y casi siempre de las dos”.

En consecuencia, las citaciones notificadas al Fiscal General de la República, por parte de la Comisión de Ambiente y la de Seguridad, ambas de la Asamblea Legislativa, corresponden a actos contrarios al ordenamiento jurídico y constituyen una inminente intromisión en la actuación judicial, y por ende, en la separación de funciones de un Poder de la República. Se aclara que, lo anterior, no afecta el cumplimiento de los objetivos de los miembros de las Comisiones Legislativas, como lo son el solicitar criterios generales sobre el desempeño del Ministerio Público, así como obtener otro tipo de información disponible en el Poder Judicial, por ejemplo, estadísticas de asuntos pendientes y fallados, o incluso indicación de fecha de inicio de un expediente específico, fechas y tipos de resolución dictada, al tenor del artículo 111, del Reglamento de la Asamblea Legislativa, sin lesionar derechos constitucionales de las partes involucradas en los expedientes penales.

VIII.Conclusión.- De lo expuesto, se concluye que la Asamblea Legislativa, mediante las Comisiones Permanentes o Especiales, puede investigar todo lo que considere necesario, pero en los términos en que el propio ordenamiento se lo permita. Para esos efectos, la Sala verifica que, de conformidad con las actas aportadas y lo manifestado bajo juramento, las Comisiones recurridas excedieron sus atribuciones legales, por lo que procede es declarar con lugar el recurso, por violación al artículo 9, de la Constitución Política.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se anulan los oficio CSN-131-2015 del 28 de enero de 2015, y el AMB-38-2015 del 28 de enero de 2015, suscrito por su orden por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y la Comisión Permanente Especial de Ambiente, ambas de la Asamblea Legislativa. Se condena a la Asamblea Legislativa al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese en forma personal esta sentencia a Edgardo Vinicio Araya Sibaja y a José Francisco Camacho Leiva, ambos Presidentes respectivamente, de la Comisión Permanente Especial de Ambiente y de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, ambas de la Asamblea Legislativa, o a quienes ejerzan esos cargos. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López, pone nota.- Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V. Paul Rueda L.

Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.

Voto salvado del Magistrado Rueda Leal. Respetuosamente, discrepo del criterio emitido por la mayoría de este Tribunal, con base en los siguientes argumentos.

Comparto con el voto principal que la independencia de la Administración de Justicia tiene raigambre constitucional y debe ser protegida por este Tribunal. Sin embargo, difiero en cuanto a las implicaciones y alcances de dicha independencia en relación con las facultades de las comisiones legislativas.

Un punto de partida para comprender el origen de las comisiones se encuentra en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se discutió la moción tendiente a posibilitar su creación:

“El Diputado FOURNIER explicó los alcances de la moción anterior. Dijo que el sistema de comisiones no era nada nuevo en los cuerpos legislativos de Costa Rica. Sin embargo, el propósito que persigue la moción es darles en el futuro mayor vitalidad e importancia. Es necesario que las comisiones parlamentarias se interesen por los problemas nacionales, lo que dará mayores oportunidades a la democracia costarricense. El señor CHACON JINESTA declaró que no votaría la moción, por cuanto el asunto de Comisiones debe quedar al arbitrio del Reglamento interior de la propia Asamblea y no consignarse como precepto constitucional. El Representante ZELEDON dijo que la votaría, pues se tiende a que las futuras Asambleas se interesen más por los problemas de la vida nacional. Sometida a votación, fue aprobada.” (Acta Nº 68 de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente a las 14:30 horas del 16 de mayo de 1949).

Se deben rescatar dos puntos de esta cita. El primero se relaciona con las competencias de las comisiones: ellas deben avocarse al conocimiento de “problemas de la vida nacional” o “problemas nacionales”. Se resalta la amplitud de estas competencias, las cuales quedaron plasmadas congruentemente en el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política. Las comisiones pueden investigar “cualquier asunto” que les encomienden; “tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales”; podrán “…recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla.” El segundo se refiere a su legitimación. Las comisiones legislativas son expresión del principio democrático. Ellas están conformadas por los representantes del pueblo, libremente electos. Las comisiones son un medio para que estos representantes se interesen y atiendan asuntos de interés tanto para la vida nacional como para los electores. Así, los representantes parlamentarios se convierten en medio a través del cual los ciudadanos pueden cuestionar e investigar “problemas nacionales”, situaciones que han incidido en la ciudadanía como un todo.

Ciertamente, las facultades y competencias de las comisiones legislativas no son ilimitadas, sino que están sujetas a las restricciones que se derivan de una interpretación armoniosa del ordenamiento jurídico. En efecto, una comisión legislativa no puede arrogarse el conocimiento de una causa judicial, ni entorpecerla o interferir indebidamente en ella. Empero, ello no significa que la Asamblea Legislativa esté obligada a permanecer del todo ajena a asuntos que estén siendo conocidos por el Poder Judicial. En el caso de marras, dos comisiones legislativas convocaron al Fiscal General a comparecer. Por un lado, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico decidió:

"Se convoca al señor Fiscal General de la República, Lic. Jorge Chavarría, para que comparezca ante esta Comisión, para que se refiera a casos que han quedado sin resolver y sin sentencias condenatorias como el caso más reciente del asesinato del ambientalista Jairo Mora.”(El subrayado es agregado).

Por su parte, la Comisión Permanente Especial de Ambiente aprobó una moción que reza:

“Para que comparezca ante esta Comisión el señor Fiscal General de la República, Lic. Jorge Chavarría, a fin de que explique ante las y los señores Diputados integrantes las actuaciones relativas a la participación del Ministerio Público relacionado con el juicio llevado a cabo por el asesinato del ambientalista Jairo Mora; y dentro del marco del expediente no. 18804. Investigación sobre las responsabilidades del estado en el caso del asesinato del ambientalista Jairo Mora, y otros casos de agresiones contra el movimiento ecologista.” (El subrayado es agregado).

Los extractos antedichos dejan en claro que, en el sub lite, las convocatorias fueron planteadas en términos sumamente generales, sin que de ellas se pudiera inferir –como lo hace la mayoría de este Tribunal- que la intención de las comisiones fuera interferir en el quehacer del Ministerio Público. Más que una injerencia en el actuar del Fiscal General, las comisiones parlamentarias buscaban una explicación en cuanto a delitos cometidos en contra de ambientalistas, como el caso del señor Jairo Mora, problemática de evidente interés público que puso en entredicho el accionar del Estado, como lo hicieron ver los recurridos al aludir a cantidad de noticias divulgadas en distintos medios de comunicación.

Ante un problema que acaparó la atención nacional, la mayoría de esta Sala niega la posibilidad de que las comisiones legislativas y los representantes populares que las integran, puedan interesarse y profundizar en el tema. Sin embargo, el interés de una comisión parlamentaria por un tema de relevancia nacional que se estuviere conociendo en los Tribunales, no se traduce de manera inexorable en una intromisión en la Administración de Justicia. Por el contrario, independientemente de que el Poder Judicial desarrolle una investigación judicial o no, el Poder Legislativo está facultado para realizar una investigación de tipo político incluso en un asunto pendiente de resolución judicial, siempre que ello se efectúe en una forma que respete la independencia judicial, máxime que se trata de ámbitos totalmente distintos, similar a lo que ha establecido esta Sala respecto de los procedimientos administrativos disciplinarios y las causas penales (ver sentencias números 2014-007555 y 2015-010150).

Dentro de este contexto, la Independencia de los Poderes Públicos no impide la cooperación entre ellos, más bien obliga al diálogo entre los mismos, pues tal tipo de colaboración, mientras se respete el núcleo esencial (Kernbereich) de las competencias propias de cada Poder, permite, por ejemplo, que el Legislativo conozca las necesidades y los problemas derivados de la aplicación de las leyes, lo que constituye un insumo para su labor legislativa y de control político. Como bien lo explicó el informante de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico:

“Nos interesaba saber, de manera general, donde están las falencias, en qué se está fallando, cual es la situación real en el Poder Judicial y en la Fiscalía y así se le explicó (…)

También se le explicó que a la Comisión le interesaba saber que herramientas se necesitaban o que hacía falta para que se diera un mayor número de casos y se diera el elevamiento a juicio de manera eficiente, efectiva y con el menor tropiezo posible.” En contraste con lo expuesto, la posición de la mayoría relega esta importante labor de las comisiones legislativas a solicitar información sobre “…estadística de asuntos pendientes y fallados…” y semejante, lo que poco se diferencia del derecho que tiene cualquier ciudadano de solicitar información pública a la Administración, pero sí se aparta sustancialmente de las amplias potestades que el Constituyente confirió a tales comisiones.

El simple hecho de haber convocado al Fiscal General a comparecer no significa per se una intromisión en sus competencias, ni una lesión al Principio de Separación de Poderes, pues no se le está impeliendo ni coartando de una u otra forma, en los términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (…no podrá ser impelido ni coartado por ninguna otra autoridad…). La garantía misma de la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público implica que el Fiscal se encuentra en plena libertad de abstenerse de responder cualquier pregunta que considere inapropiada por estar relacionada con una investigación en trámite o un asunto judicial pendiente de resolución. Igualmente podrá desoír cualquier sugerencia o instigación (impeler) y denunciar a cualquiera que pretendiera arrogarse, restringir o limitar sus competencias (coartar). Ya en la resolución Nº 2011-1826 de las 11:20 horas del 11 de febrero de 2011, la Sala resolvió:

“La disposición transcrita (artículo 121 inciso 23 de la Constitución Política) no hace distinción en cuanto a las personas que pueden ser citadas para comparecer ante una Comisión Especial de Investigación creada por la Asamblea Legislativa, por lo que, la autoridad recurrida no está excediendo límite alguno al respecto. De otra parte, los argumentos del promovente se centran en el hecho que la Comisión constituida llamará al Fiscal General de la República, a otros Fiscales del órgano prosecutor, y al Exministro de la Presidencia Rodrigo Arias Sánchez, para que rindan declaración sobre hechos que están siendo investigados en sede judicial. Se debe tener presente que (…) el solo hecho de ser citados, no implica que los Fiscales del Ministerio Público deban incumplir sus deberes o bien, en el caso del Exministro de la Presidencia Rodrigo Arias Sánchez, renunciar a las garantías que el ordenamiento jurídico establece. Finalmente, de estimar que los señores y señoras Diputados a la Asamblea Legislativa están incurriendo en algún hecho delictivo, debe el recurrente apersonarse ante el Ministerio Público, para formular la denuncia respectiva.” (Énfasis en el original).

Desde esta perspectiva, si en el transcurso de la comparecencia, los diputados hubieran preguntado sobre aspectos de asuntos por resolver o investigar dentro del ámbito judicial, el deber del Fiscal General hubiera sido el de abstenerse de responder. El mero hecho de que en la convocatoria se hiciera alusión directa al caso de Jairo Mora, no le impedía al Fiscal General negarse a contestar preguntas relativas a casos pendientes de investigación o de resolución y, más bien, el Fiscal General debió aprovechar la oportunidad para responder consultas generales sobre el fenómeno de la delincuencia y el modo en que el Ministerio Público lo afronta, asuntos que son de evidente interés público.

Con base en los razonamientos expuestos, salvo el voto y declaro sin lugar el recurso.

Paul Rueda L.

NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ.

La democracia es el ejercicio del poder en público (Bobbio). Ello implica que ningún Poder del Estado está exento de explicar sus actos ante el pueblo. Así lo establece nuestra Constitución Política en los artículos 9 y 11. Es un principio que existe desde hace siglos, ya lo decía Thomas Paine “… un grupo de hombres que no se siente obligado a rendir cuentas a nadie no debe contar con la confianza de nadie (Rights of Man 1791).

De tal forma que el principio de rendición de cuentas no es nada novedoso y sobre su importancia existe absoluto consenso en el mundo desde hace mucho tiempo. Lo que se desconoce con frecuencia es que en una democracia constitucional la rendición de cuentas de cada Poder del Estado, está sometida a distintos parámetros. En particular se conoce poco en nuestra sociedad sobre cómo y ante quién rinden cuentas la administración de justicia y sus órganos auxiliares.

Recordemos que dentro de las más elementales reglas para que sea posible la existencia de la democracia, está el principio de la división de poderes- que aparte de evitar la concentración del poder-, busca establecer una serie de frenos y contrapesos en el sistema político, entre los cuales el Poder Judicial, constitucionalmente ha sido revestido de uno de los principios más importantes frente a la intromisión del poder político de turno, que es el principio de independencia judicial, de conformidad con el cual los jueces y juezas de la República, sólo están sometidos a la Constitución y la Ley.

En ese sentido, para que pueda ejercer con objetividad su función de “aplicar la ley al caso concreto”, según la célebre fórmula de los pensadores de la Ilustración, se establece la ausencia absoluta de subordinación al poder político ya que no tendría ninguna lógica que estuviera sometido al poder que –a su vez- ha de controlar.

La pregunta que cabe es si el Poder Judicial controla que el poder político actúe dentro del marco de la Constitución y la ley ¿quién controla al Poder Judicial, y por extensión, a sus órganos auxiliares?

Sobre este tema, la propia Constitución Política tiene la respuesta. Como cualquier conjunto de funcionarios públicos el Poder Judicial también está sometido a la Constitución y la Ley. Sus controles están claramente establecidos de tal forma que siempre es un juez el que revisa las actuaciones de otro juez, a través de distintas instancias o procedimientos reglados, o bien, en casos que se aparten de la ley groseramente -en forma dolosa-, existe la posibilidad de entablar una acción por el delito de prevaricato. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece también las formas y procedimientos a través de los cuales se ejerce el régimen disciplinario de sus empleados. En este sentido, y contrario a lo que una gran cantidad de personas piensa, los jueces y juezas de la República no están subordinados siquiera a los Magistrados y Magistradas de la Corte en la decisión de asuntos sometidos a su conocimiento. Estos últimos solo tienen competencia para revisar lo actuado cuando actúan su propia función jurisdiccional de jueces de casación en sus respectivas materias o en materia constitucional para el caso de los magistrados de la Sala Constitucional, o bien cuando la ley expresamente lo señale en el ejercicio del régimen disciplinario.

De forma similar, las actuaciones de los órganos auxiliares, están sujetas al control de los jueces durante las distintas instancias del procedimiento y si un acto es contrario a la ley, su consecuencia será la nulidad. De tal forma, en un caso concreto, sometido a conocimiento del Poder Judicial, en ejercicio de su potestad jurisdiccional, ninguna autoridad -fuera de un juez de la República o las partes según la ley-, pueden intervenir.

En este caso, como bien dice el voto de mayoría, el Ministerio Público, ha sido revestido por ley de una independencia funcional, a fin de que no esté sometido -en el ejercicio de sus funciones típicas- a ninguna autoridad. Asimismo, dentro las causas concretas, sólo está sometido al control jurisdiccional.

Sin embargo, a excepción del ejercicio de la función jurisdiccional en un caso concreto, todas las restantes actuaciones del Poder Judicial y sus órganos auxiliares en el ejercicio general de sus labores puede ser evaluado por la Asamblea Legislativa en ejercicio de su función de control político, por medio de las comisiones, -incluidas las de investigación-, pues lo que está fuera de su alcance por principio democrático es el control de los casos concretos pendientes de conocimiento y resolución de sus instancias. Igualmente por el propio Poder Judicial en el ejercicio de su función de gobierno constitucionalmente establecida.

En consecuencia, es legítimo que la Asamblea Legislativa cite al Fiscal General de la República a que rinda cuentas sobre el desempeño general del órgano a su cargo, siempre que ello no involucre discusión y bastanteo de los casos concretos en curso o bien el cuestionamiento y la presión respecto de las estrategias de abordaje de un caso específico.

En ese sentido he concurrido con el voto de mayoría porque de los hechos probados ha quedado acreditado que en ambas Comisiones de Investigación, se citó al Fiscal General para dar explicaciones concretas sobre el abordaje legal del caso de Jairo Mora, que está aún en discusión en estrados judiciales. No obstante, estimo que es válido que la Asamblea Legislativa cite al Fiscal General para que le rinda cuentas sobre el desempeño general de la Fiscalía a los representantes del pueblo, si así lo tienen a bien, en cumplimiento de lo que establece la Constitución Política en los artículos 9 y 11, pero con las salvedades indicadas.

Nancy Hernández L.

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