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Res. 05615-2015 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/04/2015

Unconstitutionality of Cybercrime Provisions Restricting Public InformationInconstitucionalidad de delitos informáticos que restringen información pública

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Chamber partially invalidated Article 196 bis and struck down Article 288 of Law No. 9048 with retroactive effect for violating access to information and the principles of legality and criminal definiteness.La Sala anuló parcialmente el artículo 196 bis y anuló el artículo 288 de la Ley N.º 9048, con efectos retroactivos, por vulnerar el acceso a la información y los principios de legalidad y tipicidad penal.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber partially granted the challenges to several criminal offenses amended by Law No. 9048. It struck down the phrase “when the data are public in nature” in Article 196 bis(b), because increasing punishment for accessing public data violated the constitutional right of access to information; enhanced punishment could be justified only for confidential information held in public databases. The Chamber also invalidated Article 288 on espionage for violating legality and criminal-definition requirements, as well as the right to information: its open-ended language could punish obtaining and disclosing information of public interest concerning officials or collective affairs. The annulment had declaratory and retroactive effect from the effective date of Law No. 9048, allowing persons convicted under the invalidated provisions to seek review. The Chamber denied the remaining claims and summarily rejected several consolidated actions. Justice Rueda partially dissented regarding Article 196, finding that its wording did not clearly protect the holder of the correspondence or communication.La Sala Constitucional acogió parcialmente las acciones contra varios tipos penales reformados por la Ley N.º 9048. Anuló la frase “cuando los datos sean de carácter públicos” del inciso b) del artículo 196 bis, porque agravar la pena por acceder a datos públicos vulneraba el derecho constitucional de acceso a la información; la agravación solo podía justificarse respecto de información confidencial almacenada en bases públicas. También anuló el artículo 288 sobre espionaje por infringir los principios de legalidad y tipicidad penal, además del derecho a la información: su formulación abierta podía castigar la obtención y divulgación de información de interés público sobre funcionarios o asuntos colectivos. La nulidad produjo efectos declarativos y retroactivos desde la vigencia de la Ley N.º 9048, permitiendo solicitar revisión a quienes hubieran sido condenados mediante las disposiciones anuladas. Los restantes alegatos fueron desestimados y varias acciones acumuladas se rechazaron de plano. El magistrado Rueda salvó parcialmente el voto respecto del artículo 196.

Key excerptExtracto clave

X.- Conclusion. Based on the foregoing, subsection (b) of Article 196 bis and Article 288, contained in Law No. 9048 of July 10, 2012, “Amendment of Various Articles and Modification of Section VIII, Entitled Cybercrimes and Related Offenses, of Title VII of the Criminal Code,” are declared unconstitutional because they are contrary to the democratic principles of the right to information and, consequently, to the free circulation of ideas. Accordingly, the cited provisions not only restrict the right to information and freedom of expression, but also establish custodial sentences for persons who, in full exercise of their constitutional rights, seek to impart and receive information about matters of public interest or disclose to the public the actions of public officials or persons who influence matters of collective interest. The action is denied as to the remaining claims. The action is partially granted; the phrase “when the data are public in nature,” contained in subsection (b) of Article 196 bis, is declared unconstitutional and consequently annulled, because enhanced punishment under that criminal offense is justified only when access concerns confidential information contained in public databases; Article 288, contained in Law No. 9048 of July 10, 2012, “Amendment of Various Articles and Modification of Section VIII, Entitled Cybercrimes and Related Offenses, of Title VII of the Criminal Code,” published in the Official Gazette La Gaceta on November 7, 2012, Supplement No. 172, is likewise annulled for being contrary to Articles 30 and 39 of the Political Constitution. This declaration of unconstitutionality has declaratory and retroactive effects as of the effective date of Law No. 9048. Consequently, anyone convicted in a judgment applying the provision at issue may file the petition for review referred to in Article 408 of the Code of Criminal Procedure.X.- Conclusión. Con fundamento en lo expuesto, se procede a declarar la inconstitucionalidad del inciso b), del artículo 196 bis, y el artículo 288, contenidos en la Ley Nº 9048 del 10 de julio de 2012, "Reforma de varios artículos y modificación de la Sección VIII, denominada Delitos informáticos y conexos, del Título VII del Código Penal", por ser contrarios a los principios democráticos del derecho a la información y por ende, al libre tránsito de ideas. En consecuencia, la normativa señalada no sólo restringe el derecho a la información y la libre expresión, sino que tipifica condenas privativas a la libertad a aquellas personas, que en pleno uso de sus derechos constitucionales, quieran informar y ser informados sobre asuntos de interés público, o develar a la población las actuaciones de los funcionarios públicos o de aquellas personas que influyen en los temas de interés colectivo. En los demás extremos alegados, se declara sin lugar la acción. Se acoge parcialmente la acción interpuesta, se declaran inconstitucionales, y en consecuencia, se anulan, la frase “cuando los datos sean de carácter públicos”, contenida en el inciso b), del artículo 196 bis, por cuanto la agravación de la pena en ese tipo penal solo se justifica cuando se trata del acceso a información confidencial contenida en bases públicas de datos; y, el artículo 288, contenidos en la Ley Nº 9048, del 10 de julio de 2012, "Reforma de varios artículos y modificación de la Sección VIII, denominada Delitos informáticos y conexos, del Título VII del Código Penal", publicada en el Diario Oficial La Gaceta, el 7 de noviembre de 2012, Alcance Nº 172, por resultar contrarios a lo dispuesto en los artículos 30 y 39, de la Constitución Política. Esta declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la Ley Nº 9048. En razón de ello, quienes hubieren resultado condenados en sentencia en que se aplicara la norma en cuestión, podrán interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 408, del Código Procesal Penal.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El secreto de Estado en cuanto constituye una excepción a los principios o valores constitucionales de la transparencia y la publicidad de los poderes públicos y su gestión debe ser interpretado y aplicado, en todo momento, de forma restrictiva."

    "Because state secrecy is an exception to the constitutional principles or values of transparency and publicity in government and its administration, it must always be interpreted and applied restrictively."

    Considerando IX, cita de la Sentencia N.º 2004-13661

  • "El secreto de Estado en cuanto constituye una excepción a los principios o valores constitucionales de la transparencia y la publicidad de los poderes públicos y su gestión debe ser interpretado y aplicado, en todo momento, de forma restrictiva."

    Considerando IX, cita de la Sentencia N.º 2004-13661

  • "Sobre lo señalado, el difundir información sobre asuntos de seguridad nacional no puede ser penado si prima interés público en ello."

    "Accordingly, disseminating information concerning national security matters cannot be punished when the public interest prevails."

    Considerando IX

  • "Sobre lo señalado, el difundir información sobre asuntos de seguridad nacional no puede ser penado si prima interés público en ello."

    Considerando IX

  • "Ante lo expuesto, la redacción del tipo penal del espionaje, previsto y sancionado en el artículo 288, de Código Penal reformado por la Ley Nº 9048, infringe los principios de legalidad y tipicidad penal."

    "In view of the foregoing, the wording of the espionage offense established and punished by Article 288 of the Criminal Code, as amended by Law No. 9048, violates the principles of legality and criminal definiteness."

    Considerando IX

  • "Ante lo expuesto, la redacción del tipo penal del espionaje, previsto y sancionado en el artículo 288, de Código Penal reformado por la Ley Nº 9048, infringe los principios de legalidad y tipicidad penal."

    Considerando IX

  • "Esa vaguedad conceptual va más allá de las generalizaciones aceptadas por la Sala en la tipificación de los delitos."

    "That conceptual vagueness goes beyond the generalizations accepted by the Chamber in defining criminal offenses."

    Voto salvado parcialmente del Magistrado Rueda Leal

  • "Esa vaguedad conceptual va más allá de las generalizaciones aceptadas por la Sala en la tipificación de los delitos."

    Voto salvado parcialmente del Magistrado Rueda Leal

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Sections

Procedural marks

*120146710007CO* vgranados jsegurag 4 1 2015-08-06T16:50:00Z 2015-09-04T16:49:00Z 1 26015 143083 1192 337 168761 11.6505 75 Clean Clean 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Decision No. 2015005615 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours and two minutes on April twenty-second, two thousand fifteen.

Constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) filed by RANDALL RIVERA VARGAS, GONZALO MONGE NÚÑEZ, ANA LAURA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ, ANDREA BERMÚDEZ LING, ANTONIO BOLAÑOS ÁLVAREZ, CARLOS LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL RODRÍGUEZ MAFFIOLI, EDGAR MAURICIO PIZARRO AVERRA, FABIOLA SOLANO PORTUGUEZ, FERNANDO SALAZAR PÉREZ, JONATHAN FACEY TORRES, JOSÉ MIGUEL CUBILLO GONZÁLEZ, KAREN BRENES PIEDRA, KATHERINE DAYANA ROMERO CARPIO, MARIBEL LUCRECIA RAMÍREZ ASTÚA, OSCAR NÚÑEZ BARRANTES, SERGIO MONGE ASTÚA, SOFÍA MARÍA BARQUERO PIEDRA, SOFÍA VALENZUELA BARRANTES, YULIANA LEIVA OROZCO, DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, and HENNEZ ISMAEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ, IN HIS CAPACITY AS PRESIDENT OF THE FUNDACIÓN PARA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, AGAINST ARTICLES 196, 196 BIS, AND 288 OF THE CRIMINAL CODE, AS AMENDED BY LAW NUMBER 9048, ENTITLED “AMENDMENT OF VARIOUS ARTICLES AND MODIFICATION OF SECTION VIII, ENTITLED COMPUTER-RELATED AND RELATED OFFENSES, OF TITLE VII OF THE CRIMINAL CODE.” THE PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARTICIPATES IN THE ACTION.

Background:

  1. 1In a written submission received by the Chamber’s Secretariat at 20:23 hours on November 8, 2012, RANDALL RIVERA VARGAS requests that Article 288 of the Criminal Code, as amended by Law No. 9048, “Amendment of various articles and modification of Section VIII, entitled Computer-Related and Related Offenses, of Title VII of the Criminal Code,” published in the Official Gazette La Gaceta on November 7, 2012, Supplement No. 172, be declared unconstitutional because he considers it contrary to Articles 11, 27, 30, and 33 of the Political Constitution. He argues that this provision restricts the activities of journalists and mass media outlets, which are responsible for exposing acts of corruption and irregularities in the work of public officials and politicians. This is because it introduces a particular sphere of protection for “politicians,” thereby undermining the investigative, reporting, and transparency-seeking work carried out by journalists through mass media outlets.He states that, during the legislative procedure for processing this amendment, the requirements and procedures established in the Rules of Order, Governance, and Internal Discipline of the Legislative Assembly were violated. In this regard, Article 130 of those Rules establishes the obligation to publish the bill in order to publicize it and inform citizens of the content to be discussed. He states that the bill processed under case number 17.613, entitled “Amendment of Article 229 bis of the Criminal Code and addition of a new chapter entitled computer-related offenses,” included the following proposed text: “NEW ARTICLE. Computer espionage. A prison sentence of three to six years shall be imposed on anyone who appropriates, intercepts, transmits, copies, modifies, destroys, uses, blocks, or recycles data of value to the economic activity of industry and commerce. The penalty shall be increased by one-third if the data are political in nature and related to State security.” However, he states that during the legislative process, without publicizing the modification and after an entirely substantive alteration of the original bill, an article was approved that replaced the former Article 288 of the Criminal Code, located in Title XI, Offenses Against National Security, Section II, Offenses That Jeopardize the Peace and Dignity of the Nation, which provided: “Article 288: Anyone who improperly seeks or obtains secret political or security information concerning the Nation’s means of defense or foreign relations shall be punished by imprisonment for one to six years.” In the petitioner’s view, this bears no relation to the bill intended to create a new chapter entitled “Computer-Related Offenses.” He states that the approved text, now in force as Article 288 of the Criminal Code, reads: “Article 288.- Espionage.Anyone who improperly seeks or obtains secret political information, or secret information from national police or security forces concerning the Nation’s means of defense or foreign relations, or who adversely affects the fight against drug trafficking or organized crime, shall be punished by imprisonment for four to eight years. The penalty shall be imprisonment for five to ten years when the conduct is carried out through computer manipulation, malicious computer programs, or the use of information and communication technologies.” He indicates that radically changing the wording of the criminal offense (tipo penal) proposed in the original bill, even without any substantive connection to the subject of computer-related offenses and while introducing a change to offenses against national security, violates the principles of publicity and substantive connection (conexidad). He adds that introducing the verb “obtain” in this manner creates an objective and concrete risk for those engaged in investigative journalism, because this amendment protects “political secrets” without connecting them to State secrets or national security, as the prior provision had done when it referred to “secret political or security information concerning the nation’s means of defense or foreign relations.” He considers that the new wording irrationally protects politicians’ secrets, which, as described by the Dictionary of the Real Academia, would be the secrets of those involved in matters of government and affairs of State, regardless of whether they relate to State secrets or national security.In turn, it provides criminal-law protection to everything politicians keep confidential and concealed, even though such matters are, by their nature and subject only to statutory exceptions, always of public interest. By virtue of the foregoing, the new Article 288 of the Criminal Code, amended through Law No. 9048, has no substantive connection or relationship whatsoever to the provision proposed in the original bill, and its processing took citizens by surprise after its approval because they had not been given an opportunity to learn of that modification. He adds that Article 288 of the Criminal Code punishes the following conduct: “...anyone who improperly seeks or obtains...” with reference to “secret political information,” “information from national police forces,” “security information concerning the means of defense or the Nation’s foreign relations,” conduct that “adversely affects the fight against drug trafficking,” or conduct affecting “organized crime”; it thereby creates an irrational and disproportionate protected legal interest (bien jurídico) by shielding it behind a veil of secrecy improper in democratic systems.Likewise, such secrecy is contrary to the principles of transparency and probity governing public service and, consequently, the activities of politicians, as well as information kept confidential or concealed by persons involved in matters of government and affairs of State, to the detriment of other citizens, by preventing them from obtaining and disclosing actions by politicians that affect the public sphere and regarding which there is a right to responsible information that cannot possibly be exercised without obtaining information that would obviously be classified as secret. Finally, the petitioner reaffirms that this criminal offense disproportionately and irrationally punishes the normal, ethical, and rational conduct of investigative journalism, which is characterized by informing public opinion about improper conduct by politicians that is shrouded in secrecy. He states that the protection created for such “secret political information” also infringes citizens’ rights to transparency from politicians, transparency in public service, and the probity required of politicians, thereby simultaneously violating the rights to information and publication. He requests that the constitutional challenge be granted and that the aforementioned Article 288 be annulled.
  2. 2To establish his standing (legitimación) to bring this constitutional challenge, he states that it derives from Article 75, second paragraph, of the Constitutional Jurisdiction Law, concerning the defense of diffuse interests (intereses difusos) or interests pertaining to the community as a whole.
  3. 3By decision issued at 16:43 hours on November 22, 2012, the constitutional challenge was admitted for consideration.
  4. 4By decision issued at 11:31 hours on November 27, 2012, the Chamber ordered the consolidation of the constitutional challenge being processed in case 12-14769-0007-CO, filed by GONZALO MONGE NÚÑEZ, ANA LAURA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ, ANDREA BERMÚDEZ LING, ANTONIO BOLAÑOS ÁLVAREZ, CARLOS LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL RODRÍGUEZ MAFFIOLI, EDGAR MAURICIO PIZARRO AVERRA, FABIOLA SOLANO PORTUGUEZ, FERNANDO SALAZAR PÉREZ, JONATHAN FACEY TORRES, JOSÉ MIGUEL CUBILLO GONZÁLEZ, KAREN BRENES PIEDRA, KATHERINE DAYANA ROMERO CARPIO, MARIBEL LUCRECIA RAMÍREZ ASTÚA, OSCAR NÚÑEZ BARRANTES, SERGIO MONGE ASTÚA, SOFÍA MARÍA BARQUERO PIEDRA, SOFÍA VALENZUELA BARRANTES, and YULIANA LEIVA OROZCO. In the written submission received by the Chamber’s Secretariat at 11:43 hours on November 12, 2012, the petitioners request that Article 288 of the Criminal Code be declared unconstitutional. The provision is challenged on the ground that the amendment made by the Legislative Assembly to Article 288 of the Criminal Code through Law No. 9048, published in Digital Supplement No. 172 of the Official Gazette La Gaceta No. 214 on November 6, 2012, and known as the “Computer-Related Offenses Law or Gag Law,” violates freedom of expression, which encompasses the freedom to seek, receive, and impart information and ideas of every kind, as enshrined in Article 28 of the Political Constitution, as well as Constitutional Articles 79 and 87, which guarantee freedom of education and academic freedom (libertad de cátedra) enjoyed by professors and students of the Universidad de Costa Rica, because the generation, transmission, and free discussion of knowledge constitute the essential purpose of university activity.They further consider it contrary to Article 7, first paragraph, of the Political Constitution because it conflicts with international treaties signed by Costa Rica. They consider that academic freedom entails the exercise of broad freedoms of thought, ideological freedom, and the free expression of ideas. They assert that the challenged provision also violates Article 13 of the American Convention on Human Rights. They maintain that the State must refrain from censoring academic freedom and must abandon its attempt to restrict the use of information concerning matters of public interest carried out by public officials or by private individuals who voluntarily involve themselves in public affairs. They state that the Inter-American Court of Human Rights issued a specific warning to Costa Rica in its judgment of July 2, 2004, in Herrera Ulloa v. Costa Rica, and similarly referred in Advisory Opinion OC-5/85 to the close relationship between democracy and freedom of expression. The petitioners assert that their standing is based on the defense of diffuse interests because the challenged matter concerns the community as a whole.
  5. 5By a decision issued at 11:30 hours on 27 de noviembre de 2012, the Chamber ordered the consolidation of the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) being processed under expediente 12-015134-007-CO, filed by OFELIA TAITELBAUM YOSELEWICH, in her capacity as DEFENSORA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, against ARTICLES 196, 196 BIS, subsection b), and 295 (formerly 288) of the Criminal Code, as amended by the Law Reforming Various Articles and Amending Section VIII, entitled Computer and Related Offenses, of Title VII of the Criminal Code, Ley Nº 9048. The petitioner states that Articles 196 and 196 bis develop the principle of inviolability of communications (inviolabilidad de las comunicaciones) established in Article 24 of the Political Constitution as a guarantee of individuals’ right to intimacy and privacy, and in Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights.Article 24 of the Political Constitution guarantees a sphere of privacy concerning each person’s life that, by that person’s own decision, is removed from the knowledge and intervention of others. The principle of inviolability of communications constitutes a safeguard protecting individuals by ensuring that statements they make or direct to other persons remain outside the knowledge of third parties, regardless of their content. She states that the amendment of Articles 196 and 196 bis by Ley 9048 contains elements contrary to the Political Constitution, both because it employs a legislative technique that fails to satisfy the requirements of precision demanded by Criminal Law and because it contains elements that conflict with the recognition and scope of Fundamental Rights. The amendment to Article 196 substantially modifies the offense of breach of correspondence and communications (violación de correspondencia y comunicaciones), changing it from a conduct offense (delito de mera actividad), for which the statutory offense (tipo penal) required only the breach of correspondence or communications for its completion, into a result offense (delito de resultado), which requires causing or creating a risk to the right to intimacy or privacy of a third party who is presented anonymously in the statutory offense—that is, whose identity is unknown.It changes the identity of the person who may be considered the victim of this type of conduct and the object protected by the provision. Under the former text, in accordance with the principle of inviolability of correspondence and communications, the mere intrusion constituted an infringement of individuals’ sphere of intimacy and privacy, such that the holder of the violated right was the holder of the communications. Under the amendment, the object protected is the content of the communication, and the victim is the person referred to therein, whether or not that person is the holder or recipient of the intercepted or affected medium. Although this situation also constitutes an infringement of individuals’ right to intimacy, the amendment eliminates the protection afforded to communications and correspondence by making punishment conditional upon the possible or actual causation of harm to the right to intimacy and privacy, disregarding the fact that individuals’ private communications are themselves a manifestation and part of the content of the right protected under Article 24 of the Political Constitution.The incorporation of new elements to define the conduct and bring about this change in the content of the statutory offense, far from allowing the conduct subject to punishment to be properly individualized, obscures the offense and makes its interpretation more difficult. Concepts such as “creating a risk of or causing harm to the intimacy or privacy of a third party and without that party’s authorization” or “documents or communications addressed to another person” render the content of the statutory offense ambiguous and create more uncertainty than certainty regarding the objective elements that must be satisfied for the conduct to be deemed punishable. Accordingly, it may be asserted that the amendment converted Article 196 into an open-ended criminal provision (tipo penal abierto), which not only violates the constitutional content of the right to intimacy and the inviolability of correspondence and communications, but also violates Article 39 of the Political Constitution by impairing the safeguard implicit in the principle of specificity in criminal law (principio de tipicidad penal).In addition, Article 196 contains elements that reasonably and justifiably raise the question of whether it actually refers to cases involving private correspondence and communications, or whether it also includes information that, although it may potentially affect third parties, is publicly accessible information because it is held by administrative agencies, under the terms described in Article 30 of the Political Constitution. The Political Constitution recognizes a series of mechanisms that promote the existence of a democratic and participatory state, which is based to a significant extent on the principles of transparency, access to public information, and accountability, grounded in Articles 11, 27, 30, and 33 of the Constitution. These principles can be attained and applied efficiently and effectively insofar as the broadest disclosure of public information prevails and every provision that creates opacity and restrictiveness in the actions of the public administration is eliminated.In this regard, Article 196 incorporates new elements into the definition of the conduct that, in the context of the general modification undergone by the statutory offense, do not allow a distinction to be drawn between channels of communication among private individuals and information contained in the databases and systems of the various administrative authorities. Specifically, when the aggravating circumstances (supuestos agravantes) applicable to the conduct are set forth in Article 196, subsection b), it is apparent that the legislature is no longer referring to individual communication channels; instead, it regulates situations in which information is interconnected and accessible to a group of persons as users of the network or system referenced by the statutory offense. In this context, an aggravating circumstance is legitimately applied when the conduct is committed by the person or group of persons responsible for the system’s administration and support, insofar as those individuals bear greater responsibility for the proper use and safeguarding of the information.Nevertheless, the second part of the subsection broadens its scope to include persons “who, by reason of their duties, have access to that system or network.” In principle, the term “duties,” which the provision uses to define the reason connecting the person to the system, could be considered equivalent to concepts such as tasks or work. However, an analysis and interpretation of this concept could allow a judge to include information contained in the public administration’s computer systems and networks. She considers that sufficient elements exist that could dangerously lead to an interpretation under which the disclosure of information that, regardless of the means used to obtain it, is publicly accessible information falls within the statutory offense. The information held by the various administrative offices also contains many elements whose disclosure could entail unlawful interference with individuals’ right to intimacy.She points to the absence of a law regulating the right of access to information and defining precisely, in compliance with Articles 28 and 30 of the Political Constitution, when information is of public interest and therefore publicly accessible, and when, by contrast, information held by a State entity is not of public interest as regards its disclosure and consequently does not fall within the scope of the right of access to public information. For the Defensoría de los Habitantes, this constitutes an unconstitutional omission (omisión inconstitucional) by the Legislative Branch that violates access to information, transparency, and freedom of expression. The absence of the aforementioned legislation is precisely what creates the threat of violating the inhabitants’ fundamental rights. This is precisely the case with Articles 196 and 196 bis, subsection b), of Ley Nº 9048, under which persons would be exposed to a potential restriction on the exercise of their liberty through the imposition of a custodial sentence for engaging in conduct that necessarily requires legislation clearly and conclusively defining the nature and types of publicly accessible information and information of public interest.Because Article 196 is an open-ended criminal provision, poor legislative drafting makes it impossible to determine whether it concerns communications or correspondence for which a right of access to information exists because the information is of public interest, or whether it is limited to information of a strictly private nature protected by Article 24 of the Constitution. This is because Article 196 neither specifies nor draws any distinction among the types of information, documents, or communications referenced in the provision. This would mean that even publicly accessible information or information of public interest would be included within this provision, which directly contradicts the constitutional principles developed in Articles 11, 27, 30, and 33 of the Constitution. The aggravating factor is that no provision having the force of law develops the right of access to information and, consequently, Criminal Law has no elements upon which it can rely when applying this statutory offense.As for Article 196 bis, the violation of Article 30 of the Political Constitution is direct. The amendment radically changed its content to focus on punishing conduct that infringes upon a specific type of information: personal data. It is evident that this statutory offense seeks to extend criminal-law protection to the right to informational self-determination (derecho a la autodeterminación de la información), which derives from the right to intimacy and privacy. Although, in the case of the right to informational self-determination, protection of the right to intimacy extends to personal data contained in public databases, particularly those containing sensitive data (datos sensibles), the absence of legislation regulating the right of access to public information allows violations of Article 30 of the Constitution to occur by seeking to impose punishment for accessing public information that, although it concerns personal data, is of public interest.She also alleges that Article 295 of the Criminal Code (renumbered pursuant to Ley Nº 9048) is unconstitutional for violating Articles 28, 30, and 39 of the Political Constitution, citing the Legislative Assembly’s failure to fulfill its obligation to enact a law regulating the state-secret privilege (secreto de estado) provided for in Article 30 of the Political Constitution.

Moreover, with respect to the unconstitutionality of Article 195 of the Criminal Code (formerly 288), which establishes the criminal offense of espionage, it is evident from a reading of the terms incorporated therein—police or security forces, drug trafficking, and organized crime—that, insofar as their disclosure poses a risk to institutional stability or the integrity of the national territory, they were already covered by the grounds of national security, national defense capabilities, and foreign relations. Nevertheless, the manner in which these concepts are incorporated could reflect an intention to create new objective and substantive grounds for a state secret (secreto de Estado), which would undermine the exceptional nature of this concept. In this regard, organized crime and drug trafficking, the latter being a specific manifestation of the former, undeniably have the potential to affect the country’s stability and, consequently, make it necessary in specific cases to declare certain information a state secret.

However, this cannot entail the possibility of finding that the mere fact that activities are related to these forms of criminal conduct justifies the existence of a state secret. The situation is troubling when one considers that one of the principal characteristics of organized crime is its structural nature, which gives it the capacity to permeate the State as a means of ensuring its continued existence and impunity. Accordingly, there is clearly a public interest in information concerning State actions intended to prosecute this type of offense and, in particular, concerning possible conduct or circumstances that may indicate the involvement of certain public officials in activities connected with organized crime. For the foregoing reasons, the petitioner requests that Article 295 (288) of the Criminal Code be declared unconstitutional for violating the principle of legality in criminal matters (principio de legalidad en materia penal) and its corollaries, enshrined in Article 39 of the Political Constitution, and for violating the right of access to public information (derecho de acceso a la información pública), established in Article 30 of the Political Constitution.

The petitioner likewise reiterates that the Asamblea Legislativa has committed a legislative omission (omisión legislativa), contrary to Articles 28 and 30 of the Fundamental Charter, and therefore requests that the Court order the Asamblea Legislativa, within a reasonable period, to enact a law clearly regulating the declaration of state secrets, including their content, procedure, requirements, and other relevant matters.

  1. 6By a written submission received by the Office of the Clerk of the Chamber at 11:13 on 28 de noviembre de 2013, José Rodolfo Ibarra Bogarín, in his capacity as President of the Colegio de Periodistas de Costa Rica, appears as an intervenor (coadyuvante) in support of Randall Rivera Vargas. He states that, in addition to the procedural defects (vicios de procedimiento) identified by the appellant (recurrente), the Colegio de Periodistas de Costa Rica considers that the enactment of Article 295, challenged herein, violated Articles 11, 29, 30, and 39 of the Constitution and Article 13 of the American Convention on Human Rights. He states that the first defect in the provision in question is the criminalization of obtaining and disclosing “secret political information.” Indeed, the Constitution expressly provided, in Article 30, for free access to administrative departments for the purpose of obtaining information on matters of public interest, with the sole exception of state secrets (secretos de Estado).The provision expanded the scope of information to which citizens may not have access, thereby violating the constitutional principles of transparency and publicity, which must govern all actions of public officials. The principles of transparency and publicity are inherent in a democratic state; expanding the scope of information to which citizens may not have access, while imposing criminal penalties if they do access it, is unconstitutional. The sole exception established by the Constitution concerns so-called state secrets and makes no reference to the concept of “secret political information”; it therefore violates Articles 11 and 30 of the Constitution. Likewise, introducing an indeterminate legal concept (concepto jurídico indeterminado) is contrary to those constitutional principles because the concept of “secret political information” is exceedingly broad. The principle of specificity in criminal law (principio de tipicidad penal) derives from the principle of legality (principio de legalidad), and when drafting a criminal provision, the legislature must necessarily describe fully the conduct that will be deemed a criminal offense.In this way, a person subject to adjudication (justiciable) can know with certainty what conduct is prohibited and what consequences may result from violating that prohibition. It has been noted that, given the imprecision of language, the legislature has resorted to generic or indeterminate concepts whose use may render the definition of the offense (tipo penal) open-ended, as occurs with the challenged provision. This is because the breadth of the term prevents a clear determination of what conduct constitutes the punishable offense; to demonstrate this, it is enough simply to attempt to define what constitutes secret information of a political nature, something that can scarcely be established with certainty. It is clear that the definition of the offense does not establish the limits and parameters by which the prohibited conduct may be identified, thereby failing to comply with the principle of specificity set forth in Article 39 of the Constitution.Thus, the definition of the offense in the challenged provision is open-ended and, consequently, unconstitutional because it fails to attain the required degree of precision in describing the offense; the conduct does not contain the descriptive elements of the behavior criminalized by the legislature and is therefore imprecise, allowing multiple variables to coexist that may be introduced through interpretation and that undermine the clarity and delimitation required for the legally protected interest (bien jurídico protegido) safeguarded by the criminal-law system. Likewise, the challenged provision violates freedom of thought and expression in both its individual and social dimensions. In its individual dimension, freedom of thought and expression, as established in Article 13 of the American Convention on Human Rights, entails every human being’s right to seek information. It is clear and evident that including the aforementioned expression in the definition of the offense prevents citizens from exercising their right to seek information, in violation of Articles 29 and 30 of the Constitution in conjunction with Article 13 of the American Convention, because it will cause self-censorship.In its social dimension, freedom of thought and expression encompasses citizens’ right to be informed. It is evident that Article 295 (formerly 288 of the Criminal Code) of Law No. 9048 of 7 de noviembre del 2012 constitutes an illegitimate restriction on the right to freedom of thought and expression in both dimensions and must consequently be declared unconstitutional. Moreover, that article contravenes the rights of access to public information established by Articles 29 and 30 of the Constitution, as well as Article 13 of the American Convention on Human Rights; Article 19 of the International Covenant on Human Rights; and the case law of this Constitutional Chamber, in accordance with Article 13 of the Law on Constitutional Jurisdiction and with the case law of the Inter-American Court of Human Rights and the United Nations Human Rights Committee, as demonstrated below. Article 30 of the Constitution, Article 13 of the American Convention on Human Rights, and Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights all establish a positive right to seek, receive, and disseminate information.Limitations on the right of access to information must be the exception, not the rule. The Inter-American Court of Human Rights has stated that “in a democratic society, it is essential that state authorities be governed by the principle of maximum disclosure, which establishes a presumption that all information is accessible, subject to a restricted system of exceptions.” (Inter-American Court of Human Rights. Case of Claude Reyes et al. v. Chile. Merits, Reparations and Costs. Judgment of 19 de septiembre de 2006. Series C No. 151, para. 92.). Accordingly, broadening the term beyond what is established by the Constitution imposes an illegitimate restriction on freedom of expression and is unconstitutional. Consequently, limitations on access to public information are exceptional and subject to strict parameters. Access to public information is limited solely by state secrets (national security and defense, and foreign relations).(Judgments 2004-9234 and 2010-10982); the constitutional provision neither establishes nor permits the use of the concept of secret political information. He requests that Article 295 (formerly 288 of the Criminal Code) of Law No. 9048 of 7 de noviembre de 2012 be declared unconstitutional.
  2. 7By a written submission received by the Secretariat of the Chamber at 14:27 hours on 5 de diciembre de 2012, Alejandro Delgado Faith, in his capacity as President of the Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), appears as an intervenor (coadyuvante) in support of the Defensoría de los Habitantes, on the grounds that Articles 196, 196 bis subsection b), and 295 (formerly 288) of the Código Penal, as amended by Ley Nº 9048, "Ley de reforma de varios artículos y modificación de la Sección VIII, denominada "delitos informáticos y conexos del Título VII del Código Penal", are contrary to the provisions of Article 29 of the Constitution and Article 13 of the American Convention, insofar as they criminalize the mere dissemination of information. He notes that the challenged provisions do not exclude criminal liability (delito) in cases where the person disseminating the information did not participate in obtaining it, which clearly constitutes a violation of freedom of expression (libertad de expresión), since the mere dissemination of information cannot be criminalized.He considers that a penalty should be prescribed for obtaining information through unlawful means, but not for its dissemination when the person disseminating it did not participate in the unlawful act and the information is of public interest. Those articles also violate the provisions of Article 24 of the Constitución Política, which guarantees the right to personal and private life (derecho a la intimidad y privacidad) of individuals. He states that the amendment to Article 196 substantially modifies the offense of violation of correspondence and communications (delito de violación de correspondencia y comunicaciones), because it changes the offense from one based solely on conduct (delito de mera actividad), whose statutory definition (tipo penal) required only the violation of correspondence or communications for its completion, to a result-based offense (tipo penal de resultado) requiring that harm or risk be caused to a third party’s right to personal or private life, with the third party appearing in the statutory definition as an anonymous person whose identity is unknown.In turn, it also changes the identity of the person who may be considered the victim of this type of conduct and the object protected by the provision. He considers that, following the amendment, the protected object is the content of the communication, and the victim would be the person referred to therein, whether or not that person is the owner or recipient of the intercepted or affected medium. It also impairs individuals’ right to personal life, because the amendment eliminates protection for communications and correspondence by making punishment conditional upon possible or actual harm to the right to personal and private life, disregarding the fact that individuals’ private communications are, in themselves, an expression and component of the right protected by Article 24. Far from allowing the punishable conduct to be properly distinguished, the incorporation of new elements defining the conduct within the statutory definition obscures that definition and makes it difficult to interpret, thereby creating legal uncertainty (inseguridad jurídica), which, in the case of journalists, results in self-censorship (auto censura).He states that concepts such as “with danger or harm to the personal or private life of a third party and without that party’s authorization” or “documents or communications addressed to another person” render the content of the statutory definition ambiguous. He considers that, when the circumstances aggravating the conduct (agravantes) are set out in subsection b), which states, “Persons responsible for administering or supporting the computer or telematic system or network, or who, by reason of their duties, have access to that system or network or to electronic, optical, or magnetic storage devices,” it follows that the legislature is no longer referring to individual communication channels but, instead, is regulating circumstances in which information is interconnected and accessible to a group of persons as users of the network or system referred to in the statutory definition. In this context, an aggravating circumstance is legitimate when the conduct is carried out by the person or group of persons responsible for administering and supporting the system, insofar as these persons bear greater responsibility for the proper use and safeguarding of the information.Nevertheless, the second part of the subsection broadens its scope to include persons “... who, by reason of their duties, have access to that system or network.” In principle, the term “duties,” which the provision uses to define the basis connecting the person to the system, could be regarded as equivalent to concepts such as tasks or work. However, an analysis and interpretation of this concept could ultimately allow a judge also to include information contained in the computer systems and networks of the Public Administration. The petitioner (gestionante) believes that sufficient elements exist to create a dangerous possibility of interpreting the statutory definition as encompassing the disclosure of information that, irrespective of the means used to obtain it, is publicly accessible information. He states that Costa Rica has no law regulating the right of access to information and defining precisely, in compliance with Articles 28 and 30 of the Constitución Política, when “we are dealing with information that is of public interest and, consequently, publicly accessible, and when, by contrast, we are dealing with information that, although held by a State entity, is not of public interest for purposes of its disclosure and, consequently, does not fall within the scope of the right of access to public information.” In the case of Article 196 bis, the violation of Article 30 of the Constitución Política is direct.That article previously governed the violation of electronic communications and was one of the few articles that punished the use of technological resources to commit criminal acts. The amendment radically changes its content to punish conduct directed against a specific type of information: personal data (datos personales). He believes that this statutory definition is intended to extend criminal-law protection to the right to informational self-determination (derecho a la autodeterminación de la información), which derives from the right to personal and private life. He further adds that the challenged Article 295 is also unconstitutional because it criminalizes obtaining and disclosing “secret political information,” whereas Article 30 of the Constitution provides for free access to administrative departments for the purpose of obtaining information on matters of public interest, with State secrets as the sole exception.The provision in question thus expands the category of information to which citizens may not have access, thereby violating the constitutional principles of transparency and publicity that must govern all actions of public officials. It introduces an indeterminate legal concept (concepto jurídico indeterminado). He requests that Articles 196, 196 bis, 288, 236, and 295 of the Código Penal be declared unconstitutional.
  3. 8By written submission received at 11:05 hours on 7 de marzo de 2013, Ricardo Armando Calderón Aguirre, acting as Judicial Representative of EFX de Costa Rica, Sociedad Anónima, which appears as an active supporting intervenor (coadyuvante activo) regarding Article 196 bis in general and subsection b) of the Criminal Code. He states that said article is contrary to the principle of legal certainty (principio de seguridad jurídica), which rests on the concept of predictability—that is, that everyone should know beforehand the legal consequences of their own conduct. The challenged provision (norma impugnada) creates evident legal uncertainty for those to whom it applies because it clearly conflicts with Ley Nº 8968, which is specific legislation governing, in every detail, the exercise of the fundamental right to informational self-determination (autodeterminación informativa). Article 5.2.b) of the aforementioned law provides that: “Express consent shall not be necessary when: a) ... b) The data consist of personal data subject to unrestricted access, obtained from sources generally accessible to the public.” Nevertheless, the provision punishes, with an aggravated prison sentence of four to eight years, anyone who, among other forms of conduct, discloses without the consent of the information holder “data of a public nature or data contained in public databases.” The contradiction could not be more evident, since what Ley Nº 8968 regards as an exception is punished by the challenged provision as an offense carrying an aggravated penalty.This clear contradiction between the two bodies of legislation flagrantly violates the constitutional principle of legal certainty. Likewise, the use of indeterminate concepts (conceptos indeterminados), such as “endangering intimacy or privacy,” also infringes the constitutional principle of legal certainty because the prohibited conduct is not described fully and exhaustively through objective elements, which means that this is an open-ended criminal offense (tipo penal abierto). Regarding the violation of the constitutional principle of reasonableness (principio constitucional de razonabilidad), he states that Article 196 bis of the Criminal Code, as currently worded, is unnecessary because the right to informational self-determination is protected by Ley Nº 8968, which establishes precise and specific safeguards for the protection of this fundamental right. The provision is not suitable (idónea), since other legal mechanisms exist that protect the fundamental right to informational self-determination more appropriately than the challenged provision.Nor does it satisfy the requirement of proportionality (proporcionalidad), given that the criminal penalty it imposes is markedly greater than the benefit that its validity and enforcement are intended to secure for the community. Indeed, criminally punishing a person for accessing data contained in public databases or disseminating data of evident public interest undermines important collective interests, such as ensuring that public officials perform their duties in accordance with the principles of transparency (transparencia) and accountability (rendición de cuentas), guaranteeing all citizens unrestricted access—except in the cases provided for by the legislation itself—to information kept in administrative offices, and refraining from interfering with the fundamental right to information (derecho fundamental a la información). Subsection b) of Article 196 bis of the Criminal Code also violates the principles of transparency and publicity (publicidad), which form part of the essential core of the Social and Democratic State governed by the rule of law (Estado Social y Democrático de Derecho).In exercising its sovereignty, the people have the fundamental right to be informed of the activities carried out by public entities and officials and to exercise effective oversight in order to verify their legality, timeliness, and morality. It also entails the right of every administered person (administrado) to obtain information concerning an official’s activities, remuneration, and the manner in which public funds are administered generally, as well as the public servant’s obligation to account for them. Indeed, Article 195 bis, subsection b), of the Criminal Code disregards the application of the principles of transparency and publicity enshrined in Article 11 of the Political Constitution by defining the disclosure of public data or data contained in public databases as a criminal offense, without taking into account that much of such data is disclosed precisely for reasons of public interest, for the sole purpose of giving effect to the constitutional principles of transparency and accountability in the performance of public functions (función pública).Therefore, insofar as the challenged provision does not exclude from subsection b) of Article 196 bis of the Criminal Code the disclosure, for reasons of public interest, of public data or data contained in public databases, it clearly violates Article 11 of the Political Constitution. The right of access to public information (derecho de acceso a la información pública) is protected by Article 30 of the Political Constitution and consists of the right of administered persons to “have free access to administrative departments for the purpose of obtaining information on matters of public interest.” The corresponding duty of the Administration is not to impede free access to documentation, except where it concerns matters exempted from freedom of information. Article 30 of the Political Constitution authorizes the collective exercise of that right with respect to matters of public interest.The use of the term “collective” gives this right a political character, since that word would be superfluous if the right referred strictly to private matters. Like every fundamental right, the right of access to public information is subject to boundaries and limitations in its exercise. The most important of the latter are the so-called state secrets (secretos de Estado). Indeed, said article exempts state secrets from the citizens’ right to obtain information from administrative departments. The legislation does not define the concept of “state secret”; nevertheless, when the First Chamber of the Supreme Court of Justice acted as a constitutional court, it held that this concept includes matters relating to the country’s security, defense, and international relations (Voto 115- 83). Political secrets (secretos políticos) could likewise be regarded as limits on the exercise of this right.This concept encompasses secrets relating to security and defense. Another permitted limitation on the exercise of this right consists of so-called diplomatic secrets (secretos diplomáticos). This type of secret concerns public servants who perform activities involving international relations where publicity could endanger the country’s security and tranquility. The right of access to administrative departments is also limited when an administrative matter is pending resolution. In this connection, Article 273 of the General Law of Public Administration provides that there shall be no access to documents in the case file (expediente) whose disclosure could compromise state secrets or confidential information belonging to the opposing party or, generally, where examination of such documents would grant one party an undue privilege or an opportunity to cause unlawful harm to the Administration, the opposing party, or a third party, either within or outside the case file.Apart from the stated exceptions, there is no other constitutionally legitimate limitation on the exercise of the right of access to administrative departments. The challenged provision therefore violates Article 30 of the Political Constitution because it prevents access to data of a public nature or contained in public databases in cases where the data are unquestionably of public interest. Regarding the violation of freedom of expression (libertad de expresión), enshrined in Articles 28 and 29 of the Political Constitution and Article 13 of the American Convention on Human Rights, one of its essential components is the right to information, which allows everyone to receive sufficiently comprehensive information about events and schools of thought—which are also realities—and, based on them, to choose and form their own opinions. This is achieved in two different ways: a) through the objective presentation of facts and b) through pluralism among ideological currents.Freedom of the press (libertad de prensa) therefore entails the right of administered persons to receive truthful and objective information as an indispensable requirement for each person to form opinions as freely as possible. There are, however, limits on freedom of information (libertad de información) in relation to the right to privacy (derecho a la intimidad). Indeed, although restrictions affecting the right to honor (derecho al honor) may be justified by the truthfulness sought by the journalist, truthfulness is not sufficient to prevent infringement of the right to privacy. In such a case, a limitation is possible only when it is based on the public relevance of the disclosed fact. In other words, the dissemination of the fact, even if true, must also be necessary in light of the public interest in the matter being reported. Insofar as the challenged provision defines the disclosure of public data or data contained in public databases as a criminal offense without excluding data disclosed for reasons of public interest, it violates an essential component of freedom of expression—namely, the right to inform (derecho de informar)—which is recognized in Articles 28 and 29 of our Political Constitution and Article 13 of the American Convention on Human Rights.He requests that Article 196 bis of the Criminal Code, in general, be interpreted to mean that a person who accesses personal data found in public databases, or whose disclosure is of evident public interest, does not commit the offense defined by that provision, based on the constitutional principles of legal certainty and reasonableness. He further requests that Article 196 bis, subsection b), of the Criminal Code be declared unconstitutional for violating Articles 11, 28, 29, and 30 of the Political Constitution.
  4. 9By a ruling issued at 16:03 hours on 27 de marzo de 2013, the supporting intervention (coadyuvancia) of José Rodolfo Ibarra Bogarín and Alejandro Delgado Faith was admitted, in their respective capacities as President of the Colegio de Periodistas de Costa Rica and President of the Instituto de Prensa y Libertad de Expresión -IPLEX-. With respect to petitioner (gestionante) Ricardo Armando Calderón Aguirre, acting as the judicial and extrajudicial representative of EFX de Costa Rica Sociedad Anónima, the application was denied because it had been filed out of time, as he entered an appearance on 7 de marzo del 2013, that is, outside the fifteen-day period following the first publication of the notice.
  5. 10By decision issued at 9:05 hours on 11 de enero de 2013, the Chamber ordered that the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) being processed under expediente 12-17344-0007-CO, filed by Hennez Ismael González Álvarez in his capacity as President of the Fundación para Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, and Jesús Barrantes Castro, be consolidated with these proceedings. In the brief received by the Chamber’s Secretariat at 14:23 hours on 10 de diciembre de 2012, the petitioners request that Article 288 of the Criminal Code be declared unconstitutional, as they consider it contrary to the freedom of expression enshrined in Article 29 of the Political Constitution and Articles 3 and 19 of the Universal Declaration of Human Rights. They state that the challenged provision violates the principle of legality in criminal law (principio de legalidad del Derecho penal), because although it clearly establishes the penalty, it does not set forth the specific elements of the factual basis (supuesto de hecho), thereby permitting numerous interpretations that may be tailored to suit the interests of certain persons; in other words, it is a blank criminal provision (tipo penal en blanco) that lends itself to arbitrary interpretations.Nor does it define the protected legal interest (bien jurídico tutelado), since Article 288 appears to protect only the interests of politicians and not those of other persons. With respect to State secrets (secretos de Estado), they contend that this provision is interpreted to mean that no inquiries should be made into politics or into those involved in political parties, whether the matters are good or bad, and that someone investigating corruption could be imprisoned. They request that Article 288 of the Criminal Code (new Article 295 following the renumbering of the Criminal Code effected through Ley N° 9048), concerning the criminal offense of espionage (tipo penal de espionaje), be declared unconstitutional because it violates the principle of legality in criminal matters (principio de legalidad penal), as there is no statutory provision governing and providing certainty as to the limits and scope of State secrets.
  6. 11By decision issued at 8:51 hours on 30 de noviembre de 2012, the clerical error (error material) contained in the decision issued at 16:43 hours on 22 de noviembre del 2012 in these proceedings was corrected, to clarify that Randall Rivera Vargas’s constitutional challenge was admitted solely for the purpose of seeking a declaration that Article 295 (288) of the Criminal Code is unconstitutional. Furthermore, this constitutional challenge was deemed expanded under the terms set forth in actions 12-015134-0007-CO and 12-014769-0007-CO, which were consolidated with it, such that Articles 196 and 196 bis, subsection b), of the Criminal Code, as amended by Ley Nº 9048, are also challenged on the grounds that they are contrary to Articles 24, 28, 30, 39, 79 and 87 of the Political Constitution. With respect to that expansion, the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) was granted an opportunity to be heard (audiencia).
  7. 12The Office of the Attorney General of the Republic submitted its report by means of a written filing presented to the Secretariat of the Chamber at 16:00 hours on 7 de enero de 2013. Regarding the action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) filed by Randall Rivera Vagas, it states that the claims made refer to Article 295 and that the only changes made to former Article 288, now Article 295, by Ley Nº 9048 were the increase in the penalty and the inclusion of the national police forces, the fight against drug trafficking, and organized crime as objects of protection. In other words, the expression “secret political information” appeared in the original Article 286 when it was enacted as part of the 1970 Penal Code and remained throughout its various renumberings; it was only through Ley Nº 9048 that its text—that of Article 288—was amended with respect to the matters analyzed.It states that the crime of espionage (delito de espionaje), since its introduction in the 1970 Penal Code, has always formed part of Title XI, “Crimes against the Security of the Nation”; Section Two, “Crimes that Jeopardize the Peace and Dignity of the Nation.” The legally protected interests (bienes jurídicos) of “means of defense” and “foreign relations” have long been the two concepts that, par excellence, define a state secret (secreto de Estado), and even constitute one of the few constitutional limitations imposed by the Constituent Assembly on access to public information (Article 28 of the Fundamental Charter). With respect to the crime of espionage, the legislature did not intend to introduce, in the aforementioned law, a sphere of special protection for politicians, to cloak matters of government or state business in secrecy, or to punish or prevent investigative journalism from revealing improper conduct by politicians to the public.Article 295 increased the penalty, repeated the concept of “secret political information,” which has appeared in the original text since 1970, and included new areas or legally protected interests: the national police forces, the fight against drug trafficking, and organized crime. Secret political or security information would constitute limitations on access to public information (except as stated regarding the public interest protected by Article 28 of the Constitution and the inclusion of drug trafficking and organized crime), and obtaining or seeking such information would therefore be punishable, provided that it concerns the Nation’s means of defense or foreign relations. Improper conduct by politicians would certainly not fall within these circumstances, and it is therefore maintained that this cannot be the interpretation of Ley Nº 9048. A different matter is guaranteeing the infallibility of those responsible for determining which matters should be classified as state secrets.If that task were improperly performed, the corresponding judicial review mechanisms (controles jurisdiccionales) would be available, and any person accused of the crime of espionage would undoubtedly have a strong likelihood of not being charged or of being acquitted. Regarding the Action of Unconstitutionality filed by Gonzalo Monge Núñez and eighteen students from the Faculty of Law of the Universidad de Costa Rica, the same observations made concerning the action filed by journalist RIVERA VARGAS must be applied to the present complaint. First, it alleges that the new wording of Article 288 (sic) directly violates the guarantee of freedom of expression and also prevents university professors from exercising academic freedom and students from benefiting from it as a basic component of their education, without specifically identifying the nature of the violations or the subject matter involved.It also refers to the current Article 295 as Article 288, without recognizing that Ley Nº 9048 renumbered the provisions. The Office of the Attorney General considers that Article 295 does not violate Article 13 of the American Convention but is fully consistent with it, because its language establishes a circumstance subject to punishment while giving full consideration to the restrictions set forth in that Convention, which are fully observed and respected by our constitutional system. Regarding the Action of Unconstitutionality brought by the Defensoría de los Habitantes, the Defensora de los Habitantes states that the offense under Article 196 was formerly a conduct offense (delito de mera actividad) and is now a result offense (delito de resultado). She bases her analysis on the principle of inviolability of communications (Article 24 of the Political Constitution), which protects persons from interference by third parties, including the State; this, in turn, has led the punitive system to establish criminal penalties for anyone who infringes that privacy and intimacy, through measures such as Article 196 of the Penal Code.In this regard, the Office of the Attorney General considers this to be a typical legislative change falling within the scope of criminal-policy criteria (criterios de política criminal), over which the legislature is sovereign and which the Constitutional Chamber may not review unless the challenged provision grossly violates the principles of proportionality and reasonableness (see judgment number 4790-12). It considers that, even if the amendment made to Article 196 of the Penal Code were substantial, in view of the foregoing regarding the immunity of criminal-policy criteria from constitutional review, subject to certain exceptions, it cannot be concluded that the amendment is unconstitutional or that it violates Article 24 of the Constitution merely because, apparently, the offense that was formerly a conduct offense now requires that a result be caused. It further states that it is untrue that the legally protected interest of intimacy or privacy has been left without protection.Contrary to the position maintained by the Defensoría, the former conduct requirement has now been replaced by danger. Thus, the only new element introduced was the causing of actual harm—a result offense—to intimacy or privacy, which is valid because it falls within the legislature’s authority. Accordingly, two forms of objective attribution (imputación objetiva) are established: the expression “danger” encompasses the former “mere conduct,” while the challenged amendment adds the other means of causing harm, namely through a result. Even if the applicant were found to be correct in asserting that the amendment to Article 196 of the Penal Code left the addressee and sender without protection—protecting only the privacy of a third party—that would still not establish the unconstitutionality of the aforementioned provision, because the fundamental right to the intimacy and privacy of communications is protected in two ways: constitutionally and through the punitive system.Thus, if the latter protection were to disappear—whether because of a criminal-policy decision or poor legislative drafting—privacy would remain safeguarded by the constitutional mandate, although without a punitive response; this could potentially support an allegation of inadequate statutory protection, but not of inadequate constitutional protection. In other words, protection of the privacy of the addressee’s and sender’s correspondence or communications was made contingent upon causing a result or merely endangering a third party, which reflects poor legislative drafting but does not thereby rise to the level of unconstitutionality. The applicant further alleges that the offense defined in Article 196 violates Article 39 of the Constitution because it constitutes an open-ended criminal provision (tipo penal abierto). In this regard, the applicant’s only argument is that it violates “.... the guarantee implicit in the principle that criminal offenses must be specifically defined...” and provides no further analysis.In this case, the provision’s open-ended nature was not introduced by the amendment made to the article at issue by Ley Nº 9048, nor can the grammatical drafting defects in the article under discussion be attributed to that amendment through its introduction, for example, of concepts such as “with danger or harm to the intimacy or privacy of a third party and without that party’s authorization” or “documents or communications addressed to another person.” Thus, because the requirements for establishing a complete criminal offense (tipo penal completo) are met, both the prospective offender and the victim should be satisfied: the former because the provision is sufficiently clear in identifying the prohibited conduct and its punishment, and the latter because the legally protected interest is protected. It adds that a punitive provision need not legislate on matters concerning the right of access to administrative information.For that reason, the foregoing arguments advanced by the Defensoría de los Habitantes are not considered meritorious. Furthermore, in analyzing the second part of subsection b) of Article 196, the Defensoría de los Habitantes considers that the ambiguity of the term “duties” could result in a twofold violation: a) private information held by administrative offices could be disclosed, thereby violating Article 24 of the Constitution; and b) because the boundaries applicable to private correspondence and communications would be lost, a person who, as part of their duties, provides access to public information, as enshrined in Article 30 of the Constitution, could be punished, which would be nonsensical. Regarding the alleged violation of Article 24 of the Constitution, Ley Nº 8968 of 7 de julio de 2011, entitled “Protection of Individuals with Regard to the Processing of Their Personal Data,” clearly defines the limits on access to private information held by administrative departments.As for the alleged unconstitutionality of subsection b) of Article 196, the applicant states that this claim is not self-standing, since she links it to the absence of legislation regulating the right of access to public information. In that context, according to the Defensoría de los Habitantes, the unconstitutional omission (omisión inconstitucional) to enact a law defining the right of access to public information—a matter also raised with respect to Article 295 of the Penal Code—constitutes, in both instances, unconstitutionality by omission (inconstitucionalidad por omisión) because no law governing state secrets has been enacted; this issue will be examined below in the analysis of the crime of espionage. In another respect, the Defensoría de los Habitantes asserts that Articles 196, 196 bis, and 295 violate the principle of legality in criminal matters (principio de legalidad en materia penal), but it offers no conclusion requiring analysis.The applicant states that Article 295 of the Penal Code violates Articles 28, 30, and 39 of the Constitution because, as a blank criminal provision (tipo penal en blanco), it violates the principle of legality in criminal law and, because no law regulating state secrets exists, there is unconstitutionality by omission. The Attorney General’s representative concludes, however, that Article 295 complies with the principles of specificity of criminal offenses (principio de tipicidad) and legality because it sets out the prohibited conduct, the operative verb or verbs defining that conduct, and the penalty. She states that, according to the Defensoría, a law defining state secrets is required and, because no such law exists, unconstitutionality by omission is alleged on the ground that Article 30 of the Constitution is not a self-executing provision. With respect to unconstitutionality by omission, there is certainly a regulatory gap (laguna normativa) concerning the regulation of state secrets by means of a statutory provision, which would be the most advisable approach; nevertheless, this does not mean that the absence of such regulation must be deemed to constitute unconstitutionality by omission.

While it is true that Article 19.1 of the Ley General de la Administración Pública establishes that the legal framework governing constitutional rights shall be reserved to statute, this is a basic principle that sheds no light on the legislature’s obligation to enact a statute regulating State secrets, nor does it support the conclusion that failure to enact such a statute would constitute unconstitutionality by omission (inconstitucionalidad por omisión). Indeed, that article does not contradict the position of the Sala Constitucional that an express mandate from the Constituent Power or the Legislative Branch must exist for the enactment of a statute that makes a particular constitutional provision enforceable. Thus, the final phrase of Article 30 of the Constitution concerning State secrets could well not exist, and even so, the restriction on the right of access to administrative information would remain in force by virtue of the indeterminate concept (concepto indeterminado) of “public interest” in the similar Article 28.

In other words, State secrets, like public interest, are indeterminate legal concepts (conceptos jurídicos indeterminados) with a capacity for absorption, such that attempting to establish by means of a statute what must be covered by it becomes a task contrary to its very nature. Subsection 1) of Article 19 of the Ley General de Administración Pública would be limited to making simple statements defining what is to be understood by State secrets, while leaving it to the authorized body to determine the scope of the subject matter covered by the restriction, based on a current and context-specific analysis of each case. Accordingly, although the existence of a statute regulating the terms of State secrets would be beneficial to the national legal system, this does not justify the conclusions reached by the Defensoría in alleging unconstitutionality by omission without having demonstrated an express or implicit mandate arising from Article 30, much less Article 28, both of the Constitution.

Likewise, it is also inadmissible to conclude that Article 295 of the Código Penal is a blank criminal statute (norma penal en blanco), because that provision is sufficiently complete in its essential elements to be deemed compliant with the principles of legality and criminality. If the mechanism employed to date has been the promulgation of executive decrees defining which subject matter must be covered by State secrecy, then, under the principle of specificity in criminal law (principio de tipicidad penal), if that executive decree had not been promulgated before the conduct prohibited by Article 295 of the Código Penal was committed, the offense simply could not be attributed to the accused. In conclusion, the alleged unconstitutionality by omission on the part of the ordinary legislature or the amending power does not exist, because Article 30 contains no express mandate to enact a statute regulating State secrets, and the amending power has not deemed one necessary.

As a corollary, it is likewise untrue that the criminal offense defined in Article 295 of the Código Penal is a blank criminal offense (tipo penal en blanco) requiring supplementation, and that the unpromulgated Ley de secretos de Estado would provide that completeness. The criminal offense defined in Article 295 of the Código Penal satisfies the basic requirements imposed by the principles of legality and criminal specificity (tipicidad criminal). Regarding the claim concerning the inadvisability of incorporating the concepts of organized crime and drug trafficking into Article 295 of the Código Penal, the challenge has two aspects: a) extending the concept of State secrets through these two criminal phenomena, thereby undermining the exceptional nature of the former. Moreover, as phenomena that destabilize the national order, they would already be encompassed within the concepts of “national security, means of defense, and foreign relations”; and b) given the legal nature of these two scourges, particularly their power to penetrate society, it would be dangerous for access to public information containing data concerning the participation of public officials in activities connected with organized crime to be prevented under the cloak of State secrecy.

It considers the Defensoría’s arguments on this issue to be concerns of legality and expediency, because a public-safety problem should not be included within the concept of State secrets. The other concern—that organized crime could infiltrate society, involving private citizens and State officials—lacks constitutional support. The same would apply with respect to national security or foreign relations, where extremely serious acts by public officials harmful to integrity could be concealed under the protection of State secrecy. What the provision seeks to prevent is the disclosure of information concerning matters as sensitive as drug trafficking and organized crime from frustrating the efforts that law-enforcement bodies may be undertaking in that area. Any other interpretation that would allow public officials to engage in improper conduct with impunity would be unconstitutional. For the reasons stated, no constitutional violation is apparent regarding the dangers that could arise from including drug trafficking and organized crime among the circumstances triggering the criminal offense defined in Article 295 of the Código Penal; the claim is unfounded and must likewise be rejected.

Regarding Article 196 bis.- Although the cited provision was previously analyzed in light of the arguments presented by the petitioners, attention must be drawn to the content of subsection b). The conduct punished is that of any person who, for his or her own benefit or that of a third party, endangering or harming privacy and without authorization from the data subject, appropriates, modifies, interferes with, accesses, copies, transmits, publishes, disseminates, collects, disables, intercepts, retains, sells, purchases, diverts to a purpose other than that for which they were collected, or subjects to unauthorized processing the images or data of a natural or legal person stored in computer or telematic systems or networks or in electronic, optical, or magnetic containers; subsection b) identifies as an aggravating circumstance that the data are public in nature or are contained in public databases.

The latter phrase is readily understandable: private data may be contained in public databases, and the privacy of such private data therefore remains protected. The part that is confusing and unclear is the assertion that “the data are public in nature.” Likewise, this Advisory Body does not understand what the reasonableness of the provision would be. It is a different matter for private data to be held by public agencies—even when they are not in a public database—and, because they remain private data, to warrant protection. But the fact that it states that the data are public in nature, without drawing any further distinction, could indeed lead to the conclusion that this phrase violates the right of access to information set forth in Article 30 of the Constitución Política and Article 13 of the Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Regarding Article 288.- The secret political information or information of national police or security forces that may not be sought or obtained is solely that concerning the nation’s means of defense or foreign relations, or that affects the fight against drug trafficking or organized crime.

Therefore, it does not refer to just any information, but only to information falling within those circumstances. In the case of means of defense or foreign relations, this is what has traditionally been regarded as a State secret and must be declared as such. For its part, the introduction of the concepts of interference with the fight against drug trafficking and organized crime limited the possibility of seeking or obtaining such information, and, in the interest of ensuring its reasonableness and proportionality, the provision makes clear that the protected information is information that affects the fight against those two scourges of our society. Accordingly, not all information relating to those matters is protected, but only information falling within those circumstances. Consequently, the provision under discussion cannot be interpreted as covering potential corruption by public officials.

Although the wording of the provision is less than ideal in its use of the phrase “secret political information,” it must be understood as referring exclusively to information concerning means of defense or foreign relations, or information that could affect the fight against drug trafficking and organized crime. Therefore, it does not restrict access to information to the extent alleged, and a correct interpretation of these provisions, except as already indicated, neither limits nor renders ineffective the fundamental right of access to information.

  1. 13The notices (edictos) referred to in the second paragraph of Article 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional were published in issues 250, 251 and 252 of the Boletín Judicial, dated 27, 28 and 31 de diciembre de 2012.
  2. 14Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber (Sala), at any time, including upon filing, to summarily dismiss (rechazar de plano) or dismiss on the merits (rechazar por el fondo) any application submitted for its consideration that is manifestly inadmissible, or when it finds that there are sufficient grounds to dismiss it, or that it is merely a reiteration or reproduction of an identical or similar prior application that was dismissed.
  3. 15The statutory requirements have been fulfilled in the proceedings.

Justice Salazar Alvarado drafted the opinion; and,

Whereas:

I.Regarding the formal requirements for admissibility and standing in a constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad). This Chamber has repeatedly held that a constitutional challenge is a proceeding subject to certain formalities, failure to satisfy which prevents this Chamber from ruling on the merits of the matter. Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes the admissibility requirements for constitutional challenges and governs three distinct situations. The first paragraph requires the existence of a pending matter (asunto pendiente de resolver), whether in judicial proceedings—including habeas corpus or amparo remedies—or in administrative proceedings—through the procedure for exhaustion of administrative remedies (agotamiento de la vía administrativa)—in which the unconstitutionality of the challenged provision is invoked as a reasonable means of protecting the right alleged to have been infringed in the principal matter.

The second and third paragraphs govern direct challenges (acción directa)—for which no underlying matter (asunto base) is required—in the following circumstances: a) when, by the nature of the matter, there is no individual and direct injury, or the case concerns the defense of diffuse interests (intereses difusos), or interests pertaining to the community as a whole; and b) when the challenge is brought by the Procurador General de la República, the Contralor General de la República, the Fiscal General de la República, or the Defensor de los Habitantes. Regarding the requirement that there be a pending matter, as established in the first paragraph of Article 75 of the statute governing this Jurisdiction, this Chamber has explained that, in such a case, the constitutional challenge is constituted or configured as:

“(...) a proceeding incidental in nature (proceso de naturaleza incidental), rather than a direct or popular action (acción directa o popular), meaning that there must be a matter pending resolution—whether before the courts of justice or in the procedure for exhausting administrative remedies—in order to gain access to constitutional review, but in such a manner that the challenge constitutes a reasonable means of protecting the right deemed to have been infringed in the principal matter, so that the Constitutional Court’s ruling has a positive or negative effect on that pending proceeding, because it addresses the constitutionality of the provisions that must be applied in that matter (...)”. (Judgment Nº 4190-95, at 11:33 hrs. on 28 de julio de 1995; emphasis not in the original).

Likewise, Judgment Nº 1319-1997, at 14:51 hrs. on 4 de marzo de 1997, held as follows:

“(…) Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes, as one of the prerequisites for filing a constitutional challenge, the existence of a pending matter, because it constitutes the necessary connection between the proceeding in which the provision alleged to be unconstitutional is applied and the subject matter of the constitutional proceeding, as well as the basis that gives the petitioner standing to assert the claim as a remedy of last resort in exercising the right of access to constitutional jurisdiction. Strict standing requirements for access to constitutional jurisdiction, rather than constituting an obstacle intended to prevent review of the constitutionality of statutes, constitute the channel through which the right of access to justice is exercised, deriving from the existence of a ‘prior matter’ (asunto previo) that gave rise to the alleged inconsistency or contradiction between the statute and the Constitution, thereby preserving the—specialized—adjudicative function and avoiding distortion of the integrity of the system governing relations among the constitutional branches of the State, of which the Chamber forms part, because, as a member of those branches, it is not entirely free or unlimited in its actions.

For this reason, a constitutional challenge requires the existence of that prior matter as a reasonable means of protecting the right or interest alleged to have been infringed. Nevertheless, the reasonableness of a constitutional challenge as a means of defense for the petitioner must not be analyzed solely within the context of the prior matter, but rather within the constitutional legal framework governing the actions of this Chamber. Accordingly, a petitioner’s particular view that a statutory provision is unconstitutional does not permit a challenge to be filed without a pending matter; instead, it must be demonstrated that the challenge constitutes a reasonable means of protecting the right or interest alleged to have been infringed (…)”.

II.Regarding standing and the admissibility of these constitutional challenges. In this matter, the petitioners Randall Rivera Vargas, Ana Laura Hernández Meléndez, Andrea Bermúdez Ling, Antonio Bolaños Álvarez, Carlos Luis Hernández Rodríguez, Daniel Rodríguez Maffioli, Edgar Mauricio Pizarro Averra, Fabiola Solano Portuguez, Fernando Salazar Pérez, Jonathan Facey Torres, José Miguel Cubillo González, Karen Brenes Piedra, Katherine Dayana Romero Carpio, Maribel Lucrecia Ramírez Astúa, Oscar Núñez Barrantes, Sergio Monge Astúa, Sofía María Barquero Piedra, Sofía Valenzuela Barrantes, Yuliana Leiva Orozco, Jesús Barrantes Castro, and Hennez Ismael González Álvarez, in his capacity as President of the Fundación para Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, claim standing through abstract constitutional review (control de constitucionalidad abstracto) and invoke the defense of diffuse interests, because they seek to protect freedom of expression and the right to information.

However, those circumstances do not confer direct standing upon the aforementioned applicants to institute this proceeding because, as emphasized supra, Article 75, first paragraph, in fine, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional requires, for the admissibility of an incidental constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad por la vía incidental), such as this one, a pending matter in which the alleged unconstitutionality is a reasonable means of protecting the right or interest claimed to have been infringed, whereas the challenged articles are individually and directly applicable. It should be noted that the petitioners fail even to indicate the existence of an administrative or judicial matter that could serve as the basis for instituting a constitutional proceeding of this nature—and likewise fail to provide a certified copy of the pleading (libelo) in which unconstitutionality may have been alleged in that underlying matter—nor do they allege, justify, or demonstrate that they fall within the grounds permitting the filing of a challenge based on the defense of diffuse or collective interests (intereses colectivos), and they do not hold the status of any of the officials whom the Ley de la Jurisdicción Constitucional authorizes to apply directly to this Chamber.

Legislation permits direct access to this avenue only by exception—under the requirements set forth in the second and third paragraphs of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. In turn, the students of the Universidad de Costa Rica also asserted that the content of the provision restricts university professors from exercising academic freedom (libertad de cátedra) and students from receiving instruction under that freedom, as a basic component of their education. That argument is rejected, however, because it is insufficiently developed and the petitioners provide the Chamber with no assessment and do not specify what the violations consist of. In this regard, Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides that the grounds must be set forth clearly and precisely in the pleading instituting the constitutional challenge. As to the standing of the Defensoría de los Habitantes, as this Chamber has held, it has standing to defend fundamental rights and, in general, the constitutionally protected rights and interests of the country’s inhabitants.

That authority is conferred by Article 75, paragraph 3), of the Ley de Jurisdicción Constitucional, and in this case it has standing because it invokes the defense of interests pertaining to the community as a whole, in relation to criminal offenses (tipos penales) that conflict with the right of access to information and freedom of expression as they relate to the activities of public officials, public documents, personal data, and the improper acquisition of state secrets, which, in its view, undermines democratic principles. Accordingly, consideration and adjudication of this constitutional challenge through abstract review (control abstracto), based on the allegations of the Defensoría de los Habitantes, is admissible.

III.Subject matter of the challenge. The constitutional challenge was brought against the amendment to Articles 196, 196 bis and 288 of the Código Penal enacted through Ley Nº 9048, dated 10 de julio de 2012, entitled "Amendment of Various Articles and Modification of Section VIII, Entitled Computer and Related Offenses, of Title VII of the Código Penal" (“Reforma de varios artículos y modificación de la Sección VIII, denominada Delitos Informáticos y conexos, del Título VII del Código Penal”), published in the Diario Oficial La Gaceta Nº 214, dated 6 de noviembre de 2012. However, the aforementioned articles ceased to be in force upon the enactment of Ley Nº 9135 de 24 de abril de 2013, published in the Diario Oficial La Gaceta Nº 80 del 26 de abril de 2013, which amended those provisions. Regarding constitutional review of repealed statutes (leyes derogadas), the Chamber ruled in Judgment Nº 3152-94, at 15:12 hours on 28 de junio de 1994: “...we must state that, as a general matter, constitutional review is conducted with reference to the law currently in force; nevertheless, certain exceptions to this rule may be contemplated.

There are situations in which a repealed provision may have been applied while it was in force, or may continue to be applied, in violation of the Constitution and to the detriment of a person whose injury persists after the repeal, in which case that provision may and must be interpreted and reviewed even if it is no longer in force when judgment is rendered; these are cases in which repeal does not render the issue abstract so as to preclude subsequent constitutional review of the repealed provision. In this specific challenge, constitutional analysis is appropriate because the provision may still affect the petitioner’s interests; that is, the claim of unconstitutionality is a reasonable means of protecting the right or interest alleged to have been infringed, within the meaning of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.”

In the words of recognized legal scholarship (doctrina) on the subject, there are situations in which a repealed provision may have been applied while in force in violation of the Political Constitution and to the detriment of a person whose injury persists after the repeal; in such a case, that provision may and must be subject to interpretation and review, even if it is no longer in force when judgment is rendered. It is therefore appropriate, in this particular case and in accordance with the rules established by Article 11 of the Criminal Code, that punishable acts (hechos punibles) be adjudicated under the laws in force at the time they were committed. Consequently, this action is a reasonable means of protecting the right or interest that the persons represented by defense counsel consider to have been infringed, and an examination of its merits is appropriate.

IV.Regarding the challenged provisions.- As has been noted on other occasions, the purpose of constitutional jurisdiction (jurisdicción constitucional) is to guarantee the supremacy of the provisions and principles of the Political Constitution, particularly the freedoms and human rights enshrined therein, and to make them directly enforceable with precedence over all others. In carrying out this task, when comparing the text of the challenged provision with the Constitution, it is essential to ascertain its logical meaning or spirit in light of the principles of a democratic system governed by the rule of law, with particular moral values reflected in the norms and customs of Costa Rican identity, and to determine, together with those principles, the fairest solution for a given case. The petitioner (accionante) alleges that Articles 196, 196 bis, and 288 of the Criminal Code, as amended by Law Nº 9048, entitled “Amendment of Several Articles and Modification of Section VIII, Entitled Computer and Related Offenses, of Title VII of the Criminal Code,” are unconstitutional.

Before issuing an opinion on the matter submitted for review, it is important to note that, when this action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) was filed, those provisions were amended by Law Nº 9135, dated April 24, 2013. Consequently, because the events giving rise to the referral occurred under the former statutory text, it must be determined whether, at that specific time, the challenged provisions were lawful, and then what the current status of those articles would be as a result of the new amendment. The challenged provisions of Law Nº 9048 state:

“Article 196.- Violation of correspondence or communications.- Any person who, thereby endangering or harming a third party’s intimacy or privacy and without that party’s authorization, takes possession of, accesses, modifies, alters, deletes, monitors, intercepts, uses, opens, disseminates, or diverts from their destination documents or communications addressed to another person shall be punished by imprisonment for three to six years.

The penalty shall be imprisonment for four to eight years if the described conduct is committed by:

  • a)Persons responsible for collecting, delivering, or safeguarding the documents or communications.
  • b)Persons responsible for administering or providing support for the computer or telematic system or network, or persons who, by virtue of their duties, have access to such a system or network or to electronic, optical, or magnetic storage media.” “Article 196 bis.- Violation of personal data.- Any person who, for that person’s own benefit or that of a third party, thereby endangering or harming intimacy or privacy and without authorization from the data subject, takes possession of, modifies, interferes with, accesses, copies, transmits, publishes, disseminates, collects, renders unusable, intercepts, retains, sells, purchases, diverts to a purpose other than that for which they were collected, or otherwise subjects to unauthorized processing the images or data of a natural or legal person stored in computer or telematic systems or networks, or in electronic, optical, or magnetic storage media, shall be punished by imprisonment for three to six years.

The penalty shall be imprisonment for four to eight years when the conduct described in this provision:

  • a)Is committed by persons responsible for administering or providing support for the computer or telematic system or network, or by persons who, by virtue of their duties, have access to such a system or network or to electronic, optical, or magnetic storage media.
  • b)Involves data that are public in nature or contained in public databases.
  • c)Involves compromised information concerning a minor or a legally incapacitated person.
  • d)Affects data revealing a person’s ideology, religion, beliefs, health, racial origin, sexual preference, or sex life.” “Article 288.- Espionage.- Any person who improperly seeks or obtains secret political information or secret information of the national police or security forces concerning the nation’s means of defense or foreign relations, or who impairs the fight against drug trafficking or organized crime, shall be punished by imprisonment for four to eight years.

The penalty shall be imprisonment for five to ten years when the conduct is carried out through computer manipulation, malicious computer programs, or the use of information and communication technologies.”

V.Regarding the merits. The Ombudswoman of the Republic (Defensora de los Habitantes) alleges violations of the constitutional principles of specificity in criminal law (tipicidad), publicity, transparency, and relatedness (conexidad), as well as freedom of expression, information, thought, teaching, and academic freedom, the inviolability of communications, the right to intimacy, and unconstitutionality by omission (inconstitucionalidad por omisión). In this regard, each of the challenged articles will be analyzed separately. Before doing so, it should be noted that the articles under review form part of the “Computer Crimes Law,” Nº 9048, which amended the provisions of the Criminal Code. It bears emphasizing that the existence of the State’s power to punish (ius puniendi) is justified by the need to protect legal interests (bienes jurídicos) of vital importance to the community. Both the administrative sanctioning authority and the criminal sanctioning authority derive from that general power of the State.

Pursuant to Article 39 of the Constitution, it is the responsibility of the Legislative Assembly to define which conduct must be classified and punished as a criminal offense. The determination of which legal interests must be protected by Criminal Law is a criminal-policy decision that falls to the legislature; nevertheless, as this Chamber has noted on various occasions, the exercise of that authority is subject to limitations arising from the principles, rights, and guarantees enshrined in Constitutional Law.

Moreover, the arguments presented by the petitioner clearly reveal a conflict between freedom of information and the right to intimacy. Although freedom of information occupies a special position in our system of fundamental rights, it should be recalled that it does not enjoy preferential or superior status over other fundamental rights and that intrusions upon other fundamental rights must be consistent with the intended purpose, which will be analyzed with respect to each challenged provision.

VI. Analysis of Article 196 of the Criminal Code, as amended by Law Nº 9048.- The article states

“Article 196.- Violation of correspondence or communications.- Any person who, thereby endangering or harming a third party’s intimacy or privacy and without that party’s authorization, takes possession of, accesses, modifies, alters, deletes, monitors, intercepts, uses, opens, disseminates, or diverts from their destination documents or communications addressed to another person shall be punished by imprisonment for three to six years.

The penalty shall be imprisonment for four to eight years if the described conduct is committed by:

  • a)Persons responsible for collecting, delivering, or safeguarding the documents or communications.
  • b)Persons responsible for administering or providing support for the computer or telematic system or network, or persons who, by virtue of their duties, have access to such a system or network or to electronic, optical, or magnetic storage media.” The Ombudswoman of the Republic considers the content of that article contrary to the principle of the inviolability of communications established in Article 24 of the Political Constitution as a guarantee of individuals’ right to intimacy and privacy, and in Articles 12 and 13 of the Universal Declaration of Human Rights. She further considers that the amendment introduced by Law Nº 9048 substantially modified the offense of violating correspondence and communications, because it changed from a conduct offense (delito de mera actividad), for which the statutory definition of the offense (tipo penal) required only the violation of correspondence or communications for its completion, to a result offense (delito de resultado), which requires causing harm to, or placing at risk, a third party’s right to intimacy or privacy, where the person referred to in the statutory definition is anonymous—that is, the person’s identity is unknown.

She also characterizes it as an open-ended criminal provision (norma de tipo penal abierto) because, in her view, the text is ambiguous in failing to define whether it concerns communications or correspondence to which a right of access to information exists because the information is of public interest, or whether it is limited to information of a strictly private nature. She notes that no provision having the force of law develops the right of access to information and that, consequently, Criminal Law has no elements on which to draw when applying this statutory offense. She also argues that the term “third party” likewise changed the identity of the person who may be considered the victim of this type of conduct and the object protected by the provision. She maintains that concepts such as “endangering or harming a third party’s intimacy or privacy and without that party’s authorization” or “documents or communications addressed to another person” render the content of the statutory offense ambiguous.

  • a)Position of the Constitutional Chamber.- For purposes of analyzing this provision, it is important to note that it is constitutionally permissible for every citizen to have the right to keep certain activities or opinions private and to obtain legal protection to prevent others from learning of or disseminating them without authorization, since it would be impossible or very difficult to coexist with others and fully pursue one’s intended aims without enjoying a sphere of intimacy protected from interference by the State or other citizens, and for conduct contrary to law to be punished.

Article 24 of the Political Constitution enshrines the fundamental right to privacy (intimidad), which consists of a sphere protecting citizens’ private lives. Privacy encompasses those aspects, behaviors, data, and circumstances of a person that are ordinarily shielded from the knowledge of strangers and whose disclosure to them may cause the person moral distress by affecting his or her modesty and sense of propriety, unless that same person consents to such disclosure. Thus, the constitutional rights to the inviolability of the home, private documents, and correspondence or communications exist to protect that privacy, which may be overridden only for a just and specific cause. Article 11.2.3 of the American Convention on Human Rights provides that “...no one may be subjected to arbitrary or abusive interference with his private life, family, home, or correspondence, or to unlawful attacks on his honor or reputation....” For its part, the Criminal Code places offenses against privacy in Title VI, Section I, “Violation of Secrets,” and establishes several basic and aggravated criminal offenses (tipos penales), depending on the circumstances of manner, time, and place, the nature of the means used to commit the offense, and the persons involved in the punishable conduct (Articles 196 through 203).

In doing so, the legislature created protection for that sphere of privacy and therefore criminalized the violation of correspondence; through the amendment to Article 196 enacted by Law No. 9048, it consolidated the terms “correspondence or communications.” The remaining articles of the Section, namely Articles 197 through 203, were not amended by that law, and the legislature defined as punishable acts the taking, diversion, or suppression of correspondence; the seizure of letters or private documents; the improper recording of verbal statements; the improper use of correspondence; and the propagation and disclosure of secrets. Accordingly, the constitutional enshrinement of the “secrecy of communications” is a manifestation of the right to privacy, since that right creates a sphere of protection over the private lives of the inhabitants, provided that their actions do not harm morals or public order or prejudice third parties.

In this context, private communications are protected as a manifestation of human individuality. The constitutional guarantee of the secrecy of communications and correspondence is expressly recognized in the article challenged here, in which the criminal offenses of violation of correspondence and violation of communications were consolidated by defining the conduct as an offense punishable when a person, thereby endangering or harming a third party’s privacy and without that party’s authorization, takes possession of, accesses, modifies, alters, deletes, alters, uses, opens, or disseminates documents or communications addressed to another person. It further stated that the penalty is aggravated if the described conduct is committed by persons responsible for collecting, administering, or supporting the network. In this regard, the provision criminalized actions constituting offenses against the sphere of privacy.

The article does indeed refer only to a “third party,” although the persons involved in the communication—the sender and recipient—may also ultimately be harmed. Nevertheless, the legislature intended to protect correspondence and interpersonal communications in order to safeguard the interests of third parties who may not be involved. In that regard, there can be no doubt that the challenged provision does nothing more than guarantee secrecy or privacy against third parties, which means that the content of the communication must be respected and kept secret. Accordingly, the Chamber does not find that the challenged Article 196 violates any constitutional provision, since it respects the fundamental principle protected by Article 24 of the Constitution: every inhabitant of the Republic must enjoy a sphere of privacy that may be intruded upon only when expressly provided for through exceptions to that principle.

In that context, the Constituent Assembly of 1949 did so with respect to private documents and accounting books, whether documents directly related to a person under judicial investigation or to tax matters; it treated written or oral communications differently and provided that correspondence may not be taken, based on the right of persons to communicate privately with one another without unwanted third parties imposing themselves upon those communications. Hence arises the special right to the secrecy of interpersonal communications, as protected by the challenged provision and by the amendment enacted through Law No. 9135 of April 24, 2013. Article 196, currently in force, provides as follows:

“Article 196.—Violation of correspondence or communications. Any person who, thereby endangering or harming another person’s privacy and without that person’s authorization, takes possession of, accesses, modifies, alters, deletes, monitors, intercepts, opens, delivers, sells, sends, or diverts from its destination documentation or communications addressed to another person shall be punished by imprisonment for one to three years.

The same penalty specified in the preceding paragraph shall be imposed on any person who, thereby endangering or harming another person’s privacy, uses or disseminates the contents of communications or private documents that are not of public interest.

The same penalty shall be imposed on any person who promotes, incites, instigates, promises, or pays a financial benefit to a third party to engage in the conduct described in the preceding two paragraphs.

The penalty shall be imprisonment for two to four years if the conduct described in the first paragraph of this article is carried out by:

  • a)Persons responsible for collecting, delivering, or safeguarding the documents or communications.
  • b)Persons responsible for administering or providing support to the computer or telematic system or network, or persons who, by reason of their duties, have access to that system or network or to electronic, optical, or magnetic storage media.” For purposes of this analysis, the aforementioned amendment to the article reduced the penalty to a shorter term of imprisonment and replaced the word “third party” with “another,” which effectively broadened the protection. Nevertheless, for that reason, the Chamber does not consider Article 196, as amended by Law No. 9048, to be unconstitutional, because the purpose of the provision is sufficiently important to the welfare of society as a whole and the protection of individuals’ private lives; this establishes a direct connection with, or derivation from, the constitutional principles invoked, and rules out any claim that the legally protected interest (bien jurídico) of privacy has been left unprotected. Indeed, the protected interest was afforded broader coverage because both danger and actual harm were included.
  • b)With regard to criminal offenses, our constitutional framework recognizes the principle of statutory reservation (principio de reserva de ley), meaning that in this field only the Legislative and Executive Branches may act through formal laws; at the same time, legislative drafting practice has accepted as valid and necessary the use of incomplete criminal provisions (normas penales no completas) to define criminal offenses, which become fully integrated when read in conjunction with other provisions. In this specific case, on July 7, 2011, Law No. 8968, entitled “Law on the Protection of Individuals Regarding the Processing of Personal Data,” was enacted with the objective of guaranteeing every person, regardless of nationality, residence, or domicile, respect for his or her fundamental rights—specifically, the right to informational self-determination (autodeterminación informativa) in relation to his or her private life or activities and other personality rights—as well as protection of his or her freedom and equality with respect to the automated or manual processing of data concerning that person or his or her property.

Accordingly, the petitioners are incorrect in asserting that the Costa Rican legal system lacks legislation concerning the communication of personal data. Nevertheless, in the analysis of the first paragraph of Article 196 bis, the allegation of unconstitutionality by omission (inconstitucionalidad por omisión) will be examined.

  • c)The Ombudswoman states that the provision is unconstitutional because it does not establish with sufficient clarity what constitutes the punishable act (hecho punible) and its punishment, nor does it define the protected legal interest (bien jurídico protegido). In this regard, the principle of specificity (principio de tipicidad) is an integral part of the right to due process (debido proceso), which in turn derives from the principle of legality in criminal matters (principio de legalidad penal) and is closely related to legal certainty (seguridad jurídica), insofar as it guarantees that persons may not be criminally prosecuted for an action that has not previously been clearly and precisely defined as an offense by a provision having the force of law. In this regard, this Court has stated that: “Article 39 of the Political Constitution embodies the principle of statutory reservation (principio de reserva de ley), under which all acts by public authorities that impose burdens on citizens must be established in a formal statute.

That principle assumes particular importance in criminal matters because, with respect to offenses and penalties, statute is the sole lawmaking source. In this field, the meaning of the Latin maxim ‘nullum crimen, nulla paena, sine praevia lege’ is generally accepted.” (See Judgment N° 13591-2009, at 14:42 hours on 26 de agosto del 2009). Thus, when the Constituent refers to the term “offense” in the aforementioned Article 39, it is referring to a defined, unlawful, and culpable act to which a penalty has been attached as a consequence. Of those elements required for an act to constitute an offense, the relevant ones here are specificity and its function of safeguarding citizens. For conduct to constitute an offense, it is not enough for it to be unlawful—that is, contrary to law—it must also be statutorily defined, meaning that it must be fully described in a provision. This responds to indispensable requirements of legal certainty because, since punitive law entails the greatest degree of interference with citizens’ important legal interests, it is necessary, in order to protect them from the State, that they be fully aware of the actions they must refrain from committing on pain of incurring criminal liability (responsabilidad criminal); hence the requirement of a pre-existing law (ley previa).

But that requirement is not sufficient without specificity, because a law stating, for example, “any action contrary to public morals shall constitute an offense” would afford citizens no guarantee, even if it were pre-existing; in that case, the judge’s criteria would give the conduct its actual contours for purposes of determining whether it constitutes an offense. It is different when the criminal act is framed as a statutory offense (tipo penal) and that definition is also closed-ended, because the person to whom the provision is addressed can readily ascertain its content; for example, simple homicide is fully described in Article 111 of the Criminal Code: “Anyone who has caused the death of a person shall be punished by imprisonment for eight to fifteen years.” The safeguarding function of criminal law requires that statutory offenses be drafted as clearly as possible so that both their content and their limits may be inferred from the text as precisely as possible (see, to that effect, Judgment 00102-98 at diez horas tres minutos on nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, reiterated since then in several judgments, including 2006-02872, at catorce horas con cuarenta y un minutos on primero de marzo del dos mil seis, and 2012-003220, at catorce horas treinta minutos on siete de marzo de dos mil doce, among others).

Accordingly, the article under review is not a framework criminal provision (norma penal en blanco), because it respects the principle of specificity by precisely and clearly establishing the perpetrator of the offense, who may be anyone, the act itself, and the penalty. Specifically, the statutory offense under review comprises the perpetrator, the punishable act, and the sentence, and provides that the perpetrator may be any person, since the legislature identified that person using the general wording “anyone” and “the persons responsible.” In every case, the victim (sujeto pasivo) is a “third party,” and the punishable conduct is the violation of correspondence or communications; for that purpose, it describes anyone who, causing risk or harm, takes possession of, accesses, modifies, alters, deletes, monitors, intercepts, uses, opens, discloses, or diverts from their destination documents or communications addressed to another person.” It also established the sentence, which is three to six years’ imprisonment, and in subsections a) and b) it increases the penalty based on the functions performed by the perpetrator of the punishable act.

It should be emphasized that, as noted, the necessary use of language and its limitations mean that the same degree of precision cannot be achieved in every case. No matter how exceedingly careful the legislature may be, it is impossible, when drafting the statutory offense, to set out all the vast number of circumstances that could constitute “taking possession of,” “accessing,” or “modifying.” In such cases, the legislative technique of exemplification—which the Chamber considers consistent with the constitutional order—is commonly used to prevent an arbitrary expansion of the statutory offense. Thus, the adjudicator is not left free to decide above and beyond the legislature; instead, defined parameters are established so that the principle of legality is not violated. It is noteworthy that the punishable act concerns harm to the “intimacy or privacy of a third party,” and the principle of legality is not infringed when the definition of the offense incorporates concepts whose delimitation allows the adjudicator a measure of discretion when determining whether the conduct falls within the statutory definition (adecuación típica).

The law necessarily has to employ concepts involving a greater or lesser degree of abstraction, but which are always general; because life presents only specific cases, interpretation is always necessary to determine whether particular conduct is covered by the law. No matter how much legislation may seek to respect legality, language itself has limitations, meaning that the statutory construction of offenses never exhausts strict legality, which requires the interpretive task—specific to criminal law—of rationally narrowing what is prohibited. This is a reality found throughout punitive legislation (as will be seen below when analyzing the bill before us) and one that this Constitutional Court has accepted in its extensive case law on the subject, as follows:

“The necessary use of language and its limitations mean that in some cases the same degree of precision cannot be achieved; this does not mean that the description presents constitutional problems concerning specificity. The limit of generalization or specificity required by the principle of legality must be established in each particular case (…).” Accordingly, the petitioners’ argument that the provision infringes the principle of legality cannot be accepted, and the provision is therefore constitutional.

  • d)Consequently, Article 196 of the Criminal Code is not considered contrary to the constitutional principles invoked by the petitioners.

VII. Analysis of the first paragraph of Article 196 bis of the Criminal Code.- The challenged article provides

“Article 196 bis.- Violation of personal data.- Anyone who, for their own benefit or that of a third party, creating a risk of or causing harm to intimacy or privacy and without the authorization of the data subject (titular de los datos), takes possession of, modifies, interferes with, accesses, copies, transmits, publishes, discloses, collects, renders unusable, intercepts, retains, sells, purchases, diverts to a purpose other than that for which they were collected, or subjects to unauthorized processing the images or data of a natural or legal person stored in computer or telematic systems or networks, or in electronic, optical, or magnetic containers, shall be punished by imprisonment for three to six years.

The penalty shall be imprisonment for four to eight years when the conduct described in this provision occurs:

... b) When the data are public in nature or are contained in public databases. (...).” The petitioner considers subsection b) of the above-mentioned article unconstitutional because it violates Article 30 of the Political Constitution by extending criminal-law protection to the right to informational self-determination (derecho a la autodeterminación de la información) and criminalizing the disclosure of information, which is also contrary to the principle of freedom of expression protected by Article 29 of the Political Constitution. She also alleges unconstitutionality by omission (inconstitucionalidad por omisión), because there are no regulations governing the right of access to public information or defining when information is of public interest, and she considers it to be an open-ended criminal provision (norma penal abierta). Finally, they refer to the unconstitutionality of subsection b) of Article 196 because it generally regulates data of a public nature without providing any further specification in that regard.

  • a)Position of the Sala Constitucional.—In this regard, for a better assessment of the content of the challenged subsection (b), it is necessary to begin the analysis with the content of the first paragraph of the article, since it is the provision that creates the criminal offense (tipo penal) and regulates the prohibited conduct, namely the “violation of personal data,” punishable by imprisonment for three to six years, with the penalty increasing from four to eight years when the data are public in nature or are contained in public databases, as provided in the challenged subsection (b). The legally protected interest (bien jurídico tutelado) under the article is the Fundamental Right to privacy and its information-law dimension (habeas data), both provided for in Article 24 of the Constitution, and its purpose is to protect personal information during the processing, storage, recording, utilization or use, or tele-transmission of personal data or images, when their inclusion in a public or private database or systematized file has not been expressly authorized.

The computerized processing of personal information or data involves a series of stages, phases, or computer-processing cycles (collection, selection, processing, storage, recording, retrieval, and use of data). Legislation in various countries throughout the world has regulated this computer procedure from the perspective of administrative and civil law and, for greater protection as a measure of last resort (ultima ratio), criminal-law mechanisms have been added to protect the rights of access to information, the structural powers of habeas data (knowledge, updating, rectification, and deletion of data), and, of course, fundamental rights such as privacy. The right of access to information held by every person is regulated in the various constitutions of the world as a fundamental and strictly personal right, and it is inextricably linked to other rights of no less importance and of equal constitutional rank, such as the right to provide and receive information and the right to personal and family privacy.

Today, in the so-called information age, the right of access to information has acquired paramount importance, varying according to the greater or lesser degree of control over data or information concerning individuals when they are stored, recorded, retained, or transmitted through computer, electronic, or telematic means by natural persons or public or private legal entities, as applicable. Within that framework, the dichotomy between the protected right and the infringed right arises, together with the corresponding reasoned balance, which derives primarily from the constitutional and statutory limits of the fundamental rights and freedoms involved. After constitutionalizing the right of access to information and habeas data, various States have adopted legislative means to fulfill their protective or rights-guaranteeing role with respect to the body of fundamental rights and freedoms.

The Sala has recognized that the expansion of the protective scope of the right to privacy arose as a response to the global environment of fluid information exchange in which we live. That environment has called traditional formulas for protecting personal data into question, prompting their evolution in response to the need to use new tools capable of guaranteeing citizens’ fundamental right to decide who may have access to their data, when, where, and under what circumstances, without this constituting a violation of the right to information. Every person has the fundamental right to know what information concerning that person, that person’s property, or that person’s rights appears in any record or archive of any kind, including mechanical, electronic, or computerized records, whether public or private; to know the purpose for which such information is intended; and to have it used solely for that purpose, which shall depend on the nature of the record in question.

This is known as the protection of individuals’ informational self-determination (autodeterminación informativa), which extends beyond the mere sphere of privacy and which the Costa Rican legislature established in Ley Nº 8968, “Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de datos personales.” There, the legislature considered that information and communication technologies currently enable individuals to access conditions permitting them to interact in a large number of settings and, consequently, to enter technological media or platforms that may contain personal information vulnerable to diversion toward other purposes, thereby creating a risk to their privacy. Because of the risk to an individual’s privacy or private activity, it is necessary to safeguard that individual’s freedom and equality with respect to the automated or manual processing of data concerning that person when such data appear in databases belonging to public or private entities, as well as the right to impose criminal penalties when those rights are infringed and the data are disseminated without the person’s consent.

In this context, both the aforementioned law and the first paragraph of Article 196 bis complement one another because, on the one hand, citizens are granted the right to be informed of the processing of their data and the objectives sought through such processing, together with the right to criminal-law protection when their personal data are published without their consent or are subjected to processing not authorized for that purpose. It should be noted that the criminal offense refers to the violation of “personal data,” understood as any data relating to an identified or identifiable natural person, and limits such protection to cases in which the person’s privacy is harmed or endangered. Thus, the right to information is limited by the right to privacy, meaning that the provision does not, per se, infringe the right to information but instead protects data associated with individuals’ privacy, such as restricted-access data (datos de acceso restringido), that is, data which, although forming part of publicly accessible records, are not freely accessible because they are of interest only to the data subject or to the Public Administration, as well as sensitive data (datos sensibles), meaning information relating to a person’s intimate sphere, such as data revealing racial origin, political opinions, religious or spiritual beliefs, socioeconomic status, biomedical or genetic information, sexual life and orientation, among other matters, all of which are protected by the duty of confidentiality (deber de confidencialidad).

In this regard, through Judgment Nº 2002-08996, at 10:38 hours on 13 de septiembre de 2002, this Tribunal clearly established the rules that must be followed to guarantee respect for and protection of data. It held as follows:

“IV.—Basic principles for data protection. In judgment 5802-99 at 15:36 hours on 27 de julio de 1999, cited supra, this Tribunal already addressed the guidelines that legislation regulating the automated processing of personal data must establish. In the absence of such legislation, the Sala considers it appropriate to reiterate those rules so that they may be regarded as basic principles for data protection. The fundamental principles include:

  1. 1The right to information during data collection. Persons from whom personal data are requested must first be informed expressly, precisely, and unequivocally, either directly or through an attorney-in-fact holding a power of attorney or special clause; legal entities shall be informed through their legal representative or an attorney-in-fact holding a power of attorney or special clause.”

1. Of the existence of an automated or manual personal-data file, the purpose for which the data are collected, and the recipients of the information.

2. Of whether their answers to the questions asked are mandatory or optional.

3. Of the consequences of obtaining the data or refusing to provide them.

4. Of the possibility of exercising the rights of access, rectification, updating, deletion, and confidentiality.

5. Of the identity and address of the person responsible for the file.

When questionnaires or other forms are used for collection, the notices referred to in the preceding paragraph shall appear on them in a clearly legible form.

2. Consent of the affected person. Another principle of paramount importance is the consent of the affected person, under which the data subject must, personally or through a legal representative or attorney-in-fact, consent to the disclosure of the data, unless the Law provides otherwise within reasonable limits. Consent may obviously be revoked, but revocation shall not have retroactive effect.

  1. 3Data quality.

Personal data may be collected, stored, and used for automated or manual processing only when such data are adequate, relevant, and not excessive in relation to the scope and legitimate purposes for which they were obtained.

Personal data subject to automated or manual processing may not be used for purposes other than those for which the data were collected.

Such data shall be accurate and kept up to date so that they truthfully reflect the affected person’s actual circumstances.

If recorded personal data prove to be wholly or partially inaccurate or incomplete, they shall be deleted and replaced ex officio with the corresponding rectified, updated, or supplemented data. They shall likewise be deleted if lawful and legitimate consent was not given or if their collection was prohibited.

Personal data shall be deleted when they are no longer relevant or necessary for the purpose for which they were received and recorded.

They shall not be retained in a form that permits identification of the data subject for longer than necessary for the purposes for which they were collected or recorded.

They shall be stored in a manner that fully guarantees the affected person’s right of access.

The collection of data through fraudulent, unfair, or unlawful means is prohibited. The recording or archiving of value judgments is prohibited.

Possessing more data about a person than are necessary for the purposes of the file is prohibited.

  1. 4Prohibition concerning particular categories of data. Personal data concerning natural persons that reveal their racial origin, political opinions, religious and spiritual beliefs, as well as personal data concerning health, sexual life, and criminal history, may not be stored automatically or manually in private records or files and shall be subject to restricted access in public records.
  2. 5The principle of data security. The person responsible for the file shall adopt the necessary technical and organizational measures to guarantee the security of personal data and prevent their alteration, loss, unauthorized processing, or unauthorized access, taking into account the state of technology, the nature of the stored data, and the risks to which they are exposed, whether arising from human action or from the physical or natural environment.

Personal data shall not be recorded in automated files that do not meet the conditions necessary to fully guarantee their security and integrity, as well as those of the processing centers, equipment, systems, and programs.

The person responsible for the file and all persons participating in any phase of the personal-data collection and processing procedure are bound by professional secrecy.

  1. 6Rules for the transfer of data.

Personal data retained in public or private files or databases may be transferred to third parties only for purposes directly related to the legitimate functions of the transferor and the transferee, with the prior consent of the data subject (afectado). This applies regardless of whether the file is publicly or privately owned. Consent to the transfer may be revoked, but such revocation shall not have retroactive effect.

  1. 7Rights and guarantees of persons. Any person may:

Ascertain the existence of an automated or manual personal-data file, its principal purposes, and the identity and habitual residence or principal place of business of the authority or private party responsible for the file.

Obtain, at reasonable intervals and without excessive delay or expense, confirmation of the existence of data concerning that person in files or databases, as well as disclosure of such data in an intelligible form.

Obtain, where appropriate, the rectification and updating of such data, or their deletion when they have been processed in violation of the provisions of this Law.

The authority or file controller (responsable del fichero) must comply with the request free of charge and issue the appropriate decision within five days from receipt of the request.

  1. 8The right of access to information. The right of access to information guarantees the data subject the following powers:

To access directly or learn the information and data relating to that person.

To know the purpose of the data relating to that person and the use made of them.

To request and obtain the rectification, updating, cancellation, or deletion of such data and compliance with the guarantee of confidentiality concerning that person’s personal data.

To obtain, where appropriate, the corresponding compensation for any harm and loss caused to that person or that person’s interests through the use of personal data.

  1. 9Exceptions and restrictions on the citizen’s right to informational self-determination (autodeterminación informativa). Exceptions and restrictions on the principles, rights, and guarantees set forth herein may be established only by law, provided that they are fair, reasonable, and consistent with the democratic principle. Such exceptions and restrictions may be imposed only to achieve lawful purposes in any of the following areas:

The protection of national security, public security, or the State’s economic security, or the prosecution of criminal offenses.

The protection of the data subjects themselves, as well as the rights and freedoms of other persons.

The operation of personal-data files used for statistical or scientific research purposes, where there is no risk that the persons will be identified.

A remedy shall always be available for the judicial authority to determine whether, in a specific case, the exception or restriction is reasonable ["].

Accordingly, the first paragraph of Article 196 bis respects the right to privacy and the right to information, since it clearly regulates the conduct and therefore does not constitute an open-ended criminal offense (tipo penal abierto). Moreover, the limitation on dissemination described therein does not violate the right to information, because what is penalized is the dissemination of personal data. With regard to this situation, there are inherent limits on the essential content of the right of access to administrative information, since the purpose of that right is “information on matters of public interest”; therefore, when the administrative information sought does not concern a matter of that nature, or when it involves State secrets, the right is rendered inapplicable and access cannot be obtained.

  • b)The petitioner (accionante) alleges that no law regulates access to public information, thereby creating a gap in the legal system; however, the petitioner appears unaware that Articles 272 and 273 of the Ley General de Administración Pública address what constitutes confidential information by providing that "There shall be no access to portions of the case file (expediente) whose disclosure could compromise State secrets or confidential information of the opposing party or, in general, when examination of such portions would confer upon a party an undue privilege or an opportunity unlawfully to harm the Administration, the opposing party, or third parties, within or outside the case file”. Notwithstanding the foregoing, it is important to note that the only omissions that may be declared through these proceedings are those arising from express constitutional mandates. In the sub examine, and as discussed supra, the petitioner’s objection does not concern the positive content of the challenged provision, but rather the fact that neither that provision nor the legal system precisely defines when information is of public interest and subject to public access.

In other words, a claim of unconstitutionality by omission (inconstitucionalidad por omisión) is asserted. In this regard, it is essential to clarify how this Chamber has understood such circumstances. Article 73 of the Ley de Jurisdicción Constitucional provides in subsection a) that an action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) may be brought against laws and other general provisions, including those arising from acts of private parties, that violate, by action or omission, any constitutional rule or principle. Subsection b) states that such an action may be brought against individual acts of public authorities when, by action or omission, they violate any constitutional rule or principle, provided that they are not subject to remedies of habeas corpus or amparo. Lastly, subsection f) of the same provision states that an action of unconstitutionality may be brought against the inertia, omissions, and abstentions of public authorities.

Based on those provisions, it is clear that an issue of unconstitutionality by omission may also legitimately be raised through an action or a constitutional review consultation (consulta de constitucionalidad). However, not every legislative omission may be challenged before the constitutional jurisdiction. In the case of laws and other generally applicable provisions, as stated in decision number 2002-04394 of 16:24 hours on May 14, 2002, and subsequently reaffirmed in greater detail in decision number 2005-05649 of 14:39 hours on May 11, 2005, the only omissions that may be challenged before this jurisdiction are those revealed through comparison with a duty or obligation directly and expressly established in the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución). In this case, no constitutional provision directly or indirectly instructs the legislature how to enact a provision regulating the subject of public information. Consequently, with respect to that issue, the parties’ argument is unfounded and must be rejected.

  • c)Thus, the right to information on matters of public interest is understood to be a fundamental principle whose exercise is not unrestricted but is subject to certain limits. This Court has likewise safeguarded the fundamental rights to privacy and informational self-determination and has emphasized the importance of ensuring that the data subject or the respective representative is duly informed of the processing of the data and the purposes sought through such processing. Accordingly, in Voto Nº 4847-1999, of 16:27 hrs. on June 22, 1999, this constitutional jurisdiction expressly stated as follows:

"…VI.- The right to informational self-determination is based on the following principles: transparency regarding the type, scope, or purposes of the processing of stored data; correspondence between the purposes and the use of the storage and application of the information; accuracy, truthfulness, currency, and full identification of the stored data; the prohibition against the processing of data relating to a citizen’s intimate sphere (race, religious beliefs, political affiliation, sexual preferences, among others) by entities not expressly authorized to do so; and, in any event, the use made of the information must be consistent (sic) with the purpose pursued through it; the destruction of personal data once the purpose for which they were collected has been fulfilled; among others. (…)

The foregoing means that electronic data processing, as a prerequisite for the development of our present democratic society, must be conducted in a manner that strengthens citizens’ democratic rights and guarantees (arts. 24, 1, 28, 30, 33 and 41 of the Constitution). It is clear that access to information is a powerful instrument for individual progress and for the exercise of political and social rights. However, it must also be recognized that progress does not mean that citizens should be placed at a disadvantage vis-à-vis the State or private parties. The new right to privacy must balance the competing interests of society’s legitimate interest in developing through the use of information and the equally important need to protect individuals against the arbitrary use of their personal data. The protection of privacy entails a real and effective opportunity for citizens to know which of their data are being processed, for what purposes, by whom, and under what circumstances, so that they may exercise appropriate control over the information that is distributed and affects them (arts. 24 of the Constitution and 13 subsection 1 of the American Convention on Human Rights)." (…)”. (Emphasis not in the original).

From a constitutional perspective, the first paragraph of the challenged article, far from being unreasonable or disproportionate, reinforces and guarantees the constitutional rights identified above and developed in the Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, specifically in Article 5, which prohibits the collection of data without the person’s informed consent or the collection of data obtained through fraudulent, unfair, or unlawful means, all of which constitute external limits (límites extrínsecos) that, in this particular case, shape the content of the right to privacy. In this regard, Sentencia N° 1993-03173, of 14:57 hrs. on July 6, 1993, established that:

"II. The fundamental rights of each person must coexist with each and every fundamental right of all others; therefore, for the sake of coexistence, it is often necessary to curtail the exercise of those rights and freedoms, although only to the precise extent required for other persons to enjoy them under equal conditions".

There is no doubt that the control persons may exercise over the automated processing of their personal data has constitutional foundations when the aim is to strike a balance between the rights to honor and privacy, as well as other principles, and rights that likewise receive constitutional recognition, such as freedom of information.

In Sentencia Nº 2011-007818, of 15:06 hrs. on June 15, 2011, the Chamber stated that:

“Having analyzed the aforementioned provision and likewise weighed the matters stated in the preceding recitals (considerandos), this Constitutional Chamber finds that there is no unconstitutionality whatsoever. On the contrary, it should be noted that article 14 at issue seeks precisely to safeguard the consent granted by the data subject or the data subject’s representative—as provided in article 5.2. analyzed supra—to those responsible for the databases, so that they alone may access and handle the data subject’s personal information. Moreover, it should be emphasized that such consent is expressly granted by the data subject or the data subject’s representative—as indicated—once the data subject has been clearly informed of, among other relevant matters, the purposes for which the data are collected, the recipients of the information, and the processing to which it will be subject. Accordingly, if the information initially provided by the data subject—specifically in view of those latter matters—is transferred without any authorization to another database in which different purposes or recipients are involved, or in which it is even processed differently, the data subject’s fundamental rights, namely, the rights to privacy and informational self-determination, would be flagrantly violated.” It is within this statutory and jurisprudential framework that the right to information rests on the fact that it protects not only an individual interest, but that its protection entails recognition and assurance of the possibility that a free public opinion may exist, one that is inseparably linked to the political pluralism inherent in a democratic State.

However, such special protection is subject to certain limits, both inherent and external, which this Court has progressively defined. The inherent limits include the requirements that the information be truthful and of general interest or public relevance; in the absence of those two requirements, freedom of information loses its constitutional protection. The external limits on the right to information, for their part, are the rights to honor, privacy, one’s own image, and the protection of children. It bears emphasizing that, under the provision cited supra, the harmful dimension of the contemplated conduct lies in the specific content of the information obtained and in how it was collected and recorded. Thus, what is important for this analysis is that the right to communicate and freely disseminate truthful information does not confer upon its holders unlimited power over every sphere.

Rather, because it is recognized as a means of shaping public opinion, it can legitimize only such intrusions into other fundamental rights as are consistent with that stated purpose; it has no legitimizing effect when exercised in a manner that is disproportionate and excessive in relation to the purpose for which the Constitution affords it special protection, such as the right to privacy. Regarding the journalistic techniques that may be used to present information or an investigation, the European Court of Human Rights recognizes that such professionals are free to choose the methods or techniques they deem most appropriate for conveying information, provided that these comply with the requirements of objectivity and neutrality. That Court has also emphasized that freedom of information is not exempt from limits in the choice of such means and that techniques that invade protected rights, or methods that violate the requirements of journalistic ethics concerning the reliability and objectivity of informational content, can under no circumstances be considered legitimate.

In that context, in the absence of express, valid, and effective consent given by the holder of the affected right, it must be concluded that there was an unlawful intrusion into the fundamental right to personal privacy, which is protected by article 24 of the Political Constitution.

As a corollary to the foregoing, the protection of personal data established in the first paragraph of article 196 bis, as amended by Ley Nº 9048, is not contrary to constitutional principles and does not infringe the right to information.

VIII.Analysis of subsection b) of article 196 bis.- With respect to this subsection, the legislature provided for punishment and an enhanced penalty when a person takes possession of, disseminates, publishes, collects, transmits, publishes, etc., data that are public in nature or are contained in public databases; in other words, it shifted from protecting a particular subject, “private data,” which is the purpose of this criminal provision, to protecting public data through a subsection that even increased the penalty. Although, as analyzed in the preceding recital, the reporting or disclosure of matters of public interest is subject to certain limits, the petitioners and supporting intervenors are unquestionably correct in their arguments, because the phrase “when the data are public in nature,” contained in subsection b), grossly violates article 30 of the Political Constitution, which guarantees free access to public offices but expressly provides, by way of exception, that State secrets are exempt.

Clearly, exercise of the right to information may be restricted for reasons of national security, under public-order provisions, or to protect the rights of third parties, in the cases and to the extent provided by the applicable laws, and by a duly reasoned and substantiated decision of the competent authority. Consequently, the publication or transmission of information of public interest, or of public documents held in public records or databases and obtained in accordance with the legal system and the limitations established by the legislature, does not constitute a criminal offense. However, the phrase “when the data are public in nature,” included in subsection b) of article 196 bis, plainly violates the principle of transparency and the right to information that must exist in every democracy. As noted supra, the only access constitutionally denied to a person in public offices is access to documents or correspondence designated as State secrets or containing personal data subject to restricted access.

Although there is currently no law identifying or compiling State secrets, the impairment of the constitutional principles of transparency and publicity also indirectly violates fundamental and human rights of the highest order, such as access to information of public interest; freedom of information, in both its active and passive dimensions, to seek and receive information; and freedom of expression. The cited phrase included in the challenged subsection b) prevents, under an enhanced prison sentence of two to four years, the oversight and broad, unrestricted access that article 30 of the Political Constitution recognizes for all persons to learn about matters of public interest. The ordinary duty of confidentiality imposed on every public or private official, as well as the especially onerous duty imposed on employees of the offices in question, could not, in any event, constitute any form of impediment or “gag” preventing an official, journalist, researcher, or any other person from fulfilling the duty to report to the appropriate authority any irregular or unlawful activity of which that person becomes aware.

The foregoing would not only be contrary to the duty of transparency and accountability governed by article 11 of the Political Constitution, but would also contravene the duty to report established by the Code of Criminal Procedure (article 281) for public employees with respect to facts learned in the performance of their duties. It would also violate special rules such as article 8° of the General Internal Control Law; article 8° of the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Office; and article 39 of the Civil Service Statute, etc. Nevertheless, as discussed in the preceding recitals, the Public Administration must guarantee the minimum content of the right to privacy by protecting private documents from examination by persons who are not authorized under a special law to investigate and review them. Articles 272, 273, 274 of the General Law of Public Administration, which develop those constitutional principles, clearly exclude State secrets and the parties’ confidential or private information from an administrative case file.

Thus, the only limitations contemplated by Constitutional provision 30 regarding the right to obtain public information from administrative departments are: a) that a matter of public interest constitutes a State secret; or b) that the information is not of public interest. As a result, the right to information is founded on the community’s interest in learning about the activities of public officials, as well as their satisfactory or unsatisfactory performance in office, and in obtaining information of public interest held in administrative offices or departments. For this reason, the public nature of the information is the cardinal element in defining the right to request it from a public body or entity. Accordingly, data contained in public databases constitute information of general interest, are inherently public, and must be accessible to persons subject to the administration in order to permit oversight and scrutiny of the State entity or of the activities performed by public officials; for these reasons, such data are not protected by the right to confidentiality protected by Constitutional article 30.

In view of the foregoing, the constitutional challenge must be upheld and the phrase “when the data are public in nature,” contained in subsection b) of article 196 bis of the Criminal Code, must be declared unconstitutional under the terms set forth in the operative part of this judgment. Nevertheless, it should be noted that Ley Nº 9135, del 24 de abril de 2013, amended article 196 bis and eliminated that subsection and, consequently, that phrase; the provision currently reads:

“Article 196 bis.- Violation of personal data. Any person who, for that person’s own benefit or that of a third party, while creating a risk of or causing harm to intimacy or privacy and without authorization from the data subject, takes possession of, modifies, interferes with, accesses, copies, transmits, publishes, disseminates, collects, renders unusable, intercepts, retains, sells, purchases, diverts to a purpose other than that for which they were collected, or subjects to unauthorized processing the images or data of a natural or legal person stored in computer or telematic systems or networks, or in electronic, optical, or magnetic containers, shall be punished by imprisonment for one to three years.

The penalty shall be imprisonment for two to four years when the conduct described in this provision:

  • a)Is carried out by persons responsible for administering or supporting the computer or telematic system or network, or by persons who, by reason of their duties, have access to that system or network or to the electronic, optical, or magnetic containers.
  • b)The compromised information pertains to a minor or a person lacking legal capacity.
  • c)The conduct affects data revealing a person’s ideology, religion, beliefs, health, racial origin, sexual preference, or sex life.

The publication, dissemination, or transmission of information of public interest, public documents, data contained in public records, or unrestricted-access public databases shall not constitute a criminal offense when access has been obtained in accordance with the procedures and limitations established by law.

Nor shall the collection, copying, and use by financial institutions supervised by Sugef of information and data contained in databases of legitimate origin constitute a criminal offense when carried out in accordance with the procedures and limitations established by law.” (Emphasis not in the original).

IX. Analysis of Article 288 of the Criminal Code, as amended by Ley Nº 9048.-

“Article 288.- Espionage Any person who improperly seeks or obtains secret political information or secret information concerning the national police or security forces relating to the nation’s means of defense or foreign relations, or who undermines the fight against drug trafficking or organized crime, shall be punished by imprisonment for four to eight years.

The penalty shall be imprisonment for five to ten years when the conduct is carried out through computer manipulation, malicious computer programs, or the use of information and communication technologies.” The petitioner states that Article 288 of the Criminal Code, as amended by Ley Nº 9048, which punishes the criminal offense of espionage (espionaje) with imprisonment, is contrary to the Political Constitution because it violates the principle of legality in criminal law (principio de legalidad penal), since there is no statutory provision governing and providing certainty as to the limits and scope of state secrecy (secreto de Estado), a prerequisite that must necessarily exist in order validly to punish the conduct in question. Consequently, there is a legislative omission that violates Articles 29 and 30 of the Constitution. She further argued that the provision lacks defined guidelines, making it a blank criminal provision (tipo penal en blanco) that violates the principle of legality in criminal law.

  • a)Position of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional).- In Judgment Nº 2450-92, at 11:04 minutes on 21 de agosto de 1992, the Chamber stated that “...free access to administrative departments for the purpose of obtaining information on matters of public interest does not entitle every person to obtain confidential information or information of vital importance to the State, or the private information of others.” Accordingly, it is reiterated that Article 24 of the Constitution enshrines the fundamental right to the inviolability of private documents and the confidentiality of written, oral, or any other type of communications, in the following terms:

“Article 24. The right to privacy, freedom, and confidentiality of communications is guaranteed.

The private documents and written, oral, or any other type of communications of the inhabitants of the Republic are inviolable. Nevertheless, the law, whose enactment and amendment shall require the votes of two thirds of the Deputies of the Legislative Assembly, shall establish the cases in which the Courts of Justice may order the seizure, search, or examination of private documents when absolutely indispensable for clarifying matters brought before them.

Likewise, the law shall determine the cases in which the Courts of Justice may order the interception of any type of communication and shall specify the criminal offenses in whose investigation the exercise of this exceptional power may be authorized and for how long. It shall also establish the liabilities and penalties incurred by officials who unlawfully apply this exception. Judicial decisions issued under this provision shall state the grounds on which they are based and may be executed immediately. Their implementation and oversight shall be the nondelegable responsibility of the judicial authority.

The law shall establish the cases in which the competent officials of the Ministerio de Hacienda and the Contraloría General de la República may examine accounting books and their appendices for tax purposes and to audit the proper use of public funds.

A special law, approved by two thirds of all Deputies, shall determine which other bodies of the Public Administration may examine the documents specified by that law in connection with the performance of their regulatory and oversight powers in furtherance of public purposes. It shall also specify the cases in which such examination is permissible.

Unlawfully obtained correspondence and information obtained as a result of the unlawful interception of any communication shall have no legal effect.” As can be seen, the aforementioned provision defines the circumstances and purposes under which the law may impose limitations on those fundamental rights. In this regard, it recognizes the possibility of limiting the right to the inviolability of private documents solely in three circumstances: a) the seizure, search, or examination of private documents when absolutely indispensable for clarifying matters brought before the Courts of Justice; b) the examination of accounting books and their appendices by the Ministerio de Hacienda and the Contraloría General de la República for tax purposes and to audit the proper use of public funds; and c) the examination by other bodies of the Public Administration of documents designated by a special law in connection with the performance of their regulatory and oversight powers in furtherance of public purposes.

With respect to the first circumstance, enactment or amendment of the law requires the votes of two thirds of the Deputies; the law must define the cases in which the measure is permissible; and the provision clearly states that the seizure, search, or examination of private documents must be ordered by the Courts of Justice and may be ordered only when absolutely indispensable for clarifying matters brought before them. As to the second circumstance, the power granted to the Ministerio de Hacienda and the Contraloría General de la República is limited to examining the documents. Finally, regarding the third circumstance, it is important to emphasize that the law must also be approved by a qualified majority (mayoría calificada) and must specify which administrative bodies may examine the documents and in which cases such examination is permissible.

Specifically, Article 288, challenged here, punishes anyone who improperly seeks or obtains secret political information or secret information concerning national or security forces relating to the nation’s means of defense or foreign relations, or who undermines the fight against drug trafficking or organized crime, with an enhanced penalty when the conduct is carried out through computer manipulation. First, the Court will analyze the criminal conduct described therein: “any person who improperly seeks or obtains secret political information.” Upon reading this phrase, the words “secret political information” create confusion and uncertainty; consequently, the scope of the provision is uncertain and, on initial analysis, violates the principles of legality and specificity in criminal law (tipicidad penal), already analyzed in Considerando IV. Irrespective of the objections or criticisms raised by the petitioners, the fact remains that the statutory wording challenged in this action—namely, “any person who improperly seeks or obtains secret political information”—may be deemed to create ambiguity or imprecision that infringes the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución).

Thus, the meaning or significance of that phrase is ambiguous within the context of the aforementioned statutory definition of the criminal offense (tipo penal), particularly because the conduct is punishable by lengthy prison terms. In Judgment Nº 2008-15447, at 14:53 hours on 15 de octubre de 2008, this Court stated:

“(...) It is true that every word has a dictionary meaning, as has already been stated in this judgment. But that does not mean that its use in a statutory definition of a criminal offense is ‘per se’ lawful or that it makes the definition exhaustive. This confirms that the legislative task of defining criminal offenses through ordinary legislation is not an easy one and that merely including words whose meanings the interpreter subsequently need only look up in a dictionary and apply is insufficient to make that task consistent with the principle of legality in criminal law. All legal provisions, whether criminal or otherwise, use general terms because it is a characteristic of ordinary legislation that it be general and abstract. Accordingly, the Penalization Law, in the challenged statutory definitions of criminal offenses, uses terms having the same degree of generality and abstraction as those found in other such definitions. This is because the terms become individualized only when the provision is applied. Nevertheless, each statutory definition of a criminal offense must ensure that the conduct is described in all its elements so that anyone reading it can know with certainty what conduct is contemplated and thus know what to expect; this is the subjective element of the principle of Legal Certainty (Seguridad Jurídica), namely, certainty in the law. Consider, for example, the criminal offenses of homicide and fraud. In the case of homicide, in any of its forms, the verb describing the criminal conduct is ‘to kill,’ but killing is a concept with an unequivocal meaning, and it is possible to determine with absolute clarity what it means to kill. The means used may vary, but they do not create uncertainty, and the result is the same: ‘to kill.’ In the case of fraud, which criminalizes the conduct of ‘deceiving,’ the provision also clearly defines what constitutes fraud, since the act of deceiving, in order to constitute fraud, must be intended to cause the victim to fall into error by simulating false facts or distorting or concealing true facts, and those means must be used to obtain a financial benefit for the person engaging in that conduct or for a third party; moreover, that benefit must be unlawful. An additional element is still required: injury to the property of another. All of these described elements are expressly stated in the statutory definition of fraud. In other words, under the Criminal Code, not every act of deception constitutes fraud, even though the meaning of the word ‘deceive’ can be obtained from the dictionary (to cause someone to believe something untrue by means of words or apparent and feigned acts).”

On the other hand, the second part of the article is intended to protect “the national police or security forces relating to the nation’s means of defense or foreign relations, or [against conduct that] undermines the fight against drug trafficking or organized crime.” Therefore, this statutory definition of a criminal offense is open-ended and does not specifically refer to “state secrets,” but rather to information not officially classified as state secrets—data that are not, per se, state secrets. In any event, not all information relating to those matters is protected, but only information concerning duly classified state secrets. Regarding the foregoing, disseminating information on matters of national security cannot be punished when the public interest prevails. In relation to state secrecy, the Chamber held in Judgment Nº 2004-13661, at 18:22 hours on 30 de noviembre de 2004:

“(…) A state secret (secreto de Estado), as a limitation on the right of access to administrative information (derecho de acceso a la información administrativa), is a matter reserved to statute (reserva de ley) (artículo 19, paragraph 1, of the General Law of Public Administration), yet more than fifty years have elapsed since the Constitution entered into force, and the legislative omission in enacting a law on state secrets and classified matters still persists. This legislative gap has obviously caused serious uncertainty and fostered the Executive Branch’s contra legem practice of designating, by executive decree, certain matters as restricted or classified on a specific and circumstantial basis because, in its view, they constitute state secrets. Regarding the scope, extent, and reach of state secrets, legal scholarship generally agrees that they encompass matters such as national security (internal or external), national defense against attacks threatening the sovereignty and independence of the State, and foreign relations conducted between the State and the other subjects of Public International Law (see artículo 284 of the Criminal Code, which defines the offense of ‘disclosure of secrets’).

It is useful to distinguish between secrecy for objective and substantive reasons (ratione materiae), relating to the three matters identified above (national security, national defense, and foreign relations), and secrecy imposed upon public officials or public servants (ratione personae), who, by reason of performing their duties, become aware of certain types of information concerning which they must observe a duty of confidentiality and nondisclosure (deber de sigilo y reserva) (see artículo 337 of the Criminal Code, which defines and punishes the offense of ‘disclosure of secrets’). State secrets are regulated in a fragmented, scattered, and imprecise manner within the body of law (bloque de legalidad) (e.g., General Police Law No. 7410 of 26 de mayo de 1994, which classifies reports and documents of the Directorate of State Security as confidential and, potentially, subject to declaration as state secrets by the President of the Republic—artículo 16—; the General Civil Aviation Law concerning certain resolutions of the Civil Aviation Technical Council—artículo 303—; etc.).

Because state secrets constitute an exception to the constitutional principles or values of transparency and openness in the public authorities and their administration, they must at all times be interpreted and applied restrictively.” In view of the foregoing, the wording of the criminal offense of espionage, established and punishable under artículo 288 of the Criminal Code, as amended by Ley Nº 9048, violates the principles of legality and specificity in criminal law (tipicidad penal). With respect to that issue, it was remedied by the amendment to artículo 288 through Ley N° 9135, of 24 de octubre de 2013, which corresponds to 295 of the Criminal Code and provides:

“Article 295.- Espionage. Anyone who improperly seeks or obtains duly decreed state secrets relating to the nation’s internal or external security, the defense of national sovereignty, and Costa Rica’s foreign relations shall be punished by imprisonment for one to six years.

The penalty shall be imprisonment for two to eight years when the conduct is carried out through computer manipulation, malicious computer programs, or the use of information and communication technologies.”

X.Conclusion. Based on the foregoing, subsection b) of artículo 196 bis and artículo 288, contained in Ley Nº 9048 of 10 de julio de 2012, “Amendment of Various Articles and Modification of Section VIII, Entitled Computer-Related and Associated Offenses, of Title VII of the Criminal Code,” are hereby declared unconstitutional because they contravene the democratic principles underlying the right to information and, consequently, the free exchange of ideas. Accordingly, the cited provisions not only restrict the right to information and freedom of expression, but also impose custodial sentences upon persons who, in the full exercise of their constitutional rights, seek to provide or receive information on matters of public interest or to disclose to the public the actions of public officials or of persons who influence matters of collective interest. As to the remaining claims, the action is denied.

In addition, the constitutional challenges (acciones de inconstitucionalidad) filed by Randall Rivera Vargas, Ana Laura Hernández Meléndez, Andrea Bermúdez Ling, Antonio Bolaños Álvarez, Carlos Luis Hernández Rodríguez, Daniel Rodríguez Maffioli, Edgar Mauricio Pizarro Averra, Fabiola Solano Portuguez, Fernando Salazar Pérez, Jonathan Facey Torres, José Miguel Cubillo González, Karen Brenes Piedra, Katherine Dayana Romero Carpio, Maribel Lucrecia Ramírez Astúa, Oscar Núñez Barrantes, Sergio Monge Astúa, Sofía María Barquero Piedra, Sofía Valenzuela Barrantes, Yuliana Leiva Orozco, Jesús Barrantes Castro and Hennez Ismael González Álvarez, in his capacity as President of the Fundación para Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, are summarily dismissed.

Por tanto:

The action filed is partially granted. The phrase “when the data are public in nature,” contained in subsection b) of artículo 196 bis, is declared unconstitutional and consequently annulled, because the enhancement of the penalty for that criminal offense is justified only when it concerns access to confidential information contained in public databases; artículo 288, contained in Ley Nº 9048, of 10 de julio de 2012, “Amendment of Various Articles and Modification of Section VIII, Entitled Computer-Related and Associated Offenses, of Title VII of the Criminal Code,” published in the Diario Oficial La Gaceta on 7 de noviembre de 2012, Alcance Nº 172, is likewise declared unconstitutional and consequently annulled because it is contrary to artículos 30 and 39 of the Political Constitution. This declaration of unconstitutionality (declaratoria de inconstitucionalidad) shall have declaratory and retroactive effect as of the date Ley Nº 9048 entered into force.

Accordingly, any persons convicted by a judgment in which the provision at issue was applied may file the petition for review (recurso de revisión) referred to in artículo 408 of the Code of Criminal Procedure. As to the remaining claims, the action is denied. The constitutional challenges filed by Randall Rivera Vargas, Ana Laura Hernández Meléndez, Andrea Bermúdez Ling, Antonio Bolaños Álvarez, Carlos Luis Hernández Rodríguez, Daniel Rodríguez Maffioli, Edgar Mauricio Pizarro Averra, Fabiola Solano Portuguez, Fernando Salazar Pérez, Jonathan Facey Torres, José Miguel Cubillo González, Karen Brenes Piedra, Katherine Dayana Romero Carpio, Maribel Lucrecia Ramírez Astúa, Oscar Núñez Barrantes, Sergio Monge Astúa, Sofía María Barquero Piedra, Sofía Valenzuela Barrantes, Yuliana Leiva Orozco, Jesús Barrantes Castro and Hennez Ismael González Álvarez, in his capacity as President of the Fundación para Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, are summarily dismissed.

Justice Rueda partially dissents with respect to 196 of the Criminal Code at issue and would additionally grant the action insofar as that provision protects a third party but not the holder of the correspondence and communications. This ruling shall be published in full in the Boletín Judicial, and a summary of its contents shall be published in La Gaceta. Notice shall be given to the Executive and Legislative Branches. Let notification be served.- Gilbert Armijo S.

President Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V. Paul Rueda L.

Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.

Partial dissenting opinion (voto salvado parcialmente) of Justice Rueda Leal concerning artículo 196 of the Criminal Code. I respectfully depart from the majority’s view because I consider that the wording of artículo 196 of the Criminal Code does not clearly establish that the person protected by the provision is the holder of the correspondence and communications referred to in that article. Indeed, a communication or item of correspondence may concern a third party other than its holder, such that the third party’s intimacy or privacy could be affected by its disclosure. Nevertheless, this would not constitute a “violation of correspondence or communication” if the holder authorized it, even if doing so harmed a third party. This conceptual vagueness goes beyond the generalizations accepted by the Chamber in defining criminal offenses. I therefore grant the action with respect to artículo 196 of the Criminal Code.

Paul Rueda L.

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Acción de inconstitucionalidad promovida por RANDALL RIVERA VARGAS, GONZALO MONGE NÚÑEZ, ANA LAURA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ, ANDREA BERMÚDEZ LING, ANTONIO BOLAÑOS ÁLVAREZ, CARLOS LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL RODRÍGUEZ MAFFIOLI, EDGAR MAURICIO PIZARRO AVERRA, FABIOLA SOLANO PORTUGUEZ, FERNANDO SALAZAR PÉREZ, JONATHAN FACEY TORRES, JOSÉ MIGUEL CUBILLO GONZÁLEZ, KAREN BRENES PIEDRA, KATHERINE DAYANA ROMERO CARPIO, MARIBEL LUCRECIA RAMÍREZ ASTÚA, OSCAR NÚÑEZ BARRANTES, SERGIO MONGE ASTÚA, SOFÍA MARÍA BARQUERO PIEDRA, SOFÍA VALENZUELA BARRANTES, YULIANA LEIVA OROZCO, DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, HENNEZ ISMAEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PARA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, CONTRA LOS ARTÍCULOS 196, 196 BIS Y 288, DEL CÓDIGO PENAL, REFORMADOS POR LA LEY NÚMERO 9048, DENOMINADA "REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS Y MODIFICACIÓN DE LA SECCIÓN VIII, DENOMINADA DELITOS INFORMÁTICOS Y CONEXOS, DEL TITULO VII DEL CÓDIGO PENAL". INTERVIENE EN LA ACCIÓN, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 20:23 horas del 8 noviembre de 2012, RANDALL RIVERA VARGAS, solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 288, del Código Penal, modificado por la Ley Nº 9048, "Reforma de varios artículos y modificación de la Sección VIII, denominada Delitos informáticos y conexos, del Título VII del Código Penal", publicada en el Diario Oficial La Gaceta, el 7 de noviembre de 2012, Alcance Nº 172, por estimarlo contrario a los artículos 11, 27, 30 y 33, de la Constitución Política. Alega que dicha norma limita la actividad de los periodistas y de los medios de comunicación colectiva, quienes son los que denuncian los actos de corrupción e irregularidades en las labores de los funcionarios públicos y de los políticos. Lo anterior, por cuanto introduce una esfera de protección particular a favor de los "políticos", siendo que ello atenta contra la labor investigativa, de denuncia y procura de transparencia, que desarrollan los periodistas, a través de los medios de comunicación colectiva.Señala que, en el procedimiento legislativo del trámite de esta reforma, se ha dado una violación de los requisitos y trámites establecidos en el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. En este sentido, el artículo 130, de dicho Reglamento, establece la obligación de publicar el Proyecto de Ley, a fin de darle publicidad y poner en conocimiento de los ciudadanos, el contenido de lo que se discutirá. Señala que el proyecto de ley que se tramitó bajo el expediente número 17.613, denominado "Reforma del artículo 229 bis del Código Penal y adición de un nuevo capítulo denominado delitos informáticos", incluía como propuesta, el siguiente texto: “ARTÍCULO NUEVO. Espionaje informático. Se impondrá prisión de tres a seis años al que se apodere, interfiera, transmita, copie, modifique, destruya, utilice, impida o recicle datos de valor para el tráfico económico de la industria y el comercio.La pena se aumentará en un tercio si son datos de carácter político, relacionados con la seguridad del Estado". Sin embargo, señala que durante el trámite legislativo, sin darle publicidad a la modificación y con una valoración absolutamente sustancial al proyecto original, se aprobó un artículo que sustituye al anterior artículo 288, del Código Penal, ubicado en el título Xl, Delitos Contra la seguridad de la Nación, Sección II, Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, que establecía "Artículo 288: Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que procure u obtuviere indebidamente informaciones secretas políticas o de seguridad concernientes a los medios de defensa o las relaciones exteriores de la Nación", lo cual -a juicio del accionante - no guarda relación con el proyecto tendente a la creación de un nuevo capítulo denominado “Delitos informáticos”. Señala que el texto aprobado y ahora vigente, bajo el numeral 288, del Código Penal, dice: “Artículo 288.- Espionaje.Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años el que procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado. La pena será de cinco a diez años de prisión cuando la conducta se realice mediante la manipulación informática, programas informáticos maliciosos o por el uso de tecnologías de la información y la comunicación”. Indica, que al variarse de manera radical la redacción del tipo penal propuesto en el proyecto original, inclusive sin guardar conexidad con el tema de los delitos informáticos e incluyendo una variación en los delitos contra la seguridad de la Nación, se afectan los principios de publicidad y conexidad. Agrega que, al incluir por esta vía el verbo "obtener", se crea un riesgo objetivo y concreto, para quienes ejercen la labor de periodismo investigativo, dado que se tutela con esta reforma los "secretos políticos", sin guardar conexidad con secretos de Estado o seguridad nacional, como lo contenía la norma anterior, que decía “informaciones secretas políticas o de seguridad concernientes a los medios de defensa o las relaciones exteriores de la nación".Estima, que la nueva redacción tutela de manera irracional, los secretos de los políticos, que según describe el Diccionario de la Real Academia, serían los secretos de quienes intervienen en las cosas del gobierno y negocios del Estado, independientemente de si esto tiene o no relación con secretos de Estado o seguridad de la Nación. A su vez, protege penalmente, todo aquello que los políticos lo tienen reservado y oculto, y que por su naturaleza, son siempre -salvo excepciones de ley- de interés público. En virtud de lo anterior, el nuevo artículo 288, del Código Penal, reformado por medio de la Ley Nº 9048, no guarda ningún tipo de conexidad o relación con la norma propuesta en el proyecto original y por su trámite sorprende a los ciudadanos, luego de su aprobación, al no haberse dado oportunidad de conocer dicha modificación. Agrega, que el artículo 288, del Código Penal, sanciona las siguientes conductas "...al que procure u obtenga indebidamente..." referidas a: “informaciones secretas políticas” o "de los cuerpos de policía nacionales" o "de seguridad concernientes a los medios de defensa olas relaciones exteriores de la nación" o "afecte la lucha contra el narcotráfico" o "el crimen organizado", crea un bien jurídico irracional y desproporcionado, al tutelar con un velo de secretismo impropio de sistemas democráticos.Asimismo, que dicho secretismo es contrario a los principios de transparencia y probidad, que rigen la función pública, y por ende, la actividad de los políticos, y aquella que se encuentre reservada u oculta, por sujetos que intervienen en las cosas del gobierno y negocios del Estado, en perjuicio de los demás ciudadanos, al impedir obtener y dar a conocer actuaciones de los políticos que afectan la esfera de lo público y respecto de la cual hay un derecho de información responsable, imposible de lograr, sin obtener información que obviamente calificaría como secreta. Finalmente, reafirma el accionante, que este tipo penal viene a sancionar, de manera desproporcionada e irracional, las conductas normales, éticas y racionales del periodismo investigativo, que se caracteriza por dar a conocer, a la opinión pública, las conductas impropias de los políticos, que están cubiertas por el secretismo.Indica que la tutela que se crea en favor de dichas "informaciones secretas políticas", lesionan también, los derechos de los ciudadanos, a la transparencia de los políticos, de la función pública y de la probidad exigible a los políticos, vulnerando con ello, los derechos de información y publicación simultáneamente. Solicita se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad y se anule el artículo 288, supra indicado.
  2. 2A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, señala que proviene de lo dispuesto en el artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en conjunto.
  3. 3Por resolución de las 16:43 horas del 22 de noviembre de 2012, se le dio curso a la acción de inconstitucionalidad.
  4. 4Mediante resolución de las 11:31 horas del 27 de noviembre de 2012, la Sala dispuso acumular la acción de inconstitucionalidad que se tramita en el expediente 12-14769-0007-CO, promovida por GONZALO MONGE NÚÑEZ, ANA LAURA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ, ANDREA BERMÚDEZ LING, ANTONIO BOLAÑOS ÁLVAREZ, CARLOS LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL RODRÍGUEZ MAFFIOLI, EDGAR MAURICIO PIZARRO AVERRA, FABIOLA SOLANO PORTUGUEZ, FERNANDO SALAZAR PÉREZ, JONATHAN FACEY TORRES, JOSÉ MIGUEL CUBILLO GONZÁLEZ, KAREN BRENES PIEDRA, KATHERINE DAYANA ROMERO CARPIO, MARIBEL LUCRECIA RAMÍREZ ASTÚA, OSCAR NÚÑEZ BARRANTES, SERGIO MONGE ASTÚA, SOFÍA MARÍA BARQUERO PIEDRA, SOFÍA VALENZUELA BARRANTES, YULIANA LEIVA OROZCO. Los accionantes, en el escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:43 horas del 12 de noviembre de 2012, solicitan que se declare la inconstitucionalidad del artículo 288, del Código Penal. La norma se impugna en cuanto a que, la reforma hecha por la Asamblea Legislativa al artículo 288, del Código Penal, por medio de la Ley Nº 9048, publicada en el Alcance Digital Nº 172 del Diario Oficial La Gaceta Nº 214, del 6 de noviembre de 2012, denominada "Ley de Delitos Informáticos o Ley Mordaza", violenta la libertad de expresión que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, consagrada en el artículo 28, de la Constitución Política, así como los artículos 79 y 87 Constitucionales, que garantizan las libertades de enseñanza y de cátedra, de las cuales gozan los profesores y estudiantes de la Universidad de Costa Rica, por cuanto la generación, transmisión y libre discusión del conocimiento, es la razón esencial del quehacer universitario.A su vez, estiman que es contrario al artículo 7, párrafo primero, de la Constitución Política, por oponerse a los tratados internacionales suscritos por Costa Rica. Estiman que la libertad de cátedra implica la manifestación de las amplias libertades de pensamiento, de la libertad ideológica y de la libre expresión de las ideas. Aducen que la norma impugnada, también lesiona lo establecido en el artículo 13, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Afirman, que el Estado debe abstenerse de censurar la libertad de cátedra, y debe ceder en su intento de limitar el uso de la información respecto de actos de interés público, llevados a cabo, por funcionarios públicos o por particulares involucrados voluntariamente, en asuntos públicos. Indican que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo una advertencia específica a Costa Rica, en la sentencia del 2 de julio de 2004, en el caso Herrera Ulloa vrs.Costa Rica, de la misma manera en la Opinión Consultiva OC-5/85, refirió la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión. Los accionantes afirman que su legitimación se basa en la defensa de intereses difusos, por cuanto lo impugnado atañe a la colectividad en su conjunto.
  5. 5Mediante resolución de las 11:30 horas del 27 de noviembre de 2012, la Sala dispuso acumular la acción de inconstitucionalidad que se tramita en el expediente 12-015134-007-CO, promovida por OFELIA TAITELBAUM YOSELEWICH, en su condición de DEFENSORA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, contra LOS ARTÍCULOS 196, 196 BIS, inciso b), y 295 (antiguo 288), del Código Penal, reformados por la Ley de Reforma de varios artículos y modificación de la Sección VIII denominada Delitos Informáticos y Conexos del Título VII del Código Penal, Ley Nº 9048. Señala la accionante, que los artículos 196 y 196 bis, desarrollan el principio de inviolabilidad de las comunicaciones previsto en el artículo 24, de la Constitución Política, como garantía del derecho a la intimidad y privacidad de las personas, y en el artículo 12, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 24, de la Constitución Política, garantiza un ámbito de privacidad concerniente a la vida de cada persona, mismo que se abstrae, por decisión propia, de la esfera de conocimiento e intervención de los demás.El principio de inviolabilidad de las comunicaciones, se constituye en una garantía de protección a los sujetos, en que las manifestaciones que hagan o dirijan a otras personas van a estar exentas de la esfera de conocimiento de terceros, independientemente de su contenido. Señala que existen elementos en la reforma de los artículos 196 y 196 bis, por la Ley 9048, que son contrarios a lo dispuesto en la Constitución Política, tanto por el empleo de una técnica legislativa que no se ajusta a los requerimientos de exactitud que exige el Derecho Penal, como por contener elementos que entran en contradicción con el reconocimiento y extensión de Derechos Fundamentales. La reforma efectuada al artículo 196, implica una modificación sustancial del delito de violación de correspondencia y comunicaciones, pues se pasa de un delito de mera actividad, en el que el tipo penal requería para su consumación, únicamente la violación a la correspondencia o comunicación, a uno de resultado, que exige la causación o puesta en riesgo al derecho a la intimidad o privacidad de un tercero, que en el tipo penal se presenta como un anónimo, es decir cuya identidad se desconoce.Se modifica la identidad de la persona que puede considerarse víctima de este tipo de conductas y el objeto sobre el que recae la tutela de la norma. En el texto anterior, de conformidad con el principio de inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones, la afectación a la esfera de intimidad y privacidad de las personas, se manifestaba con la mera irrupción, de forma tal que el titular del derecho violentado, era el mismo titular de las comunicaciones. Con la modificación realizada, el objeto sobre el que recae la tutela es el contenido de esa comunicación y la víctima será aquella a la que se haga referencia en éste, sea o no el titular o receptor del medio interceptado o afectado. Si bien es cierto, este supuesto, también se constituye en una afectación al derecho a la intimidad de las personas, la reforma elimina la tutela a las comunicaciones y correspondencia, al condicionar su sanción a la causación, posible o real de un daño al derecho a la intimidad y la privacidad, ignorando el legislador, que las comunicaciones privadas de las personas se constituyen, en sí mismos, en manifestación y su contenido del derecho tutelado en el artículo 24, de la Constitución Política.La incorporación de nuevos elementos para definir la conducta y lograr esta modificación en el contenido del tipo penal, lejos de permitir una adecuada individualización de la conducta objeto de sanción, oscurecen el tipo penal y dificultan su interpretación. Conceptos tales como “con peligro o daño para la intimidad o privacidad de un tercero y sin su autorización” o “documentos o comunicaciones dirigidas a otra persona”, tornan ambiguo el contenido del tipo penal y generan más dudas, que certeza, respecto a los elementos objetivos, que deben ser cumplidos para poder considerar que se está frente a la conducta que se sanciona. Por lo anterior, es posible afirmar que la reforma efectuada convirtió el artículo 196 en un tipo penal abierto, que no sólo violenta el contenido constitucional del derecho a la intimidad, inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones, sino que también vulnera el artículo 39, de la Constitución Política, al lesionar la garantía implícita en el principio de tipicidad penal.Aunado a lo anterior, existen en el artículo 196, elementos que permiten, justificada y razonablemente, cuestionarse si la realidad hace referencia a los supuestos de correspondencia y comunicación privada, o si bien, también se incluye la información que, aunque eventualmente puede implicar también una afectación a terceros, es información de acceso público, por encontrarse en las dependencias administrativas, en los términos descritos por el artículo 30, de la Constitución Política. La Constitución Política reconoce una serie de herramientas que potencian la existencia de un estado democrático y participativo, el cual en buena medida, se sustenta en los principios de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, que tienen asidero en los artículos 11, 27, 30 y 33, de la Carta Magna. Los preceptos señalados, se alcanzan y logran aplicar eficaz y efectivamente, en el tanto prime la mayor publicidad de la información de carácter público y se elimine toda norma que genere oscuridad y parquedad en las actuaciones de la administración pública.En este orden de ideas, en el artículo 196, se incorporan nuevos elementos para la definición de la conducta que, en el contexto de la modificación general que sufrió el tipo penal, no permiten establecer una separación entre los canales de comunicación entre las personas privadas y la información, que consta en las bases y sistemas de las diversas autoridades administrativas. Concretamente, cuando se exponen los supuestos agravantes a la conducta, en el artículo 196, inciso b), se desprende que el legislador ya no hace referencia a canales de comunicación individuales, sino que por el contrario, se regulan los supuestos, en los cuales la información se encuentra interrelacionada y a la cual tienen acceso, un grupo de personas como usuarios de aquella red o sistema, a la que hace referencia el tipo penal. En este contexto, es legítima la existencia de un agravante cuando la conducta es realizada por la persona o grupo de personas que tienen a su cargo la administración y soporte del sistema, en el tanto se está frente a sujetos que adquieren una responsabilidad mayor, con respecto al correcto empleo de la información y su salvaguarda.No obstante, en la segunda parte del inciso, se amplía el supuesto para incluir a las personas “que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema o red”. En principio, podría considerarse que el término “funciones” al que hace referencia la disposición, para definir la razón que vincula a la persona con el sistema, podría considerarse como equivalente a conceptos tales como labores o trabajo. Sin embargo, el análisis de este concepto, su interpretación, permitiría a un juez eventualmente, también incluir la información que consta en los sistemas y redes informáticas de la administración pública. Considera que existen elementos suficientes, que podrían llevar peligrosamente, a interpretar que, como parte del tipo penal, la divulgación de información que, más allá del medio que emplee para obtenerla, es información de acceso público. También existen muchos elementos en la información que consta en las diversas oficinas administrativas, cuya divulgación podría implicar una interferencia ilegítima en el derecho a la intimidad de las personas.Señala la ausencia de una ley que regule el derecho de acceso a la información y que, en acatamiento de los artículos 28 y 30, de la Constitución Política, defina en forma precisa, cuando estamos frente a información que es de interés público y por consiguiente, de acceso público y cuando, por el contrario, estamos frente a información, que si bien consta en una entidad del Estado, no existe un interés público en su divulgación y en consecuencia, no se ajusta a los supuestos del derecho de acceso a la información pública. Para la Defensoría de los Habitantes, se trata de una omisión inconstitucional del Poder Legislativo, que violenta el acceso a la información, transparencia y libertad de expresión. La ausencia de la normativa aludida, precisamente genera la amenaza de vulnerar derechos fundamentales de los habitantes. Este es precisamente el caso de los artículos 196 y 196 bis, inciso b), de la Ley Nº 9048, donde se expondría a las personas, a una eventual restricción en el ejercicio de su libertad, como consecuencia de la imposición de una pena privativa de libertad, por incurrir en conductas, que necesariamente se requiere de legislación que defina de manera clara y contundente la naturaleza y tipos de información de acceso público y de interés público.En el artículo 196, como tipo penal abierto que es, es la mala técnica legislativa la que no permite definir si estamos frente a comunicaciones o correspondencia, en las que existe un derecho de acceso a la información, por tratarse de información de interés público, o si se circunscribe información de naturaleza estrictamente privada, que tutela el artículo 24 Constitucional. Esto es así, por cuanto en el artículo 196, no se determina ni hace diferenciación alguna, entre el tipo de información, documentos o comunicaciones al que se hace referencia en la norma, esto significaría que, aún la información que resulta de acceso público o de interés público, estaría incluida dentro de esta disposición normativa, lo cual entra en abierta contradicción con los principios constitucionales desarrollados en los artículos 11, 27, 30 y 33, de la Carta Magna. El agravante, es que no existe una norma con rango legal, que desarrolle el derecho de acceso a la información y en consecuencia, no hay elementos de los cuales el Derecho Penal pueda echar mano en la aplicación de este tipo penal.En cuanto al artículo 196 bis, la violación del artículo 30, de la Constitución Política, es directa. La reforma modificó radicalmente su contenido, para centrarlo en la sanción de conductas, que atentan contra una información específica, los datos personales, es evidente que con este tipo penal se pretende elevar a la tutela penal, el derecho a la autodeterminación de la información, el cual se constituye en una derivación del derecho a la intimidad y la privacidad. Si bien, en el caso del derecho a la autodeterminación informativa, la tutela al derecho a la intimidad se extiende a los datos personales que constan en la bases públicas, principalmente a aquellas que contengan datos sensibles, la ausencia de una normativa que regule el derecho de acceso a la información pública, permite que se presenten supuestos de violación al artículo 30 Constitucional, al pretenderse aplicar una sanción por el acceso a la información de carácter público y que, aunque sea referida a datos personales, son de interés público.Alega también la inconstitucionalidad del artículo 295, del Código Penal (numeración corrida a través de la Ley Nº 9048), por violación a los artículos 28, 30 y 39, de la Constitución Política, pues señala el incumplimiento de la Asamblea Legislativa, de su obligación de emitir una ley, que regule el secreto de estado previsto en el artículo 30, de la Constitución Política. Por otra parte, en relación con la inconstitucionalidad del artículo 195, del Código Penal (anterior 288) constitutivo del tipo penal de espionaje, de la lectura de los términos que se incorporan -cuerpos policiales o de seguridad, narcotráfico y crimen organizado- resulta evidente que los mismos, en el tanto su divulgación implique un riesgo para la estabilidad de la institucionalidad o la integridad del territorio nacional, ya se encontraban cubiertos, por los supuestos de seguridad nacional, medios de defensa nacionales y relaciones.No obstante, la forma en la que estos conceptos se incorporan, podría reflejar una intención de generar nuevas razones objetivas y materiales, para el secreto de estado que rompería el carácter excepcional de este concepto. En este sentido, los conceptos de crimen organizado y narcotráfico, como manifestación específica del primero. Resulta innegable el potencial de estas actividades para afectar la estabilidad del país y, en consecuencia, la necesidad de declarar en casos puntuales, el secreto de estado, con respecto a una información determinada. Sin embargo, ello no puede implicar la posibilidad de considerar que, por el simple hecho de tratarse de actividades relacionadas con estas formas de actividad delictiva, se justifica la existencia de un secreto de Estado. La situación es preocupante, cuando se considera que una de las características principales del crimen organizado, es su carácter estructural, por lo que tiene capacidad para pernear al Estado, como mecanismo para garantizar su permanencia e impunidad.Por ello, es evidente la existencia de un interés público en la información relativa a las acciones estatales destinadas a la persecución de este tipo de delito y, en especial, sobre posibles conductas o situaciones que puedan reflejar una posible participación por parte de determinados funcionarios o funcionarias públicas, en actividades conexas al crimen organizado. Por lo anterior, solicita se declare inconstitucional el artículo 295 (288), del Código Penal, por vulneración al principio de legalidad en materia penal y sus derivaciones, contenido en el artículo 39, de la Constitución Política y vulneración del derecho de acceso a la información pública, contemplado en el artículo 30, de la Constitución Política. Igualmente se reitera la existencia de una omisión legislativa por parte de la Asamblea Legislativa, en perjuicio de lo dispuesto en los artículos 28 y 30, de la Carta Fundamental y, en tal virtud, pide que el Tribunal ordene a la Asamblea Legislativa, en un plazo prudencial, proceda a emitir una ley que regule con claridad, lo concerniente a la declaración de secreto de Estado, su contenido procedimiento, presupuestos, etc.
  6. 6Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala, a las 11:13 horas del 28 de noviembre de 2013, José Rodolfo Ibarra Bogarín, en su condición de Presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica se presenta como coadyuvante de Randall Rivera Vargas. Señala que, además de los vicios de procedimiento que señala el recurrente, el Colegio de Periodistas de Costa Rica estima que, con la promulgación del artículo 295, aquí impugnado, se han violentado los artículos 11, 29, 30 y 39, de la Constitución Política y el 13, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Señala que, el primer vicio que contiene la norma señalada, lo constituye la penalización por la obtención y divulgación de "informaciones secretas políticas”. Efectivamente, la Constitución Política, de manera expresa dispuso, en su artículo 30, el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, con la única excepción de secretos de Estado.La norma amplió el ámbito de información, a la cual los ciudadanos no pueden tener acceso, violentando con ello los principios constitucionales de la transparencia y la publicidad, que deben imperar en toda las actuaciones de los funcionarios públicos. El fundamento de los principios de transparencia y publicidad están implícitos en el Estado Democrático, el ampliar el ámbito de la información, a la cual los ciudadanos no pueden acceder y si lo hacen, son penalizados, ello es inconstitucional. La única excepción que hace la Constitución Política es frente a los llamados secretos de estado y no hace referencia, al concepto de "informaciones secretas políticas", por lo que se violenta lo señalado en los artículos 11 y 30, de la Constitución Política. A su vez, es contrario a esos principios constitucionales, el introducir un concepto jurídico indeterminado, dado que la utilización del concepto de "informaciones secretas políticas" es muy amplio.El principio de tipicidad penal se encuentra derivado del principio de legalidad y el legislador, al diseñar la norma penal, debe necesariamente describir plenamente las conductas que serán consideradas como delito. De esta manera, el justiciable puede saber con certeza, la conducta que le están prohibiendo realizar, y cuya infracción, le puede acarrear consecuencias. Se ha señalado que ante las imprecisiones del idioma, el legislador ha recurrido a la utilización de conceptos genéricos o indeterminados, cuya utilización podría hacer que el tipo penal sea abierto, lo cual sucede con la norma cuestionada. Lo anterior, por cuanto dada la amplitud del término, no le permite establecer, con claridad, cuál es la conducta constitutiva de la infracción punible, baste para demostrar lo anterior, el simple ejercicio de definir que es una información secreta de carácter político, lo que difícilmente se puede establecer, con certeza.Es claro que el tipo no establece los límites y parámetros, sobre los cuales puede individualizarse la conducta prohibida, con lo cual, se incumple con el principio de tipicidad, previsto en el artículo 39 Constitucional. De modo que, el tipo penal de la norma cuestionada es abierto y consecuentemente, inconstitucional, dado que no logra un nivel de precisión, en cuanto a la descripción del tipo, la conducta no contiene los elementos descriptivos del comportamiento tipificado por el legislador, por lo que es imprecisa y hace que coexistan múltiples variables, que mediante interpretación, pueden ser introducidas y minan la claridad y delimitación, que requiere el bien jurídico protegido por el ordenamiento penal. A su vez, la norma impugnada violenta la libertad de pensamiento y expresión, en su doble dimensión, la individual y la social. En su dimensión individual, la libertad de pensamiento y expresión, según lo establece el artículo 13, de la Convención Americana de Derechos Humanos, implica el derecho de todo ser humano a buscar información, siendo claro y evidente, que al incluir en el tipo penal la expresión señalada, se le impide al ciudadano, su derecho de buscar información, violentando lo establecido en los artículos 29 y 30, de la Constitución Política, en relación al artículo 13, de la Convención Americana, pues provocará autocensura.En su dimensión social, la libertad de pensamiento y expresión, conlleva el derecho de los ciudadanos de ser informados. Es evidente que el numeral 295 (antes 288 del Código Penal), de la Ley Nº 9048 del 7 de noviembre del 2012, constituye una restricción ilegitima al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, en su doble dimensión y consecuentemente debe ser declarada inconstitucional. Por otra parte, ese artículo contraviene los derechos de acceso a la información pública establecidos por la Constitución Política en sus artículos 29 y 30, así como el artículo 13, de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 19, del Pacto Internacional de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, en consonancia con el artículo 13, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como se demuestra a continuación.Tanto el artículo 30, de la Constitución Política, como el artículo 13, de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 19, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen un derecho positivo a buscar, recibir y difundir información. Las limitaciones al derecho de acceso a la información han de ser la excepción y no la regla. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que "en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones". (Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros vrs.. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C Nº 151, para. 92.). Así las cosas, ampliar el término, más allá de lo señalado por la Constitución Política, impone una restricción ilegitima a la libertad de expresión y es inconstitucional.En consecuencia, las limitaciones al acceso a la información pública tienen un carácter excepcional sujetas a parámetros estrictos. El acceso a la información pública tiene como límite, únicamente los secretos de Estado (seguridad, defensa nacionales y relaciones exteriores). (Votos 2004-9234 y 2010-10982), la norma constitucional no establece ni permite el uso del concepto de informaciones secretas políticas. Solicita se declare la inconstitucionalidad del artículo 295 (antes 288 del Código Penal) de la Ley Nº 9048, del 7 de noviembre de 2012.
  7. 7Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala, a las 14:27 horas del 5 de diciembre de 2012, Alejandro Delgado Faith, en su calidad de Presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), se presenta como coadyuvante de la Defensoría de los Habitantes, por considerar que los artículos 196, 196 bis inciso b), y 295 (antiguo 288), del Código Penal, reformados por la Ley Nº 9048, "Ley de reforma de varios artículos y modificación de la Sección VIII, denominada "delitos informáticos y conexos del Título VII del Código Penal", son contrarios a los dispuesto en el artículo 29 Constitucional y el artículo 13, de Convención Americana, en la medida en que penalizan la simple difusión de información. Acota que las normas impugnadas no excluyen el delito, en aquellos casos, en quien difunde la información no ha participado en la obtención de la misma, lo cual evidentemente constituye una violación a la libertad de expresión, por cuanto, no se puede penalizar, la simple difusión de información.Considera que la pena debe estar dispuesta para la obtención de la información por medios ilícitos, pero no lo puede ser por la difusión, si quien lo hace, no ha participado en el hecho ilícito y la información es de interés público. Dichos artículos, lesionan, además, lo dispuesto en el artículo 24, de la Constitución Política, como garantía al derecho a la intimidad y privacidad de las personas. Indica que la reforma efectuada al artículo 196, implica una modificación sustancial del delito de violación de correspondencia y comunicaciones, ya que se pasa de un delito de mera actividad, en el cual el tipo penal requería para su consumación, únicamente la violación a la correspondencia o comunicación, a un tipo penal de resultado que exige la causación o puesta en riesgo al derecho a la intimidad o privacidad de un tercero, en el cual el tipo penal se presenta como un anónimo cuya identidad se desconoce.A su vez, también modifica la identidad de la persona que puede considerarse víctima de este tipo de conductas y el objeto sobre el que recae la tutela de la norma. Considera que con la modificación realizada, el objeto sobre el que recae la tutela es el contenido de esa comunicación y la víctima, sería aquella a la que se haga referencia en éste, sea o no el titular o receptor del medio interceptado o afectado. También, se constituye en una afectación al derecho a la intimidad de las personas, ya que la reforma elimina la tutela a la comunicaciones y correspondencia, al condicionar su sanción a la causación, posible o real, del derecho a la intimidad y a la privacidad, ignorando el legislador que las comunicaciones privadas de las personas se constituyen, en sí mismas, en manifestación y contenido del derecho tutelado en el artículo 24. La incorporación de nuevos elementos para definir la conducta, en el contenido del tipo penal, lejos de permitir una adecuada individualización de la conducta objeto de sanción, oscurecen el tipo penal y dificulta su interpretación, con lo que se provoca inseguridad jurídica, misma que el caso de los periodistas, se constituye en auto censura.Indica que conceptos tales como “con peligro o daño para la intimidad o privacidad de un tercero y sin su autorización” o “documentos o comunicaciones dirigidos a otra persona”, tornan ambiguo el contenido del tipo penal. Considera que, cuando se exponen los supuestos de los agravantes a la conducta, en el inciso b), se señala que "Las personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos", se desprende, que el legislador ya no hace referencia a canales de comunicación individuales, sino que, por el contrario, regula los supuestos, en los cuales la información se encuentra interrelacionada y a la cual tienen acceso un grupo de personas, como usuarios de aquella red o sistema a la que hace referencia el tipo penal. En este contexto, es legítima la existencia de un agravante, cuando la conducta es realizada por la persona o grupo de personas que tienen a su cargo la administración y soporte del sistema, en el tanto se está frente a sujetos que adquieren una responsabilidad mayor, con respecto al correcto empleo de la información y su salvaguarda.No obstante, en la segunda parte del inciso, se amplía el supuesto para incluir a las personas "... que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema o red". En principio, podría considerarse que el término funciones al que hace referencia la disposición para definir la razón que vincula a la persona con el sistema, podría considerarse como equivalente a conceptos tales como, labores o trabajo. Pero el análisis de este concepto y su interpretación, permitiría a un juez eventualmente también incluir la información, que consta en los sistemas y redes informáticas de la Administración Pública. Estima el gestionante que existen elementos suficientes que podrían llevar peligrosamente a interpretar, que como parte del tipo penal, la divulgación de información que más allá del medio que emplee para obtenerla, es información de acceso público. Manifiesta que no hay una ley en el Estado costarricense que regule el derecho de acceso a la información y que, en acatamiento de los artículos 28 y 30, de la Constitución Política, defina en forma precisa cuando estamos “frente a información que es de interés público y por consiguiente, de acceso público y cuando por el contrario, estamos frente a información que si bien consta en una entidad del estado, no existe un interés público en su divulgación y en consecuencia, no se ajusta a los supuestos del derecho de acceso a la información pública.En el caso del artículo 196 bis, la violación al artículo 30, de la Constitución Política, es directa. Dicho artículo anteriormente regulaba la violación a las comunicaciones electrónicas y era uno de los pocos artículos, que sancionaba el empleo de los recursos tecnológicos para la comisión de actos delictivos. La reforma realizada modifica radicalmente su contenido, para sancionar conductas que atentan contra una información específica, los datos personales. Estima que con este tipo penal se pretende elevar a la tutela penal el derecho a la autodeterminación de la información, el cual se constituye en una derivación del derecho a la intimidad y la privacidad. Por otra parte, agrega que también el artículo 295 impugnado es inconstitucional, por cuanto se penaliza la obtención y divulgación de “informaciones secretas políticas”, cuando el artículo 30 constitucional dispone el libre acceso a los departamentos administrativos, con propósito de información sobre asuntos de interés público, con la única excepción de secretos de Estado.Así la norma referida viene a ampliar el ámbito de información, a la cual los ciudadanos no pueden tener acceso, violentando con ello, los principios constitucionales de la transparencia y la publicidad que deben imperar en toda las actuaciones de los funcionarios públicos. Introduce un concepto jurídico indeterminado. Solicita se declaren inconstitucionales los artículos 196, 196 bis, 288, 236 y 295, del Código Penal.
  8. 8Por escrito recibido a las 11:05 horas del 7 de marzo de 2013, Ricardo Armando Calderón Aguirre, en su condición de Representante Judicial de la sociedad EFX de Costa Rica, Sociedad Anónima, que viene en calidad de coadyuvante activo del articulo196 bis en general y del inciso b), del Código Penal. Acota que dicho artículo es contrario al principio de seguridad jurídica, el cual se asienta sobre el concepto de predictibilidad, es decir, que cada uno sepa de antemano, las consecuencias jurídicas de sus propios comportamientos. La norma impugnada crea una incertidumbre jurídica evidente en sus destinatarios, porque entra en contradicción evidente con la Ley Nº 8968, que es una normativa específica que regula, en todos sus detalles, el ejercicio del derecho fundamental a la autodeterminación informativa. El artículo 5.2.b), de la citada ley, dispone que "No será necesario el consentimiento expreso cuando: a) ... b) Se trate de datos personales de acceso irrestricto, obtenidos de fuentes de acceso público general".Sin embargo, la norma castiga con pena agravada de prisión de cuatro a ocho años al que, entre otras conductas, divulgue sin el consentimiento del titular de la información, "datos de carácter público o estén contenidos en bases de datos públicas”. La contradicción no puede ser más evidente, puesto lo que la Ley Nº 8968, considera una excepción, la norma impugnada lo castiga como un delito con pena agravada. Esta contradicción evidente entre ambas normativas, viola de manera flagrante el principio constitucional de seguridad jurídica. Asimismo, el uso de conceptos indeterminados, tales como "con peligro para la intimidad o privacidad" lesiona también, el principio constitucional de seguridad jurídica, por cuanto la materia de la prohibición no está descrita en forma total y exhaustiva, por medio de elementos objetivos, lo que implica que estamos en presencia de un tipo penal abierto. En relación a la violación del principio constitucional de razonabilidad, acota que el artículo 196 bis, del Código Penal, tal y como está redactado en la actualidad, no es necesario, pues el derecho a la autodeterminación informática se encuentra tutelado por la Ley Nº 8968, en la cual se establecen garantías precisas y específicas para tutelar este derecho fundamental.La norma es idónea, puesto que existen otros mecanismos legales, que tutelan más adecuadamente el derecho fundamental a la autodeterminación informática, que la norma impugnada. Tampoco cumple con el requisito de la proporcionalidad, dado que la sanción penal impuesta por ella es marcadamente superior al beneficio, que se pretende obtener en beneficio de la colectividad con su vigencia y aplicación. En efecto, castigar penalmente a una persona por acceder a datos contenidos en bases de datos públicos o difundir datos de evidente interés público, atenta contra intereses importantes de la colectividad, como el controlar que los funcionarios públicos ejerzan sus cargos apegados a los principios de transparencia y rendición de cuentas, que se garantice a todos los ciudadanos un acceso irrestricto, salvo los casos de excepción contemplados por la misma legislación, a la información que se guarda en las oficinas administrativas, así como no interferir en el derecho fundamental a la información.En cuanto al inciso b), del artículo 196 bis, del Código Penal, también viola los principios de transparencia y publicidad que integran el núcleo esencial del Estado Social y Democrático de Derecho. En el ejercicio de su soberanía, el pueblo tiene el derecho fundamental a ser informado de la actividad desplegada por los entes y funcionarios públicos y ejercer un control efectivo, para verificar la legalidad, oportunidad y moralidad. Además, conlleva al derecho que tiene todo administrado, de obtener información, referida a la actividad del funcionario, de sus emolumentos y de la forma en que se administran los fondos públicos, en general y, la obligación del servidor público de rendirlos. En efecto, el artículo 195 bis, inciso b), del Código Penal, soslaya la aplicación de los principios de transparencia y publicidad, consagrados en el numeral 11, de la Constitución Política, al tipificar como delito la divulgación de datos públicos, o los contenidos en bases de datos públicas, sin tomar en cuenta, que la divulgación de muchos de ellos, se realiza precisamente por razones de interés público, con el fin exclusivo de hacer efectivos los principios constitucionales de la transparencia y de la rendición de cuentas, en el ejercicio de la función pública.Por lo que la norma impugnada, en cuanto no excluye del inciso b), del artículo 196 bis, del Código Penal, la divulgación de datos públicos o que estén contenidos en bases de datos públicos, por razones de interés público, incurre en clara violación del artículo 11, de la Constitución Política. En cuanto a la violación del derecho de acceso a la información pública, se encuentra protegido en el numeral 30 de la Constitución Política y consiste en el derecho que tienen los administrados para "tener libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público". El deber correlativo de la Administración se traduce en no impedir el libre acceso a la documentación, salvo que se trate, de materias sustraídas a la libre información. El artículo 30, de la Constitución Política, autoriza el ejercicio del citado derecho en forma colectiva y respecto de asuntos de interés público.La utilización del término "colectiva", le da una configuración política a este derecho, pues si se refiriera estrictamente a asuntos privados, esa palabra sobraría. Como todo derecho fundamental, el derecho de acceso a la información pública encuentra límites y limitaciones en su ejercicio. Entre estas últimas, la más importante es los denominados secretos de Estado. En efecto, dicho artículo, deja los secretos de Estado, a salvo del derecho de los ciudadanos para obtener información de los departamentos administrativos. La legislación no define el concepto de "secreto de Estado"; sin embargo, cuando la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia actuaba como juez constitucional, estableció que, dentro de ese concepto, están incluidas las materias relativas a la seguridad, a la defensa y a las relaciones internacionales del país (Voto 115- 83). Asimismo, podría hablarse de los secretos políticos, como límites al ejercicio de este derecho.Bajo este concepto, se engloban los secretos relativos a la seguridad y a la defensa. La otra limitación consentida al ejercicio de este derecho, son los denominados secretos diplomáticos. Este tipo de secretos se refiere a servidores públicos que desempeñan actividades, en materia de relaciones internacionales, y la publicidad podría poner en peligro la seguridad y tranquilidad del país. El derecho de acceso a los departamentos administrativos, se limita también cuando existe un asunto administrativo pendiente de resolución. Dentro de este orden de ideas, el artículo 273, de la Ley General de la Administración Pública, establece que no existe acceso a las piezas del expediente, cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte o, en general, cuando el examen de tales piezas confiera a una parte, un privilegio indebido o una oportunidad, para dañar ilegítimamente a la Administración, a la contraparte o a tercero, dentro o fuera del expediente.Salvo los casos de excepción indicados, no existe ninguna otra limitación al ejercicio del derecho de acceso a los departamentos administrativos, que sea constitucionalmente legítima. Por ello, la norma impugnada incurre en violación del artículo 30, de la Constitución Política, puesto que impide el acceso a datos que sean de carácter público o que estén contenidos en bases de datos públicos, en los casos en que sean de indudable interés público. En relación con la violación de la libertad de expresión consagrada en los artículos 28 y 29, de la Constitución Política y en el numeral 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene, como uno de sus contenidos esenciales, el derecho a la información, que le permite a todas las personas recibir una información suficientemente amplia de los hechos y sobre las corrientes de pensamiento -que son también realidades- y a partir de ellos, escoger y formarse sus propias opiniones.Ello se logra a partir de dos vías diferentes: a) mediante la exposición objetiva de los hechos y b) por el pluralismo de las corrientes ideológicas. Por ello, la libertad de prensa, conlleva el derecho en favor de los administrados de recibir información veraz y objetiva, como requisito indispensable, para que cada cual se forme sus opiniones de la manera más libre que sea posible. Pero existen límites a la libertad de información, en relación con el derecho a la intimidad. En efecto, mientras las restricciones que afectan el derecho al honor pueden justificarse en la veracidad perseguida por el periodista, esta no es suficiente para evitar la vulneración del derecho a la intimidad. En este caso, la limitación sólo es posible cuando se fundamente en la relevancia pública del hecho divulgado. En otras palabras, que la difusión del hecho, aun siendo verdadera, resulte también ser necesaria en función del interés público, del asunto sobre el que se informa.La norma impugnada, en cuanto tipifica como delito la divulgación de datos públicos o que estén contenidos en bases de datos públicos, sin excluir aquellos que se divulguen por razones de interés público, viola un contenido esencial de la libertad de expresión, como es el derecho de informar, el cual se encuentra recogido en los artículos 28 y 29, de nuestra Constitución Política y en el numeral 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Solicita que se interprete el artículo 196 bis del Código Penal en general, en el sentido de que no incurrirá en el delito tipificado en esa norma, quien accese datos personales que se encuentren en bases de datos públicos o cuya divulgación, sea de evidente interés público, con fundamento en los principios constitucionales de seguridad jurídica y razonabilidad. Además, se declare la inconstitucionalidad del artículo 196 bis, inciso b), del Código Penal, por violación de los artículos 11, 28, 29 y 30, de la Constitución Política.
  9. 9Mediante resolución de las 16:03 horas del 27 de marzo de 2013, se admitió la coadyuvancia de José Rodolfo Ibarra Bogarín, y de Alejandro Delgado Faith, por su orden Presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión -IPLEX-. En relación con el gestionante Ricardo Armando Calderón Aguirre, en calidad de representante judicial y extrajudicial de la sociedad EFX de Costa Rica Sociedad Anónima, se rechazó la gestión, pues fue interpuesta de forma extemporánea, dado que se apersonó el 7 de marzo del 2013, es decir fuera del plazo de los quince días posteriores a la primera publicación del aviso.
  10. 10Por resolución de las 9:05 horas del 11 de enero de 2013, la Sala dispuso acumular a este proceso, la acción de inconstitucionalidad que se tramita en el expediente 12-17344-0007-CO, promovida por Hennez Ismael González Álvarez, en su condición de Presidente de la Fundación para Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Jesús Barrantes Castro. Los accionantes, en el escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:23 horas del 10 de diciembre de 2012, solicitan que se declare la inconstitucionalidad del artículo 288, del Código Penal, pues consideran que es contrario a la libertad de expresión consagrado en el artículo 29, de la Constitución Política y los artículos 3 y 19, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Señalan que la norma cuestionada, vulnera el principio de legalidad del Derecho penal, ya que contiene bien clara la pena, pero no consigna los elementos específicos, del supuesto de hecho, por lo que se puede llegar a muchas interpretaciones, que se pueden adaptar a la conveniencia de algunos, es decir es un tipo penal en blanco, que se presta para interpretaciones arbitrarias.Tampoco se define el bien jurídico tutelado, pues en dicho artículo 288, parece que el único bien que se quiere proteger, son los intereses de los políticos y no, los de las demás personas. En cuanto a los secretos de Estado, dicha norma los interpreta que no hay que andar haciendo averiguaciones sobre política, ni de quienes están en los partidos políticos, sean cosas buenas o malas, y que por alguien andar haciendo investigaciones sobre corrupción, podría ir a la cárcel. Solicitan se declare la inconstitucionalidad del artículo 288, del Código Penal (nuevo artículo 295 con la numeración corrida que operó en el Código Penal a través de la Ley N° 9048), sobre el tipo penal de espionaje, ya que vulnera el principio de legalidad penal, al no contarse con norma de rango legal que regule y brinde certeza sobre los límites y extensiones del secreto de Estado.
  11. 11Por resolución de las 8:51 horas del 30 de noviembre de 2012, se corrige el error material que contiene la resolución de las 16:43 horas del 22 de noviembre del 2012, dictada dentro de este expediente, en el sentido de que se da curso a la acción de inconstitucionalidad de Randall Rivera Vargas únicamente para que se declare la inconstitucionalidad de lo dispuesto en el artículo 295 (288), del Código Penal. Además, se tiene por ampliada esta acción de inconstitucionalidad, en los términos expuestos en las acciones 12-015134-0007-CO y 12-014769-0007-CO, a ella acumuladas, en el sentido de que también se impugnan los artículos 196, 196 bis, inciso b), del Código Penal, según reforma operada por la Ley Nº 9048, por estimarlos contrarios a los artículos 24, 28, 30, 39, 79 y 87, de la Constitución Política. Acerca de esa ampliación, se confiere audiencia a la Procuraduría General de la República.
  12. 12La Procuraduría General de la República rindió su informe mediante escrito presentado en la Secretaria de la Sala, a las 16:00 horas del 7 de enero de 2013. Señala que en relación a la acción de inconstitucionalidad de Randall Rivera Vagas, que las invocaciones realizadas se refieren al artículo 295, y que los únicos cambios que tuvo el antiguo artículo 288, hoy 295, mediante la Ley Nº 9048, son el aumento en la pena y la incorporación de los cuerpos de policía nacionales, la afectación de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, como objetos de protección. Es decir, la expresión ''informaciones secretas políticas" acompañaba al original artículo 286, cuando fue promulgado con el Código Penal de 1970, y lo siguió escoltando a lo largo de las diversas numeraciones y no es sino con la Ley Nº 9048 que su texto (el del artículo 288) es variado en los extremos analizados. Señala, que el delito de espionaje, desde su aparición en el Código Penal de 1970, siempre ha formado parte del Título XI "Delitos contra la seguridad de la Nación"; Sección Segunda "Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación".Los bienes jurídicos "medios de defensa" y "relaciones exteriores" constituyen, desde antaño, los dos conceptos que por excelencia configuran el secreto de Estado, e incluso, uno de los pocos límites constitucionales dispuestos por el Constituyente al acceso a la información pública (el artículo 28, de la Carta Fundamental). En relación con el delito de espionaje no ha sido la intención del legislador introducir en la citada Ley, una esfera de protección particular a favor de los políticos, ni tutelar con el velo del secretismo temas de gobierno o negocios estatales y tampoco, castigar o impedir que el periodismo investigativo revele a la opinión pública, conductas impropias de los políticos. Con el artículo 295, se aumentó la pena, se repitió el concepto ''informaciones secretas políticas que proviene del texto original desde 1970 y se incluyeron nuevos campos o bienes jurídicos a proteger: los cuerpos de policía nacionales, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.Las informaciones secretas políticas o de seguridad serían límites al acceso a la información pública (salvo lo dicho sobre el interés público que protege el artículo 28, constitucional, y la incorporación del narcotráfico y el crimen organizado) y por ende castigada su obtención o procuración, siempre y cuando se refieran a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación. Ciertamente las conductas impropias de los políticos no calzarían en estos supuestos y por ello se sostiene que esa no puede ser la interpelación de la Ley Nº 9048. Aspecto distinto, es garantizar la infalibilidad de los encargados de considerar qué materias deben ser calificadas como secretos de Estado. Si esa tarea fuera torcida, existen los controles jurisdiccionales correspondientes y sin duda alguna la persona que fuese acusada del delito de espionaje, tendría amplias probabilidades de no ser imputado o salir absuelto.En relación con la Acción de Inconstitucionalidad presentada por Gonzalo Monge Núñez y dieciocho estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, las mismas precisiones apuntadas a la acción del periodista RIVERA VARGAS le deben ser atribuidas a la presente queja. En primer lugar, alega que con la nueva redacción del artículo 288 (sic), se provoca una violación directa a la garantía de libertad de expresión y además, impide a los profesores universitarios tener libertad de cátedra y a los estudiantes recibirla, como insumo básico para su formación, sin precisar concretamente en qué consisten las violaciones, ni el tema. A su vez se refiere al actual artículo 295 como el 288, sin reparar que la Ley Nº 9048, corrió la numeración. Considera la Procuraduría que el artículo 295, no infringe el numeral 13, de la Convención Americana, sino que está en total armonía con él, ya que recoge en su tenor un supuesto de punición, pero teniendo muy presente las restricciones convencionales dispuestos en la citada Convención, las que son cumplidas y respetadas a cabalidad por nuestro sistema constitucional.Sobre la Acción de Inconstitucionalidad incoada por la Defensoría de los Habitantes. La Defensora de los Habitantes se refiere que el delito del artículo 196, antes era de mera actividad y hoy es de resultado, fundamenta su análisis, en que el principio de inviolabilidad de las comunicaciones (artículo 24 de la Constitución Política) protege a la persona de la injerencia de terceros, incluido el Estado, lo que ha provocado a su vez, que el sistema represivo haya establecido respuestas punitivas a quien lesiona esa privacidad e intimidad, con medidas tales como el artículo 196, del Código Penal. Al respecto, considera la Defensoría que se trata de un típico cambio legislativo enmarcado dentro de los criterios de política criminal, en lo que el legislador es soberano y a los cuales, la Sala Constitucional no tiene acceso, a menos que se dé una grosera lesión a los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la norma cuestionada (ver sentencia número 4790-12).Considera que, aún y cuando la modificación realizada al artículo 196 del Código Penal fuese sustancial, con base en lo transcrito sobre lo intangible que resultan los criterios de política criminal para el control constitucional, salvo ciertas excepciones, no es posible concluir que existe una inconstitucionalidad en la reforma y tampoco una lesión al artículo 24 Constitucional, por el hecho de que en apariencia- el delito que anteriormente era de mera actividad, hoy se requiere la causación de un resultado. Además, señala que no es cierto que exista desprotección del bien jurídico de intimidad o privacidad. Contrario a lo sostenido por la Defensoría, la mera actividad de antes, hoy es sustituida por el peligro. De modo, que lo único novedoso que se introdujo, fue la producción de un daño real (delito de resultado), en la intimidad o privacidad, lo que es válido, por ser resorte del legislador.Por ello, se promueven dos forma de Imputación objetiva; es decir, con la expresión ''peligro'' queda cubierta la anterior ''mera actividad" y con la reforma cuestionada, se añade la otra forma de producción de daño: a través de un resultado. Aun y cuando se le otorgase la razón a la accionante, en el sentido de que la reforma sufrida al artículo 196, del Código Penal, dejó sin resguardo al destinatario y al remitente -protegiendo únicamente la privacidad del tercero-, ello tampoco permite afirmar la inconstitucionalidad del citado numeral, ya que la protección que recibe el derecho fundamental de la intimidad y la privacidad de las comunicaciones, lo es en doble vía: tanto constitucional como represiva, por lo que si desapareciese la segunda -por un criterio de política criminal o por una mala técnica legislativa-, siempre quedaría salvaguardada la privacidad por el mandato constitucional, mas sin respuesta punitiva, lo que eventualmente, se podría alegar una desprotección legal, pero no constitucional.Es decir, la protección de la privacidad de la correspondencia o las comunicaciones del destinatario y del remitente quedó supeditada a la producción de un resultado o la simple puesta en peligro a favor del tercero, lo que evidencia una mala técnica legislativa, que no por ello llega a ser inconstitucional. Por otra parte, alega la actora que el delito tipificado en el artículo 196, lesiona el artículo 39 Constitucional, pues consiste en un tipo penal abierto. Al respecto, el único argumento esbozado por la accionante es que vulnera ".... la garantía implícita en el principio de tipicidad penal..." y no realiza ningún desarrollo. En la especie, la connotación de tipo abierto no fue concedida con la reforma de la Ley Nº 9048, al artículo de marras, ni tampoco es posible asignarle a éste, los defectos de construcción gramatical al artículo de comentario, al introducirle, por ejemplo, conceptos tales como "con peligro o daño para la intimidad o privacidad de un tercero y sin su autorización" o "documentos o comunicaciones dirigidos a otra persona.De modo que, cumpliendo con los requisitos de integrar un tipo penal completo, tanto el futuro infractor como la víctima deben sentirse satisfechos, el primero porque la norma es lo suficientemente clara en indicarle cuál es la conducta prohibida y su castigo y la segunda, la protección del bien jurídico. Acota, que no es necesario que en una norma punitiva se legisle sobre aspectos relativos al derecho de acceso a la información administrativa. Por tal razón, no se considera que los anteriores motivos esgrimidos por la Defensoría de los Habitantes sean de recibo. Por otra parte, en el análisis de la segunda parte del inciso b), del artículo 196, la Defensoría de los Habitantes considera que la ambigüedad del término "funciones" podría provocar una transgresión por partida doble: a) que se ventile información privada que se encuentre en dependencias administrativas, violando así el 24 Constitucional y que, además, b) perdiéndose los límites de los supuestos de correspondencia y comunicación privadas, se esté castigando a aquella persona que como parte de sus labores brinde acceso a información pública, consagrada en el artículo 30 Constitucional, lo cual resultaría un sin sentido.En relación con la supuesta violación al artículo 24 Constitucional, la Ley Nº 8968 de 7 de julio de 2011, denominada "Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales", claramente define los límites de acceso a información privada que se ubican en los departamentos administrativos. En cuanto a la presunta inconstitucionalidad del inciso b), del artículo 196, la actora señala que no tiene autonomía propia, pues lo ata con la carencia de una normativa de orden legal que regule el derecho al acceso a la información pública. En ese contexto, a criterio de la Defensoría de los Habitantes, la omisión inconstitucional de promulgar una ley, que defina el derecho al acceso a la información pública, tema que también es referido con respecto al artículo 295, del Código Penal, alega en ambos, la inconstitucionalidad por omisión, por no decretarse una ley de secretos de Estado, lo cual se estudiará más adelante, cuando se refiera al análisis del delito de espionaje.En otro orden, la Defensoría de los Habitantes afirma que los artículos 196, 196 bis y 295 trasgreden el principio de legalidad en materia penal, pero no tiene ninguna conclusión que deba ser analizada. La promovente indica que el artículo 295, del Código Penal, lesiona los artículos 28, 30 y 39 Constitucionales, ya que al ser un tipo penal en blanco, vulnera el principio de legalidad penal y que al no existir una ley que regule los secretos de Estado, existe una inconstitucionalidad por omisión. Sin embargo, la Procuradora concluye que el artículo 295, cumple con el principio de tipicidad y de legalidad, pues contiene la conducta prohibida, el verbo o verbos definidores y la sanción. Señala que según la Defensoría, es necesaria la existencia de una ley que defina los secretos de Estado y como ella no existe, se alega una inconstitucionalidad por omisión, porque el artículo 30 Constitucional no es una norma autoejecutable.Con respecto a la inconstitucionalidad por omisión. Ciertamente, existe una laguna normativa en regular el secreto de Estado, a través de una norma de carácter legal, que sería lo más saludable, pero no por ello debe aceptarse que la inexistencia de la citada regulación, deba configurar una inconstitucionalidad por omisión. Si bien es cierto, el artículo 19.1, de la Ley General de la Administración Pública, establece que el régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado a la Ley, esto es un principio básico que no arroja luz sobre la obligación del legislador de emitir una ley para regular el secreto de Estado, ni tampoco conduce a sostener que, si la promulgación de esa ley no se diera, se estaría frente a una inconstitucionalidad por omisión. En efecto, dicho artículo no contradice la postura de la Sala Constitucional, en el sentido de que debe existir un mandato expreso del Constituyente o del Poder Legislativo, para la emisión de una ley que haga ejecutable determinada estipulación constitucional.Se trata pues, que expresión final del artículo 30 Constitucional referida al secreto de Estado bien podría no existir y que a pesar de ello, la prohibición del derecho al acceso a la información administrativa seguiría subsistente, gracias al concepto indeterminado del "interés público" del similar 28. Es decir que los secretos de Estado, al igual que el interés público, son conceptos jurídicos indeterminados y con capacidad de absorción, que la pretensión de establecer bajo el mecanismo de una ley lo que debe estar cubierto por ésta, se torna una tarea contraria a su esencia. El inciso 1), del artículo 19, de la Ley General de Administración Pública, se limitaría a realizar simples enunciados determinando qué debe entenderse por secreto de Estado, pero dejando a criterio del órgano legitimado, determinar los alcances de la materia que estaría cubierta por la limitación, de acuerdo al análisis actual y coyuntural de cada caso.Por ello, si bien resultaría saludable para el ordenamiento jurídico nacional la existencia de una ley que regule los términos del secreto de Estado, no por ello deben arribarse a las conclusiones que realiza la Defensoría, de alegar una inconstitucionalidad por omisión, sin haber demostrado el mandato expreso ni implícito derivado ni del 30 y menos del 28, ambos de la carta Fundamental. Así también, tampoco es admisible concluir que el artículo 295, del Código Penal, es una norma penal en blanco, pues dicho numeral es lo suficientemente completo en sus partes esenciales como para considerarlo cumplidor del principio de legalidad y de criminalidad penal. Si el mecanismo empleado ha sido hasta la fecha la promulgación de decretos ejecutivos que definan qué materia debe quedar cubierta por el secreto de Estado, conforme al principio de tipicidad penal sí ese decreto ejecutivo no estuviese promulgado con anterioridad a la comisión de la conducta prohibida por el artículo 295, del Código Penal, simplemente el delito no le podría ser atribuido al acusado.En conclusión, no existe la alegada Inconstitucionalidad por omisión de parte del legislador ordinario o del Poder reformador, dado que el artículo 30, no contiene un mandato expreso de emitir una ley que regule el secreto de Estado, y el Poder reformador no ha considerado necesario. Corolario a lo anterior, tampoco es cierto que el tipo penal contenido en el artículo 295, del Código Penal, sea un tipo penal en blanco, necesitado de complemento y que esa completitud se la otorgaría la no promulgada Ley de secretos de Estado. El tipo penal del artículo 295, del Código Penal, cumple los requisitos básicos que exige el principio de legalidad y de tipicidad criminal. En cuanto al alegato sobre la inconveniencia de incorporar al artículo 295 del Código Penal los conceptos de crimen organizado y narcotráfico. El reclamo se sitúa en dos vertientes: a) la extensión del concepto de secreto de Estado a través de estos dos fenómenos delictivos, rompiendo el carácter excepcional del primero.Además, como fenómenos desestabilizadores del orden nacional, ya estarían contenidos en los conceptos de "seguridad nacional, medios de defensa y relaciones exteriores", y b) dada la naturaleza jurídica de estos dos flagelos, sobre todo su poder de penetración en la sociedad, sería peligroso, que bajo el manto del secreto de Estado se impida el acceso a la información pública que contenga datos relativos a la participación de funcionarios públicos en actividades conexas al crimen organizado. Considera que los alegatos en cuanto este tema, por parte de la Defensoría, son preocupaciones de orden legal y de conveniencia, pues no debería ser incluido un problema de seguridad ciudadana dentro del concepto de secreto de Estado. La otra preocupación es que el crimen organizado pueda infiltrarse en la sociedad, involucrando administrados y funcionarios de Estado, carece de soporte constitucional.Lo mismo se aplicaría con respecto a la seguridad nacional o a las relaciones exteriores, en las que bajo el amparo del secreto de Estado se podrían estar ocultando gravísimas intervenciones lesivas de la probidad por parte de funcionarios públicos. Lo que la norma trata de impedir es que la divulgación de la información referente a materias tan sensibles como el narcotráfico y el crimen organizado dé al traste con la lucha que los cuerpos policiales puedan estar realizando en esa materia. Cualquier otra interpretación que permita que eventuales funcionarios públicos puedan realizar actos indebidos impunemente sería inconstitucional. Por lo dicho, no se evidencia lesión constitucional alguna, respecto a los peligros que podrían darse con la inclusión del narcotráfico y el crimen organizado dentro de los supuestos que activarían el tipo penal del artículo 295, del Código Penal, no tiene cabida y debe ser igualmente rechazado.En relación con el artículo 196 bis.- Si bien con anterioridad se analizó el citado numeral a la luz de los argumentos expuestos por los accionantes, es menester llamar la atención sobre el contenido del inciso b). La conducta que se castiga es que quien en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad y sin la autorización del titular de los datos, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados o dé un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas o telemáticas, en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos, indicando el inciso b) como causa agravante, que los datos sean de carácter público o estén contenidos en bases de datos públicas.La última expresión es fácilmente comprensible, puede haber datos privados contenidos en bases de datos públicas, y de ahí que se siga protegiendo la privacidad de los datos privados. La parte que resulta confusa y poco clara es la afirmación que hace en el sentido de que "los datos sean de carácter público". Asimismo, no logra comprender este Órgano Asesor cuál sería la razonabilidad de la norma. Distinto es que existan datos privados que se encuentren en dependencias públicas (aún y cuando no estén en una base de datos pública), y que por seguir siendo datos privados merezcan de protección. Pero el hecho de que indique que son datos de carácter público, sin que se realice ninguna otra distinción, sí podría llevar a la conclusión de que con dicha frase se vulnera el derecho de acceso a la información contenida en el artículo 30, de la Constitución Política y el 13, de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.En relación con el artículo 288.- Las informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía nacionales o de seguridad, que no se pueden procurar u obtener son únicamente aquellas referidas a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación, o que afecten la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado. Por lo tanto, no se refiere a cualquier información, sino únicamente a la que se encuentre en esos supuestos. En el caso de los medios de defensa o las relaciones exteriores es lo que tradicionalmente se ha considerado secreto de estado, y así debe ser declarado. Por su parte, con la introducción de los conceptos de la afectación a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, se limitó la posibilidad de procurar u obtener dicha información, y en aras de buscar su razonabilidad y proporcionalidad, la norma es clara que la información que se protege es aquella que afecte la lucha contra esos dos flagelos de nuestra sociedad.Por lo que, no es toda la información relacionada con esos temas la que está protegida, sino únicamente la que se encuentre en esos supuestos. Por ende, no puede interpretarse que la eventual corrupción de funcionarios públicos se encuentre cobijada por la norma de comentario. Si bien la redacción de la norma no es la más feliz al utilizar la frase "Informaciones secretas políticas", debe entenderse referida exclusivamente a aquella información que se refiera a los medios de defensa, relaciones exteriores, o bien que puedan afectar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Por lo tanto, no tiene los alcances limitadores del acceso a la información que se pretende darle y una correcta Interpretación de éstas, salvo en lo ya indicado, no limita o deja sin efecto, el derecho fundamental de acceso a la información.
  13. 13Los edictos a que se refiere el párrafo segundo, del artículo 81, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, fueron publicados en los números 250, 251 y 252 del Boletín Judicial, de los días 27, 28 y 31 de diciembre de 2012.
  14. 14El artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
  15. 15En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:

I.Sobre los presupuestos formales de admisibilidad y legitimación de la acción de inconstitucionalidad. Esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que la acción de inconstitucionalidad es un procedimiento con determinadas formalidades, que, si no se reúnen, imposibilitan que esta Sala se pronuncie sobre el fondo del asunto. En el artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se establecen los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad y se regulan tres situaciones distintas. En el párrafo primero, se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial -incluyendo los recursos de hábeas corpus o de amparo- o en la administrativa -en el procedimiento de agotamiento de esta vía-, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho que se considera lesionado en el asunto principal.

En los párrafos segundo y tercero, se regula la acción directa -no se requiere del asunto base-, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto; y b) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. En cuanto a la exigencia de la existencia de un asunto pendiente de resolver, establecida en el párrafo primero, del artículo 75, la Ley que rige esta Jurisdicción, esta Sala ha explicado que, en tal supuesto, la acción de inconstitucionalidad se constituye o configura como:

“(...) un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto (...)”. (Sentencia Nº 4190-95, de las 11:33 hrs. de 28 de julio de 1995; lo destacado no corresponde al original).

Asimismo, en la Sentencia Nº 1319-1997, de las 14:51 hrs. de 4 de marzo de 1997, se consideró lo siguiente:

“(…) El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece como uno de los presupuestos para interponer la acción de inconstitucionalidad, la existencia de un asunto pendiente de resolver, por constituir el punto de conexión que ha de existir entre el proceso en que se aplica la norma que se reputa inconstitucional con el objeto del proceso constitucional y el fundamento que legitima la pretensión del accionante como último remedio procesal, en el ejercicio del derecho a la jurisdicción constitucional. El rigor en la legitimación para acceder a la jurisdicción constitucional, más que constituir un obstáculo para impedir el control de la constitucionalidad de las leyes, constituye el cauce del derecho de acceso a la justicia, derivado de la existencia de un "asunto previo" que haya motivado aquella discordancia o contradicción entre la ley y la Constitución, para mantener la función jurisdiccional -especial-, y no distorsionar la pureza del sistema de relación de los poderes constitucionales del Estado, del que es parte la Sala, porque como integrante de aquellos, no es enteramente libre e ilimitada en sus acciones.

Por esta causa, es que la acción de inconstitucionalidad necesita de su existencia -del asunto previo- como medio razonable para amparar la defensa del derecho o interés que se considera lesionado. Empero, la razonabilidad de la acción de inconstitucionalidad como medio de defensa del accionante no debe analizarse solo dentro del contexto del asunto previo, sino inmersa en el marco jurídico constitucional que rige las actuaciones de esta Sala. No se trata, entonces, de una consideración particular de la inconstitucionalidad de una disposición normativa, para interponer una acción sin requerir la existencia de un asunto pendiente de resolver, sino, que es necesario que se demuestre que constituye un medio razonable de amparar el derecho o interés que se estima lesionado (…)”.

II.Sobre la legitimación y la admisibilidad de las presentes acciones de inconstitucionalidad. En el presente asunto, los accionantes Randall Rivera Vargas, Ana Laura Hernández Meléndez, Andrea Bermúdez Ling, Antonio Bolaños Álvarez, Carlos Luis Hernández Rodríguez, Daniel Rodríguez Maffioli, Edgar Mauricio Pizarro Averra, Fabiola Solano Portuguez, Fernando Salazar Pérez, Jonathan Facey Torres, José Miguel Cubillo González, Karen Brenes Piedra, Katherine Dayana Romero Carpio, Maribel Lucrecia Ramírez Astúa, Oscar Núñez Barrantes, Sergio Monge Astúa, Sofía María Barquero Piedra, Sofía Valenzuela Barrantes, Yuliana Leiva Orozco, Jesús Barrantes Castro y Hennez Ismael González Álvarez, en su condición de Presidente de la Fundación para Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aducen su legitimación por vía del control de constitucionalidad abstracto e invocan la defensa de intereses difusos, toda vez que, acuden en resguardo de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Sin embargo, tales circunstancias no configuran, a favor de los citados gestionantes, una legitimación directa para la interposición del presente proceso, dado que, como se destacó supra, el artículo 75, párrafo primero, in fine, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, exige, para efectos de la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad por la vía incidental, como la presente, un asunto pendiente de resolver, en que la inconstitucionalidad invocada sea medio razonable para amparar el derecho o interés que se considere lesionado, siendo que los artículos cuestionados son aplicación individual y directa. Nótese, que los accionantes omiten indicar siquiera la existencia de un asunto administrativo o judicial que pudiere servir de base para la interposición de un proceso constitucional de esta naturaleza -dejando de aportar, igualmente, certificación del libelo donde pudo haber aducido la inconstitucionalidad en ese asunto base-, sin que tampoco aduzcan, justifiquen ni demuestren, encontrarse inmerso en las causales que permiten la interposición de una acción con base en la defensa de intereses difusos o colectivos, y sin que le asista la condición de los funcionarios que la Ley de la Jurisdicción Constitucional, define que pueden acudir de manera directa ante esta Sala.

Es únicamente por excepción, que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. A su vez, los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, también consideraron que el contenido de la norma, limita a los profesores universitarios a ejercer libertad de cátedra y a los alumnos a recibirla, como insumo básico para su formación. Sin embargo, se rechaza dicho alegato, pues la argumentación es insuficiente y los accionantes no proveen, a la Sala, una valoración, ni concretan, en qué consisten las violaciones. En ese sentido, el artículo 78, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, regula que en el escrito en que se interponga la acción de inconstitucionalidad, se expondrán los fundamentos en forma clara y precisa. En cuanto a la legitimación de la Defensoría de los Habitantes, conforme ha señalado esta Sala, se encuentra legitimada para acudir en defensa de los derechos fundamentales y en general, de los derechos e intereses de rango constitucional de los habitantes del país.

Dicha facultad, la confiere el artículo 75, párrafo 3), de la Ley de Jurisdicción Constitucional, y en el presente caso, se encuentra legitimada, pues invoca la defensa de intereses que atañen a la colectividad en su conjunto, tal y como tipos penales que rozan con el derecho de acceso a información, libertad de expresión, relacionada con la actividad de los funcionarios públicos, documentos públicos, datos personales obtención indebida de secretos de estado, lo cual, según su parecer atenta los principios democráticos. Por lo anterior, resulta admisible el conocimiento y resolución de la presente acción de inconstitucionalidad por vía del control abstracto con base a los alegatos de la Defensoría de los Habitantes.

III.Objeto de la impugnación. La acción de inconstitucionalidad fue planteada contra la reforma efectuada, a los artículos 196, 196 bis y 288, del Código Penal, mediante la Ley Nº 9048, del 10 de julio de 2012, denominada "Reforma de varios artículos y modificación de la Sección VIII, denominada Delitos Informáticos y conexos, del Título VII del Código Penal", publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 214, del 6 de noviembre de 2012. Sin embargo, los artículos mencionados quedaron sin vigencia con la promulgación de la Ley Nº 9135 de 24 de abril de 2013, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 80 del 26 de abril de 2013, en la que se reformaron dichas normas. En cuanto al examen de constitucionalidad de leyes derogadas, la Sala se pronunció en la Sentencia Nº 3152-94, de las 15:12 horas del 28 de junio de 1994: "...debemos decir que en términos generales, el control de constitucionalidad se ejerce con referencia al derecho vigente, sin embargo, puede pensarse en algunos casos de excepción a esta regla.

Hay situaciones en que una norma derogada puede haber sido aplicada durante su vigencia o estarse aplicando en violación de la Constitución y en perjuicio de un sujeto cuyo agravio subsiste después de la derogación, en cuyo caso aquella norma puede ser y debe ser objeto de interpretación y control aunque no esté vigente al tiempo de dictarse la sentencia; se trata de los casos en que la derogatoria no convierte la cuestión en algo abstracto que impida el posterior control constitucional de la norma derogada. En el caso concreto de esta acción, es procedente hacer el análisis de constitucionalidad pues la norma aún puede afectar los intereses del accionante, es decir, la inconstitucionalidad es un medio razonable de amparar el derecho o interés que se considere lesionado, en los términos del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional".

En palabras de doctrina reconocida en la materia, hay situaciones en las que una norma derogada puede haber sido aplicada durante su vigencia en violación de la Constitución Política y en perjuicio de un sujeto cuyo agravio subsiste, después de la derogación, en cuyo caso aquella norma, puede y debe ser objeto de interpretación y control, aunque no esté vigente al tiempo de dictarse la sentencia. De allí, que resulte procedente que, en el caso concreto, de conformidad con las reglas que estable el artículo 11, del Código Penal, los hechos punibles se juzgarán de conformidad con las leyes vigentes en la época de su comisión. En consecuencia, esta acción es medio razonable de amparar el derecho o interés que los defendidos consideran lesionado y su análisis por el fondo es procedente.

IV.Sobre las normas impugnadas.- Como ya se ha señalado en otras oportunidades, el objeto de la jurisdicción constitucional es el de garantizar la supremacía de las normas y principios de la Constitución Política, especialmente, de las libertades y derechos humanos en ella consagrados y hacerlas exigibles en sí mismas con rango preferente sobre todas las demás. En esta tarea es indispensable, al confrontar el texto de la norma cuestionada con la Constitución, extraer su sentido lógico o espíritu, a la luz de los principios de un sistema democrático de derecho con valores morales particulares reflejados en las normas y costumbres del ser costarricense, e interpretar junto a éstos, cuál es la solución más justa para un determinado caso. La accionante alega la inconstitucionalidad de los artículos 196, 196 bis y 288, del Código Penal, reformados por la Ley Nº 9048, denominada "Reforma de varios artículos y modificación de la Sección VIII, denominada Delitos Informáticos y conexos, del Título VII del Código Penal".

Antes de emitir criterio sobre el caso que se consulta, es importante advertir que, en el momento en que se formuló la presente acción de inconstitucionalidad, se dio una reforma a dichas normas, mediante la Ley Nº 9135, del 24 de abril de 2013. En consecuencia, como los hechos que dan pie a la consulta sucedieron al amparo del antiguo texto legal, se debe responder si a ese preciso momento, las normas cuestionadas eran legítimas o no, para luego determinar, cuál sería la situación actual de dichos artículos como consecuencia de la nueva reforma. Las normas cuestionadas de la Ley Nº 9048, estipulan:

"Artículo 196.- Violación de correspondencia o comunicaciones.- Será reprimido con pena de prisión de tres a seis años quien, con peligro o daño para la intimidad o privacidad de un tercero, y sin su autorización, se apodere, accese, modifique, altere, suprima, intervenga, intercepte, utilice, abra, difunda o desvíe de su destino documentos o comunicaciones dirigidos a otra persona.

La pena será de cuatro a ocho años de prisión si las conductas descritas son realizadas por:

  • a)Las personas encargadas de la recolección, entrega o salvaguarda de los documentos o comunicaciones.
  • b)Las personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos." "Artículo 196 bis.- Violación de datos personales.- Será sancionado con pena de prisión de tres a seis años quien en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular de los datos, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados o dé un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas o telemáticas, o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.

La pena será de cuatro a ocho años de prisión cuando las conductas descritas en esta norma:

  • a)Sean realizadas por personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.
  • b)Cuando los datos sean de carácter público o estén contenidos en bases de datos públicas.
  • c)Si la información vulnerada corresponde a un menor de edad o incapaz.
  • d)Cuando las conductas afecten datos que revelen la ideología, la religión, las creencias, la salud, el origen racial, la preferencia o la vida sexual de una persona." "Artículo 288.- Espionaje.- Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años al que procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación, o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado.

La pena será de cinco a diez años de prisión cuando la conducta se realice mediante manipulación informática, programas informáticos maliciosos o por el uso de tecnologías de la información y la comunicación".

V.Sobre el fondo. La Defensora de los Habitantes discute la violación de los principios constitucionales, de tipicidad, publicidad, transparencia y conexidad, además de libertad de expresión, información, pensamiento, enseñanza, cátedra, inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a la intimidad y constitucionalidad por omisión. Al respecto, se entrará a analizar, cada uno de los artículos cuestionados, en forma independiente. Previo a ello, es necesario indicar, que los artículos analizados son parte de la “Ley de Delitos Informáticos”, Nº 9048, que reformó la normativa del Código Penal. Cabe destacar, que la existencia de un ius puniendi estatal se justifica en la necesidad de tutelar bienes jurídicos de vital importancia para la colectividad. De esa potestad genérica del Estado, derivan tanto la potestad sancionatoria administrativa como la sancionatoria penal. En atención a lo previsto en el artículo 39 Constitucional, compete a la Asamblea Legislativa definir cuáles conductas deben ser calificadas y sancionadas como delito.

La definición de cuáles bienes jurídicos deben ser resguardados por el Derecho Penal, es una decisión de carácter político criminal, que corresponde adoptar al legislador; no obstante, como ha advertido en diversas oportunidades esta Sala, el ejercicio de dicha competencia encuentra limitaciones que derivan de los principios, derechos y garantías consagrados por el Derecho de la Constitución.

Por otra parte, en los alegatos presentados por la accionante, resulta claro que existe un conflicto entre libertad de información y derecho a la intimidad. Si bien ocupa una posición especial en nuestro sistema de derechos fundamentales, se recuerda que la libertad de información no goza de un valor preferente o superior frente a otros derechos fundamentales y que las intromisiones en otros derechos fundamentales, han de guardar congruencia con la finalidad pretendida, lo cual se analizará en cada norma cuestionada.

VI. Análisis del artículo 196, del Código Penal, reformado por la Ley Nº 9048.- El artículo señala

“Artículo 196.- Violación de correspondencia o comunicaciones.- Será reprimido con pena de prisión de tres a seis años quien, con peligro o daño para la intimidad o privacidad de un tercero, y sin su autorización, se apodere, accese, modifique, altere, suprima, intervenga, intercepte, utilice, abra, difunda o desvíe de su destino documentos o comunicaciones dirigidos a otra persona.

La pena será de cuatro a ocho años de prisión si las conductas descritas son realizadas por:

  • a)Las personas encargadas de la recolección, entrega o salvaguarda de los documentos o comunicaciones.
  • b)Las personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos".

La Defensora de los Habitantes considera que el contenido de dicho artículo es contrario al principio de inviolabilidad de las comunicaciones previsto, en el artículo 24, de la Constitución Política, como garantía del derecho a la intimidad y privacidad de las personas, y en los artículos 12 y 13, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, estima que la reforma introducida con la Ley Nº 9048, modificó sustancialmente el delito de violación de correspondencia y comunicaciones, pues pasó de un delito de mera actividad, en el que el tipo penal requería para su consumación, únicamente la violación a la correspondencia o comunicación, a uno de resultado, que exige la causación o puesta en riesgo, el derecho a la intimidad o privacidad de un tercero, en el que el tipo penal se presenta como un anónimo, es decir que la identidad se desconoce. A su vez, lo encasilla en una norma de tipo penal abierto, pues según su criterio, el texto es ambiguo, al no definir si se está ante comunicaciones o correspondencia, en las que existe un derecho de acceso a la información, por tratarse de información de interés público, o si se circunscribe información de naturaleza estrictamente privada.

Apunta que no existe una norma con rango legal, que desarrolle el derecho de acceso a la información y en consecuencia, no hay elementos de los cuales el Derecho Penal, pueda echar mano en la aplicación de este tipo penal. También alega que, con el término "tercero", igualmente se modificó la identidad de la persona que puede considerarse víctima de este tipo de conductas y el objeto sobre el que recae la tutela de la norma. Reputa que, conceptos tales como “con peligro o daño para la intimidad o privacidad de un tercero y sin su autorización” o “documentos o comunicaciones dirigidos a otra persona”, tornan ambiguo el contenido del tipo penal.

  • a)Posición de la Sala Constitucional.- Es importante señalar, para el análisis de esta norma, que resulta constitucional que todo ciudadano tenga derecho a mantener reserva sobre ciertas actividades u opiniones suyas y obtener amparo legal para impedir que sean conocidas o difundidas por otros, sin su autorización, pues resulta imposible o muy difícil convivir y desarrollar a plenitud los fines que una persona se propone, sin gozar de un marco de intimidad, protegido de injerencias del Estado u otros ciudadanos y en caso de comportamientos contrario a la ley, ser sancionados.

El numeral 24, de la Constitución Política, consagra el derecho fundamental a la intimidad, que consiste en un fuero de protección a la vida privada de los ciudadanos. La intimidad está formada por aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una persona que normalmente están sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por éstos puede turbarla moralmente, por afectar su pudor y su recato, a menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento. De esta manera, los derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio, de los documentos privados y de la correspondencia o comunicaciones, existen para proteger dicha intimidad, que solo cedería por una causa justa y concreta. El artículo 11.2.3, de la Convención Americana de Derechos Humanos, dispone que "...nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación...".

Por su parte, el Código Penal ubica los delitos contra la intimidad, en el Título VI, Sección I "Violación de secretos" y establece varios tipos penales simples y agravados, según las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la cualificación de los medios comisivos utilizados y los sujetos intervinientes en la conducta punible (artículos 196 al 203). El legislador creó, en ello, la protección de ese círculo de privacidad, por lo que penalizó la violación de correspondencia y con la reforma dispuesta en el artículo 196, por la Ley Nº 9048, unificó los términos "correspondencia o comunicaciones". Los demás artículos de la Sección, es decir del 197 al 203, no fueron reformadas por dicha ley, siendo que el legislador tipificó como hechos punibles la sustracción, desvío o supresión de correspondencia, el apoderamiento de cartas o documento privado, la captación indebida de manifestaciones verbales, uso indebido de correspondencia, propalación y divulgación de secretos.

De esta forma, la consagración constitucional del “secreto de las comunicaciones”, es una manifestación del derecho a la intimidad, siendo que dicho derecho genera una esfera de protección sobre la vida privada de los habitantes, siempre y cuando sus acciones no dañen la moral o el orden público, ni perjudiquen a terceros. Dentro de este orden de ideas, las comunicaciones privadas son objeto de protección en tanto manifestación de la individualidad del hombre. La garantía constitucional del secreto de las comunicaciones y la correspondencia, es expresamente reconocida en el artículo aquí cuestionado, en cual se unificó el tipo penal de violación de correspondencia y comunicaciones, al tipificar la conducta como un delito, en el cual se sanciona a quien, con peligro o daño para la intimidad o privacidad de un tercero, y sin su autorización se apodere, accese, modifique, altere, suprima, altere, utilice, abra, difunda, documentos o comunicaciones dirigidos a otra persona.

A su vez, señaló que la pena se agrava si la conducta descrita es realizada por personas encargadas de la recolección, administración o soporte a la red. Sobre el particular, la norma tipificó acciones que constituyen delitos contra el ámbito de la intimidad. Ciertamente, el artículo se refiere únicamente a un "tercero", pues las personas involucradas en la comunicación, actor - receptor puede verse eventualmente también perjudicadas. Sin embargo, el legislador quiso proteger la correspondencia y las comunicaciones interpersonales para socorrer intereses de terceras personas, que pueden no estar involucradas. En ese sentido, sin lugar a dudas, lo establecido por la norma cuestionada, no es otra cosa más que garantizar el secreto o privacidad frente a terceros, lo que implica que en ese sentido deba respetarse y garantizarse en secreto el contenido de la comunicación. Así las cosas, la Sala no encuentra que el artículo 196 cuestionado, viole algún precepto constitucional, siendo que resulta respetuoso del principio primordial cobijado en el artículo 24 Constitucional, en el sentido que todo habitante de la República debe gozar de un ámbito de privacidad, sólo susceptible de ser incursionado cuando así se haya expresamente establecido al formular las excepciones al principio.

En ese contexto, el Constituyente de 1949, lo hizo en relación con documentos privados y libros de contabilidad, sea de documentos directamente relacionados con el investigado judicialmente o en asuntos fiscales, a las comunicaciones escritas u orales les dio un trato diferente, y dentro de ellas dispuso que la correspondencia no podrá ser sustraída y ello es así por el derecho de las personas de tener comunicaciones privadas entre sí, sin que de ellas se puedan imponer terceros no deseados. De ahí surge el derecho especial al secreto de las comunicaciones interpersonales, así protegido por la norma cuestionada y por la reforma efectuada por la Ley Nº 9135 del 24 de abril de 2013. El artículo 196, actualmente vigente, dispone lo siguiente:

"Artículo 196.- Violación de correspondencia o comunicaciones. Será reprimido con pena de prisión de uno a tres años a quien, con peligro o daño para la intimidad o privacidad de otro, y sin su autorización, se apodere, acceda, modifique, altere, suprima, intervenga, intercepte, abra, entregue, venda, remita o desvíe de su destino documentación o comunicaciones dirigidas a otra persona.

La misma sanción indicada en el párrafo anterior se impondrá a quien, con peligro o daño para la intimidad de otro, utilice o difunda el contenido de comunicaciones o documentos privados que carezcan de interés público.

La misma pena se impondrá a quien promueva, incite, instigue, prometa o pague un beneficio patrimonial a un tercero para que ejecute las conductas descritas en los dos párrafos anteriores.

La pena será de dos a cuatro años de prisión si las conductas descritas en el primer párrafo de este artículo son realizadas por:

  • a)Las personas encargadas de la recolección, entrega o salvaguarda de los documentos o comunicaciones.
  • b)Las personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos".

Para los efectos del presente estudio, con la reforma del artículo supra indicado, se rebajó la sanción por un monto de prisión menor y sustituyó la palabra "tercero" a "otro", lo que efectivamente hizo más amplia la protección. Sin embargo, por ese hecho, la Sala no considera que el artículo 196, reformado por la Ley Nº 9048, sea inconstitucional, por lo que el fin de la norma alcanza a ser lo suficientemente relevante, para el bienestar del conglomerado social y la protección de la vida privada de las personas, lo que constituye un ligamen o derivación directo con los principios constitucionales alegados y se descarta que se desproteja el bien jurídico de la intimidad o privacidad, incluso se brindó una mayor cobertura al bien protegido, pues se incluyó el peligro y el resultado.

  • b)En cuanto a delitos se refiere, en nuestro marco constitucional existe el principio de reserva de ley, sea que en esa materia sólo está permitido el actuar de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, mediante de leyes formales, pero a su vez que la técnica legislativa ha aceptado como válida y necesaria la utilización de normas penales no completas, para fijar los tipos penales, las que logran su plena integración al relacionarlas con otras. En el caso concreto, el 7 de julio de 2011, se promulgó la Ley Nº 8968, denominada “Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de datos personales”, que tiene como objetivo garantizar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o bienes. De modo, que los accionantes no llevan razón al indicar que el ordenamiento costarricense es ayuno de legislación relacionada con la comunicación de datos personales. No obstante, en el análisis del primer párrafo, del artículo 196 bis, se estudiará el alegato de la inconstitucionalidad por omisión.
  • c)La Defensora señala que el contenido de la norma es inconstitucional, porque no es suficientemente clara en establecer cuál es el hecho punible y su castigo, ni define el bien jurídico protegido. Al respecto, el principio de tipicidad es integrante del derecho a un debido proceso, derivado a su vez del principio de legalidad penal e íntimamente relacionado con la seguridad jurídica, por cuanto, garantiza a las personas que no podrán ser perseguidas penalmente, por una acción que no haya sido previamente definida como delito en forma clara y precisa, por una norma de rango legal. Al respecto, ha indicado este Tribunal, que: “El artículo 39 de la Constitución Política recepta el principio de reserva del ley mediante el cual todos los actos gravosos para los ciudadanos, provenientes de autoridades públicas, deben estar acordados en una ley formal. Dicho principio adquiere marcada importancia en materia penal, pues tratándose de delitos y penas, la ley es la única fuente creadora.

En esta materia es de común aceptación el contenido del aforismo latino "nullum crimen, nulla paena, sine praevia lege". (Ver Sentencia N° 13591-2009, de las 14:42 horas del 26 de agosto del 2009). De modo, al hacer referencia el Constituyente, en el citado artículo 39, al término "delito", se está refiriendo a una acción típica, antijurídica y culpable, a la que se le ha señalado como consecuencia una pena. De esos predicados de la acción, para que sea constitutiva de delito, interesa ahora la tipicidad y su función de garantía ciudadana. Para que una conducta sea constitutiva de delito, no es suficiente que sea antijurídica -contraria a derecho-, es necesario que esté tipificada, sea que se encuentre plenamente descrita en una norma, esto obedece a exigencia insuprimibles de seguridad jurídica, pues siendo la materia represiva la de mayor intervención en bienes jurídicos importantes de los ciudadanos, para garantizar a éstos frente al Estado, es necesario que puedan tener cabal conocimiento de cuáles son las acciones que debe abstenerse de cometer, so pena de incurrir en responsabilidad criminal, para ello la exigencia de ley previa, pero esta exigencia no resulta suficiente sin la tipicidad, pues una ley que dijera, por ejemplo, "será constitutiva de delito cualquier acción contraria a las buenas costumbres", ninguna garantía representa para la ciudadanía, aunque sea previa, en este caso será el criterio del juez el que venga a dar los verdaderos contornos a la conducta para estimarla o no constitutiva de delito.

Diferente es, si el hecho delictivo se acuña en un tipo y además este es cerrado, el destinatario de la norma podrá fácilmente imponerse de su contenido; así, por ejemplo, el homicidio simple se encuentra cabalmente descrito en el artículo 111, del Código Penal: "Quien haya dado muerte a una persona, será penado con prisión de ocho a quince años". La función de garantía de la ley penal exige que los tipos sean redactados con la mayor claridad posible, para que tanto su contenido como sus límites puedan deducirse del texto lo más exactamente posible (ver en ese sentido la sentencia 00102-98 de las diez horas tres minutos del nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, reiterada desde entonces en varias sentencias, tales como 2006-02872, de las catorce horas con cuarenta y un minutos del primero de marzo del dos mil seis y 2012-003220, de las catorce horas treinta minutos del siete de marzo de dos mil doce, entre otras).

De tal forma, el artículo en estudio, no es una norma penal en blanco, dado que respeta el principio de tipicidad, al establecer en forma precisa y clara, el sujeto activo de la infracción que puede ser cualquiera, la acción propiamente y la sanción. Precisamente, el tipo penal en estudio, se integra con el autor, hecho punible y la condena, y dispone que el autor puede ser cualquier persona, puesto que el legislador lo identificó con la fórmula general “quien”, “las personas encargadas”. El sujeto pasivo en todos los casos es un “tercero” y la conducta sancionada, es la violación de correspondencia o comunicaciones y para ello describe quien con peligro o daño se apodere, accese, modifique, altere, suprima, intervenga, intercepte, utilice, abra, difunda o desvíe de su destino documentos o comunicaciones dirigidos a otra persona”. A su vez, estableció la condena que es tres a seis años de prisión y, en los incisos a) y b), agrava la sanción, en relación con las funciones del sujeto autor del hecho punible.

Vale destacar que, conforme se ha señalado, la necesaria utilización del idioma y sus restricciones hace que en algunos casos no pueda lograrse el mismo nivel de precisión. Por extremadamente cuidadoso que fuere el legislador, es imposible consignar, en la elaboración del tipo, toda la gran cantidad de supuestos que podrían servir para “apodere”, “accese”, “modifique”. En estos casos, es común la técnica legislativa -que para la Sala resulta ajustada al orden constitucional- de la ejemplarización, que pretende evitar una extensión arbitraria del tipo penal. De manera que no se deja en libertad al juzgador para que éste decida por encima del legislador, sino que se establecen parámetros definidos que hacen que no resulte vulnerado el principio de legalidad. Se destaca que el hecho punible se refiere a la afectación de la “intimidad o privacidad de un tercero” y el principio de legalidad no se infringe en los supuestos en los que la definición del tipo incorpore conceptos, cuya delimitación permita un margen de apreciación por parte del juzgador en su labor de detectar la adecuación típica.

La ley tiene que servirse por fuerza de conceptos que revisten un grado mayor o menor de abstracción, pero que siempre son generales y, como la vida solo ofrece casos concretos la interpretación es siempre necesaria para determinar si una conducta específica está o no comprendida en la ley. Por mucho que una legislación quiera respetar la legalidad, el propio lenguaje tiene limitaciones, de modo que la construcción legal de los tipos nunca agota la legalidad estricta, que requiere la labor interpretativa de reducción racional de lo prohibido, propia del Derecho penal. Esta es una realidad que se observa en toda la legislación represiva (como se apreciará más adelante al analizar el proyecto que nos ocupa) y que este Tribunal Constitucional ha aceptado en su copiosa jurisprudencia sobre el tema, al respecto:

“La necesaria utilización del idioma y sus restricciones obliga a que en algunos casos no pueda lograrse el mismo nivel de precisión, no por ello puede estimarse que la descripción presente problemas constitucionales en relación con la tipicidad, el establecer el límite de generalización o concreción que exige el principio de legalidad, debe hacerse en cada caso particular (…)”.

De manera que, no resulta de recibo lo argumentado por los accionantes en cuanto a que la norma infringe el principio de legalidad, y por ende, resulta constitucional.

  • d)En consecuencia, se estima que el artículo 196, del Código Penal, no resulta contrario a los principios constitucionales alegados por los accionantes.

VII. Análisis del párrafo primero del artículo 196 bis, del Código Penal.- El artículo cuestionado dispone

“Artículo 196 bis.- Violación de datos personales.- Será sancionado con pena de prisión de tres a seis años quien en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular de los datos, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados o dé un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas o telemáticas, o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.

La pena será de cuatro a ocho años de prisión cuando las conductas descritas en esta norma:

... b) Cuando los datos sean de carácter público o estén contenidos en bases de datos públicas.(...)." La accionante considera que el inciso b), del supra indicado artículo, es inconstitucional, pues lesiona el artículo 30, de la Constitución Política, al elevar a la tutela penal, el derecho a la autodeterminación de la información y penalizan la difusión de información, lo que es contrario también al principio de libertad de expresión, tutelado en el artículo 29, de la Constitución Política. A su vez, señala la inconstitucionalidad por omisión, dado que no existe normativa que regule el derecho de acceso a la información pública ni que defina cuando se está frente a información de interés público y considera que es una norma penal abierta. Finalmente, se refieren a la inconstitucionalidad del inciso b), del artículo 196, pues se regula en general sobre los datos de carácter público, sin que se realice otra especificación al respecto.

  • a)Posición de la Sala Constitucional.- Sobre el particular, para una mejor ponderación del contenido del inciso b) cuestionado, es necesario iniciar su análisis, con el contenido del primer párrafo del artículo, dado que es el precepto en el que se crea el tipo penal y en el que se regla la conducta que se prohibe, siendo la“violación de datos personales”, sancionado con prisión de tres a seis años, y que aumenta, de cuatro a ocho años, cuando los datos son de carácter público o se encuentran contenidos en bases públicas, que es lo que dispone el inciso b) cuestionado. El bien jurídico tutelado en el artículo es el Derecho Fundamental a la intimidad y la visión ius-informática (habeas data), ambos previstos en el artículo 24 Constitucional, y la finalidad es proteger la información personal en el procesamiento, almacenamiento, registro, utilización o uso o en la tele-transmisión de datos de carácter personal o imágenes, cuando no han sido autorizados expresamente para incluirlos en una base de datos o en fichero sistematizado público o privado.

El proceso de tratamiento informatizado de la información o de los datos de carácter personal, comporta una serie de etapas, fases o ciclos informáticos (recolección, selección, tratamiento, almacenamiento, registro, recuperación y uso de datos). Las diferentes legislaciones del mundo, han regulado este procedimiento informático desde el punto de vista del derecho administrativo y civil y para mayor protección como última ratio, se han añadido mecanismos jurídicos de tipo penal, para tutelar los derechos al acceso a la información, las facultades estructurales del habeas data (conocimiento, actualización, rectificación y cancelación de datos); y por supuesto, los derechos fundamentales, tales como la intimidad. El derecho de acceso a la información, que tiene toda persona, se encuentra regulado en las diversas constituciones del mundo como un derecho fundamental y personalísimo e indefectiblemente se halla vinculado con otros no menos importantes y de igual rango constitucional, como el derecho a informar y ser informado y el derecho a la intimidad personal y familiar.

Hoy por hoy, en la llamada era de la informática, el derecho de acceso a la información adquiere relevancia capital que oscila entre el mayor o menor grado de poder de control sobre los datos o informaciones que conciernen a las personas cuando se hallen almacenados, registrados, conservados o transmitidos por medios informáticos, electrónicos o telemáticos por personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, según fuere el caso. En dicho marco, se produce el binomio derecho-protegido y derecho-vulnerado y el correspondiente equilibrio ponderado que deviene principalmente de los límites constitucionales y legales de los derechos y libertades fundamentales en éste involucrados. Los diversos Estados, tras constitucionalizar el derecho de acceso a la información y el habeas data, han optado por la técnica legislativa para cumplir con su papel proteccionista o garantista del conjunto de derechos y libertades fundamentales.

La Sala ha reconocido, que la ampliación del ámbito protector del derecho a la intimidad, surge como una respuesta al ambiente global de fluidez informativa en el que vivimos. Ambiente que ha puesto en entredicho las fórmulas tradicionales de protección a los datos personales, para evolucionar en atención a la necesidad de utilizar nuevas herramientas, que permitan garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a decidir quién, cuándo, dónde y bajo qué y cuáles circunstancias tiene contacto con sus datos y ello no constituye una violación al derecho a la información. Toda persona tiene el derecho fundamental a conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier registro o archivo, de toda naturaleza, incluso mecánica, electrónica o informatizada, sea pública o privada; así como la finalidad a la cual esa información se destine y a que sea empleada únicamente para dicho fin, el cual dependerá de la naturaleza del registro en cuestión.

Es la llamada protección a la autodeterminación informativa de las personas, la cual rebasa su simple ámbito de intimidad, misma que el legislador costarricense creo en la Ley Nº 8968, "Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de datos personales". Allí, el legislador consideró que, en la actualidad, las tecnologías de la información y de la comunicación, han hecho posible que las personas puedan acceder a condiciones para interactuar en una gran cantidad de escenarios, y por ende incursionar en medios o plataformas tecnológicas que pueden contener información personal, la cual es vulnerable a que se desvíe a fines distintos, lo que a su vez genera un riesgo a su intimidad. En razón del riesgo a la intimidad o actividad privada del individuo, deviene necesario velar por la defensa de la libertad e igualdad del mismo con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona, cuando estos figuren en bases de datos de organismos públicos o privados y el derecho a imponer sanciones penales cuando estas son transgredidas y difundidas sin el consentimiento de la persona.

En tal contexto, tanto la citada ley, como el primer párrafo, del artículo 196 bis, se complementan, pues por una parte, se concede al ciudadano el derecho a estar informado del procesamiento de los datos y de los objetivos que con este se pretende alcanzar, junto con el derecho de ser protegido penalmente cuando se publiquen sus datos personales sin su consentimiento o de un tratamiento no autorizado para ello. Nótese que la figura penal se refiere a la violación de “datos personales”, entendiéndose estos como cualquier dato relativo a una persona física identificada o identificable y los limita cuando se daña o peligra la intimidad de la persona. De modo que el límite del derecho a la información se ve limitado al derecho a la intimidad, por lo que la norma, per se, no lesiona el derecho a la información, sino que protege aquellos datos relacionados con la intimidad de los sujetos, como lo son los de acceso restringido, en decir, aquellos que, aun formando parte de registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la Administración Pública y datos sensibles, que es información relativa al fuero íntimo de la persona, como por ejemplo los que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida y orientación sexual, entre otros, todo lo cual se encuentra protegido por el deber de confidencialidad.

Al respecto, mediante Sentencia Nº 2002-08996, de 10:38 horas de 13 de septiembre de 2002, este Tribunal estableció, claramente, cuáles han de ser las reglas que deben cumplirse a fin de garantizar el respeto y la protección de datos. En este sentido dispuso:

"IV.- Principios básicos para la protección de datos. Ya este Tribunal, en la sentencia 5802-99 de las 15:36 horas del 27 de julio de 1999, citada supra, se refirió a los lineamientos que debe establecer la legislación que regule el tratamiento automatizado de datos personales. A falta de ella, la Sala estima procedente insistir en esas reglas a fin de que se consideren principios básicos para la protección de datos. Entre los fundamentales están:

  1. 1El derecho de información en la recolección de datos. Las personas a quienes se soliciten datos de carácter personal deberán ser previamente informadas de modo expreso, preciso e inequívoco directamente o por apoderado con poder o cláusula especial; las personas jurídicas por medio de su representante legal o apoderado con poder o cláusula especial".

1. De la existencia de un fichero automatizado o manual de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

2. Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que se les formulen.

3. De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

4. De la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, actualización, cancelación y confidencialidad.

5. De la identidad y dirección del responsable del fichero.

Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recolección, figurarán en los mismos en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior.

2. El consentimiento del afectado. Otro principio de capital importancia es el consentimiento del afectado, según el cual, el titular de los datos deberá dar por sí o por su representante legal o apoderado el consentimiento para la entrega de los datos, salvo que la Ley disponga otra cosa dentro de límites razonables. Es obvio que el consentimiento podrá ser revocado, pero la revocatoria no producirá efectos retroactivos.

  1. 3La Calidad de los datos.

Sólo podrán ser recolectados, almacenados y empleados datos de carácter personal para su tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidades legítimos para que se han obtenido.

Los datos de carácter personal objeto de tratamiento automatizado o manual no podrán utilizarse para finalidades distintas de aquellas para que los datos hubieren sido recogidos.

Dichos datos serán exactos y puestos al día, de forma que respondan con veracidad a la situación real del afectado.

Si los datos de carácter personal registrados resultaren ser inexactos en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificados, actualizados o complementados. Igualmente serán cancelados si no mediare un consentimiento legal y legítimo o estuviere prohibida su recolección.

Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser pertinentes o necesarios para la finalidad para la cual hubieren sido recibidos y registrados.

No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado en un período que sea superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieren sido recabados o registrados.

Serán almacenados de forma tal que se garantice plenamente el derecho de acceso por el afectado.

Se prohíbe el acopio de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. Se prohíbe registrar o archivar juicios de valor.

Se prohíbe tener sobre una persona más datos que los necesarios a los fines del fichero.

  1. 4Prohibición relativa a categorías particulares de datos. Los datos de carácter personal de las personas físicas que revelen su origen racial, sus opiniones políticas, sus convicciones religiosas y espirituales, así como los datos personales relativos a la salud, vida sexual y antecedentes delictivos, no podrán ser almacenados de manera automática ni manual en registros o ficheros privados, y en los registros públicos serán de acceso restringido.
  2. 5El principio de seguridad de los datos. El responsable del fichero deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

No se registrarán datos de carácter personal en ficheros automatizados que no reúnan las condiciones que garanticen plenamente su seguridad e integridad y los de los centros de tratamientos, equipos, sistemas y programas.

El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del proceso de recolección y tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional.

  1. 6Reglas para la cesión de datos.

Los datos de carácter personal conservados en archivos o bases de datos públicos o privados, sólo podrán ser cedidos a terceros para fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario, con el previo consentimiento del afectado. Lo independientemente de la titularidad pública o privada del fichero. El consentimiento para la cesión podrá ser revocado pero la revocatoria no tendrá efectos retroactivos.

  1. 7Derechos y garantías de las personas. Cualquier persona puede:

Conocer la existencia de un fichero automatizado o manual de datos de carácter personal, sus finalidades principales, así como la identidad y la residencia habitual o el establecimiento principal de la autoridad o sujeto particular encargado del fichero.

Obtener a intervalos razonables y sin demora o gastos excesivos, la confirmación de la existencia de datos suyos en archivos o bases de datos, así como la comunicación de dichos datos en forma inteligible.

Obtener, llegado el caso, la rectificación de dichos datos y su actualización o la eliminación de los mismos cuando se hayan tratado con infracción a las disposiciones de la presente Ley.

La autoridad o el responsable del fichero deben cumplir con lo pedido gratuitamente y resolver en el sentido que corresponda en el plazo de cinco días contado a partir de la recepción de la solicitud.

  1. 8El derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información garantiza las siguientes facultades del afectado:

A acceder directamente o conocer las informaciones y datos relativos a su persona.

A conocer la finalidad de los datos a él referidos y al uso que se haya hecho de los mismos.

A solicitar y obtener la rectificación, actualización, cancelación o eliminación y el cumplimiento de la garantía de confidencialidad respecto de sus datos personales.

Para obtener en su caso la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados en su persona o intereses debido al uso de sus datos personales.

  1. 9Excepciones y restricciones al derecho a la autodeterminación informativa del ciudadano. Sólo por ley se podrán establecer excepciones y restricciones en los principios, derechos y garantías aquí enunciados, siempre que aquellas sean justas, razonables y acordes con el principio democrático. Las mencionadas excepciones y restricciones solo podrán plantearse para alcanzar fines legales en alguno de los siguientes campos:

La protección de la seguridad del Estado, de la seguridad pública, de la seguridad económica del Estado o para la represión de las infracciones penales.

La protección de las propias personas concernidas, así como los derechos y libertades de otras personas.

El funcionamiento de ficheros de carácter personal que se utilicen con fines estadísticos o de investigación científica, cuando no existe riesgo de que las personas sean identificadas.

Siempre existirá recurso para que la autoridad judicial decida si en un caso concreto estamos ante una excepción o restricción razonable ["].

De manera que, el párrafo primero, del artículo 196 bis, es respetuoso del derecho de intimidad, y del derecho de información, siendo que regula la conducta en forma clara, por lo que no consiste en un tipo penal abierto. Además, la limitante a la difusión allí descrita, no es una violación al derecho a la información, pues lo que se condena es difundir datos personales. En lo concerniente a esta situación, existen límites intrínsecos al contenido esencial del derecho a la información administrativa, ya que el fin del derecho es la “información sobre asuntos de interés público”, de modo que, cuando la información administrativa que se busca no versa sobre un extremo de tal naturaleza o se trata de secretos de Estado, el derecho se ve enervado y no se puede acceder.

  • b)La accionante alega que no existe una ley que regule el acceso a la información pública, lo que produce un vacío en el ordenamiento jurídico; sin embargo, parecen desconocer que los artículos 272 y 273, de la Ley General de Administración Pública, se refieren a lo que es información confidencial, al indicar que "No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte o, en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegio indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente”. No obstante lo anterior, es importante indicar que las únicas omisiones que corresponde declarar, en esta vía, son las originadas en mandatos constitucionales expresos. En el sub examine y como se ha reseñado supra, la inconformidad del accionante no se refiere al contenido positivo de la norma cuestionada, sino al hecho de que en ella ni en el ordenamiento se define en forma precisa, cuando se está frente a información de interés y acceso público.

Es decir, se reclama una inconstitucionalidad por omisión. Al respecto, es imprescindible clarificar qué ha entendido esta Sala acerca de estos supuestos. El artículo 73, de la Ley de Jurisdicción Constitucional, señala, en el inciso a), que cabe la acción de inconstitucionalidad contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional. El inciso b), expresa que se puede plantear la acción contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles de los recursos de hábeas corpus o de amparo. Por último, el inciso f), de esa misma norma, refiere que cabe la acción de inconstitucionalidad contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las autoridades públicas.

Partiendo de dichas normas, es claro que, también por la vía de la acción o de la consulta de constitucionalidad, puede legítimamente plantearse un problema de inconstitucionalidad por omisión. Sin embargo, no toda omisión normativa puede ser objeto de impugnación ante la jurisdicción constitucional. En el caso de las leyes y otras disposiciones de alcance general, tal como se señaló en resolución número 2002-04394 de las 16:24 horas del 14 de mayo del 2002 y se reafirmó luego, con más detalle, en la número 2005-05649 de las 14:39 horas del 11 de mayo del 2005, las omisiones que pueden impugnarse en esta sede son solo aquellas que se producen al ser confrontadas con un deber u obligación prevista directa y expresamente en el Derecho de la Constitución. En este caso, no existe una norma constitucional que directa o indirectamente le indique al legislador cómo debe promulgar una norma que regule el tema de la información pública. De ahí, que en relación con ese aspecto, el alegado de las partes es improcedente y debe ser rechazado.

  • c)De esta forma, el derecho a la información sobre asuntos de interés público, se entiende que se trata de un principio fundamental, cuyo ejercicio no es irrestricto, sino que está sujeto a ciertos límites. Este Tribunal ha resguardado, igualmente, los derechos fundamentales a la intimidad y a la autodeterminación informativa, y ha resaltado la importancia que el titular o respectivo representante sea, debidamente, informado del procesamiento de sus datos y de los fines que con él se pretenden alcanzar. Así, en el Voto Nº 4847-1999, de las 16:27 hrs. de 22 de junio de 1999, esta jurisdicción constitucional señaló, de modo expreso, lo siguiente:

"…VI.- El derecho de autodeterminación informativa tiene como base los siguientes principios: el de transparencia sobre el tipo, dimensión o fines del procesamiento de los datos guardados; el de correspondencia entre los fines y el uso del almacenamiento y empleo de la información; el de exactitud, veracidad, actualidad y plena identificación de los datos guardados; de prohibición del procesamiento de datos relativos a la esfera íntima del ciudadano (raza, creencias religiosas, afinidad política, preferencias sexuales, entre otras) por parte de entidades no expresamente autorizadas para ello; y de todos modos, el uso que la información se haga debe acorde (sic) con lo que con ella se persigue; la destrucción de datos personales una vez que haya sido cumplidos el fin para el que fueron recopilados; entre otros. (…)

Lo expuesto, significa que el tratamiento electrónico de datos, como un presupuesto del desarrollo de nuestra actual sociedad democrática debe llevarse a cabo afianzando los derechos y garantías democráticas del ciudadano (arts. 24, 1, 28, 30, 33 y 41 de la Constitución). Es obvio, que el acceso a la información es un poderoso instrumento de progreso individual, y para el ejercicio de los derechos políticos y sociales. Pero también debe reconocerse que el progreso no significa que los ciudadanos deban quedar en situación de desventaja frente al Estado o a los particulares. El nuevo derecho a la intimidad, debe ponderar los intereses en conflicto, entre el legítimo interés de la sociedad a desarrollarse utilizando la información, como la también necesidad de tutelar a la persona frente al uso arbitrario de sus datos personales. La tutela a la intimidad implica, la posibilidad real y efectiva para el ciudadano de saber cuales datos suyos están siendo tratados, con qué fines, por cuáles personas, bajo que circunstancias, para que pueda ejercer el control correspondiente sobre la información que se distribuye y que lo afecta (arts. 24 de la Constitución y 13 inciso 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos)." (…)”. (El destacado no forma parte del original).

Desde la perspectiva constitucional, lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo cuestionado, lejos de resultar irrazonable o desproporcionado, refuerza y garantiza los derechos constitucionales arriba indicados, y desarrollados en la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, precisamente en el artículo 5, que prohíbe el acopio de datos sin el consentimiento informado de la persona, o bien, adquiridos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos, todo lo cual, deviene en límites extrínsecos que modulan, para el caso concreto, el contenido del derecho a la intimidad. Al respecto, en la Sentencia N° 1993-03173, de las 14:57 hrs. del 6 de julio de 1993, se estableció que:

"II. Los derechos fundamentales de cada persona deben coexistir con todos y cada uno de los derechos fundamentales de los demás; por lo que en aras de la convivencia se hace necesario muchas veces un recorte en el ejercicio de esos derechos y libertades, aunque sea únicamente en la medida precisa para que las otras personas los disfruten en iguales condiciones".

Sin duda, el control que las personas puedan tener sobre el tratamiento automatizado de sus datos personales, tiene raigambre constitucional cuando lo que se busca es el equilibrio entre el derecho al honor y a la intimidad, así como otros principios, con los que también reciben reconocimiento constitucional como la libertad de información.

En la Sentencia Nº 2011-007818, de las 15:06 hrs. del 15 de junio de 2011, la Sala indicó que:

“Una vez analizada la citada norma y ponderado, de igual forma, lo señalado en los considerandos anteriores, esta Sala Constitucional es del criterio que no existe inconstitucionalidad alguna. Por el contrario, nótese que el artículo 14 en cuestión, busca, precisamente, resguardar el consentimiento que el titular o su representante otorga -según lo dispuesto en el artículo 5.2. supra analizado-, a los responsables de las bases de datos para que sean éstos últimos, en exclusiva, quienes tengan acceso y manipulen su información personal. Consentimiento que, además, cabe resaltar, brinda, expresamente, el titular o su representante –tal y como se indicó-, una vez que éste haya conocido, claramente, entre otros aspectos de interés, los fines que se persiguen con la recolección de sus datos, los destinatarios de la información y el tratamiento que se le dará a la misma. De ahí que, si la información que el titular brindó, inicialmente -atendiendo, precisamente, a éstos últimos aspectos-, llega a ser transferida -sin autorización alguna-, a otra base de datos, en donde, confluyan otros fines, destinatarios e, incluso, se le brinde un tratamiento diverso, se estaría violentando, flagrantemente, los derechos fundamentales de éste último, sea, sus derechos a la intimidad y a la autodeterminación informativa”.

Es a partir de ese marco normativo y jurisprudencial, que el derecho a la información reside en que no sólo se protege un interés individual, sino que su tutela entraña el reconocimiento y garantía de la posibilidad de existencia de una opinión pública libre e indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático. Sin embargo, tal protección especial, queda sometida a determinados límites, tanto inmanentes como externos, que este Tribunal ha ido perfilando progresivamente. Entre los límites inmanentes, se encuentran los requisitos de veracidad y de interés general o relevancia pública de la información; en ausencia de los dos mencionados requisitos, decae el respaldo constitucional de la libertad de información. Por otra parte, como límites externos el derecho a la información, se sitúan los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la infancia.

Cabe destacar, que en la norma supra citada, la dimensión lesiva de la conducta que se proyecta, es el contenido estricto de la información obtenida, y cómo se ha recogido y registrado. A la sazón, lo importante en este análisis, es que el derecho a comunicar y a emitir libremente información veraz, no otorga a sus titulares un poder ilimitado sobre cualquier ámbito, sino que, al venir reconocido como medio de formación de la opinión pública, solamente puede legitimar las intromisiones en otros derechos fundamentales que guarden congruencia con la finalidad expresada, careciendo de efecto legitimador cuando se ejercite de modo desmesurado y exorbitante al fin en atención al cual la Constitución le atribuye especial protección, como lo es el derecho a la intimidad. En lo que concierne a las técnicas periodísticas que puedan utilizarse para la presentación de una información o investigación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce a dichos profesionales la libertad de elegir los métodos o técnicas que consideren más pertinentes para la transmisión informativa, la cual debe ser acorde a las exigencias de objetividad y neutralidad.

A su vez, dicho Tribunal ha subrayado que en la elección de los medios referidos, la libertad de información no está exenta de límites, y que en ningún caso pueden considerarse legítimas aquellas técnicas que invaden derechos protegidos, ni aquellos métodos que vulneren las exigencias de la ética periodística en cuanto a la solvencia y objetividad del contenido informativo. En ese contexto, al no existir consentimiento expreso, válido y eficaz, prestado por el titular del derecho afectado, es forzoso concluir que hubo una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la intimidad personal, lo cual es protegido en el artículo 24, de la Constitución Política.

Corolario a lo anterior, la protección a los datos personales, establecido en el párrafo primero, del artículo 196 bis, reformado por la Ley Nº 9048, no es contrario a los principios constitucionales y no transgrede el derecho a la información.

VIII.Análisis del inciso b), del artículo 196 bis.- En lo concerniente a este inciso, el legislador dispuso sancionar y agravar la pena cuando una persona se apodere, difunda, publique, recopile, transmite, publique, etc., datos de carácter público o estén contenidos en bases de datos públicas, es decir que pasó de la protección de un acto determinado "los datos privados", que es el fin de ésta norma penal a la protección de los datos públicos mediante un inciso, incluso aumentado la sanción. Si bien, como se analizó en el considerando anterior la información o divulgación de asuntos de interés público tiene ciertos límites, definitivamente, los accionantes y coadyuvantes llevan razón en sus alegatos, pues la frase "cuando los datos sean de carácter público" contenida en el inciso b), causa una grosera lesión al artículo 30, de la Constitución Política, que garantiza el libre acceso a las dependencias públicas, pero a manera de excepción expresamente indica, que quedan a salvo los secretos de Estado.

Evidentemente, el ejercicio del derecho a la información, podrá restringirse por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público o para proteger los derechos de terceras personas, los casos y con los alcances previstos en las leyes aplicables en la materia, y mediante resolución de la autoridad competente debidamente fundamentada y motivada. En virtud de ello, no constituye un delito la publicación o transmisión de información de interés público, o documentos públicos que se encuentran en registros o bases de datos públicas y que se hayan obtenido de conformidad al ordenamiento jurídico y a las limitaciones establecidas por el legislador. Sin embargo, la frase "cuando los datos sean de carácter público" incluida en el inciso b), del artículo 196 bis, es a todas luces violatoria al principio de transparencia y el derecho de información que debe existir en toda democracia. Como se señaló supra, lo único que se le está vedado a nivel constitucional a una persona, es el acceso en las dependencias públicas de aquellos documentos o correspondencias señaladas como secreto de Estado o que contengan datos personales de acceso restringido.

Aunque a la fecha, no exista una ley que indique o agrupe los secretos de Estado, evidentemente, al lesionarse los principios constitucionales de transparencia y publicidad, también, se quebrantan, reflejamente, derechos fundamentales y humanos de primer orden como el acceso a la información de interés público, la libertad de información, en su aspecto activo y pasivo, de buscar y de recibir información, así como la libertad de expresión. La frase citada incluida en el inciso b), cuestionado, impide, bajo una sanción de prisión agravada de dos a cuatro años, la fiscalización, el acceso libre y amplio que el artículo 30, de la Constitución Política, reconoce a todas las personas, para enterarse de los asuntos de interés público. El deber normal de reserva de todo funcionario público o privado, así como el especialmente gravoso impuesto a los servidores de las dependencias en cuestión, no podría, en todo caso, significar cualquier tipo de impedimento o “mordaza” que impida al funcionario, periodista, investigador o cualquier persona, cumplir con el deber de denunciar ante la instancia correspondiente, cualquier actividad irregular o ilícita de que tenga conocimiento.

Lo anterior, no sólo sería contrario al deber de transparencia y rendición de cuentas, regulado en el artículo 11, de la Constitución Política, sino que además iría en contra del deber de denunciar que establece el Código Procesal Penal (artículo 281), para los empleados públicos respecto de hechos que conozcan en el ejercicio de su cargo. Vulneraría, también, reglas especiales, como el artículo 8°, de la Ley General de Control Interno; 8°, de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; y 39, del Estatuto de Servicio Civil, etc. No obstante, como se desarrolló en los considerandos anteriores, la Administración Pública debe garantizar el contenido mínimo del derecho a la intimidad, resguardando los documentos de carácter privado de la intervención de sujetos que no están autorizados por ley especial para la investigación y revisión de tales documentos. Los artículos 272, 273, 274, de la Ley General de la Administración Pública, que desarrollan esos principios constitucionales, claramente excluyen los secretos de Estado y la información confidencial o privada de las partes de un expediente administrativo.

Así que, las únicas limitaciones que, en cuanto al derecho a obtener información pública de los departamentos administrativos contempla la norma 30 Constitucional: a) siendo un asunto de interés público constituya secreto de Estado o b) que no configure una información de interés público. Como resultado de lo anterior, el derecho a la información tiene como fundamento el interés de la comunidad de conocer la actividad del funcionario público, así como su buen o mal desempeño en el ejercicio del cargo y las informaciones que, siendo de interés público, se hallen en las oficinas o departamentos administrativos. Es por esto, que la naturaleza pública de la información es el elemento cardinal para definir el derecho a solicitarla al órgano o ente público. Por lo que los datos que consten en bases públicas constituyen informaciones de interés general, y son esencialmente públicos y deben estar al alcance de los administrados en aras de permitir la fiscalización y vigilancia de la entidad estatal o de la actividad desarrollada por los funcionarios públicos, razones por las que no son protegidas por el derecho a la confidencialidad, protegido por el artículo 30 Constitucional.

En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar la acción de inconstitucionalidad y declarar inconstitucional la frase "cuando los datos sean de carácter público" contenida en el inciso b), del artículo 196 bis, del Código Penal, bajo los términos contenidos en la parte dispositiva de esta sentencia. No obstante, se procede indicar que la Ley Nº 9135, del 24 de abril de 2013, reformó el artículo 196 bis, y eliminó dicho inciso y por ende dicha frase, siendo que a la fecha se indica:

“Artículo 196 bis.- Violación de datos personales. Será sancionado con pena de prisión de uno a tres años quien en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular de los datos, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados o dé un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas o telemáticas, o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.

La pena será de dos a cuatro años de prisión cuando las conductas descritas en esta norma:

  • a)Sean realizadas por personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.
  • b)La información vulnerada corresponda a un menor de edad o incapaz.
  • c)Las conductas afecten datos que revelen la ideología, la religión, las creencias, la salud, el origen racial, la preferencia o la vida sexual de una persona.

No constituye delito la publicación, difusión o transmisión de información de interés público, documentos públicos, datos contenidos en registros públicos o bases de datos públicos de acceso irrestricto cuando se haya tenido acceso de conformidad con los procedimientos y limitaciones de ley.

Tampoco constituye delito la recopilación, copia y uso por parte de las entidades financieras supervisadas por la Sugef de la información y datos contenidos en bases de datos de origen legítimo de conformidad con los procedimientos y limitaciones de ley". (El subrayado no es del original).

IX. Análisis del artículo 288, del Código Penal, reformado por la Ley Nº 9048.-

“Artículo 288.- Espionaje Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años al que procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación, o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado.

La pena será de cinco a diez años de prisión cuando la conducta se realice mediante manipulación informática, programas informáticos maliciosos o por el uso de tecnologías de la información y la comunicación".

La accionante señala que el artículo 288, del Código Penal, reformado por la Ley Nº 9048, en el que se sanciona con prisión el delito de espionaje, es contrario a la Constitución Política, por vulnerar el principio de legalidad penal, al no contarse con norma de rango legal que regule y brinde certeza sobre los límites y extensiones del secreto de Estado, condición con la que, necesariamente, debería contarse para poder reprimir válidamente la eventual conducta, por lo que existe una omisión legislativa que vulnera el contenido de los artículos 29 y 30 Constitucionales. Además, arguyó la norma carece de lineamiento definidos, lo que corresponde a un tipo penal en blanco, que vulnera el principio de legalidad penal.

  • a)Posición de la Sala Constitucional.- En la Sentencia Nº 2450-92, de las 11:04 minutos del 21 de agosto de 1992, la Sala indicó que “...el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información de asuntos de interés público, no da derecho a cualquier persona a obtener información confidencial o de importancia vital para el Estado y privada de otras”. Por ello, se reitera que el artículo 24 Constitucional, consagra el derecho fundamental a la inviolabilidad de los documentos privados y el secreto de las comunicaciones, escritas, orales o de cualquier tipo, en los siguientes términos:

"Artículo 24. Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.

Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento.

Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial.

La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos.

Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los Diputados, determinará cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión.

No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la información obtenida como resultado de la intervención ilegal de cualquier comunicación".

El numeral supra citado, como se observa, define los supuestos y los fines, bajo los que la ley puede establecer limitaciones, a esos derechos fundamentales. En este sentido, reconoce la posibilidad de limitar el derecho a la inviolabilidad de los documentos privados, únicamente, en tres supuestos: a) el secuestro, registro o examen de documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a conocimiento de los Tribunales de Justicia; b) la revisión de libros de contabilidad y sus anexos, para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos, por parte del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República; y, c) la revisión, por parte de otros órganos de la Administración Pública, de aquellos documentos, que una ley especial señale, en relación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos.

Respecto al primer supuesto señalado, se exige que, para la aprobación o reforma de la ley, se cuente con los votos de dos tercios de los Diputados, que la ley defina los casos en que procede, y es claro en señalar, que el secuestro, registro o examen de documentos privados le corresponde ordenarlo a los Tribunales de Justicia, y que lo podrá hacer, sólo cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento. En cuanto al segundo supuesto, la facultad reconocida al Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, está limitada a la revisión de los documentos. Finalmente, sobre el tercer supuesto, importa destacar, que también la ley requiere de aprobación con mayoría calificada, y que se exige que esa ley indique cuáles órganos de la Administración podrán revisar los documentos y en qué casos sería procedente.

Precisamente, el artículo 288, aquí cuestionado, sanciona al que procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación, o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado, lo cual se agrava cuando la conducta se realice mediante manipulación informática. En primer término, se procederá al análisis de la acción del delito allí descrito "al que procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas". De la lectura de esta frase, las palabras "informaciones secretas políticas", crea confusión e incertidumbre y por ende, el alcance de la norma resulta incierto, por lo que lesiona, en un primer análisis, los principios de legalidad y tipicidad penal, ya analizados en el considerando IV. Independientemente de los reparos o reproches planteados por los accionantes, lo cierto es que se puede estimar que la formulación normativa cuestionada en la presente acción (sea: "al que procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas") genera una situación de ambigüedad o imprecisión que infringe el Derecho de la Constitución.

De esta forma, resulta ambiguo el sentido o significado de tal frase dentro del contexto del citado tipo penal, en tanto se sanciona con altas penas de prisión. En la Sentencia Nº 2008-15447, de las 14:53 horas del 15 de octubre de 2008, este Tribunal expresó:

“(…) Es cierto que todas las palabras tienen su significado en el diccionario, ya se ha dicho en esta sentencia. Pero ello no significa que su utilización sea “per se” legítima en un tipo penal, para hacer de éste un tipo cerrado. Y ello confirma que la labor legislativa de crear tipos penales a través de una ley ordinaria, no es tarea fácil y que no es suficiente con incluir palabras cuyo sentido luego el intérprete se limite a buscar en el diccionario, para aplicarlos, para que esa labor sea conforme al principio de legalidad penal. Todas las normas jurídicas, tanto las de naturaleza penal, como las de cualquier otra, utilizan términos generales, porque es una característica de la ley ordinaria el ser general y abstracta. Y por ello la Ley de Penalización, en los tipos penales cuestionados, usa términos de la misma generalidad y abstracción que los que se contemplan en otros tipos penales.

Porque no es sino cuando la norma se aplica que los términos se individualizan. Pero en cada tipo penal debe asegurarse que la conducta esté descrita en todos sus elementos, de manera que quien la lea pueda saber con certeza, qué conducta se prevé y así sepa a qué atenerse, elemento subjetivo del principio de Seguridad Jurídica, que es la certeza jurídica). Así, por ejemplo, los tipos penales del homicidio y de la estafa. Sin embargo, en el caso del delito de homicidio, en cualquiera de sus modalidades, el verbo descriptor de la conducta delictiva es “matar”, pero matar es un concepto de significado inequívoco y es posible establecer, con claridad meridiana, qué es matar. Lo que pueda ofrecer variedad, pero no duda, son los medios que se utilizan, pero el resultado es el mismo: “matar”. Y en el caso del delito de estafa, que tipifica la conducta de “engañar”, la norma delimita, también con claridad, qué es estafar, ya que la acción de engañar, para ser estafa, debe ir dirigida a inducir a error a la víctima, por medio de la simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos y deben ser utilizados para obtener un beneficio patrimonial para quien despliega esa conducta o para un tercero, beneficio que, además, debe ser antijurídico.

Pero todavía se requiere un elemento adicional, se debe dar una lesión al patrimonio ajeno. Y todos esos elementos descritos están indicados de forma expresa en el tipo penal de la estafa. O sea, que no cualquier engaño, es estafa, según el Código Penal, aun cuando pueda obtenerse del diccionario el sentido de la palabra “engañar” (inducir a alguien a tener por cierto lo que no es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas)”.

Por otra parte, la segunda parte del artículo, está dirigida a proteger “los cuerpos de policía nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación, o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado”, por tanto, este tipo penal es abierto, y no se refiere propiamente a “secretos de Estado”, sino a informaciones no decretadas como secretos de estado, datos que, per se, no son secretos de estado. En todo caso, no es toda la información relacionada con esos temas que está protegida, sino aquella que se encuentre referida a secretos de Estado debidamente decretados. Sobre lo señalado, el difundir información sobre asuntos de seguridad nacional no puede ser penado si prima interés público en ello. En relación con el secreto de Estado, la Sala dispuso en la Sentencia Nº 2004-13661, de las 18:22 horas del 30 de noviembre de 2004:

“(…) El secreto de Estado como un límite al derecho de acceso a la información administrativa es reserva de ley (artículo 19, párrafo 1º, de la Ley General de la Administración Pública), empero, han transcurrido más de cincuenta años desde la vigencia de la Constitución y todavía persiste la omisión legislativa en el dictado de una ley de secretos de estado y materias clasificadas. Esta laguna legislativa, obviamente, ha provocado una grave incertidumbre y ha propiciado la costumbre contra legem del Poder Ejecutivo de calificar, por vía de decreto ejecutivo, de forma puntual y coyuntural, algunas materias como reservadas o clasificadas por constituir, a su entender, secreto de Estado. Tocante el ámbito, extensión y alcances del secreto de Estado, la doctrina es pacífica en aceptar que comprende aspecto tales como la seguridad nacional (interna o externa), la defensa nacional frente a las agresiones que atenten contra la soberanía e independencia del Estado y las relaciones exteriores concertadas entre éste y el resto de los sujetos del Derecho Internacional Público (vid. artículo 284 del Código Penal, al tipificar el delito de “revelación de secretos”).

No resulta ocioso distinguir entre el secreto por razones objetivas y materiales (ratione materia), referido a los tres aspectos anteriormente indicados (seguridad, defensa nacionales y relaciones exteriores) y el secreto impuesto a los funcionarios o servidores públicos (ratione personae) quienes por motivo del ejercicio de sus funciones conocen cierto tipo de información, respecto de la cual deben guardar un deber de sigilo y reserva (vid. artículo 337 del Código Penal al tipificar y sancionar el delito de “divulgación de secretos). El secreto de Estado se encuentra regulado en el bloque de legalidad de forma desarticulada, dispersa e imprecisa (v. gr. Ley General de Policía No. 7410 del 26 de mayo de 1994, al calificar de confidenciales y, eventualmente, declarables secreto de Estado por el Presidente de la República los informes y documentos de la Dirección de Seguridad del Estado –artículo 16-; la Ley General de Aviación Civil respecto de algunos acuerdos del Consejo Técnico de Aviación Civil –artículo 303-, etc.).

El secreto de Estado en cuanto constituye una excepción a los principios o valores constitucionales de la transparencia y la publicidad de los poderes públicos y su gestión debe ser interpretado y aplicado, en todo momento, de forma restrictiva”.

Ante lo expuesto, la redacción del tipo penal del espionaje, previsto y sancionado en el artículo 288, de Código Penal reformado por la Ley Nº 9048, infringe los principios de legalidad y tipicidad penal. En lo que respecta a tal discusión, la misma fue subsanada con la reforma al artículo 288, mediante la Ley N° 9135, del 24 de octubre de 2013, que corresponde al 295, del Código Penal, al disponer:

“Artículo 295.- Espionaje. Será reprimido con prisión de uno a seis años a quien procure u obtenga indebidamente secretos de Estado debidamente decretados relativos a la seguridad interna o externa de la nación, la defensa de la soberanía nacional y las relaciones exteriores de Costa Rica.

La pena será de dos a ocho años de prisión cuando la conducta se realice mediante manipulación informática, programas informáticos maliciosos o por el uso de tecnologías de la información y la comunicación”.

X.Conclusión. Con fundamento en lo expuesto, se procede a declarar la inconstitucionalidad del inciso b), del artículo 196 bis, y el artículo 288, contenidos en la Ley Nº 9048 del 10 de julio de 2012, "Reforma de varios artículos y modificación de la Sección VIII, denominada Delitos informáticos y conexos, del Título VII del Código Penal", por ser contrarios a los principios democráticos del derecho a la información y por ende, al libre tránsito de ideas. En consecuencia, la normativa señalada no sólo restringe el derecho a la información y la libre expresión, sino que tipifica condenas privativas a la libertad a aquellas personas, que en pleno uso de sus derechos constitucionales, quieran informar y ser informados sobre asuntos de interés público, o develar a la población las

actuaciones de los funcionarios públicos o de aquellas personas que influyen en los temas de interés colectivo. En los demás extremos alegados, se declara sin lugar la acción. Además, se rechazan de plano las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por Randall Rivera Vargas, Ana Laura Hernández Meléndez, Andrea Bermúdez Ling, Antonio Bolaños Álvarez, Carlos Luis Hernández Rodríguez, Daniel Rodríguez Maffioli, Edgar Mauricio Pizarro Averra, Fabiola Solano Portuguez, Fernando Salazar Pérez, Jonathan Facey Torres, José Miguel Cubillo González, Karen Brenes Piedra, Katherine Dayana Romero Carpio, Maribel Lucrecia Ramírez Astúa, Oscar Núñez Barrantes, Sergio Monge Astúa, Sofía María Barquero Piedra, Sofía Valenzuela Barrantes, Yuliana Leiva Orozco, Jesús Barrantes Castro y Hennez Ismael González Álvarez, en su condición de Presidente de la Fundación para Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Por tanto:

Se acoge parcialmente la acción interpuesta, se declaran inconstitucionales, y en consecuencia, se anulan, la frase “cuando los datos sean de carácter públicos”, contenida en el inciso b), del artículo 196 bis, por cuanto la agravación de la pena en ese tipo penal solo se justifica cuando se trata del acceso a información confidencial contenida en bases públicas de datos; y, el artículo 288, contenidos en la Ley Nº 9048, del 10 de julio de 2012, "Reforma de varios artículos y modificación de la Sección VIII, denominada Delitos informáticos y conexos, del Título VII del Código Penal", publicada en el Diario Oficial La Gaceta, el 7 de noviembre de 2012, Alcance Nº 172, por resultar contrarios a lo dispuesto en los artículos 30 y 39, de la Constitución Política. Esta declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la Ley Nº 9048. En razón de ello, quienes hubieren resultado condenados en sentencia en que se aplicara la norma en cuestión, podrán interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 408, del Código Procesal Penal.

En los demás extremos alegados, se declara sin lugar la acción. Se rechazan de plano las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por Randall Rivera Vargas, Ana Laura Hernández Meléndez, Andrea Bermúdez Ling, Antonio Bolaños Álvarez, Carlos Luis Hernández Rodríguez, Daniel Rodríguez Maffioli, Edgar Mauricio Pizarro Averra, Fabiola Solano Portuguez, Fernando Salazar Pérez, Jonathan Facey Torres, José Miguel Cubillo González, Karen Brenes Piedra, Katherine Dayana Romero Carpio, Maribel Lucrecia Ramírez Astúa, Oscar Núñez Barrantes, Sergio Monge Astúa, Sofía María Barquero Piedra, Sofía Valenzuela Barrantes, Yuliana Leiva Orozco, Jesús Barrantes Castro y Hennez Ismael González Álvarez, en su condición de Presidente de la Fundación para Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. El Magistrado Rueda salva parcialmente el voto, en lo concerniente 196, del Código Penal cuestionado y declara con lugar la acción, además, en cuanto tal norma tutela al tercero, pero no al titular de la correspondencia y las comunicaciones. Publíquese íntegramente este pronunciamiento en el Boletín Judicial y en La Gaceta una reseña de su contenido. Comuníquese a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Notifíquese.- Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V. Paul Rueda L.

Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.

Voto salvado parcialmente del Magistrado Rueda Leal, en lo concerniente al artículo 196 del Código Penal. Me separo respetuosamente del criterio de la mayoría, pues estimo que la redacción del artículo 196 del Código Penal no permite deducir con claridad que el sujeto protegido por la norma es el titular de las correspondencias y comunicaciones referidas en dicho artículo. Efectivamente, una comunicación o correspondencia puede versar sobre un tercero diferente a su titular, de manera que su intimidad o privacidad se podría ver afectada con su divulgación. Sin embargo, ello no constituiría una “violación de correspondencia o comunicación” si el titular lo autorizara, aun cuando perjudicara con ello a un tercero. Esa vaguedad conceptual va más allá de las generalizaciones aceptadas por la Sala en la tipificación de los delitos. Por ello, declaro con lugar la acción en cuanto al artículo 196 del Código Penal.

Paul Rueda L.

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