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Res. 00881-2014 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/01/2014

Citizen participation: public hearing may precede environmental viability if no actual harmParticipación ciudadana: la audiencia pública puede ser previa a la viabilidad ambiental si no hay perjuicio real

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OutcomeResultado

Dismissed (majority), partially granted (dissent)Sin lugar (mayoría), parcialmente con lugar (voto salvado)

The majority dismisses the action: the public hearing prior to environmental viability was not unconstitutional and the plan includes turtle protection measures. The dissenting judges partially grant the action on the sole ground of violation of citizen participation, ordering a new hearing with complete information while keeping the plan in force.La mayoría desestima la acción: la audiencia pública previa a la viabilidad ambiental no incurrió en infracción constitucional y el plan contiene medidas de protección de tortugas. El voto salvado declara parcialmente con lugar solo por violación al principio de participación ciudadana, ordenando repetir la audiencia con información completa, manteniendo vigente el plan.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviews a constitutional challenge against the Coastal Regulatory Plan of Carrillo, Guanacaste. Plaintiffs allege violation of the right to information and citizen participation because the public hearing was held before SETENA granted environmental viability, and the information provided was insufficient. They also challenge the protection of sea turtles, arguing the plan's rules allow development in nesting areas. The majority of the Chamber dismisses the action. It holds that a public hearing may exceptionally take place before environmental viability if the plan incorporates environmental recommendations and no actual harm to the environment occurs. It finds that later changes were complementary, not substantial, and that environmental information was made available to the public. Regarding turtles, it notes the plan includes protective measures (setbacks, light control, vegetative barriers) and that the debate over their sufficiency is a matter of legality, not constitutionality. Three judges dissent, partly upholding the action on violation of the principle of citizen participation, ordering a new public hearing with complete information, while keeping the plan in force.La Sala Constitucional analiza una acción de inconstitucionalidad contra el Plan Regulador Costero del Cantón de Carrillo, Guanacaste. Los accionantes alegan violación al derecho de información y participación ciudadana porque la audiencia pública se realizó antes de que la SETENA otorgara la viabilidad ambiental, y porque la información presentada fue insuficiente. También cuestionan la protección a las tortugas marinas, argumentando que las normas del plan permiten desarrollo en zonas de anidación. La mayoría de la Sala desestima la acción. Considera que la audiencia pública puede darse con anterioridad a la viabilidad ambiental de manera excepcional, si el plan incorpora recomendaciones ambientales y no se produce un daño real al ambiente. Determina que los cambios posteriores fueron complementarios, no sustanciales, y que la información ambiental se puso a disposición del público. Respecto a las tortugas, señala que el plan contiene medidas de protección (retiros, control lumínico, barreras vegetativas) y que la discusión sobre su suficiencia es de legalidad, no constitucional. Tres magistrados salvan el voto, declarando parcialmente con lugar la acción por violación al principio de participación ciudadana, y ordenan repetir la audiencia pública con información completa, aunque mantienen vigente el plan.

Key excerptExtracto clave

"It must be concluded, then, that under a better weighting by the Court and the evolution of its jurisprudence, the public hearing may take place prior to the granting of environmental viability, under considerations carefully analyzed by the decision-making body, as long as, and as in the present case, and by an exceptionally exceptional route, the granting of such viability imposes on the municipal entity a series of recommendations aimed at effectively protecting the environment. Otherwise, we would be faced with a typical case of nullity for the sake of nullity, since, as is well known, and following the theory of nullities, that theory has been discarded, as a nullity must be declared only if there is an actual affectation of public interests, in this case a real or potential damage to the environment, a situation that does not occur in this case, in addition to the fact that the structural elements of the administrative act, formal and material, are included in the Regulatory Plan being challenged. The timeliness of this obligation yields according to the degree of technical requirements in the matter.""Se debe concluir, entonces, que bajo una mejor ponderación del Tribunal y de la evolución de su jurisprudencia, la audiencia pública puede darse con anterioridad al otorgamiento de la viabilidad ambiental, bajo consideraciones cuidadosamente analizadas por el órgano decisor, siempre y cuando, y como en el presente caso, y por una vía excepcionalísima, el otorgamiento de esa viabilidad impone al ente municipal una serie de recomendaciones tendientes a proteger de forma efectiva el medio ambiente. De no ser así, estaríamos ante un caso típico de la nulidad por la nulidad misma, pues, como es bien sabido, y siguiendo la teoría de las nulidades, esa teoría ha sido descartada, toda vez que una nulidad debe declararse sí efectivamente hay una afectación a los intereses públicos, en este caso un daño real o potencial al medio ambiente, situación que no se presenta en este caso, además de que los elementos estructurales del acto administrativos, formales y materiales, están comprendidos en el Plan Regulador que se impugna. La oportunidad de esta obligación cede conforme al grado de exigencias técnicas en la materia."

Pull quotesCitas destacadas

  • "La audiencia pública puede darse con anterioridad al otorgamiento de la viabilidad ambiental, bajo consideraciones cuidadosamente analizadas por el órgano decisor, siempre y cuando, y como en el presente caso, y por una vía excepcionalísima, el otorgamiento de esa viabilidad impone al ente municipal una serie de recomendaciones tendientes a proteger de forma efectiva el medio ambiente."

    "The public hearing may take place prior to the granting of environmental viability, under considerations carefully analyzed by the decision-making body, as long as, and as in the present case, and by an exceptionally exceptional route, the granting of such viability imposes on the municipal entity a series of recommendations aimed at effectively protecting the environment."

    Considerando V

  • "La audiencia pública puede darse con anterioridad al otorgamiento de la viabilidad ambiental, bajo consideraciones cuidadosamente analizadas por el órgano decisor, siempre y cuando, y como en el presente caso, y por una vía excepcionalísima, el otorgamiento de esa viabilidad impone al ente municipal una serie de recomendaciones tendientes a proteger de forma efectiva el medio ambiente."

    Considerando V

  • "De la objetivación de la tutela ambiental: … se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia… en caso de una 'duda razonable' resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura)."

    "Of the objectification of environmental protection: … it translates into the need to support decision-making in this area with technical studies… in case of 'reasonable doubt' it is mandatory to decide in favor of the environment (pro-natura principle)."

    Considerando V

  • "De la objetivación de la tutela ambiental: … se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia… en caso de una 'duda razonable' resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura)."

    Considerando V

  • "No se acredita una contradicción entre la Convención y el Plan que se impugna. Tampoco se aduce que la normativa vulnere por omisión el artículo 50 constitucional."

    "No contradiction is shown between the Convention and the challenged Plan. Nor is it claimed that the regulations violate Article 50 of the Constitution by omission."

    Considerando V

  • "No se acredita una contradicción entre la Convención y el Plan que se impugna. Tampoco se aduce que la normativa vulnere por omisión el artículo 50 constitucional."

    Considerando V

  • "En el caso concreto … la propuesta de la Municipalidad de Carrillo no cumplía con lo establecido en el marco legal vigente al momento de ser divulgada para efectos de promover la participación ciudadana."

    "In the specific case … the proposal of the Municipality of Carrillo did not comply with the current legal framework at the time it was disclosed for the purpose of promoting citizen participation."

    Voto Salvado

  • "En el caso concreto … la propuesta de la Municipalidad de Carrillo no cumplía con lo establecido en el marco legal vigente al momento de ser divulgada para efectos de promover la participación ciudadana."

    Voto Salvado

Full documentDocumento completo

Procedural marks

**Constitutional Chamber** **Resolution No. 00881 - 2014** **Date of Resolution:** January 22, 2014 at 4:15 p.m.

**Case File:** 12-013336-0007-CO **Drafted by:** Fernando Castillo Víquez **Type of Matter:** Unconstitutionality action **Constitutional Review:** Dismissive judgment **Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Relevance Indicators** Relevant judgment **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 050- Environment **Subtopics:** NOT APPLICABLE.

**Topic:** UNCONSTITUTIONALITY ACTION **Subtopics:** NOT APPLICABLE.

"…It must be concluded, therefore, that under a better weighing by the Court and the evolution of its jurisprudence, the public hearing can take place prior to the granting of environmental viability (viabilidad ambiental), under considerations carefully analyzed by the deciding body, provided always, and as in the present case, and through a highly exceptional route, that the granting of that viability imposes on the municipal entity a series of recommendations aimed at effectively protecting the environment. Otherwise, we would be facing a typical case of nullity for nullity's sake, since, as is well known, and following the theory of nullities, that theory has been discarded, as a nullity must be declared only if there is indeed an affectation of public interests, in this case real or potential damage to the environment, a situation that does not occur in this case, in addition to the fact that the structural elements of the administrative act, both formal and material, are comprised in the Regulatory Plan (Plan Regulador) being challenged. The timeliness of this obligation yields according to the degree of technical demands on the matter…" CHANGE OF CRITERION. Judgment 881-14 ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 3. MATTERS OF CONSTITUTIONAL CONTROL **Topic:** MUNICIPALITY.

**Subtopics:** NOT APPLICABLE.

000881-14. THE PUBLIC HEARING CAN TAKE PLACE PRIOR TO THE GRANTING OF ENVIRONMENTAL VIABILITY IN A REGULATORY PLAN (CHANGE OF CRITERION) Regulatory Plan (Plan Regulador) of the Canton of Carrillo-Guanacaste (Plan Regulador del Cantón de Carrillo-Guanacaste) .

... See more **Text of the resolution** *120133360007CO* *120133360007CO* Res. No. 2014000881 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at sixteen hours and fifteen minutes on January twenty-second, two thousand fourteen.

Unconstitutionality action brought by [NOMBRE 001], bearer of identity card No. [VALOR 001], of legal age, married, attorney, resident of Palmares, Alajuela and [NOMBRE 002], bearer of identity card No. [VALOR 002], of legal age, pensioner, resident of Carrillo, Guanacaste; against the REGULATORY PLAN OF THE CANTON OF CARRILLO - GUANACASTE (PLAN REGULADOR DEL CANTON DE CARRILLO - GUANACASTE).

**Whereas:** 1.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at thirteen hours and sixteen minutes on October tenth, two thousand twelve, the petitioners request that the unconstitutionality of the REGULATORY PLAN OF THE CANTON OF CARRILLO - GUANACASTE (PLAN REGULADOR DEL CANTON DE CARRILLO - GUANACASTE) be declared. They allege that there is a violation of the right to information and citizen participation. The petitioner notes that the Municipality of Carrillo convened a public hearing and presented a coastal regulatory plan that was not the one finally approved, because SETENA, subsequent to said presentation, rejected the project and forced fundamental changes to be incorporated into it; furthermore, at the hearing, the floor was not given to the attendees, nor was material provided to non-technical persons so they could formulate their objections; thus, the information received was insufficient, in addition to the succinct exposition of the document, the invitation to appear at the municipality with a compact disc, so that the maps and sheets could be digitally recorded for them; that is, merely technical aspects. He mentions that said municipality never considered it necessary to hold another hearing to present the plan as modified and approved by SETENA, for which reason he considers those fundamental rights violated. He also points out that there are substantive aspects in numerals 53, 54, 55, and 56, which conflict with international conventions aimed at protecting biodiversity, such as Laws No. 7906, called the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles of September 24, 1999, and Law No. 3763, called the Convention for the Protection of Flora, Fauna, and Scenic Natural Beauties of the countries of the Americas, on the grounds that it allows both the granting of concessions in the restricted zone of beaches, and also the construction of works on 40% of the lots concessioned in said zone; therefore, he considers that there is no real guarantee for the conservation of the habitats used by the Baula turtle species, which has a genetic predetermination for its arrival and nesting on the beaches of Carillo, and which is also in danger of extinction, and that the same occurs with the Negra turtle species; therefore, he considers that the referred plan undermines the criteria for habitat restoration of these beings and also violates the precautionary principle and the principle of non-regression in environmental matters.

2.- In order to substantiate the standing he holds to bring this unconstitutionality action, he indicates that it stems from the diffuse interests contained in the second paragraph of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional).

3.- By brief filed on October 16, 2012, the petitioner Sagot Rodríguez offers evidence regarding the presence of sea turtles on Playa Matapalo, Carrillo, Guanacaste.

4.- By resolution issued at nine hours and forty-three minutes on November thirteenth, two thousand twelve, the action was admitted, granting a hearing to the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo), and the Municipality of Carrillo, Guanacaste.

5.- The Office of the Attorney General of the Republic submitted its report in a timely manner. It notes that the petitioners have sufficient standing to file the action, through the concept of diffuse interests. Regarding the violation of the right to information and citizen participation, specifically concerning the public hearing, it notes that the Law on the Maritime-Terrestrial Zone (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), its Regulation, Decree 7841-P, and the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), prescribe requirements to which the municipality must be subject in order to implement, modify, suspend, or repeal, in whole or in part. Regarding approval by the Costa Rican Tourism Institute (ICT) for development plans in the tourist zones of the maritime-terrestrial public domain. It notes that the Constitutional Chamber has held that for an act to be valid, it is necessary that the prior act has been duly fulfilled (judgment 18358-2009, Cons. III). The public hearing is then an essential and unavoidable procedure for adopting a coastal regulatory plan, which must be convened with a minimum of fifteen business days' notice, by notice in La Gaceta, and any additional dissemination necessary, with the place and time data at which the project and the observations or objections formulated by citizens will be heard. For there to be transparency, it must be intelligible, enabling the effective exercise of the right of access to information. It should not be a mere formality, the objectives of which are to achieve the protection of the right to information and citizen participation, but neither should it constitute an obstacle to the timely issuance of a resolution on the matter (judgments of the Constitutional Chamber No. 12242-2004, 18358-2009 and 2012-00964). Furthermore, it cites other human rights instruments that contain the right to citizen participation. Regarding the non-observance of the public hearing requirement, two texts enacted by the Administration establish that it is carried out after SETENA grants environmental viability (viabilidad ambiental) to the Regulatory Plan proposal, although Article 17 of the Urban Planning Law only contemplates, as is logical, that it must be prior to its adoption. It refers to the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental, Manual de EIA) – Part III, DE 32967/2006 (La Gaceta No. 85 of May 4, 2006), modified by Decree 34375/2007 (La Gaceta No. 84 of 2008), where citizen participation is a complementary phase to the procedure. The Manual for the Elaboration of Coastal Regulatory Plans for the Maritime-Terrestrial Zone (Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros de la Zona Marítimo Terrestre), approved by the Board of Directors of the ICT, in session 5737 of February 28, 2012, published in La Gaceta No. 52 of March 16, 2010, for the information meetings and public hearing in point 10. In this sense, according to the Constitutional Chamber itself, the Municipality must make the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) known to the residents (2005-02589). Non-compliance with the public hearing requirement, although, in principle, it could be placed on the plane of legality, by affecting fundamental rights, such as the right to an adequate environment, in addition to the right of access to information and citizen participation, transcends to the constitutional sphere and acquires that connotation (Constitutional Chamber, judgments 1991-0459, 1991-3550, 2001-2074 and 2001-4702). Nevertheless, the Chamber has established that "… the principle of community participation in environmental decision-making forms part of the procedure to which the State must adhere; but it is, at the same time, an integral part of the fundamental right of every person in the terms guaranteed in Article 50 of the Constitution" (votes 2000-10466 and 2005-7063). And in vote 2009-18358, it annulled the approval of the Regulatory Plan of La Fortuna due to serious defects in the public hearing. The relevant point is that the final proposal of the Coastal Regulatory Plan was not taken to a public hearing, after obtaining the environmental license from SETENA, which entails a substantial infraction of the legal system. If the hearing requirement was dispensed with, which is not substituted by the public meeting held in December 2011, the defects attributed to it lose interest. It notes that the Chamber's judgment on the Regulatory Plan of La Fortuna is of interest because the omission or indefinite suspension of the public hearing injures the principle of citizen participation. Regarding the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, it notes that from the challenged regulations, the "supplementary regulation" is extracted, which fills the gap and serves as a way to "achieve the balance" between development and the protection of turtles; the nesting beaches of these are established as Light Control Zones (Zonas de Control Lumínico), a designation that seems to emphasize the main response to the problem, with five limitations: 1) The prohibition of incorporating lights facing the sea or towards mangroves in constructions; 2) The obligation to incorporate, in the "window fixtures" (ventanerías) of constructions facing the sea, light filters that reduce its passage by at least 95%; 3) The obligation to incorporate artificial barriers during the process of constructing the works; 4) A setback of five meters, between the Public Zone (Zona Pública) and the building line, dedicated to the cultivation and maintenance of a vegetative barrier, with native trees and plants, where constructions are prohibited, which must have at least the maximum height permitted for the respective use; and 5) A maximum density of 40% of the concessioned area, unless for reasons of environmental fragility a greater one is warranted. Numeral 11 defines density as the "relationship between: a) a number of rooms and the surface area on which they are located; it is measured under the parameter of rooms per hectare, or b) the number of units allowed (dwellings, businesses) per concession." In addition to recounting the Chamber's jurisprudence on sea turtles, it notes that one of the problems - not the only one - accompanying tourism development projects dissociated from ecotourism is light pollution, dealt with by the challenged Regulatory Plan. On a dark beach, the glow of the horizon guides turtles toward the sea, due to their natural patterns, which make them very sensitive to light. Artificial lighting confuses them. By going disoriented towards the light source, they can head inland and are vulnerable in that situation. To mitigate the above, the Regulatory Plan requires the incorporation of light filters and barriers in the construction process near the beach during the nesting and spawning seasons, without clarifying how their execution will be controlled. Regarding the density of 40% of the area and the five-meter setback for natural cover, the Chamber has held that it is not its role to oversee this, as it is a technical discussion outside the scope of its competence, but that it limits and conditions the Administration's discretion (principle of objectification of environmental protection). The Inter-American Convention for the Protection of Sea Turtles (Law No. 7906/1999) understands habitats of sea turtles as "all aquatic and terrestrial environments used by them at any stage of their life cycle" and that there is a commitment to take appropriate and necessary measures, based on the most reliable scientific data available, for the protection, conservation, and recovery of the populations. The measures will include restrictions on human activities that may seriously affect sea turtles, and the protection, conservation, and, as appropriate, the restoration of the habitat and breeding sites of sea turtles, as protected areas (Constitutional Chamber judgment No. 2005-7889). The action should be granted.

6.- Mr. Uriel Juárez Baltodano, in his capacity as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), answers the granted hearing, stating that, based on Article 17 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), the Chamber had established the need for regulatory plans to obtain the environmental study before their approval (vote No. 2001-01220, 2006-7994). Furthermore, numeral 28 of the mentioned Law establishes that territorial planning policies are a function of the State, the municipalities, and other public entities. In turn, the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) incorporates the Strategic Environmental Assessment (Evaluación Ambiental Estratégica), which includes the integration of the environmental variable into planning, plans, programs, and policies for national, regional, and local development, generated by State entities, including municipalities, among others. Specifically, Article 67 of the regulation establishes as a requirement the incorporation of the environmental variable, prior to its approval by the respective authorities, into urban and coastal regulatory plans (Urban Planning Law and the Law of the Maritime-Terrestrial Zone), as well as any other instrument for planning land use or territory, as a way of planning the development of human activities potentially impacting the environment. Subsequently, the "Technical Procedure for introducing the environmental variable in regulatory plans or other land use planning" is regulated in the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de Instrumento Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental) through Decree No. 32967-MINAE (published in La Gaceta No. 85 of May 4, 2006) (Constitutional Chamber Resolution No. 2005-009765). On January 26, 2012, documentation was received called "Strategic Environmental Assessment Report for the Regulatory Plan of the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Carrillo - Province of Guanacaste, Costa Rica" (Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador de la Zona Marítima Terrestre del Cantón de Carrillo-Provincia de Guanacaste, Costa Rica), file EAE-01-EAE-SETENA, and on February 9, 2012, official note SG-DEAE-032-2012 was issued, which is a prevention order to remedy the deficiencies, granting a term of six months for compliance, and it is not a rejection of the Regulatory Plan (in which case, an archival resolution would have been issued). In relevant part, it indicates that it "... does not comply with what the current legal framework establishes and, specifically, with the basic and minimum requirements dictated by the procedure given by DE-32967-MINAE. Therefore, it is requested to submit the missing information. Notwithstanding, and given the volume as well as the technical relevance of the deficiencies, this information may not be provided as annexed documentation, but integrated into the complete study for incorporating the environmental variable into the territorial planning proposal in the terms established by the aforementioned procedure. The above information must be submitted [...] within a maximum period of SIX MONTHS, from [...] notification …". Likewise, the report from the Department of Strategic Environmental Assessment (Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica) DEA-393-2012 of November 21, 2012, for this action, clarifies that the document submitted on January 26, 2012, was the "Strategic Environmental Assessment Report for the (partial) Regulatory Plan of the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Carillo - Province of Guanacaste, Costa Rica". It was not the Regulatory Plan. The Department [...] has the objective of evaluating the inclusion of the environmental variable in Territorial Planning Plans (Planes de Ordenamiento Territorial); therefore, SETENA does not approve Regulatory Plans. [...] It did not reject the Regulatory Plan in question…" Finally, on July 17, 2012, environmental viability was granted through resolution No. 1909-2012-SETENA, notified on the 18th of that month. On the subject of citizen participation, the public hearing, and the technical procedure for introducing the environmental variable in regulatory plans or other types of planning, it notes that Executive Decree No. 32967 establishes it as mandatory for land use planning; in the general framework of the procedure, it is established that citizen participation is not among the methodological steps of the procedure at SETENA. Public participation occurs in the complementary phase to the application of the SETENA procedure; the IFAs are a component of the Regulatory Plan Diagnosis, and the Environmental Analysis Report is prepared prior to holding the public hearing. This was analyzed by the Secretariat in resolution 614-2012 of February 29, 2012, notified to the municipalities. It is relevant to comment that the SETENA study at the public hearing must be, not the existence of the studies, but having followed the procedure at this Secretariat and obtained the environmental viability. Regarding the alleged harm to turtles and associated biodiversity, the Department of Strategic Evaluation of the Secretariat issued its opinion in official note DEAE-393-2012 of November 21, 2012, and to that effect noted, based on the observations made in Resolution No. 1909-2012-SETENA, that: "… the study and the resolution DO take into account the issue of SEA TURTLE NESTING", and several of its recitals are transcribed. It subsequently transcribes the relevant parts of said resolution. It requests that the report be considered as rendered.

7.- Mr. Alvaro González Alfaro, in his capacity as Executive President of the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), answers the granted hearing, stating that the Urban Planning Directorate intervenes limited to the matter of its competence, to the analysis and approval of urban planning aspects, which jointly with the approvals granted by the ICT and SETENA, and once the procedure established in Article 17 of Law No. 4240, Urban Planning Law, has been completed, which includes the holding of a public hearing. In accordance with Article 17 of Law No. 4240, Urban Planning Law, which includes holding a public hearing, is the basis for the approval by the INVU of territorial and coastal regulatory plans. The official call for the public hearing was made through La Gaceta No. 219 of November 15, 2011. Responses were also given to the observations made by local residents (as recorded in the file). The approval it granted was based on the approvals granted by SETENA, and also that of the ICT (superior overseer of the Maritime-Terrestrial Zone). It then offers a synopsis of the process followed that concluded with the approval of the Regulatory Plan. It notes that the environmental viability given by SETENA was granted through resolution No. 1909-2012-SETENA dated July 20, 2012; in addition, the ICT, through official note MPD-P-279-2012 of June 3, 2012, an agreement of the Board of Directors adopted in Session No. 5751, Article 5, Section VII, held on June 12, 2012, approved the proposal for the Coastal Regulatory Plan of Carrillo, province of Guanacaste, presented by the Council of Carillo, according to the Council agreement of Ordinary Session No. 01-2012 of January 3, 2012, through official note MC-SCM-028-2012. That the urban planning regulations were complied with, supported by the various technical studies; the approval of the Coastal Regulatory Plan was obtained from SETENA and the ICT. The approval by the Urban Planning Directorate of the INVU complied with the requirements requested for Coastal Regulatory Plans published in the Official Gazette La Gaceta No. 156 of August 16, 2002, as well as the approval of Environmental Viability by SETENA.

8.- Mr. Allan Flores Moya, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Tourism Institute (ICT), answers the granted hearing, stating that SETENA's competence is to issue the environmental viability for the environmental documentation accompanying the regulatory plan proposal and that the powers to approve regulatory plans in the maritime-terrestrial zone are a competence by Law No. 6043 of the ICT and the INVU. The municipalities adopt the regulatory plans and are responsible for their administration. In accordance with the Procedure established in the Manual for the Elaboration of Regulatory Plans (Manual de Elaboración de Planes Reguladores), Digital Supplement No. 65 of May 18, 2012, the Regulatory Plan of Carrillo complied with the procedures established for the submission of the corresponding documentation for the Regulatory Plan. The ICT participated in the call for the public hearing made by the Municipality as it was a matter within its competence, and the INVU's involvement was counted on in the resolution of the oppositions filed before the Municipality. It should be noted that during the hearing, the floor was indeed given to attendees to ask questions about the zoning, and an opportunity was also provided for those who wished to make their inquiries in writing. In addition to the above, the Municipality provided an opportunity to submit objections for a period of 15 business days, which ended on January 18, 2012. Technically and within the Institute's guidelines for the review of regulatory plans, the Regulatory Plan of Carrillo had the following: a) classification and certification of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado); b) The demarcation of the public zone, both with physical monuments (landmarks) and with official digital delimitation, published by the National Geographic Institute (IGN); c) In the review process, technical observations were communicated, which were addressed, remitting the information requested on each occasion; and d) the environmental studies accompanying the planning proposal, prepared and submitted to the corresponding entity for its review. That regulations restricting land use are established, supported by environmental documents, the Urban Planning Law, and that a planning instrument is in place that is adjusted to Article 17, as well as to provision 17 of the Organic Law of the Environment.

9.- Mr. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, in his capacity as Municipal Mayor of Carrillo, answers the granted hearing, stating that the claim should be discussed in the contentious-administrative jurisdiction given that it attacks the technical and legal requirements to form an administrative act, such as a Regulatory Plan of the Maritime-Terrestrial Zone. The entire regulatory plan itself and the related permits and concessions are attacked, for which the plaintiffs claim that there was no public consultation, that a different one was published than the one finally approved, and that the technical information was not explained; however, he considers that all this matter pertains to legality. Moreover, the petitioners maintain that a second consultation should have taken place; however, he deems these to be arguments about the validity of the administrative act. There are malicious statements, as it seeks to confuse the areas eligible for concession, which are located outside what is delimited as the public zone or Natural Heritage of the State. The regulatory plan incorporates all sectors declared as Natural Heritage of the State by MINAE, a heritage protected by Article 73 of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone. Precisely, in the cases of privately owned lands adjacent to the 50-meter line of the public zone, a forest declaration (declaratoria de bosque) was made, as shown on the zoning maps. But, in any case, the discussion about whether or not forest exists in the maritime-terrestrial zone is a matter of simple legality, which must be discussed by experts before the contentious-administrative jurisdiction. On the other hand, there is a protection zone for turtles, in addition to the 50 meters of the public zone. Said zone constitutes a strip that creates a buffer area between the public zone and the area designated for granting concessions. He transcribes Articles 53 and 54 of the Regulatory Plan Regulation, and maintains that the determinations made should not be discussed in this jurisdiction, such as what the additional protection distance beyond the 50 meters of the public zone should be, but rather in the contentious-administrative jurisdiction, where experts will be heard, scientific evidence will be examined, and whether turtles nest in the dune, beyond the beach, will be discussed. Regarding the violation of the right to information and citizen participation, he notes that the Municipality of Carrillo acted in accordance with what was indicated by opinion C-094-2005 of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), which states that, according to the order indicated in the General Regulation of Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) (Decree No. 31849 MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC), the documentation relating to any regulatory plan must, in the first instance, be approved by the National Environmental Technical Secretariat; Article 67 as it indicates "must fulfill the requirement of integrating the environmental impact variable, which will be subject to an environmental viability process by SETENA, prior to its approval by the respective authorities". Regarding the public hearing, the opinion indicates that it must take place prior to the making of the administrative decision, that is, "before sending the final project to SETENA to obtain environmental viability". In addition to being mandatory, it clarifies that the first institution to issue approval for a Regulatory Plan proposal must be SETENA, and in order to duly present the documentation before this Secretariat, the public hearing must take place as a prerequisite. Similarly, Resolution No. 1704-2011-SETENA was complied with, which indicates, in numeral 2.1, as a requirement, the holding of the hearing prior to sending the final project to SETENA to obtain environmental viability. He maintains that the legal sequence is 1. Convene a public hearing to learn about the project; 2. Obtain approval from the Urban Planning Directorate of the INVU; 3. Obtain approval from the ICT; 4. Obtain approval from SETENA; and 5. Agree on its formal adoption, by an absolute majority of votes. It is not possible to change that order, which was done in accordance with the Urban Planning Law, General Regulation of Environmental Impact Assessment Procedures (Decree No. 31489 MINAE-Salud-MOPT-MAG-MEIC), resolution 1704-2011-SETENA, and in accordance with the interpretation of the Office of the Attorney General of the Republic, opinion C-094-2005. Regarding the hearing, it is claimed that wide dissemination was made; it was presented in the simplest way possible, what it would regulate, and furthermore, all the zoning maps and their supporting technical material were made available to any interested party at the Department of the Maritime-Terrestrial Zone, so they could study it and obtain copies of said information. Five oppositions were filed. They draw attention to the fact that they do not say which technical aspects were not understandable; they do not explain or set forth which technical concepts they needed in plain language, thereby failing to comply with Article 78 of the Law of Constitutional Jurisdiction.

If they claim that there must be material distributed to the non-technical public so that they understand it, once the environmental fragility indices are approved, that is exactly what was done: a) there was a public call extensively publicized in the press, local radio, and by loudspeaker announcements and flyers; b) all the material comprising the regulatory plan, maps, the text, and the studies were presented; c) it was made available to interested parties for a period of fifteen business days; d) Finally, the planning obtained the approval of the Environmental Fragility Indices approved by SETENA, with the approval of INVU and ICT. No other requirement adopted by law is missing. Furthermore, it lists the call to associations and chambers of the area, totaling 17 organizations. In addition to notices in commercial premises in the canton, a notice was published in the Al Día newspaper, and it even indicates who spoke at the public hearing. The plan was exhibited, 30 minutes were granted for questions, fifteen minutes to classify and answer questions; objections had to be submitted by January 18, 2012, to be heard by the Tripartite Commission composed of the Municipality, INVU, and ICT. Both its written and digital versions were available to anyone; the plaintiff Cantón Pizarro and another 69 people attended. There was no need for a second hearing, since it did not undergo changes as a result of the expansion of technical information on the environmental fragility indices, an expansion that allowed for a better understanding of the environmental analyses and the reasons for how the different uses and levels of environmental fragility were determined for the entire planned area. Additionally, in preparing the proposal, 3 workshops were held with the participation of civil actors, representatives of private enterprise, and municipal officials, as well as the concern of certain sectors to incorporate areas certified as natural heritage of the State, because the regulatory plans governing the maritime-terrestrial zone had not incorporated said areas.

For the protection of turtles, the nesting of turtles on the beach should not be confused with the false claim that they nest in the restricted zone; it is legally impossible to grant a concession in the public zone, and it is also legally impossible to allow the construction of cabins or a restaurant on the beach. At Playa de Mapalo, the public zone is not concessioned, but rather with a setback of 30 meters from the 50-meter line of the public zone. Essentially, it involves a radical, fundamentalist thesis, supported neither by science nor law, which is the total demolition of existing constructions within the 200 meters of the maritime-terrestrial zone of all beaches in Costa Rica where turtles nest. In addition to obtaining the environmental component approval from SETENA before being approved by the Council and sent to the Official Gazette La Gaceta, Costa Rica's 2010 annual report, concerning the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, does not list Matapalo, Zapotal, or Manzanillo Beaches, in Carrillo, Guanacaste, among the "Sites of importance for the conservation of sea turtles." Another Matapalo Beach appears, next to Playa Portalón, but in the Central Pacific. The beaches included in the planning also do not appear in the World Wildlife Foundation studies regarding Costa Rica. These documents indicate which are the sites of true importance for the nesting of the different turtle species, and it is for this reason that the Regulatory Plan Regulations incorporate the general rules to be respected at a minimum on all beaches of the country that could eventually receive a turtle. Now, it is noteworthy that the regulatory plan is not a blank check, but rather each project must obtain its environmental licenses, where SETENA intervenes. While it is true that none of the beaches included in the challenged planning are known as turtle nesting sites, the protection standards incorporated in the Regulations and in the environmental fragility indices are those that were incorporated for the Las Baulas Marine Park, thereby refuting the lack of protection for turtles. In resolution No. 1909-2012-SETENA at 9:20 a.m. on July 17, 2012, it states that future projects to be developed in the planned area must comply with the "Índice de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Carrillo, Provincia de Guanacaste, Costa Rica" [...]. The planned area is 18.56 km of coastline frontage in the canton of Carrillo, and only 0.56 km has the possibility of being developed for tourism purposes, and its leasable area adjoins the 50-meter public zone line, specifically: Playa Zapotal. In the case of the other sector of the Regulatory Plan, it is Playa Matapalo, where there is a concessioned area that is already developed today; an additional protection area of 30 meters in width was created; which in reality implies that all construction must be set back at least 35 meters from the 50-meter line of the public zone. The plaintiffs do not say that there are only two sectors where concessions have been granted (8 individual ones), Playa Matapalo and Playa Zapotal, which have more than 50% of their area declared as Natural Heritage of the State. There are others affected 100%, the names of which are provided in the report. Similarly, percentages of the usable area, contrasted with the Maritime-Terrestrial Zone, show that 32.65% is protected as protection areas and only 13.61% is concessioned area where the restrictions established to protect turtles apply. None of the Beaches included in the challenged planning appear as internationally important nesting sites in the regional diagnosis and strategic planning for the conservation of sea turtles in Central America, prepared by the Red Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en Centroamérica. If optimal natural conditions exist, it is possible that a turtle might arrive to lay eggs. The zoning of the Regulatory Plan contemplates a buffer or protection area beyond the public zone, even though turtles only nest in the sandy strip of the beach; in any case, the regulatory plan created an additional protection zone in the middle of the public zone and the zone for granting concessions (landmarks 28 and 148) with an approximate width of 30 meters and over 400 meters in length. There is the 30-meter area from the landmarks that delimit the public zone, and added to this, the buffer area that serves as a filter or "curtain" to minimize the impact of noise or light pollution, specifically at Playa Matapalo. It points out the many other controls and rules that the Regulation has, such as the Light Control Zones (ZCL). Finally, it points out that there are no Leatherback turtles at Playa Matapalo.

10.- The edicts referred to in the second paragraph of article 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional were published in numbers 232, 233, and 234 of the Boletín Judicial, of the days November 30 and December 3 and 4, all of 2012.

11- Mr. Roberto Echeverría Alfaro, in his capacity as general judicial representative of "Millenium Venture Investments MVI S.A.", Yitzak Investments S.A." and "Lighthouse Consulting Support Services S.A.", stated, in his capacity as passive coadjuvant, that the respective procedures for the approval of the Regulatory Plan were complied with, especially regarding the call for the public hearing required by Article 17, subsection 1) of the Ley de Planificación Urbana and the procedural moment for its celebration. The content of the hearing must be understood from two aspects: on one hand, the hearing cannot be a mere formality, and on the other, the observations and suggestions made by the citizens lack binding effects for the municipal administration. Determining when the appropriate procedural moment to hold the hearing is a matter that must be analyzed in light of Article 17 of the Ley de Planificación Urbana; it is a matter for the ordinary judge and not the constitutional judge. The Procuraduría General de la República, in its Opinion C-094-2005, establishes that the public hearing must be held prior to the Council's approval of the regulatory plan project, and prior to SETENA and INVU pronouncing themselves. It was not a mere formality; the municipality did not limit itself to the public hearing; during more than two years of planning the proposal, work workshops were held, publicized by the Municipality with the purpose that actors and/or citizens who showed interest could contribute their observations, suggestions, oppositions, etc. Regarding the manner in which the public hearing should be conducted, this is a matter beyond constitutional control, and it can even be affirmed, beyond ordinary jurisdiction. It must be taken into account that what is intended is the ordering of land uses in the canton; it is a technical-legal document, and it cannot be claimed that the presentation of the plan should not have technical content. Certainly, the presentation is made as clearly as possible, to improve the understanding of the attendees. Regarding SETENA's request for information, it does not mean that the Municipality had to promote a new regulatory plan, but rather, on the contrary, to obtain the environmental license, it had to supplement the missing information that allowed detailing a series of technical requirements of the regulatory plan project that had already been submitted for the knowledge of the residents of the canton of Carrillo. Thus, the zoning map that the community learned about during the public hearing held on December 14, 2011 –as well as during the period it was available to the public in the municipal building and the town hall's website– and the one finally approved by the institutions involved in the approval process (SETENTA, ICT, and INVU), and by the Council of Carrillo: there is no modification whatsoever between one and the other, whereby the tendentious argument of the plaintiffs, who attempt to lead the Constitutional Chamber into confusion by claiming that as a consequence of SETENA's official communication, the Municipality of Carrillo had to "modify the substance and form of the ENTIRE project, after the mentioned hearing was held," is convincingly disproved. They were incapable of showing the supposed changes suffered by the regulatory plan project (in the area of land use regulation) due to the information requested by SETENA. If a substantial change in the regulatory plan project had occurred as a result of the proceeding, then the need to call residents to a second hearing would be debatable, but, in the specific case, as stated, there were no changes in land use regulations. What was presented was complementary information and technical data in greater detail and depth, to allow SETENA to thoroughly understand the environmental impact of the regulatory plan in order to issue its decision. Moreover, the current regulatory plan advocates for environmental conservation and fully complies with the parameters indicated by extensive jurisprudence. In that sense, Articles 53 to 61 contain the express regulations for the case of the Light Control Zone (ZCL), which is the zoning responsible for ordering matters related to granting concessions in that zone. For the specific case, the regulatory plan establishes greater limitations than other zones, so that with these additional limitations (setbacks, building heights, lighting intensity, etc.), turtles and nesting sites are protected. The plaintiffs advocate for an absolute limitation, while the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles takes a more flexible position. The latest report for Costa Rica, under the Convention, establishes that as of June 2010, a list of sites of importance for the conservation of sea turtles was prepared, within which the three beaches mentioned by the plaintiffs are not included. The most important nesting sites for turtles have been identified, but Matapalo, Zapotal, and Manzanillo Beaches are not included. They do not prove what they state so eloquently; they lack evidentiary means with scientific rigor.

12.- Ms. Alejandra Echeverría Alfaro, in her capacity as general judicial representative of Playa Zapotal S.A., Corporación de Igualdad Económica S.A., Inmobiliaria Golfita S.A., and Golf Club Zapotal S.A., states that the plaintiffs lack standing to bring the action, and furthermore, it is a matter of legality, not constitutionality. They are legal disagreements or irregularities due to contradiction or excess between the Regulations of the challenged Regulatory Plan and a normative set ranging from various treaties to laws, decrees, and administrative resolutions, which must be resolved in ordinary jurisdiction and not constitutional jurisdiction. The plaintiff argues that there are differences between the Regulatory Plan and higher regulations, which must be resolved in another forum. The foregoing must be resolved in the administrative litigation forum; note that the plaintiffs attack "the entire regulations of the regulatory plan itself and the related permits and concessions," all of which are administrative acts that must be resolved in a jurisdiction different from the constitutional one. On the merits, there is no need for a new hearing given that no new topics were added, nor new areas covered by the Regulatory Plan; rather, the regulation of one area was eliminated to meet legal requirements imposed by specialized and competent bodies of the Public Administration. There were no substantive changes; a complete hearing was held; the material with the zoning sheets and its supporting technical material was provided, remaining available to interested parties. The plaintiffs do not say why it was difficult to understand; the hearing minutes clearly state that residents had 15 business days until January 18, 2012, to present objections to the Council. Therefore, the plaintiffs' false claim that the regulatory plan was not explained in simple words is inconceivable. Furthermore, the Municipality convened all the development associations and chambers of the area: Asociación de Desarrollo de Santa Ana, Asociación de Desarrollo de Sardinal, Asociación de Desarrollo de La Libertad, Asociación de Desarrollo de Los Planos, Asociación de Desarrollo de Belén, Asociación de Desarrollo de Río Cañas, Asociación de Desarrollo de Coyolito; Asociación de Desarrollo de Playas del Coco, Asociación de Desarrollo de Usodemar; Asociación de Desarrollo de Comunidad; Asociación de Desarrollo de Paso Tempisque, Asociación de Desarrollo de La Guinea, Asociación de Desarrollo de Playa Panamá, Asociación de Bienes Raíces, Asociación de Pescadores, Cámara de Comercio, and Club de Leones. Notices were placed in commercial premises in the canton, as demonstrated with photographs, and a notice was published in the Al Día newspaper. The Municipal President, the Director of the BID-catastro project, EDYPSA, spoke, and it was moderated by Lic. Katherine Mourelo. It highlights that, despite the plaintiffs' arguments, the zoning proposal remained the same; only technical information on the environmental fragility indices was expanded, which allowed for a better understanding of the environmental analyses and the reasons for how the different uses and levels of environmental fragility were determined for the entire planned area. Contrary to what was argued, it also states that the Regulatory Plan expands environmental protection, biodiversity, and the protection of turtles. It expands because the principles and protection criteria of the covered zones impose new restrictions instead and seek to better protect the environment, a point on which not only the Municipality agrees but also the concessionaires, since they are also principal stakeholders in respecting Nature, as the tourism they develop demands it. None of the beaches in the proposed zoning are considered by the competent authorities as zones of nesting importance. Turtles nest on the beach and not in the sectors of the restricted zone. They have no scientific or technical support that Matapalo, Zapotal, and Manzanillo are "internationally recognized turtle nesting sites." The plaintiffs have radical criteria that seek to prevent any type of development, which is contrary to other constitutional rights of others.

13.- By resolution at twelve forty-six p.m. on January seven, two thousand thirteen, the Presidency of this Chamber resolved the coadjuvancy requests timely filed by Mr. Roberto Echeverría Alfaro, in his capacity as general judicial representative of "Millenium Venture Investments MVI S.A.", "Yitzak Investments S.A." and "Lighthouse Consulting Support Services S.A.", and Alejandra Echeverría Alfaro, in her capacity as general judicial representative of "Playa Zapotal S.A.", "Corporación de igualdad económica S.A.", Inmobiliaria Golfita S.A." and "Club Zapotal S.A.", and it was indicated that the effectiveness of the judgment does not directly and immediately affect them, nor does res judicata, nor are they reached by the immediate enforcement effects of the judgment, since through coadjuvancy, the jurisdictional authority cannot be compelled to issue a resolution in their favor, as they were not a principal party in the proceeding; it can only affect them in their capacity as coadjuvants, like anyone else, by the erga omnes effect of the pronouncement.

14.- Mr. Roberto Echeverría Alfaro, in his capacity as general judicial representative of "Millenium Venture Investments MVI S.A.", "Yitzak Investments S.A." and "Lighthouse Consulting Support Services S.A.", submits a brief to comment on the reports presented by the various authorities in the unconstitutionality action.

15.- Mr. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, judicial and extrajudicial representative of the Municipality of Carillo, refers to the response rendered by the Procuraduría General de la República. He states that it does not inform the Chamber that the only modification to the Regulatory Plan Project was made at the request of SETENA to include a section dedicated to protecting the public zone and other restrictions imposed by the Municipality of Carrillo in the Restricted Zone for the preservation of turtles. Publication was not necessary because they improved environmental protection and comply with the "principle" of non-regression in environmental matters. With the adjustments required by SETENA, the approved regulatory plan is substantially the same plan known at the public hearing. If protection is improved, the modification is valid. What the Chamber has declared unconstitutional is when the procedure before SETENA is not carried out; annulling the Plan without existing harm to the democratic principle would be annulling for annulment's sake, without it being necessary, without any public objective, and without the protection of any environmental right. Worse still, the eventual annulment of this entire Regulatory Plan would not revert to a regulation completely lacking environmental aspects and land uses and leasable areas that do indeed pose an imminent danger to sectors that must be protected, as the appealed plan has established.

16.- Mr. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, in a brief filed before this Chamber, at nine thirty-nine a.m. on August 14, 2013, makes statements by way of providing conclusions on the unconstitutionalities invoked in this action, as well as his legal considerations.

17.- Ms. Alejandra Echeverría Alfaro, in her capacity as general judicial representative of "Playa Zapotal S.A.", "Corporación de igualdad económica S.A.", Inmobiliaria Golfita S.A." and "Club Zapotal S.A.", speaks regarding the report of the Procuraduría General de la República.

18.- Mr. Carlos Cantillo, in his capacity as Mayor of the Municipality of Carrillo, appeared before the case file on September 5 last to provide the Reglamento de Contaminación Visual y Conservación del Paisaje del Cantón de Carillo, prepared by Environmental Management Consultant Dr. Allan Astorga.

19.- Mr. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, on September 12, 2013, in his capacity as Mayor of the Municipality of Carrillo, requested the holding of the hearing contemplated by the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

20.- By resolution at four thirty-three p.m. on September twenty-five, two thousand thirteen, Alvaro González Alfaro, Executive President of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, was warned to present a copy of the report submitted to the Chamber, given that it is incomplete. Likewise, Ms. Alejandra Echeverría Alfaro was warned to prove the capacity in which she claims to act on behalf of "Golf Club Zapotal S.A.", under warning of not addressing her arguments. And finally, a request submitted by Mr. Henry Montero Arias is rejected, as he is not a party to this matter.

21.- Ms. Alejandra Echeverría Alfaro complies with the warning, by providing the certification of the general judicial power of attorney of the company "Golf Club Zapotal S.A." 22.- Mr. Alvaro González Alfaro, likewise, provides the brief submitted to this Chamber on December 5, 2012.

23.- By resolution at four twenty-one p.m. on November six, two thousand thirteen, the holding of the oral and public hearing provided for in Articles 10 and 85 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is ordered, to be held at nine a.m. on November twenty-one, two thousand thirteen.

24.- By resolution at eleven thirteen a.m. on November seven, two thousand thirteen, it is ordered to receive as evidence for better resolution the appearance of Carlos Mario Orrego Vásquez, Coordinator of Programs and Projects of the Área de Conservación Tempisque, and Mr. Rodney Piedra, Administrator of the Parque Nacional Marino Las Baulas, at the hearing set for nine a.m. on November twenty-one, two thousand thirteen.

25.- By brief submitted by the plaintiff Alvaro Sagot Rodríguez, he expresses his inability to attend the hearing set for November 21, two thousand thirteen, as another hearing has been scheduled for him in the Juzgado de Palmares, reason for which, by resolution at nine thirty-three a.m. on November twelve, two thousand thirteen, the previously set hearing is left without effect, and a new oral hearing is set for nine a.m. on November twenty-eight, two thousand thirteen.

26.- By resolution at two thirty-three p.m. on November thirteen, two thousand thirteen, the resolution at eleven thirteen a.m. on November seven of the same year is left without effect, insofar as it summons Mr. Carlos Mario Orrego Vásquez and Mr. Rodney Piedra; instead, their appearance is ordered for nine a.m. on November twenty-eight, two thousand thirteen. Likewise, the resolution summons biologists Gabriela Blanco and Pilar Santidrián Tomillo, from the Republic of Argentina and the Kingdom of Spain, respectively, from their places of residence by videoconference, to discuss the co-authored study on "La tortuga marina negra de Guanacaste amenazada de extinción por prácticas humanas." 27.- By resolution at five seventeen p.m. on November fifteen, two thousand thirteen, the technical impossibilities that Dr. Gabriela S. Blanco has to attend the conference on November 28, two thousand thirteen are made known, and instead, it is ordered to receive her testimony on November 21, 2013, at ten a.m. our country's time.

28.- As ordered, at nine fifty-six a.m. on November twenty-one, two thousand thirteen, the ordered videoconference with Dr. Blanco began, directed by magistrate instructor Castillo Víquez, with Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, representative of the Municipality of Carrillo, Jimmy Álvarez Castillo, representative of the Instituto Costarricense de Turismo, José Joaquín Barahona Vargas, representative of the Procuraduría General de la República, Roberto Echeverría Alfaro and his lawyer Fabián Volio Echeverría, in their capacity as coadjuvants, and Mr. Miguel Sancho Monge, with special judicial power of attorney for Alejandra Echeverría Alfaro, attending. Gabriela Blanco, Doctor in Biology, is sworn in and her testimony is received, from Puerto Madryn, Argentina. The hearing concluded at ten forty-seven a.m. that same day.

29.- By resolution at three twenty-seven p.m. on November twenty-two, two thousand thirteen, the statements made by the Mayor of the Municipality of Carrillo objecting to the evidence with Ms. Blanco and Ms. Santidrián are noted, and it is reserved to be resolved at the appropriate procedural moment.

30.- The holding of the oral and public hearing took place at nine fifteen a.m. on November twenty-eight, two thousand thirteen, with the participation of all the procedural parties, and with evidence for better resolution, consisting of the participation of the Coordinator of Programs and Projects of the Área de Conservación Tempisque, Mr. Mario Carlos Orrego Vásquez, and the Administrator of the Parque Nacional Marino Las Baulas, Mr. Rotney Piedra Chacón; likewise, the participation of biologist Pilar Santidrian, from Mallorca, Kingdom of Spain, via Skype was held. The proceedings concluded at twelve fifty-five p.m. on November twenty-eight of that same year.

31.- Through briefs submitted after the hearing, Mr. Allan Astorga Gattgens, as a registered consultant with the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, coordinator of the Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador costero del Cantón de Carrillo, on behalf of the Municipality of that canton, and a technical report from the coadjuvant companies with Didiher Chacón Chavarri and Luis Gabriel Fonseca López, specialists in turtles, technical arguments in favor of their respective legal positions. Likewise, the brief from the Mayor of the Municipality of Carrillo appears to highlight the 30-meter buffer area established by the Coastal Regulatory Plan to mitigate the light and noise impact that could be generated from the restricted zone, among other zones, to protect from the high tide line 85 meters to the point where constructions begin.

32.- In the proceedings, the prescriptions of law have been fulfilled.

Rapporteur: Magistrate Castillo Víquez; and,

Considering:

I.- On admissibility. Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional regulates the assumptions that determine the admissibility of unconstitutionality actions, requiring the existence of a matter pending resolution in an administrative or judicial venue in which the unconstitutionality is invoked, a requirement that is not necessary in the cases provided for in the second and third paragraphs of that article, that is, when due to the nature of the regulation there is no individual or direct harm, when it is based on the defense of diffuse interests or those that concern the community as a whole, or when it is filed by the Procurador General de la República, the Contralor General de la República, the Fiscal General de la República, or the Defensor de los Habitantes, in these latter cases, within their respective spheres of competence. According to the first of the assumptions provided for by paragraph 2 of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the challenged regulation must not be susceptible to concrete application, which would later allow the challenge of the applicative act and its consequent use as a base matter. The text in question provides that it proceeds when "due to the nature of the matter, there is no individual and direct harm," that is, when by that same nature, the harm is collective (antonym of individual) and indirect. Secondly, the possibility of resorting in defense of "diffuse interests" is foreseen; this concept, whose content has been progressively delineated by this Chamber, could be summarized in the terms used in the judgment of this court number 3750-93, at three p.m. on July thirty, nineteen ninety-three:

"… Diffuse interests, although difficult to define and more difficult to identify, cannot be in our law - as this Chamber has already stated - merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that, in relation to them, specific persons, or personalized groups, are identified or easily identifiable, whose standing would derive, not from diffuse interests, but from corporate ones that concern a community as a whole.

These are individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, suffer a harm, actual or potential, more or less equal for all, so it is rightly said that these are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a dual nature, since they are simultaneously collective—because they are common to a generality—and individual, so they can be claimed in such capacity." In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united based on a particular social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is blurred, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, of course, the challenge that a member of one of these sectors could bring under paragraph 2 of Article 75 must necessarily refer to provisions that affect him or her as such. This Chamber has enumerated various rights to which it has given the designation of "diffuse," such as the environment, cultural heritage, defense of the country's territorial integrity, and sound management of public spending, among others. In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the aforementioned goods transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer in principle to aspects that affect the national community and not particular groups within it; an environmental harm does not affect merely the residents of a region or the consumers of a product, but rather injures or places at serious risk the natural heritage of the entire country and even of Humanity; likewise, the defense of the sound management of public funds authorized in the National Budget is an interest of all the inhabitants of Costa Rica, not just any group of them. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber is no more than a simple description inherent in its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible, in any way, to come to understand that only those rights that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse rights.

II.- On standing in the specific case. The action is filed mainly because the plaintiffs allege that the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Carrillo affects the rights to a healthy and ecologically balanced environment, in addition to the rights of participation and information of the residents in its approval. The rights invoked are, in effect, contained in the Political Constitution, as well as in international instruments for environmental protection, whose defense this Chamber has recognized can be led by an interested individual or a group not formally organized but united to protect the environment. In this sense, the Chamber considers it appropriate to hear the claim raised by the plaintiffs against the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Carrillo.

III.- Object of the challenge. The unconstitutionality is claimed against the Regulation of the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Carrillo, Guanacaste, published in La Gaceta No. 173 of September 7, 2012, in its entirety, as well as related permits and concessions. In this sense, a first major theme of the challenge to the regulation lies in reasons of form (timing of the call) and content of the public hearing (technical explanation to the residents) required in Article 17 of the Urban Planning Law, and other regulations. A second argument is based on the harm that the regulation causes to turtles and what they title as associated biodiversity, especially in everything related to the Matapalo, Zapotal, and Manzanillo beaches.

IV.- Preliminary matter.- Before resolving the allegations on the merits, it is necessary to refer to the evidence ordered for better resolution in this matter. Within the powers that this Court has to judge constitutionality claims, whose purpose and competence derive from Article 10 of the Political Constitution itself, and for the sake of purifying the legal system, this Court may, and in some cases must, order evidence for better resolution to better inform itself about a certain fact or point of a constitutional controversy submitted to its knowledge. In this sense, since judgment No. 1992-00076 of sixteen hours thirty minutes of January fifteen, nineteen ninety-two, this Court ruled as follows:

"In view of the object of the constitutional process, which is aimed at verifying a possible violation of fundamental rights, evidence is important when there is a disagreement of facts, which derives from the assertions in the appeal, on the one hand, and from the reports rendered under oath by the authorities involved. It is thus that the Constitutional Chamber is the recipient of the evidence, since it is the Chamber that must be convinced of the real truth of the facts and in this sense, the evidence must deal with the facts, when these are doubtful or controversial. Due to the importance of constitutional processes and their informality, the principle of free evidence governs, so that the Chamber freely forms its conviction about the proven facts, according to the rules of sound criticism. As no limitation whatsoever is established in this regard, the Chamber may order any means of evidence admitted in Law, which means that any evidentiary element that serves to convince it of the existence or non-existence of a determined fact may be used." On the other hand, judgment 1991-0687 of fifteen hours thirty minutes of April two, nineteen ninety-one, must be taken into consideration, which indicated that:

"As long as we are in the presence of the protection of socially valued rights or of high significance for the harmonious coexistence of men, the legal system denies the affected party the power of decision as to whether or not to sanction the offender. Therefore, Article 8 of the Law governing this jurisdiction provides that once the intervention of the Constitutional Chamber is requested, it must act ex officio, 'without the inertia of the parties being able to be invoked to delay the proceeding.' We must understand that there is a public interest involved such that once the Chamber's intervention is requested, it is not left to the will of those who participate in the constitutional process, so that even against their will, it can reach a decision on the merits, a decision deemed necessary in light of the purpose of all such processes. Regarding the action of unconstitutionality, obviously, if what is sought is to preserve constitutional supremacy, once the Chamber's intervention is requested (for which the law establishes great openness), it is not possible to admit that the process is left at the disposal of those who participate in it (not parties, in the traditional procedural sense). In these processes, the individual injury that the plaintiff may exhibit is not preferentially addressed, because what is sought is the satisfaction of a general interest that acts subject to public law and norms conform to the constitutional order. Therefore, the effects and characteristic of an upholding judgment in unconstitutionality are declaratory and pronounce a nullity ab origine and erga omnes. In such circumstances, it is obvious that there exists an interest superior to the individual one, that of constitutional supremacy, which escapes the plaintiff's power and is vested exclusively in the Chamber. So much so, that constitutional jurisdiction is not limited to examining the express claims in the action of unconstitutionality but may do so regarding others not necessarily foreseen and indicated by the action, as well as that, once the nullity of a norm is declared, the nullity of another or other norms whose annulment is evidently necessary by connection or consequence shall be declared (Article 89)." In this case, the Court ordered evidence for better resolution, to expand the knowledge within the forum with the existing technical and scientific criteria on the reproductive cycle of sea turtles and the importance of the beaches in the sector covered by the Carrillo Regulatory Plan, challenged in the action. As is evident, and will be stated later, the existence of nesting in the coastal sectors regulated by said Regulatory Plan constitutes an incontrovertible fact, which is why provisions concerning the protection of sea turtles are incorporated.

V.- On the merits. The claims made against the regulation can be grouped into three fundamental themes, but for discussion in the action of unconstitutionality, they can be organized into two principal aspects:

A.- Defects produced by flaws in the public hearing. This Chamber has stated regarding the right of participation and information that it is "the establishment of mechanisms to structure society and its relationship with public institutions, that is, to allow the citizen to form his or her opinion, as well as to pronounce on matters that are of his or her interest and of relevance to his or her aspirations for life in society" (judgment No. 2012-014111 of sixteen hours of October nine, two thousand twelve); on the other hand, citing this Court, the Office of the Attorney General rightly points out that it should also not serve to become a mere formality, such that it is "incapable of achieving the objectives it is called upon to obtain in protection of the right to information and citizen participation, although certainly it should also not become an obstacle to the issuance of a timely resolution of the proceeding" (judgment No. 2009-18358). This last judgment refers to the La Fortuna Regulatory Plan, which the Attorney General's Office uses to establish some defects in the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Carrillo; however, in that case, the infractions committed during the approval procedure for the urban planning were evident and manifest. There are other cases, however, in which mitigating factors could exist, because, in effect, the authorities responsible for the procedural handling of a Regulatory Plan adhered to the applicable regulations, or, at least, within certain acceptable ranges, observing and applying environmental and urban planning regulations. Hence, it is necessary to distinguish the scope of this Chamber's jurisprudence, for the preservation of administrative acts that prima facie comply with environmental, urban planning criteria and other legal and regulatory requirements, leaving open the possibility of opening discussion in the administrative litigation avenue, if what is questioned are the nuances in the appreciation and application of those requirements established in infra-constitutional regulations. Constitutional jurisdiction must be reserved for gross violations of constitutional and conventional rights, whence, for the other aspects of legality, there are courts for their discussion. In this sense, the criterion expressed in judgment No. 2005-2589, which upheld a writ of amparo because the public hearing of a Regulatory Plan was held without the environmental viability from SETENA, is different in the case at hand, because the environmental studies were indeed presented to the community, both the initial and supplementary reports that served to grant the environmental viability of SETENA, and despite the hearing and the granting of viability taking place at different times, there was no substantial change in the regulation and the proposed zoning. Notwithstanding the foregoing, from the point of view of the discussion proposed by the plaintiffs, the Coastal Regulatory Plan is challenged because:

1.- There was a violation of the right to information and the right to citizen participation. The plaintiffs assert that SETENA caused major substantive changes in the Coastal Regulatory Plan, but both the Municipality and the coadjuvants opposed said argument, because, in effect, they do not mention which specific points underwent changes. On this matter, the Municipality insists, in its reports, that it is the same regulatory instrument, because what SETENA requested was supplementary information, but never a rejection. The Chamber is not unaware that, on other occasions, it has established that the public hearing must be held once SETENA's review is concluded, when environmental viability is obtained, but it is important to mention that the action's claims do not show what the major variations were between the Regulation presented to the community and the one finally approved and published as the Coastal Regulatory Plan. In this sense, SETENA clarifies that it grants viability by resolution No. 1909-2012-SETENA of July 17, 2012, deeming the requirements fulfilled, and that it had in effect requested additional information on February 9, 2012, by official communication SG-DEAE-032-2012. It is evident that attempting to delve into this discussion would lead the Chamber to a discussion beyond declaring violated principles, values, and fundamental rights, which is the main function of a Constitutional Court, but rather to one characteristic of ordinary jurisdiction, which possesses better procedural mechanisms to resolve the evidentiary challenges that arise. On the other hand, to determine if there was an unconstitutional limitation on the right to information and citizen participation, the call to the public hearing will be examined. To begin, the formalities of the call made by the Municipality to the residents were evidently carried out with complete regularity, fifteen days before the event. The Municipality of Carrillo emphasizes, in its report, that the event was widely publicized through public calls disseminated in the press (newspaper Al Día), local radio, loudspeaker announcements, and flyers. Furthermore, there was a call to civil society headed by some associations and chambers of the locality: Asociación de Desarrollo de Santa Ana, Asociación de Desarrollo de Sardinal, Asociación de Desarrollo de La Libertad, Asociación de Desarrollo de Los Planos, Asociación de Desarrollo de Belén, Asociación de Desarrollo de Río Cañas, Asociación de Desarrollo de Coyolito; Asociación de Desarrollo de Playas del Coco, Asociación de Desarrollo de Usodemar; Asociación de Desarrollo de Comunidad; Asociación de Desarrollo de Paso Tempisque, Asociación de Desarrollo de La Guinea, Asociación de Desarrollo de Playa Panamá, Asociación de Bienes Raíces, Asociación de Pescadores, Cámara de Comercio, and Club de Leones. The Office of the Attorney General points out a possible defect to the Chamber here, based on what was held in the judgment of the La Fortuna Regulatory Plan, as jurisprudence that would control the case at hand; however, in that case, an attempt was made to hold a public hearing called with fewer days than established in Article 17 of the Urban Planning Law, it was not published in the Official Gazette La Gaceta, but rather before being held (called with fewer days than indicated, it should have been done 15 days in advance) it was indefinitely suspended, and even so the regulation was promulgated. It is clear that judgment No. 2009-18358 in no way applies to or controls the case at hand, because no one disputes the period elapsed between the call and the moment the public hearing was held, and the approval without a hearing, but only the moment when it must be held.

2. Material was not provided for people without technical knowledge. The brief initiating the action states that the information presented was not simple and understandable for all the residents. However, the Municipality asserts that the hearing was explanatory, it is affirmed that all the material included in the Regulatory Plan, the maps, the text, and the studies were made known. Both the zoning maps and the supporting technical material were made available to interested parties, and this gave rise to five oppositions. Despite what the plaintiffs state, the explanations given by the authorities in the reports are all coincident (Municipality, ICT, INVU, and coadjuvants), what was indicated in the oral hearing of November twenty-eighth last year, in which the floor was granted, there was space for questions and the material was distributed among interested parties who could approach the Municipality, the mechanism that would be used to process consultations or oppositions was explained, and furthermore, the information delivered at the hearing could be picked up at the Municipality. And there was a period of fifteen business days (which were actually 22 full days due to holidays) to make the respective oppositions. In the Chamber's judgment, it is clear that these arguments also suffer from the defect originally noted in the previous section; it is not specified in what aspects the information was not delivered in a simple manner, when, on the contrary, the minutes suggest that an order was followed in the explanation and discussion of the Regulatory Plan. As has been said, this Chamber does not consider that there was an infraction of the right to information and citizen participation; it is clear that a person with an interest in delving deeper into the material could pick up the information at the location indicated by the Municipality, to exercise any opposition to the Plan. Finally, if what is challenged is the degree of technicality of the information, which is logical when referring to land use (uso del suelo), it is evidently a technical-legal topic par excellence, for which it would be required to review the presentations, which clearly exceeds the function of this Constitutional Court.

3.- SETENA rejected the Coastal Regulatory Plan project. Although it is asserted in the initiating brief that SETENA rejects the Coastal Regulatory Plan, it must be noted that the authorities deny that this is the effect of the pronouncement made by official communication SG-DEAE-032-2012 of February 9, 2012, because in it the Municipality was requested to supplement the information presented on January 26, 2012, the date on which the Strategic Environmental Assessment of the Regulatory Plan for the Maritime Terrestrial Zone was delivered, but it is denied that this resolution was a rejection, because, by its legal powers, it is not its role to give approvals, but rather to grant environmental licenses. The Chamber understands that the plaintiffs have sought to produce a more dramatic effect in the Court, but it is accepted that Municipalities do not obtain from SETENA the approval in the strict sense of their Regulatory Plans; rather, its function is another, very different, as it is limited to a specific analysis, which is to protect the environment from human activity. Thus, Article 2 of Executive Decree No. 32967 of February 20, 2006, which establishes:

"2.1 Objectives of the procedure 2.1.1 The primary purpose of the Procedure is to provide the principal and basic technical guidelines that the municipality, corresponding authority, or user of the instrument must comply with, to incorporate the environmental impact variable or environmental variable in the land-use planning (planificación del uso del suelo) of its jurisdictional territory or one of interest, as well as to indicate the technical guidelines that SETENA will follow to review and evaluate said introduction of the environmental variable, in order to definitively grant, and in the event that the defined procedures are met, the Environmental Viability (License) to the proposal.

2.1.2 The result of the application of this IFA method and the environmental scope analysis of the development proposal described here is a zoning map of environmental fragility categories with the (sic) respective tables of limiting factors and technical potentialities, which will serve as guidance for decision-making on land-use planning and to define, in a generic manner, its environmental scope, within a basic and elemental framework of Strategic Environmental Assessment applied to territorial planning.

2.2 Limitations, considerations, warnings, and recommendations for the use of the procedure 2.2.1 The procedure described here must be considered as a minimum, reference, and basic guidance procedure for the introduction of the variable in land-use planning and its environmental scope. Its adoption by SETENA as a technical instrument does not exclude or limit the possibility that users thereof may use, in a complementary manner, any other type of technical instrument of territorial planning that produces the expected results of the method proposed here, that is, the identification of the environmental fragility of geographic spaces and the potentialities and technical limitations of their different categories and zones of integrated environmental fragility, as well as the analysis of the environmental scope of the proposed development.

2.2.2 The IFA zoning map MUST NOT be considered or interpreted as the land-use zoning map generated by the Regulatory Plan or the Land-Use Plan; on the contrary, it is an input for the diagnostic component, which applies the environmental premise and establishes the bases so that the authorities, together with the other social stakeholders involved, can decide on the most accurate and appropriate uses to be given to the land of the territory subject to planning.

…" The Environmental Viability (License) is defined as the condition of harmonization or acceptable balance, from the point of view of environmental load, between a work or project and its potential environmental impacts; from an administrative and legal point of view, it corresponds to "… the act in which the Environmental Impact Assessment process is approved, whether in its Initial Environmental Assessment phase…", which denotes a nature distinct from that intended by the plaintiffs, since a comprehensive reading allows understanding that it is a phase of the procedure for approving Regulatory Plans, to establish a basic and improvable reference and diagnosis, given that as an environmental floor, it can be improved, even after the relevant institutions grant approval to the Regulatory Plan, such as the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), or the Costa Rican Tourism Institute (ICT) itself, through specific legislation, and of course, the interested municipal corporation itself.

4.- On the defects in the content and quality of the information presented at the explanatory public hearing of the Regulatory Plan. The Municipality's central argument is that the environmental studies were indeed presented to the interested parties, although they evidently had to be expanded with supplementary studies later. This could lead to a discussion about the quality of the information offered at the public hearing, which in the judgment of this Court, is the central question of the action, whether that missing information was of such significance that it should have been explained to those present. The fact is that the public hearing of December 14, 2011, occurred before the issuance of the environmental viability by resolution No. 1909-2012-SETENA; the question is valid, whether it was necessary to alter the urban planning approval procedure afterwards. The Municipality asserts that there is no harm, given that it in no way modifies or harms the regulations, zonings, of the new Coastal Regulatory Plan. In the judgment of this Court, it must be indicated that, after SETENA's request for information by official communication SG-DEAE-032-2012 of February 9, 2012, the information requested and presented turned out to be confirmatory of what had already been recorded in the strategic environmental assessment report of the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Carrillo presented at the hearing. That is, as the Municipality argues, the Regulatory Plan did not need to undergo significant modifications. This means that the public hearing was held with certain information, which was presented to the attending public, and although further information was subsequently gathered, supplementary if you will, it is possible for this Court to determine that the general guidelines remained and these remained intact. According to the Municipality, there were two changes: in the parking area and in the location and orientation of an access road; the rest was preserved in the Regulatory Plan. These changes improved the project, not worsened it, as is intended to be alleged. This brings us to one of the precedents cited by the parties:

"From the foregoing facts, no violation whatsoever of the fundamental rights of the amparo petitioner emerges, regarding the call for the public hearing on the Reform Project to the Regulatory Plan of San José, called the Urban Master Plan (PDU), and its regulations, which was published with sufficient advance notice; the agreement referred to by the appellant, also published with sufficient advance notice, only modified the date of the hearing, not any of the other elements to consider; moreover, the information on the project, documents, and maps were made available to the public on the Municipality's website and on the service platform. [...] On the other hand, the environmental provisions that need to be incorporated into the Regulatory Plan were incorporated into the project and the rest are in the process of approval by SETENA, for their subsequent approval independent of that of the Plan, through the legally provided procedure. Consequently, it is appropriate to dismiss the appeal…" The text in bold is not from the original. Judgment of the Chamber No. 2011-06216 On the other hand, the regulations applicable to the procedure followed by the Municipality took into consideration the resolution in force at that time, SETENA No. 1704-2011-SETENA of July 13, 2011, which establishes that territorial planning proposals, with the exception indicated, must present:

"2.1 Notarial Certification demonstrating that the holding of the public hearing provided for in the Urban Planning Law has been complied with, prior to sending the final project to SETENA for obtaining environmental viability. This hearing constitutes a mandatory compliance requirement, which, because it is linked to the exercise of the right to citizen participation, is a matter that directly affects it, and must be held prior to the taking of the administrative decision." In this sense, at that time, an explanatory public hearing for the neighbors about the scope of a regulatory plan was required, which in itself implied a mandatory action by the Municipality to obtain environmental viability. It is important to note that this determination was subsequently modified by resolution No. 0614-2012-SETENA of February 29, 2012, but, at the time it was held, that provision remained in force. It must be considered that, in effect, Article 17 of the Urban Planning Law does not establish a strict chronological order for the different institutional approvals. Therefore, it is proper that these omissions be discussed in a broader avenue than can be offered in this constitutional jurisdiction. A more demanding scrutiny of the allegations would have to be made, if what is intended to be demonstrated is that the Regulatory Plan was indeed modified to the detriment of infra-constitutional normative provisions. This Chamber reiterates again that constitutional jurisdiction must safeguard constitutional rights and principles when they are grossly infringed by public administrations. For the rest, there are the ordinary Courts of Justice. Even the defect alleged regarding the timing of holding the public hearing is one that, it can be argued, depends on the degree of disruption of the technical discussions in which the environmental studies, submitted subsequently to SETENA for evaluation, were modified. In line with this conclusion, judgment No. 2011-05516 must be highlighted, as it established that:

"While it is true that this Chamber has recognized the existence of the right to citizen participation in environmental matters, this right must be understood, at least to be cognizable by this jurisdiction, for those projects that, due to their special nature and great significance or impact, may significantly affect a community." Since this is a constitutional principle, its adaptation in other legal norms is a logical consequence, even encompassing broader areas than those constitutionally protected through amparo, which is consistent with the legal system. However, the verification of these hearings or communications does not fall to this jurisdiction in all cases, but only in those where they are indispensable due to the degree of impact, such as cases technically considered to have a high environmental impact, an assumption that we are not faced with in the present case, since it concerns a project classified as having “low potential environmental impact” …”.

It must be concluded, then, that under a better consideration of the Court and the evolution of its jurisprudence, the public hearing may take place prior to the granting of environmental viability (viabilidad ambiental), under considerations carefully analyzed by the decision-making body, provided that, and as in the present case, and through a highly exceptional avenue, the granting of such viability imposes on the municipal entity a series of recommendations aimed at effectively protecting the environment. Otherwise, we would be facing a typical case of nullity for nullity's sake, since, as is well known, and following the theory of nullities, that theory has been discarded, given that a nullity must be declared only if there is indeed an impact on public interests, in this case real or potential damage to the environment, a situation that does not occur in this case, in addition to the fact that the structural elements of the administrative act, both formal and material, are included in the Regulatory Plan (Plan Regulador) being challenged. The timing of this obligation yields according to the degree of technical requirements in the matter. Additionally, this Chamber has also held, in judgment No. 2012-14111, that:

“… if science and technique propose a univocal treatment, legal and political decisions must be guided by them. In this sense, the greater the dangerousness of an activity, the stricter the requirements must be; conversely, if a determined practice or activity has a low environmental impact, the political and legal requirements can be relaxed, as has indeed been described […]. In this sense, environmental law could not lead to a tyranny of citizen participation by privileging it above the exact rules of technique and science, if these allow the timing to be relaxed or made more flexible, and if there are no reasons today to consider a regulatory change, nor would there be reason to establish that a treatment different from the univocal one of science and technique is required.” Even though the approval procedure for the urban planning is challenged due to the alleged absence of technical information, it is clear that information was indeed provided to interested parties, and to demand it be exhaustive from a citizen hearing would in itself be a contradiction, turning it, beyond a source of information and a feedback instrument to elevate the quality of the public act to be issued, into an obstacle for its issuance. The Chamber must intervene in cases where there is a strong contradiction with the invoked constitutional principles, but not when it must descend to highly meticulous matters, which, in any case, the claimants have not substantiated.

B.- Lack of protection for a healthy and ecologically balanced environment. The other challenged aspect to be resolved in this action concerns the claims regarding the lack of protection for turtle nesting sites. Studies from the School of Environmental Sciences of the Universidad Nacional de Costa Rica are offered, www.ambientico.una.ac.cr/A41.pdf; despite difficulties in downloading the information from the network, access was finally obtained and it was analyzed during the public hearing, concerning the black turtles. For their part, the authorities' reports reveal that the nature of the discussion is not purely one of principles and values of the Political Constitution, but of which technical criteria should prevail for the conservation of sea turtles, given that the provisions of the Regulatory Plan are considered insufficient guarantee and will negatively influence the behavior of the turtle when it comes to lay eggs on the beach. The coastal urban planning allows for development spaces within concession areas in a very limited way, at 40%, but with strong limitations, not only regarding land cover (cobertura) of the area but also concerning the Light Control Zone (Zona de Control Lumínico).

“Protection of Turtles Article 53.- Supplementary regulation: Areas facing the sea, in turtle nesting zones, are established as Light Control Zones (ZCL). In these zones, the following provisions are established as an additional regulatory layer to zoning, to achieve a balance between development and the protection of sea turtles.

Article 54.- Density: Except in those cases where, for reasons of Environmental Fragility, a greater limitation is imposed, the maximum density in the ZCL shall be limited to 40% of the area, including streets, sidewalks, buildings, and other constructions.

Article 55.- Natural cover (Cobertura natural): Every concession in a ZCL must incorporate an additional setback of 5 meters between the boundary line delimiting the Public Zone (ZP) and the building line. In this area, the construction of any type of permanent or temporary infrastructure shall not be permitted, and it must be dedicated to the cultivation and maintenance of a vegetative barrier with native species of trees and plants. This barrier must reach at least the maximum height permitted for the respective use – in accordance with the description included in these Regulations.

Article 56.- Limitations for lighting reasons: In the ZCL, the municipality must reject any construction permit application that incorporates structures exceeding the maximum permitted height, or that incorporates lights directed straight towards the sea or towards the mangroves.

Likewise, the municipality must reject any construction permit application that does not incorporate window fixtures with light filters reducing light transmission by at least 95%, in those windows planned facing the sea.

The municipality shall condition the granting of the respective construction permit in nesting zones on the incorporation of artificial barriers, such as shade cloth, during the construction process of the works…” This Chamber, on another occasion, resolved a constitutionality action in which the establishment of buffer or mitigation areas was examined, as spaces with lawful purposes regarding certain environmental protection regimes, benefiting both human activity and nature, as both can be reciprocally benefited, or, why not, benefited by human inactivity according to environmental purposes and current regulations. Thus, by judgment No. 2010-14772 of 14:35 hours on September 1, 2010, this Chamber established that:

“But furthermore, to resolve the constitutionality action, the Chamber must determine what a buffer zone is and its functions. Legal doctrine indicates that these are zones adjacent to protected areas, whose protection regime is less intense than that received by the protected area. Therefore, from an administrative perspective, land use in a buffer zone fulfills a dual function: it serves as an additional layer safeguarding the protected area and provides certain resources to surrounding communities. Its regime, consequently, is less restricted than the protected area, but for this reason, it is necessary, to avoid negatively impacting that area, to determine which practices are compatible in the buffer zone due to its close relationship with the protected area. In this sense, its function is specifically linked to the protection of the protected wilderness area (área silvestre protegida), with an additional extension of area that allows the buffering of all its protected habitats and the reproductive cycles of flora and fauna, even in the adjacent area. On the other hand, the Buffer Zone allows for certain economic activity for adjacent populations, to provide a socio-buffering activity, where conservation and protection would not be the main premise, and wildlife can be used to a limited extent by surrounding inhabitants, provided this does not conflict with the main objectives of the Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida). Hence, prima facie, any activity carried out within the buffer zone that implies incompatibility with the protection objectives of a Protected Wilderness Area shall be unconstitutional due to infringement of Article 50 of the Political Constitution, unless, in the determination of the type and extent of these areas, some type of compatibility can be derived with protection and conservation priorities, the needs of traditional populations depending on the buffer area, and finally the economic implications that may arise from it, all in a sustainable manner.” For the case at hand, it is clear that the legislation specifically challenged in this action serves to establish not only a buffer zone but also fulfills a constitutional objective, which is the necessary human interaction, with all its economic activities under the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) regime, providing protection to the public zone as part of the Natural Heritage of the State in the face of regulated activities that could be developed in the Restricted Zone. From the foregoing, it is clear that the claimants' argument would lead to the conclusion that the provisions are insufficient to guarantee protection for turtles nesting in the area. Even with the argument of the Municipality of Carrillo when it denies that Matapalo, Zapotal, and Manzanillo Beaches are internationally recognized sites where different sea turtles habitually nest, it is acknowledged that nesting by different turtles can occur on the beaches affected by the Regulatory Plan, which has been occurring throughout history. But it is relevant to establish here that no other Regulatory Plan exists to curb touristic and urban development in the area, as these zoning provisions can attempt to do, meaning that a declaration of unconstitutionality of the norm itself implies a significant regression, contrary to what is mandated by Article 50 of the Constitution. On the other hand, changes brought about by SETENA itself have been instrumental in modifying the orientation of an access road and vehicle parking area, as well as the establishment of natural barriers greater than the five meters stipulated in the Regulations, consisting of thirty meters that provide greater protection against light reaching the beach, which, it is incontrovertible, causes confusion to hatchling or adult sea turtles. Regarding the various obligations voluntarily undertaken by the Costa Rican State in the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, this allows for the ordering and regulation of the use of beaches and coastal dunes, the location and characteristics of buildings, the use of artificial lighting, and the transit of vehicles near nesting areas. Logically, claiming that the five meters, like the additional thirty meters on the zoning map, entail a lack of environmental protection, specifically to the detriment of turtles, due to the impact human activity would have on wildlife, must be properly supported by scientific and technical reasoning, and it must be demonstrated that the criteria used by the municipality are improper. In this sense, the Constitutional Chamber, in its jurisprudence, has established among the different constitutional principles conditioning State action, the following:

“Of the objectification of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental): which, as stated by this Court in judgment number 14293-2005, of fourteen hours fifty-two minutes on October nineteenth, two thousand five, is a principle that […], as derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration, translates into the need to accredit decision-making in this matter with technical studies, both regarding acts and provisions of a general nature – both legal and regulatory –, from which the requirement of "linkage to science and technique" is derived, which conditions the Administration's discretion in this matter. So, in consideration of the results derived from these technical studies – such as environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) –, if an objective technical criterion is evidenced that shows the probability of clear damage to the environment, natural resources, or human health, it becomes mandatory to reject the proposed project, work, or activity; and in the case of a "reasonable doubt," it becomes mandatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.” (Judgment No. 2006-17126).

In the case at hand, the environmental viability (viabilidad ambiental) for the Coastal Regulatory Plan was granted by SETENA to the Municipality based on the environmental assessments carried out, including complementary studies. Thus, the nature of the discussion does not point to serious infringements of protective environmental regulations, but rather to the alleged insufficiency and timing of the technical and scientific foundations that served as the basis for the decision. Throughout the constitutionality action, the claimants have argued general matters to challenge the regulations, but not specific claims revealing a decision contrary to the principle of the objectification of environmental protection. On the contrary, an approval procedure for the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Carrillo (partial) is demonstrated, with concatenated actions that were attended to especially by SETENA, which grants the environmental viability through resolution No. 1909-2012-SETENA of July 17, 2012, with specific indications in the Twenty-First Considerando establishing the requirement and necessity for projects to conform to the “Integrated Marine Bioaptitude Fragility Index” (Índice de Fragilidad de Bioaptitud Marino Integrado) that incorporates the topic of sea turtle nesting, and the creation of an environmental office or competent department with the relevant environmental fragility information: all of which, if one wishes to challenge as insufficient, must be done through the ordinary jurisdictional route (Article 10 of the Contentious-Administrative Procedural Code). It is an uncontested fact in this constitutional process that one of the beaches, Matapalo, is a nesting site for turtles. Proof of what is being affirmed are the measures adopted in the Coastal Regulatory Plan starting from Articles 53 onwards, precisely to protect this species. The point in question is whether these measures are sufficient or not for turtle protection. There is no doubt that the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles imposes on the State of Costa Rica, and consequently on the organs and entities of the Public Administration, the protection, conservation, and recovery of sea turtles and their habitat (Article IV, paragraph 1). Among the instruments provided for by the International Instrument is the designation of protected areas, as set forth in Annex 2. For its part, the aforementioned Annex establishes that State Parties may adopt environmental impact assessments for activities related to coastal and marine developments that may affect sea turtle habitat, including: dredging of channels and estuaries; construction of retaining walls, docks, and marinas; material extraction; aquaculture facilities; establishment of industrial facilities; the use of reefs; deposit of dredged materials and waste, as well as other related activities. Likewise, it is reiterated that organs and entities are authorized by this International Instrument to order and, if necessary, regulate the use of beaches and coastal dunes regarding the location and characteristics of buildings, the use of artificial lighting, and the transit of vehicles in nesting areas. Finally, the State Parties may establish protected areas and other measures to regulate the use of nesting areas or areas of frequent sea turtle distribution, including permanent or temporary closures, adaptation of fishing areas, and, to the extent possible, restrictions on vessel transit. Adopting the foregoing as a reference framework, within its area of competence, the municipal corporation includes in its Coastal Regulatory Plan a series of measures to protect, conserve, and recover the sea turtle population and its habitat; the legal controversy lies in the fact that the claimants consider these measures (contemplated in articles 53 to 56 inclusive) to be insufficient. The municipal corporation holds the opposite view, as do the passive coadjuvants. For its part, the study provided by the claimants is not conclusive, as, after recognizing that Matapalo Beach is one of the main nesting beaches – an uncontested fact –, it merely states that “(…) the threats detected were: illegal egg collection, development of nesting beaches, and uncontrolled tourism.” On this matter, some rigorous observations are necessary: Firstly, this study does not evaluate whether the measures adopted in the Coastal Regulatory Plan are sufficient or not to protect the species. Secondly, regarding Matapalo, its finding is limited to indicating that “(…) nests of black turtles were observed deposited in an area with intense human traffic.” Finally, there is no analysis of the buffer area and the 40% density of land for construction. All these and other aspects are not subject to analysis, for the elementary reason that this was not among its objectives. Now, determining whether the measures contemplated in the Coastal Regulatory Plan are sufficient or not from a technical and scientific perspective exceeds the object of this constitutional process, and belongs to the ordinary route, where, in ordinary plenary proceedings, the parties may broadly present evidence and counter-evidence, be accompanied by expert-advisors, request expert reports, etc., and, in this way, reach a degree of certainty regarding the effectiveness or otherwise of the measures contemplated in the cited Plan. In this case, the object of the action is more limited: to determine whether the cited Plan contains measures to protect the environment; the answer is affirmative, as it possesses environmental viability (viabilidad ambiental) and contains protection norms. On the other hand, the Plan conforms to what the International Instrument stipulates, or stated negatively, no contradiction between the Convention and the challenged Plan is proven. Nor is it argued that the regulations violate Article 50 of the Constitution by omission. The legal controversy is therefore limited, as has been stated repeatedly, to determining the effectiveness or otherwise of the measures contemplated in the Plan, an extreme that must be discussed broadly through the ordinary route, as indicated supra.

Finally, regarding the claim made in connection with the petition to declare the entire Regulations and remaining provisions of the Coastal Regulatory Plan unconstitutional, concerning the granting of alignments, approval of cadastral plans, etc., given the manner in which this matter is resolved, it is not necessary to rule on this.

V.- Conclusion. For all the foregoing reasons, the action must be declared without merit, as is hereby done.

VI.- Dissenting Vote (Voto Salvado) of Judges Armijo Sancho, Cruz Castro, and Rueda Leal, drafted by the last. The undersigned do not share the majority's opinion, in that the action is dismissed by considering that a violation of the principle of citizen participation did not occur in the case under study. This issue is a matter of constitutional relevance not only because the democratic principle established in Article 9 of the Constitution is at stake but also because of the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment regulated in Article 50 of the Magna Carta.

I.- On citizen participation in environmental matters. Based on the democratic principle of citizen participation established in Article 9 of the Constitution, this Court has protected the right of citizens to actively participate in decision-making of general or collective interest. Precisely, this Chamber has repeatedly indicated that in the idea of participatory democracy – of active and full popular participation –, the democratic principle acquires its true dimension. Likewise, the Chamber has linked citizen participation with the right to a healthy environment, as guaranteed by Article 50 of the Constitution.

This condition was not recognized recently, but since 1972 at the United Nations Conference on the Human Environment, held in Stockholm, where it was expressly established in Principle 10 of the Rio Declaration that, regarding human and environmental development, the active participation of all social subjects and public authorities must be guaranteed through access to and publicity of environmental information, as well as the dangers surrounding sustainable development:

“The best way to deal with environmental matters is with the participation of all concerned citizens, at the corresponding level. At the national level, every person shall have adequate access to environmental information held by public authorities, including information about materials and activities that pose dangers in their communities, as well as the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information available to all. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, must be provided.” Based on that provision, international and regional commitments related to access to information, participation, and justice in environmental matters emerged. Among them, Agenda 21, within the framework of the United Nations Conference on Environment and Development, which focused on an adequate environmental policy for sustainable development and included various chapters on access to environmental information. Subsequently, in 1998, the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters. This convention was held in Aarhus, Denmark, signed by countries of the Economic Commission for Europe, establishing basic parameters that favor access to information, citizen participation, and access to justice in environmental matters. In essence, it properly develops the three elements set out in Principle 10 of the Rio Declaration, subscribed to by our country. Similarly, these efforts continued: in 1999, with the Inter-American Strategy for the Promotion of Public Participation in Decision-making for Sustainable Development, approved by the member governments of the Organization of American States; in 2006, with the Declaration of Santa Cruz +10; and in 2012, at the United Nations Conference on Sustainable Development Rio+20, which concluded with the issuance of the document entitled “The Future We Want,” linked to access to environmental information, public participation in sustainable development, and the judicial and administrative mechanisms necessary to promote sustainable development. A conference in which Costa Rica acquired the commitment to promote domestically the three pillars of Principle 10 of the Rio Declaration, which are basically:

1- Access to public information.

2- Participation of citizens in decision-making related to the environment.

3- Effective access to judicial and administrative procedures.

Next, we shall proceed to address these 3 pillars.

1- Access to public information. This is the right of every person to access information of public interest, which fosters freedom of expression, because through the knowledge obtained about a particular matter, a person can exercise their right to opinion, to control public affairs, and even to exercise other rights such as environmental protection, health, etc. This was recognized by the Inter-American Court of Human Rights in its judgment of September 19, 2006 (Claude Reyes et al. vs. Chile), in which it stated:

“…76. In this regard, the Court has established that, according to the protection granted by the American Convention, the right to freedom of thought and expression includes ‘not only the right and freedom to express one’s own thoughts, but also the right and freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds.’ 73. Like the American Convention, other international human rights instruments, such as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, establish a positive right to seek and receive information.

77. Regarding the facts of the present case, the Court considers that Article 13 of the Convention, by expressly stipulating the rights to ‘seek’ and ‘receive’ ‘information,’ protects the right of every person to request access to information under the control of the State, with the exceptions permitted under the Convention’s regime of restrictions. Consequently, said article protects the right of individuals to receive such information and the positive obligation of the State to provide it, in such a way that the person can have access to know this information or receive a reasoned response when, for some reason permitted by the Convention, the State can limit access to it for a specific case. Such information must be provided without needing to prove a direct interest for obtaining it or a personal effect, except in cases where a legitimate restriction applies. Its delivery to a person may, in turn, allow it to circulate in society so that others may know it, access it, and assess it. In this way, the right to freedom of thought and expression encompasses the protection of the right of access to information under the control of the State, which also clearly contains the two dimensions, individual and social, of the right to freedom of thought and expression, both of which must be guaranteed by the State simultaneously (…)” Placing this right within the framework of the case under study, we shall refer to the importance this right holds when information is directly linked to environmental matters.

To that end, we shall refer to the provisions set forth in the international instruments cited and subsequently to our own legal system.

Although it is not contemplated as a national normative instrument, the Aarhus Convention may be cited as an internationally relevant reference, whose section 2 clearly sets forth what should be understood as information on the environment:

“…‘Information(es) on the environment’ means any information available in written, visual, oral, or electronic form or in any other material form, pertaining to:

  • a)The state of the elements of the environment, such as air, the atmosphere, water, soil, land, landscape and natural sites, biological diversity and its components, including genetically modified organisms, and the interaction among these elements; b) Factors, such as substances, energy, noise and radiation, and activities or measures, in particular administrative measures, environmental agreements, policies, laws, plans and programmes that have or may have effects on the elements of the environment referred to in subparagraph (a) above, including cost-benefit and other economic analyses and hypotheses used in decision-making on environmental matters; c) The state of human health, human safety and living conditions, as well as the state of cultural sites and buildings, insofar as they are or may be altered by the state of the elements of the environment or, through these elements, by the factors, activities or measures referred to in subparagraph (b) above…” The Economic Commission for Latin America and the Caribbean, for its part, in the document entitled “Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe,” states that access to environmental information encompasses two central elements: on the one hand, the generation of information on the environment, and, on the other, the right of citizens to access the information held by public authorities and, consequently, the obligation of governments to make the information available to everyone in an easy and accessible manner (http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/51389/Accesoalainformacion.pdf). The relevance of this information lies in the fact that, being linked to circumstances that may affect the environment, it is of interest to the collective. This implies for the State not only the duty to permit access to the information it holds, but also the duty to disseminate it and inform the population about its actions regarding the environment. This serves as an instrument of public administration accountability, to guarantee transparency and good governance.

That is why the restrictions that may be opposed to this right must be strictly necessary so that the framework for access is as broad as possible. In this regard, the Aarhus Convention states in article 4.3:

“(…) 3. A request for information on the environment may be refused if:

  • a)The public authority to which the request is addressed does not hold the information requested; b) The request is clearly abusive or is formulated in too general a manner; or c) The request concerns documents that are still being prepared or concerns internal communications of public authorities, provided that this exception is provided for in domestic law or custom, taking into account the public interest served by disclosure of the information requested.

4. A request for information on the environment may be rejected if the disclosure of such information would have adverse effects on:

  • a)The confidentiality of the deliberations of public authorities, where such confidentiality is provided for under domestic law; b) International relations, national defense, or public security; c) The proper course of justice, the ability for any person to receive a fair trial, or the ability of a public authority to conduct a criminal or disciplinary investigation; d) Commercial or industrial confidentiality, where such confidentiality is protected by law to defend a legitimate economic interest. Within this framework, information on emissions relevant for the protection of the environment shall be disclosed; e) Intellectual property rights; f) The confidentiality of personal data and files relating to a natural person if that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where the confidentiality of this type of information is provided for by domestic law; g) The interests of a third party who has provided the information requested without being required to do so by law or without being able to be required to do so by law, and who does not consent to the disclosure of such information; or h) The environment to which the information refers, such as the breeding sites of rare species.

The aforementioned grounds for refusal shall be interpreted restrictively, taking into account the public interest served by disclosure of the information requested, and according to whether or not this information relates to emissions into the environment…” Our Political Constitution and the case law of this Tribunal have been consistent with the foregoing. Article 30 of the Constitution guarantees free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest and provides that State secrets shall be preserved. Regarding this latter exception, since this standard does not establish what is understood as State secrets, the Constitutional Chamber has had to verify, in each case, the circumstances alleged as grounds for the denial of information and has developed this right (see judgment No. 2003-2120 of 1:30 p.m. on March 14, 2013).

Likewise, when dealing with information of an environmental nature, its access is also justified by the provisions of articles 21 and 50 of the Political Constitution, which, in order, protect the right to life –correlatively to health– and to a healthy environment.

This access implies for any person the possibility of contributing to sustainable development, since, by knowing the information about any event or project, it is possible to control public management, which also represents a mechanism for adopting more effective administrative decisions that are accepted by the collective.

2- The participation of citizens in decision-making related to the environment. As already indicated, the second pillar established in Principle 10 of the Rio Declaration is access to the participation of citizens in decision-making related to the environment. According to this principle, the best way to deal with environmental issues is with the participation of all interested citizens, at the corresponding level, so the opportunity to participate in the decision-making processes must be guaranteed. It also establishes that to achieve such a goal, States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information available to everyone.

The starting point is that it cannot be expected that the governed participate actively in matters of interest if they do not have or are not aware of the information that supports public action.

The Economic Commission for Latin America and the Caribbean, for its part, in the document entitled “Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe,” cited above, precisely warned that an “additional challenge is the need to establish and make transparent the manner in which the observations received from citizens are weighed and to create mechanisms to that effect, which contributes to giving greater credibility to the processes and to preventing potential conflicts. The difference between the community’s perception and what is provided by laws and regulatory frameworks regarding the meaning of participation is an element that sometimes generates frustration and distrust in the population regarding the effective opportunities to influence decision-making in environmental matters (United Nations, 2012).” The Aarhus Convention, for its part, in article 6.2.3.4 provides:

“2. When a decision-making process concerning the environment is initiated, the public concerned shall be informed, as appropriate, effectively and in a timely manner, by means of public notice or individually, as the case may be, at the outset of the process. The information shall refer in particular to:

  • a)The proposed activity, including the corresponding application on which a decision will be adopted; b) The nature of the possible decisions or the draft decision that could be adopted; c) The public authority responsible for taking the decision; d) The planned procedure, in particular, the cases in which this information may be provided:
  • i)The date on which the procedure will begin; ii) The possibilities offered to the public to participate therein; iii) The date and place of any planned public hearing; iv) The public authority from which relevant information may be obtained and where that information has been deposited for the public to examine it; v) The public authority or any other competent public body to which observations or questions may be addressed and the time schedule for the communication of observations or questions; vi) The indication of the information on the environment relating to the proposed activity that is available; and e) The fact that the activity is subject to a national or transboundary environmental impact assessment procedure.

3. Reasonable time frames shall be provided for the different phases of the public participation procedure, allowing sufficient time to inform the public in accordance with paragraph 2 above and for the public to prepare and participate effectively in the work throughout the entire decision-making process on environmental matters.

4. Each Party shall adopt measures so that public participation begins at the beginning of the procedure, that is, when all options and solutions are still possible and when the public can exercise a real influence.” In accordance with the foregoing, the participation process must be encouraged transparently and with as much information as possible. Participation in this sense generates better management of natural resources, contributes to transparency and to the proper handling of public funds. Let us remember that environmental matters are the concern of all members of society, not only the government, so it is also the duty of each citizen to ensure the conservation of the environment and to promote sustainable development. That is why it must comprehensively encompass the different sectors of the population.

On the other hand, the hearing granted to citizens cannot become a mere formality. This Tribunal has repeatedly stated:

“…it must be carried out prior to the adoption of the administrative decision, thus constituting a manifestation of the democratic principle. Consequently, this type of hearing does not simply form part of a procedure that, as a formality, must be scheduled, such that it can be set in a way that renders nugatory the exercise of the right it seeks to protect, by being granted under conditions that turn it into a mere formality, incapable of achieving the objectives it is meant to achieve in protecting the right to information and citizen participation, although certainly it must also not become an obstacle to the issuance of a timely resolution of the matter.” (Judgment number 2004-12242 of 2:28 p.m. on October 29, 2004) Thus, the call for the hearing and the manner in which it is disseminated is of great importance to ensure the effective exercise of the principle, guarantee, and fundamental right to deliberative participation (participatory and deliberative democracy). The mere call to a hearing is not enough; what is important is that this takes place in terms in which people really know what to expect, that is, that they be placed in a position such that they can evaluate the magnitude of the impact of a measure and identify the elements that support it, while at the same time having a reasonable time to analyze said measure and be aware of the circumstances of time and space in which the hearing will be held, which in all cases must be reasonable (e.g., an unreasonable hearing would be one held in a remote location). Otherwise, the hearing becomes a meaningless formality.

Moreover, with these spaces for public debate on matters of interest to the community, the aim is not only the participation of interested persons but also the deliberation of public affairs. This phenomenon has been called participatory and deliberative democracy, which is characterized by the fact that the citizen not only participates with their vote but also actively puts forward various arguments in defense of their rights and interests. It presupposes a procedure for adopting political or administrative decisions in which the opinion of the community must be, at least, heard and analyzed, given that participatory and deliberative democracy is only effective if the final decision considers the results of the deliberation. Therefore, in any representative, participatory, and deliberative democracy, access to transparent, objective, and complete information is an indispensable instrument for the full enjoyment of the principle, guarantee, and right to citizen participation and deliberation. Hence the close relationship between the democratic principle of citizen participation and the rights of individuals to a healthy and ecologically balanced environment.

For this reason, it is of fundamental importance that the information made available to the public for public hearings, where environmental matters are discussed, must deal not only with the project itself that is being sought, but also with that which has given it support. In judgment No. 2003-6322, this Tribunal developed this principle in the following manner:

“11.- citizen participation in environmental matters: Citizen participation in environmental matters encompasses two essential points: the right to information regarding environmental projects, or those that may cause harm to natural resources and the environment, and the guarantee of effective participation in decision-making on these matters. Therefore, the Costa Rican State must not only invite citizen participation but must also promote and respect it when it occurs (Judgments number 2001-10466, cited above). Thus, of great importance is the making available to interested parties of the information that public offices have on the matter, such as the information relating to environmental impact assessments (evaluación de impacto ambiental, EIA) under the responsibility of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), or that required for the approval of regulatory plans by the respective municipalities, for example… It was the Rio Convention that, in Principle 10, elevated this participation to the rank of a principle in environmental matters, by stating "The best way to deal with environmental issues is with the participation of all interested citizens, at the corresponding level. At the national level, every person must have adequate access to environmental information held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, as well as the opportunity to participate in the decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information available to everyone. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and relevant remedies, shall be provided." From this principle, the importance given at the international level to environmental matters is clearly evident, and in general, above all, to the participation of civil society in decisions of great importance to the community. Costa Rica being a signatory State, this instrument certainly obligates and conditions it, for that is the consequence of its signature, as this Tribunal considered in judgment number 8319-2000, at ten hours eighteen minutes on September eighth of the year two thousand:

"Thus, its purpose is for governmental decisions to be the consequence of a discussion that is not restricted to small official circles or partial interests, but rather that other opinions be taken into consideration, with the necessary openness to create broadened debate, even without failing to comply, of course, with the requirements established by the corresponding legislation. This is not about an unconstitutional deviation from the principle of legality of the Public Administration, though it certainly is about a more democratic form of government, which broadens the forums for debate on topics such as environmental protection, and by virtue of which these are left open to citizen intervention and opinion. We are, then, facing an option already very accepted in the evolution of the concept of democracy, and this amparo offers a magnificent opportunity to give it clear and effective force, so that it does not remain mere discourse. For this very reason, the environmental issue is a topic that the Chamber has already recognized as one that grants individuals a special standing, and which is recognized as a ‘reactional right’ (vid. judgment 2233-93 and 3705-93 of this Chamber).

'In environmental law, the procedural requirement of standing tends to be extended and expanded in such a dimension that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, it being necessary to understand that, in general terms, any person can be a party and that their right does not emanate from property titles, rights, or concrete actions that they could exercise according to the rules of conventional law, but rather that their procedural action responds to what modern legal scholars call the diffuse interest, through which the original standing of the legitimate interested party or even of the mere interested party is diffused among all the members of a certain category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that violate them. In the case of environmental protection, the typically diffuse interest that legitimizes the subject to bring action is transformed, by virtue of its incorporation into the list of human rights, becoming a true "reactional right," which, as its name indicates, empowers its holder to "react" against the violation originating from illegitimate acts or omissions.' (vid. judgment 3705-93) It is for this reason that, by Law 7412 of June 3, 1994, the Legislative Assembly reformed article 50 of the Political Constitution, guaranteeing every person the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this matter, then, there is standing to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused, through effective access to judicial and administrative proceedings. Thus, when the Political Constitution mentions that the Government of the Republic is popular, representative, alternating, and responsible, we must be clear that citizen participation is not limited to the mere exercise of the right to vote, or to the aspiration of attaining a popularly elected public office, but rather, additionally and in this new vision, to that of offering people the real opportunity to contribute to the taking of the State’s political decisions, especially when these have national importance, or could eventually affect the fundamental rights of certain sectors of the population. From Articles 1 and 50 of the Constitution, then, the consideration that citizens deserve in a democratic state is rescued, in which they can at least have access to environmental information held by public authorities, just as the appellants indicate. The precept commented upon, then, incorporates the cited principle through access to the information held and its dissemination, so that decision-making is not confined to a limited group of interests. Certainly, in the matter we are now analyzing, our legal system already provides that individuals may request SETENA to carry out public hearings, for the effect of taking into account the positions formulated by the communities interested in the making of decisions that affect the environment, which has been included in the Ley Orgánica del Ambiente and its Reglamento, as the appealed authority informed." Precisely, the Ley Orgánica del Ambiente recognizes this principle in Articles 6 and 23, which textually provide, as relevant:

"Article 6. Participation of the inhabitants The State and the municipalities shall promote the active and organized participation of the inhabitants of the Republic in decision-making and actions aimed at protecting and improving the environment." "Article 23. Publicity of information The information contained in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) file shall be public in nature and shall be available for consultation by any person or organization." Likewise, in the Reglamento sobre procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, this principle is also incorporated, being provided in Chapter IV, which regulates matters relating to the public hearing foreseen within the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) procedure (articles 35 to 40), in which the active participation of both civil society and the municipalities is foreseen –the latter in their condition as the entity "[...] constituted by the group of neighboring residents of a single canton, who promote and administer their own interests through the municipal government" (article 1 of the Código Municipal).

A similar standard exists in the Ley de Planificación Urbana, regarding the approval by municipalities of regulatory plans, in obliging them to "1) Call a public hearing through the Official Gazette and the necessary additional dissemination, indicating the venue, date, and time to hear about the project and the verbal or written observations that the neighbors or interested parties may wish to formulate. The scheduling must be made no less than fifteen business days in advance" (article 17 of the Ley de Planificación Urbana).

This principle of citizen participation in environmental matters originates and is justified precisely by the application of the embodiment into positive law of the democratic principle –enshrined in article 1 of the Political Constitution. It is important to highlight that this participation can be achieved individually, through associative groups of a private nature, as well as through local governments, which, by their competence assigned in article 169 of the Constitution, are recognized as having full competence to promote it in matters that may in some way affect the community of their jurisdiction, and rather, if they do not do so, they would be failing to fulfill one of the tasks that the constituent power assigned to them, and which has been developed in ordinary legislation "The municipalities shall promote the active, conscious, and democratic participation of the people in the decisions of local government. Public institutions shall be obliged to collaborate so that these decisions are duly fulfilled" (article 5 of the Código Municipal).

It is clear that citizen and municipal participation is of fundamental importance in promoting awareness of environmental problems and in contributing to the decision-making of the institutions responsible for the preservation, monitoring, and protection of the environment and natural resources…

…In this sense, it is indispensable that the hearing be held in a place where the neighbors can attend, and preferably at the location of the events, since otherwise, the hearing ordered by the Administration would fail to fulfill its purpose, where obviously a lack of resources cannot become an obstacle to introducing into the file all the evidentiary elements that the Administration requires to make a decision in matters of such fundamental importance, given that it will necessarily have implications for the environment and the community. Likewise, the importance of the participation of municipalities in the preparation of environmental impact assessments (evaluación de impacto ambiental, EIA) has been recognized in the Ley Orgánica Ambiental itself, in the second paragraph of article 22, which provides:

"Within five business days following the receipt of an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), the Secretaría Técnica Nacional Ambiental shall forward an extract thereof to the municipalities in whose jurisdiction the work, activity, or project will be carried out. Likewise, it shall give widespread dissemination, through the mass media, to the list of studies submitted for its consideration." Thus highlighting that community participation in decision-making on environmental matters forms part of the procedure to which the State must subject itself, and at the same time is a component of the fundamental right of every person, under the terms provided in article 50 of the Political Constitution. Therefore, constitutional case law has repeatedly held that the right to a hearing forms part of substantive due process and that it is a form of expression of participatory democracy… On the topic of information in environmental matters, it has been indicated:

"In matters of the environment, we must transfer this concept of the right to information to a new perspective that every individual or community has to request information and to be informed by any state entity [information] that cannot be obstructed by state institutions regarding any project that may affect the enjoyment of their right to a healthy and ecologically balanced environment. This, then, is the guarantee that will allow any individual or community, making use of the diffuse interests of access to participation, to participate within the decision-making processes that affect that right, for the opposite would be illusory and the constitutional norm would be superfluous [...]" (judgment number 2331-96, cited above).

In this special matter, every person must have adequate information about materials and activities or projects that may entail a danger or threat to communities (right to health), and to the conservation and preservation of the environment (right to a healthy and ecologically balanced environment), as well as for the effective opportunity to participate in the processes for adopting such decisions; given that, in the case of the right to the environment, standing corresponds to the human being as such, since the injury to this fundamental right is suffered both by the community –as a whole– and by the individual in particular. Therefore, the Administration must facilitate and encourage public awareness and participation by making information available to everyone, not only the members of the community but also the general citizenry, insofar as environmental matters have been considered to involve a true diffuse interest (as previously noted in this judgment).” 3- Effective access to judicial and administrative proceedings. Principle 10 of the Rio Declaration contemplates the third pillar, stating that “effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and relevant remedies, shall be provided.” Consequently, it is not enough to guarantee access to environmental information and public participation in environmental matters; rather, judicial and administrative bodies must also be available that support the first two elements of Principle 10.

This would be the guarantee of the effective exercise of such rights. Therefore, these must be expeditious and independent processes, aimed particularly at repairing environmental damage, where broad standing and low cost are sought to enhance access.

II.- On the importance of the environmental variable in the Plan Regulador. The Strategic Environmental Assessment (Evaluación Ambiental Estratégica) is a technical procedure through which municipalities are required to incorporate environmental fragility indices (índices de fragilidad ambiental, IFA) into Planes Reguladores and any other planning system, with the purpose of achieving an adequate balance that guarantees sustainable economic and social development in harmony with the environment. Article 62 of Decreto No.

31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, named “General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures,” defines it as follows:

“Article 62.—Objective and scope of Strategic Environmental Assessment. The Strategic Environmental Assessment aims to integrate the environmental impact variable into the planning of the country's economic development. It applies to national, regional, and local development plans, programs, and policies; generated by State entities including municipalities, watersheds (cuencas hidrográficas), and specific regions; and whose purpose is land-use planning, infrastructure development (urban, road, port, communications, energy, tourism, and agricultural, among others), or the use of natural resources (mining, energy, hydrocarbons, water, flora, and fauna).” A procedure that has been regulated by SETENA through Decree No. 32967, named Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process, which states in this regard:

“2.1.2 The result of applying this IFA method and the environmental scope analysis of the development proposal described herein is a zoning map of environmental fragility categories with respective tables of technical limitations and potentials, which will serve as guidance for decision-making on land-use planning and for defining, in a generic manner, its environmental scope, within a basic and elementary framework of Strategic Environmental Assessment applied to land-use planning (ordenamiento territorial).” In accordance with this Manual, the Environmental Analysis must generate a technical-legal instrument that, as a formalized regulation (Regulation for Sustainable Development of the geographic space under analysis) through the environmental viability (viabilidad ambiental) granting process, serves as a basis for regulating, guiding the environmental control, and conditioning of development execution within the territory under study (see article 6.3.5).

As already indicated, this mechanism is of great relevance because it seeks to achieve an adequate balance in urban planning, consistent with the protection of a healthy and ecologically balanced environment:

“…6.2.2 Within Chapter VII of the General Regulation on Environmental Impact Assessment, several instruments and general guidelines are incorporated for the introduction of the environmental impact variable within strategic planning, including land-use planning at different scales than those used in regulatory plans (planes reguladores) and for larger geographic contexts, such as the primary watersheds that exist in the country and which generally include several canton territories and would therefore include several individual regulatory plans. This guideline is included in the sense that SETENA is clear that the introduction of the environmental variable into territorial planning is a procedure that cannot be limited solely to the individual sum of local (cantonal or municipal) planning, but that there must also be larger-scale planning promoted by the State and its institutions, which encompasses, complements, and organizes them within a logical and coherent framework, and also prevents the development of conflicts between various regulatory plans within a single watershed or territorial environmental administration unit.

6.2.3 As part of the instruments introduced, the Strategic Environmental Assessment of sectoral policies, plans, and programs, the integration of the concept of the territory's environmental fragility, the Cumulative Effects Assessment (EEA), among others, are included. These instruments are fundamentally included to be used at a regional or national level, as complementary tools for national planning and as an effective way to integrate the environmental impact variable into it. Consequently, it should not be understood that they must be applied in their entirety as part of the introduction of the environmental impact variable within Regulatory Plans, since these, because they are developed in a politically-administratively limited geographic space which in most cases does not cover a primary watershed, can only partially integrate this theme, so that it can be concatenated within a larger-scale policy or plan that does cover, at a minimum, the primary watershed in which the territory of the regulatory plan in question is circumscribed.

6.2.4 In this way, it must be clear that the integration of the environmental impact variable into regulatory plans, in accordance with the procedures that SETENA has established based on a criterion of reasonableness and compliance with the scientific and technical principles governing the matter, will represent the local vision and will be limited to the jurisdictional territory covered by the canton or territory subject to planning within the regulatory plan. This will have practical validity and applicability to the extent that the solutions and ecological balance proposals contemplated by the procedure are achieved within that jurisdictional territory.” The principles that must support this land-use planning, in accordance with the cited Manual, are those set forth in Article 28 of the Organic Environmental Law: “to achieve harmony between the greater well-being of the population, the use of natural resources, and the conservation of the environment,” and in Article 29 of that same Law, which states:

“a) To optimally locate, within the national territory, productive activities, human settlements, public use and recreational areas, communication and transportation networks, wild areas, and other vital infrastructure works, such as energy units and irrigation and drainage districts.

  • b)To serve as a guide for the sustainable use of the elements of the environment.
  • c)To balance the sustainable development of the different zones of the country.
  • d)To promote the active participation of the inhabitants and organized society in the preparation and application of land-use planning plans and city regulatory plans, to achieve the sustainable use of natural resources.” Based on the foregoing, it is necessary to highlight the importance of including the environmental variable in land-use planning plans and its transcendence, since through these instruments an attempt is also made to faithfully comply with international commitments signed by our country that guarantee the application of the precautionary and preventive principle. Adequate planning allows for taking, a priori, responsible measures that ensure the proper development of a specific area that is sustainable with the environment and other fundamental rights. On the other hand, while there is no doubt that the Regulatory Plan issued by a Municipality has preponderance and interest for the locality in question, by necessarily introducing environmental protection and regulation zones, such interest also transcends to the rest of the community, as it is an environmental matter, as this Court itself has admitted, by recognizing the existence of a diffuse interest for the protection of this right.

Thus, the object in question is, in our opinion, of a duality of interests (local and national), and one could even speak of a third interest, the international one, due to the transnationalization characteristic of environmental law, which, as such, increases the constitutional relevance that citizen participation has in these cases.

III.- On citizen participation in the specific case. First, it must be noted that in this type of process, the public hearing arranged for the purpose of reviewing the Regulatory Plan corresponds to the managing Municipality, in accordance with the provisions of the Urban Planning Law:

“Article 17.- Prior to implementing a regulatory plan or any of its parts, the municipality intending to do so must:

  • 1)Convene a public hearing through the Diario Oficial and additional necessary dissemination, indicating the venue, date, and time to review the project and the verbal or written observations that residents or interested parties may wish to formulate. The scheduling must be done no less than fifteen business days in advance;…” In accordance with said regulations, the Municipality of Carrillo indicates that the public hearing had to be held before SETENA declared the environmental viability of the Regulatory Plan. It maintained in its report that the legal sequence for approving a Regulatory Plan is:

1. Convene the public hearing to review the project; 2. Obtain approval from the Urbanism Directorate of INVU; 3. Obtain approval from the ICT; 4. Obtain approval from SETENA; and 5. Agree on its formal adoption, by an absolute majority of votes.

Furthermore, it indicated that it is not possible to change this order, as it is in accordance with the Urban Planning Law, the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Decree No. 31489 MINAE-Salud-MOPT-MAG-MEIC), resolution 1704-2011-SETENA, and with what was interpreted by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) in opinion C-094-2005. However, it omitted to indicate that SETENA, by resolution No. 614-2012, notified to all Municipalities as of February 29, 2012 – prior to the granting of environmental viability for this Plan on November 21, 2012 – annulled resolution No. 1704-2011-SETENA, which established the holding of the public hearing as a prerequisite for environmental viability. Precisely because the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans of the Zona Marítimo Terrestre, approved by the ICT Board of Directors in session No. 5737 of February 28, 2012, so stipulates:

“12.1. During the preparation period of the regulatory plan proposal, the Municipality will hold at least one informational meeting in which the person responsible for designing the proposal will participate. This meeting will aim to inform interested parties about the objectives, purposes, and characteristics of the work being carried out. Both the ICT and INVU will give an initial approval to the regulatory plan proposal before the public hearing is held.

12.2. Before submitting the planning proposal, it must be verified that SETENA has issued the respective environmental license (environmental viability of the plan) according to Executive Decree No. 32967-MINAE, published in La Gaceta No. 85 of May 4, 2006, Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual EIA).

12.3. Once the initial approval of the proposal from the ICT and INVU is received, the Municipality will convene a public hearing process (Legal Opinion: 096- J of 07/14/2005) to obtain observations on the planning proposal. This activity will be developed according to the methodology that the Municipality itself dictates for this purpose. (Art. 17 of the Urban Planning Law) 12.4. Upon holding the hearing, a maximum period of 15 business days will open to receive observations on the presented proposal, which must be submitted to the municipality in written form.

12.5. After the consultation process has elapsed, the Municipality, together with the representatives of ICT and INVU, will analyze the documents presented and request the responsible person, when applicable, to make changes and adjustments deemed necessary in light of the observations received. Finally, a Technical Report on Resolution of Oppositions and Observations will be generated, which will be elevated for the knowledge and approval of the Municipal Council for its approval.

12.6. Upon completion of this consultation process, the regulatory plan proposal, whether or not it has undergone changes in the zoning map(s), the regulation, or the implementation strategy, will be elevated again for the knowledge of the ICT Board of Directors and the INVU Urbanism Directorate for its definitive ratification. To this end, it must be sent together with the Plan, the respective Municipal Council agreement endorsing the Technical Report on Resolution of Oppositions/Observations resulting from the consultation process.

12.7. As a result of this definitive ratification, each institution (ICT, INVU, and Municipality) will place their respective seals on the plan map and documents to certify that the approval process by the State institutions has concluded.

12.8. The Municipality must notify SETENA of any adjustments made once the public hearing and definitive approval process has concluded.

12.9. Finally, the respective Municipality must place on the documentation the seal and number of the Council agreement for the adoption of the Regulatory Plan, to process the seals of the other Institutions, ICT and INVU, and manage the publication in the Diario Oficial La Gaceta of the Regulatory Plan before the National Printing Office (Imprenta Nacional). The publication must include the zoning with land uses and the zoning regulation, by which the respective Regulatory Plan will be duly formalized. At this time, the Municipality must verify that the plan already has the respective environmental viability issued by SETENA.” With the foregoing, it is not intended to enter into a legality analysis and determine whether the Municipality of Carrillo should have held the hearing before or after the granting of environmental viability, given that the proposal in question was submitted to SETENA one month before the modification of that regulation - January 26, 2012 - and the hearing in question was held on December 14, 2011. Therefore, the public hearing held would not have a problem, in the opinion of the undersigned, if the proposal had had the complete documentation to support it from the outset. We must also warn that this Court is not expected to verify in all cases whether exactly each document was made public knowledge, as this is a matter to be resolved in the respective legality channel.

However, faced with a situation like the specific case, where the lack of sufficient information was evidenced by SETENA in official letter No. SG-DEAE-032-2012 of February 9, 2012, the undersigned find it fully established that the Municipality of Carrillo's proposal did not comply with the provisions of the legal framework in force at the time it was disclosed for the purpose of promoting citizen participation. Thus, by way of example and regarding the environmental theme – whose relevance we have clarified in the preceding sections – the aforementioned official letter states that the challenged Plan lacks the following sections, which are required by Decree 32967-MINAE:

- scenario of the future environmental condition; - identification of new proposed development and conservation elements and scenario of adding new pressure on the territory's natural resources and environment; - consistency analysis of the territory's development proposals; - analysis of the general scopes of the proposed development and general environmental effects; - general environmental measures that should be included as guidelines and strategic actions.

Furthermore, in the environmental scope analysis, SETENA states:

“The deficiencies and weaknesses found in the Part A) Report on Environmental Fragility Zoning of the Canton of Carrillo's Zona Marítimo Terrestre do not facilitate understanding the current environmental condition of the area being evaluated, since the analyzed information should have been expanded, be more descriptive, and relate more directly to the study area. Consequently, this part of the report, which uses the inputs from the previous part, inherently contains a root error.” (Emphasis added) As a result of the omissions found in the information provided by the Municipality, SETENA concludes in its official letter as follows:

“Therefore, the submission of the missing information is requested. However, given the volume as well as the technical relevance of the deficiencies, this information may not be provided as annexed documentation, but rather integrated into the complete study of the incorporation of the environmental variable into the land-use planning proposal under the terms established by the aforementioned procedure…” (Emphasis added) Add to the above that the challenged Plan regulates an area of Carrillo of great natural wealth and enormous tourism potential. Ergo, the general environmental effects of the plan and the proposed development are relevant for the community and local decision-making, so the information requested by SETENA is far from being merely complementary. Moreover, SETENA's report itself, whether granting or denying the license, is relevant to the community when it concerns areas of natural importance. Therefore, it must also be made available to them so that informed citizen participation exists.

Consequently, the public hearing held with the information obtained by the Municipality of Carrillo before SETENA issued such a warning was neither complete nor sufficient to guarantee an effective exercise of the right to citizen participation. Moreover, if SETENA lacked basic and necessary information to carry out the technical study, with greater reason such information will be missed in the public hearing held some time ago. Under such conditions, the democratic principle set forth in our Constitution, which obliges promoting effective citizen participation in matters of their interest, is not fully complied with.

Finally, it is not viable to argue – as is the respectable opinion of the majority of this Court – that the public hearing can occur prior to the granting of environmental viability when the result of SETENA's study is to impose recommendations aimed at protecting the environment on the municipal entity. According to this criterion, the fact that SETENA imposed modifications on the Municipality in the Plan to increase environmental protection makes it unnecessary to repeat the hearing for the citizens, as greater environmental protection is being guaranteed. This statement overlooks the difference between citizen participation and environmental protection, as there may be people who disagree with the expansion of environmental protection for considering it, for example, excessive or contrary to their commercial interests. These people also have the right to participate, express their opinion, raise criticisms or doubts regarding the proposed Plan and the increased environmental protection; but it is not a right to participate in any way, rather they have the right to do so in the public hearing, just like those who favor environmental protection. Therefore, the principle of citizen participation is again fundamentally violated.

Given the situation presented, we consider that the Municipality should have repeated the public hearing, prior to the approval of the Regulatory Plan in question, in order to enable effective citizen participation, for which the complete and necessary information that allows all people to fully examine the municipal proposal is undoubtedly required.

For the reasons set forth, we dissent and declare the action partially granted solely for finding a violation of the principle of citizen participation, which implies ordering the repetition of the public hearing with all available information and, if thus necessary, reforming the current Regulatory Plan. Considering that the approved land-use planning constitutes a greater guarantee for citizens and environmental protection than the status quo ante, we deem it pertinent to maintain the validity of the current Regulatory Plan and order the repetition of the public hearing within a reasonable period on the terms set forth.

Therefore:

The action is declared WITHOUT MERIT. Magistrates Armijo Sancho, Cruz Castro, and Rueda Leal dissent and declare the action partially granted only for the violation of the principle of citizen participation, therefore ordering the repetition of the questioned public hearing without this implying the annulment of the Regulatory Plan of the Canton of Carrillo.

Gilbert Armijo S. Interim Presiding Judge Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V. Paul Rueda L.

Nancy Hernández L. Ronald Salazar M.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Control constitucional: Sentencia desestimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 050- Ambiente Subtemas:

NO APLICA.

Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Subtemas:

NO APLICA.

“…Se debe concluir, entonces, que bajo una mejor ponderación del Tribunal y de la evolución de su jurisprudencia, la audiencia pública puede darse con anterioridad al otorgamiento de la viabilidad ambiental, bajo consideraciones cuidadosamente analizadas por el órgano decisor, siempre y cuando, y como en el presente caso, y por una vía excepcionalísima, el otorgamiento de esa viabilidad impone al ente municipal una serie de recomendaciones tendientes a proteger de forma efectiva el medio ambiente. De no ser así, estaríamos ante un caso típico de la nulidad por la nulidad misma, pues, como es bien sabido, y siguiendo la teoría de las nulidades, esa teoría ha sido descartada, toda vez que una nulidad debe declararse sí efectivamente hay una afectación a los intereses públicos, en este caso un daño real o potencial al medio ambiente, situación que no se presenta en este caso, además de que los elementos estructurales del acto administrativos, formales y materiales, están comprendidos en el Plan Regulador que se impugna. La oportunidad de esta obligación cede conforme al grado de exigencias técnicas en la materia…” CAMBIO DE CRITERIO. Sentencia 881-14 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: MUNICIPALIDAD.

Subtemas:

NO APLICA.

000881-14. LA AUDIENCIA PÚBLICA PUEDE DARSE CON ANTERIORIDAD AL OTORGAMIENTO DE LA VIABILIDAD AMBIENTAL EN PLAN REGULAR (CAMBIO DE CRITERIO) Plan Regulador del Cantón de Carrillo-Guanacaste .

... Ver más *120133360007CO* *120133360007CO* Res. Nº 2014000881 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y quince minutos del veintidós de enero del dos mil catorce.

Acción de inconstitucionalidad promovida por [NOMBRE 001] portador de la cédula de identidad No. [VALOR 001], mayor, casado, abogado, vecino de Palmares, Alajuela y [NOMBRE 002], portador de la cédula de identidad No. [VALOR 002], mayor, pensionado, vecino de Carrillo, Guanacaste; contra el PLAN REGULADOR DEL CANTON DE CARRILLO - GUANACASTE.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las trece horas dieciséis minutos del diez de octubre de 2012, los accionantes solicitan que se declare la inconstitucionalidad de PLAN REGULADOR DEL CANTON DE CARRILLO - GUANACASTE. Alegan que existe violación al derecho de información y de participación ciudadana. Acota el accionante que la Municipalidad de Carrillo convocó a una audiencia pública y presentó un plan regulador costero que no fue el que finalmente se aprobó, pues la SETENA, en forma posterior a dicha presentación, rechazó el proyecto y obligó a incorporarle cambios de fondo; además en la audiencia no se le otorgó la palabra a los asistentes, así como tampoco se les entregó material a las personas no técnicas para que pudieran realizar sus objeciones, de esta forma la información recibida fue insuficiente, además de la exposición escueta del documento, en la invitación a presentarse a la municipalidad con un disco compacto, para que le grabaran en digital los planos, láminas; es decir, aspectos meramente técnicos. Menciona que dicho municipio nunca consideró necesario realizar otra audiencia para presentar el plan modificado y aprobado por la SETENA, por lo cual considera violentado esos derechos fundamentales. Además apunta que existen aspectos de fondo en los numerales 53, 54, 55 y 56, que riñen con convenios internacionales tendentes a proteger la biodiversidad, tales como las Leyes No. 7906, denominada Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas de 24 de septiembre de 1999 y la Ley No. 3763, llamada Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los países de América, en razón de que se permite, tanto el otorgamiento de concesiones en la zona restringida de playas, como también que se construyan obras en un 40% de los lotes concesionados en dicha zona, por lo que considera que no existe una garantía real para la conservación de los hábitats que son utilizados por la especie de tortuga Baula, que tiene predeterminación genética para su arribo y anidación en las playas de Carillo, y que además está en peligro de extinción, y que lo mismo sucede con la especie de tortuga Negra; por lo que considera que el referido plan atenta contra los criterios de restauración del hábitat de esos seres y además violenta el principio precautorio y de no regresión en materia ambiental.

2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, señala que proviene de los intereses difusos contenidos en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

3.- Por escrito presentado el 16 de octubre de 2012, el accionante Sagot Rodríguez ofrece prueba sobre la presencia de tortugas marinas en Playa Matapalo, Carrillo, Guanacaste.

4.- Por resolución de las nueve horas cuarenta y tres minutos del trece de noviembre del dos mil doce, se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, al Instituto Costarricense de Turismo y a la Municipalidad de Carrillo, Guanacaste.

5.- La Procuraduría General de la República rindió su informe oportunamente. Señala que los accionantes cuentan con la legitimación suficiente para interponer la acción, a través de la figura de los intereses difusos. En cuanto a la violación al derecho de información y participación ciudadana, en concreto sobre la audiencia pública señala la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento, Decreto 7841-P y la Ley de Planificación Urbana, prescriben requisitos a los cuales debe supeditarse el ayuntamiento para implantar, modificar, suspender o derogar, en todo o en parte. En cuanto a la aprobación por el Instituto Costarricense de Turismo para los planes de desarrollo en las zonas turísticas del demanio marítimo terrestre. Señala que la Sala Constitucional ha sostenido que para que un acto sea válido, es necesario que se haya cumplido debidamente el acto anterior (sentencia 18358-2009, cons. III). La audiencia pública es entonces un trámite, esencial e ineludible, para adoptar un plan regulador costero, a la que debe convocarse, con un mínimo de quince días hábiles de anticipación, mediante aviso en La Gaceta, y la divulgación adicional que sea necesaria, con los datos de lugar y tiempo en que se conocerá el proyecto y las observaciones u objeciones, que formulen los ciudadanos. Para que haya transparencia debe resultar inteligible, permitiendo el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información. No debe ser una mera formalidad, cuyos objetivos es alcanzar la protección del derecho a la información y participación ciudadana, pero tampoco constituirse un obstáculo para que se emita una oportuna resolución de la gestión (sentencias de la Sala Constitucional No. 12242-2004, 18358-2009 y 2012-00964). Además, cita otros instrumentos de derechos humanos que contienen el derecho de participación ciudadana. Sobre la inobservancia del requisito de audiencia pública, son dos textos promulgados por la Administración que establecen que la misma se lleva a cabo con posterioridad a que la SETENA otorgue viabilidad ambiental a la propuesta del Plan Regulador, aunque el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana solo contempla, como es lógico, que debe ser previa a su adopción. Se refiere al Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual de EIA) – Parte III, DE 32967/2006 (La Gaceta No. 85 del 4 de mayo de 2006), modificado por el Decreto 34375/2007 (La Gaceta No. 84 del año 2008), donde la participación ciudadana es una fase complementaria al procedimiento. El Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros de la Zona Marítimo Terrestre, que aprobó la Junta Directiva del ICT, en la sesión 5737 del 28 de febrero de 2012, publicado en La Gaceta No. 52 del 16 de marzo de 2010, para las reuniones de información y audiencia pública en el punto 10. En ese sentido, según la propia Sala Constitucional debe la Municipalidad poner en conocimiento de los vecinos el examen de impacto ambiental (2005-02589). El incumplimiento del requisito de audiencia pública, si bien, en principio, podría ubicarse en el plano de legalidad, al afectar derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente adecuado, a más del derecho de acceso a la información y participación ciudadana, trasciende a la esfera constitucional y adquiere esa connotación (Sala Constitucional, sentencias 1991-0459, 1991-3550, 2001-2074 y 2001-4702). Con todo, la Sala ha establecido que “… el principio de la participación comunal en la toma de decisiones en materia ambiental forma parte del procedimiento al que debe sujetarse el Estado; pero es, a la vez, integrante del derecho fundamental de toda persona en los términos que se garantizan en el artículo 50 constitucional” (votos 2000-10466 y 2005-7063). Y en el voto 2009-18358 anuló la aprobación del Plan Regulador de La Fortuna por defectos graves en la audiencia pública. Lo relevante es que la propuesta definitiva del Plan Regulador Costero no se llevó a audiencia pública, después de obtenerse la licencia ambiental de la SETENA, lo que conlleva una infracción sustancial del ordenamiento jurídico. Si se prescindió del requisito de audiencia, que no la suple la reunión pública celebrada en diciembre del 2011, pierden interés los defectos que se achacan a ésta. Señala que es de interés la sentencia de la Sala sobre el Plan Regulador de La Fortuna, porque la omisión o suspensión indefinida de la audiencia pública lesiona el principio de participación ciudadana. En cuanto a la violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, señala que de las regulaciones impugnadas se extrae la “regulación supletoria”, que llena el vacío, y forma de “lograr el balance” entre el desarrollo y la protección de las tortugas, las playas de anidamiento de éstas se establecen como Zonas de Control Lumínico, nominación que parece poner énfasis en la principal respuesta al problema, con cinco limitantes: 1) La prohibición de incorporar en las construcciones luces en dirección al mar o hacia los manglares; 2) La obligación de incorporar en las “ventanerías”, o ventanas de las construcciones que se ubiquen frente al mar, filtros de luz que reduzcan su paso en al menos un 95%; 3) La obligación de incorporar barreras artificiales durante el proceso de construcción de las obras; 4) Una franja de retiro de cinco metros, entre la Zona Pública y la línea de construcción, dedicada al cultivo y mantenimiento de una barrera vegetativa, con árboles y plantas autóctonas, donde se prohíben las construcciones, que ha de tener, al menos, la altura máxima permitida al uso respectivo; y 5) Una densidad máxima del 40% del área concesionada, salvo que por razones de fragilidad ambiental se amerite una mayor. El numeral 11 define la densidad como la “relación entre: a) un número de habitaciones y la superficie donde ellas se asientan; se mide bajo el parámetro de habitaciones por hectárea, o b) el número de unidades permitidas (viviendas, comercios) por concesión”. Además de hacer un recuento de la jurisprudencia de la Sala sobre las tortugas marinas, señala que uno de los problemas –no el único- que acompaña a los proyectos de desarrollo turístico disociado del ecoturismo es la contaminación lumínica, de la que se ocupa el Plan Regulador impugnado. En una playa oscura, el resplandor del horizonte orienta las tortugas hacia el mar, por sus patrones naturales, que las hacen muy sensibles a la luz. La iluminación artificial las confunde. Al ir desorientadas, tras las fuente lumínica, pueden dirigirse a la tierra y son vulnerables en esa situación. Para mitigar lo anterior, el Plan Regulador obliga a incorporar los filtros de luz y barreras en el proceso constructivo, cerca de la playa, durante las temporadas de anidamiento y desove, sin aclarar la forma cómo se controlará su ejecución. En lo que se refiere a la densidad del 40% del área y retiro de cinco metros para cobertura natural, ha sostenido la Sala que eso no le compete fiscalizar, por ser una discusión técnica, ajena al ámbito de su competencia, pero que limita y condiciona la discrecionalidad de la Administración (principio de objetivación de la tutela ambiental). La Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas (Ley No. 7906/1999) entiende por hábitats de las tortugas marinas “todos los ambiente acuáticos y terrestres utilizados por ellas en cualquier etapa de su ciclo de vida” y que existe el compromiso de tomar medidas apropiadas y necesarias, sobre la base de datos científicos más fidedignos disponibles, para la protección, conservación y recuperación de las poblaciones. Las medidas comprenderán restricción de actividades humanas que puedan afectar gravemente a las tortugas marinas, y la protección, conservación y, según proceda, la restauración del hábitat y de los lugares de desove de las tortugas marinas, como áreas protegidas (sentencia de la Sala Constitucional No. 2005-7889). La acción debe estimarse.

6.- El señor Uriel Juárez Baltodano, en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), contesta la audiencia concedida, manifestando que, con fundamento en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, la Sala había establecido la necesidad de que los planes reguladores obtuvieran el estudio ambiental antes de su aprobación (voto No. 2001-01220, 2006-7994). Además, el numeral 28 de la mencionada Ley establece que las políticas del ordenamiento territorial son función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos. A su vez, el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental incorpora la Evaluación Ambiental Estratégica, que comprende la integración de la variable ambiental a la planificación, a los planes, programas y políticas de desarrollo nacional, regional y local, generados en entidades del Estado, incluyendo municipios, entre otros. Propiamente, el artículo 67 del reglamento establece como requisito la incorporación de la variable ambiental, de previo a su aprobación por las autoridades respectivas, a los planes reguladores urbanos y costeros (Ley de Planificación Urbana y por la Ley de la Zona Marítimo Terrestre), así como cualquier otro instrumento de planificación del uso del suelo o del territorio, como forma de planificar el desarrollo de actividades humanas potencialmente impactantes al medio. Posteriormente, se reglamenta el “Procedimiento Técnico para la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores u otra planificación de uso del suelo” en el Manual de Instrumento Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental mediante el Decreto No. 32967-MINAE (publicado en La Gaceta No. 85 del 4 de mayo de 2006) (Resolución de la Sala Constitucional No. 2005-009765). El 26 de enero del 2012, se recibió la documentación denominada “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador de la Zona Marítima Terrestre del Cantón de Carrillo-Provincia de Guanacaste, Costa Rica”, expediente EAE-01-EAE-SETENA y el 9 de febrero del 2012, se emitió el oficio SG-DEAE-032-2012, que es una prevención para suplir los faltantes, otorgándose seis meses de plazo para el cumplimiento, y no es un rechazo del Plan Regulador (en cuyo caso, se hubiera emitido una resolución de archivo). En lo conducente indica que no se “… cumple con lo que establece el marco legal vigente y en lo específico con los requisitos básicos y mínimos que dicta el procedimiento dado por DE-32967-MINAE. Por lo tanto se solicita presentar la información faltante. No obstante y dado el volumen así como la relevancia técnica de los faltantes, esta información no podrá aportarse como documentación anexa, sino integrada al estudio completo de la incorporación de la variable ambiental a la propuesta de ordenamiento territorial en los términos que establecen el procedimiento antes citado. La anterior información deberá ser presentada […] en plazo máximo de SEIS MESES, a partir […] de la notificación …”. Asimismo, el informe del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica DEA-393-2012 del 21 de noviembre de 2012 para esta acción aclara que el documento que ingresó el 26 de enero del 2012, fue el “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador (parcial) de la Zona Marítima Terrestre del Cantón de Carillo-Provincia de Guanacaste, Costa Rica”. No fue el Plan Regulador. El Departamento […] tiene como objetivo evaluar la inclusión de la variable ambiental en los Planes de Ordenamiento Territorial, por lo tanto la SETENA no aprueba Planes Reguladores. [...] No rechazó el Plan Regulador en mención…” Finalmente, el 17 de julio del 2012, se otorgó la viabilidad ambiental mediante la resolución No. 1909-2012-SETENA, notificada el 18 de ese mes. Sobre el tema de la participación ciudadana, la audiencia pública y el procedimiento técnico para la introducción de variable ambiental en los planes reguladores u otro tipo de planificación, señala que el Decreto Ejecutivo No. 32967 lo establece de forma obligatoria para la planificación de uso del suelo, en el marco general del procedimiento, se establece que la participación ciudadana, no se encuentra dentro de los pasos metodológicos del procedimiento en SETENA. La participación pública ocurre en la fase complementaria a la aplicación del procedimiento de SETENA, los IFAS son un componente del Diagnóstico del Plan Regulador y el Informe de Análisis Ambiental se da de previo a la realización de la audiencia pública. Esto lo analizó la Secretaría en la resolución 614-2012 del 29 de febrero del 2012, notificada a las municipalidades. Es relevante comentar que el estudio de SETENA en la audiencia pública, debe ser, no la existencia de los estudios, sino haber llevado el procedimiento en esta Secretaría y obtener la viabilidad ambiental. Sobre el alegado perjuicio a las tortugas y biodiversidad asociada, el Departamento de Evaluación Estratégica de la Secretaría emitió su criterio con el oficio DEAE-393-2012 del 21 de noviembre de 2012, y al efecto señaló, con fundamento en las observaciones que se hacen en la Resolución No. 1909-2012-SETENA, que: “… en el estudio y en la resolución SI se toma en cuenta el tema de ANIDAMIENTO DE TORTUGAS MARINAS”, y se transcriben varios de sus considerandos. Posteriormente transcribe las partes relevantes de dicha resolución. Pide se tenga por rendido el informe.

7.- El señor Alvaro González Alfaro, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, contesta la audiencia concedida, manifestando que la Dirección de Urbanismo interviene limitada a la materia de su competencia, al análisis y aprobación de aspectos urbanísticos, lo que conjuntamente con las aprobaciones que otorguen el ICT y SETENA y una vez cumplido el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley No. 4240, Ley de Planificación Urbana, lo que incluye la realización de una audiencia pública. De conformidad con el artículo 17 de la Ley No. 4240, Ley de Planificación Urbana, lo que comprende la realización de una audiencia pública, es la base para la aprobación por parte del INVU de los planes reguladores territoriales y costeros. La convocatoria oficial a la audiencia pública se hizo por medio de La Gaceta No. 219 del 15 de noviembre de 2011. También se dio respuesta a las observaciones que realizaron los vecinos del lugar (como consta en el expediente). La aprobación que otorgó se basó en las aprobaciones otorgadas por SETENA, también la del ICT (superior vigilante de la Zona Marítimo Terrestre). Luego ofrece una sinopsis del proceso seguido que terminó con la aprobación del Plan Regulador. Señala que la viabilidad ambiental dada por la SETENA fue otorgada mediante resolución No. 1909-2012-SETENA con fecha del 20 de julio de 2012, además el ICT, mediante oficio MPD-P-279-2012 del 3 de junio de 2012, acuerdo de la Junta Directiva, adoptado en la Sesión No. 5751, artículo 5, Inciso VII, celebrada el 12 de junio del 2012, aprobó la propuesta del Plan Regulador Costero de Carrillo, provincia de Guanacaste, presentada por el Concejo de Carillo, según acuerdo del Concejo de la Sesión Ordinaria No. 01-2012 del 3 de enero del 2012, mediante oficio MC-SCM-028-2012. Que se cumplieron con las regulaciones urbanísticas, respaldadas con los diferentes estudios técnicos, se dio la aprobación del Plan Regulador Costero por parte de SETENA y el ICT. La aprobación por parte de la Dirección de Urbanismo del INVU cumplió con los requisitos que se solicitan para los Planes Reguladores Costeros publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 156 del 16 de agosto del 2002, así como la aprobación de la Viabilidad Ambiental por parte de la SETENA.

8.- El señor Allan Flores Moya, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo, contesta la audiencia concedida, manifestando que la competencia de SETENA es emitir la viabilidad ambiental a la documentación de orden ambiental que acompaña la propuesta de plan regulador y que las potestades de aprobar los planes reguladores en la zona marítimo terrestre es una competencia por Ley No. 6043 del ICT y del INVU. Las municipalidades adoptan los planes reguladores y les corresponde su administración. De acuerdo con el Procedimiento establecido en el Manual de Elaboración de Planes Reguladores, Alcance Digital No. 65 del 18 de mayo de 2012, el Plan Regulador de Carrillo cumplió con los procedimientos establecidos para la presentación de la documentación correspondiente del Plan Regulador. El ICT participó en la convocatoria a la audiencia pública que realizara la Municipalidad por ser materia de su competencia, y se contó con el INVU en la resolución de las oposiciones presentadas ante la Municipalidad. Cabe manifestar que durante la audiencia efectivamente se brindó la palabra a los asistentes para formular preguntas sobre la zonificación, así como también se brindó la oportunidad para quienes tuvieran a bien hacer sus consultas por escrito. Aunado a lo anterior, la Municipalidad dio oportunidad para presentar objeciones por un período de 15 días hábiles, el que finalizó el 18 de enero de 2012. Técnicamente y dentro de los lineamientos del Instituto para la revisión de planes reguladores, el Plan Regulador de Carrillo contaba con lo siguiente: a) clasificación y certificación del Patrimonio Natural del Estado; b) La demarcatoria de la zona pública, tanto con monumentos físicos (mojones) como con delimitación digital oficial, publicada por el Instituto Geográfico Nacional; c) En el proceso de revisión se comunicaron las observaciones de orden técnico, mismas que fueron subsanadas, remitiendo la información solicitada en cada oportunidad; y d) los estudios ambientales que acompañan la propuesta de planificación, elaborados y presentados a la entidad correspondiente de su revisión. Que se establecen regulaciones de restricción al uso del suelo, sustentados en documentos ambientales, la Ley de Planificación Urbana, se tiene un instrumento de planificación ajustado al artículo17, así como a la disposición 17 de la Ley Orgánica del Ambiente.

9.- El señor Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, en su condición de Alcalde Municipal de Carrillo, contesta la audiencia concedida, manifestando que la pretensión debe ser discutida en la vía contencioso-administrativo dado que se atacan los requisitos técnicos y legales para conformar un acto administrativo, como es un Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre. Se ataca todo el plan regulador en sí y los permisos y concesiones conexos, por lo que los actores dicen de que no hubo consulta pública, se publicó otro que no fue el que finalmente se aprobó y que no se explicó la información técnica, sin embargo, considera que toda esa materia es de legalidad. Además, los accionantes sostienen que se debió consultar por segunda vez, no obstante, estima que se trata de argumentos sobre la validez del acto administrativo. Hay afirmaciones maliciosas, por cuanto se pretende confundir las áreas concesionables, las que se encuentran fuera de lo que está delimitado como zona pública o de Patrimonio Natural del Estado. El plan regulador incorpora todos los sectores declarados como Patrimonio Natural del Estado por parte del MINAET, patrimonio que está protegido por el artículo 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. Precisamente, los casos de las tierras de propiedad privada que colindan con la línea de los 50 metros de la zona pública, se efectuó la declaratoria de bosque como consta en las láminas de zonificación. Pero, en todo caso, la discusión acerca de la existencia o no de bosque en la zona marítimo terrestre, es un asunto de simple legalidad, que debe ser discutido por expertos ante la jurisdicción contencioso administrativa. Por otra parte, hay una zona de protección para las tortugas, adicional a los 50 metros de zona pública. Dicha zona constituye una franja que crea un área de amortiguamiento entre la zona pública y el área destinada para otorgar en concesiones. Transcribe los artículos 53 y 54 del Reglamento del Plan Regulador, y sostiene que las determinaciones hechas no deben ser discutidas en esta jurisdicción, como cuál debe ser la distancia de protección adicional a los 50 metros de la zona pública, sino a la jurisdicción contencioso administrativa, en la que se escucharán expertos, se evacuará prueba científica y se discutirá si las tortugas anidan en la duna, más allá de la playa. Sobre la falta al derecho de información y de participación ciudadana, señala que la Municipalidad de Carrillo actuó conforme a lo indicado por el dictamen C-094-2005 de la Procuraduría General de la República, que señala que ,según el orden indicado en el Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto No. 31849 MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC), la documentación relativa a cualquier plan regulador debe, en primera instancia, aprobarse por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, artículo 67 en cuanto señala “deberán cumplir el requisito de integrar la variable de impacto ambiental, la cual estará sujeta a un proceso de variabilidad ambiental por parte de la SETENA, de previo a su aprobación por las autoridades respectivas”. En cuanto a la audiencia pública, el dictamen indica que debe realizarse de previo a la toma de la decisión administrativa, es decir “antes de enviar el proyecto final a la SETENA, para la obtención de la viabilidad ambiental”. Además de ser de acatamiento obligatorio, aclara que la primera institución en emitir la aprobación de una propuesta de Plan Regulador debe ser la SETENA, y para presentar debidamente la documentación ante esta Secretaría, debe realizarse, como requisito previo, la audiencia pública. De igual manera, se acató la resolución No. 1704-2011-SETENA, la cual indica, en el numeral 2.1, como requisito, la realización de la audiencia previo a enviar el proyecto final a la SETENA para obtener la viabilidad ambiental. Sostiene que la secuencia legal es 1. Convocar a la audiencia pública para conocer el proyecto; 2. Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo del INVU; 3. Obtener la aprobación del ICT; 4. Obtener la aprobación de la SETENA; y 5. Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos. No es posible cambiar ese orden, lo que se hizo conforme a la Ley de Planificación Urbana, Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto No. 31489 MINAE-Salud-MOPT-MAG-MEIC), resolución 1704-2011-SETENA y acorde a lo interpretado por la Procuraduría General de la República, dictamen C-094-2005. Sobre la audiencia se alega que se hizo una amplia divulgación; se expuso en la forma más sencilla que se podía, lo que regularía, y además todas las láminas de zonificación y su material técnico de respaldo, quedó a la disposición de cualquier interesado en el Departamento de Zona Marítimo Terrestre, con el fin de que pudieran estudiarlo y obtener copias de dicha información. Se presentaron 5 oposiciones. Llaman la atención de que no se dice cuáles son los aspectos técnicos que no eran comprensibles, no explican ni exponen cuáles son los conceptos técnicos que necesitaban en lenguaje llano, con ello se incumple con el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Si reclaman que debe existir material repartido al público no técnico para que lo entienda, aprobado los índices de fragilidad ambiental, eso es lo que exactamente se hizo: a) hubo convocatoria pública extensamente publicada en la prensa, radio locales y por perifoneo y volantes; b) se presentó todo el material que compone el plan regulador, mapas, el texto y los estudios; c) se tuvo a disposición de los interesados por el plazo de quince días hábiles; d) Finamente, la planificación obtuvo la aprobación de los Índices de Fragilidad Ambiental aprobados por SETENA, con la aprobación del INVU y el ICT. No falta ningún otro requisito adoptado por la ley. Además, enlista la convocatoria a asociaciones y cámaras de la zona, que suman 17 organizaciones. Además de los avisos en locales comerciales del cantón, se publicó un aviso en el diario Al Día, e incluso señala quienes hablaron en la audiencia pública. Se expuso el plan, se otorgaron 30 minutos para preguntas, quince minutos en clasificar y responder las preguntas; las objeciones debían presentarse hasta el 18 de enero de 2012, para ser conocidas por la Comisión Tripartita integrada por la Municipalidad, el INVU y el ICT. Quedó a disposición de cualquier, tanto su versión escrita como digital, llegaron el actor Cantón Pizarro y otras 69 personas. No había necesidad de una segunda audiencia, toda vez que no sufrió cambios como consecuencia de la ampliación de información técnica de los índices de fragilidad ambiental, ampliación que permitió tener mejor entendimiento de los análisis ambientales y de las razones de cómo se determinaron los distintos usos y niveles de fragilidad ambiental para toda la zona planificada. Además, en la confección de la propuesta, se celebraron 3 talleres con participación de actores civiles, representantes de la empresa privada y funcionarios municipales, así como la preocupación de ciertos sectores de incorporar las áreas certificadas como patrimonio natural del Estado, por cuanto los planes reguladores que regían la zona marítimo terrestre, no tenían incorporadas dichas áreas.

Para la protección de las tortugas no debe confundirse el anidamiento de las tortugas en la playa, con la falsa afirmación de que lo hacen en la zona restringida; es imposible legalmente otorgar concesión en la zona pública y también es legalmente imposible permitir la construcción de cabinas o un restaurante en la playa. En la Playa de Mapalo no se concesiona la zona pública, sino con un retiro de 30 metros de la línea de 50 metros de zona publica. En el fondo, se trata de un tesis radical, fundamentalista, no apoyada ni en la ciencia ni el derecho, que es la total demolición de las construcciones existentes en los 200 metros de la zona marítimo terrestre de todas las playas de Costa Rica en que aniden tortugas. Además de obtener el componente ambiental la aprobación de SETENA antes de ser aprobado por el Concejo y ser enviado al Diario Oficial La Gaceta, el informe anual de 2010 de Costa Rica, respecto de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, no aparecen las Playas Matapalo, Zapotal, ni Manzanillo, de Carrillo, Guanacaste, entre los “Sitios de importancia para la conservación de las tortugas marinas”. Aparece otra playa Matapalo, a la par de Playa Portalón, pero en el Pacífico Central. Tampoco aparecen las playas incluidas en la planificación en los estudios de la World Wildlife Foundation respecto de Costa Rica. Estos documentos señalan cuáles son los sitios de verdadera importancia de anidación de las distintas especies de tortugas, y es por esa razón, que en el Reglamento del Plan Regulador se incorporan las normas generales a repetar como mínimo en todas las playas del país que eventualmente pueden recibir alguna tortuga. Ahora bien, cabe destacar que el plan regulador no es un cheque en blanco, sino que cada proyecto deberá obtener sus licencias ambientales, donde interviene la SETENA. Si bien es cierto que ninguna de las playas comprendidas en la planificación cuestionada son conocidas como sitios de anidación de tortugas, las normas de protección incorporadas en el Reglamento y en los índices de fragilidad ambiental son las que se incoporaron para el parque Marino Las Baulas, con ello refuta la falta de protección a las tortugas. En la resolución No. 1909-2012-SETENA de las 9:20 horas del 17 de julio de 2012, señala que los proyectos que se desarrollarán en el futuro en el área planificada, deberán acoplarse al “Índice de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Carrillo, Provincia de Guanacaste, Costa Rica” […]. La zona planificada es de 18.56 km de frente de costa en el cantón de Carrillo, y sólo 0,56 km tienen la posibilidad de ser desarrolladas con fines turísticos y que su área concesionable colinda con la línea de los 50 metros de zona pública, concretamente: Playa Zapotal. En el caso del otro sector del Plan Regulador es Playa Matapalo, donde existe un área concesionada y que al día de hoy ya está desarrollada, se creó un área de protección adicional de 30 metros de ancho; lo que en realidad implica que toda construcción debe de estar retirada como mínimo 35 metros de la línea de 50 metros de la zona pública. No dicen los actores que solo existen dos sectores donde hay concesiones otorgadas (8 individuales) Playa Matapalo y Playa Zapotal, las cuales tienen más del 50% de su área declarado como Patrimonio Natural del Estado. Hay otras afectadas en su 100%, cuyos nombres ofrece en el informe. De igual manera, porcentajes del área aprovechable, contrastada con la Zona Marítimo Terrestre, que en un 32.65% está protegida como áreas de protección y solo el 13.61% es área concesionada donde aplican las restricciones establecidas para proteger las tortugas. Ninguna de las Playas que incluye la planificación cuestionada aparecen como sitios de anidación de importancia internacional en el diagnóstico regional y planificación estratégica para la conservación de las tortugas marinas en Centroamérica, elaborado por la Red Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en Centroamérica. Si hay las condiciones naturales óptimas, es posible que llegue alguna tortuga a desovar. La zonificación del Plan Regulador contempla un área de amortiguamiento o de protección más allá de la zona pública, pese a que las tortugas únicamente anidan en la banda arenosa de la playa, de todos modos el plan regulador creó en medio de la zona pública y la zona para otorgar en concesión una zona de protección adicional (mojones 28 y 148) con un ancho aproximado de 30 metros con más de 400 metros de longitud. Existe el area de 30 metro de los mojones que delimitan la zona pública, y se suma a esto, el área de amortiguamiento que sirve de filtro o “cortina” para minimizar el impacto de la contaminación sónica o lumínica, concretamente en Playa Matapalo. Señala los muchos otros controles y reglas que tiene el Reglamento como las Zonas de Control Lumínico (ZCL). Finamente, señala que no hay tortugas Baula en la Playa Matapalo.

10.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 232, 233 y 234 del Boletín Judicial, de los días 30 de noviembre y, 3 y 4 de diciembre, todos del 2012.

11- El señor Roberto Echeverría Alfaro, en su condición de apoderado general judicial de “Millenium Venture Investments MVI S.A.”, Yitzak Investments S.A.” y “Lighthouse Consulting Support Services S.A.”, manifestando, en su condición de coadyuvante pasivo, que se cumplieron con los procedimientos respectivos para la aprobación del Plan Regulador, especialmente sobre la convocatoria para la audiencia pública que exige el artículo 17 inciso 1) de la Ley de Planificación Urbana y el momento procesal para su celebración. El contenido de la audiencia debe ser entendido desde dos vertientes: por un lado la audiencia no puede ser un mero formalismo, y por el otro, las observaciones y sugerencias que ensayen los munícipes carecen de efectos vinculantes para la administración municipal. Determinar cuándo es el momento procesal oportuno para realizar la audiencia es una cuestión que debe analizarse a la luz del artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, es competencia del juez ordinario y no del juez constitucional. La Procuraduría General de la República, en su Dictamen C-094-2005, establece que la audiencia pública debe celebrarse con antelación a la aprobación del proyecto del plan regulador por el Concejo, y de forma previa a que se pronuncie la SETENA, y el INVU. No fue un mero formalismo, el municipio no se limitó a la audiencia pública, durante más de dos años de planeamiento de la propuesta de la planificación, se realizaron talleres de trabajo, publicitados por el Municipio con el propósito que los actores y/o ciudadanos que mostraran interés pudieran aportar sus observaciones, sugerencias, oposiciones, etc. Sobre la forma en que se debe desarrollar la audiencia pública, es un tema que escapa al control de constitucionalidad, e incluso puede afirmarse, de la jurisdicción común. Debe tomarse en cuenta que lo que se pretende es la ordenación de los usos del suelo en el cantón, es un documento técnico-jurídico, y no puede pretenderse que la exposición del plano no deba tener un contenido técnico. Ciertamente, la presentación se hace de la forma más clara posible, para mejorar la comprensión de los asistentes. En cuanto al requerimiento de información de SETENA, no significa que la Municipalidad debía promover un nuevo plan regulador, sino que, por el contrario, para obtener la licencia ambiental, debía complementar la información que hacía falta y que permitía detallar una serie de requisitos técnicos del proyecto de plan regulador que ya había sido sometido a conocimiento de los vecinos del cantón de Carrillo. Así, el mapa de zonificación que conoció la comunidad durante la audiencia pública celebrada el día 14 de diciembre de 2011 –así como en el plazo que estuvo a disposición del público en el edificio municipal y la página web del ayuntamiento- y el que finalmente fue aprobado por las institutciones involucradas en el proceso de aprobación (SETENTA, ICT y el INVU), y por el Concejo de Carrillo: no existe modificación alguna entre uno y otro, por lo que queda fehacientemente desvirtuado el argumento tendencioso de los accionantes que pretenden llevar a confusión a la Sala Constitucional cuando afirman que como consecuencia del oficio de la SETENA, la Municipalidad de Carrillo tuvo que “modificar por el fondo y la forma TODO el proyecto, luego de hecha la audiencia referida”. Fueron incapaces de mostrar los supuestos cambios que sufrió el proyecto de plan regulador (en el ámbito de regulación del uso del suelo) por la información solicitada por la SETENA. Si producto del trámite hubiese ocurrido un cambio sustancial en el proyecto de plan regulador, entonces sería debatible la necesidad de convocar a los vecinos a una segunda audiencia, pero, en el caso concreto, tal y como se afirmó, no existieron cambios en las regulaciones del uso del suelo. Lo que se presentó fue información complementaria y datos técnicos con mayor detalle y profundidad, con la finalidad de que la SETENA pudiera conocer a fondo el impacto ambiental del plan regulador para pronunciarse. Por otra parte, el plan regulador vigente aboga por una conservación del ambiente, y que cumple en su totalidad con los parámetros señalados por la vasta jurisprudencia. En ese sentido, los artículos 53 al 61 contienen las regulaciones expresas para el caso de la Zona de Control Lumínico (ZCL), que es la zonificación encargada de ordenar los temas relacionados con el otorgamiento de concesiones en dicha zona. Para el caso concreto, el plan regulador establece limitaciones mayores a las otras zonas, de manera que con estas limitaciones adicionales (retiros, alturas de construcción, intensidad de iluminación, etc), se protege a las tortugas y los sitios de anidación. Los accionantes abogan por una limitación absoluta, mientras que la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, toma una posición más flexible. El último informe para Costa Rica, en el ámbito de la Convención, establece que al mes de junio del año 2010, se confeccionó una lista de los sitios de importancia para la conservación de las tortugas marinas, dentro de las cuales no se incluyen las tres playas mencionadas por los accionantes. Se han identificado los lugares de mayor importancia de anidación de las tortugas, pero no se incluyen a las Playas Matapalo, Zapotal y Manzanillo. No demuestran lo que manifiesta con tanta locuacidad, carecen de medios probatorios con la rigurosidad científica.

12.- La señora Alejandra Echeverría Alfaro, en su condición de apoderada general judicial de Playa Zapotal S.A., Corporación de Igualdad Económica S.A., Inmobiliaria Golfita S.A. y Golf Club Zapotal S.A., manifestan que los accionantes carecen de legitimidad para interponer la acción, además de que se trata de un asunto de legalidad, no de constitucionalidad. Son disconformidades o irregularidades jurídicas por contradicción o por exceso entre el Reglamento del Plan Regulador impugnado y un conjunto normativo que va desde varios tratados, hasta leyes, decretos y resoluciones administrativas, que debe dilucidarse en la jurisdicción ordinaria y no en la jurisdicción constitucional. El accionante argumenta que existen diferencias entre el Plan Regulador y la normativa superior, lo que debe dilucidarse en otra vía. Lo anterior debe dilucidarse en la vía de lo contencioso administrativo, véase que los actores atacan “todo el reglamento el plan regulador en si y los permisos y concesiones conexos”, todos actos administrativos que deben ser dilucidados en la jurisdicción diferente a la constitucional. Sobre el fondo no hay necesidad de una nueva audiencia dado que no se agregaron nuevos temas, ni nuevas áreas cubiertas por el Plan Regulador, más bien se eliminó la regulación de un área para cumplir requisitos legales impuestos por dependencias especializadas y competentes de la Administración Pública. No hubo cambios sustantivos, se dio una audiencia completa, se dio el material con las láminas de zonificación y su material técnico de respaldo, quedando a disposición de los interesados. Los accionantes no dicen porqué fue difícil de entender, el acta de la audiencia expone claramente que los vecinos tenían 15 días hábiles hasta el 18 de enero de 2012, para presentar objeciones al Concejo. Por ello, es inconcebible la afirmación falsa de los actores en el sentido de no haber explicado el plan regulador en palabras sencillas. Por otra parte, la Municipalidad convocó a todas las asociaciones de desarrollo y cámaras de la zona: Asociación de Desarrollo de Santa Ana, Asociación de Desarrollo de Sardinal, Asociación de Desarrollo de La Libertad, Asociación de Desarrollo de Los Planos, Asociación de Desarrollo de Belén, Asociación de Desarrollo de Río Cañas, Asociación de Desarrollo de Coyolito; Asociación de Desarrollo de Playas del Coco, Asociación de Desarrollo de Usodemar; Asociación de Desarrollo de Comunidad; Asociación de Desarrollo de Paso Tempisque, Asociación de Desarrollo de La Guinea, Asociación de Desarrollo de Playa Panamá, Asociación de Bienes Raíces, Asociación de Pescadores, Cámara de Comercio y Club de Leones. Se colocaron avisos en locales comerciales del cantón, como demuestra con fotografías y se publicó un aviso en el diario Al Día. Habló el Presidente Municipal, el Director del proyecto BID-catastro, EDYPSA, y fue moderada por la Lic. Katherine Mourelo. Destaca, pese a los argumentos de los accionantes, que la propuesta de zonificación quedó igual, únicamente se amplió información técnica de los índices de fragilidad ambiental, que permitió tener mejor entendimiento de los análisis ambientales y de las razones de cómo se determinaron los distintos usos y niveles de fragilidad ambiental para toda la zona planificada. Contrario a lo argumentado también afirma que el Plan Regulador amplía la protección ambiental, la biodiversidad y la protección de las tortugas. Amplía porque los principios y los criterios de protección de las zonas cubiertas, impone más bien restricciones nuevas y buscar proteger mejor el ambiente, en lo que coincide no solo la Municipalidad sino también los concesionarios, pues que también éstos son principales interesados en el respeto de la Naturaleza, puesto que el turismo que desarrollan más bien así lo exige. Ninguna de las playas de la zonificación propuesta son consideradas por las autoridades competentes como zonas de anidación de importancia. Las tortugas anidan en la playa y no en los sectores de la zona restringida. No tienen ningún soporte científico ni técnico de que Matapalo, Zapotal y Manzanillo sean “sitios reconocidos internacionalmente de anidación de tortugas”. Los accionantes son de criterios radicales donde se pretende que no exista ningún tipo de desarrollo, lo que es contrario a otros derechos constitucionales de otros.

13.- Por resolución de las doce horas y cuarenta y seis minutos del siete de enero de dos mil trece, la Presidencia de esta Sala, resolvió las solicitudes de coadyuvancia presentadas en tiempo por el Sr. Roberto Echeverría Alfaro, en su carácter de apoderado general judicial de “Millenium Venture Investments MVI S.A.”, “Yitzak Investments S.A.” y “Lighthouse Consulting Support Services S.A.” y Alejandra Echeverría Alfaro, en su condición de apoderada general judicial de “Playa Zapotal S.A.”, “Corporación de igualdad económica S.A.”, Inmobiliaria Golfita S.A.” y “Club Zapotal S.A.”, y se indicó que la eficacia de la sentencia no les alcanza de manera directa e inmediata, ni la cosa juzgada, no le alcanzan tampoco los efectos inmediatos de ejecución de la sentencia, pues a través de la coadyuvancia no se podrá obligar a la autoridad jurisdiccional a dictar una resolución a su favor, por no haber sido parte principal en el proceso, únicamente le puede afectar en su condición de coadyuvantes, como a cualquier otro, por el efecto erga omnes del pronunciamiento.

14.- El señor Roberto Echeverría Alfaro, en su condición de apoderada general judicial de “Millenium Venture Investments MVI S.A.”, “Yitzak Investments S.A.” y “Lighthouse Consulting Support Services S.A.” aporta escrito para manifestarse sobre los informes presentados de las distintas autoridades en la acción de inconstitucionalidad.

15.- El señor Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, apoderado judicial y extrajudicial de la Municipalidad de Carillo, se refiere a la respuesta rendida por la Procuraduría General de la República. Dice que no informa a la Sala que la única modificación al Proyecto de Plan Regulador fue hecha a solicitud de la SETENA para incluir una sección dedicada a proteger la zona pública y otras restricciones impuestas por la Municipalidad de Carrillo en la Zona Restringida para la preservación de las tortugas. No era necesaria la publicación porque mejoraban la protección ambiental y se cumple el “principio” de no regresión en materia ambiental. Con los ajustes requeridos por la SETENA, el plan regulador aprobado es sustancialmente el mismo plan conocido en audiencia pública. Si se mejora la protección la modificación es válida. Lo que la Sala ha declarado inconstitucional es cuando no se lleva a cabo el trámite ante SETENA; de anularse el Plan sin existir una lesión al principio democrático, se anularía por anularse, sin que sea necesario, sin ningún objetivo público y sin la protección de ningún derecho al ambiente. Peor aún, la eventual anulación de todo este Plan Regulador, no devolvería a una norma carente totalmente de los aspectos ambientales y a usos de suelo y áreas concesionables, que sí ponen en peligro eminente sectores que deben de ser protegidos, como lo ha plasmado el plan recurrido.

16.- El señor Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, en escrito presentado ante esta Sala, a las nueve horas treinta y nueve minutos del 14 de agosto de 2013, se manifiesta a manera de dar conclusiones sobre las inconstitucionalidades invocadas en esta acción, así como sus consideraciones jurídicas.

17.- La señora Alejandra Echeverría Alfaro, en su condición de apoderada general judicial de “Playa Zapotal S.A.”, “Corporación de igualdad económica S.A.”, Inmobiliaria Golfita S.A.” y “Club Zapotal S.A.”, se manifiesta sobre el informe de la Procuraduría General de la República.

18.- El señor Carlos Cantillo, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Carrillo, se apersona el 5 de septiembre pasado al expediente con el fin de aportar el Reglamento de Contaminación Visual y Conservación del Paisaje del Cantón de Carillo, elaborado por el Consultor en Gestión Ambiental, Dr. Allan Astorga.

19.- El señor Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, el 12 de septiembre de 2013, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Carrillo, solicita la realización de la vista que contempla la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

20.- Por resolución de las dieciséis horas treinta y tres minutos del veinticinco de septiembre de dos mil trece, se previno a Alvaro González Alfaro, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, presentar copia del informe presentado a la Sala, dado que se encuentra incompleto. De igual forma se previno a la señora Alejandra Echeverría Alfaro que acreditara la condición con que dice actuar a nombre de “Golf Club Zapotal S.A.”, bajo el apercibimiento de no atender sus argumentos. Y finalmente, se rechaza una solicitud presentada por el señor Henry Montero Arias, por no ser parte en este asunto.

21.- La señora Alejandra Echeverría Alfaro, cumple con la prevención, al aportar la certificación del poder general judicial de la empresa “Golf Club Zapotal S.A.” 22.- El señor Alvaro González Alfaro, de igual manera, aporta el escrito presentado a esta Sala, el 5 de diciembre de 2012.

23.- Por resolución de las dieciséis horas y veintiún minutos del seis de noviembre de dos mil trece, se ordena la celebración de la vista oral y pública dispuesta en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para celebrarse a las nueve horas del veintiuno de noviembre del dos mil trece.

24.- Por resolución de las once horas y trece minutos del siete de noviembre de dos mil trece, se ordena recibir como prueba para mejor resolver la comparecencia de Carlos Mario Orrego Vásquez, Coordinador de Programas y Proyectos del Área de Conservación Tempisque, y el señor Rodney Piedra, Administrador del Parque Nacional Marino Las Baulas, a la audiencia señalada a las nueve horas del veintiuno de noviembre de dos mil trece.

25.- Por escrito presentado por el accionante Alvaro Sagot Rodríguez, expresa su imposibilidad de asistir a la audiencia señalada para el 21 de noviembre de dos mil trece, por haberle sido programada otra en el Juzgado de Palmares, razón por la cual, por resolución de las nueve horas treinta y tres minutos del doce de noviembre de dos mil trece, se deja sin efecto el señalamiento que se hiciera, y se señala nueva audiencia oral para las nueve horas del veintiocho de noviembre de dos mil trece.

26.- Por resolución de las catorce horas treinta y tres minutos del trece de noviembre de dos mil trece, se deja sin efecto la resolución de las once horas y trece minutos del siete de noviembre del mismo año, en cuanto se convoca a los señores Carlos Mario Orrego Vásquez y el señor Rodney Piedra, en su lugar, se ordena la comparecencia para las nueve horas del veintiocho de noviembre de dos mil trece. Asimismo, la resolución convoca a las biólogas Gabriela Blanco y Pilar Santidrián Tomillo, de la República de Argentina y del Reino de España, respectivamente, desde sus lugares de residencia por videoconferencia, para referirse al estudio realizado en coautoría sobre “La tortuga marina negra de Guanacaste amenazada de extinción por prácticas humanas”.

27.- Por resolución de las quince horas diecisiete minutos del quince de noviembre de dos mil trece, se hace saber de las imposibilidades técnicas que tiene la Dra. Gabriela S. Blanco para poder atender la conferencia del 28 de noviembre de dos mil trece, y en su lugar, se ordena recibir su declaración el 21 de noviembre de 2013, a las diez horas de nuestro país.

28.- Conforme a lo ordenado, al ser las nueve horas cincuenta y seis minutos del veintiuno de noviembre de dos mil trece, se dio inicio a la videoconferencia ordenada con la Dra. Blanco, dirigida por el magistrado instructor Castillo Víquez, asistiendo Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, representante de la Municipalidad de Carrillo, Jimmy Álvarez Castillo representante del Instituto Costarricense de Turismo, José Joaquín Barahona Vargas representante de la Procuraduría General de la República, Roberto Echeverría Alfaro y su abogado Fabián Volio Echeverría, en calidad de coadyuvantes y el señor Miguel Sancho Monge, con poder especial judicial de Alejandra Echeverría Alfaro. Se juramenta y se recibe la declaración de Gabriela Blanco, Doctora en Biología, desde Puerto Madre, Argentina. La audiencia se dio por terminada a las diez horas y cuarenta y siete minutos de ese mismo día.

29.- Por resolución de las quince horas veintisiete minutos del veintidós de noviembre del dos mil trece, se tienen por hechas las manifestaciones del Alcalde de la Municipalidad de Carrillo en cuanto objeta la prueba con las señoras Blanco y Santidrián, y se reserva para ser resuelto en el momento procesal oportuno.

30.- La celebración de la vista oral y pública se efectuó a las nueve horas quince minutos del veintiocho de noviembre de dos mil trece, con la participación de todas las partes procesales, y con la prueba para mejor resolver, que consiste en la participación del Coordinador de Programas y Proyectos del Área de Conservación Tempisque, señor Mario Carlos Orrego Vásquez y el Administrador del Parque Nacional Marino Las Baulas, el señor Rotney Piedra Chacón, de igual manera se contó con la participación de la bióloga Pilar Santidrian, desde Mallorca, Reino de España, vía Skype. Las diligencias se dieron por terminadas a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de noviembre de ese mismo día.

31.- Por escritos presentados con posterioridad a la celebración de la vista, los señores Allan Astorga Gattgens como consultor registrado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, coordinador del Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador costero del Cantón de Carrillo, por la Municipalidad de ese cantón, e informe técnico de las empresas coadyuvantes con Didiher Chacón Chavarri y Luis Gabriel Fonseca López, especialistas en tortugas, argumentaciones técnicas a favor de sus respectivas posiciones jurídicas. De igual manera, consta el escrito del Alcalde de la Municipalidad de Carrillo para destacar el área de amortiguamiento de 30 metros establecida por el Plan Regulador Costero para mitigar la afectación lumínica y sónica que se podría generar de la zona restrigida, entre otras zonas más, para proteger desde la pleamar 85 metros hasta el punto donde inician las construcciones.

32.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.- Sobre la admisibilidad. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es necesario en los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, cuando por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa, cuando se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o cuando sea presentada por el procurador General de la República, el contralor General de la República, el fiscal General de la República o el defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. De acuerdo con el primero de los supuestos previstos por el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la norma cuestionada no debe ser susceptible de aplicación concreta, que permita luego la impugnación del acto aplicativo y su consecuente empleo como asunto base. Dispone el texto en cuestión que procede cuando "por la naturaleza del asunto, no exista lesión individual ni directa", es decir, cuando por esa misma naturaleza, la lesión sea colectiva (antónimo de individual) e indirecta. En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres:

"… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter".

En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto, deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación -como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda, de ninguna manera, llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales.

II.- Sobre la legitimación en el caso concreto. La acción se interpone principalmente porque los accionantes acusan que el Plan Regulador Costero del Cantón de Carrillo, afecta los derechos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, además de los derechos de participación e información de los munícipes en su aprobación. Los derechos invocados, en efecto, están contenidos en la Constitución Política, como también en los instrumentos internacionales de protección al medio ambiente, cuya defensa ha reconocido esta Sala, puede ser encabezada por un individuo interesado o un grupo formalmente no organizado pero unido para dar protección al medio ambiente. En este sentido, la Sala estima que procede conocer el reclamo planteado por los accionantes contra el Plan Regulador Costero del Cantón de Carrillo.

III.- Objeto de la impugnación. Se reclama la inconstitucionalidad del Reglamento del Plan Regulador Costero del Cantón de Carrillo, Guanacaste, publicado a La Gaceta No. 173 del 7 de septiembre de 2012, en su totalidad, así como los permisos y concesiones conexos. En este sentido, un primer gran tema de la impugnación de la normativa radica en razones de forma (momento de la convocatoria) y contenido de la audiencia pública (explicación técnica a los munícipes) que se exige en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, y otra normativa. Un segundo argumento se funda en los perjuicios que la reglamentación causa a las tortugas y lo que titulan como la biodiversidad asociada, especialmente en todo lo relacionado con las playas Matapalo, Zapotal y Manzanillo.

IV.- De previo.- Antes de dirimir los alegatos por el fondo, es preciso referirse a la prueba para mejor resolver ordenada en este asunto. Dentro de las facultades que tiene este Tribunal para juzgar los reclamos de constitucionalidad, cuya finalidad y competencia se deriva del propio artículo 10 de la Constitución Política, y en aras de la depuración del ordenamiento jurídico, puede, y en algunos casos, debe este Tribunal ordenar prueba para mejor resolver para ilustrarse mejor sobre un determinado hecho o punto de una controversia constitucional sometida a su conocimiento. En este sentido, ya desde la sentencia No. 1992-00076 de las dieciséis horas treinta minutos del quince de enero de mil novecientos noventa y dos, este Tribunal se pronunció en el siguiente sentido:

“En atención al objeto del proceso constitucional, que está dirigido a verificar una posible violación de derechos fundamentales, la prueba resulta importante cuando exista una disconformidad de los hechos, lo que se deriva de las afirmaciones del recurso, por un lado, y de los informes rendidos bajo juramento por las autoridades involucradas. Es así como la Sala Constitucional resulta ser la destinataria de la prueba, pues es a ella a la que hay que convencer de la verdad real de los hechos y en este sentido, la prueba debe versar sobre los hechos, cuando éstos sean dudosos o controvertidos. Por la importancia de los procesos constitucionales y la informalidad de los mismos, rige el principio de la prueba libre, de manera que la Sala forma libremente su convicción sobre los hechos probados, según las reglas de la sana crítica. Como no se establece limitación alguna al respecto, la Sala puede ordenar cualquier medio de prueba de los admitidos en Derecho, lo que quiere decir que se puede utilizar todo elemento probatorio que le sirva para convencerse de la existencia o inexistencia de un hecho determinado”.

Por otra parte, debe tomarse en consideración la sentencia 1991-0687 de las quince horas treinta minutos del dos de abril de mil novecientos noventa y uno, que indicó que:

“En el tanto estemos en presencia de la protección de derechos socialmente apreciados o de una alta significación para la convivencia armónica de los hombres el ordenamiento niega al afectado el poder de decisión en cuanto a si se sanciona o no al infractor. Por eso, el artículo 8º de la Ley que rige esta jurisdicción dispone que requerida la intervención de la Sala Constitucional ésta deba actuar de oficio, "sin que pueda invocarse la inercia de las partes para retardar el procedimiento". Debemos entender que existe de por medio un interés público en que una vez requerida la intervención de la Sala esta no quede a la voluntad de quienes intervienen en el proceso constitucional de modo qué incluso contra la voluntad de ellos puede llegar a la decisión de fondo, decisión que se estima necesaria a la luz de la finalidad de todo este tipo de procesos. En punto a la acción de inconstitucionalidad obviamente, si lo que se persigue es preservar la supremacía constitucional, una vez requerida la intervención de la Sala (para lo que la ley consagra una gran apertura) no es posible admitir que el proceso quede a disposición de quienes en él participan (no partes, en el sentido procesal tradicional). En estos procesos no se atiende la lesión individual que pueda exhibir el actor de manera preferente, pues lo que se persigue es la satisfacción de un interés general de que los actos sujetos al derecho público y las normas se conformen con el ordenamiento constitucional. Por eso, los efectos y la característica de una sentencia estimatoria en inconstitucionalidad, son declarativos y pronuncian una nulidad ab origine y erga omnes. En tales circunstancias resulta obvio que existe un interés superior al individual, el de supremacía constitucional, que escapa al poder del actor y se deposita exclusivamente en la Sala. Tanto, que la jurisdicción constitucional no se limita al examen de los reclamos expresos de la acción de inconstitucionalidad sino que puede hacerlo respecto de otros no necesariamente previstos y señalados por la acción, así como que declarada la nulidad de una norma se declarara la de otra u otras normas, cuya anulación resulte evidentemente necesaria por conexión o consecuencia (artículo 89).” En este caso, el Tribunal ordenó la prueba para mejor resolver, para ampliar los conocimientos dentro del foro con los criterios técnicos y científicos existentes sobre el ciclo reproductivo de las tortugas marinas y la importancia de las playas en el sector que cubre el Plan Regulador de Carillo, impugnado en la acción. Como es evidente, y se dirá más adelante, se constituye en un hecho incontrovertible la existencia de anidamientos en los sectores costeros que regula el mencionado Plan Regulador, razón por la cual se incorporan disposiciones atinentes a la protección de la tortuga marina.

V.- Sobre el fondo. Los reclamos que se hacen a la normativa se pueden agrupar en tres temas fundamentales, pero para la discusión en la acción de inconstitucionalidad se pueden organizar en dos aspectos principales:

A.- Vicios producidos por defectos en la audiencia pública. Esta Sala ha señalado sobre el derecho de participación e información que es “el establecimiento de mecanismos para vertebrar la sociedad y su relación con las instituciones públicas, es decir, para permitir que el ciudadano pueda formarse su opinión, así como pronunciarse en asuntos que sean de su interés y de relevancia para sus aspiraciones de vida en sociedad” (sentencia No. 2012-014111 de las dieciséis horas del nueve de octubre de dos mil doce); por otra parte, citando a este Tribunal, bien señala la Procuraduría General de la República que tampoco debe servir para convertirse en una mera formalidad, de modo que sea “incapaz de alcanzar los objetivos que está llamada a obtener en protección del derecho a la información y participación ciudadana, aunque ciertamente tampoco debe llegar a constituirse en un obstáculo para que se emita una oportuna resolución de la gestión” (sentencia No. 2009-18358). Esta última sentencia se refiere al Plan Regulador de La Fortuna, que utiliza la Procuraduría para establecer algunos vicios en el Plan Regulador Costero del Cantón de Carrillo, sin embargo, en aquel caso, las infracciones cometidas durante el procedimiento de aprobación de la ordenación urbana eran evidentes y manifiestas. Existen otros casos, sin embargo, en los cuales, podrían existir atenuantes, porque, en efecto, las autoridades encargadas de la tramitología de un Plan Regulador se mantuvieron apegadas a la normativa aplicable, o, al menos, dentro de ciertos rangos aceptables, observando y aplicando la normativa ambiental y urbanística. De ahí que, se hace necesario distinguir el alcance de la jurisprudencia de esta Sala, para la conservación de los actos administrativos que cumplen prima facie con los criterios ambientales, urbanísticos y otros requisitos legales y reglamentarios, quedando en posibilidad de abrir la discusión en la vía contencioso administrativa, si lo que se cuestiona son las matizaciones en la apreciación y aplicación de esos requisitos establecidos en la normativa infra-constitucional. La jurisdicción constitucional debe quedar reservada para violaciones groseras a los derechos constitucionales y convencionales, de donde, para los otros aspectos de legalidad, se tienen los tribunales para su discusión. En este sentido, el criterio externado en la sentencia No. 2005-2589, que declaró con lugar un recurso de amparo por haberse dado la audiencia pública de un Plan Regulador sin la viabilidad ambiental de SETENA, en que el caso que nos ocupa, es distinto, porque los estudios ambientales sí fueron presentados a la comunidad, tanto los informes iniciales como complementarios que sirvieron para otorgar la viabilidad ambiental de la SETENA, y a pesar de llevarse a cabo la audiencia y el otorgamiento de la viabilidad en diferentes momentos, no hubo un cambio sustancial en la normativa y en la zonificación propuesta. No obstante lo anterior, desde el punto de vista de la discusión propuesta por los accionantes, el Plan Regulador Costero se impugna porque:

1.- Hubo violación al derecho de información y al derecho de participación ciudadana. Los accionantes afirman que la SETENA provocó grandes cambios de fondo en el Plan Regulador Costero, pero tanto la Municipalidad como los coadyuvantes, se opusieron a dicha argumentación, porque, en efecto, no mencionan cuáles puntos en específico sufrieron. Sobre el particular, la Municipalidad insiste, en sus informes que se trata del mismo instrumento normativo, porque lo que SETENA previno fue información complementaria, pero nunca un rechazo. No desconoce la Sala, que en otras oportunidades, ha establecido que la audiencia pública debe hacerse concluida la revisión de la SETENA, cuando se obtiene la viabilidad ambiental, pero es importante mencionar que, los reclamos de la acción, no muestran cuáles fueron las grandes variaciones entre el Reglamento presentado a la comunidad, y finalmente el aprobado y publicado como Plan Regulador Costero. En este sentido, la SETENA hace la aclaración que otorga la viabilidad por resolución No. 1909-2012-SETENA del 17 de julio de 2012, dando por cumplidos los requisitos, y que en efecto previno el 9 de febrero de 2012 información adicional por el oficio SG-DEAE-032-2012. Es evidente, que pretender ahondar en esta discusión, conllevaría a la Sala a una discusión más allá de declarar principios, valores y de derechos fundamentales violentados, que es la función principal de un Tribunal Constitucional, sino a una propia de la jurisdiccional ordinaria, la cual posee mejores mecanismos procesales para resolver los retos probatorios que se presentan. Por otra parte, para determinar si hubo una limitación inconstitucional al derecho de información y de participación ciudadana se examinará la convocatoria a la audiencia pública. Para empezar, las formalidades de la convocatoria realizada por la Municipalidad a los munícipes, evidentemente, se desarrolló con toda regularidad con quince días antes de la actividad. La Municipalidad de Carrillo hace hincapié, en su informe, que se dio a conocer extensamente el acto mediante convocatorias públicas difundidas en la prensa (diario Al Día), radio locales, perifonea y volantes. Además, hubo convocatoria a la sociedad civil encabezada por algunas asociaciones y cámaras del lugar: Asociación de Desarrollo de Santa Ana, Asociación de Desarrollo de Sardinal, Asociación de Desarrollo de La Libertad, Asociación de Desarrollo de Los Planos, Asociación de Desarrollo de Belén, Asociación de Desarrollo de Río Cañas, Asociación de Desarrollo de Coyolito; Asociación de Desarrollo de Playas del Coco, Asociación de Desarrollo de Usodemar; Asociación de Desarrollo de Comunidad; Asociación de Desarrollo de Paso Tempisque, Asociación de Desarrollo de La Guinea, Asociación de Desarrollo de Playa Panamá, Asociación de Bienes Raíces, Asociación de Pescadores, Cámara de Comercio y Club de Leones. La Procuraduría General de la República le señala a la Sala aquí un posible vicio, por lo sostenido en la sentencia del Plan Regulador de La Fortuna, como jurisprudencia que controlaría el caso que nos ocupa, sin embargo, en ese caso se intentó celebrar una audiencia pública convocada con menos días de lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, no fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, sino que antes de celebrarse (convocatoria con menos días de lo señalado, debía hacer con 15 días antelación) se suspendió indefinidamente, y aun así se promulgó la normativa. Es claro, que de ninguna manera la sentencia No. 2009-18358 aplica o controla al caso que nos ocupa, porque nadie discute el plazo transcurrido entre la convocatoria y el momento en que se celebró la audiencia pública, y la aprobación sin una audiencia, sino solo el momento en que se debe realizar.

2. No entregaron material para personas sin conocimiento técnico. En el libelo de interposición de la acción se dice que la información presentada no fue sencilla y comprensible para todos los munícipes. Sin embargo, la Municipalidad afirma que la audiencia fue explicativa, se afirma que se dio a conocer todo el material que incluye el Plan Regulador, los mapas, el texto y los estudios. Tanto las láminas de zonificación y del material técnico de respaldo, quedó a disposición de los interesados, y que eso dio pie a cinco oposiciones. A pesar de lo dicho por los accionantes, las explicaciones que las autoridades dan en los informes son todas coincidentes (Municipalidad, ICT, el INVU y los coadyuvantes), lo señalado en la audiencia de vista del veintiocho de noviembre pasado, en que se otorgó el uso de la palabra, hubo espacio para preguntas y el material fue repartido entre los interesados que se pudieron acercar a la Municipalidad, se explicó el mecanismo que se utilizaría para evacuar las consultas u oposiciones, además la información que se impartió en la audiencia se podía retirar en la Municipalidad. Y se contó con el plazo de quince días hábiles (que en realidad fueron 22 días completos por las fechas festivas) para hacer las oposiciones respectivas. En el criterio de la Sala, es claro que estos argumentos también padecen del defecto originalmente consignado en el anterior apartado, no se precisa en qué aspectos no se entregó la información de manera sencilla, cuando, por el contrario, las minutas sugieren que se siguió un orden en la explicación y discusión del Plan Regulador. Según se ha dicho, no estima esta Sala que haya infracción al derecho a la información y participación ciudadana, es claro que la persona con interés de profundizar en el material podía retirar la información en el lugar señalado por la Municipalidad, para ejercer cualquier oposición al Plan. Finalmente, si lo que se impugna es el grado de tecnicidad de la información, que es lógico cuando se refiere al uso del suelo, evidentemente, es un tema técnico-jurídico por antonomasia, para lo cual se exigiría revisar las exposiciones, lo que claramente supera la función de este Tribunal Constitucional.

3.- La SETENA rechazó el proyecto del Plan Regulador Costero. Aunque se llega a afirmar en el escrito de interposición que la SETENA rechaza el Plan Regulador Costero, debe destacarse que las autoridades niegan que ese sea el efecto del pronunciamiento dado por oficio SG-DEAE-032-2012 del 9 de febrero de 2012, pues en él se previno a la Municipalidad complementar la información presentada el 26 de enero de 2012, fecha en la que se entregó la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre, pero se niega que esa resolución fuera un rechazo, porque, por sus atribuciones legales, no le corresponde dar aprobaciones, sino otorgar licencias ambientales. Entiende la Sala que los actores han querido producir un efecto más dramático en el Tribunal, pero aceptado es que las Municipalidades no obtienen de la SETENA la aprobación en sentido estricto de sus Planes Reguladores, sino su función es otra, muy distinta por estar limitada a un análisis específico, que es resguardar el medio ambiente frente a la actividad humana. De este modo, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 32967 de 20 de febrero de 2006, que establece:

“2.1 Objetivos del procedimiento 2.1.1 La finalidad primordial del Procedimiento es el de aportar los lineamientos técnicos principales y básicos que deberá cumplir la municipalidad, autoridad correspondiente o usuario del instrumento, para incorporar la variable de impacto ambiental o variable ambiental en la planificación del uso del suelo de su territorio jurisdiccional o de interés, así como indicar los lineamientos técnicos que seguirá la SETENA para revisar y evaluar dicha introducción de variable ambiental, a fin de otorgar en definitiva, y en caso de que se cumplan los procedimientos definidos, la Viabilidad (Licencia) Ambiental a la propuesta.

2.1.2 El resultado de la aplicación de este método de IFA y de análisis de alcance ambiental de la propuesta de desarrollo que aquí se describen es un mapa de zonificación de categorías de fragilidad ambiental con los (sic) respectivas tablas de limitantes y potencialidades técnicas, el cual servirá de orientación para la toma de decisiones sobre la planificación del uso del suelo y para definir, a modo genérico el alcance ambiental del mismo, dentro de un marco básico y elemental de Evaluación Ambiental Estratégica aplicada al ordenamiento territorial 2.2 Limitantes, consideraciones, prevenciones y recomendaciones para el uso del procedimiento 2.2.1 El procedimiento que aquí se describe, se debe considerar como un procedimiento mínimo, de referencia y orientación básica para la introducción de la variable en la planificación de uso del suelo y de su alcance ambiental. Su adopción por parte de la SETENA como instrumento técnico, no excluye ni limita la posibilidad de que los usuarios del mismo, puedan utilizar, de modo complementario, cualquier otro tipo de instrumento técnico del ordenamiento territorial que produzca los resultados esperados del método que aquí se plantea, es decir, la identificación de la fragilidad ambiental de los espacios geográficos y de las potencialidades y limitantes técnicas de sus diferentes categorías y zonas de fragilidad ambiental integrada, así como el análisis del alcance ambiental del desarrollo propuesto 2.2.2 El mapa de zonificación de IFA, NO debe ser considerado ni interpretado como el mapa de zonificación de uso del suelo que genera el Plan Regulador o el Plan de Uso del Suelo, por el contrario, es un insumo del componente de diagnóstico, que aplica la premisa ambiental y establece las bases para que las autoridades en conjunto con los otros actores sociales involucrados puedan decidir sobre los usos más acertados y apropiados que se darán al suelo del territorio objeto de la planificación.

…” La Viabilidad (Licencia) ambiental es definida como la condición de armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre una obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, desde un punto de vista administrativo y jurídico, corresponde “… al acto en que se aprueba el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial…”, lo que denota una naturaleza distinta a la pretendida por los accionantes, pues una lectura integral, permite entender que se trata de una fase del procedimiento de aprobación de Planes Reguladores, para establecer un referente básico y de diagnóstico superable, dado que como piso ambiental puede ser mejorado, incluso después de que las instituciones relevantes dan la aprobación al Plan Regulador, como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, o el mismo Instituto Costarricense de Turismo, mediante legislación específica, y por supuesto, la propia corporación municipal interesada.

4.- Sobre los vicios en el contenido y la calidad de la información que se presentó en la audiencia pública explicativa del Plan Regulador. El argumento central de la Municipalidad es que los estudios ambientales si fueron presentados a los interesados, aunque, evidentemente fue con posterioridad que tuvieron que ser ampliados con estudios complementarios. Esto podría llevar a una discusión sobre la calidad de la información que se ofreció en la audiencia pública, lo que a juicio de este Tribunal, radica la cuestión principal de la acción, en si esa información faltante era de tal trascendencia que debía explicarse a los presentes. Lo cierto es que la audiencia pública del 14 de diciembre de 2011 ocurrió antes del dictado de la viabilidad ambiental por resolución No 1909-2012-SETENA, la pregunta es válida, si era necesario alterar el procedimiento de aprobación del ordenamiento urbano con posterioridad. La Municipalidad afirma que no existe perjuicio dado que en nada modifica o perjudica las regulaciones, zonificaciones, del nuevo Plan Regulador Costero. A juicio de este Tribunal, debe indicarse que, luego de realizada la prevención de la SETENA por oficio SG-DEAE-032-2012 del 9 de febrero de 2012, la información prevenida y presentada resultó ser confirmatoria de lo que ya se había registrado en el informe de evaluación ambiental estratégica del Plan Regulador Costero del Cantón de Carrillo presentado en la audiencia. Es decir, como lo sostiene la Municipalidad, el Plan Regulador no debía sufrir modificaciones significativas. Lo anterior quiere decir, que la audiencia pública se llevó a cabo con una determinada información, la que se expuso al público presente, y no obstante se recabó otra posterior, si se quiere complementaria, es posible para este Tribunal determinar que quedaron los lineamientos generales y éstos permanecieron incólumes. Según la Municipalidad, hubo dos cambios: en el área de parqueo y en la ubicación y orientación de un camino de acceso, lo restante se conservó en el Plan Regulador. Estos cambios mejoraron el proyecto, no lo empeoraron, como se pretende alegar. Estos nos lleva a uno de los antecedentes citados por las partes:

“De los hechos anteriores no se desprende vulneración alguna de los derechos fundamentales de la amparada, en cuanto a la convocatoria de la audiencia pública sobre el Proyecto de Reformas al Plan Regulador de San José, denominado Plan Director Urbano (PDU), y sus reglamentos, la cual fue publicada con antelación suficiente; el acuerdo a que se refiere la recurrente, publicado, también, con antelación suficiente, modificó únicamente la fecha de la audiencia, no así ninguno de los demás elementos a considerar; por otra parte, la información sobre el proyecto, documentos y mapas, fueron puestos a disposición del público en la página web de la Municipalidad y en la plataforma de servicios. [...]Por otra parte, las disposiciones ambientales que requieren incorporarse al Plan Regulador fueron incorporadas al proyecto y las demás están en proceso de aprobación de la SETENA, para su posterior aprobación independiente de la del Plan, mediante el procedimiento legalmente previsto. En consecuencia, procede desestimar el recurso..." Lo escrito en negrita no es del original. Sentencia de la Sala No. 2011-06216 Por otra parte, las regulaciones que aplicaban al trámite dado por la Municipalidad, tomó en consideración la resolución vigente en ese momento, de SETENA No. 1704-2011-SETENA de 13 de julio de 2011, que establece que las propuestas de ordenamiento territorial, con la excepción que indica, deben presentar:

“2.1 Certificación Notarial que demuestre haber cumplido con la realización de la audiencia pública que prevé la Ley de Planificación Urbana, de forma previa a enviar el proyecto final a la SETENA para la obtención de la viabilidad ambiental. Esta audiencia constituye un requisito de acatamiento obligatorio, que por estar ligado al ejercicio de derecho a la participación ciudadana es un asunto que le afecta directamente, debe efectuarse con anterioridad a la toma de la decisión administrativa”.

En este sentido, se exigía, para ese momento, la audiencia pública explicativa a los vecinos de los alcances de un plan regulador, lo que, en sí implicaba una actuación obligatoria de la Municipalidad para obtener la viabilidad ambiental. Es importante destacar que posteriormente se modificó esa determinación por resolución No. 0614-2012-SETENA de 29 de febrero de 2012, pero, para el momento en que se llevó a cabo, aquella disposición se mantenía vigente. Hay que tomar en cuenta que, en efecto, el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana no establece un orden cronológico estricto de las diferentes aprobaciones institucionales. Por ello, lo propio es que esto se discutan las omisiones en una vía más amplia que la que se puede ofrecer en esta jurisdicción constitucional. Habría que hacer un escrutinio más exigente de los alegatos, si lo que se pretende demostrar es que sí se modificó el Plan Regulador en perjuicio de disposiciones normativas infra-constitucionales. Reitera de nuevo esta Sala que la jurisdicción constitucional debe resguardar los derechos y principios constitucionales cuando son infringidas groseramente por las administraciones públicas. Para lo restante están los Tribunales de Justicia ordinarios. Incluso, el vicio que se reclama sobre la oportunidad de realizar la audiencia pública, es uno que, puede argumentarse depende del grado de quebrantamiento de las discusiones técnicas en que se modificó los estudios ambientales, presentados con posterioridad a la SETENA para su evaluación. En sintonía con esta conclusión debe destacarse la sentencia No. 2011-05516 en cuanto estableció que:

“Si bien es cierto esta Sala ha reconocido la existencia del derecho de participación ciudadana en asuntos de índole ambiental, este derecho debe ser comprendido, al menos para ser de conocimiento de esta jurisdicción, para aquellos proyectos que por su índole especial y de gran trascendencia o afectación pueda afectar sensiblemente a una comunidad. Tratándose de un principio constitucional, resulta consecuente su adaptación también en otra normativa de índole legal, incluso abarcando mayores ámbitos a los que constitucionalmente se tutelen vía amparo, lo cual es acorde al ordenamiento jurídico, sin embargo la verificación de estas audiencias o comunicaciones, no corresponde ser verificada en todos los casos por esta jurisdicción, sino únicamente en aquéllos en que éstas resulten indispensables por su grado de afectación, como los casos considerados técnicamente de alto impacto ambiental, supuesto que no es al que nos enfrentamos en el presente caso, ya que se trata de un obra que se encuentra calificada como de “bajo impacto ambiental potencial” …”.

Se debe concluir, entonces, que bajo una mejor ponderación del Tribunal y de la evolución de su jurisprudencia, la audiencia pública puede darse con anterioridad al otorgamiento de la viabilidad ambiental, bajo consideraciones cuidadosamente analizadas por el órgano decisor, siempre y cuando, y como en el presente caso, y por una vía excepcionalísima, el otorgamiento de esa viabilidad impone al ente municipal una serie de recomendaciones tendientes a proteger de forma efectiva el medio ambiente. De no ser así, estaríamos ante un caso típico de la nulidad por la nulidad misma, pues, como es bien sabido, y siguiendo la teoría de las nulidades, esa teoría ha sido descartada, toda vez que una nulidad debe declararse sí efectivamente hay una afectación a los intereses públicos, en este caso un daño real o potencial al medio ambiente, situación que no se presenta en este caso, además de que los elementos estructurales del acto administrativos, formales y materiales, están comprendidos en el Plan Regulador que se impugna. La oportunidad de esta obligación cede conforme al grado de exigencias técnicas en la materia. Adicionalmente, esta Sala ha sostenido también, en sentencia No. 2012-14111, que:

“… si la ciencia y la técnica proponen un tratamiento unívoco, las decisiones jurídicas como políticas deben estar guiadas por éstas. En este sentido, entre mayor peligrosidad exista en una actividad, más estrictas deben ser las exigencias; por el contrario, si una determinada práctica o actividad es de bajo impacto ambiental, las exigencias políticas y jurídicas pueden relajarse, como en efecto se ha descrito […]. En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a un tiranía de la participación ciudadana privilegiándola por encima de las reglas exactas de la técnica y la ciencia, si éstas permiten relajar o flexibilizar la oportunidad, y si no existen razones al día de hoy para estimar un cambio normativo, tampoco lo sería para establecer que un tratamiento distinto al unívoco de la ciencia y de la técnica”.

Si bien se impugna el procedimiento de aprobación del ordenamiento urbano por la presunta ausencia de información técnica, es claro que en efecto existió información que se dio a los interesados, que de ser exhaustiva sería en sí misma un contrasentido exigirlo como tal a una audiencia ciudadana, para convertirla más allá de una fuente de información e instrumento de retroalimentación para elevar la calidad del acto público que debe emitirse, en un obstáculo para su emisión. La Sala debe intervenir en los casos en que existe una fuerte contradicción con los principios constitucionales invocados, pero no cuando debe descender a temas muy minuciosos, que de todas formas no han hecho valer los accionantes.

B.- Desprotección al medio ambiente y ecológicamente equilibrado. El otro aspecto impugnado que debe resolverse en la acción, son los reclamos sobre la falta de protección a los sitios de anidación de las tortugas. Se ofrecen estudios de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Costa Rica, www.ambientico.una.ac.cr/A41.pdf, pese a las dificultades de descargar la información desde la red, finalmente se obtuvo acceso y se analizó en la audiencia de vista, para lo referente a las tortugas negras. Por su parte, los informes de las autoridades revelan que la naturaleza de la discusión tampoco es puramente de principios y valores de la Constitución Política, sino de cuáles criterios técnicos deben prevalecer en la conservación de las tortugas marinas, toda vez que, se considera que las disposiciones del Plan Regulador, no son garantía suficiente, que incidirán negativamente en el comportamiento de la tortuga cuando llegue a desovar en la playa. El ordenamiento urbano costero permite en forma muy limitada espacios de desarrollos dentro de las áreas de concesión en un 40%, pero con fuertes limitaciones, no solo en la cobertura del área, sino en cuanto a la Zona de Control Lumínico.

“Protección de Tortugas Artículo 53.- Regulación supletoria: Las áreas frente al mar, en zonas de anidación de tortugas, se establecen como Zonas de Control Lumínico (ZCL). En dichas zonas se establecen las siguientes disposiciones, como capa de regulación adicional a la zonificación, para lograr el balance entre el desarrollo y la protección de los quelonios.

Artículo 54.- Densidad: Salvo en aquellos casos en que, por razones de Fragilidad Ambiental se imponga una limitante mayor, la densidad máxima en las ZCL se limitará al 40% del área incluyendo las calles, aceras, edificios y demás edificaciones.

Artículo 55.- Cobertura natural: Toda concesión en ZCL deberá incorporar un retiro adicional de 5 metros entre la línea de mojones que delimita la ZP y la línea de construcción. En dicha área no se permitirá la construcción de ningún tipo de infraestructura permanente o temporal y deberá dedicarse al cultivo y mantenimiento de una barrera vegetativa con árboles y plantas de especies autóctonas. Dicha barrera deberá alcanzar al menos la altura máxima permitida al uso respectivo –de conformidad con la descripción incluida en el presente Reglamento.

Artículo 56.- Limitantes por razones de iluminación: En las ZCL, la municipalidad deberá rechazar cualquier solicitud de permiso de construcción que incorpore estructuras que sobrepasen la altura máxima permitida, o que incorpore luces que se dirijan directamente en dirección al mar o hacia los manglares.

Del mismo modo la municipalidad deberá rechazar cualquier solicitud de permiso de construcción que no incorpore ventanería que incorpore filtros de luz que reduzcan su paso en al menos un 95%, en aquellas ventanas que se planteen de frente al mar.

La municipalidad condicionará el otorgamiento del respectivo permiso de construcción en zonas de anidación a la incorporación de barreras artificiales, tales como el sarán, durante el proceso de construcción de las obras…” Esta Sala, en otra oportunidad, resolvió una acción de inconstitucionalidad, en el que se conoció el establecimiento de áreas de amortiguamiento o mitigación, como espacios con propósitos lícitos de cara a ciertos regímenes de protección ambiental, tanto de la actividad humana y de la naturaleza, pues uno y otro, pueden verse beneficiados recíprocamente, o porque no, por inactividad humana según los propósitos ambientales y las regulaciones vigentes. Así, por sentencia No. 2010-14772 de las 14:35 horas del 1 de septiembre de 2010, esta Sala estableció que:

“Pero además, para resolver la acción de inconstitucionalidad, la Sala debe determinar qué es una zona de amortiguamiento y sus funciones. La doctrina señala que se trata de zonas adyacentes a las áreas protegidas, cuyo régimen de protección resulta ser menos intenso que el que recibe el área protegida. Por ello, desde el punto de vista de su administración el uso de la tierra en una zona de amortiguamiento cumple una doble función, sirve de estrato adicional que salvaguarda el área protegida y proporciona ciertos recursos a las comunidades circundantes. Su régimen en consecuencia es menos restringido que el área protegida, pero en razón de lo anterior, resulta necesario para no impactar negativamente aquella área, cuales son las prácticas compatibles en la zona de amortiguamiento por su estrecha relación con el área protegida. En este sentido, su función está con la protección del área silvestre protegida específicamente, con una extensión adicional de área que permite el amortiguamiento de todos sus hábitats protegidos y los ciclos reproductivos de la flora y fauna, incluso en el área adyacente. Por otra parte, la Zona de Amortiguamiento permite cierta actividad económica a las poblaciones adyacentes, para proporcionar una actividad socio-amortiguamiento, donde la conservación y protección no sería la premisa principal, y la vida silvestre puede ser utilizada limitadamente por los pobladores circundantes, siempre que ello no entre en conflicto con los objetivos principales del Área Silvestre Protegida. De ahí que prima facie cualquier actividad que se realice dentro de la zona de amortiguamiento, que suponga incompatibilidad con los objetivos de protección de un Área Silvestre Protegida, resultará inconstitucional por infracción al artículo 50 de la Constitución Política, salvo que en la determinación del tipo y extensión de estas áreas pudieran desprenderse algún tipo de compatibilidad con las prioridades de protección y conservación, las necesidades de las poblaciones tradicionales que dependan del área de amortiguamiento y finalmente las implicaciones económicas que pueden generarse de él, todas ellas de manera sostenible”.

Para el caso que nos ocupa, es claro que la legislación que en concreto se impugna en la acción, sirve para establecer no solo un área de amortiguamiento, sino que cumple un cometido también constitucional, que es la necesaria interacción humana, con todas sus actividades económicas bajo el régimen de la Zona Marítimo Terrestre, dotando de protección a la zona pública como parte del Patrimonio Natural del Estado frente a la actividades reguladas que se podrían desarrollar en la Zona Restringida. De lo anterior, es claro que el argumento de los accionantes llevaría a concluir que las disposiciones no son suficientes para garantizar protección a las tortugas, que desovan en el lugar. Aun con el argumento de la Municipalidad de Carrillo cuando desmiente que las Playas Matapalo, Zapotal, y Manzanillo sean lugares reconocidos internacionalmente donde habitualmente las distintas tortugas marinas utilizan como sitios de anidación, se reconoce que puede haber anidación de diferentes tortugas en las playas afectadas por el Plan Regulador, lo que se ha venido dando a lo largo de la historia. Pero es relevante establecer aquí que ningún otro Plan Regulador existe para frenar el desarrollo turísticos y urbano en el lugar, como si lo puede establecer estas disposiciones de zonificación, de modo que la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma implica en sí mismo un retroceso significativo, contrario a lo dispuesto por el mismo artículo 50 constitucional. Por otra parte, han sido producto de los cambios gestados por la propia SETENA, las que modificaron la orientación de un camino de acceso y estacionamiento de vehículos, como el establecimiento de barreras naturales mayores a los cinco metros señalados por el Reglamento, consistente en treinta metros que brindan mayor protección a la luz que puede llegar a la playa, y que, es incontrovertible que produce confusión a los quelonios, neonatos o adultos. En relación con los distintas obligaciones voluntariamente adquiridas por el Estado costarricense en la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, permite ordenar y regular el uso de las playas y de las dunas costeras, la localización y características de edificaciones, el uso de la iluminación artificial y el tránsito de vehículos en las cercanías de las áreas de anidación. Lógicamente, sostener que los cinco metros, como los treinta metros adicionales en el mapa de zonificación, conlleva una desprotección del ambiente, en específico, en perjuicio de las tortugas, por el impacto que produciría la actividad humana con la vida silvestre, debe sustentarse debidamente sobre un razonamiento científico y técnico, y demostrarse que los criterios utilizados por la municipalidad son improcedentes. En este sentido, la Sala Constitucional en su jurisprudencia ha establecido dentro de los diferentes principios constitucionales que condicionan la actuación del Estado, lo siguiente:

“ De la objetivación de la tutela ambiental: el cual, tal y como lo señaló este Tribunal en sentencia número 14293-2005, de las catorce horas cincuenta y dos horas del diecinueve de octubre del dos mil cinco, es un principio que […], como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente”. (Sentencia No. 2006-17126).

En el caso que nos ocupa, la viabilidad ambiental al Plan Regulador Costero fue otorgado por la SETENA a la Municipalidad con fundamento en los estudios ambientales que se realizaron, incluyendo los estudios complementarios, de manera que la naturaleza de la discusión no apunta a graves infracciones a la normativa protectora ambiental, sino de la supuesta insuficiencia y oportunidad de los fundamentos técnicos y científicos que sirvieron de base para la toma de la decisión. A lo largo de la acción de inconstitucionalidad, los accionantes han argumentado cuestiones generales para impugnar la normativa, pero no reclamos específicos que revelen una decisión a contrapelo del principio de objetivización de la tutela ambiental. Por el contrario, se demuestra un procedimiento de aprobación del Plan Regulador Costero del Cantón de Carrillo (parcial), con actuaciones concatenadas que fueron atendidas especialmente por la SETENA, en cuanto otorga la viabilidad ambiental por resolución No. 1909-2012-SETENA del 17 de julio de 2012, con las indicaciones específicas en el Considerando Vigésimo Primero estableciendo la exigencia y necesidad de los proyectos de acoplarse al “Índice de Fragilidad de Bioaptitud Marino Integrado” que incorpora el tema de anidamiento de tortugas marinas, la creación de una oficina ambiental o departamento competente con la información relevante de fragilidad ambiental: todo lo cual si se desea combatir por insuficiente, deberá realizarse en la vía jurisdiccional ordinaria (artículo 10 del Código Procesal Contencioso-Adminsitrativo). Es un hecho no controvertido en este proceso constitucional, que una de las playas, Matapalo, es un sitio de anidación de la tortuga. Prueba de lo que se viene afirmando lo constituyen las medidas que se adoptan en el Plan Regulador Costero a partir de los artículos 53 y siguientes, precisamente para proteger esa especie. El punto en cuestión es si esas medidas son o no suficiente para la protección de la tortuga. No cabe duda que la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de la Tortugas Marinas impone al Estado de Costa Rica y, por consiguiente, a los órganos y entes de la Administración Pública la protección, conservación y recuperación de tortugas marinas y su hábitat (artículo IV, inciso 1). Dentro de los instrumentos que prevé el Instrumento internacional está la designación de áreas protegidas, tal y como lo prevé el Anexo II. Por su parte, el citado Anexo, establece que los Estados partes pueden adoptar estudios de impacto ambiental de las actividades relativas a desarrollos costeros y marino que puedan afectar el hábitat de las tortugas marinas, incluyendo: dragado de canales y estuarios; construcción de muros de contención, muelles y marinas; extracción de materiales; instalaciones acuícolas; establecimiento de instalaciones industriales; la utilización de arrecifes; depósito de materiales de dragados y de desechos, así como otra actividades relacionadas. Asimismo, se reitera que los órganos y entes están autorizados por ese Instrumento internacional a ordenar y, de ser necesario, regular el uso de las playas y de las dunas costeras respecto de la localización y características de edificaciones, el uso de iluminación artificial y al tránsito de vehículos en áreas de anidación. Por último, los Estados partes pueden establecer áreas protegidas y otras medidas para regular el uso de áreas de anidación o distribución frecuente de tortugas marinas, incluidas las vedas permanentes o temporales, adecuación de las áreas de pesca y, en la medida de lo posible, restricciones al tránsito de embarcaciones. Adoptando como marco de referencia lo anterior, en el ámbito de su competencia, la corporación municipal incluye en su Plan Regulador Costero una serie de medidas para proteger, conservar y recuperar la población de tortugas marinas y de su hábitat; la controversia jurídica está en el hecho que los accionantes consideran que esas medidas (contempladas en los numerales 53 al 56 inclusive) son insuficientes. La corporación municipal opina todo lo contrario, así como los coadyuvantes pasivos. Por su parte, el estudio que aportan los accionantes no es concluyente, pues, después de reconocer que la playa Matapalo es una de las principales de anidación –hecho no controvertido-, se limita afirmar que “(…) las amenazas detectadas fueron: recolección ilegal de huevos, desarrollo de playas de anidación y turismo sin control”. Sobre el particular, cabe hacer algunas precisiones de rigor: En primer lugar, en dicho estudio no se hace una evaluación de si las medidas adoptadas en el Plan Regulador Costero son o no suficientes para proteger la especie. En segundo término, en relación con Matapalo, su hallazgo se limita a indicar que “(…) se observaron nidos de tortugas negras depositados en zona con intenso tráfico de personas”. Por último, no hay un análisis sobre el área de amortiguación y la densidad de un 40% de los terrenos para la construcción. Todos estos aspectos y otros, no son objeto de análisis, por la elemental razón de que no estaba entre sus objetivos. Ahora bien, el establecer si las medidas que se contemplan en el Plan Regulador Costero son o no suficientes desde una perspectiva técnica y científica, rebasan el objeto del proceso constitucional que nos ocupa, y son propios de la vía ordinaria, donde en los procesos ordinarios de conocimiento, de forma amplia, las partes puedan aportar las pruebas y contrapruebas, hacerse acompañar de los peritos-asesores, requerir informes periciales, etc., y, de esa forma, llegar a un grado de certeza en cuanto a la efectividad o no de las medidas que contempla el citado Plan. En este caso, el objeto de la acción es más limitado: determinar si el citado Plan contiene las medidas para proteger al ambiente; la respuesta es afirmativa, cuenta con la viabilidad ambiental y contiene normas de protección. Por otra parte, el Plan se ajusta a lo que dispone el Instrumento internacional, o dicho de forma negativa, no se acredita una contradicción entre la Convención y el Plan que se impugna. Tampoco se aduce que la normativa vulnere por omisión el artículo 50 constitucional. La controversia jurídica se limita, pues, como se ha dicho en forma reiterada, a determinar la efectividad o no de las medidas que contempla el Plan, extremo que debe de ser discutido ampliamente en la vía ordinaria, tal y como se ha indicado supra.

Finalmente, en cuanto a lo reclamado en conexo con la petición de declarar inconstitucional todo el Reglamento y demás normativa del Plan Regulador Costero, sobre el otorgamiento de alineaciones, visado de planos catastrados, etc, por la forma de resolver este asunto no es necesario pronunciarse.

V.- Conclusión. Por todo lo expuesto, lo que procede es declarar sin lugar la acción, como en efecto se hace.

VI.- Voto Salvado de los magistrados Armijo Sancho, Cruz Castro y Rueda Leal, con redacción del último. Los suscritos no compartimos el criterio de la mayoría, en tanto se desestima la acción por considerar que no se produjo en el caso sometido a estudio una vulneración del principio de participación ciudadana, tema que es un asunto de relevancia constitucional no solo por estar de por medio el principio democrático establecido en el artículo 9 constitucional, sino también la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado regulado en el artículo 50 de la Carta Magna.

I.- Sobre la participación ciudadana en materia ambiental. A partir del principio democrático de participación ciudadana establecido en el artículo 9 constitucional, este Tribunal ha tutelado el derecho de los ciudadanos a participar de forma activa en la toma de decisiones de interés general o colectivo. Precisamente, esta Sala, de manera reiterada, ha indicado que en la idea de democracia participativa –de activa y plena participación popular-, adquiere el principio democrático su verdadera dimensión. Asimismo, la Sala ha vinculado la participación ciudadana con el derecho a un ambiente sano, según garantiza el numeral 50 constitucional.

Tal condición no es advertida recientemente, sino desde 1972 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en la ciudad de Estocolmo, donde quedó expresamente establecido en el principio 10 de la Declaración de Río, que tratándose del crecimiento humano y ambiental, debe garantizarse la participación activa de todos los sujetos sociales y autoridades públicas, mediante el acceso y publicitación de la información relativa al ambiente, así como de los peligros circunscritos al desarrollo sustentable:

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” A partir de dicha disposición surgieron compromisos internacionales y regionales relativos al acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental. Entre ellos, el Programa 21, dentro del marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se enfocó en una adecuada política ambiental para el desarrollo sostenible y contempló diversos capítulos sobre el acceso a la información ambiental. Posteriormente, en 1998, la Convención sobre el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en la toma de decisiones en temas ambientales. Esta convención se llevó a cabo en Aarhus, Dinamarca, suscrita por países de la Comisión Económica para Europa, donde se establecen parámetros básicos que favorecen el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos medioambientales. En esencia, desarrolla adecuadamente los tres elementos dispuestos en el principio 10 de la Declaración de Río, suscrita por nuestro país. De igual modo, se continuaron dichos esfuerzos: en 1999, con la Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones en la Materia de Desarrollo Sostenible, aprobada por los gobiernos miembros de la Organización de Estados Americanos; en el año 2006, con la Declaración de Santa Cruz +10 y en el 2012, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río +20, que finalizó con la emisión del documento denominado “El futuro que queremos”, vinculado con el acceso a la información ambiental, la participación del público en el desarrollo sostenible y los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para impulsar el desarrollo sustentable. Conferencia en la cual, Costa Rica adquirió el compromiso de impulsar a nivel interno, los tres pilares del principio 10 de la Declaración de Río, que son básicamente:

1- El acceso a la información pública.

2- La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas con el ambiente.

3- El acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos.

A continuación procederemos a referirnos a estos 3 pilares.

<![if !supportLists]>1- <![endif]>El acceso a la información pública. Se trata de un derecho de toda persona a acceder a información de interés público, que propicia la libertad de expresión, pues a través del conocimiento que se obtenga sobre un determinado asunto, la persona puede ejercer su derecho de opinión, de control de los asuntos públicos y hasta ejercer otros derechos como la protección del ambiente, salud, etc. Así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 19 de setiembre de 2006 (caso Claude Reyes y otros vs Chile), en la que indicó:

“…76. En este sentido la Corte ha establecido que, de acuerdo a la protección que otorga la Convención Americana, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende “no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”73. Al igual que la Convención Americana, otros instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen un derecho positivo a buscar y a recibir información.

77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea (…)” Enmarcando tal derecho en el caso sometido a estudio, nos referiremos a la importancia que tiene este derecho cuando la información se encuentra vinculada directamente con asuntos ambientales. Para ello, remitiremos a lo dispuesto en los instrumentos internacionales citados y posteriormente a nuestro ordenamiento jurídico.

Aunque no se contempla como instrumento normativo nacional, se pude citar como referencia de relevancia internacional la Convención de Aarhus, cuyo numeral 2° expone claramente qué se debe entender por información sobre el ambiente:

“…Por "información(es) sobre el medio ambiente" se entiende toda información disponible en forma escrita, visual, oral o electrónica o en cualquier otra forma material y que se refiera a:

  • a)El estado de los elementos del medio ambiente tales como el aire, la atmósfera, el agua, el suelo, las tierras, el paisaje y los sitios naturales, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente, y la interacción entre estos elementos; b) Factores tales como las sustancias, la energía, el ruido y las radiaciones y las actividades o medidas, en particular las medidas administrativas, los acuerdos relativos al medio ambiente, las políticas, leyes, planes y programas que tengan o puedan tener efectos sobre los elementos del medio ambiente a que hace referencia el apartado a) supra sobre el análisis de costos-beneficios y otros análisis e hipótesis económicas utilizadas en la toma de decisiones en materia ambiental; c) El estado de salud del hombre, su seguridad y sus condiciones de vida, así como el estado de los sitios culturales y de las construcciones en la medida en que sean o puedan ser alteradas por el estado de los elementos del medio ambiente o, a través de estos elementos, por los factores, actividades o medidas a que hace referencia el apartado b) supra…” La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por su parte, en el documento denominado “Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe”, señala que el acceso a la información ambiental abarca dos elementos centrales: por una parte, la generación de información sobre el medio ambiente y, por otra, el derecho de la ciudadanía a acceder a la información con que cuentan las autoridades públicas y, por ende, la obligación de los gobiernos de poner la información a disposición de todos de manera fácil y accesible (http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/51389/Accesoalainformacion.pdf). La relevancia de esta información radica en que al estar vinculada a circunstancias que pueden afectar el ambiente, son de interés para el colectivo. Esto implica para el Estado, no solo el deber de permitir el acceso de la información de que disponga, sino además, el deber de divulgarla e informar a la población sobre su actuación en torno al ambiente. Esto, como instrumento de rendición de cuentas de la administración pública, para garantizar la transparencia y el buen gobierno.

Es por ello que las restricciones que se puedan oponer a este derecho deben ser las estrictamente necesarias para que el marco de acceso sea lo más amplio posible. Sobre el particular, el Convenio de Aarhus señala en el artículo 4.3:

“(…) 3. Una solicitud de información sobre el medio ambiente podrá denegarse si:

  • a)La autoridad pública de la que se soliciten no dispone de las informaciones solicitadas; b) La solicitud es claramente abusiva y está formulada en términos demasiado generales; o c) La solicitud se refiere a documentos que están elaborándose o conciernen a comunicaciones internas de las autoridades públicas, a condición de que esta excepción esté prevista en el derecho interno o la costumbre, habida cuenta del interés que la divulgación de las informaciones solicitadas tenga para el público.

4. Una demanda de informaciones sobre el medio ambiente podrá ser rechazada en caso de que la divulgación de esas informaciones tenga efectos desfavorables sobre:

  • a)El secreto de las deliberaciones de las autoridades públicas, cuando este secreto esté previsto por el derecho interno; b) Las relaciones internacionales, la defensa nacional o la seguridad pública; c) La buena marcha de la justicia, posibilidad de que toda persona pueda ser juzgada equitativamente o la capacidad de una autoridad pública para efectuar una investigación de orden penal o disciplinario; d) El secreto comercial o industrial cuando este secreto esté protegido por la ley a fin de defender un interés económico legítimo. En este marco deberán divulgarse aquellas informaciones sobre las emisiones que sean pertinentes para la protección del medio ambiente; e) Los derechos de propiedad intelectual; f) El carácter confidencial de los datos y de los expedientes personales respecto de una persona física si esta persona no ha consentido la divulgación de esas informaciones al público, cuando el carácter confidencial de este tipo de información esté previsto por el derecho interno; g) Los intereses de un tercero que haya facilitado las informaciones solicitadas sin estar obligado a ello por la ley o sin que la ley pueda obligarle a ello y que no consienta en la divulgación de tales informaciones; o h) El medio ambiente a que se refieren las informaciones, como los sitios de reproducción de especies raras.

Los motivos de denegación antes mencionados deberán interpretarse de manera restrictiva teniendo en cuenta el interés que la divulgación de las informaciones solicitadas tendría para el público y según que esas informaciones guarden o no relación con las emisiones al medio ambiente…” Nuestra Constitución Política y la jurisprudencia de este Tribunal han sido acordes con lo señalado anteriormente. En el artículo 30 constitucional se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público y se dispone que quedan a salvo los secretos de Estado. Sobre esta última salvedad, al no establecer esta norma qué se entiende por secretos de Estado, la Sala Constitucional ha debido verificar en cada caso los supuestos que se acusa por algún motivo la denegatoria de información y ha desarrollado este derecho (ver sentencia No. 2003-2120 de las 13:30 horas del 14 de marzo de 2013.

Asimismo, al tratarse de información de carácter ambiental, su acceso también se justifica por lo dispuesto en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, que por su orden, tutelan el derecho a la vida –correlativamente a la salud- y a un ambiente sano.

Este acceso implica para cualquier persona, la posibilidad de contribuir con el desarrollo sostenible, ya que al conocer la información sobre cualquier evento o proyecto, le es posible controlar la gestión pública, lo que significa también un mecanismo para adoptar decisiones administrativa más efectivas y aceptadas por el colectivo.

2- La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas con el ambiente. Como ya se indicó, el segundo pilar establecido en el principio 10 de la Declaración de Río, es el acceso a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas con el ambiente. Según este principio, el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda, por lo que debe garantizarse la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Establece, además, que para lograr tal cometido, los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos.

Se parte del hecho de que no se puede pretender que los gobernados participen activamente en los asuntos de interés, si no cuentan o no conocen la información que da sustento a la actuación pública.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por su parte, en el documento denominado “Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe”, citado anteriormente, advirtió precisamente, que un “desafío adicional es la necesidad de establecer y transparentar la manera en que se ponderan las observaciones recibidas por la ciudadanía y crear mecanismos a tal efecto, lo que contribuye a dar mayor credibilidad a los procesos y a prevenir potenciales conflictos. La diferencia entre la percepción de la comunidad y lo dispuesto por leyes y marcos normativos sobre el sentido de la participación es un elemento que en ocasiones genera frustración y desconfianza en la población respecto de las oportunidades efectivas de incidir en la toma de decisiones en materia ambiental (Naciones Unidas, 2012)”.

La Convención de Aarhus, por su parte, en el artículo 6.2.3.4 dispone:

“2. Cuando se inicie un proceso de toma de decisiones respecto del medio ambiente, se informará al público interesado como convenga, de manera eficaz y en el momento oportuno, por medio de comunicación pública o individualmente, según los casos, al comienzo del proceso. Las informaciones se referirán en particular a:

  • a)La actividad propuesta, incluida la solicitud correspondiente respecto de la que se adoptará una decisión; b) La naturaleza de las decisiones o del proyecto de decisión que podrían adoptarse; c) La autoridad pública encargada de tomar la decisión; d) El procedimiento previsto, en particular, los casos en que estas informaciones puedan facilitarse:
  • i)La fecha en que comenzará el procedimiento; ii) Las posibilidades que se ofrecen al público de participar en el mismo; iii) La fecha y el lugar de toda audiencia pública prevista; iv) La autoridad pública a la que cabe dirigirse para obtener informaciones pertinentes ante la que se hayan depositado esas informaciones para que el público pueda examinarlas; v) La autoridad pública o cualquier otro organismo público o competente al que puedan dirigirse observaciones o preguntas y el plazo previsto para la comunicación de observaciones o preguntas; vi) La indicación de las informaciones sobre el medio ambiente relativas a la actividad propuesta que están disponibles; y e) El hecho de que la actividad sea objeto de un procedimiento de evaluación del impacto nacional o transfronterizo sobre el medio ambiente.

3. Para las diferentes fases del procedimiento de participación del público se preverán plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público de conformidad con el párrafo 2 supra y para que el público se prepare y participe efectivamente en los trabajos a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones en materia ambiental.

4. Cada Parte adoptará medidas para que la participación del público comience al inicio del procedimiento, es decir, cuando todas las opciones y soluciones son aún posibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real.” De conformidad con lo expuesto, el proceso de participación debe propiciarse de manera transparente y con la mayor información posible. Una participación en ese sentido, genera una mejor administración de los recursos naturales, contribuye a la transparencia y al adecuado manejo de fondos públicos. Recordemos que el asunto ambiental es un tema de todos los miembros de la sociedad, no solamente del gobierno, por lo que también corresponde a cada ciudadano velar por la conservación del ambiente y procurar un desarrollo sostenible. Es por ello que debe abarcar en forma integral los diferentes sectores de la población.

Por otro lado, para la audiencia que se dé a los ciudadanos no puede convertirse en una simple formalidad. Así, lo ha reiterado este Tribunal:

“…debe efectuarse con anterioridad a la toma de la decisión administrativa, constituyéndose así en una manifestación del principio democrático. Como consecuencia, este tipo de audiencias no se constituyen simplemente en parte de un procedimiento que por formalidad deba programarse, de manera que se pueda fijar de forma que haga nugatorio el ejercicio del derecho que pretende tutelar, al otorgarse en condiciones que se convierta en una mera formalidad, incapaz de alcanzar los objetivos que está llamada a obtener en protección del derecho a la información y participación ciudadana, aunque ciertamente tampoco debe llegar a constituirse en un obstáculo para que se emita una oportuna resolución de la gestión.” (Sentencia número 2004-12242 de las 14:28 horas del 29 de octubre de 2004) De modo que, la convocatoria de la audiencia y la forma en que se difunda tiene mucha importancia para que se produzca un efectivo ejercicio del principio, garantía y derecho fundamental a la participación deliberativa (democracia participativa y deliberativa). No basta la mera convocatoria a una audiencia; lo trascendente es que esta se dé en términos en que las personas sepan realmente a qué atenerse, esto es, se le coloque en una posición tal que pueda evaluar la magnitud del impacto de una medida e identificar los elementos que la sustentan, a la vez que disponga de un tiempo razonable para analizar dicha medida y conozca las circunstancias de tiempo y espacio en que se va efectuar la audiencia, las que en todo caso deben ser razonables (vrg., irrazonable sería una audiencia en un lugar remoto). De lo contrario, la audiencia deviene en una formalidad sin sentido.

Por lo demás, con estos espacios de debate público en cuestiones de interés de la colectividad, se busca no solo la participación de las personas interesadas, sino también la deliberación de los asuntos públicos. A este fenómeno se le ha llamado democracia participativa y deliberativa, la cual se caracteriza porque el ciudadano no solo participa con su voto, sino que de modo activo también plantea diversas argumentaciones en defensa de sus derechos e intereses. Presupone un procedimiento de toma de decisiones políticas o administrativas, en que el criterio de la colectividad debe ser, al menos, escuchado y analizado, toda vez que la democracia participativa y deliberativa solo es efectiva si la decisión final considera los resultados de la deliberación. Por ende, en toda democracia representativa, participativa y deliberativa, el acceso a información transparente, objetiva y completa, es instrumental indispensable para el pleno goce del principio, garantía y derecho a la participación y deliberación ciudadana. De ahí la íntima relación entre el principio democrático de la participación ciudadana y los derechos de las personas a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Por ello es que resulta de trascendental importancia, que la información que se pone a disposición del público para la realización de audiencias públicas, donde se discuten asuntos ambientales, debe tratarse no solo del proyecto en sí que se pretende, sino también aquella que lo haya sustentado. En sentencia No. 2003-6322, este Tribunal desarrolló este principio de la siguiente manera:

“11.- participación ciudadana en los asuntos ambientales: La participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello, el Estado costarricense no sólo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca (Sentencias número 2001-10466, supra citada). De esta suerte, resulta de gran importancia la puesta a disposición de los interesados de la información que en la materia tengan en las oficinas públicas, caso de la relativa a los estudios de impacto ambiental a cargo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la requerida para la aprobación de los planes reguladores de las respectivas municipalidades, por ejemplo… Fue la Convención de Río la que en el principio 10 elevó esta participación a rango de principio en materia ambiental, al señalar "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener adecuada formación sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes." De este principio, se evidencia claramente la importancia que a nivel internacional se da a las cuestiones ambientales, y en general, sobre todo, a la participación de la sociedad civil en decisiones de gran trascendencia para la comunidad. Al ser Costa Rica un Estado signatario, este instrumento ciertamente la obliga y condiciona, pues esa es la consecuencia de su suscripción, según con consideró este Tribunal, en sentencia número 8319-2000, de las diez horas dieciocho minutos del ocho de setiembre del dos mil:

"Así, su propósito es que las decisiones gubernamentales sean consecuencia de una discusión que no se constriña a pequeños núcleos oficiales o de intereses parcializados, sino que sean tomadas en consideración otras opiniones, con la apertura necesaria para crear el debate ampliado, aunque sin dejar de cumplirse, claro, los requisitos que establece la legislación correspondiente. No se trata de una desconstitucionalización del principio de legalidad de la Administración Pública, aunque sí por supuesto, de una forma de gobierno más democrático, que amplía los foros de debate sobre temas como el de la protección al medio ambiente, y que por virtud de ello, quedan abiertos a la intervención y opinión ciudadana. Estamos, pues, ante una opción ya muy aceptada en la evolución del concepto de democracia y este amparo ofrece una magnífica oportunidad de darle clara y efectiva vigencia, para que no se quede en el mero discurso. Por eso mismo es que la cuestión ambiental es un tema que ya la Sala ha reconocido como aquellos que otorgan a los particulares una legitimación especial, y de la que se reconoce como un «derecho reaccional» (vid. sentencia 2233-93 y 3705-93 de esta Sala).

«En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos.» (vid. sentencia 3705-93) Es por ello, que por Ley 7412 del 03 de junio de 1994, la Asamblea Legislativa reformó el artículo 50 de la Constitución Política, garantizando a toda persona el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esta materia, entonces, existe la legitimación para denunciar actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado, a través del acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. De esta manera, cuando la Constitución Política hace mención de que el Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable, hemos de tener claro que la participación ciudadana no se limitaría al mero ejercicio del derecho al voto, o a la aspiración de alcanzar un cargo público de elección popular, sino, además y en esta nueva visión, a la de que a las personas se les ofrezca la oportunidad real de contribuir a la toma de las decisiones políticas del Estado, especialmente cuando éstas tengan trascendencia nacional, o eventualmente pudieren afectar los derechos fundamentales de ciertos sectores de la población. De los artículos 1 y 50 Constitucionales se rescata pues, la consideración que los ciudadanos merecen en un estado democrático, en el cual puedan al menos tener acceso a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, tal y como lo señalan los recurrentes. El precepto comentado, entonces, recoge el principio citado a través del acceso a la información de que se dispone y a la divulgación de ella, para que la toma de decisiones no se circunscriba a un limitado grupo de intereses. Ciertamente, que en la materia que ahora analizamos, nuestro ordenamiento jurídico ya prevé que los particulares pueden solicitar a la SETENA llevar a cabo audiencias públicas, para efecto de que se tomen en cuenta las posiciones formuladas por las comunidades interesadas en la toma de decisiones que afectan el ambiente, lo que ha sido recogido en la Ley Orgánica del Ambiente y de su Reglamento, como informó la autoridad recurrida." Precisamente, la Ley Orgánica del Ambiente reconoce este principio en los artículos 6 y 23, que textualmente disponen en lo que interesa:

"Artículo 6. Participación de los habitantes El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente." "Artículo 23. Publicidad de la información La información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización." Asimismo, en el Reglamento sobre procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, también se recoge este principio, al disponerse en el Capítulo IV, en el que se regula lo relativo a la audiencia pública prevista dentro del procedimiento del estudio de impacto ambiental (artículos 35 a 40), en el que se tiene prevista la participación activa, tanto de la sociedad civil como de las municipalidades -en su condición de ente "[...] constituido por el conjunto de vecinos residentes de un mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal" (artículo 1° del Código Municipal).

Norma similar tiene la Ley de Planificación Urbana, en lo relativo a la aprobación por las municipalidades de los planes reguladores, al obligarlo a "1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y la divulgación adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer el proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles" (artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana).

Este principio de la participación ciudadana en los asuntos ambientales, nace y se justifica precisamente de la aplicación de la positivación del principio democrático -consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política-. Es importante resaltar que esta participación se puede lograr en forma individual, a través de grupos asociativos de orden particular, así como también a través de los gobiernos locales, a quienes, por su competencia asignada en el artículo 169 de la Constitución, se les reconoce plena competencia para promoverla en los asuntos que de algún modo puedan afectar la comunidad de su jurisdicción, y más bien, si no lo hace, estaría incumpliendo uno de sus cometidos que el constituyente le asignó, y que ha sido desarrollada en la legislación ordinaria "Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las tomas de decisiones del gobierno local. Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente" (artículo 5 del Código Municipal).

Queda claro que la participación ciudadana y de las municipalidades es de trascendental importancia a fin de promover la conciencia en los problemas ambientales y para coadyuvar en la toma de decisiones de las instituciones encargadas de la preservación, vigilancia y protección del medio ambiente y los recursos naturales…

…En este sentido, resulta indispensable que la audiencia se lleve a cabo en el lugar donde los vecinos puedan asistir, y con preferencia en el lugar de los hechos, ya que lo contrario, la celebración de la audiencia ordenada por la Administración no lograría cumplir su finalidad, donde obviamente la falta de los recursos no puede constituirse en un obstáculo para hacer llegar al expediente todos los elementos probatorios que la Administración requiere para tomar una decisión en asuntos de tan fundamental importancia, ya que necesariamente tendrá implicaciones sobre el medio ambiente y la comunidad. Asimismo, la importancia de la participación de las municipalidades en la elaboración de los estudios de impacto ambiental ha sido reconocida en la propia Ley Orgánica Ambiental en el párrafo segundo del artículo 22, que prevé:

"Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdicción se realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa divulgación, por los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración" Con lo que se resalta que la participación comunal en la toma de decisiones en materia ambiental forma parte del procedimiento al que debe sujetarse el Estado, y a la vez es integrante del derecho fundamental de toda persona, en los términos previstos en el artículo 50 de la Constitución Política. Por ello, reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho de audiencia hace parte del debido proceso sustantivo y que es una forma de expresión de la democracia participativa…Sobre el tema de información en materia de ambiente, se ha indicado "En materia del medio ambiente debemos trasladar este concepto sobre el derecho de información a una nueva perspectiva que tiene todo individuo o colectividad de solicitar información y de ser informado por cualquier ente estatal [información] que no puede ser obstruida por las instituciones estatales referentes a cualquier proyecto que pueda afectar el goce de su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es entonces esta, la garantía que permitirá participar a cualquier individuo o colectividad, haciendo uso de los intereses difusos del acceso a la participación, dentro de los procesos de toma de decisiones que afecten ese derecho, pues lo contrario sería ilusorio y la norma constitucional resultaría superflua [...]" (sentencia número 2331-96, supra citada).

En esta especial materia, toda persona debe tener adecuada información sobre los materiales y las actividades o proyectos que pueden implicar un peligro o amenaza para las comunidades (derecho a la salud), y para la conservación y preservación del medio ambiente (derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado), así como para la efectiva oportunidad de participar en los procesos de adopción de tales decisiones; toda vez que tratándose del derecho al ambiente, la legitimación corresponde al ser humano como tal, pues la lesión a este derecho fundamental la sufre tanto la comunidad –como un todo-, como el individuo en particular. Por ello, la Administración debe facilitar y fomentar la sensibilidad y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos, no sólo de los miembros de la comunidad, sino también de la ciudadanía en general, en tanto en materia ambiental se ha considerado la existencia de un verdadero interés difuso (según se había anotado anteriormente en esta sentencia).” <![if !supportLists]>3- <![endif]>El acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. El principio 10 de la Declaración de Río, contempla el tercer pilar, al señalar que “deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

En consecuencia, no basta con garantizar el acceso a la información ambiental y la participación popular en los asuntos de naturaleza ambiental, sino que también se debe contar con instancias judiciales y administrativas que respalden los dos primeros elementos del principio 10.

Esta sería la garantía del efectivo ejercicio de tales derechos. Por consiguiente, debe tratarse de procesos expeditos e independientes, dirigidos particularmente a la reparación del daño ambiental, donde se procure una amplia legitimación y a un bajo costo que potencie su acceso.

II.- Sobre la importancia de la variable ambiental en el Plan Regulador. La Evaluación Ambiental Estratégica es un procedimiento técnico a través del cual se exige a los municipios incorporar en los Planes Reguladores y en cualquier otro sistema de planificación los índices de fragilidad ambiental (IFA), con el propósito de lograr un adecuado equilibrio que garantice un desarrollo económico y social sustentable y en armonía con el ambiente. El artículo 62 del Decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC denominado “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), así lo define:

“Artículo 62.—Objetivo y alcance de la Evaluación Ambiental Estratégica. La Evaluación Ambiental Estratégica tiene como objetivo integrar la variable de impacto ambiental a la planificación del desarrollo económico del país. Se aplica a los planes, programas y políticas de desarrollo nacional, regional y local; generados en entidades del Estado incluyendo municipios, cuencas hidrográficas y regiones específicas; y cuyo fin sea el planeamiento del uso del suelo, el desarrollo de infraestructura (urbana, vial, portuaria, comunicaciones, energética, turística y agrícola, entre otros), o bien el aprovechamiento de los recursos naturales (minería, energía, hidrocarburos, agua, flora y fauna).” Procedimiento que ha sido reglamentado por SETENA mediante Decreto No. 32967, denominado Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental, que señala al respecto:

“2.1.2 El resultado de la aplicación de este método de IFA y de análisis de alcance ambiental de la propuesta de desarrollo que aquí se describen es un mapa de zonificación de categorías de fragilidad ambiental con los respectivas tablas de limitantes y potencialidades técnicas, el cual servirá de orientación para la toma de decisiones sobre la planificación del uso del suelo y para definir, a modo genérico el alcance ambiental del mismo, dentro de un marco básico y elemental de Evaluación Ambiental Estratégica aplicada al ordenamiento territorial.” De conformidad con este Manual, el Análisis Ambiental debe generar un instrumento técnico jurídico que a modo de reglamento formalizado (Reglamento de Desarrollo Sostenible del espacio geográfico en análisis) por el proceso de otorgamiento de viabilidad ambiental, sirva de base para normar, orientar el control y condicionamiento ambiental de la ejecución del desarrollo dentro del territorio en estudio (ver artículo 6.3.5).

Como ya se indicó, este mecanismo es de gran relevancia porque pretende lograr un adecuado equilibrio en la planificación urbana, que sea acorde con la protección de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado:

“…6.2.2 Dentro del Capítulo VII del Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental, se incorporan varios instrumentos y lineamientos generales para la introducción de la variable de impacto ambiental dentro de la planificación estratégica, incluyendo el ordenamiento territorial a escalas diferentes de aquellas utilizadas en los planes reguladores y para contextos geográficos mayores, como lo constituyen las cuencas hidrográficas primarias que hay en el país y que, por lo general, incluyen a varios territorios de cantones y por tanto incluirían a varios planes reguladores individuales. Este lineamiento se incluye en el sentido de que la SETENA tiene claro que la introducción de la variable ambiental en la planificación territorial es un procedimiento que no solo se puede limitar a la suma individual de planificaciones locales (cantonales o municipales), sino que también debe haber una planificación de mayor escala promovida por el Estado y sus instituciones, que las englobe, complemente y ordene dentro de un marco lógico y coherente, y que además evite el desarrollo de conflictos entre diversos planes reguladores dentro de una misma cuenca hidrográfica o unidad de administración ambiental territorial.

6.2.3 Como parte de los instrumentos introducidos se incluye la Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, planes y programas sectoriales, la integración del concepto de la fragilidad ambiental del territorio, la Evaluación de Efectos Acumulativos (EEA), entre otros. Dichos instrumentos se incluyen fundamentalmente para que sean utilizados a nivel regional o nacional, como herramientas complementarias para la planificación nacional y como una forma efectiva de integrar la variable de impacto ambiental en la misma. Consecuentemente, no debe entenderse que los mismos deben ser aplicados en toda su integralidad como parte de la introducción de la variable de impacto ambiental dentro de los Planes Reguladores, ya que estos, debido a que se desarrollan en un espacio geográfico limitado política-administrativamente, que en la mayoría de las casos no abarca una cuenca hidrográfica primaria, solo pueden integrar dicha temática de forma parcial, a fin de que sea concatenada dentro de una política o plan de mayor escala que si abarque, como mínimo, la cuenca hidrográfica primaria en la que se circunscribe el territorio del plan regulador en cuestión.

6.2.4 De esta manera, debe quedar claro que la integración de la variable de impacto ambiental en los planes reguladores, de acuerdo con los procedimientos que la SETENA ha establecido según un criterio de razonabilidad y de cumplimiento de los principios científicos y técnicos que norman la materia, representará la visión local y se limitará al territorio jurisdiccional que cubre el cantón o territorio sujeto a la planificación dentro del plan regulador. Lo cual tendrá validez práctica y aplicabilidad en la medida de que las soluciones y propuestas de equilibrio ecológico que contempla el procedimiento se logren dentro de ese territorio jurisdiccional.” Los principios que deben sustentar este ordenamiento territorial de conformidad con el Manual citado son aquellos dispuestos en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente: “lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente", y en el artículo 29 de esa misma Ley que dispone:

“a) Ubicar, en forma óptima, dentro del territorio nacional las actividades productivas, los asentamientos humanos, las zonas de uso público y recreativo, las redes de comunicación y transporte, las áreas silvestres y otras obras vitales de infraestructura, como unidades energéticas y distritos de riego y avenamiento.

  • b)Servir de guía para el uso sostenible de los elementos del ambiente.
  • c)Equilibrar el desarrollo sostenible de las diferentes zonas del país.
  • d)Promover la participación activa de los habitantes y la sociedad organizada, en la elaboración y la aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en los planes reguladores de las ciudades, para lograr el uso sostenible de los recursos naturales.” A partir de lo anterior, resulta preciso resaltar la importancia que tiene la inclusión de la variable ambiental en los planes de ordenamiento territorial y su trascendencia, toda vez que a través de estos instrumentos se intenta dar fiel cumplimiento también a compromisos internacionales suscritos por nuestro país y que garantizan la aplicación del principio precautorio y preventivo. Una adecuada planificación permite tomar, a priori, medidas responsables que aseguren el adecuado desarrollo de una zona determinada que sea sostenible con el ambiente y otros derechos fundamentales. Por otro lado, si bien no hay duda de que el Plan Regulador emitido por una Municipalidad tiene preponderancia e interés para la localidad en cuestión, al introducir necesariamente zonas de protección y regulación ambiental, tal interés trasciende también al resto de la colectividad, por tratarse de un tema ambiental, según lo ha admitido este propio Tribunal, al reconocer la existencia de un interés difuso para la tutela de este derecho.

De manera que el objeto en cuestión reviste, en nuestro criterio, de una dualidad de intereses (local y nacional) e incluso podría hablarse de un tercer interés también, el internacional, por la característica de transnacionalización del derecho ambiental, que como tal, acrecienta la relevancia constitucional que tiene la participación ciudadana en estos casos.

III.- Sobre la participación ciudadana en el caso concreto. De previo, debe advertirse que en este tipo de procesos, la audiencia pública dispuesta para efectos de conocer el Plan Regulador corresponde a la Municipalidad gestionante, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Planificación Urbana:

“Artículo 17.- Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, deberá la municipalidad que lo intenta:

  • 1)Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles;…” Atendiendo a dicha normativa, la Municipalidad de Carrillo señala que la audiencia pública debía llevarse a cabo de previo a que SETENA declarara la viabilidad ambiental del Plan Regulador. Sostuvo en su informe que la secuencia legal para aprobar un Plan Regulador es:

1. Convocar a la audiencia pública para conocer el proyecto; 2. Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo del INVU; 3. Obtener la aprobación del ICT; 4. Obtener la aprobación de la SETENA; y 5. Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos.

Además, señaló que no es posible cambiar ese orden, por estar conforme con la Ley de Planificación Urbana, el Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto No. 31489 MINAE-Salud-MOPT-MAG-MEIC), la resolución 1704-2011-SETENA y con lo interpretado por la Procuraduría General de la República en el dictamen C-094-2005. Sin embargo, obvió indicar que SETENA por resolución No. 614-2012, notificada a todas las Municipalidades desde el 29 de febrero de 2012 –previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental de este Plan el 21 de noviembre de 2012-, anuló la resolución No. 1704-2011-SETENA que establecía como requisito previo para la viabilidad ambiental, la celebración de la audiencia pública. Precisamente, porque así lo dispone el Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros de la Zona Marítimo Terrestre que aprobó la Junta Directiva del ICT, en la sesión No. 5737 del 28 de febrero de 2012:

“12.1. Durante el período de elaboración de la propuesta de plan regulador, la Municipalidad llevará a cabo, al menos una reunión de información en la que participará el responsable que esté diseñando la propuesta. Esta reunión tendrá por objetivo informar a los interesados sobre los objetivos, propósitos y características del trabajo que se está realizando. Tanto el ICT como el INVU darán una aprobación inicial a la propuesta de plan regulador de previo a que se realice la audiencia pública.

12.2. Antes de presentar la propuesta de planificación deberá verificarse que SETENA haya expedido la respectiva licencia ambiental (viabilidad ambiental del plan) según Decreto Ejecutivo Nº 32967-MINAE, publicado en La Gaceta Nº 85 del 4 de mayo del 2006, Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual EIA).

12.3. Una vez recibida la aprobación inicial de la propuesta por parte del ICT y del INVU, la Municipalidad convocará un proceso de audiencia pública (Opinión Jurídica: 096- J del 14/07/2005) para obtener observaciones sobre la propuesta de planificación. Esta actividad se desarrollara de acuerdo con la metodología que la misma Municipalidad dicta para tal propósito. (Art. 17 de la Ley de Planificación Urbana) 12.4. A partir de la realización de la audiencia se abrirá un periodo máximo de 15 días hábiles para recibir las observaciones a la propuesta presentada, mismas que deberán ser presentadas a la municipalidad por la vía escrita.

12.5. Transcurrido el proceso de consulta, la Municipalidad conjuntamente con los representantes de ICT e INVU, analizarán los documentos presentados y solicitarán al responsable, cuando corresponda, cambios y ajustes que se estimen necesarios a la luz de las observaciones recibidas. Finalmente se generará un Informe técnico de resolución de oposiciones y observaciones que será elevado a conocimiento y aprobación del Consejo Municipal para su aprobación.

12.6. Terminado este proceso de consulta, la propuesta de plan regulador, sea que haya sufrido cambios o no en la ó las láminas de zonificación, en el reglamento o en la estrategia de implementación, será elevada nuevamente a conocimiento de la Junta Directiva de ICT y a la Dirección de Urbanismo del INVU para su ratificación definitiva. Para esto se deberá enviar conjuntamente con el Plan, el respectivo acuerdo del Concejo Municipal mediante el cual se avala el Informe Técnico de Resolución de oposiciones/observaciones que haya resultado del proceso de consulta.

12.7. Como resultado de esta ratificación definitiva, cada institución (ICT, INVU y Municipalidad) colocarán sus respectivos sellos en la lámina y documentos del plan para hacer constar el proceso de aprobación finalizó por parte de las instituciones del Estado.

12.8. La Municipalidad deberá comunicar a la SETENA sobre los ajustes que se hayan realizado una vez finalizado el proceso de audiencia y aprobación definitiva.

12.9. Finalmente la Municipalidad respectiva deberá colocar en la documentación el sello y número de acuerdo de Concejo de la adopción del Plan Regulador, para gestionar los sellos de las demás Instituciones, ICT e INVU, y gestionar ante la Imprenta Nacional la publicación en el Diario Oficial La Gaceta del Plan Regulador. La publicación deberá incluir la zonificación con los usos del suelo y el reglamento de zonificación, con lo cual quedará debidamente oficializado el respectivo Plan Regulador. Para este momento, la Municipalidad deberá verificar que el plan ya cuente con la respectiva viabilidad ambiental emitida por la SETENA.” Con lo expuesto no se pretende entrar en un análisis de legalidad y determinar si la Municipalidad de Carrillo debió hacer la audiencia antes o después del otorgamiento de la viabilidad ambiental, toda vez que la propuesta en cuestión se presentó a SETENA un mes antes de la modificación de esa normativa -26 de enero de 2012- y la audiencia en cuestión se realizó el 14 de diciembre de 2011. De manera que la audiencia pública llevada a cabo no tendría problema, a criterio de los suscritos, si la propuesta hubiera contado con la documentación completa que la sustentara desde un inicio. Debemos advertir que tampoco se pretende que este Tribunal verifique en todos los casos si con exactitud cada documento fue puesto en conocimiento público por tratarse de un asunto que debe dilucidarse en la vía de legalidad respectiva.

Sin embargo, ante una situación como el caso concreto, en que la falta de información suficiente fue puesta en evidencia por la SETENA en el oficio No. SG-DEAE-032-2012 del 9 de febrero de 2012, los suscritos tienen por plenamente constatado que la propuesta de la Municipalidad de Carrillo no cumplía con lo establecido en el marco legal vigente al momento de ser divulgada para efectos de promover la participación ciudadana. Así, a modo de ejemplo y en lo tocante al tema ambiental –cuya relevancia hemos esclarecido en los apartados anteriores-, en el oficio precitado se manifiesta que el Plan impugnado carece de los siguientes apartados, que son requeridos por el Decreto 32967-MINAE:

<![if !supportLists]>- <![endif]>escenario de la condición ambiental a futuro; <![if !supportLists]>- <![endif]>identificación de nuevos elementos de desarrollo y conservación propuestos y escenario de adición de nueva presión sobre los recursos naturales y medio ambiente del territorio; <![if !supportLists]>- <![endif]>análisis de consistencia sobre las propuestas de desarrollo del territorio; <![if !supportLists]>- <![endif]>análisis de los alcances generales del desarrollo propuesto y efectos ambientales generales; <![if !supportLists]>- <![endif]>medidas ambientales generales que deberían incluirse a modo de lineamientos y acciones estratégicas.

Además, en el análisis de alcance ambiental, la SETENA manifiesta:

“Los faltantes y debilidades encontradas en el Informe Parte A) Zonificación de Fragilidad Ambiental de la Zona Marítima Terrestre del cantón de Carrillo no facilitan conocer la actual condición ambiental de la zona que se está evaluando, toda vez que la información analizada debió ampliarse, ser más descriptiva y relacionarse más directamente para el área de estudio. Consecuentemente en esta parte del informe, el cual utiliza los insumos de la parte anterior, trae inherentemente un error de raíz.” (La negrita es agregada) A raíz de las omisiones encontradas en la información proveída por la Municipalidad, la SETENA concluye en su oficio lo siguiente:

“Por lo tanto se solicita presentar la información faltante. No obstante y dado el volumen así como la relevancia técnica de los faltantes, esta información no podrá aportarse como documentación anexa, sino integrada al estudio completo de la incorporación de la variable ambiental a la propuesta de ordenamiento territorial en los términos que establecen el procedimiento antes citado…” (La negrita es agregada) Aúnese a lo anterior que el Plan impugnado regula una zona de Carrillo de gran riqueza natural y enorme potencial turístico. Ergo, los efectos ambientales generales del plan y el desarrollo propuesto son relevantes para la comunidad y la toma de decisiones locales, por lo que la información solicitada por la SETENA dista de ser meramente complementaria. Es más, el mismo informe de la SETENA, ya sea otorgando o negando la licencia, es de relevancia para la comunidad cuando se trata de zonas de importancia natural. Por lo tanto, también debe ser puesto a su disposición para que exista participación ciudadana informada.

En consecuencia, la audiencia pública llevada a cabo con la información obtenida por la Municipalidad de Carrillo de previo a que SETENA realizara tal advertencia, no fue completa ni suficiente para garantizar un efectivo ejercicio del derecho a la participación ciudadana. Es más, si la SETENA carecía de información básica y necesaria para llevar a cabo el estudio técnico, con mayor razón se extrañará dicha información en la audiencia pública realizada tiempo atrás. En tales condiciones, no se cumple a cabalidad el principio democrático que dispone nuestra Constitución y que obliga a promover la efectiva participación ciudadana en asuntos de su interés Por último, tampoco es viable argumentar –como es el respetable criterio de la mayoría de este Tribunal- que la audiencia pública puede darse con anterioridad al otorgamiento de la viabilidad ambiental cuando el resultado del estudio de la SETENA sea imponer al ente municipal recomendaciones tendientes a proteger el ambiente. Según este criterio, el hecho de que la SETENA haya impuesto a la Municipalidad modificaciones en el Plan para aumentar la protección del ambiente, hace innecesario repetir la audiencia a los ciudadanos, pues se está garantizando una mayor protección ambiental. Con esta afirmación se obvia la diferencia entre participación ciudadana y protección ambiental, en tanto pueden existir personas que estén en desacuerdo con la ampliación de la protección ambiental por considerarla, verbigracia, excesiva o contraria a sus intereses comerciales. Estas personas también tienen el derecho de participar, expresar su opinión, plantear críticas o dudas en torno al Plan propuesto y la protección ambiental incrementada; pero no es un derecho a participar de cualquier forma, sino que tienen el derecho de hacerlo en la audiencia pública, al igual que los que favorecen la protección ambiental. Por ello, en el fondo se vulnera nuevamente el principio de participación ciudadana.

Ante la situación planteada, consideramos que la Municipalidad debió haber repetido la audiencia pública, de previo a la aprobación del Plan Regulador en cuestión, a fin de posibilitar una efectiva participación ciudadana, para la cual se requiere, sin lugar a dudas, la información completa y necesaria que permita a todas las personas examinar plenamente la propuesta municipal.

En razón de lo expuesto, salvamos el voto y declaramos con lugar la acción únicamente por constatar la violación al principio de participación ciudadana, lo que implica ordenar repetir la audiencia pública con toda la información disponible y, si así resulta necesario, reformar el Plan Regulador actual. Atendiendo al hecho de que el ordenamiento territorial aprobado constituye una mayor garantía para los ciudadanos y la protección del ambiente que el status quo ante, estimamos pertinente mantener la vigencia del Plan Regulador actual y ordenamos repetir en un plazo prudencial la audiencia pública en los términos expuestos.

Por tanto:

Se declara SIN LUGAR la acción. Los Magistrados Armijo Sancho, Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y declaran parcialmente con lugar la acción solo por la violación al principio de participación ciudadana, por lo que ordenan repetir la audiencia pública cuestionada sin que ello implique anular el Plan Regulador del Cantón de Carrillo.

Gilbert Armijo S.

Presidente a.i.

Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V. Paul Rueda L.

Nancy Hernández L. Ronald Salazar M.

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Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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