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Res. 14922-2015 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 23/09/2015

Habeas corpus regarding detention during investigation for land usurpation and environmental damage in SarapiquíHábeas corpus sobre detención durante investigación por usurpación y daño ambiental en Sarapiquí

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Constitutional Chamber dismisses the habeas corpus appeal, holding that the detentions were lawful and proportional to prevent further environmental damage during a usurpation investigation.La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de hábeas corpus, considerando que las detenciones fueron legítimas y proporcionales para prevenir un mayor daño ambiental durante una investigación por usurpación.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviews a habeas corpus petition filed by families occupying the El Montero Settlement in Horquetas de Sarapiquí, who claimed arbitrary detentions and lack of due process during a criminal investigation for land usurpation. They alleged being detained without a judicial order and without timely access to legal counsel. The respondent authorities justified the detentions as part of an investigation into the invasion of private property voluntarily placed under a forestry conservation regime, where illegal logging, clearing of primary forest, and construction of shacks with timber from the forest were verified. The Chamber finds that the detentions were carried out peacefully, without force, and within the legal framework, aiming to prevent further environmental damage and to request precautionary measures. It holds that the principles of necessity, suitability, and proportionality were respected, and that the petitioners had legal representation; thus, the appeal is dismissed.La Sala Constitucional analiza un recurso de hábeas corpus presentado por un grupo de familias que ocupaban el Asentamiento El Montero en Horquetas de Sarapiquí, quienes alegaban detenciones arbitrarias y falta de garantías durante una investigación penal por usurpación. Los recurrentes señalaron que fueron detenidos sin orden judicial y sin acceso oportuno a abogado. Las autoridades recurridas justificaron las detenciones como parte de una investigación por la invasión de una propiedad privada sometida a régimen forestal voluntario, donde se constató tala ilegal, socola de bosque primario y la construcción de ranchos con madera extraída del bosque. La Sala concluye que las detenciones se realizaron de forma pacífica, sin uso de fuerza, y dentro del marco legal, con el fin de evitar un mayor daño ambiental y solicitar medidas cautelares. Considera que se respetaron los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, y que los recurrentes contaron con asistencia letrada, por lo que declara sin lugar el recurso.

Key excerptExtracto clave

As a result, given the evident and assessed environmental damage occurring, and the possibility that the accused would continue their actions due to the clear disrespect shown by them toward legal assets and the environment, the respondents deemed it necessary to detain the persons engaged in disruptive and illegitimate acts and to request a precautionary measure from the Criminal Judge, so that the environment would not suffer more serious harm; accordingly, the accused were detained peacefully on the spot. Regarding the actions of the respondents, it is considered that their conduct was in accordance with the law and the Political Constitution, that the petitioners who were at the disposal of the judicial authority were kept in detention in full respect of legal deadlines, and as can be seen from the record, the detention of the accused was in fact carried out in accordance with the principles of necessity, suitability, and proportionality, since based on the facts under investigation, the Public Prosecutor's Office verified that there were elements of conviction to consider the accused as probable perpetrators of an offense and that there were grounds to request precautionary measures, as it was necessary to bring them before the judicial authority to prevent the investigated conduct from continuing and to ensure that the victims' property would not be invaded by more people, making the situation unmanageable; thus, their fundamental rights are not considered violated.En virtud de ello, y al evidenciarse y valorarse el daño ambiental que se estaba dando, así como la posibilidad de que continuara el actuar de los imputados, por notarse el irrespeto de las personas imputadas, hacia los bienes jurídicos y el medio ambiente, los recurridos estimaron que era necesario presentar a las persona que se encontraban haciendo actos perturbadores e ilegítimos en calidad de detenidos y solicitar una medida cautelar al Juez Penal, con la finalidad de que el medio ambiente no sufriera un daño más grave, por lo que en el acto, se detuvieron de manera pacífica a los imputados. En lo que a la actividad desplegada por los recurridos se considera que su actuación fue acorde con la ley y la Constitución Política, que los tutelados que estuvieron a la orden de la autoridad judicial, se les mantuvo detenidos en total respeto de los plazos de ley y como se puede apreciar de los autos la detención de los imputados en realidad se dio apegada a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, pues en razón de los hechos que se venían investigando el Ministerio Público verificó que existían elementos de convicción para tener a los imputados como probables autores de un ilícito y que existían causales para solicitar medidas cautelares, pues era necesario presentarles ante la autoridad judicial con el fin de evitar que la conducta investigada continuara, así como asegurar que el inmueble de los ofendidos no fuera invadido por más personas y se hiciera insostenible el abordaje del caos, no se tiene por lesionados sus derechos fundamentales.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En virtud de ello, y al evidenciarse y valorarse el daño ambiental que se estaba dando, así como la posibilidad de que continuara el actuar de los imputados, por notarse el irrespeto de las personas imputadas, hacia los bienes jurídicos y el medio ambiente, los recurridos estimaron que era necesario presentar a las persona que se encontraban haciendo actos perturbadores e ilegítimos en calidad de detenidos y solicitar una medida cautelar al Juez Penal, con la finalidad de que el medio ambiente no sufriera un daño más grave, por lo que en el acto, se detuvieron de manera pacífica a los imputados."

    "As a result, given the evident and assessed environmental damage occurring, and the possibility that the accused would continue their actions due to the clear disrespect shown by them toward legal assets and the environment, the respondents deemed it necessary to detain the persons engaged in disruptive and illegitimate acts and to request a precautionary measure from the Criminal Judge, so that the environment would not suffer more serious harm; accordingly, the accused were detained peacefully on the spot."

    Considerando II

  • "En virtud de ello, y al evidenciarse y valorarse el daño ambiental que se estaba dando, así como la posibilidad de que continuara el actuar de los imputados, por notarse el irrespeto de las personas imputadas, hacia los bienes jurídicos y el medio ambiente, los recurridos estimaron que era necesario presentar a las persona que se encontraban haciendo actos perturbadores e ilegítimos en calidad de detenidos y solicitar una medida cautelar al Juez Penal, con la finalidad de que el medio ambiente no sufriera un daño más grave, por lo que en el acto, se detuvieron de manera pacífica a los imputados."

    Considerando II

  • "la detención de los imputados en realidad se dio apegada a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, pues en razón de los hechos que se venían investigando el Ministerio Público verificó que existían elementos de convicción para tener a los imputados como probables autores de un ilícito y que existían causales para solicitar medidas cautelares, pues era necesario presentarles ante la autoridad judicial con el fin de evitar que la conducta investigada continuara, así como asegurar que el inmueble de los ofendidos no fuera invadido por más personas y se hiciera insostenible el abordaje del caos"

    "The detention of the accused was in fact carried out in accordance with the principles of necessity, suitability, and proportionality, since based on the facts under investigation, the Public Prosecutor's Office verified that there were elements of conviction to consider the accused as probable perpetrators of an offense and that there were grounds to request precautionary measures, as it was necessary to bring them before the judicial authority to prevent the investigated conduct from continuing and to ensure that the victims' property would not be invaded by more people, making the situation unmanageable."

    Considerando II

  • "la detención de los imputados en realidad se dio apegada a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, pues en razón de los hechos que se venían investigando el Ministerio Público verificó que existían elementos de convicción para tener a los imputados como probables autores de un ilícito y que existían causales para solicitar medidas cautelares, pues era necesario presentarles ante la autoridad judicial con el fin de evitar que la conducta investigada continuara, así como asegurar que el inmueble de los ofendidos no fuera invadido por más personas y se hiciera insostenible el abordaje del caos"

    Considerando II

  • "Por otro lado, se extrae de los autos que la detención de los imputados se hizo de forma pacífica y en razón de que los mismos se mostraron anuentes a colaborar, en ningún momento medió la fuerza por parte de las autoridades, ni se les puso a los imputados implementos de seguridad para ser trasladados"

    "Furthermore, it is extracted from the record that the detention of the accused was conducted peacefully and because they themselves were willing to cooperate; at no time did the authorities use force, nor were the accused placed in restraints for transport."

    Considerando II

  • "Por otro lado, se extrae de los autos que la detención de los imputados se hizo de forma pacífica y en razón de que los mismos se mostraron anuentes a colaborar, en ningún momento medió la fuerza por parte de las autoridades, ni se les puso a los imputados implementos de seguridad para ser trasladados"

    Considerando II

Full documentDocumento completo

Procedural marks

CONSTITUTIONAL CHAMBER Date of Resolution: September 23, 2015 at 09:05 Case File: 15-013515-0007-CO Type of matter: Habeas corpus petition Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER *150135150007CO* Res. No. 2015014922 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and five minutes on September twenty-third, two thousand fifteen.

Habeas corpus petition against the CRIMINAL COURT OF SARAPIQUÍ, the PROSECUTOR'S OFFICE OF SARAPIQUÍ, and the COMMUNITY POLICE OF PUERTO VIEJO DE SARAPIQUÍ.

Whereas:

1.- By brief filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on September 10 of this year, the petitioners file a habeas corpus petition and state that they are part of a group of 50 families that peacefully inhabit the El Montero Settlement, located in Horquetas de Sarapiquí. They allege that on the morning of September 9, they were surprised by officers from the Puerto Viejo de Sarapiquí Delegation, who, acting abusively and without any prior notice, notification, or a written order from a judicial or administrative authority, proceeded arbitrarily to arrest several residents of the locality. They reiterate that those under protection were not informed, nor were they given any document supporting said arrest, besides not having legal representation until 11:00 p.m. that day. They indicate that on September 10, the release of those under protection was ordered. For the reasons stated, they consider the fundamental rights of their clients to have been violated.

2.- By brief filed on September 11 of this year, the petitioners appear and state that the four individuals they had detained at the Prosecutor's Office of Puerto Viejo de Sarapiquí were released on September 10 of this year.

3.- Arnoldo Samudio Samudio, in his capacity as Criminal Judge of Sarapiquí and in charge of processing criminal case number 15-000812-573-PE against Mr. [NAME 01] and others, for the crime of USURPATION, reports under oath. He indicates that at approximately 07:30 on September 10, 2015, attorney Josué Hernández Cerdas informed him of the intention to request interim measures (medidas cautelares) against the aforementioned individuals; therefore, he immediately convened a hearing, which began at 10:05 on the same day, with its start even being delayed by a waiting period for the arrival of the public defender, attorney Jenny Valverde Jiménez. Furthermore, the case file was delivered to this Office by the Public Prosecutor's Office on September 10 at 08:30, the time for which the hearing had been convened. Subsequently, and immediately after the parties presented their arguments, at 11:22 on the same day, a resolution was issued imposing interim measures (medidas cautelares) on the indicated individuals. In the resolution, at the request of the Prosecutor and in order to carry out the eviction of the property in question, provisional detention for 24 hours was ordered at the disposition of the undersigned, a proceeding that concluded at approximately 18:30, at which time the petitioners were released. He adds that regarding the activity carried out by the office, he considers his actions to have been in accordance with the law and the Political Constitution, consequently requesting that the petition be denied, given that in the specific case the defendants were attended to in an expeditious manner and without delays. He requests that the petition be dismissed.

4.- Josué Hernández Cerdas, in my capacity as Assistant Prosecutor of Sarapiquí and in charge of processing criminal case number 15-00812-0573-PE, reports under oath that in his capacity as Assistant Prosecutor, on July 28, 2015, he received a criminal complaint from the victim Alfredo Arturo Tosi Vega, in which that representation was made aware that in July 2015, individuals unrelated to his mother's property appeared at the real estate and clandestinely proceeded to dispossess him and his family members of the right of possession they had exercised over the real estate, registered in the province of Heredia, property number 4-146490-00, which is, due to being land with forest aptitude, voluntarily submitted by its owners to the voluntary forest conservation regime with state incentives. He indicates that by virtue of the foregoing, on August 31 he conducted an inspection, corroborating the presence of individuals unrelated to the property, and also corroborated illegal logging and clearing (socola) of primary forest, and for this reason, the individuals detailed in the referenced report were informed that they were in an irregular situation, and that at the appropriate procedural moment, if they did not abandon the location, an interim measure (medida cautelar) could be requested before the Criminal Judge, so that they would not continue with their illegitimate actions. Subsequently, he indicates that continuing with the investigative duties they were engaged in, on September 9 of this year, he appeared at the location of the events with officials from MINAE, the Judicial Investigation Organization, and the Public Force, with the intention of verifying and inspecting the environmental damages, as well as corroborating the continued presence of individuals on the affected real estate; upon arriving at the location of the events, they were surprised that the damages to the forest had increased, trees had been felled, and sectors of the forest cleared (socolaron), despite having been told, while they were at the location, to refrain from continuing with their illegitimate actions. On the other hand, he indicates that it was corroborated that throughout the affected real estate, there were no longer just three shacks as had been observed during the first visit, but on this occasion at least fifteen more shacks were located, constructed from wood extracted from the forest and plastic. By virtue of this, and upon evidencing and assessing the environmental damage that was occurring, as well as the possibility that the defendants' actions would continue, noting the defendants' disrespect for legal interests and the environment, it was deemed necessary to present the individuals who were carrying out disturbing and illegitimate acts as detainees and to request an interim measure (medida cautelar) from the Criminal Judge, so that the environment would not suffer more serious damage; therefore, on the spot, the defendants were detained peacefully. Consequently, as they were located on the properties, they were informed of their rights, as recorded in the report of the Judicial Investigation Organization. He considers that there is a strong degree of probability of the possible commission of an unlawful act, and assessing the defendants' conditions, it was deemed necessary to request interim measures (medidas cautelares), so that the illegitimate acts being carried out by the defendants would cease, and in this way, prevent more individuals from entering the real estate and devastating the natural resources. He requests that the petition be dismissed.

5.- William García Ruíz, in his capacity as Deputy Chief of the Community Police of Sarapiquí, reports that it is true that on September 9 of this year, collaboration was provided to the Prosecutor's Office of Sarapiquí. That the arrests of several individuals were carried out by express order of attorney Hernández Cerdas. That they were in no way arbitrary, and no acts were committed that violated the human or individual rights of the individuals. That his actions were carried out in compliance with current regulations, both the General Police Law and the principle of obedience to the judicial mandate of the prosecutorial request. He requests that the petition be dismissed.

6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Salazar Murillo; and,

Considering:

I.- I.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated: a) criminal case number 15-000812-573-PE is being processed in the Criminal Court of Sarapiquí against Mr. [NAME 01] and others, for the crime of USURPATION (report rendered under oath); b) the indicated case was initiated on July 28, 2015, based on a complaint filed by the victim [NAME 02] (report rendered under oath); c) on August 31 of this year, the Prosecutor in charge of the case conducted an inspection of the property in question and corroborated the presence of individuals unrelated to the property, also corroborated illegal logging and clearing (socola) of primary forest, and the individuals located were informed that they were in an irregular situation, and that at the appropriate procedural moment, if they did not abandon the location, an interim measure (medida cautelar) could be requested before the Criminal Judge so that they would not continue with their illegitimate actions (report rendered under oath); d) subsequently, continuing with the investigative duties they were engaged in, on September 9 of this year, an official from the appealed Prosecutor's Office appeared at the location of the events with officials from MINAE, the Judicial Investigation Organization, and the Public Force, with the intention of verifying and inspecting the environmental damages, as well as corroborating the continued presence of individuals on the affected real estate; upon arriving at the location of the events, they were surprised that the damages to the forest had increased, trees had been felled, and sectors of the forest cleared (socolaron) (report rendered under oath); e) it was also corroborated that throughout the affected real estate, there were no longer just three shacks as had been observed during the first visit, but on this occasion at least fifteen more shacks were located, constructed from wood extracted from the forest and plastic, as they were entering the victims' real estate, which are adjacent to each other (report rendered under oath); f) at that moment, the Prosecutor in charge of the indicated criminal case considered it necessary to present the individuals who were carrying out disturbing and illegitimate acts as detainees and to request an interim measure (medida cautelar) from the Criminal Judge, so that the environment would not suffer more serious damage; therefore, on the spot, the defendants were detained peacefully (report rendered under oath); g) after the cited inspection concluded in the afternoon hours, they arrived at the center of Puerto Viejo at around fourteen hundred hours, and the defendants were left at the disposition of the Judicial Investigation Organization in the local cells (report rendered under oath); h) subsequently, attorney Ana Cecilia Garcia Ulate appeared and indicated that she would assume the technical defense of the defendants, for which reason no public defender was coordinated for them; later, after the defendants were given food and were taken to be identified at the Public Prosecutor's Office, a proceeding that began at thirteen hundred hours and ended at around twenty hundred hours (report rendered under oath); i) subsequently, the report prepared by the Judicial Investigation Organization was received, and at around twenty-two hundred hours, the defendants were consulted about their defense attorney, and they indicated that they wanted to be represented by the Public Defender's Office; therefore, first, another case with a detained prisoner that had a hearing set for a request for interim measures (medidas cautelares) was attended to before the Criminal Judge, after which, at twenty-three hundred hours, Public Defender Jenny Valverde Jiménez appeared at the Judicial Investigation Organization, where said public defender spoke with the defendants, and afterwards, they went to the Prosecutor's Office where the defendants were questioned; the proceeding began before midnight and concluded at six in the morning (report rendered under oath); j) subsequently, the remand orders were prepared to leave the defendants at the disposition of the Criminal Judge for the purpose of requesting an interim measure (medida cautelar), with the matter being brought to the Judge's attention at seven hours and fifteen minutes on September 10 of this year (report rendered under oath); k) at approximately 07:30 on September 10, 2015, Prosecutor Josué Hernández Cerdas informed the local Criminal Judge of the intention to request interim measures (medidas cautelares) for those under protection; therefore, he immediately convened a hearing, which began at 10:05 on the same day (report rendered under oath); l) immediately after the parties presented their arguments, at 11:22 on the same day, a resolution was issued imposing interim measures (medidas cautelares) on the indicated individuals (report rendered under oath); m) in the resolution, at the request of the Prosecutor and in order to carry out the eviction of the property in question, provisional detention for 24 hours was ordered at the disposition of the Criminal Judge in charge of the case, a proceeding that concluded at approximately 18:30, at which time the petitioners were released (report rendered under oath).

II.- On the merits.- The Chamber rules out a violation of Article 37 of the Political Constitution. From the reports rendered by the appealed authorities—which are considered given under oath, with the consequences, even criminal, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that a criminal complaint was filed in the Prosecutor's Office of Sarapiquí for the crime of Usurpation, given that individuals unrelated to the complainant's property entered the real estate in question and set up shacks. The appealed Prosecutor indicates that by virtue of the foregoing, on August 31 he conducted an inspection, corroborating the presence of individuals unrelated to the property, and also corroborated illegal logging and clearing (socola) of primary forest, and for this reason, the individuals located were informed that they were in an irregular situation, and that at the appropriate procedural moment, if they did not abandon the location, an interim measure (medida cautelar) could be requested before the Criminal Judge so that they would not continue with their illegitimate actions. Subsequently, he indicates that continuing with the investigative duties they were engaged in, on September 9 of this year, he appeared at the location of the events with officials from MINAE, the Judicial Investigation Organization, and the Public Force, with the intention of verifying and inspecting the environmental damages, as well as corroborating the continued presence of individuals on the affected real estate; upon arriving at the location of the events, they were surprised that the damages to the forest had increased, trees had been felled, and sectors of the forest cleared (socolaron), despite having been told, while they were at the location, to refrain from continuing with their illegitimate actions. On the other hand, he indicates that it was corroborated that throughout the affected real estate, there were no longer just three shacks as had been observed during the first visit, but on this occasion at least fifteen more shacks were located, constructed from wood extracted from the forest and plastic. By virtue of this, and upon evidencing and assessing the environmental damage that was occurring, as well as the possibility that the defendants' actions would continue, noting the defendants' disrespect for legal interests and the environment, the appealed authorities deemed it necessary to present the individuals who were carrying out disturbing and illegitimate acts as detainees and to request an interim measure (medida cautelar) from the Criminal Judge, so that the environment would not suffer more serious damage; therefore, on the spot, the defendants were detained peacefully. In that sense, it is inferred that the detention was carried out by virtue of the existence of a criminal case pending against them for the crime of usurpation, and in which no use of force or security devices occurred. It is indicated that all the defendants were asked to accompany the appealed authorities and they voluntarily agreed to submit to the authority. Furthermore, it was verified that at the location of the events, there were no minors present, and only one sixteen-year-old was located, who was not detained; the same treatment was given to women and older adults, for whom, additionally, care was taken to safeguard their physical integrity during transport and, for this reason, they were transported in the rear cabin of the police units, not in the transport units for detained individuals. Regarding the legal representation of the defendants, it is indicated that from the morning hours, they were informed of their right to choose an attorney of their confidence, and the defendant Jerónima del Socorro Luz Cerdas Romero proclaimed herself as the leader of the group of defendants and indicated that she would make the decision for them to be represented by her attorney of confidence, which was corroborated by the co-defendants, who indicated at all times that they would do what their leader ordered them. After the cited inspection concluded in the afternoon hours, they arrived at the center of Puerto Viejo at around two in the afternoon, the defendants being left at the disposition of the Judicial Investigation Organization in the local cells, and at around fourteen hundred hours, attorney Ana Cecilia Garcia Ulate appeared at the office, indicating that she would assume the technical defense of the defendants, for which reason no public defender was coordinated. Subsequently, the report prepared by the Judicial Investigation Organization was received, and at around twenty-two hundred hours, the defendants were consulted about their defense attorney, and they indicated that they wanted to be represented by the Public Defender's Office; therefore, first, another case with a detained prisoner that had a hearing set for a request for interim measures (medidas cautelares) was attended to before the Criminal Judge, after which, at twenty-three hundred hours, I appeared with Public Defender Jenny Valverde Jiménez at the Judicial Investigation Organization, where said public defender spoke with the defendants, and afterwards, they went to the Prosecutor's Office where the defendants were questioned. The proceeding began before midnight and concluded at six in the morning, given that there were seventeen individuals to be questioned and only one public defender to attend to all the defendants. Upon concluding the proceeding, the remand orders were prepared to leave the defendants at the disposition of the Criminal Judge for the purpose of requesting an interim measure (medida cautelar), with the matter being brought to the Judge's attention at seven hours and fifteen minutes on September 10 of this year. Given the foregoing, the local Criminal Judge scheduled a hearing for eight hours and thirty minutes in the morning, which began at ten o'clock because the public defender did not arrive until that time, and the proceeding extended until twelve o'clock; as a result, the local Criminal Judge granted the request of the Public Prosecutor's Office after assessing that the legal and procedural requirements were met to support the non-custodial interim measure (medida cautelar) that was requested. For this reason, the defendants were imposed the obligation not to enter the affected real estate, not to bother or disturb the witnesses, and on the spot, the restoration of possession of the real estate to the victims was ordered, for which, at fourteen hundred hours, the Public Prosecutor's Office coordinated the transfer of the defendants to the location of the events, and they were given the opportunity to remove their personal objects and leave the location of the events; said interim measure (medida cautelar) was ordered for the duration of the proceedings, and the Criminal Judge's main basis was to prevent the damages from continuing and from affecting the environment and natural resources more than what had already been done, as well as to avoid obstruction of evidence, given that one of the eyewitnesses to the facts is a resident of the area and, because the area is very remote and isolated, as well as being known to the defendants, they were imposed the obligation not to contact or disturb him. Regarding the activity carried out by the appealed authorities, it is considered that their actions were in accordance with the law and the Political Constitution, that those under protection who were at the disposition of the judicial authority were kept detained in full respect of the legal timelines, and as can be seen from the case file, the detention of the defendants was in fact carried out in compliance with the principles of necessity, suitability, and proportionality, since, due to the facts being investigated, the Public Prosecutor's Office verified that there were elements of conviction to consider the defendants as probable perpetrators of an unlawful act and that there were grounds to request interim measures (medidas cautelares), because it was necessary to present them before the judicial authority in order to prevent the investigated conduct from continuing, as well as to ensure that the victims' real estate would not be invaded by more individuals and that the handling of the case would not become unsustainable; their fundamental rights are not considered to have been violated. On the other hand, it is inferred from the case file that the detention of the defendants was carried out peacefully and because they showed willingness to cooperate; at no time was force used by the authorities, nor were security implements placed on the defendants for transport, and once at the offices of the Judicial Investigation Organization, since it was necessary to corroborate the defendants' identities and because it was necessary to book them, they were placed in the cells of the Judicial Investigation Organization, were transferred to the Prosecutor's Office, where they went by their own means with police custody, but they were never handcuffed, nor was force used; on the contrary, due to their cooperation, the defendants were given expeditious and cordial treatment at all times. Consequently, the violation of the fundamental rights of those under protection is ruled out, and therefore, it is appropriate to deny the petition.

III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional device of an electronic, computer, magnetic, optical, telematic nature or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The petition is denied.

Gilbert Armijo S.

President Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Aracelly Pacheco S.

Alicia Salas T.

Ronald Salazar Murillo Digitally Signed Document -- Verification code -- *7SOIOYVQ43EI61* CASE FILE No. 15-013515-0007-CO Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-29-2026 06:38:39.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de hábeas corpus Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *150135150007CO* Res. Nº 2015014922 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del veintitres de setiembre de dos mil quince .

Recurso de hábeas corpus contra el JUZGADO PENAL DE SARAPIQUÍ, la FISCALÍA DE SARAPIQUÍ y la POLICÍA DE PROXIMIDAD DE PUERTO VIEJO DE SARAPIQUÍ.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 10 de setiembre de año en curso, los recurrentes presentan recurso de hábeas corpus y manifiestan que forman parte de un grupo de 50 familias que habitan de manera pacífica el Asentamiento El Montero, ubicado en Horquetas de Sarapiquí. Acusan que el pasado nueve de setiembre fueron sorprendidos en horas de la mañana por oficiales de la Delegación de Puerto Viejo de Sarapiquí, quienes actuando de manera abusiva y sin que haya mediado aviso o notificación previa, o bien, una orden escrita por parte de una autoridad judicial o administrativa, procedieron de manera arbitraria a detener a varios vecinos de la localidad. Reitera que los tutelados no fueron informados ni se les entregó algún documento que respaldará dicha detención, amén de que no contaron con patrocinio letrado, sino hasta las 23:00 horas de ese día. Señala que el diez de setiembre se ordenó la libertad de los tutelados. Por las razones expuestas, estima lesionados los derechos fundamentales de sus representados.

2.- Por escrito presentado el 11 de setiembre del año en curso, los recurrentes se presentan y manifiestan que las cuatro personas que tenían detenidas en la Fiscalía de Puerto Viejo de Sarapiquí, fueron puestas en libertad el día 10 de setiembre del año en curso.

3.- Informa bajo juramento Arnoldo Samudio Samudio, en su condición de Juez Penal de Sarapiquí, y encargado de tramitar la causa penal número 15- 000812-573- PE contra los señores [NOMBRE 01] y otros, por el delito de USURPACIÓN. Señala que el Lic. Josué Hernández Cerdas al ser aproximadamente las 07:30 hrs del día 10 de setiembre de 2015, le informó de la intención de solicitar medidas cautelares a los señores supra indicados, por ello, convocó inmediatamente a vista, la cual inició a las 10:05 hrs del mismo día, siendo que inclusive, se retardó su inicio por un compás de espera que se dio para el arribo de la defensora pública, Licda. Jenny Valverde Jiménez. Inclusive, el expediente fue entregado a ese Despacho por el Ministerio Público el mismo día 10 de setiembre a las 08:30 hrs, hora a la cual se había convocado la vista. De seguido, e inmediatamente de que las partes presentaron sus alegatos, al ser las 11:22 hrs del mismo día se dictó resolución en la cual se impuso medidas cautelares a las personas indicadas. En la resolución, a solicitud del Fiscal y en aras de llevar a cabo desalojo del fundo en cuestión, se ordenó la detención provisional por 24 hrs a la orden del suscrito, diligencia que finalizó al ser aproximadamente las 18:30 hrs, momento en que fueron puesto en libertad los recurrentes. Agrega que en lo que a la actividad desplegada por el despacho, considera que su actuación fue acorde con la ley y la Constitución Política, solicitando en consecuencia se declare sin lugar el recurso, ya que en el caso concreto los imputados fueron atendidos de manera expedita y sin dilaciones. Solicita se desestime el recurso.

4.- Informa bajo juramento Josué Hernández Cerdas, en mi condición de Fiscal Auxiliar de Sarapiquí y encargado de tramitar la causa penal número 15- 00812-0573-PE, que en su condición de Fiscal Auxiliar el día 28 de julio del año 2015, recibió denuncia penal al ofendido Alfredo Arturo Tosi Vega. en la cual puso conocimiento de esa representación que en el mes de julio del 2015 personas ajenas a la propiedad de su madre se presentaron al inmueble. y clandestinamente procedieron a despojarlos a él y a su familiares del derecho de posesión que han ejercido sobre el inmueble, inscrito en el provincia de Heredia, finca número 4-146490-00, misma que se encuentra en razón de ser terreno con actitud forestal, sometida voluntariamente por sus propietarios al régimen voluntario de conservación de bosque con incentivos estatales. Indica que en virtud de lo anterior, el 31 de agosto realizó una inspección corroborando la presencia de personas ajenas al fundo, además corroboró tala ilegal y socola de bosque primario y por ello, se les informó a las personas que se detalla en el informe de marras, que se encontraban en una situación irregular, que en el momento procesal oportuno si no abandonaban el lugar, se podría gestionar una medida cautelar ante el Juez Penal, con el fin de que no continuaran con su actuar ilegítimo. Luego, indica que continuando con las labores propias de la investigación que los ocupaba, el día 9 de setiembre del año en curso, se presentó con oficiales del MINAE, Organismo de Investigación Judicial y Fuerza Pública al lugar de los hechos, con la intención de verificar e inspeccionar los daños ambientales, así como corroborar la permanencia de personas en los inmuebles afectados, siendo que al llegar al lugar de los hechos se llevaron la sorpresa de que los daños en el bosque habían aumentado, se talaron árboles y socolaron sectores del bosque, ello pese a que se les había indicado que se encontraba en el lugar que se abstuvieran de continuar con su actuar ilegitimo. Por otro lado, indica que se corroboró que a lo largo de los inmuebles afectados ya no eran tres ranchos lo que se encontraban como se logró evidenciar en la primera visita, sino que en esta ocasión se ubicaron al menos quince ranchos más, constituidos por madera extraída del bosque y plásticos. En virtud de ello, y al evidenciarse y valorarse el daño ambiental que se estaba dando, así como la posibilidad de que continuara el actuar de los imputados, por notarse el irrespeto de las personas imputadas, hacia los bienes jurídicos y el medio ambiente, se estimó que era necesario presentar a las personas que se encontraban haciendo actos perturbadores e ilegítimos en calidad de detenidos y solicitar una medida cautelar al Juez Penal, con la finalidad de que el medio ambiente no sufriera un daño más grave, por lo que en el acto, se detuvieron de manera pacífica a los imputados. En consecuencia, a como se les fue ubicando en las fincas, se les informó como consta en el informe del Organismo de Investigación Judicial sus derechos. Considera que se está frente a un grado de probabilidad fuerte de la posible comisión de un ilícito y valorando las condiciones de los imputados, se consideró necesario solicitar medidas cautelares, con la finalidad de que los actos ilegítimos que se estaban realizando por parte de los imputados cesaran y de dicha de forma evitar que más personas ingresaran al inmueble, y se devastaran los recursos naturales. Solicita se desestime el recurso.

5.- Informa William García Ruíz, en su condición de Sub Intendente de la Policía de Proximidad de Sarapiquí, que es cierto que el pasado 9 de setiembre de los corrientes se brindó colaboración a la Fiscalía de Sarapiquí. Que las detenciones de varias personas, se hizo por mandato expreso del Lic. Hernández Cerdas. Que en ningún momento fueron arbitrarias, no se realizaron actos que atentaran contra los derechos humanos o individuales de las personas. Que su actuación se desarrolló en apego a las normativas vigentes, tanto de la Ley General de Policía, como el principio de obediencia al mandato judicial de la solicitud fiscal. Solicita se desestime el recurso.

6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,

Considerando:

I.- I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) en el Juzgado Penal de Sarapiquí, se tramita la causa penal número 15- 000812-573- PE contra los señores [NOMBRE 01] y otros, por el delito de USURPACIÓN (informe rendido bajo juramento); b) la causa indicada se inició el día 28 de julio del año 2015, por denuncia presentada por el ofendido [NOMBRE 02] (informe rendido bajo juramento); c) el 31 de agosto del año en curso, el Fiscal encargado de la causa, realizó una inspección en la propiedad en cuestión y se corroboró la presencia de personas ajenas al fundo, además corroboró tala ilegal y socola de bosque primario y se les informó a las personas ubicadas que se encontraban en una situación irregular, y que en el momento procesal oportuno si no abandonaban el lugar, se podría gestionar una medida cautelar ante el Juez Penal, con el fin de que no continuaran con su actuar ilegítimo (informe rendido bajo juramento); d) luego continuando con las labores propias de la investigación que los ocupaba, el día 9 de setiembre del año en curso, se presentó funcionario de la Fiscalía recurrida, con oficiales del MINAE, Organismo de Investigación Judicial y Fuerza Pública al lugar de los hechos, con la intención de verificar e inspeccionar los daños ambientales, así como corroborar la permanencia de personas en los inmuebles afectados, siendo que al llegar al lugar de los hechos se llevaron la sorpresa de que los daños en el bosque habían aumentado, se talaron árboles y socolaron sectores del bosque (informe rendido bajo juramento); e) también se corroboró que a lo largo de los inmuebles afectados ya no eran tres ranchos lo que se encontraban como se logró evidenciar en la primer visita, sino que en esta ocasión se ubicaron al menos quince ranchos más, constituidos por madera extraída del bosque y plásticos, por lo que al ir ingresando a los inmuebles de los ofendidos, mismos que son colindantes entre sí (informe rendido bajo juramento); f) en ese momento el Fiscal a cargo de la causa penal indicada, consideró necesario presentar a las personas que se encontraban haciendo actos perturbadores e ilegítimos en calidad de detenidos y solicitar una medida cautelar al Juez Penal, con la finalidad de que el medio ambiente no sufriera un daño más grave, por lo que en el acto, se detuvieron de manera pacífica a los imputados (informe rendido bajo juramento); g) luego de haber culminado en horas de la tarde la citada inspección, llegaron al centro de Puerto Viejo al ser alrededor de las catorce horas, se dejó a los imputados a la orden del Organismo de Investigación Judicial en las celdas de la localidad (informe rendido bajo juramento); h) luego se presentó la Licda. Ana Cecilia Garcia Ulate e indicó que ella asumiría la defensa técnica de los imputados, por lo que no se coordinó defensor público para los mismos, posteriormente luego de que se les dio alimentos a los imputados y fueron llevados a ser identificados al Ministerio Público, diligencia que inició al ser las trece horas y terminó alrededor de las veinte horas (informe rendido bajo juramento); i) posteriormente se recibió el informe que fue confeccionado por el Organismo de Investigación Judicial y al ser alrededor de las veintidós horas se le consultó a los imputados sobre su abogado defensor, siendo que indicaron que querían ser representados por la Defensa Pública, por lo que primeramente se atendió ante el Juez Penal otra causa con reo preso que tenía señalamiento para vista de solicitud de medidas cautelares, luego de lo cual al ser la veintitrés horas se presentó la Defensora Pública Jenny Valverde Jiménez al Organismo de Investigación, donde la citada defensora dialogó con los imputados y luego de pasó a la Fiscalía donde se les indagó, la diligencia inició antes de la media noche y culminó al ser las seis de la mañana (informe rendido bajo juramento); j) luego se confeccionaron los tener a la orden para dejar a los imputados a la orden del Juez Penal con la finalidad de solicitar una medida cautelar, poniéndosele en conocimiento al mismo del asunto al ser las siete horas con quince minutos del día diez de setiembre del presente año (informe rendido bajo juramento); k) el Fiscal Josué Hernández Cerdas al ser aproximadamente las 07:30 hrs del día 10 de setiembre de 2015, le informó al Juez Penal de la localidad, de la intención de solicitar medidas cautelares a los tutelados, por ello, convocó inmediatamente a vista, la cual inició a las 10:05 hrs del mismo día (informe rendido bajo juramento); l) inmediatamente de que las partes presentaron sus alegatos, al ser las 11:22 hrs del mismo día se dictó resolución en la cual se impuso medidas cautelares a las personas indicadas (informe rendido bajo juramento); m) en la resolución, a la solicitud del Fiscal y en aras de llevar a cabo el desalojo del fundo en cuestión, se ordenó la detención provisional por 24 hrs a la orden del Juez Penal a cargo de la causa, diligencia que finalizó al ser aproximadamente las 18:30 hrs, momento en que fueron puestos en libertad los recurrentes (informe rendido bajo juramento).

II.- Sobre el fondo.- La Sala descarta la lesión al artículo 37 de la Constitución Política. De los informes rendidos por las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que en la Fiscalía de Sarapiquí, se presentó denuncia penal por el delito de Usurpación, dado que personas ajenas a la propiedad de denunciante ingresaron al inmueble en cuestión y montaron ranchos. El Fiscal recurrido indica que en virtud de lo anterior, el 31 de agosto realizó una inspección corroborando la presencia de personas ajenas al fundo, además corroboró tala ilegal y socola de bosque primario y por ello, se les informó a las personas ubicadas que se encontraban en una situación irregular, que en el momento procesal oportuno si no abandonaban el lugar, se podría gestionar una medida cautelar ante el Juez Penal, con el fin de que no continuaran con su actuar ilegítimo. Luego, indica que continuando con las labores propias de la investigación que los ocupaba, el día 9 de setiembre del año en curso, se presentó con oficiales del MINAE, Organismo de Investigación Judicial y Fuerza Pública al lugar de los hechos, con la intención de verificar e inspeccionar los daños ambientales, así como corroborar la permanencia de personas en los inmuebles afectados, siendo que al llegar al lugar de los hechos se llevaron la sorpresa de que los daños en el bosque habían aumentado, se talaron árboles y socolaron sectores del bosque, ello pese a que se les había indicado que se encontraba en el lugar que se abstuvieran de continuar con su actuar ilegitimo. Por otro lado, indica que se corroboró que a lo largo de los inmuebles afectados ya no eran tres ranchos lo que se encontraban como se logró evidenciar en la primer visita, sino que en esta ocasión se ubicaron al menos quince ranchos más, constituidos por madera extraída del bosque y plásticos. En virtud de ello, y al evidenciarse y valorarse el daño ambiental que se estaba dando, así como la posibilidad de que continuara el actuar de los imputados, por notarse el irrespeto de las personas imputadas, hacia los bienes jurídicos y el medio ambiente, los recurridos estimaron que era necesario presentar a las persona que se encontraban haciendo actos perturbadores e ilegítimos en calidad de detenidos y solicitar una medida cautelar al Juez Penal, con la finalidad de que el medio ambiente no sufriera un daño más grave, por lo que en el acto, se detuvieron de manera pacífica a los imputados. En ese sentido, se extrae que la detención se hizo en virtud de la existencia de una causa penal que se sigue en su contra, por el delito de usurpación y en la cual, no medió el uso de la fuerza, ni de dispositivos de seguridad. Se indica que a todos los imputados se les solicitó que acompañaran a las autoridades recurridas y aceptaron de manera voluntaria someterse a la autoridad. Por otro lado se verificó que en el lugar de los hechos, no había permanencia de menores de edad y solo se ubicó uno de dieciséis años de edad, el cual no se detuvo, igual trato se le dio a las mujeres y adultos mayores, a quienes además, para ser trasladadas se veló por resguardar su integridad física y por ello, fueron trasladados en la cabina trasera de las unidades policiales, no en las unidades de conducción de personas detenidas. En cuanto a la representación letrada de los imputados, se indica que desde horas de la mañana se le informó a los mismos su derecho a elegir un abogado de su confianza y la imputada Jerónima del Socorro Luz Cerdas Romero se proclamó como líder del grupo de imputados e indicó que ella tomaría la decisión de ser representados por su abogado de confianza, lo que fue corroborado por los coimputados, quienes indicaron en todo momento que harían lo que les ordenara su líder. Luego de haber culminado en horas de la tarde la citada inspección, llegaron al centro de Puerto Viejo al ser alrededor de las dos de la tarde, quedando los imputados a la orden del Organismo de Investigación Judicial en las celdas de la localidad y al ser alrededor de las catorce horas se presentó al despacho la Licda. Ana Cecilia Garcia Ulate, quien indicó que asumiría la defensa técnica de los imputados, por lo que no se coordinó defensor público. Posteriormente se recibió el informe que fue confeccionado por el Organismo de Investigación Judicial y al ser alrededor de las veintidós horas se le consultó a los imputados sobre su abogado defensor, siendo que los mismos indicaron que querían ser representados por la Defensa Pública, por lo que primeramente se atendió ante el Juez Penal otra causa con reo preso que tenía señalamiento para vista de solicitud de medidas cautelares, luego al ser la veintitrés horas se presenté con la Defensora Pública Jenny Valverde Jiménez al Organismo de Investigación, donde la citada defensora dialogó con los imputados y luego de pasó a la Fiscalía donde se indagó a los mismos. La diligencia inició antes de la media noche y culminó al ser las seis de la mañana, ya que eran diecisiete personas a las que se debían indagar y solo había una defensora para atender a todos los imputados. Al finalizar la diligencia se confeccionaron los tener a la orden para dejar a los imputados a la orden del Juez Penal con la finalidad de solicitar una medida cautelar, poniéndosele en conocimiento al mismo del asunto al ser las siete horas con quince minutos del día diez de setiembre del presente año. Dado lo anterior, el Juez Penal de la localidad señaló vista para las ocho horas con treinta minutos de la mañana, siendo que la misma inició al ser las diez horas debido a que la defensora pública llegó hasta esa hora y la diligencia se extendió hasta las doce horas y como resultado de la misma el Juez Penal de la localidad acogió la solicitud del Ministerio Público luego de valorar que se reunían los requisitos legales y procesales para fundamentar la medida cautelar no privativa de libertad que se solicitó. Por ello, se le impuso a los imputados, la obligación de no ingresar a los inmuebles afectados, no molestar ni perturbar a los testigos y en el acto se ordenó la puesta en posesión de los ofendidos del inmueble, para lo cual al ser las dos horas el Ministerio Público coordinó el traslado de los imputados al lugar de los hechos y se les dio la posibilidad de retirar sus objetos personas y retirarse del lugar de los hechos, dicha medida cautelar fue ordenada durante lo que dure la tramitación de la causa, y fundamento principal del juez penal fue evitar que los daños sigan y se afecte el medio ambiente y los recursos naturales. más de lo que ya se ha hecho, así como evitar que no se obstaculice la prueba. toda vez que uno de los testigos presenciales de los hechos es vecino de la zona y siendo que por ser la misma muy alejada y sola, así como por ser de conocimiento de los imputados, se les impuso la obligación de no contactarlo, ni perturbarlo. En lo que a la actividad desplegada por los recurridos se considera que su actuación fue acorde con la ley y la Constitución Política, que los tutelados que estuvieron a la orden de la autoridad judicial, se les mantuvo detenidos en total respeto de los plazos de ley y como se puede apreciar de los autos la detención de los imputados en realidad se dio apegada a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, pues en razón de los hechos que se venían investigando el Ministerio Público verificó que existían elementos de convicción para tener a los imputados como probables autores de un ilícito y que existían causales para solicitar medidas cautelares, pues era necesario presentarles ante la autoridad judicial con el fin de evitar que la conducta investigada continuara, así como asegurar que el inmueble de los ofendidos no fuera invadido por más personas y se hiciera insostenible el abordaje del caos, no se tiene por lesionados sus derechos fundamentales. Por otro lado, se extrae de los autos que la detención de los imputados se hizo de forma pacífica y en razón de que los mismos se mostraron anuentes a colaborar, en ningún momento medió la fuerza por parte de las autoridades, ni se les puso a los imputados implementos de seguridad para ser trasladados, y ya estando en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial, debido a que se requería corroborara las identidades de los imputados y por ser necesario reseñarlos se les ingresó a celdas del Organismo de Investigación Judicial, fueron trasladados a la Fiscalía, a donde fueron por sus propios medios con custodia policial, pero nunca se les esposó, ni se utilizó la fuerza, por el contrario a los imputados por su colaboración se les dio un trato célere y cordial en todo momento. En consecuencia, se tiene por descartada la lesión de los derechos fundamentales de los tutelados por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Gilbert Armijo S.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Aracelly Pacheco S.

Alicia Salas T.

Ronald Salazar Murillo Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *7SOIOYVQ43EI61*

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