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Res. 01487-2015 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 03/02/2015

State omission in protecting water springs near agricultural settlementOmisión estatal en proteger nacientes cerca de asentamiento agrícola

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Chamber granted the amparo and ordered the respondent authorities to coordinate and adopt measures within one year to resolve the health and environmental problem at the springs near the León Víctor settlement.La Sala declaró con lugar el amparo y ordenó a las autoridades recurridas coordinar y adoptar medidas en un año para solucionar el problema sanitario y ambiental en las nacientes cercanas al asentamiento León Víctor.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber heard an amparo filed by two rural water associations (ASADAS) against several public entities, alleging that the León Víctor de Palmira settlement, adjudicated by the Rural Development Institute in 1994, threatens water sources that supply hundreds of people. Although since 2010 the proximity of crops (35 meters from intakes) and contamination risk were documented, the authorities failed to coordinate effective measures to protect the springs. The Chamber found total inter-administrative lack of coordination and inertia in exercising competencies. It recalled that protection does not depend solely on fixed distances (Art. 33 Forestry Law or Art. 31 Water Law), but on the precautionary principle and the State’s duty to guarantee a healthy environment (Art. 50 Constitution). It granted the amparo and ordered all respondent entities to coordinate and adopt necessary measures within one year to definitively resolve the health and environmental problem. The dissenting vote of Justices Jinesta and Salazar considered that the amparo should have been rejected as a matter of legality, not constitutionality, given that multiple public authorities had already intervened.La Sala Constitucional conoció un amparo interpuesto por dos asociaciones administradoras de acueductos rurales (ASADAS) contra múltiples entidades públicas, alegando que el asentamiento León Víctor de Palmira, adjudicado por el Instituto de Desarrollo Rural en 1994, amenaza las fuentes de agua que abastecen a cientos de personas. A pesar de que desde 2010 se documentó la cercanía de cultivos (a 35 metros de las captaciones) y el riesgo de contaminación, las autoridades no coordinaron acciones efectivas para proteger las nacientes. La Sala comprobó una total descoordinación interadministrativa e inercia en el ejercicio de competencias. Recordó que la protección no depende exclusivamente de distancias fijas (art. 33 Ley Forestal o art. 31 Ley de Aguas), sino del principio precautorio y del deber estatal de garantizar un ambiente sano (art. 50 CP). Declaró con lugar el recurso y ordenó a todas las entidades recurridas que, en el plazo de un año, coordinaran y adoptaran medidas necesarias para solucionar definitivamente el problema sanitario y ambiental. El voto salvado de los magistrados Jinesta y Salazar estimó que el amparo debió rechazarse por tratarse de una cuestión de legalidad, no de constitucionalidad, al haber intervenido ya múltiples poderes públicos.

Key excerptExtracto clave

VI.- […] even though the respondent authorities were fully aware of the threat to the health of local residents and to the right to a healthy environment, due to the settlement’s proximity to water supply sources, they have taken no action to remedy the situation. Indeed, the Administration is obligated to take the necessary measures to preserve the health of residents and the environment, especially water resources, and it is therefore its duty to protect the area near the springs in order to avoid potential contamination from crop planting or blackwater discharge, based on the necessary technical studies that define that protection zone. However, it exceeds this Court’s competence to determine what dimensions the protection area should have in relation to the water spring, but it does warn that the respective studies must be made or updated immediately to accurately establish the protection area and the public or private lands affected. After so many years, it is unacceptable that the respondent administrations have not coordinated activities and carried out the corresponding acts to establish measures for the protection of supply sources, such as a topographical survey of the springs and delineation of capture zones, mapping of contaminant loads that could compromise the resource’s quality and endanger public health, among others. Furthermore, the protection of the spring does not depend exclusively on the ritual application of such distance; rather, the State must protect the environment by giving express content to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, making its intervention necessary on the factors that could alter its balance.VI.- […] pese a que las autoridades recurridas han tenido pleno conocimiento de la amenaza que existe para la salud de los habitantes de la zona y la amenaza al derecho a un ambiente sano, en razón de la cercanía del Asentamiento con las fuentes de abastecimiento de agua, las partes recurridas no han realizado acto alguno para remediar la situación. Efectivamente, la Administración se encuentra en la obligación de tomar las medidas necesarias para preservar la salud de los habitantes y el ambiente, especialmente el recurso hídrico, por lo que es su deber proteger el área cercana de las nacientes con el propósito de evitar una posible contaminación a causa de la siembras de cultivos o el desfogüe de aguas negras, con fundamento en los estudios técnicos necesarios que delimiten dicha zona de protección. No obstante, excede la competencia de este Tribunal determinar qué dimensión debe tener el área de protección con relación a la naciente de agua, pero sí advierte que de forma inmediata se debe hacer o actualizar los estudios respectivos que establezcan con precisión el área de protección, los terrenos públicos o privados que la afecten. No es posible que luego de tantos años, las administraciones recurridas no hayan coordinado las actividades y ejecutados los actos correspondientes para establecer las medidas para la protección de las fuentes de abastecimiento, tales como un levantamiento topográfico de las nacientes y delimitación de zonas de captura, mapeo de cargas contaminantes que pueden comprometer la calidad del recurso y ser un peligro para la salud de la población, entre otras. Además, la protección de la naciente no depende, exclusivamente, de la aplicación ritual de tal distancia sino que el Estado debe proteger el ambiente dando contenido expreso al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que hace necesaria su intervención sobre los factores que pueden alterar su equilibrio.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La protección de la naciente no depende, exclusivamente, de la aplicación ritual de tal distancia sino que el Estado debe proteger el ambiente dando contenido expreso al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que hace necesaria su intervención sobre los factores que pueden alterar su equilibrio."

    "The protection of the spring does not depend exclusively on the ritual application of such distance; rather, the State must protect the environment by giving express content to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, making its intervention necessary on the factors that could alter its balance."

    Considerando VI

  • "La protección de la naciente no depende, exclusivamente, de la aplicación ritual de tal distancia sino que el Estado debe proteger el ambiente dando contenido expreso al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que hace necesaria su intervención sobre los factores que pueden alterar su equilibrio."

    Considerando VI

  • "No es posible que luego de tantos años, las administraciones recurridas no hayan coordinado las actividades y ejecutados los actos correspondientes para establecer las medidas para la protección de las fuentes de abastecimiento."

    "After so many years, it is unacceptable that the respondent administrations have not coordinated activities and carried out the corresponding acts to establish measures for the protection of supply sources."

    Considerando VI

  • "No es posible que luego de tantos años, las administraciones recurridas no hayan coordinado las actividades y ejecutados los actos correspondientes para establecer las medidas para la protección de las fuentes de abastecimiento."

    Considerando VI

  • "En materia de protección ambiental y la salud, el deber para la Administración de impartir una justicia administrativa pronta y cumplida se encuentra reforzada, dada la tutela constitucional al ambiente establecida en los artículos 21 y 50 de la Carta Magna."

    "In matters of environmental and health protection, the Administration’s duty to provide prompt and complete administrative justice is reinforced, given the constitutional protection of the environment established in Articles 21 and 50 of the Constitution."

    Considerando VIII

  • "En materia de protección ambiental y la salud, el deber para la Administración de impartir una justicia administrativa pronta y cumplida se encuentra reforzada, dada la tutela constitucional al ambiente establecida en los artículos 21 y 50 de la Carta Magna."

    Considerando VIII

  • "El principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas."

    "The guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible impact on the environment or people’s health."

    Considerando VI

  • "El principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas."

    Considerando VI

Full documentDocumento completo

Procedural marks

SALA CONSTITUCIONAL RULING No. 01487 - 2015 Date of Ruling: February 3, 2015, at 14:30 Case File: 14-018855-0007-CO Type of matter: Amparo action Constitutional control: Upholding judgment Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with Dissenting Vote Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 050- Environment Subtopics:

NOT APPLICABLE.

Despite the fact that the respondent authorities have had full knowledge of the threat to the health of the inhabitants of the area and the threat to the right to a healthy environment, by reason of the proximity of the Settlement (Asentamiento) to the water supply sources, the respondent parties have not taken any action to remedy the situation. Indeed, the Administration is obligated to take the necessary measures to preserve the health of the inhabitants and the environment, especially the water resource, and it is therefore its duty to protect the area close to the springs (nacientes) for the purpose of preventing possible contamination from crop planting or the discharge of sewage (aguas negras), based on the necessary technical studies that delimit said protection zone. However, it exceeds the jurisdiction of this Court to determine what dimension the protection area should have in relation to the water springs (naciente de agua), but it does warn that the respective studies must be immediately carried out or updated to precisely establish the protection area and the public or private lands that affect it. It is not possible that after so many years, the respondent administrations have not coordinated activities and executed the corresponding acts to establish measures for the protection of the supply sources, such as a topographic survey of the springs (nacientes) and delimitation of catchment zones, mapping of contaminant loads that may compromise the quality of the resource and pose a danger to the health of the population, among others. Furthermore, the protection of the springs (naciente) does not depend exclusively on the ritualistic application of such a distance; rather, the State must protect the environment by giving express content to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, which necessitates its intervention on the factors that can alter its balance." RULING 1487-15 ... See more Content of Interest:

Strategic Topics: Human Rights, Environmental, Political Constitution Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:

WATERS.

ACTIONS ARE ORDERED IN THE PROTECTION ZONE OF WATER SPRINGS ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:

WATERS.

"Parallel to this, it must be remembered that in matters of environmental protection and health, the duty of the Administration to provide prompt and complete administrative justice is reinforced, given the constitutional protection of the environment established in Articles 21 and 50 of the Magna Carta." ... See more Citations of Legislation and Doctrine Case File: 14-018855-0007-CO Rul. No. 2015001487 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fourteen hours and thirty minutes on February third, two thousand fifteen.

Amparo action processed under case file number 14-018855-0007-CO, filed by GERARDO ALBERTO SALAZAR QUESADA, identity card number 0204480815, ULISES JACOB DEL ROSARIO VALENCIANO SOLIS, identity card number 0204410395, on behalf of ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DE LAGUNA, legal identification number 3002297484, and ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DE PALMIRA, legal identification number 3002295453, against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, MINISTERIO DE SALUD, SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y AVENAMIENTO, and the MUNICIPALIDAD DE ZARCERO.-

Whereas:

1.- By document received at the Secretariat of the Sala at 10:02 a.m. on December 4, 2014, the petitioners file an amparo action against the Instituto de Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, and the Municipalidad de Zarcero. They state that for several years, the respondents have been aware of the problem constituted by giving properties to individuals near the water sources from which hundreds of people are supplied, as is recorded in the report of the Defensoría de los Habitantes in case file number 658-23-96. They indicate that the problem is generated by situations occurring in the León Víctor settlement (asentamiento) of Palmira de Alfaro Ruíz. Notwithstanding the foregoing, the respondent authority delivered properties vital for comprehensive water resource management for purely agricultural purposes, based on discretionary criteria removed from science and technology. They explain that the delivery of the lands was done in a discretionary manner without considering the irreversible damage to the water resource. They claim that said situation injures, to their detriment, their right contemplated in Article 50 of the Constitution. The petitioners request that the action be upheld and that the respondent Institute be ordered to recover the farms (fincas) located above the cited water sources.

2.- By document received at 3:01 p.m. on January 6, 2015, Ricardo Rodríguez Barquero, in his capacity as Executive President of the Instituto de Desarrollo Rural, reports under oath that on August 3, 1992, the Board of Directors, in Session 57-92, acquired the farm (finca) where the León Víctor de Palmira de Alfaro Ruiz Settlement (Asentamiento) was established. The area acquired was 62 HA 9868 m2, being segregated into 35 parcels (parcelas), 40 lots for housing, and 7 protection areas. The average parcelable area granted was one hectare per family, while the lots in the population center mostly have an area of 300 M2. The reserve areas inserted within this settlement (asentamiento) total 14 Ha 7998 M2. On August 16, 1993, the Institute's Board of Directors approved the adjudication of parcels (parcelas) and lots in the El León de Palmira Settlement (Asentamiento), according to the agreement of said Collegiate Body in its Session 60-93. Subsequently, in Session 33-94, held on April 25, 1994, the adjudication, segregation, and transfer of parcels (parcelas) and lots in the El León de Palmira settlement (asentamiento) were authorized. It is important to indicate that the limitations under Law 2825, which weighed on the majority of the properties, expired on April 28, 2009. The productive activities implemented in this settlement (asentamiento), from its inception to date, have been oriented toward the production of vegetables in a high percentage, with the planting of flowers and livestock production existing on a smaller scale. Likewise, parcels (parcelas) 01 and 07 of said settlement (asentamiento) were adjudicated and legalized on the previously indicated dates, in favor of the families: Juan Pedro Rojas Hernández, Soledad Zeledón Lacayo, Walter Rodríguez Zúñiga, and María de los Ángeles Roche Arce. However, said properties were reverted to institutional patrimony, not due to complaints attributable to their proximity to potable water sources or possible contamination of aquifers (mantos acuíferos), but rather due to the non-compliance of the administered parties with the rules and regulations established by the Lands and Colonization Law No. 2825. In the case of parcel (parcela) 07, an attempt was made in its due course, under pressure from the ASADAS of Palmira and Laguna, to promote an internal procedure aimed at swapping a portion of the western sector of parcel (parcela) 06 of the cited settlement (asentamiento), owned by Mr. Herbert Murillo Chacón and Mrs. María Vargas Vargas, for a section facing a public street of parcel (parcela) 07, which would contribute to increasing the buffer (amortiguamiento) and protection area of the potable water spring (naciente) managed by the ASADA of Laguna, near both properties. However, this proposal could not be realized, as it was verified that the water catchment was inserted in parcel (parcela) 07. Regarding parcel (parcela) 01, the Board of Directors, in article XII of Session 034-96, held on July 23, 1996, ordered the revocation of adjudication and nullity of title against the Rojas Zeledón family. This process was prolonged due to a series of appeals filed by the administered parties; however, both the Tribunal Superior Agrario and the Sala Constitucional confirmed the administrative act issued by the Board of Directors and upheld the revocation of adjudication. By resolution number 395S-09-D.M. of November 24, 2009, the Minister of Public Security ordered the eviction of said parcel (parcela). With parcel (parcela) 01 being available, in order to contribute to mitigating the apparent risk of contamination of the aquifer (manto acuífero) located on the western side of parcel (parcela) 06, and with the endorsement of the ASADAS, the Mayor of the Municipalidad de Zarcero, and with the authorization of the Murillo Vargas family, he submitted to the advisor of the Central Region Directorate the official letter OSG-514-2013, the request to submit to the Board of Directors the proposal for the relocation of the owners of parcel (parcela) 06 to parcel (parcela) 01 of the El León de Palmira settlement (asentamiento). By official letter ORC-AL-00044-2014, the Legal Advisor of the Central Region Directorate requested the Board of Directors to relocate Mr. Herbert Murillo Chacón and Mrs. Lidia Vargas Vargas from parcel (parcela) 06 to parcel (parcela) 01. On March 6, 2014, the Board of Directors, in its Article 60 of Ordinary Session 008-2014, accepted the recommendation contained in the cited official letter DRC-AL-00044-1014, and on March 19, 2014, by official letter OSG-174-2014, the transcription of the agreement approved by the Board of Directors in its Article 60, Ordinary Session 008-2014 was delivered to the Murillo Vargas family. By official letter OSG-359-2014, the Murillo Vargas family was notified of the date and time when the administrative eviction procedure for parcel (parcela) 01 was to be executed against Mr. Rojas Hernández, so that they could appear at the location and proceed to place them in possession of the property. However, given the claims of the illegal occupant and his refusal to vacate the property, these administered parties retracted the option, as they did not wish to have problems with this individual. On September 30, 2014, the administrative eviction was carried out against Rojas Hernández, and another family from the area, consisting of Mainor Arturo Huertas Durán and Yenny Vanessa Rojas Esquivel, whom the Board of Directors of Inder had declared eligible in the land allocation programs, in the parcel (parcela) modality, according to Article 2.8 of Ordinary Session 006-2013, held on February 11, 2013, was placed in possession. The Huertas Rojas family is in a trial period, so no procedure has yet been carried out to request the assignment or lease of this property. It is important to emphasize that the adjudications made in said settlement (asentamiento) were carried out in 1994, and that as of today, the limitations of Article 67 of Law 2825 have expired, except for the two properties recovered by the Institute, so currently the lands are private property, as the legal deadlines for administratively annulling the adjudication have already elapsed. The conditions for carrying out any revocation process also did not arise during the period of validity of the limitations, as the rest of the properties were given appropriate use, in accordance with the adjudications. It considers that MINAET is the competent entity to notify the owners of the properties affected by the demarcation of the springs (nacientes), as well as to install the boundary markers in accordance with the perimeter established by the Department of Waters of MINAET. The foregoing, in accordance with the evidence that the petitioners provide, in which it was indicated that "the demarcated space in the three springs (nacientes) does not cover the entirety of the reserve area", and such obligation of demarcation, as already stated, corresponds to MINAET. Note that in the report of the Defensoría de los Habitantes of January 6, 1998, provided by the petitioners, it was indicated that according to the hydrogeological study of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the settlement (asentamiento) zone forms part of an aquifer recharge area that partially discharges through the sources that supply Laguna and Palmira. It is reiterated that in the Defensoría's report, it recommended to the Ministerio del Ambiente to "Delimit the two hundred meters surrounding the water springs (nacientes de agua) and carry out the studies that determine the extent of the aquifer recharge area for its demarcation and protection", as the limitations on said site have expired, and it is the Dirección de Aguas del Minaet that is responsible for proceeding with the limitation of a perimeter of no less than 200 meters in radius, according to Article 31 of the Water Law (Ley de Aguas). It requests that the filed action be dismissed.

3.- By resolution at nine hours and sixteen minutes on January nine, two thousand fifteen, a hearing was granted to the Ministro de Ambiente y Energía, the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Ministra de Salud, the Director of the Servicio Nacional de Agua y Avenamiento, and the Mayor of the Municipalidad de Alfaro Ruiz, so that they may refer to the facts stated by the petitioner party.

4.- By document received at the Secretariat of the Sala at 2:54 p.m. on January 16, 2015, Edgar E. Gutiérrez Espeleta, in his capacity as Ministro de Ambiente y Energía, reports under oath that according to official letter SINAC-ACAHN-DR-026-2015 issued by the Regional Directorate of the Área de Conservación Arenal Huétar Norte, no point source pollution from any type of discharge to the visited sources was observed; however, a disrespect for the protection zone of the source for population use was verified, as in some of them there are crops located at an approximate distance of 35 meters from the catchment site. He considers that to establish whether there is contamination of said bodies of water, the participation of competent organizations that have trained personnel to carry out the pertinent analyses is necessary. He points out that the Contraloría General de la República ordered the then Instituto de Desarrollo Agrario to transfer to the Ministerio de Ambiente y Energía all those areas that, due to their conditions, do not qualify to be adjudicated to parcel holders (parceleros) in this and other settlements (asentamientos) of the country. He explains that in relation to the above, there are a total of six files in the transfer process, according to the protocol established for the transfer of lands from the Instituto de Desarrollo Agrario to the respondent Ministry. He adds that the area to be transferred corresponds to a total of 15 hectares and 1140 square meters. He indicates that the Área de Conservación Arenal Huétar Norte will manage the continuation of the transfer process for the indicated parcels (parcelas). Given that the respondent Ministry has acted in strict adherence to the principle of legality, also complying with the legislation governing the matter, it requests that the action be declared without merit with respect to the actions of the Ministerio de Ambiente y Energía.

5.- By document received at the Secretariat of the Sala at 9:11 p.m. on January 16, 2015, Yamilette Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath that according to official letter ACAHN-SCH-901-2014, issued on October 4, 2014, by the San Carlos-Los Chiles Sub-Region of the Área de Conservación Arenal Huétar Norte of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, an appraisal must be carried out on the properties affected by the protection area prior to undertaking the removal of the two hundred meter perimeter with respect to the springs (nacientes) located in Palmira. She points out that the respondent entity has carried out field inspections and has prepared the corresponding reports, in accordance with its competencies, and therefore requests that the filed action be declared without merit.

6.- By document received at the Secretariat of the Sala at 2:52 p.m. on January 16, 2014, María Elena López Núñez, in her capacity as Ministra de Salud, reports under oath that according to official letter No. CO-DARS-Z-024-2015 of January 14, 2015, the Dirección del Área Rectora de Salud de Zarcero indicated that the case has been in the hands of the respondent Ministry since the year two thousand, due to the alleged contamination of water springs (nacientes de agua), originated by several parcels (parcelas) and agricultural settlements (asentamientos agrícolas). She adds that upon visiting the denounced location, a sanitary order (orden sanitaria) was notified to Asdrúbal Chacón, owner of the property. He did not comply with the ordinance, so the pertinent complaint was filed before the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), and a change of ownership was achieved. She indicates that on December 17, 2009, the administrators of the Palmira and Laguna aqueducts filed a complaint before the respondent Ministry, so taking into account the case background, a meeting was coordinated with officials from the Ministerio de Agricultura y Ganadería, the Instituto de Desarrollo Agrario, the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Acueductos y Alcantarillados, the ASADA, the community, and the local government. She explains that in said meeting, it was agreed to request a hydrogeological study from the Dirección de Aguas on behalf of the ASADAS and the Municipalidad de Zarcero, in addition to inspection visits by the Ministerio de Salud and SENASA. She points out that the examinations carried out did not demonstrate the existence of chlorinated organisms as an indication of the presence of agrochemicals in the water sources. She indicates that despite obtaining a negative result in the examinations carried out, the relocation of the owners of properties near the springs (nacientes) was coordinated. However, it is unknown whether the Instituto de Desarrollo Agrario carried out said studies. She considers that the Ministerio de Salud has taken the necessary measures, filing the necessary complaints and issuing the corresponding sanitary orders (órdenes sanitarias), and therefore requests that the filed amparo action be declared without merit.

7.- By document received at the Secretariat of the Sala at 3:59 p.m. on January 16, 2015, Carlos Gerardo Zúñiga Naranjo, in his capacity as Acting General Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, reports under oath that water sources exist near the León Víctor settlement (asentamiento). He indicates that on June 16, 2010, a field survey of the springs (nacientes) was carried out and it was verified that there is a danger of contamination, and therefore the respondent entity has carried out two studies of the springs (nacientes) near the León Víctor Settlement (Asentamiento). On both occasions, the existing risk of contamination was indicated, and various measures for the management of the springs (nacientes) with a view to their protection were recommended. He points out that in 2010, the Municipalidad de Alfaro Ruiz reported on the issue raised by the ASADAS, in relation to the peasant settlements (asentamientos campesinos) of the Instituto de Desarrollo Rural, in proximity to the water intakes, and therefore a hydrogeological study of the Canton was requested. In view of the foregoing, the "Technical Advisory Report for the ASADAS Laguna and Palmira" was carried out, in which a technical assessment of the state of the springs (nacientes) was performed. Additionally, a series of measures to follow were recommended to the local government, public institutions, and the ASADAS. It requests that the action be declared without merit, with respect to what concerns the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento.

8.- By document received at the Secretariat of the Sala at 4:18 p.m. on January 14, 2015, Alejandro Salas Blanco, in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Zarcero, reports under oath that the municipality has proceeded to identify the springs (nacientes) through information provided by the concessionaire ASADAS, as well as by the Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía. He explains that said information has been included in the Municipality's Geographic Information System, and the restrictions established in Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) and Article 31 of the Water Law (Ley de Aguas) have been applied.

9.- By document received at the Secretariat of the Sala at 4:17 p.m. on January 15, 2015, Miguel Zamora Araya, in his capacity as Regional Director of the Área de Conservación Arenal Huétar Norte, reports under oath that according to a field inspection carried out on January fourteenth of the previous year, three catchments were identified for the Palmira aqueduct, which are registered in the National Registry of Concessions. For the Laguna aqueduct, a total of five sources were identified, which are also duly registered. He points out that in the inspection carried out, no affectation from works in the channel to the water bodies under study was determined, nor was point source contamination from any type of discharge in the visited sources specified; however, disrespect for the protection zone of the sources was observed, given that the cultivation areas were at an approximate distance of 35 meters from the catchment site. He indicates that there is currently a land transfer process from the Instituto de Desarrollo Agrario to the Ministerio de Ambiente y Energía, as some lands are covered by forest (bosque). It requests that the filed amparo action be declared without merit.

10.- By document received at the Secretariat of the Sala at 2:54 p.m. on January 16, 2015, José Joaquín Chacón Solano, in his capacity as Acting Director of the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía, reports under oath that the Dirección carries out an act of registration of the sources, which it informs the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for direct use or through an ASADA. He explains that the function of the Dirección de Aguas concerns the regulation and balance of the water resource, establishing specific policies. On the other hand, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is responsible, as the governing body in matters of aqueduct and sewerage systems, for intervening in all matters related to the operation, maintenance, administration, and development of the systems necessary for supplying water to populations. He points out that on January 14, 2015, a field inspection was carried out at the location denounced in this action, verifying the sources used by the ASADAS of Laguna and Palmira. Said sources are duly registered under resolution DA-2038-2012-AGUAS-MINAET. He argues that no point source pollution from any type of discharge was observed in the visited sources, but disrespect for the protection zone of the sources for population use was verified, since crops exist at a distance of approximately 35 meters from the catchment site. He contends that the ASADAS must ensure respect for the corresponding area for the protection of the springs (nacientes).

11.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge Castillo Víquez; and,

Considering:

I.- Purpose of the action.- The petitioners claim that the Instituto de Desarrollo Rural delivered the parcels (parcelas) of the León Víctor settlement (asentamiento) of Palmira de Alfaro Ruiz to be cultivated and did not take into consideration the proximity to water sources, and that to date, the respondent authorities have not taken any action to recover said lands, which injures the right to the environment and health.

II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

  • a)In Session 57-92, of August 3, 1992, the Board of Directors of the respondent Institute acquired the farm (finca) where the León Víctor de Palmira de Alfaro Ruiz Settlement (Asentamiento) was established (uncontested fact).
  • b)In Session 33-94, held on April 25, 1994, the Board of Directors of the respondent Institute authorized the adjudication, segregation, and transfer of parcels (parcelas) and lots in the El León de Palmira Settlement (Asentamiento) (see report of the respondent authority and copy of documentation provided).
  • c)The limitations under Law 2825, which weighed on the majority of the properties that make up the El León de Palmira Settlement (Asentamiento), expired on April 28, 2009 (see report of the respondent authority and copy of documentation provided).
  • d)The inhabitants of the El León de Palmira Settlement (Asentamiento) have dedicated themselves to the production of vegetables in a high percentage, with the planting of flowers and livestock production existing on a smaller scale (according to report rendered under oath and evidence provided by the respondent authority).
  • e)Parcels (Parcelas) 01 and 07 of said settlement (asentamiento) were adjudicated and legalized on the previously indicated dates, but were reverted to institutional patrimony, not due to their proximity to potable water sources, but rather due to non-compliance with Lands and Colonization Law No. 2825 (see report of the respondent authority and copy of documentation provided).
  • f)The Agrarian Institute sought with parcel (parcela) 07, under pressure from the ASADAS of Palmira and Laguna, to promote a procedure to swap a portion of the western sector of parcel (parcela) 06 of the cited settlement (asentamiento), for a section facing a public street of parcel (parcela) 07, in order to increase the buffer (amortiguamiento) and protection area of the potable water spring (naciente), but it could not be realized, as it was verified that the water catchment was inserted in parcel (parcela) 07 (see report of the respondent authority and copy of documentation provided).
  • g)For parcel (parcela) 01, the Board of Directors of the respondent Institute, in article XII of Session 034-96, held on July 23, 1996, ordered the revocation of adjudication and nullity of title in order to contribute to mitigating the apparent risk of contamination of the aquifer (manto acuífero) located on the western side of parcel (parcela) 06, and by resolution number 395S-09-D.M. of November 24, 2009, the Minister of Public Security ordered the eviction of said parcel (parcela) (see report of the respondent authority).
  • h)With parcel (parcela) 01 being available, and with the endorsement of the ASADAS, the Mayor of the Municipalidad de Zarcero, and with the authorization of the occupying family, by official letter ORC-AL-00044-2014, the Legal Advisor of the Central Region Directorate requested the Board of Directors to relocate the occupants of parcel (parcela) 06 to parcel (parcela) 01 (see report of the respondent authority and copy of documentation provided).
  • i)On September 30, 2014, the administrative eviction was carried out against the illegal occupant, and another family from the area was placed in possession (see report of the respondent authority and copy of documentation provided).
  • j)The Instituto de Desarrollo Rural possesses two properties in the El León de Palmira Settlement (Asentamiento), resulting from the non-compliance of their former beneficiaries with the stipulations of the Lands and Colonization Law (according to report rendered under oath).
  • k)The Contraloría General de la República ordered the then Instituto de Desarrollo Agrario to transfer to the Ministerio de Ambiente y Energía all those areas that, due to their conditions, do not qualify to be adjudicated to parcel holders (parceleros), in the El León de Palmira Settlement (Asentamiento) (according to report rendered under oath).
  • l)There are a total of six files in the transfer process, according to the protocol established for the transfer of lands from the Instituto de Desarrollo Agrario to the Ministerio de Ambiente y Energía (according to report rendered under oath).
  • m)The area to be transferred by the Instituto de Desarrollo Rural to the Ministerio de Ambiente y Energía corresponds to a total of 15 hectares and 1140 square meters (according to report rendered under oath).
  • n)On June 23, 2010, an Inter-institutional Commission was created, led by the Ministerio de Salud, with the participation of MAG, IDA, MINAE, ICAA, ASADAS, and local government to relocate the parcel holders (parceleros) near the springs (nacientes) (see report of the Ministra de Salud) o) According to official letter No.

CO-DARS-Z-024-2015, issued on January 14, 2015 to the Directorate of the Rector Area of Health of Zarcero, the case has been under study since 2010, for alleged contamination of water springs (nacientes), originating from various agricultural zones of the El León de Palmira Settlement (Asentamiento) (according to evidence provided by the respondent authority).

  • p)By report DIGH-07555-2010 of October 28, 2010, SENARA conducted a study regarding the problem of contamination of water sources of the Laguna and Palmira Springs, which was sent to the Monitoring Commission established for this purpose and to the Municipality of Alfaro Ruiz (see copy of documentation provided by the respondent).
  • q)By report GE-1194-2010 of November 8, 2012, SENARA conducted a study on the problem of contamination of water sources of the springs of the ASADAS of Laguna and Palmira (see copy of documentation provided by the respondent).
  • r)According to the consultation made to the National Registry of Concessions by the Arenal Huetar Norte Conservation Area (Área de Conservación Arenal Huetar Norte), the water source intakes are registered in the Registry for their utilization by the ASADAS of Laguna and Palmira (according to evidence provided by the respondent authority).
  • s)According to a hydrogeological study conducted by the Water Directorate (Dirección de Aguas) of the Ministry of Environment and Energy, the existence of chlorinated compounds as an indication of the presence of agrochemicals in the water sources is not demonstrated (according to a report rendered under oath).
  • t)On January 14, 2015, the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy verified that there is a disregard for the protection zone of sources for population use given the existence of cultivation areas located at an approximate distance of thirty-five meters from the intake site (according to a report rendered under oath and evidence provided by the respondent authority).

III.- Unproven Facts. The following facts of relevance to this resolution are not considered proven:

  • a)That the Rural Development Institute (Instituto de Desarrollo Rural) conducted the corresponding technical studies of the water springs, prior to the delivery of the parcels of the El León de Palmira Settlement.

IV.- On the merits.- Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) declares among the protection areas, those bordering permanent springs, defined in a radius of one hundred meters measured horizontally. Hence, said norm is the basic one that regulates the use and possible exploitation of lands bordering lands near water sources, which governs both for the public entities that administer it and for private parties. Added to the above, the Water Law (Ley de Aguas) indicates the duty of public authorities to protect said zones, by the means within their reach.

V.- In the case under study, the Chamber has proven that, since April 25, 1994, the Board of Directors of the respondent Institute authorized the adjudication, segregation, and transfer of parcels in the El León de Palmira settlement, its inhabitants having dedicated themselves in a high percentage to vegetable production, and to a lesser scale, flower planting and livestock production. To date, said lands are private property, since the limitations of Article 67 of Law 2825 are expired. At the same time, since 2010, SENARA verified that there are water springs near the cited Settlement, which supply the towns of Palmira and Laguna, and that there is a danger of contamination, due to the existence of agricultural activities, coupled with the topographical conditions causing surface runoff waters to reach the springs directly. In both reports, namely one from 2010 and the other from 2012, SENARA located the parcels and lands that are within the recharge zones of the springs and verified that the activities of the parcel holders are developed at less than thirty meters, within the recharge zone and within the protection area for public supply sources, given that the provision of Article 31 of the Water Law is two hundred meters.

VI.- By virtue of the filing of this amparo appeal, officials from the Ministry of Environment and Energy inspected the denounced site and did not observe specific contamination from any type of discharge into the sources, but they did verify the disregard for the protection zone of the source, for population use, because there are crops located at an approximate distance of thirty-five meters from the intake site. From the foregoing, it is deduced that even though the respondent authorities have had full knowledge of the threat to the health of the area's inhabitants and the threat to the right to a healthy environment, due to the proximity of the Settlement to the water supply sources, the respondent parties have not taken any action to remedy the situation. Indeed, the Administration is obligated to take the necessary measures to preserve the health of the inhabitants and the environment, especially the water resource, so it is its duty to protect the area near the springs for the purpose of preventing possible contamination from crop planting or the discharge of black water, based on the necessary technical studies that delimit said protection zone. However, it exceeds the competence of this Court to determine what dimension the protection area must have in relation to the water spring, but it does warn that the respective studies must immediately be done or updated to precisely establish the protection area, and the public or private lands affecting it. It is not possible that after so many years, the respondent administrations have not coordinated activities and executed the corresponding acts to establish measures for the protection of the supply sources, such as a topographic survey of the springs and delimitation of catchment zones, mapping of pollutant loads that may compromise the quality of the resource and be a danger to the health of the population, among others. Furthermore, the protection of the spring does not depend, exclusively, on the ritual application of such distance but the State must protect the environment by giving express content to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, which makes its intervention necessary on the factors that may alter its balance. In this regard, in ruling number 1250-99 of 11:24 a.m. on February 19, 1999 (reiterated in Votos Nos. 9773-00 of 9:44 a.m. on November 3, 2000, 1711-01 of 4:32 p.m. on February 27, 2001, and 6322-03 of 2:14 p.m. on July 3, 2003), this Court considered the following: “(...) Prevention aims to anticipate negative effects, and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage –or any doubt in this regard–, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing because in environmental matters, posterior coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment.” In ruling number 3480-03 of 2:02 p.m. on May 2, 2003, the Chamber ordered that “(...) Well understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment (...)” VII.- Evidently, in the *sub lite* what has been said by the respondent authorities reveals a total inter-administrative lack of coordination and inertia in the exercise of the competencies assigned by the Political Constitution and the law for the protection of springs, since to date, no concrete action has been determined by the Local Government, the Ministry of Health, ICAA, MINAET, or the Interinstitutional Commission created for this purpose, to solve this problem. It draws the Chamber's attention that the Municipality of Zarcero alleged that they identified the springs and included them in the Municipality's Geographic System; the Minister of Health justified that since 2010, they have led the Interinstitutional Commission created for this purpose, but since the end of that year, no action has been recorded; ICCA indicated that it is not competent for the solution of the problem, which is not correct, since one of the most relevant public services is the supply of potable water, for which the State must guarantee the purity of the liquid for human consumption, as well as its continuity of supply, in order to protect the integrity of users. Let it be recalled that Article 2 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) empowers AyA to agree with community organizations for the administration of aqueduct and sewer systems, this because the respondent Institute, as the governing body in the matter, is responsible for all matters relating to the operation, maintenance, administration, and development of the systems necessary for supplying water to the populations. At this juncture, the important thing is to reiterate that the respondent authorities have harmed the precautionary principle –which seeks to prevent or suspend any activity that may negatively affect said management– and the threat to the right to health of the area's inhabitants.

VIII.- Conclusion.- From the foregoing, it is concluded that it cannot be accepted that human beings are denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the incapacity of the corresponding public authorities to address complaints within a reasonable time and effectively exercise the powers of surveillance and the solution to problems granted by law. Thus, under the excuse of complexity, the Administration cannot shield itself to give rise to excessively long procedures, through which the right of the administered to obtain a prompt response, to obtain swift and effective administrative justice, is tacitly denied. Parallel to this, it must be remembered that in matters of environmental protection and health, the Administration's duty to impart prompt and complete administrative justice is reinforced, given the constitutional protection of the environment established in Articles 21 and 50 of the Magna Carta. Consequently, in the case under study, the respondent parties have been clearly insufficient, thus incurring liability by omission in the exercise of those powers. As a corollary of the foregoing, it is imperative to declare the appeal WITH MERIT and order the respondent public authorities to adopt and execute all pertinent actions and measures within the sphere of their competencies, so that within a period of ONE YEAR, counted from the notification of this resolution, they coordinate with each other, take the necessary measures, and issue the respective instructions within the scope of their powers and competencies so that the denounced sanitary and environmental problem affecting the springs near the León de Palmira Settlement is definitively resolved.

XI.- DISSENTING VOTE OF JUDGES JINESTA LOBO AND SALAZAR ALVARADO, WITH REASONING BY THE FORMER. Judges Jinesta Lobo and Salazar Alvarado dissent and declare the appeal without merit for the following reasons:

1.- RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT AND ITS SUB-CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT THROUGH A VAST NORMATIVE FRAMEWORK. Article 50 of the 1949 Constitution, in the year 1994 (Law No. 7412 of June 3, 1994), underwent a partial reform to introduce in its 2nd paragraph, as an express and clearly typified fundamental right, the right that “Every person” has to enjoy “a healthy and ecologically balanced environment.” This fundamental right, before the constitutional reform of 1994, was extensively developed by progressive and protective jurisprudence of this Constitutional Court, all based on the existing regulations in International Human Rights Law, which fostered and established the conditions for the partial reform of Article 50 of the Constitution. After the partial reform to numeral 50 of the Constitution in 1994, a dense, broad, and detailed sub-constitutional normative framework has been developed for the effective protection of the enjoyment and exercise of the right to a healthy and ecologically balanced environment, given that the 3rd paragraph provided that “The State shall guarantee, defend, and preserve that right”; constitutional imperatives and obligations that have led the Costa Rican State to establish a vast and extensive sub-constitutional normative framework that translates into various laws, regulations, and executive decrees, which address substantive and formal issues for the guarantee, protection, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Additionally, that sub-constitutional legal order has established an extensive and complex administrative organization to carry out the constitutional imperatives and obligations contained in the 3rd paragraph of Article 50 of the Constitution. Within this block or parameter of legality, created to develop Article 50 of the Constitution, the Organic Law of the Environment No. 7554 of October 4, 1995 stands out, which, among other aspects, develops and regulates first-order matters such as citizen participation in environmental matters (Chapter II), environmental impact assessment (Chapter IV), protection and improvement of the environment in human settlements (Chapter V), territorial planning and environmental protection (Chapter VI), protected wild areas (Chapter VII), marine, coastal resources, and wetlands (Chapter VIII), biological diversity (Chapter IX), natural resources such as air, water, and soil (Chapters XI, XII, XIII), as well as forestry and energy resources (Chapters X and XIV), pollution (Article XV), environmental administrative organization (XVII), and the creation of an Environmental Administrative Tribunal for the protection, defense, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Chapter XXI). Also noteworthy, in that dense and vast legislative framework, are the Forest Law, No. 7575 of February 5, 1996, and its reforms, the Phytosanitary Protection Law, No. 7664 of April 8, 1997, the Law on Concession and Operation of Tourist Marinas, No. 7744 of December 19, 1997, the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998, the Law on Use, Management, and Conservation of Soils, No. 7779 of April 30, 1998, and, more recently, the Law for Integrated Waste Management, No. 8839 of June 24, 2010. On the other hand, even before partially reforming Article 50 of the Constitution, there already existed sectoral laws for the protection and defense of certain aspects of the environment, such as the Water Law, No. 276 of August 27, 1942 and its reforms, the General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973 and its reforms, the Animal Health Law, No. 6243 of May 2, 1978, the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 21, 1992 and its reforms, the Hydrocarbons Law, No. 7399 of May 3, 1994, and the Law on the Rational Use of Energy, No. 7447 of November 3, 1994. The normative framework, at the sub-legal level, is even more robust with various executive regulations of those laws and decrees that regulate the protection, conservation, and defense of the environment. At this hierarchical level of protection, for example, Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004 stands out, which is the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures that regulates, in detail, all facets of the Environmental Impact Assessment procedures for activities, works, and projects, according to predefined categories, to prevent any damage or injury to the environment, its review and environmental viability, its subsequent control and follow-up, complaints, participation mechanisms, the environmental responsible party, compliance and operation guarantees, and a sanctioning regime. Also notable is Executive Decree No. 34136 of June 20, 2007, which is the Procedural Regulation of the Environmental Administrative Tribunal in charge of hearing and resolving complaints for the threat of infraction or effective violation of legislation protecting the environment and natural resources and for establishing compensation for damages or injuries to them.

2.- NEED TO DELIMIT CONSTITUTIONALITY AND LEGALITY CONTROL IN MATTERS OF PROTECTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. The dense normative framework or sub-constitutional legal order that develops and strengthens the right to a healthy and ecologically balanced environment contemplated in Article 50 of the Constitution and that seeks its guarantee, protection, and preservation, obliges this Constitutional Court to have to delimit, in this matter, the orbit of constitutionality control from the sphere of legality control. In the case of mechanisms or matters of constitutionality, as referred to in Title IV of the Law on Constitutional Jurisdiction, a concept that encompasses the action of unconstitutionality and the consultation of constitutionality –legislative and judicial–, the delimitation between constitutionality control and legality control is clear and unequivocal, since, without a doubt, it is the competence of this Constitutional Court to hear and resolve such matters exclusively and preclusively (Articles 10 of the Constitution, 1, 2, subparagraph b), 73 to 108 of the Law on Constitutional Jurisdiction) thus, for example, when it is argued that a legal or regulatory norm is unconstitutional for breaching Article 50, that is, the right to a healthy and ecologically balanced environment, the underlying values and principles thereof. The real problem in the delimitation of both spheres of control arises with respect to the amparo appeal or process, for several obvious reasons which are the following: a) The transversal nature of the right to a healthy and ecologically balanced environment that penetrates all layers or strata of the legal order; b) the open texture of constitutional norms, with the result that any grievance may appear to have a constitutional nature; and c) the tendency to use the amparo process as a substitute route for ordinary jurisdiction. However, some criteria can be established, based on Article 7 of the Law on Constitutional Jurisdiction, that allow delimiting the amparo process from other ordinary jurisdictional processes. Thus, when, regarding an activity, work, or project, a public power –administrative entity or body– has intervened by conducting studies, evaluations, reports, or assessments of any nature, by application of the dense and vast sub-constitutional legal order, it is clear that the matter must be situated before the ordinary jurisdiction and not the constitutional one. The same applies when a public power has omitted to comply with the obligations imposed upon it, in matters of protection of the environment and natural resources, by the sub-constitutional legal order, whether of a legal or regulatory nature. Under this reasoning, this Constitutional Court must hear and resolve a matter in the amparo process only when no public power has intervened exercising its oversight or authorization competencies and a conduct is being developed, potentially or actually, harmful to the right to a healthy and ecologically balanced environment; additionally, it must involve a violation of that right that is evident and manifest or easily verifiable –without major production or evacuation of evidence– and, moreover, it must be of great relevance or significance and be serious. If a public power has breached the obligations and duties developed by the sub-constitutional legal order, the issue must not be heard by the constitutional jurisdiction either, since, in addition to the complaint mechanisms provided at the administrative level, the ordinary jurisdiction, especially the contentious-administrative jurisdiction, has sufficient competence to oversee the material or formal omissions of public entities. From the moment a public power has intervened by exercising its legal and regulatory competencies, substantiating a procedure –a concatenated series of administrative actions– and issuing administrative acts, the matter will be outside the orbit of constitutionality control, and the same applies if it breaches or omits its legal and regulatory obligations. The amparo appeal is, essentially, a summary process governed by simplicity or, in the terms of Article 25 of the American Convention on Human Rights, a remedy that must be simple and rapid. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions –procedures and formal acts that translate and materialize into an administrative file– the matter ceases to be material for amparo, since it is necessary to resort to a process of plenary cognition, that is, a process of full knowledge that can only be substantiated before the ordinary jurisdiction. Amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria presented in light of the sub-constitutional legal order or to evacuate new elements of conviction to contrast those contained in an administrative file that has been processed over prolonged and calm periods. The amparo process, ultimately, cannot be converted into an ordinary process of plenary cognizance ("ordinariarlo"), since it is denatured and perverted in its purposes and objectives; hence, when a public power has intervened by conducting studies, endorsing or approving expert reports presented by interested parties, rendering reports, issuing administrative resolutions, permits, licenses, or any other formal administrative act, or, in general, substantiating one or more administrative procedures, the amparo process is not the means to oversee such actions but rather the contentious-administrative process. The administrative intervention that can be verified or proven is decisive for considering that the matter is located at the level, in itself abstract and open, of constitutionality or at the denser level of legality. Nor should this Constitutional Court proceed to hear and resolve breaches of the obligations imposed by the legal or regulatory normative framework, since, for that purpose, there are powerful and efficient instruments at the administrative level (sanctioning regime, complaints, the Environmental Administrative Tribunal) and, ultimately, a contentious-administrative jurisdiction whose function is to control the legality of the administrative function (Article 49 of the Constitution), which includes legal or regulatory, material or formal omissions, an ordinary jurisdiction that now, with the new adjective legislation, is more flexible, expeditious, swift, plenary, and universal.

3.- COROLLARY. For the reasons stated, we consider that this amparo appeal should have been rejected outright *ad limine litis* for involving a matter pertaining to legality control; however, not having been so, we consider it must be declared without merit, without ruling on the merits of the matter, since it corresponds to the ordinary jurisdiction, particularly the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conducts deployed (active or omissive) in the *sub-lite* conform or not, substantially, to the sub-constitutional legal order for the protection, guarantee, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

Therefore:

The appeal is declared WITH MERIT. Ricardo Rodríguez Barquero, in his capacity as Executive President of the Rural Development Institute, Yamilette Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, María Elena López Núñez, in her capacity as Minister of Health, Carlos Gerardo Zúñiga Naranjo, in his capacity as General Manager of the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento), Alejandro Salas Blanco, in his capacity as Mayor of the Municipality of Zarcero, as well as Edgar E. Gutiérrez Espeleta, in his capacity as Minister of Environment and Energy, or whoever holds those positions in their stead, are ordered to, within a period of ONE YEAR counted from the notification of this resolution, coordinate, take the necessary measures, and issue the respective instructions within the scope of their powers and competencies, so that the denounced sanitary and environmental problem affecting the springs near the León Víctor Settlement is definitively resolved. Ricardo Rodríguez Barquero, in his capacity as Executive President of the Rural Development Institute, Yamilette Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, María Elena López Núñez, in her capacity as Minister of Health, Carlos Gerardo Zúñiga Naranjo, in his capacity as General Manager of the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage, Alejandro Salas Blanco, in his capacity as Mayor of the Municipality of Zarcero, as well as Edgar E. Gutiérrez Espeleta, in his capacity as Minister of Environment and Energy, or whoever holds those positions in their stead, are warned that, should they fail to comply with said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a sentence of three months to two years of imprisonment or twenty to sixty days' fine shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Rural Development Institute, and the Municipality of Zarcero are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts forming the basis of this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Let this resolution be personally notified to Ricardo Rodríguez Barquero, in his capacity as Executive President of the Rural Development Institute, Yamilette Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, María Elena López Núñez, in her capacity as Minister of Health, Carlos Gerardo Zúñiga Naranjo, in his capacity as General Manager of the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage, Alejandro Salas Blanco, in his capacity as Mayor of the Municipality of Zarcero, as well as to Edgar E. Gutiérrez Espeleta, in his capacity as Minister of Environment and Energy, or whoever holds those positions in their stead. Judges Jinesta Lobo and Salazar Alvarado dissent and declare the appeal without merit.

\t \t \t Ernesto Jinesta L.

Acting President \t \t \t Fernando Cruz C.

\t \t Fernando Castillo V.

\t \t Paul Rueda L.

\t \t Nancy Hernández L.

\t \t Luis Fdo. Salazar A.

\t \t Aracelly Pacheco S.

Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Control constitucional: Sentencia estimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 050- Ambiente Subtemas:

NO APLICA.

Pese a que las autoridades recurridas han tenido pleno conocimiento de la amenaza que existe para la salud de los habitantes de la zona y la amenaza al derecho a un ambiente sano, en razón de la cercanía del Asentamiento con las fuentes de abastecimiento de agua, las partes recurridas no han realizado acto alguno para remediar la situación. Efectivamente, la Administración se encuentra en la obligación de tomar las medidas necesarias para preservar la salud de los habitantes y el ambiente, especialmente el recurso hídrico, por lo que es su deber proteger el área cercana de las nacientes con el propósito de evitar una posible contaminación a causa de la siembras de cultivos o el desfogue de aguas negras, con fundamento en los estudios técnicos necesarios que delimiten dicha zona de protección. No obstante, excede la competencia de este Tribunal determinar qué dimensión debe tener el área de protección con relación a la naciente de agua, pero sí advierte que de forma inmediata se debe hacer o actualizar los estudios respectivos que establezcan con precisión el área de protección, los terrenos públicos o privados que la afecten. No es posible que luego de tantos años, las administraciones recurridas no hayan coordinado las actividades y ejecutados los actos correspondientes para establecer las medidas para la protección de las fuentes de abastecimiento, tales como un levantamiento topográfico de las nacientes y delimitación de zonas de captura, mapeo de cargas contaminantes que pueden comprometer la calidad del recurso y ser un peligro para la salud de la población, entre otras. Además, la protección de la naciente no depende, exclusivamente, de la aplicación ritual de tal distancia sino que el Estado debe proteger el ambiente dando contenido expreso al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que hace necesaria su intervención sobre los factores que pueden alterar su equilibrio”. SENTENCIA 1487-15 ... Ver más Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Derechos Humanos,Ambiental,Constitución Política Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:

AGUAS.

SE ORDENA TOMAR ACCIONES EN ZONA DE PROTECCIÓN DE NACIENTES DE AGUA ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:

AGUAS.

"Paralelamente a esto, debe recordarse que en materia de protección ambiental y la salud, el deber para la Administración de impartir una justicia administrativa pronta y cumplida se encuentra reforzada, dada la tutela constitucional al ambiente establecida en los artículos 21 y 50 de la Carta Magna." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Res. Nº 2015001487 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta minutos del tres de febrero de dos mil quince.

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 14-018855-0007-CO, interpuesto por GERARDO ALBERTO SALAZAR QUESADA, cédula de identidad 0204480815, ULISES JACOB DEL ROSARIO VALENCIANO SOLIS, cédula de identidad 0204410395, a favor de ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DE LAGUNA, cédula jurídica 3002297484 y la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DE PALMIRA, cédula jurídica 3002295453, contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, MINISTERIO DE SALUD, SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y AVENAMIENTO y la MUNICIPALIDAD DE ZARCERO.-

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:02 horas del 4 de diciembre de 2014, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el Instituto de Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento y la Municipalidad de Zarcero. Manifiestan que desde hace varios años, los recurridos tienen conocimiento del problema que constituye el entregar propiedades a personas cerca de las fuentes de agua de donde se abastecen centenares de personas, como así consta en el informe de la Defensoría de los Habitantes en el expediente número 658-23-96. Señalan que la problemática se genera por situaciones que ocurren en el asentamiento León Víctor de Palmira de Alfaro Ruíz. No obstante lo anterior, la autoridad recurrida entregó con fines totalmente agrícolas, propiedades vitales para poder hacer una gestión integral del recurso hídrico, con base en criterios discrecionales alejados de la ciencia y la tecnología. Explican que, la entrega de las tierras se hizo en forma discrecional sin tomar en cuenta los daños irreversibles al recurso hídrico. Alegan que dicha situación lesiona en su perjuicio su derecho contemplado en el artículo 50, Constitucional. Solicitan los recurrentes que se declare con lugar y se ordene al Instituto recurrido recuperar las fincas que se encuentran ubicadas arriba de las fuentes de agua citadas.

2.- Por escrito recibido a las 15:01 horas del 6 de enero de 2015, informa bajo juramento Ricardo Rodríguez Barquero, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, que el 3 de agosto de 1992, la Junta Directiva la Sesión 57-92, adquirió la finca donde se constituyó el Asentamiento León Víctor de Palmira de Alfaro Ruiz. El área adquirida fue de 62 HA 9868 m2, segregándose en 35 parcelas, 40 lotes para vivienda y 7 áreas de protección. El área parcelable promedio que se otorgó fue de una hectárea por familia, mientras que los lotes del centro de población, en su mayoría, poseen un área de 300 M2. Las áreas de reserva que se encuentran insertas dentro de este asentamiento en total suman 14 Ha 7998 M2. El 16 de agosto de 1993, la Junta Directiva del Instituto, aprobó la adjudicación de parcelas y lotes en el Asentamiento El León de Palmira, según acuerdo de ese Órgano Colegiado en su Sesión 60-93. Posteriormente, en la Sesión 33-94, celebrada el 25 de abril de 1994, se autorizó la adjudicación, segregación y traspaso de parcelas y-lotes en el asentamiento El León de Palmira. Es importante indicar, que las limitación de la ley 2825, que pesaban sobre la mayoría de los predios que conforman la mayoría de los predios, finalizaron el 28 de abril de 2009. Las actividades productivas que se implementan en este asentamiento, desde sus inicios y hasta la fecha, han estado orientadas a la producción de hortalizas en un alto porcentaje, existiendo en menor escala, la siembra de flores y producción pecuaria. Asimismo, las parcelas 01 y 07, de dicho asentamiento fueron adjudicadas y legalizadas en las fechas anteriormente señaladas, a favor de las familias: Juan Pedro Rojas Hernández, Soledad Zeledón Lacayo, Walter Rodríguez Zúñiga, y María de los Ángeles Roche Arce. Sin embargo, dichos inmuebles fueron revertidos a patrimonio institucional, no por denuncias atribuibles a su cercanía con fuentes de agua potable o posible contaminación de mantos acuíferos, sino por el incumplimiento de los administrados en las normas y reglamentos que establece la ley de Tierras y Colonización No. 2825. En el caso de la parcela 07, se pretendió en su oportunidad, ante la presión de las ASADAS de Palmira y Laguna, propiciar un procedimiento interno que pretendía permutar una porción del sector oeste de la parcela 06 del citado asentamiento, propiedad de los señores Herbert Murillo Chacón y María Vargas Vargas, por una sección frente a calle pública de la parcela 07, lo que coadyuvaría a incrementar el área de amortiguamiento y protección de la naciente de agua potable que administra la ASADA de Laguna, cercana a ambos inmuebles. Sin embargo; esta propuesta no se pudo materializar, pues se constató que la captación de agua estaba inserta en la parcela 07. Referente a la parcela 01, la Junta Directiva en el artículo XII de la Sesión 034-96, celebrada 23 de julio de 1996, dispuso la revocatoria de adjudicación y nulidad de título en contra de la familia Rojas Zeledón. Este proceso se prolongó ante una serie de recursos que interpusieron los administrados; no obstante; tanto el Tribunal Superior Agrario como la Sala Constitucional confirmaron el acto administrativo dictado por la Junta Directiva y dejaron firme la revocatoria de adjudicación. Mediante resolución número 395S-09-D.M. del 24 de noviembre del 2009, la Ministra de Seguridad Pública, ordenó el desalojo de dicha parcela. Al estar disponible la parcela 01, en aras de contribuir a mitigar el aparente riesgo de contaminación del manto acuífero que se localiza en el costado oeste de la parcela 06, y con el aval de las ASADAS, el Alcalde de la Municipalidad de Zarcero y con la autorización de la familia Murillo Vargas, remitió al asesor de la Dirección Región Central el oficio OSG-514-2013, la solicitud para que elevara a la Junta Directiva la propuesta de reubicación de los propietarios de la parcela 06 a la parcela 01 del asentamiento El León de Palmira. Mediante oficio ORC-AL-00044-2014, el Asesor Legal de la Dirección Región Central, le solicitó a la Junta Directiva la reubicación de los señores Herbert Murillo Chacón y Lidia Vargas Vargas de la parcela 06, a la parcela 01. El 06 de marzo de 2014, la Junta Directiva en su Artículo 60, de la Sesión Ordinaria 008-2014, acogió la recomendación contenida en el oficio DRC-AL-00044-1014 citado y el 19 de marzo del 2014, mediante el oficio OSG-174-2014, se le entregó a la familia Murillo Vargas la transcripción del acuerdo aprobado por Junta Directiva en su Artículo 60, Sesión Ordinaria 008-2014. Mediante el oficio OSG-359-2014, se le comunicó a la familia Murillo Vargas la fecha y hora en que se iba a ejecutar el trámite de desalojo administrativo de la parcela 01, en contra del señor Rojas Hernández, para que se apersonaran al lugar y proceder a ponerlos en posesión del inmueble. No obstante, ante los reclamos del ocupante ilegal y la negativa de desocupar el bien, estos administrados se retractan de la opción, pues no deseaban tener problemas con este señor. El 30 de setiembre del 2014, se materializó el desalojo administrativo en contra de Rojas Hernández, y se puso en posesión a la otra familia de la zona, conformada por Mainor Arturo Huertas Durán y Yenny Vanessa Rojas Esquivel, a quienes la Junta Directiva del Inder había declarado elegibles en los programas de dotación de tierras, en la modalidad de parcela, según Artículo 2.8 de la Sesión Ordinaria 006-2013, celebrada el 11 de febrero del 2013. La familia Huertas Rojas se encuentra en período de prueba, por lo que aún no se ha realizado ningún procedimiento para solicitar la asignación o arriendo de este predio. Es importante recalcar, que las adjudicaciones que se realizaron en dicho asentamiento, se realizaron en el año 1994, y que para el día de hoy, las limitaciones del artículo 67, de la ley 2825 se encuentran vencidas. salvo los dos inmuebles recuperados por el Instituto, por lo que actualmente los terrenos son propiedad privada, pues ya transcurrieron los plazos legales para que administrativamente sea anulada la adjudicación. Tampoco se presentaron las condiciones para realizar proceso alguno de revocatoria, durante el período de vigencia de las limitaciones, por cuanto el resto de los inmuebles se les dieron un uso adecuado, de conformidad a las adjudicaciones. Considera que es el MINAET, la entidad competente para notificar a los propietarios de los predios afectados por la demarcación de las nacientes, así como la instalación de los mojones de conformidad con el perímetro establecido por el Departamento de Aguas del MINAET. Lo anterior, de conformidad a la prueba que los recurrentes aportan, en la que se indicó que "el espacio demarcado en las tres nacientes no cubre la totalidad del área de reserva", y tal obligación de demarcación como ya se dijo, le corresponde al MINAET. Nótese que en el informe de la Defensoría de los Habitantes de 6 de enero de 1998, aportado por los recurrentes, se señaló que de acuerdo con el estudio hidrogeológico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la zona del asentamiento conforma parte de un área de recarga acuífera que se descarga parcialmente a través de los fuentes que abastecen a Laguna y Palmira. Se reitera, que en el informe de la Defensoría, le recomendó al Ministerio del Ambiente "Delimitar los doscientos metro públicos circundantes de las nacientes de agua y realizar los estudios que determinen la extensión del área de recarga acuífera para su demarcatoria y protección", por cuanto las limitaciones en dicho asiento se encuentran vencidas y es a la Dirección de Aguas del Minaet, a quien le corresponde proceder con la limitación de un perímetro no menor de 200 metros de radio, según el artículo 31 de la Ley de Aguas. Solicita que se desestime el recurso planteado.

3.- Mediante resolución de las nueve horas y dieciséis minutos del nueve de enero de dos mil quince, se concedió audiencia al Ministro de Ambiente y Energía, al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a la Ministra de Salud, al Director del Servicio Nacional de Agua y Avenamiento y al Alcalde de la Municipalidad de Alfaro Ruiz, para que se refieran a los hechos expuestos por la parte recurrente.

4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:54 horas del 16 de enero de 2015, informa bajo juramento Edgar E. Gutiérrez Espeleta, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, que según el oficio SINAC-ACAHN-DR-026-2015 emitido por la Dirección Regional del Área de Conservación Arenal Huétar Norte, no se observa contaminación puntual de algún tipo de vertido a las fuentes visitadas; sin embargo, se constata un irrespeto a la zona de protección de la fuente para uso poblacional, por cuanto en algunas de ellas existen cultivos ubicados a una distancia aproximada de 35 metros del sitio de captación. Estima que para establecer si existe contaminación de dichos cuerpos de agua es necesaria la participación de organismos competentes que cuenten con el personal capacitado para realizar los análisis pertinentes. Señala que la Contraloría General de la República ordenó al entonces Instituto de Desarrollo Agrario el traspaso al Ministerio de Ambiente y Energía de todas aquellas áreas que por sus condiciones no califican para ser adjudicadas a parceleros en éste y otros asentamientos del país. Explica que en relación a lo anterior, se cuenta con un total de seis expedientes en trámite de traspaso, según el protocolo establecido para el traspaso de tierras del Instituto de Desarrollo Agrario al Ministerio recurrido. Agrega que el área por traspasar corresponde a un total de 15 hectáreas y 1140 metros cuadrados. Indica que el Área de Conservación Arenal Huétar Norte gestionará la continuación del trámite de traslado de las parcelas señaladas. En vista de que el Ministerio recurrido ha actuado en estricto apego al principio de legalidad, cumpliendo además con la legislación que rige la materia, solicita se declare sin lugar el recurso en lo concerniente a lo actuado por el Ministerio de Ambiente y Energía.

5.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 21:11 horas del 16 de enero de 2015, informa bajo juramento Yamilette Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que según el oficio ACAHN-SCH-901-2014, emitido el 4 de octubre de 2014, por la Sub-Región San Carlos-Los Chiles del Área de Conservación Arenal Huétar Norte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, debe realizarse un avalúo a las propiedades afectadas por el área de protección previo a realizar el retiro de los doscientos metros de perímetro en cuanto a las nacientes ubicadas en Palmira. Señala que la entidad recurrida ha realizado las inspecciones de campo y ha elaborado los informes correspondientes, acorde a sus competencias, por lo que solicita se declare sin lugar el recurso planteado.

6.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala al ser las 14:52 horas del 16 de enero de 2014, informa bajo juramento María Elena López Núñez, en su condición de Ministra de Salud, que según el oficio No. CO-DARS-Z-024-2015 del 14 de enero de 2015, la Dirección del Área Rectora de Salud de Zarcero, indicó que el caso se encuentra en manos del Ministerio recurrido desde el año dos mil, debido a la supuesta contaminación de nacientes de agua, originadas por varias parcelas y asentamientos agrícolas. Añade que al realizar la visita al lugar denunciado, se notificó la orden sanitaria a Asdrúbal Chacón, propietario del inmueble. El mismo no cumplió con la ordenanza, por lo que se interpuso la denuncia pertinente ante el Ministerio Público y se logró el cambio de propietario. Indica que el 17 de diciembre de 2009, los administradores de los acueductos de Palmira y Laguna presentaron una denuncia ante el Ministerio recurrido, por lo que tomando en cuenta los antecedentes del caso, se procedió a coordinar una reunión con funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Acueductos y Alcantarillados, la ASADA, la comunidad y el gobierno local. Explica que en dicha reunión se acordó solicitar un estudio hidrogeológico a la Dirección de Aguas por parte de las ASADAS y la Municipalidad de Zarcero, además de visitas de inspección a cargo del Ministerio de Salud y de SENASA. Señala que los exámenes realizados no demostraron la existencia de órganos clorados como indicio de la presencia de agroquímicos en las fuentes de agua. Indica que a pesar de obtener un resultado negativo en los exámenes realizados, se coordinó la reubicación de los propietarios de inmuebles cercanos a las nacientes. No obstante, se desconoce si el Instituto de Desarrollo Agrario realizó dichos estudios. Estima que el Ministerio de Salud ha tomado las medidas necesarias; interponiendo las denuncias necesarias y girando las órdenes sanitarias correspondientes, por lo que solicita se declare sin lugar el recurso de amparo interpuesto.

7.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala al ser las 15:59 horas del 16 de enero de 2015, informa bajo juramento Carlos Gerardo Zúñiga Naranjo, en su condición de Gerente General a.i. del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, que existen fuentes de agua cerca del asentamiento León Víctor. Indica que el 16 de junio del 2010 se realizó el levantamiento en campo de las nacientes y se verificó que existe un peligro de contaminación, por lo que la entidad recurrida ha realizado dos estudios de las nacientes cercanas al Asentamiento León Víctor. En ambas ocasiones, se ha indicado el riesgo de contaminación existente, por lo que se han recomendado diversas medidas para el manejo de las nacientes con vistas a su protección. Señala que en el 2010, la Municipalidad de Alfaro Ruiz informa sobre la problemática manifestada por las ASADAS, en relación a los asentamientos campesinos del Instituto de Desarrollo Rural, en cercanía de las tomas de agua, por lo que se solicitó la realización de un estudio hidrogeológico del Cantón. En vista de lo anterior, se procedió a realizar el “Informe de Asesoría Técnica a las ASADAS Laguna y Palmira”, en el cual se realizó una valoración técnica del estado de las nacientes. Además, se recomendó al gobierno local, a las instituciones públicas y a las ASADAS una serie de medidas a seguir. Solicita se declare sin lugar el recurso, en cuanto a lo que concierne al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento.

8.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala al ser las 16:18 horas del 14 de enero de 2015, informa bajo juramento Alejandro Salas Blanco, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Zarcero, que el municipio ha procedido a identificar las nacientes mediante la información proporcionada por las ASADAS concesionarias, al igual que por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía. Explica que dicha información ha sido incluida al Sistema de Información Geográfica de la Municipalidad, y se han aplicado las restricciones establecidas en el artículo 33 de la Ley Forestal y el artículo 31 de la Ley de Aguas.

9.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala al ser las 16:17 horas del 15 de enero de 2015, informa bajo juramento Miguel Zamora Araya, en su condición de Director Regional del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, que según inspección de campo realizada el catorce de enero anterior, se identificaron tres captaciones para el acueducto de Palmira, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Concesiones. Para el acueducto de Laguna, se identificaron un total de cinco fuentes, las cuales también se encuentran debidamente inscritas. Señala que en la inspección realizada no se determinó afectación alguna por obras en cauce a los cuerpos de agua en estudio, ni tampoco se puntualizó contaminación de algún tipo de vertido en las fuentes visitadas; sin embargo, sí se observó el irrespeto a la zona de protección de las fuentes, dado que las áreas de cultivo se encontraban a una distancia aproximada de 35 metros del sitio de captación. Indica que actualmente existe un trámite de traspaso de tierras del Instituto de Desarrollo Agrario al Ministerio de Ambiente y Energía, ya que algunos terrenos se encuentran cubiertos de bosque. Solicita se declare sin lugar el recurso de amparo interpuesto.

10.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala al ser las 14:54 horas del 16 de enero de 2015, informa bajo juramento José Joaquín Chacón Solano, en su condición de Director a.i. de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, que la Dirección realiza un acto de inscripción de las fuentes que informa al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la utilización directa o a través de una ASADA. Explica que la función de la Dirección de Aguas versa en la regulación y el balance del recurso hídrico, estableciendo las políticas particulares. Por otra parte, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le corresponde, como ente rector en materia de los sistemas de acueducto y alcantarillado, intervenir en todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de los sistemas necesarios para el suministro de agua a las poblaciones. Señala que el 14 de enero 2015, se procedió a realizar inspección de campo al lugar denunciado en el presente recurso, constatándose que las fuentes aprovechadas por las ASADAS de Laguna y de Palmira. Dichas fuentes se encuentran debidamente inscritas bajo la resolución DA-2038-2012-AGUAS-MINAET. Aduce que no se observó contaminación puntual por algún tipo de vertido en las fuentes visitadas, pero se verificó el irrespeto a la zona de protección de las fuentes para uso poblacional, ya que existen cultivos ubicados a una distancia de 35 metros aproximadamente del sitio de captación. Arguye que las ASADAS deben velar por el respeto al área correspondiente para la protección de las nacientes.

11.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso.- Los recurrentes alegan que el Instituto de Desarrollo Rural entregó las parcelas del asentamiento León Víctor de Palmira de Alfaro Ruiz para ser cultivadas y no tomó en consideración la cercanía con fuentes de agua, siendo que a la fecha, las autoridades recurridas no han realizado acto alguno para recuperar dichas tierras, lo cual lesiona el derecho al ambiente y a la salud.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)En la Sesión 57-92, del 3 de agosto de 1992, la Junta Directiva del Instituto recurrido, adquirió la finca donde se constituyó el Asentamiento León Víctor de Palmira de Alfaro Ruiz (hecho incontrovertido).
  • b)En la Sesión 33-94, celebrada el 25 de abril de 1994, la Junta Directiva del Instituto recurrido autorizó la adjudicación, segregación y traspaso de parcelas y-lotes en el Asentamiento El León de Palmira (ver informe de la autoridad recurrida y copia de documentación aportada).
  • c)Las limitación de la ley 2825, que pesaban sobre la mayoría de los predios que conforman el Asentamiento El León de Palmira, finalizaron el 28 de abril de 2009 (ver informe de la autoridad recurrida y copia de documentación aportada).
  • d)Los habitantes del Asentamiento El León de Palmira se han dedicado a la producción de hortalizas en un alto porcentaje, existiendo en menor escala la siembra de flores y producción pecuaria (según informe rendido bajo fe de juramento y prueba aportada por la autoridad recurrida).
  • e)Las parcelas 01 y 07, de dicho asentamiento fueron adjudicadas y legalizadas en las fechas anteriormente señaladas, pero fueron revertidos a patrimonio institucional, no por su cercanía con fuentes de agua potable, sino por el incumplimiento a la ley de Tierras y Colonización No. 2825 (ver informe de la autoridad recurrida y copia de documentación aportada).
  • f)El Instituto Agrario pretendió con la parcela 07, ante la presión de las ASADAS de Palmira y Laguna, propiciar un procedimiento para permutar una porción del sector oeste de la parcela 06 del citado asentamiento, por una sección frente a calle pública de la parcela 07, para incrementar el área de amortiguamiento y protección de la naciente de agua potable, pero no se pudo materializar, pues se constató que la captación de agua estaba inserta en la parcela 07 (ver informe de la autoridad recurrida y copia de documentación aportada).
  • g)A la parcela 01, la Junta Directiva del Instituto recurrido, en el artículo XII de la Sesión 034-96, celebrada 23 de julio de 1996, dispuso la revocatoria de adjudicación y nulidad de título en aras de contribuir a mitigar el aparente riesgo de contaminación del manto acuífero que se localiza en el costado oeste de la parcela 06, y mediante resolución número 395S-09-D.M. del 24 de noviembre del 2009, la Ministra de Seguridad Pública, ordenó el desalojo de dicha parcela (ver informe de la autoridad recurrida).
  • h)Al estar disponible la parcela 01, y con el aval de las ASADAS, el Alcalde de la Municipalidad de Zarcero y con la autorización de la familia ocupante, mediante oficio ORC-AL-00044-2014, el Asesor Legal de la Dirección Región Central, le solicitó a la Junta Directiva la reubicación de los ocupantes de la parcela 06, a la parcela 01 (ver informe de la autoridad recurrida y copia de documentación aportada).
  • i)El 30 de setiembre del 2014, se materializó el desalojo administrativo en contra de ocupante ilegal, y se puso en posesión a otra familia de la zona (ver informe de la autoridad recurrida y copia de documentación aportada).
  • j)El Instituto de Desarrollo Rural posee dos inmuebles en el Asentamiento El León de Palmira, producto del incumplimiento de sus antiguos beneficiarios a lo estipulado en la Ley de Tierras y Colonización (según informe rendido bajo fe de juramento).
  • k)La Contraloría General de la República ordenó al entonces Instituto de Desarrollo Agrario el traspaso al Ministerio de Ambiente y Energía de todas aquellas áreas que por sus condiciones no califican para ser adjudicadas a parceleros, en el Asentamiento El León de Palmira (según informe rendido bajo fe de juramento).
  • l)Existe un total de seis expedientes en trámite de traspaso, según el protocolo establecido para el traspaso de tierras del Instituto de Desarrollo Agrario al Ministerio de Ambiente y Energía (según informe rendido bajo fe de juramento).
  • m)El área por traspasar por parte del Instituto de Desarrollo Rural al Ministerio de Ambiente y Energía corresponde a un total de 15 hectáreas y 1140 metros cuadrados (según informe rendido bajo fe de juramento).
  • n)El 23 de junio de 2010, se creó una Comisión Interinstitucional liderada por el Ministerio de Salud, con la participación del MAG, IDA, MINAE, ICAA, ASADAS y Gobierno local para reubicar a los parceleros cercanos a las nacientes (ver informe de la Ministra de Salud) o) Según el oficio No. CO-DARS-Z-024-2015, emitido el 14 de enero de 2015 a Dirección del Área Rectora de Salud de Zarcero, el caso se encuentra en estudio desde el año 2010, por supuesta contaminación de nacientes de agua, originadas por distintas zonas agrícolas del Asentamiento El León de Palmira (según prueba aportada por la autoridad recurrida).
  • p)Mediante informe DIGH-07555-2010 del 28 de octubre de 2010, el SENARA realizó un estudio en relación con la problemática de contaminación de fuentes de agua de las Nacientes de Laguna y Palmira, el cual fue remitido a la Comisión de seguimiento instaurada al efecto y a la Municipalidad de Alfaro Ruiz (ver copia de la documentación aportada por la recurrida).
  • q)Mediante informe GE-1194-2010 del 8 de noviembre de 2012, SENARA realizó un estudio sobre la problemática de contaminación de fuentes de aguas de las nacientes de las ASADAS de Laguna y Palmira (ver copia de la documentación aportada por la recurrida).
  • r)Según la consulta realizada al Registro Nacional de Concesiones por parte del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, las captaciones de las fuentes de agua se encuentran inscritas en el Registro para su aprovechamiento por parte de las ASADAS de Laguna y de Palmira (según prueba aportada por la autoridad recurrida).
  • s)Según estudio hidrogeológico realizado por parte de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, no se demuestra la existencia de órganos clorados como indicio de la presencia de agroquímicos en las fuentes de agua (según informe rendido bajo fe de juramento).
  • t)El 14 de enero de 2015, la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía-, verificó que existe un irrespeto a la zona de protección de las fuentes para uso poblacional dada la existencia de áreas de cultivo ubicadas a una distancia aproximada de treinta y cinco metros del sitio de captación (según informe rendido bajo fe de juramento y prueba aportada por la autoridad recurrida).

III.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:

  • a)Que el Instituto de Desarrollo Rural haya realizado los estudios técnicos correspondientes a las nacientes de agua, previo a la entrega de las parcelas del Asentamiento El León de Palmira.

IV.- Sobre el fondo.- El artículo 33, de la Ley Forestal, declara entre las áreas de protección, las que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. De allí que dicha norma, es la básica que regula el uso y posible aprovechamiento de los terrenos que bordean los terrenos cercanos a las fuentes de agua, lo que rige tanto para los entes públicos que lo administran como para los particulares. A lo anterior, se suma la Ley de Aguas que señala, el deber de las autoridades públicas de proteger dichas zonas, por los medios que tengan a su alcance.

V.- En el caso bajo estudio, la Sala tiene por demostrado, que desde el 25 de abril de 1994, la Junta Directiva del Instituto recurrido autorizó la adjudicación, segregación y traspaso de parcelas en el asentamiento El León de Palmira, siendo que sus habitantes se han dedicado a la producción de hortalizas en un alto porcentaje, en menor escala la siembra de flores y producción pecuaria. A la fecha, dichos terrenos son propiedad privada, pues las limitaciones del artículo 67, de la ley 2825, se encuentran vencidas. A su vez, desde el año 2010, el SENARA verificó que existen nacientes de agua cerca del citado Asentamiento, las que abastece a los poblados de Palmira y Laguna y que hay peligro de contaminación, por la existencia de actividades agropecuarias, aunado que las condiciones topográficas provocan que las aguas de escorrentería, lleguen directamente a las nacientes. En ambos informes, a saber uno del 2010 y el otro del 2012, el SENARA ubicó las parcelas y terrenos que se encuentran dentro de las zonas de recarga de las nacientes y verificaron que las actividades de los parceleros se desarrollan a menos de treinta metros, dentro la zona de recarga y dentro del área de protección a fuentes de abastecimiento público, siendo que lo dispuesto por el artículo 31, de la Ley de Aguas, es doscientos metros.

VI.- En virtud de la interposición del presente recurso de amparo, funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía inspeccionaron el sitio denunciado y no observaron una contaminación puntual de algún tipo de vertido a las fuentes, pero si constataron el irrespeto a la zona de protección de la fuente, para uso poblacional, por cuanto existen cultivos ubicados a una distancia aproximada de treinta y cinco metros del sitio de captación. De lo anterior, se deduce que pese a que las autoridades recurridas han tenido pleno conocimiento de la amenaza que existe para la salud de los habitantes de la zona y la amenaza al derecho a un ambiente sano, en razón de la cercanía del Asentamiento con las fuentes de abastecimiento de agua, las partes recurridas no han realizado acto alguno para remediar la situación. Efectivamente, la Administración se encuentra en la obligación de tomar las medidas necesarias para preservar la salud de los habitantes y el ambiente, especialmente el recurso hídrico, por lo que es su deber proteger el área cercana de las nacientes con el propósito de evitar una posible contaminación a causa de la siembras de cultivos o el desfogüe de aguas negras, con fundamento en los estudios técnicos necesarios que delimiten dicha zona de protección. No obstante, excede la competencia de este Tribunal determinar qué dimensión debe tener el área de protección con relación a la naciente de agua, pero sí advierte que de forma inmediata se debe hacer o actualizar los estudios respectivos que establezcan con precisión el área de protección, los terrenos públicos o privados que la afecten. No es posible que luego de tantos años, las administraciones recurridas no hayan coordinado las actividades y ejecutados los actos correspondientes para establecer las medidas para la protección de las fuentes de abastecimiento, tales como un levantamiento topográfico de las nacientes y delimitación de zonas de captura, mapeo de cargas contaminantes que pueden comprometer la calidad del recurso y ser un peligro para la salud de la población, entre otras. Además, la protección de la naciente no depende, exclusivamente, de la aplicación ritual de tal distancia sino que el Estado debe proteger el ambiente dando contenido expreso al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que hace necesaria su intervención sobre los factores que pueden alterar su equilibrio. Al respecto, en la sentencia número 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003), este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente". En la sentencia número 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, la Sala dispuso que “(...) Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente (...)” VII.- Evidentemente, en el sublite de lo dicho por las autoridades recurridas revelan una total descoordinación inter- administrativa e inercia en el ejercicio de la competencias asignadas por la Constitución Política y la ley para la protección de las nacientes, pues a la fecha, no se ha determinado por parte del Gobierno Local ni el Ministerio de Salud, ni el ICAA, ni el MINAET, ni la Comisión Interinstitucional creada al efecto, ninguna actuación concreta para solucionar este problema. Llama la atención a la Sala, que la Municipalidad de Zarcero alegó que identificaron las nacientes y las incluyeron en el Sistema Geográfica de la Municipalidad, la Ministra de Salud justificó que desde el 2010, lideran la Comisión Intersintitucional creada al efecto, pero desde finales de ese año no consta ninguna actuación; el ICCA señaló que no es competente para la solución del problema, lo cual no lleva razón, pues uno de los servicios públicos de mayor relevancia es el del suministro de agua potable, por lo que el Estado debe garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, con el fin de proteger la integridad de los usuarios. recuérdese que el artículo 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, faculta al AyA para convenir con organismos comunales la administración de sistemas de acueductos y alcantarillados, ello por cuanto el Instituto recurrido, como ente rector en la materia, es el responsable de todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de los sistemas necesarios para el suministro de agua a las poblaciones. A la sazón, lo importantes es retiterar que las autoridades recurridas, han lesionado el principio precautorio -que pretende evitar o suspender cualquier actividad que pueda incidir negativamente en dicha gestión y la amenaza al derecho a la salud de los habitantes de la zona.

VIII.- Conclusión.- De lo expuesto, se concluye que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para atender las denuncias dentro de un tiempo razonable y ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. Así las cosas, bajo la excusa de la complejidad, la Administración no puede tampoco escudarse para dar pie a procedimientos exageradamente largos, con los cuales se niegue tácitamente el derecho de los administrados a obtener una respuesta pronta, a obtener una justicia administrativa célere y efectiva. Paralelamente a esto, debe recordarse que en materia de protección ambiental y la salud, el deber para la Administración de impartir una justicia administrativa pronta y cumplida se encuentra reforzada, dada la tutela constitucional al ambiente establecida en los artículos 21 y 50 de la Carta Magna. En consecuencia, en el caso bajo estudio, las partes recurridas han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades. Como corolario de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso y ordenar a las autoridades públicas recurridas, adoptar y ejecutar todas las acciones y medidas pertinentes dentro del ámbito de la esfera de sus competencias, para que en el plazo de UN AÑO, contado a partir de la comunicación de esta resolución, coordinen entre sí, tomen las medidas necesarias y giren las instrucciones respectivas dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias para que se solucione definitivamente el problema sanitario y ambiental denunciado que afecta las nacientes cercanas al Asentamiento León de Palmira.

XI.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS JINESTA LOBO Y SALAZAR ALVARADO, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado salvan el voto y declaran sin lugar el recurso por las razones siguientes:

1.- DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO Y SU DESARROLLO INFRA CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE UN VASTO ENTRAMADO NORMATIVO. El artículo 50 de la Constitución de 1949, en el año de 1994 (Ley No. 7412 de 3 de junio de 1994) sufrió una reforma parcial para introducir en el, párrafo 2°, como un derecho fundamental expreso y claramente tipificado el que tiene “Toda persona” de gozar “a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho fundamental, antes de la reforma constitucional de 1994, fue ampliamente desarrollado por una jurisprudencia progresista y tuitiva de este Tribunal Constitucional, todo con fundamento en la normativa existente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que propició y estableció las condiciones para la reforma parcial del artículo 50 de la Constitución. Después de la reforma parcial al numeral 50 de la Constitución en 1994, se ha venido desarrollando un denso, amplio y prolijo marco normativo infra constitucional para la protección efectiva del goce y ejercicio del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, habida cuenta que el párrafo 3° dispuso que “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho”; imperativos y obligaciones constitucionales que han llevado al Estado costarricense a establecer un vasto y extenso entramado normativo infra constitucional que se traduce en diversas leyes, reglamentos y decretos ejecutivos, los que se encargan de cuestiones sustantivas y formales para la garantía, tutela y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Adicionalmente, ese ordenamiento jurídico sub constitucional, ha establecido una organización administrativa extensa y compleja para actuar los imperativos y obligaciones constitucionales contenidas en el párrafo 3° del artículo 50 constitucional. Dentro de este bloque o parámetro de legalidad, creado para desarrollar el artículo 50 de la Constitución, destaca la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 4 de octubre de 1995, la que, entre otros extremos, desarrolla y regula temas de primer orden como la participación ciudadana en materia ambiental (Capítulo II), la evaluación del impacto ambiental (Capítulo IV), la protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos (Capítulo V), el ordenamiento territorial y la protección del ambiente (Capítulo VI), las áreas silvestres protegidas (Capítulo VII), los recursos marinos, costeros y humedales (Capítulo VIII), la diversidad biológica (Capítulo IX), los recursos naturales como el aire, agua y suelo (Capítulos XI, XII, XIII), así como los forestales y energéticos (Capítulos X y XIV), la contaminación (artículo XV), la organización administrativa ambiental (XVII) y la creación de un Tribunal Ambiental Administrativo para la tutela, defensa y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Capítulo XXI). También destacan, en ese denso y vasto entramado legislativo, la Ley Forestal, No. 7575 de 5 de febrero de 1996 y sus reformas, la Ley de Protección Fitosanitaria, No. 7664 de 8 de abril de 1997, la Ley de concesión y operación de marinas turísticas, No. 7744 de 19 de diciembre de 1997, la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, No. 7779 de 30 de abril de 1998 y, más recientemente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839 de 24 de junio de 2010. De otra parte, incluso, antes de reformarse parcialmente el artículo 50 de la Constitución, ya existían leyes sectoriales de protección y defensa de ciertos aspectos del medio ambiente, tales como la Ley de Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942 y sus reformas, la Ley General de Salud, No. 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas, la Ley de Salud Animal, No. 6243 de 2 de mayo de 1978, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 de 21 de octubre de 1992 y sus reformas, la Ley de Hidrocarburos, No. 7399 de 3 de mayo de 1994 y la Ley del uso racional de la energía, No. 7447 de 3 de noviembre de 1994. El marco normativo, en el plano infra legal, es aún más nutrido con diversos reglamentos ejecutivos de esas leyes y decretos que regulan la protección, conservación y defensa del medio ambiente. En este nivel jerárquico de protección, a modo de ejemplo, destaca el Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004 que es el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que regula, prolijamente, todas las aristas de los procedimientos de Evaluación del Impacto ambiental de actividades, obras y proyectos, según categorías predefinidas, para prevenir cualquier daño o lesión al ambiente, su revisión y la viabilidad ambiental, su control y seguimiento posterior, denuncias, mecanismos de participación, el responsable ambiental, las garantías de cumplimiento y de funcionamiento y un régimen sancionador. También descuella el Decreto Ejecutivo No. 34136 de 20 de junio de 2007 que es el Reglamento de procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo encargado de conocer y resolver las denuncias por amenaza de infracción o violación efectiva a la legislación tutelar del ambiente y de los recursos naturales y para establecer las indemnizaciones por daños o lesiones a éstos.

2.- NECESIDAD DE DESLINDAR EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE LEGALIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. El denso marco normativo o ordenamiento jurídico infra constitucional que desarrolla y fortalece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado contemplado en el artículo 50 de la Constitución y que procura su garantía, tutela y preservación, obliga a este Tribunal Constitucional a tener que deslindar, en la materia, la órbita del control de constitucionalidad de la esfera del control de legalidad. Tratándose de los mecanismos o de las cuestiones de constitucionalidad, tal y como se denomina el Título IV de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, concepto que comprende a la acción de inconstitucionalidad y la consulta de constitucionalidad –legislativas y judiciales-, la delimitación entre el control de constitucionalidad y de legalidad es clara e inequívoca, por cuanto, sin duda alguna, le compete a este Tribunal Constitucional conocer y resolver tales materias de manera exclusiva y excluyente (artículos 10 de la Constitución, 1°, 2°, inciso b), 73 a 108 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) así, por ejemplo, cuando se aduce que una norma legal o reglamentaria es inconstitucional por quebrantar el artículo 50, sea el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los valores y principios subyacentes en éste. El problema real en la delimitación de sendas esferas de control, surge respecto del recurso o proceso de amparo, por varias razones evidentes que son las siguientes: a) El carácter transversal del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que penetra todas las capas o estratos del ordenamiento jurídico; b) la textura abierta de la normas constitucionales con lo que cualquier agravio puede parecer que tiene naturaleza constitucional y c) la tendencia de utilizar el proceso de amparo como una vía sustitutiva de la jurisdicción ordinaria. Empero, pueden establecerse algunos criterios, con fundamento en el artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que permiten delimitar el proceso de amparo de otros procesos jurisdiccionales ordinarios. Así, cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público –ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional. Lo mismo sucede cuando un poder público ha omitido cumplir con las obligaciones que le impone, en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, el ordenamiento jurídico infra constitucional sea de naturaleza legal o reglamentario. Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional debe conocer y resolver un asunto en el proceso de amparo, únicamente, cuando ningún poder público haya intervenido ejerciendo sus competencias de fiscalización o de autorización y se esté desarrollando una conducta, potencial o actualmente, lesiva del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, adicionalmente, debe tratarse de una violación de ese derecho evidente y manifiesta o fácilmente constatable –sin mayor producción o evacuación de prueba- y, además, debe revestir gran relevancia o trascendencia y ser grave. Si un poder público ha incumplido las obligaciones y deberes que desarrolla el ordenamiento jurídico infra constitucional, el tema tampoco debe ser conocido por la jurisdicción constitucional, por cuanto, además de los mecanismos de denuncia previstos en sede administrativa, la jurisdicción ordinaria, en especial la contencioso-administrativa, tiene competencia suficiente para fiscalizar las omisiones materiales o formales de los entes públicos. Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento –serie concatenada de actuaciones administrativas- y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad, lo mismo si incumple u omite sus obligaciones legales y reglamentarias. El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria. El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente. El proceso de amparo, en definitiva, no puede ser convertido en un proceso ordinario de cognición plena (“ordinariarlo”), por cuanto, se desnaturaliza y pervierte en sus fines y propósitos, de ahí que, cuando un poder público ha intervenido efectuando estudios, avalando u homologando experticias presentadas por las partes interesadas, rendido informes, emitiendo resoluciones administrativas, permisos, licencias o cualquier otro acto administrativo formal o, en general, sustanciando uno o varios procedimientos administrativos, el proceso de amparo no es la vía para fiscalizar tales actuaciones sino el proceso contencioso-administrativo. La intervención administrativa que se logre verificar o comprobar, es determinante para estimar que el asunto se ubica en el plano o nivel, de por sí abstracto y abierto, de la constitucionalidad o en el más denso de la legalidad. Tampoco, este Tribunal Constitucional debe entrar a conocer y resolver el incumplimiento de las obligaciones que impone el marco normativo legal o reglamentario, puesto que, para tal efecto, existen poderosos y eficientes instrumentos en sede administrativa (régimen sancionador, quejas, el Tribunal Ambiental Administrativo) y, en último término, una jurisdicción contencioso-administrativa cuya función es controlar la legalidad de la función administrativa (artículo 49 constitucional), dentro de la que figuran las omisiones legales o reglamentarias, materiales o formales, jurisdicción ordinaria que ahora, con la nueva legislación adjetiva, es más flexible, expedita, célere, plenaria y universal.

3.- COROLARIO. Por lo expuesto, estimamos que el presente recurso de amparo debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad, sin embargo, no habiendo sido así, consideramos que se debe declarar sin lugar, sin pronunciarnos en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en particular, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Por tanto:

Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a Ricardo Rodríguez Barquero, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, a Yamilette Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, María Elena López Núñez, en su condición de Ministra de Salud, Carlos Gerardo Zúñiga Naranjo, en su condición de Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, Alejandro Salas Blanco, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Zarcero, así como a Edgar E. Gutiérrez Espeleta, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, que en el plazo de UN AÑO contado a partir de la comunicación de esta resolución, coordinen, tomen las medidas necesarias y giren las instrucciones respectivas dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, para que se solucione definitivamente el problema sanitario y ambiental denunciado que afecta las nacientes cercanas al Asentamiento León Víctor. Se le advierte a Ricardo Rodríguez Barquero, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, a Yamilette Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, María Elena López Núñez, en su condición de Ministra de Salud, Carlos Gerardo Zúñiga Naranjo, en su condición de Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, Alejandro Salas Blanco, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Zarcero, así como a Edgar E. Gutiérrez Espeleta, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos que, de no acatar la orden dicha incurrirán en el delito de desobediencia y que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al Instituto de Desarrollo Rural, y a la Municipalidad de Zarcero, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese en forma personal esta resolución a Ricardo Rodríguez Barquero, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, a Yamilette Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, María Elena López Núñez, en su condición de Ministra de Salud, Carlos Gerardo Zúñiga Naranjo, en su condición de Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, Alejandro Salas Blanco, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Zarcero, así como a Edgar E. Gutiérrez Espeleta, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado salvan el voto y declaran sin lugar el recurso.

Ernesto Jinesta L.

Presidente a.i Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Aracelly Pacheco S.

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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    • Water Law — Sources, Setbacks, and ConcessionsLey de Aguas — Fuentes, Retiros y Concesiones
    • Article 50 — Right to a Healthy EnvironmentArtículo 50 — Derecho a un Ambiente Sano

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Constitución Política Art. 50
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