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Res. 01487-2015 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 03/02/2015
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo and ordered the respondent authorities to coordinate and adopt measures within one year to resolve the health and environmental problem at the springs near the León Víctor settlement.La Sala declaró con lugar el amparo y ordenó a las autoridades recurridas coordinar y adoptar medidas en un año para solucionar el problema sanitario y ambiental en las nacientes cercanas al asentamiento León Víctor.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo filed by two rural water associations (ASADAS) against several public entities, alleging that the León Víctor de Palmira settlement, adjudicated by the Rural Development Institute in 1994, threatens water sources that supply hundreds of people. Although since 2010 the proximity of crops (35 meters from intakes) and contamination risk were documented, the authorities failed to coordinate effective measures to protect the springs. The Chamber found total inter-administrative lack of coordination and inertia in exercising competencies. It recalled that protection does not depend solely on fixed distances (Art. 33 Forestry Law or Art. 31 Water Law), but on the precautionary principle and the State’s duty to guarantee a healthy environment (Art. 50 Constitution). It granted the amparo and ordered all respondent entities to coordinate and adopt necessary measures within one year to definitively resolve the health and environmental problem. The dissenting vote of Justices Jinesta and Salazar considered that the amparo should have been rejected as a matter of legality, not constitutionality, given that multiple public authorities had already intervened.La Sala Constitucional conoció un amparo interpuesto por dos asociaciones administradoras de acueductos rurales (ASADAS) contra múltiples entidades públicas, alegando que el asentamiento León Víctor de Palmira, adjudicado por el Instituto de Desarrollo Rural en 1994, amenaza las fuentes de agua que abastecen a cientos de personas. A pesar de que desde 2010 se documentó la cercanía de cultivos (a 35 metros de las captaciones) y el riesgo de contaminación, las autoridades no coordinaron acciones efectivas para proteger las nacientes. La Sala comprobó una total descoordinación interadministrativa e inercia en el ejercicio de competencias. Recordó que la protección no depende exclusivamente de distancias fijas (art. 33 Ley Forestal o art. 31 Ley de Aguas), sino del principio precautorio y del deber estatal de garantizar un ambiente sano (art. 50 CP). Declaró con lugar el recurso y ordenó a todas las entidades recurridas que, en el plazo de un año, coordinaran y adoptaran medidas necesarias para solucionar definitivamente el problema sanitario y ambiental. El voto salvado de los magistrados Jinesta y Salazar estimó que el amparo debió rechazarse por tratarse de una cuestión de legalidad, no de constitucionalidad, al haber intervenido ya múltiples poderes públicos.
Key excerptExtracto clave
VI.- […] even though the respondent authorities were fully aware of the threat to the health of local residents and to the right to a healthy environment, due to the settlement’s proximity to water supply sources, they have taken no action to remedy the situation. Indeed, the Administration is obligated to take the necessary measures to preserve the health of residents and the environment, especially water resources, and it is therefore its duty to protect the area near the springs in order to avoid potential contamination from crop planting or blackwater discharge, based on the necessary technical studies that define that protection zone. However, it exceeds this Court’s competence to determine what dimensions the protection area should have in relation to the water spring, but it does warn that the respective studies must be made or updated immediately to accurately establish the protection area and the public or private lands affected. After so many years, it is unacceptable that the respondent administrations have not coordinated activities and carried out the corresponding acts to establish measures for the protection of supply sources, such as a topographical survey of the springs and delineation of capture zones, mapping of contaminant loads that could compromise the resource’s quality and endanger public health, among others. Furthermore, the protection of the spring does not depend exclusively on the ritual application of such distance; rather, the State must protect the environment by giving express content to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, making its intervention necessary on the factors that could alter its balance.VI.- […] pese a que las autoridades recurridas han tenido pleno conocimiento de la amenaza que existe para la salud de los habitantes de la zona y la amenaza al derecho a un ambiente sano, en razón de la cercanía del Asentamiento con las fuentes de abastecimiento de agua, las partes recurridas no han realizado acto alguno para remediar la situación. Efectivamente, la Administración se encuentra en la obligación de tomar las medidas necesarias para preservar la salud de los habitantes y el ambiente, especialmente el recurso hídrico, por lo que es su deber proteger el área cercana de las nacientes con el propósito de evitar una posible contaminación a causa de la siembras de cultivos o el desfogüe de aguas negras, con fundamento en los estudios técnicos necesarios que delimiten dicha zona de protección. No obstante, excede la competencia de este Tribunal determinar qué dimensión debe tener el área de protección con relación a la naciente de agua, pero sí advierte que de forma inmediata se debe hacer o actualizar los estudios respectivos que establezcan con precisión el área de protección, los terrenos públicos o privados que la afecten. No es posible que luego de tantos años, las administraciones recurridas no hayan coordinado las actividades y ejecutados los actos correspondientes para establecer las medidas para la protección de las fuentes de abastecimiento, tales como un levantamiento topográfico de las nacientes y delimitación de zonas de captura, mapeo de cargas contaminantes que pueden comprometer la calidad del recurso y ser un peligro para la salud de la población, entre otras. Además, la protección de la naciente no depende, exclusivamente, de la aplicación ritual de tal distancia sino que el Estado debe proteger el ambiente dando contenido expreso al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que hace necesaria su intervención sobre los factores que pueden alterar su equilibrio.
Pull quotesCitas destacadas
"La protección de la naciente no depende, exclusivamente, de la aplicación ritual de tal distancia sino que el Estado debe proteger el ambiente dando contenido expreso al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que hace necesaria su intervención sobre los factores que pueden alterar su equilibrio."
"The protection of the spring does not depend exclusively on the ritual application of such distance; rather, the State must protect the environment by giving express content to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, making its intervention necessary on the factors that could alter its balance."
Considerando VI
"La protección de la naciente no depende, exclusivamente, de la aplicación ritual de tal distancia sino que el Estado debe proteger el ambiente dando contenido expreso al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que hace necesaria su intervención sobre los factores que pueden alterar su equilibrio."
Considerando VI
"No es posible que luego de tantos años, las administraciones recurridas no hayan coordinado las actividades y ejecutados los actos correspondientes para establecer las medidas para la protección de las fuentes de abastecimiento."
"After so many years, it is unacceptable that the respondent administrations have not coordinated activities and carried out the corresponding acts to establish measures for the protection of supply sources."
Considerando VI
"No es posible que luego de tantos años, las administraciones recurridas no hayan coordinado las actividades y ejecutados los actos correspondientes para establecer las medidas para la protección de las fuentes de abastecimiento."
Considerando VI
"En materia de protección ambiental y la salud, el deber para la Administración de impartir una justicia administrativa pronta y cumplida se encuentra reforzada, dada la tutela constitucional al ambiente establecida en los artículos 21 y 50 de la Carta Magna."
"In matters of environmental and health protection, the Administration’s duty to provide prompt and complete administrative justice is reinforced, given the constitutional protection of the environment established in Articles 21 and 50 of the Constitution."
Considerando VIII
"En materia de protección ambiental y la salud, el deber para la Administración de impartir una justicia administrativa pronta y cumplida se encuentra reforzada, dada la tutela constitucional al ambiente establecida en los artículos 21 y 50 de la Carta Magna."
Considerando VIII
"El principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas."
"The guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible impact on the environment or people’s health."
Considerando VI
"El principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas."
Considerando VI
Full documentDocumento completo
RULING No. 01487 - 2015 Date of Ruling: February 3, 2015, at 14:30 Case File: 14-018855-0007-CO Type of matter: Amparo action Constitutional control: Upholding judgment Judgment with Dissenting Vote Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 050- Environment Subtopics:
NOT APPLICABLE.
Despite the fact that the respondent authorities have had full knowledge of the threat to the health of the inhabitants of the area and the threat to the right to a healthy environment, by reason of the proximity of the Settlement (Asentamiento) to the water supply sources, the respondent parties have not taken any action to remedy the situation. Indeed, the Administration is obligated to take the necessary measures to preserve the health of the inhabitants and the environment, especially the water resource, and it is therefore its duty to protect the area close to the springs (nacientes) for the purpose of preventing possible contamination from crop planting or the discharge of sewage (aguas negras), based on the necessary technical studies that delimit said protection zone. However, it exceeds the jurisdiction of this Court to determine what dimension the protection area should have in relation to the water springs (naciente de agua), but it does warn that the respective studies must be immediately carried out or updated to precisely establish the protection area and the public or private lands that affect it.
It is not possible that after so many years, the respondent administrations have not coordinated activities and executed the corresponding acts to establish measures for the protection of the supply sources, such as a topographic survey of the springs (nacientes) and delimitation of catchment zones, mapping of contaminant loads that may compromise the quality of the resource and pose a danger to the health of the population, among others. Furthermore, the protection of the springs (naciente) does not depend exclusively on the ritualistic application of such a distance; rather, the State must protect the environment by giving express content to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, which necessitates its intervention on the factors that can alter its balance." RULING 1487-15 ... See more Content of Interest:
Strategic Topics: Human Rights, Environmental, Political Constitution Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
WATERS.
ACTIONS ARE ORDERED IN THE PROTECTION ZONE OF WATER SPRINGS ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
WATERS.
"Parallel to this, it must be remembered that in matters of environmental protection and health, the duty of the Administration to provide prompt and complete administrative justice is reinforced, given the constitutional protection of the environment established in Articles 21 and 50 of the Magna Carta." ... See more Citations of Legislation and Doctrine Case File: 14-018855-0007-CO Rul. No. 2015001487 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fourteen hours and thirty minutes on February third, two thousand fifteen.
Amparo action processed under case file number 14-018855-0007-CO, filed by GERARDO ALBERTO SALAZAR QUESADA, identity card number 0204480815, ULISES JACOB DEL ROSARIO VALENCIANO SOLIS, identity card number 0204410395, on behalf of ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DE LAGUNA, legal identification number 3002297484, and ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DE PALMIRA, legal identification number 3002295453, against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, MINISTERIO DE SALUD, SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y AVENAMIENTO, and the MUNICIPALIDAD DE ZARCERO.-
Whereas:
Drafted by Judge Castillo Víquez; and,
Considering:
I.Purpose of the action.- The petitioners claim that the Instituto de Desarrollo Rural delivered the parcels (parcelas) of the León Víctor settlement (asentamiento) of Palmira de Alfaro Ruiz to be cultivated and did not take into consideration the proximity to water sources, and that to date, the respondent authorities have not taken any action to recover said lands, which injures the right to the environment and health.
II.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
CO-DARS-Z-024-2015, issued on January 14, 2015 to the Directorate of the Rector Area of Health of Zarcero, the case has been under study since 2010, for alleged contamination of water springs (nacientes), originating from various agricultural zones of the El León de Palmira Settlement (Asentamiento) (according to evidence provided by the respondent authority).
IV.On the merits.- Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) declares among the protection areas, those bordering permanent springs, defined in a radius of one hundred meters measured horizontally. Hence, said norm is the basic one that regulates the use and possible exploitation of lands bordering lands near water sources, which governs both for the public entities that administer it and for private parties. Added to the above, the Water Law (Ley de Aguas) indicates the duty of public authorities to protect said zones, by the means within their reach.
V.In the case under study, the Chamber has proven that, since April 25, 1994, the Board of Directors of the respondent Institute authorized the adjudication, segregation, and transfer of parcels in the El León de Palmira settlement, its inhabitants having dedicated themselves in a high percentage to vegetable production, and to a lesser scale, flower planting and livestock production. To date, said lands are private property, since the limitations of Article 67 of Law 2825 are expired. At the same time, since 2010, SENARA verified that there are water springs near the cited Settlement, which supply the towns of Palmira and Laguna, and that there is a danger of contamination, due to the existence of agricultural activities, coupled with the topographical conditions causing surface runoff waters to reach the springs directly. In both reports, namely one from 2010 and the other from 2012, SENARA located the parcels and lands that are within the recharge zones of the springs and verified that the activities of the parcel holders are developed at less than thirty meters, within the recharge zone and within the protection area for public supply sources, given that the provision of Article 31 of the Water Law is two hundred meters.
VI.By virtue of the filing of this amparo appeal, officials from the Ministry of Environment and Energy inspected the denounced site and did not observe specific contamination from any type of discharge into the sources, but they did verify the disregard for the protection zone of the source, for population use, because there are crops located at an approximate distance of thirty-five meters from the intake site. From the foregoing, it is deduced that even though the respondent authorities have had full knowledge of the threat to the health of the area's inhabitants and the threat to the right to a healthy environment, due to the proximity of the Settlement to the water supply sources, the respondent parties have not taken any action to remedy the situation. Indeed, the Administration is obligated to take the necessary measures to preserve the health of the inhabitants and the environment, especially the water resource, so it is its duty to protect the area near the springs for the purpose of preventing possible contamination from crop planting or the discharge of black water, based on the necessary technical studies that delimit said protection zone.
However, it exceeds the competence of this Court to determine what dimension the protection area must have in relation to the water spring, but it does warn that the respective studies must immediately be done or updated to precisely establish the protection area, and the public or private lands affecting it. It is not possible that after so many years, the respondent administrations have not coordinated activities and executed the corresponding acts to establish measures for the protection of the supply sources, such as a topographic survey of the springs and delimitation of catchment zones, mapping of pollutant loads that may compromise the quality of the resource and be a danger to the health of the population, among others. Furthermore, the protection of the spring does not depend, exclusively, on the ritual application of such distance but the State must protect the environment by giving express content to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, which makes its intervention necessary on the factors that may alter its balance.
In this regard, in ruling number 1250-99 of 11:24 a.m. on February 19, 1999 (reiterated in Votos Nos. 9773-00 of 9:44 a.m. on November 3, 2000, 1711-01 of 4:32 p.m. on February 27, 2001, and 6322-03 of 2:14 p.m. on July 3, 2003), this Court considered the following: “(...) Prevention aims to anticipate negative effects, and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage –or any doubt in this regard–, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing because in environmental matters, posterior coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment.” In ruling number 3480-03 of 2:02 p.m. on May 2, 2003, the Chamber ordered that “(...) Well understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment (...)”
VII.Evidently, in the *sub lite* what has been said by the respondent authorities reveals a total inter-administrative lack of coordination and inertia in the exercise of the competencies assigned by the Political Constitution and the law for the protection of springs, since to date, no concrete action has been determined by the Local Government, the Ministry of Health, ICAA, MINAET, or the Interinstitutional Commission created for this purpose, to solve this problem. It draws the Chamber's attention that the Municipality of Zarcero alleged that they identified the springs and included them in the Municipality's Geographic System; the Minister of Health justified that since 2010, they have led the Interinstitutional Commission created for this purpose, but since the end of that year, no action has been recorded; ICCA indicated that it is not competent for the solution of the problem, which is not correct, since one of the most relevant public services is the supply of potable water, for which the State must guarantee the purity of the liquid for human consumption, as well as its continuity of supply, in order to protect the integrity of users.
Let it be recalled that Article 2 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) empowers AyA to agree with community organizations for the administration of aqueduct and sewer systems, this because the respondent Institute, as the governing body in the matter, is responsible for all matters relating to the operation, maintenance, administration, and development of the systems necessary for supplying water to the populations. At this juncture, the important thing is to reiterate that the respondent authorities have harmed the precautionary principle –which seeks to prevent or suspend any activity that may negatively affect said management– and the threat to the right to health of the area's inhabitants.
VIII.Conclusion.- From the foregoing, it is concluded that it cannot be accepted that human beings are denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the incapacity of the corresponding public authorities to address complaints within a reasonable time and effectively exercise the powers of surveillance and the solution to problems granted by law. Thus, under the excuse of complexity, the Administration cannot shield itself to give rise to excessively long procedures, through which the right of the administered to obtain a prompt response, to obtain swift and effective administrative justice, is tacitly denied. Parallel to this, it must be remembered that in matters of environmental protection and health, the Administration's duty to impart prompt and complete administrative justice is reinforced, given the constitutional protection of the environment established in Articles 21 and 50 of the Magna Carta.
Consequently, in the case under study, the respondent parties have been clearly insufficient, thus incurring liability by omission in the exercise of those powers. As a corollary of the foregoing, it is imperative to declare the appeal WITH MERIT and order the respondent public authorities to adopt and execute all pertinent actions and measures within the sphere of their competencies, so that within a period of ONE YEAR, counted from the notification of this resolution, they coordinate with each other, take the necessary measures, and issue the respective instructions within the scope of their powers and competencies so that the denounced sanitary and environmental problem affecting the springs near the León de Palmira Settlement is definitively resolved.
Judges Jinesta Lobo and Salazar Alvarado dissent and declare the appeal without merit for the following reasons:
Therefore:
The appeal is declared WITH MERIT. Ricardo Rodríguez Barquero, in his capacity as Executive President of the Rural Development Institute, Yamilette Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, María Elena López Núñez, in her capacity as Minister of Health, Carlos Gerardo Zúñiga Naranjo, in his capacity as General Manager of the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento), Alejandro Salas Blanco, in his capacity as Mayor of the Municipality of Zarcero, as well as Edgar E. Gutiérrez Espeleta, in his capacity as Minister of Environment and Energy, or whoever holds those positions in their stead, are ordered to, within a period of ONE YEAR counted from the notification of this resolution, coordinate, take the necessary measures, and issue the respective instructions within the scope of their powers and competencies, so that the denounced sanitary and environmental problem affecting the springs near the León Víctor Settlement is definitively resolved.
Ricardo Rodríguez Barquero, in his capacity as Executive President of the Rural Development Institute, Yamilette Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, María Elena López Núñez, in her capacity as Minister of Health, Carlos Gerardo Zúñiga Naranjo, in his capacity as General Manager of the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage, Alejandro Salas Blanco, in his capacity as Mayor of the Municipality of Zarcero, as well as Edgar E. Gutiérrez Espeleta, in his capacity as Minister of Environment and Energy, or whoever holds those positions in their stead, are warned that, should they fail to comply with said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a sentence of three months to two years of imprisonment or twenty to sixty days' fine shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished.
The State, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Rural Development Institute, and the Municipality of Zarcero are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts forming the basis of this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Let this resolution be personally notified to Ricardo Rodríguez Barquero, in his capacity as Executive President of the Rural Development Institute, Yamilette Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, María Elena López Núñez, in her capacity as Minister of Health, Carlos Gerardo Zúñiga Naranjo, in his capacity as General Manager of the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage, Alejandro Salas Blanco, in his capacity as Mayor of the Municipality of Zarcero, as well as to Edgar E. Gutiérrez Espeleta, in his capacity as Minister of Environment and Energy, or whoever holds those positions in their stead. Judges Jinesta Lobo and Salazar Alvarado dissent and declare the appeal without merit.
\t \t \t Ernesto Jinesta L.
Acting President \t \t \t Fernando Cruz C.
\t \t Fernando Castillo V.
\t \t Paul Rueda L.
\t \t Nancy Hernández L.
\t \t Luis Fdo. Salazar A.
\t \t Aracelly Pacheco S.
Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch.
Prohibited its reproduction and/or distribution for profit.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 05:38:04.
Control constitucional: Sentencia estimatoria Sentencia con Voto Salvado Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 050- Ambiente Subtemas:
NO APLICA.
Pese a que las autoridades recurridas han tenido pleno conocimiento de la amenaza que existe para la salud de los habitantes de la zona y la amenaza al derecho a un ambiente sano, en razón de la cercanía del Asentamiento con las fuentes de abastecimiento de agua, las partes recurridas no han realizado acto alguno para remediar la situación. Efectivamente, la Administración se encuentra en la obligación de tomar las medidas necesarias para preservar la salud de los habitantes y el ambiente, especialmente el recurso hídrico, por lo que es su deber proteger el área cercana de las nacientes con el propósito de evitar una posible contaminación a causa de la siembras de cultivos o el desfogue de aguas negras, con fundamento en los estudios técnicos necesarios que delimiten dicha zona de protección. No obstante, excede la competencia de este Tribunal determinar qué dimensión debe tener el área de protección con relación a la naciente de agua, pero sí advierte que de forma inmediata se debe hacer o actualizar los estudios respectivos que establezcan con precisión el área de protección, los terrenos públicos o privados que la afecten.
No es posible que luego de tantos años, las administraciones recurridas no hayan coordinado las actividades y ejecutados los actos correspondientes para establecer las medidas para la protección de las fuentes de abastecimiento, tales como un levantamiento topográfico de las nacientes y delimitación de zonas de captura, mapeo de cargas contaminantes que pueden comprometer la calidad del recurso y ser un peligro para la salud de la población, entre otras. Además, la protección de la naciente no depende, exclusivamente, de la aplicación ritual de tal distancia sino que el Estado debe proteger el ambiente dando contenido expreso al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que hace necesaria su intervención sobre los factores que pueden alterar su equilibrio”. SENTENCIA 1487-15 ... Ver más Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Derechos Humanos,Ambiental,Constitución Política Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
AGUAS.
SE ORDENA TOMAR ACCIONES EN ZONA DE PROTECCIÓN DE NACIENTES DE AGUA ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
AGUAS.
"Paralelamente a esto, debe recordarse que en materia de protección ambiental y la salud, el deber para la Administración de impartir una justicia administrativa pronta y cumplida se encuentra reforzada, dada la tutela constitucional al ambiente establecida en los artículos 21 y 50 de la Carta Magna." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta minutos del tres de febrero de dos mil quince.
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 14-018855-0007-CO, interpuesto por GERARDO ALBERTO SALAZAR QUESADA, cédula de identidad 0204480815, ULISES JACOB DEL ROSARIO VALENCIANO SOLIS, cédula de identidad 0204410395, a favor de ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DE LAGUNA, cédula jurídica 3002297484 y la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DE PALMIRA, cédula jurídica 3002295453, contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, MINISTERIO DE SALUD, SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y AVENAMIENTO y la MUNICIPALIDAD DE ZARCERO.-
Resultando:
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso.- Los recurrentes alegan que el Instituto de Desarrollo Rural entregó las parcelas del asentamiento León Víctor de Palmira de Alfaro Ruiz para ser cultivadas y no tomó en consideración la cercanía con fuentes de agua, siendo que a la fecha, las autoridades recurridas no han realizado acto alguno para recuperar dichas tierras, lo cual lesiona el derecho al ambiente y a la salud.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
IV.Sobre el fondo.- El artículo 33, de la Ley Forestal, declara entre las áreas de protección, las que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. De allí que dicha norma, es la básica que regula el uso y posible aprovechamiento de los terrenos que bordean los terrenos cercanos a las fuentes de agua, lo que rige tanto para los entes públicos que lo administran como para los particulares. A lo anterior, se suma la Ley de Aguas que señala, el deber de las autoridades públicas de proteger dichas zonas, por los medios que tengan a su alcance.
V.En el caso bajo estudio, la Sala tiene por demostrado, que desde el 25 de abril de 1994, la Junta Directiva del Instituto recurrido autorizó la adjudicación, segregación y traspaso de parcelas en el asentamiento El León de Palmira, siendo que sus habitantes se han dedicado a la producción de hortalizas en un alto porcentaje, en menor escala la siembra de flores y producción pecuaria. A la fecha, dichos terrenos son propiedad privada, pues las limitaciones del artículo 67, de la ley 2825, se encuentran vencidas. A su vez, desde el año 2010, el SENARA verificó que existen nacientes de agua cerca del citado Asentamiento, las que abastece a los poblados de Palmira y Laguna y que hay peligro de contaminación, por la existencia de actividades agropecuarias, aunado que las condiciones topográficas provocan que las aguas de escorrentería, lleguen directamente a las nacientes. En ambos informes, a saber uno del 2010 y el otro del 2012, el SENARA ubicó las parcelas y terrenos que se encuentran dentro de las zonas de recarga de las nacientes y verificaron que las actividades de los parceleros se desarrollan a menos de treinta metros, dentro la zona de recarga y dentro del área de protección a fuentes de abastecimiento público, siendo que lo dispuesto por el artículo 31, de la Ley de Aguas, es doscientos metros.
VI.En virtud de la interposición del presente recurso de amparo, funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía inspeccionaron el sitio denunciado y no observaron una contaminación puntual de algún tipo de vertido a las fuentes, pero si constataron el irrespeto a la zona de protección de la fuente, para uso poblacional, por cuanto existen cultivos ubicados a una distancia aproximada de treinta y cinco metros del sitio de captación. De lo anterior, se deduce que pese a que las autoridades recurridas han tenido pleno conocimiento de la amenaza que existe para la salud de los habitantes de la zona y la amenaza al derecho a un ambiente sano, en razón de la cercanía del Asentamiento con las fuentes de abastecimiento de agua, las partes recurridas no han realizado acto alguno para remediar la situación. Efectivamente, la Administración se encuentra en la obligación de tomar las medidas necesarias para preservar la salud de los habitantes y el ambiente, especialmente el recurso hídrico, por lo que es su deber proteger el área cercana de las nacientes con el propósito de evitar una posible contaminación a causa de la siembras de cultivos o el desfogüe de aguas negras, con fundamento en los estudios técnicos necesarios que delimiten dicha zona de protección.
No obstante, excede la competencia de este Tribunal determinar qué dimensión debe tener el área de protección con relación a la naciente de agua, pero sí advierte que de forma inmediata se debe hacer o actualizar los estudios respectivos que establezcan con precisión el área de protección, los terrenos públicos o privados que la afecten. No es posible que luego de tantos años, las administraciones recurridas no hayan coordinado las actividades y ejecutados los actos correspondientes para establecer las medidas para la protección de las fuentes de abastecimiento, tales como un levantamiento topográfico de las nacientes y delimitación de zonas de captura, mapeo de cargas contaminantes que pueden comprometer la calidad del recurso y ser un peligro para la salud de la población, entre otras. Además, la protección de la naciente no depende, exclusivamente, de la aplicación ritual de tal distancia sino que el Estado debe proteger el ambiente dando contenido expreso al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que hace necesaria su intervención sobre los factores que pueden alterar su equilibrio.
Al respecto, en la sentencia número 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003), este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente".
En la sentencia número 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, la Sala dispuso que “(...) Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente (...)”
VII.Evidentemente, en el sublite de lo dicho por las autoridades recurridas revelan una total descoordinación inter- administrativa e inercia en el ejercicio de la competencias asignadas por la Constitución Política y la ley para la protección de las nacientes, pues a la fecha, no se ha determinado por parte del Gobierno Local ni el Ministerio de Salud, ni el ICAA, ni el MINAET, ni la Comisión Interinstitucional creada al efecto, ninguna actuación concreta para solucionar este problema. Llama la atención a la Sala, que la Municipalidad de Zarcero alegó que identificaron las nacientes y las incluyeron en el Sistema Geográfica de la Municipalidad, la Ministra de Salud justificó que desde el 2010, lideran la Comisión Intersintitucional creada al efecto, pero desde finales de ese año no consta ninguna actuación; el ICCA señaló que no es competente para la solución del problema, lo cual no lleva razón, pues uno de los servicios públicos de mayor relevancia es el del suministro de agua potable, por lo que el Estado debe garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, con el fin de proteger la integridad de los usuarios. recuérdese que el artículo 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, faculta al AyA para convenir con organismos comunales la administración de sistemas de acueductos y alcantarillados, ello por cuanto el Instituto recurrido, como ente rector en la materia, es el responsable de todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de los sistemas necesarios para el suministro de agua a las poblaciones.
A la sazón, lo importantes es retiterar que las autoridades recurridas, han lesionado el principio precautorio -que pretende evitar o suspender cualquier actividad que pueda incidir negativamente en dicha gestión y la amenaza al derecho a la salud de los habitantes de la zona.
VIII.Conclusión.- De lo expuesto, se concluye que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para atender las denuncias dentro de un tiempo razonable y ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. Así las cosas, bajo la excusa de la complejidad, la Administración no puede tampoco escudarse para dar pie a procedimientos exageradamente largos, con los cuales se niegue tácitamente el derecho de los administrados a obtener una respuesta pronta, a obtener una justicia administrativa célere y efectiva. Paralelamente a esto, debe recordarse que en materia de protección ambiental y la salud, el deber para la Administración de impartir una justicia administrativa pronta y cumplida se encuentra reforzada, dada la tutela constitucional al ambiente establecida en los artículos 21 y 50 de la Carta Magna.
En consecuencia, en el caso bajo estudio, las partes recurridas han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades. Como corolario de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso y ordenar a las autoridades públicas recurridas, adoptar y ejecutar todas las acciones y medidas pertinentes dentro del ámbito de la esfera de sus competencias, para que en el plazo de UN AÑO, contado a partir de la comunicación de esta resolución, coordinen entre sí, tomen las medidas necesarias y giren las instrucciones respectivas dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias para que se solucione definitivamente el problema sanitario y ambiental denunciado que afecta las nacientes cercanas al Asentamiento León de Palmira.
Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado salvan el voto y declaran sin lugar el recurso por las razones siguientes:
Por tanto:
Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a Ricardo Rodríguez Barquero, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, a Yamilette Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, María Elena López Núñez, en su condición de Ministra de Salud, Carlos Gerardo Zúñiga Naranjo, en su condición de Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, Alejandro Salas Blanco, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Zarcero, así como a Edgar E. Gutiérrez Espeleta, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, que en el plazo de UN AÑO contado a partir de la comunicación de esta resolución, coordinen, tomen las medidas necesarias y giren las instrucciones respectivas dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, para que se solucione definitivamente el problema sanitario y ambiental denunciado que afecta las nacientes cercanas al Asentamiento León Víctor.
Se le advierte a Ricardo Rodríguez Barquero, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, a Yamilette Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, María Elena López Núñez, en su condición de Ministra de Salud, Carlos Gerardo Zúñiga Naranjo, en su condición de Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, Alejandro Salas Blanco, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Zarcero, así como a Edgar E. Gutiérrez Espeleta, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos que, de no acatar la orden dicha incurrirán en el delito de desobediencia y que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al Instituto de Desarrollo Rural, y a la Municipalidad de Zarcero, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese en forma personal esta resolución a Ricardo Rodríguez Barquero, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, a Yamilette Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, María Elena López Núñez, en su condición de Ministra de Salud, Carlos Gerardo Zúñiga Naranjo, en su condición de Gerente General del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, Alejandro Salas Blanco, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Zarcero, así como a Edgar E. Gutiérrez Espeleta, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado salvan el voto y declaran sin lugar el recurso.
Ernesto Jinesta L.
Presidente a.i Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Aracelly Pacheco S.
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