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Res. 17269-2012 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/12/2012
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo and required stronger prior controls and certifications to prevent the import, export, or re-export of shark fins from facilitating prohibited shark finning.La Sala acogió el amparo y ordenó reforzar los controles y certificaciones previas para impedir que la importación, exportación o reexportación de aletas de tiburón facilite la práctica prohibida del aleteo.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber examined whether INCOPESCA and the General Customs Directorate violated the right to a healthy environment by allowing detached shark fins to be imported from Nicaragua. The judgment found it insufficient for the authorities to treat the matter merely as a commercial transaction subject to technical requirements: they also had to verify the product’s lawful origin beforehand and prevent trade from facilitating the prohibited practice of shark finning. It emphasized fishing pressure on shark populations, regional commitments against finning, obligations arising from CITES, and the preventive and precautionary principles associated with Article 50 of the Constitution. The Chamber therefore granted the amparo and required coordinated measures ensuring that imports, exports, and re-exports were supported by adequate certification from the country of origin. A separate opinion maintained that, given continuing uncertainty and weak regional controls, the in dubio pro natura principle could justify treating shark-fin imports as prohibited altogether.La Sala Constitucional examinó si INCOPESCA y la Dirección General de Aduanas lesionaron el derecho a un ambiente sano al permitir la importación desde Nicaragua de aletas de tiburón separadas del cuerpo. La sentencia consideró insuficiente que las autoridades trataran el asunto únicamente como una operación comercial sujeta a notas técnicas, pues debían comprobar previamente el origen lícito del producto y evitar que el comercio favoreciera la práctica prohibida del aleteo. Destacó la presión pesquera sobre las poblaciones de tiburones, los compromisos regionales contra el aleteo, las obligaciones derivadas de CITES y los principios preventivo y precautorio vinculados con el artículo 50 constitucional. En consecuencia, acogió el amparo y exigió medidas coordinadas para que la importación, exportación y reexportación quedaran sujetas a certificaciones idóneas del país de origen. Un voto particular sostuvo que, ante la persistencia de dudas y controles regionales deficientes, el principio in dubio pro natura incluso permitía considerar prohibida la importación.
Key excerptExtracto clave
By virtue of the foregoing, in order to authorize the entry of shark fins, INCOPESCA and the National Customs Directorate are required to request a document issued by the government of the importing country certifying that they are not the product of shark finning and, furthermore, that they do not belong to any shark species listed in the special Appendix II to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), ratified by the Legislative Assembly through Law No. 5605 of October 30, 1974. For the import or export of wildlife species or products, Customs requires submission of a permit (Technical Note 81) under the Manual of Technical Notes for Imports and Other Procedures Prior to Importation. The permit must be processed and approved by the National System of Conservation Areas (SINAC) of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), in accordance with wildlife legislation and the CITES Convention. The foregoing requirements are grounded not only in those instruments, but also in Article 50 of the Constitution and in the precautionary, preventive, and good-faith principles underlying international environmental law.En virtud de lo anterior, el Incopesca y la Dirección Nacional de Aduanas para autorizar la entrada de las aletas de tiburón se encuentra en la obligación de pedir un documento emitido por el gobierno del país importador en donde se certifique que no es producto de la práctica del aleteo y además que no se trata de ninguna de las especies de tiburón contempladas en el II apéndice especial de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) la cual fue ratificada por la Asamblea Legislativa bajo la Ley No. 5605 del 30 de octubre de 1974. La Aduana requiere para la importación o exportación de especies o productos de vida silvestre, la presentación de un permiso (Nota Técnica 81) del Manual de Notas Técnicas de Importación y otros trámites previos a la Importación que le corresponde tramitarlo y aprobarlo al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) observando la Legislación sobre vida silvestre, así como la Convención CITES. Las anteriores exigencias, encuentra no solo fundamento en dicho instrumentos sino en el artículo 50 de la Constitución Política y en los principios precautorio, preventivo y de buena fe que informan el Derecho Internacional del Ambiente.
Pull quotesCitas destacadas
"No puedo ignorar, además, que aún con el decreto, el control sobre la importación y reexportación de aletas de tiburón sigue presentando serias debilidades en la protección del medio ambiente, porque se presume la existencia de mecanismos de coordinación regionales eficientes que aseguren la veracidad y autenticidad del documento emitido por la autoridad aduanera del país de origen; bien sabemos que en la región, en temas sobre la práctica del aleteo del tiburón, existen controles inadecuados que podrían convertir los requisitos y certificaciones, en pura administración de papel."
"I also cannot ignore that, even with the decree, controls over the import and re-export of shark fins continue to present serious weaknesses in environmental protection, because they presume the existence of efficient regional coordination mechanisms ensuring the truthfulness and authenticity of the document issued by the customs authority of the country of origin; we know that inadequate regional controls over shark finning could turn requirements and certifications into mere paperwork."
Voto particular
"No puedo ignorar, además, que aún con el decreto, el control sobre la importación y reexportación de aletas de tiburón sigue presentando serias debilidades en la protección del medio ambiente, porque se presume la existencia de mecanismos de coordinación regionales eficientes que aseguren la veracidad y autenticidad del documento emitido por la autoridad aduanera del país de origen; bien sabemos que en la región, en temas sobre la práctica del aleteo del tiburón, existen controles inadecuados que podrían convertir los requisitos y certificaciones, en pura administración de papel."
Voto particular
"Las autoridades competentes, principalmente INCOPESCA, no demostraron en este caso, que hubieran tomado todas las previsiones ni exigido la documentación necesaria para asegurarse, ANTES de la importación, que las aletas importadas, provenientes de Nicaragua, hubieran sido obtenidas con prácticas contrarias a las disposiciones sobre el aleteo de tiburón."
"The competent authorities, principally INCOPESCA, did not demonstrate in this case that they had taken every precaution or required the documentation necessary to determine, BEFORE importation, whether the imported fins from Nicaragua had been obtained through practices contrary to the rules on shark finning."
Voto particular, apartado 3
"Las autoridades competentes, principalmente INCOPESCA, no demostraron en este caso, que hubieran tomado todas las previsiones ni exigido la documentación necesaria para asegurarse, ANTES de la importación, que las aletas importadas, provenientes de Nicaragua, hubieran sido obtenidas con prácticas contrarias a las disposiciones sobre el aleteo de tiburón."
Voto particular, apartado 3
"Así entonces, debiera imponerse la aplicación del principio in dubio pro natura, y la interpretación de las disposiciones mencionadas, para tener por prohibida la importación de aletas de tiburón."
"Accordingly, the in dubio pro natura principle should be applied, together with an interpretation of the cited provisions, so that the importation of shark fins is deemed prohibited."
Voto particular, apartado 3
"Así entonces, debiera imponerse la aplicación del principio in dubio pro natura, y la interpretación de las disposiciones mencionadas, para tener por prohibida la importación de aletas de tiburón."
Voto particular, apartado 3
"Recuérdese que esta Sala ha definido el principio de in dubio pro natura en el sentido de que si se carece de certeza sobre la inocuidad de la actividad en cuanto a provocar un daño grave e irreparable, la administración debe abstenerse de realizar este tipo de actividades, o como en este caso, de no permitir la importación de aletas de tiburón."
"It should be recalled that this Chamber has defined the in dubio pro natura principle to mean that, when there is no certainty that an activity will not cause serious and irreparable harm, the administration must refrain from carrying out that activity or, as in this case, must not permit the importation of shark fins."
Voto particular, apartado 3
"Recuérdese que esta Sala ha definido el principio de in dubio pro natura en el sentido de que si se carece de certeza sobre la inocuidad de la actividad en cuanto a provocar un daño grave e irreparable, la administración debe abstenerse de realizar este tipo de actividades, o como en este caso, de no permitir la importación de aletas de tiburón."
Voto particular, apartado 3
Full documentDocumento completo
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eleven fifteen a.m. on 7 de diciembre del 2012.
Amparo appeal (recurso de amparo) filed by [NOMBRE 01], holder of identity card [VALOR 01], in his capacity as GENERAL ATTORNEY-IN-FACT WITHOUT LIMITATION AS TO AMOUNT OF ASOCIACIÓN [NOMBRE 02], legal entity identification number [VALOR 02], against LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS AND INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA.
Whereas:
3.- In a written submission received by the Office of the Clerk of the Sala at 14:04 on 26 de octubre de 2011, Luis Gerardo Dobles Ramírez, in his capacity as Executive President of Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, reports under oath that, pursuant to Ley de Pesca y Acuicultura—Ley 8436—Articles 40 and 139, the unloading, marketing, and exploitation (aprovechamiento) of shark resources and their parts, including their fins, are permitted and authorized by the legislature, provided that, in accordance with those statutory and regulatory provisions and Decreto Ejecutivo número 36782-MINAET-MAG-MOPT-TUR-SP-S-MTSS, the shark resources arrive at unloading ports with their fins naturally attached to the animal’s body. This is strictly supervised and monitored by INCOPESCA and its corps of inspectors, who inspect all official unloadings by domestic or foreign vessels whose target catch may include shark fishing.
It even made it mandatory for all foreign-flagged longline vessels arriving at a Costa Rican port to unload solely at the Muelle Público administered by INCOPESCA, located at Terminal de Multiservicios Pesqueros de Barrio El Carmen de Puntarenas. He asserts that whenever any irregularity or noncompliance with those provisions has been detected, the Institute has filed the corresponding criminal complaints and court actions and that, consequently, foreign vessels have been convicted when the existence of violations, unlawful acts, or offenses has been proven. He emphasizes that the shark species marketed and exploited in Costa Rica are species whose exploitation is permitted and recognized worldwide, including by international organizations with authority in the field and of recognized standing, such as FAO and its Scientific Advisory Committee on fisheries, COFI, and under Convención del CITES concerning threatened or endangered species; therefore, the shark species exploited in Costa Rica are neither subject to nor included in Anexo 1 of the CITES list.
He clarifies that INCOPESCA’s actions in this regard have complied with the law and the principle of administrative legality (principio de legalidad administrativa); accordingly, under the applicable legal provisions, the Institute cannot seek to impose, much less enforce, a prohibition on the importation of shark resources and their fins arbitrarily and without any legal provision establishing such a prohibition. On the contrary, the statutory and regulatory provisions permit the marketing and exploitation of shark resources and their fins when the applicable requirements are met. He explains that Costa Rica cannot, in principle, establish the prohibition sought by the appellant on the entry by land or air of sharks and their fins originating in Nicaragua or any other country, because doing so would constitute an obstacle to trade in a species whose exploitation is permitted worldwide and would violate international trade law, the rules of Organización Mundial del Comercio, and the trade agreements signed by Costa Rica, by reason of the national-treatment principle (principio del trato nacional).
He considers that INCOPESCA has not acted contrary to the legal provisions applicable in our country and has complied with the case law issued by this Court; nor has it violated technical note 68 issued by PROCOMER. He therefore requests that the appeal be denied.
2.2. Process definition. The fins shall undergo a desiccation process in order to meet the requirements stipulated in section 3.2.4 (…).” He concludes by stating that importation of the described merchandise is permitted because no import prohibition is recorded; only compliance with a non-tariff measure (medida no arancelaria) known as Nota Técnica 68 is required.
Justice Rueda Leal drafts the opinion; and,
Whereas:
I.Subject Matter of the Action. The petitioner asserts that, in response to the prohibition against shark finning in Costa Rica, some companies decided to continue that practice by unloading the product at docks in Nicaragua and subsequently bringing it into Costa Rica by land through the Peñas Blancas border crossing. He argues that the respondent permits this practice even though national regulations prohibit shark finning.
II.Proven Facts. The following facts are deemed duly proven and relevant to the disposition of this matter, either because they have been established as such or because the respondent failed to address them as ordered in the initial order:
III.The fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Article 50 of the Constitución Política expressly recognizes the right of all present and future inhabitants of this country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. Compliance with this requirement is a fundamental guarantee for protecting public life and health, not only those of Costa Ricans but also those of all members of the global community. Violation of these fundamental precepts entails the possibility of injury to or endangerment of short-, medium-, and long-term interests. The loss of biodiversity resulting from pollution, the improper exploitation of species, among other causes, is one of the ways in which environmental integrity may be disrupted, with consequences that are most often irreversible and cumulative. The Costa Rican State is obligated to act preventively, avoiding—through oversight and direct intervention—the commission of acts that harm the environment, and is subject to the corresponding and equally inescapable prohibition against promoting its degradation.
It is the duty of the Sala Constitucional, as the body responsible for defending fundamental rights, to oversee compliance with the duties imposed upon the Costa Rican State by the aforementioned Article 50, which obligates it not merely to recognize the right to the environment, but also to use all materially and legally valid means to protect it from any attacks to which it may be subjected. Article 50 of the Constitución Política contains the following provision:
“Article 50.- The State shall seek the greatest welfare of all the country’s inhabitants by organizing and promoting production and the most appropriate distribution of wealth.
Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Accordingly, every person has standing (legitimación) to report acts that violate that right and to seek compensation for the harm caused.
The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding liabilities and penalties.” (underlining does not appear in the original) As means of implementing this fundamental duty, various regulatory instruments govern matters relating to components of the environment (forests, waters, wildlife, the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), among others) and activities associated with it (hunting, fishing, construction, industry, agriculture, etc.). At the United Nations Conference on Environment and Development, held in Río de Janeiro in 1992, the so-called “Rio Declaration” was issued, containing at least one principle relevant to the matter under examination:
“Principle 2.- In accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, States have the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and development policies, and the responsibility to ensure that activities conducted within their jurisdiction or under their control do not cause environmental damage to other States or to areas beyond the limits of national jurisdiction.” For its part, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, approved by Law number 4229 of 11 de diciembre de 1968, provides:
“Article 12 1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.
2. The measures to be taken by the States Parties to the Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for: (…)
“Article 10. Right to Health 1. Everyone has the right to health, understood as the enjoyment of the highest level of physical, mental, and social well-being. (…)” “Article 11. Right to a Healthy Environment 1. Everyone has the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.
2. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment.”
IV.Protection of hydrobiological resources (recursos hidrobiológicos) by the State. In judgment 2006-1109 at 09:48 hours on 3 de febrero de 2006, this Court stated that various reasons require the State to use its best efforts to adequately protect its vast territorial sea, exclusive economic zone, and internal waters. The same may be said of its duty to avoid at all costs becoming complicit in the degradation of the environment and marine biodiversity outside its territorial waters and patrimonial waters (aguas patrimoniales). On the one hand, it has an inescapable duty to ensure the preservation of the environment, which entails adopting the measures necessary to prevent damage to marine and aquatic ecosystems in general, protect the species of living beings inhabiting those environments, prevent pollution of the seas and internal waters, and respond forcefully to actions threatening the integrity of the aquatic environment.
Likewise, the State is equally compelled by the Constitución Política to guarantee dignified and sufficient means of subsistence for all its inhabitants, with a view to ensuring an appropriate distribution of the wealth generated. In that context, the Administration must promote the sustainable use of natural resources, thereby enabling the country to develop economically without compromising environmental stability. Fishing and aquaculture are lawful economic activities of great importance to the population’s food security, generating considerable benefits for those engaged in them and for the country; however, because of the need to safeguard ecological balance and the sound condition of the environment, they must be subject to strict regulation. It is also necessary to defend public assets, particularly with respect to the hydrobiological resources belonging to the Nation as public property.
V.Regarding the practice of shark finning. With respect to this fishing practice, in judgment 2006-1109 at 9:40 hours on 3 de febrero de 2006, this Chamber stated that fishing for sharks solely to use their fins is a reality in many nations. Because of the high economic value of the fins compared with the rest of the animal’s body, particularly in certain markets where they are considered a delicacy and attributed various properties, there has been an increase in a practice consisting of catching sharks, bringing them aboard the vessel, removing their fins, and returning them to the sea to die slowly because they can no longer move. Besides being cruel, this practice is highly damaging to biodiversity and, in turn, jeopardizes the sustainability of the natural resources of the State and, in the case of international waters, of humanity. Because the fins represent only approximately 5% of the shark’s total weight, fishing through “shark finning” constitutes an absurd and irrational form of exploitation. It is also a method that inflicts excessive and plainly unnecessary suffering on the animal by causing it to be dismembered alive and thrown into the sea as though it were waste. In Costa Rica, such an activity cannot be legitimate, and the State is inescapably obligated to use its best efforts to prevent it.
VI.- On the role of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. In light of Article 50, the Constitución Política recognizes the right to a healthy and ecologically balanced environment as a fundamental right of every human being, granting anyone standing (legitimación) to report acts that violate it and seek compensation for the harm caused. The text of the cited article also establishes the role of the State as the constitutional guarantor of environmental protection and preservation. This obligation is not limited to adopting laws and regulations on the subject; it also entails, among other matters, implementing public policies committed to protecting and safeguarding the various existing biological species, controlling and overseeing the conduct of private parties to ensure that they do not adversely affect natural heritage, and, most particularly, the duty to resolve promptly all complaints filed concerning possible environmental harm. With respect to fisheries and aquaculture, these resources were previously protected by the Ministerio de Agricultura y Ganadería; however, beginning in 1995, a specialized institute was created for those purposes, namely, the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, through Law number 7384 of March 16, 1994. Article 2 of that legislation very clearly governs the Institute’s ordinary activities, which are specifically:
“a) Coordinate the fisheries and aquaculture sector; promote and regulate the development of fishing, marine hunting, aquaculture*, and research; and likewise, based on technical and scientific criteria, foster the conservation, development, and sustainable use of marine and aquaculture biological resources.* b) Regulate the rational use of fisheries resources (recursos pesqueros), with a view to achieving greater economic returns and protecting marine and aquaculture species.
“a) Propose the national program for the development of fisheries and aquaculture* in accordance with the guidelines established in the Plan Nacional de Desarrollo, and submit that program for approval by the minister governing the agricultural sector.
It shall also maintain the registry of prices for products and by-products of fisheries species.
The Institute’s final decision shall state the reasons on which it is based.
*(As amended by Article 168 of Law N° 8436 of March 1, 2005).
In addition, Article 14 of the Ley de Pesca y Acuicultura (Law number 8436 of March 1, 2005) provides that the powers of INCOPESCA, in addition to those prescribed by Law Nº 7384, Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, shall be the following:
a. Authorize the export or import of aquaculture products.
b. Recommend exemptions for the importation of inputs for aquaculture activities. For these purposes, the Autoridad Ejecutora, by resolution of its Junta Directiva, shall issue and keep updated the list of equipment and inputs that may be recommended for exemption from import taxes or duties when intended for use in aquaculture activities.
c. Authorize the operation of aquariums for production, maintenance, marketing, and exhibition, following inspection of their facilities.” Finally, DECRETO N° 37354-MINAET-MAG-SP-MOPT-H of October 10, 2012, effective since the 25th of that month, provides:
“Article 2- The importation of shark fins of any species from other countries is prohibited unless a certification issued by the customs authorities of the country of origin demonstrates that those fins were shipped naturally attached to the shark’s body.
Article 3- Officials of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura and the competent authorities shall be responsible for enforcing this provision, (...)” VII.- Regarding the importation of shark fins. In light of the analysis conducted, this Chamber finds that technical note 68 (nota técnica 68) is a customs-control mechanism (medio de control aduanero) linked to the customs declaration (declaración de aduanas), which makes it possible to verify electronically that merchandise entering the country complies with the applicable regulations. This instrument seeks to provide greater control when clearing the product held in customs from the warehouse (desalmacenar). There are various technical notes, depending on the imported product and the competent state institution. The process consists of verifying compliance with the special requirements established by law, and that verification is carried out through the TICA customs system.
Thus, the technical note is a tool for compliance with the customs-control formalities (formalidades aduaneras de control) required for the importation of products. Once the requirements have been verified, the customs authority records compliance with the corresponding technical note. Specifically, technical note 68 literally provides for authorization to import and export fish, mollusks, and crustaceans, alive at any stage of their life cycle, sharks and their by-products, tuna, swordfish, and sailfish, in any form. Authorization for processing sharks and their by-products, in any form. Accordingly, under technical note 68, Costa Rica permits the importation, exportation, or transit of sharks and their by-products, provided that a series of requirements is met (non-tariff obligations that must be fulfilled upon importation). The Dirección General de Aduanas is responsible for verifying compliance with customs and non-customs requirements—such as the technical note at issue—and ensuring that the imported product is not prohibited.
In turn, authorization for the importation, exportation, and transit of shark fins falls within the authority of INCOPESCA, which determines whether the imported product meets the requirements established by law. Consequently, the formalities verified by INCOPESCA are payment of the corresponding fee (canon), the invoice and import application, and the corresponding document issued by the government of the importing country—in this case, the Gobierno de Nicaragua—certifying that the shark product was duly inspected and was in good sanitary condition when unloaded at the dock. In addition to those requirements, however, since executive decree number 37354-MINAET-MAG-SP-MOPT-H, effective as of 25 de octubre de 2012, the importation of shark fins has required a certificate issued by the customs authorities of the country of origin stating that those fins were shipped naturally attached to the shark’s body.
After compliance with the requirements in question has been examined, the respondent institute issues its approval so that technical note 68 may be assigned and importation thereby authorized. Nevertheless, there remains a regulatory gap concerning the exportation and re-exportation of shark fins. Indeed, there is still no indication that the State has established specific measures to ensure that the certificate required for the importation of fins is also mandatory for their exportation and re-exportation. This is relevant to ensuring consistency between the volume of fins exported and re-exported by the country and the total volume of fins exported as a result of products unloaded at domestic ports plus the quantity of imported fins.
VIII.Regarding the merits. In the case under review (sub examine), the petitioner asserts that, because shark finning (aleteo de tiburón) is prohibited in Costa Rica, certain companies decided to engage in that practice in Nicaraguan territory, unloading the product at docks in the neighboring country to the north and subsequently bringing it overland into Costa Rica through the Peñas Blancas border crossing. In support of this claim, the petitioner relies on news reports carried by the press and on official communications PESJ-579-09 of 12 de setiembre de 2011 and DM-08-016-11 of 24 de agosto, issued by INCOPESCA concerning imports from Nicaragua carried out between 1° de diciembre and 24 de agosto de 2011. According to the petitioner, these facts show that the respondent authorities permitted the importation into Costa Rica of fins detached or separated from the bodies, even though domestic regulations prohibit that practice.
In response, the respondent authorities of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura and the Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda contend that the petitioner has not submitted sufficient evidence to support his assertion. INCOPESCA also attaches a copy of the official communication of 5 de junio de 2012, issued by the Executive President of the Instituto Nicaragüense de la Pesca y la Acuicultura, the Nicaraguan counterpart of Costa Rica’s INCOPESCA, in which that official states, on the one hand, that finning is prohibited in Nicaragua and, on the other, that the institution has been present at all landings through its inspectors, monitoring and ensuring compliance with fisheries-management regulations (normas de ordenación pesqueras). In addition, the Executive President of INCOPESCA submits as evidence export certificates relating to shark fins exported from Nicaragua and issued by that country’s government, which state that the product was in good sanitary condition.
That document, however, falls far short of constituting a specific certification by the Nicaraguan government that the product obtained was not the result of finning, because the phrase “was in good sanitary condition” does not mean that the Gobierno de Nicaragua is certifying that this internationally prohibited practice did not occur. The Chamber also notes that, on 11 de octubre de 2012, page 18 of the newspaper La Nación published an article entitled “Costa Rica prohibits the importation and exportation of shark fins,” which quoted the following statement verbatim: “We must acknowledge that some people were circumventing the fishing prohibition by fishing in our waters but marketing shark fins through import mechanisms,” said the President of the Republic, Laura Chinchilla, yesterday at Parque Nacional Manuel Antonio, where she signed the decree together with her ministers of Environment, René Castro, and Agriculture and Livestock, Gloria Abrahams.
As evidence obtained on the Court’s own initiative (prueba para mejor resolver), those officials were asked, by ruling issued at 15:12 on 11 de octubre de 2012, to address the petitioner’s allegation, and the publication cited above was transcribed for them. None of them refuted that assertion. Accordingly, sufficient grounds exist for this Court to deem the factual allegation made by the petitioner to have been established. It is therefore evident that it was only during the processing of this amparo proceeding (amparo) that the State imposed measures to mitigate the problem identified by the petitioner: the Reglamento Regional OSP-05-11 para Prohibir la Práctica del Aleteo en los Países parte del Sistema de Integración Centroamericana, signed by Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá and República Dominicana, and DECRETO N° 37354-MINAET-MAG-SP-MOPT-H of 10 de octubre de 2012, effective as of 1° de enero de 2012 and 25 de octubre de 2012, respectively.
Those regulations are reasonable insofar as they condition the importation of shark fins of any species from other countries on proof, through a certificate issued by the customs authorities of the country of origin, that those fins were shipped naturally attached to the shark’s body, thereby acting in accordance with national and supranational regulations prohibiting finning. Nevertheless, a regulatory gap remains concerning the exportation of shark fins. Indeed, there is still no indication that the State has established specific measures to ensure that the certificate required for the importation of fins is also mandatory for their exportation and re-exportation. This is relevant to ensuring consistency between the volume of fins exported and re-exported by the country and the total volume of fins exported as a result of products unloaded at domestic ports plus the quantity of imported fins. In view of the foregoing, this petition must be granted for purposes of compensation.
Por tanto:
The petition is granted. Luis Gerardo Dobles Ramírez, Gerardo Bolaños Alvarado, Gloria Abraham Peralta and René Castro Salazar, respectively Executive President of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Director General of the Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, Minister of Agriculture and Livestock, and Minister of Environment, Energy and Telecommunications, or whoever may hold those offices, are ordered, within one month from service of this judgment, to adopt the measures required to ensure that the certificate required for the importation of shark fins is also mandatory for their exportation and re-exportation. The Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura and the State are ordered to pay the costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement of the administrative-law judgment (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo).
This decision shall be personally served on Luis Gerardo Dobles Ramírez, Gerardo Bolaños Alvarado, Gloria Abraham Peralta and René Castro Salazar, respectively Executive President of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Director General of the Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, Minister of Agriculture and Livestock, and Minister of Environment, Energy and Telecommunications, or whoever may hold those offices. Let notice be given. Justice Cruz Castro dissents and grants the petition on different grounds.
Ernesto Jinesta L.
Acting President Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Aracelly Pacheco S.
Ricardo Guerrero P.
Jose Paulino Hernández G.
oloria Separate Opinion of Justice Fernando Cruz.- The undersigned Justice declares the petition GRANTED, with all attendant consequences, setting forth additional grounds that, while consistent with the majority opinion, contain arguments that could have consequences different from those underlying the majority opinion.
1. Since judgment 2006-1109, issued at 9:40 on 3 de febrero de 2006, this Chamber has held that fishing for sharks solely for the purpose of harvesting their fins is a cruel practice that is highly harmful to biodiversity and places the sustainability of the natural resources of the State and humanity at risk.
Likewise, although this practice is a reality in many nations, such activity is not lawful in Costa Rica; it is prohibited, and the State is unavoidably obliged to use its best efforts to prevent it. In the opinion of the undersigned author of this dissenting opinion (voto particular), those efforts include anticipating—and consequently also penalizing—actions intended to circumvent that prohibition. In this regard, if shark finning (aleteo) is prohibited in Costa Rica, the importation of shark fins from neighboring countries must also be prohibited until there is complete certainty—by virtue of the in dubio pro natura principle—that such importation is not a means of circumventing the prohibition existing in our country.
I must emphasize, as an important fact concerning the matter being decided, that there is no evidence that our country is a major consumer of shark fins, which suggests that a large portion of the shark fins imported from Nicaragua is exported from our country.
Likewise, I find it striking that, initially, the so-called Technical Note 68 (nota técnica 68) was very clear in establishing a prohibition on the importation of shark fins, and that it was later stated simply that this had been an error to be corrected and that such importation was not prohibited. Evidence that the importation of shark fins from Nicaragua may indeed have been used as a practice to evade the prohibition on shark finning is Executive Decree number 37354-MINAET-MAG-SP-MOPT-H, in force since October 25, 2012, a decree issued after this appeal was filed. If that decree provides that certification is required when shark fins are imported (Article 2º-. The importation of shark fins of any species from other countries is prohibited unless it is demonstrated, by means of a certification issued by the customs authorities of the country of origin, that those fins were shipped naturally attached to the shark’s body.), it was so provided precisely because there was doubt as to whether the imported fins had been obtained through prohibited practices.
This assumption is confirmed by the news report included in the majority opinion, which states that government authorities said on October 11, 2012: “We have to acknowledge that there were people circumventing the fishing prohibition by fishing in our waters but marketing shark fins through import mechanisms,” President of the Republic Laura Chinchilla said yesterday at Parque Nacional Manuel Antonio, where she signed the decree together with her Minister of Environment, René Castro, and Minister of Agriculture and Livestock, Gloria Abrahams.” (La Nación, pag.18).
Nor can I ignore that, even with the decree, controls over the importation and re-exportation of shark fins continue to present serious weaknesses in environmental protection, because they presume the existence of efficient regional coordination mechanisms capable of ensuring the truthfulness and authenticity of the document issued by the customs authority of the country of origin. We are well aware that, in the region, controls concerning shark-finning practices are inadequate and could reduce the requirements and certifications to mere paperwork.
2. According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), there is substantial fishing pressure on various shark species worldwide, and their fishing and capture have increased considerably in recent years. Based on the shark-fin trade, it is estimated that up to 73 million sharks, representing biomass of up to 2 million metric tons, are traded annually worldwide (Preamble to Reglamento Regional OSP-0511 para prohibir la práctica del aleteo en los países parte del Sistema de Integración Centroamericana).
For this reason, international instruments have been promoted to regulate shark-fishing activities, including the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, signed in Washington on March 3, 1973, which has been ratified by 175 countries, including Costa Rica and Nicaragua. Its Appendix II provides special protection for Lamniformes, Cetorhinidae basking sharks, Cetorhinus maximus; Lamnidae great white sharks, Carcharodon carcharias; and Orectolobiformes, Rhincodontidae whale sharks. Article IV thereof provides that the export of any specimen of a species included in Appendix II—which entered into force on April 27, two thousand eleven—shall require the prior grant and presentation of an export permit, which shall be issued only after the following requirements have been met:
a. A Scientific Authority of the State of export has advised that such export will not be detrimental to the survival of that species; b. A Management Authority of the State of export has verified that the specimen was not obtained in violation of the laws in force in that State for the protection of its fauna and flora; and c. A Management Authority of the State of export has verified that every living specimen will be prepared and shipped in a manner that minimizes the risk of injury, damage to health, or cruel treatment.
More recently, Article 8 of Reglamento Regional OSP-0511 para prohibir la práctica del aleteo en los países parte del Sistema de Integración Centroamericana, dated November 24, 2011, concerning imports and exports, provides: Shark fins that are not naturally or partially attached to the body and that enter SICA member countries or are exported by them must be accompanied by a document issued by the competent authority of the respective country of origin, guaranteeing that they are not the product of shark finning. That instrument was signed on November 24, 2011 and is in force in Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá and República Dominicana.
In the environmental field under the responsibility of MINAE, the legislation in force establishes the following Technical Notes:
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA TECHNICAL NOTE CONTENT OF THE TECHNICAL NOTE 36 Permits for the import and export of wild flora and fauna species.
38 Import, export, or re-export authorization from the Comisión Gubernamental del Ozono.
46 Sworn statement (declaración jurada) regarding energy efficiency.
81 Import or export permit under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Dirección Superior, Sistemas de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía.
By virtue of the foregoing, in order to authorize the entry of shark fins, Incopesca and the Dirección Nacional de Aduanas are required to request a document issued by the government of the importing country certifying that the fins are not the product of shark finning and, furthermore, that they do not belong to any of the shark species listed in Appendix II of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), which was ratified by the Asamblea Legislativa under Law No. 5605 of October 30, 1974.
For the import or export of wildlife species or products, Aduana requires the submission of a permit (Technical Note 81) under the Manual de Notas Técnicas de Importación y otros trámites previos a la Importación, which must be processed and approved by SINAC of MINAE in accordance with wildlife legislation and the CITES Convention.
The foregoing requirements are founded not only on those instruments but also on Article 50 of the Constitución Política and on the precautionary principle (principio precautorio), preventive principle (principio preventivo), and principle of good faith (principio de buena fe) underlying International Environmental Law (Derecho Internacional del Ambiente).
3. The competent authorities, principally INCOPESCA, did not demonstrate in this case that they had taken every precaution or required the documentation necessary to ensure, BEFORE importation, that the imported fins from Nicaragua had not been obtained through practices contrary to the provisions governing shark finning. It should be noted that the “certification” submitted to the case file (expediente), consisting of a single folio, was not only obtained after this appeal had been filed but also bears a date later than the fins’ entry into the country. The official communication is dated June 05, 2012, while the fins were imported from Nicaragua from December 2010 to August 2011. In other words, the importation was authorized first, and the certification was requested afterward (a document issued by the government of the importing country—in this case, the Government of Nicaragua—stating that the shark product had been duly inspected and was in good sanitary condition when unloaded at the dock). Likewise, as the majority opinion indicates, the information contained in that official communication falls far short of constituting a certification. All of this occurred even though such certification was a requirement established by international provisions.
In light of all the foregoing doubts, including the doubt expressed in the majority opinion regarding the lack of regulation of shark-fin exports, I consider that other grounds for judgment not mentioned in the majority opinion must be taken into account, and that sufficient provisions may be derived from international and domestic law to deem the importation of shark fins prohibited. This appeal has already shown that even a certification in this regard does not dispel the doubt concerning shark finning. Accordingly, the in dubio pro natura principle and the interpretation of the aforementioned provisions should be applied so as to deem the importation of shark fins prohibited.
It should be recalled that this Chamber has defined the in dubio pro natura principle to mean that, where there is no certainty that an activity is harmless with respect to causing serious and irreparable damage, the Administration must refrain from carrying out such activities or, as in this case, must not permit the importation of shark fins.
In conclusion.— Therefore, in the view of the undersigned author of this dissenting opinion (voto particular), the decision granting this action (declaratoria con lugar de este recurso) must direct not only that the respondents (recurridos) adopt the measures required to ensure that the certificate required for the importation of shark fins is mandatory for their export and re-export, but also that it certify that they are not the product of shark finning (aleteo) and, further, that they do not come from any of the shark species listed in special Appendix II of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES); consideration could even be given to prohibiting the importation of shark fins. As explained above, there are significant omissions that, if not corrected, will substantially weaken the controls intended to prevent the importation and re-export of shark fins from exacerbating the effects caused by uncontrolled shark finning.
Fernando Cruz C.
CASE FILE N° 11-012968-0007-CO Telephone numbers: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Supreme Court of Justice Building, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas y quince minutos del siete de diciembre del dos mil doce.
Recurso de amparo interpuesto por [NOMBRE 01], portador de la cédula de identidad [VALOR 01], en su condición de APODERADO GENERALÍSIMO SIN LÍMITE DE SUMA DE LA ASOCIACIÓN [NOMBRE 02], cédula de persona jurídica número [VALOR 02], contra LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA.
Resultando:
3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:04 horas del 26 de octubre de 2011, informa bajo juramento Luis Gerardo Dobles Ramírez, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Pesca y Acuicultura -Ley 8436-, artículos 40 y 139, la descarga, la comercialización y el aprovechamiento del recurso tiburón y sus partes, incluyendo sus aletas, están permitidos y autorizados por el legislador, en el tanto de acuerdo con esas disposiciones y las reglamentarias, dicha normativa y el Decreto Ejecutivo número 36782-MINAET-MAG-MOPT-TUR-SP-S-MTSS, el recurso tiburón llegue a los puertos de descarga con sus aletas adheridas al cuerpo del animal en forma natural, lo cual es así supervisado y controlado en estricto sentido por el INCOPESCA y su cuerpo de inspectores, quienes revisan todas las descargas oficiales de las embarcaciones nacionales o extranjeras que pueden tener dentro de su pesca objetivo, la pesca del tiburón, incluso estableció obligatoriamente que todas las embarcaciones de palangre de bandera extranjera que llegan a puerto costarricense solamente pueden descargar en el Muelle Público que administra el INCOPESCA, ubicado en la Terminal de Multiservicios Pesqueros de Barrio El Carmen de Puntarenas.
Asegura que cuando se ha detectado algún tipo de irregularidad o incumplimiento a esas disposiciones, el Instituto ha presentado las denuncias penales y judiciales correspondientes y, por ende, existen embarcaciones extranjeras que han sido condenas cuando se ha comprobado la existencia de infracciones o ilícitos o delitos. Destaca que las especies de tiburón que se comercializan y aprovechan en Costa Rica, son especies cuyo aprovechamiento está permitido y reconocido a nivel mundial, incluso por organizaciones internacionales con competencia en la materia y de reconocido prestigio como la FAO y su Comité Científico Asesor en materia de pesca, que es el COFI y en la Convención del CITES, de las especies en amenaza o peligro de extinción; por lo tanto, las especies de tiburón aprovechadas en Costa Rica, no están sujetas ni incorporadas en el Anexo 1 de la lista del CITES. Aclara que la actuación del INCOPESCA en ese aspecto ha sido ajustada a derecho y al principio de legalidad administrativa, por lo que de acuerdo con la normativa legal el Instituto no puede pretender ni menos aplicar una prohibición a la importación del recurso de tiburón y sus aletas en forma arbitraria y sin contar con ninguna disposición legal que haya establecido tal prohibición; por el contrario, las disposiciones legales y reglamentarias permiten la comercialización y el aprovechamiento del recurso tiburón y sus aletas si se cumplen los requisitos pertinentes.
Explica que Costa Rica no puede en principio establecer una prohibición como la que pretende la parte recurrente al ingreso de tiburón y sus aletas por vía terrestre o aérea que provengan de Nicaragua ni de cualquier otro país porque ello constituiría un obstáculo al comercio de una especie cuyo aprovechamiento está permitido mundialmente y sería violatorio en materia de comercio internacional, de la Organización Mundial del Comercio y los tratados comerciales suscritos por Costa Rica, en razón del principio del trato nacional. Considera que INCOPESCA no ha actuado en contra de las disposiciones legales aplicables en nuestro país y ha respetado la jurisprudencia emanada por este Tribunal; tampoco ha violentado lo dispuesto por la nota técnica 68 emitida por PROCOMER, por lo que solicita se declare sin lugar el recurso.
2.2. Definición del proceso. Las aletas se someterán a un proceso de desecación a fin de satisfacer los requisitos estipulados en la sección 3.2.4 (…)”. Finaliza mencionando que se permite la importación de la mercadería descrita ya que no se registra ninguna prohibición a la importación sino únicamente el cumplimiento de una medida no arancelaria conocida como la Nota Técnica 68.
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. El recurrente afirma que ante la prohibición del aleteo de tiburón en Costa Rica, algunas empresas decidieron continuar con esa práctica, mediante la descarga del producto en muelles de Nicaragua, para luego ingresarlo por vía terrestre a Costa Rica, a través de la frontera de Peñas Blancas. Arguye que la parte accionada permite esa práctica a pesar de que la normativa nacional prohíbe la práctica del aleteo.
II.Hechos Probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
III.El derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La pérdida de biodiversidad producto de la contaminación, de la explotación inadecuada de especies, entre otras, es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces irreversibles y acumulativos. El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación.
Es deber de la Sala Constitucional, como órgano encargado de la defensa de los derechos fundamentales, servir de contralor del cumplimiento de los deberes que para el Estado costarricense implica el citado artículo 50, que lo obliga no apenas a reconocer el derecho al medio ambiente, sino además a utilizar todos los medios material y jurídicamente válidos para su protección contra los ataques de que pueda ser objeto. El artículo 50 de la Constitución Política contiene la siguiente disposición:
"Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado . Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho . La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes." (lo subrayado no forma parte del original) Como medios para la implementación de este deber fundamental, diversos instrumentos normativos regulan aspectos referentes a partes integrantes del medio ambiente (bosques, aguas, fauna, zona marítimo terrestre, entre otros) y a actividades relacionadas con el mismo (caza, pesca, construcción, industria, agricultura, etc.) En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, efectuada en la ciudad de Río de Janeiro en 1992, fue emitida la llamada "Declaración de Río", que dispone al menos un postulado atinente al tema en estudio:
"Principio 2.- De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional." Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado mediante Ley número 4229, del 11 de diciembre de 1968, dispone:
"Artículo 12 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: (…)
"Artículo 10. Derecho a la salud 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. (…)” "Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente."
IV.La protección de los recursos hidrobiológicos por parte del Estado. Este Tribunal en la sentencia 2006-1109 de las 09:48 horas del 3 de febrero de 2006 indicó que diversas razones obligan al Estado a hacer uso de sus mejores esfuerzos con el objeto de tutelar en forma adecuada sus inmensos espacios de mar territorial, de zona económica exclusiva, así como sus aguas internas. Lo mismo se puede decir acerca de su deber de evitar a toda costa convertirse en un cómplice de la degradación del medio ambiente y la biodiversidad marina fuera de sus aguas territoriales y patrimoniales. Por un lado, tiene un deber ineludible de velar por la preservación del ambiente, lo que implica la adopción de aquellas medidas necesarias para evitar daños en los ecosistemas marítimos y acuáticos en general, proteger las especies de seres vivos que habiten dichos medios, prevenir la contaminación de los mares y aguas internas, así como reaccionar con energía ante las actuaciones que atenten contra la integridad del ambiente acuático.
Asimismo, el Estado está igualmente compelido por la Constitución Política a garantizar medios de subsistencia dignos y suficientes para todos sus habitantes, en aras de un adecuado reparto de la riqueza generada. En ese contexto, debe la Administración propiciar un uso sustentable de los recursos naturales, logrando con ello que el país pueda desarrollarse económicamente sin comprometer la estabilidad del ambiente. La pesca y la acuicultura constituyen actividades económicas lícitas y de gran importancia para la salud alimentaria de la población, generadoras de considerables beneficios para quienes a ellas se dedican y para el país, pero que por la necesidad de resguardar el equilibrio ecológico y el sano estado del ambiente, deben estar sometidas a una estricta regulación. Es necesario, asimismo, que se defienda el patrimonio público, en particular en lo concerniente a los recursos hidrobiológicos que le pertenecen a la Nación en su condición de bienes públicos.
V.Sobre la actividad del aleteo de tiburón. Respecto de esta práctica pesquera, en la sentencia 2006-1109 de las 9:40 horas del 3 de febrero de 2006, esta Sala manifestó que la pesca de tiburones con el objeto de aprovechar únicamente sus aletas es una realidad en muchas naciones. Debido al elevado valor económico de las aletas en comparación con el resto del cuerpo del animal, en especial en determinados mercados donde se les considera un manjar y se les atribuyen diversas propiedades, se ha incrementado una práctica que consiste en capturar los tiburones, subirlos a la embarcación, despojarlos de sus aletas y regresarlos al mar, para que mueran lentamente por falta de movimiento. Además de cruel, esta práctica es altamente lesiva de la biodiversidad, poniendo en riesgo a su vez la sostenibilidad de los recursos naturales del Estado y la humanidad, en el caso de las aguas internacionales.
Como las aletas representan apenas cerca del 5% del peso total del tiburón, la pesca por medio de “aleteo” representa una forma absurda e irracional de explotación. Es, además, un método que inflige al animal un sufrimiento excesivo y a todas luces innecesario, al propiciar su desmembramiento en vida y su lanzamiento al mar como si se tratara de un desecho. En Costa Rica no puede ser legítima tal actividad y el Estado se encuentra ineludiblemente obligado a hacer uso de sus mejores esfuerzos para impedirla.
VI.Sobre el papel del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. La Constitución Política a la luz del numeral 50 reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como un derecho fundamental de todo ser humano, otorgando a cualquiera la legitimación para denunciar los actos que lo infrinjan y reclamar la reparación del daño. Por su parte, del texto del citado artículo, se deriva el papel del Estado como garante constitucional en la protección y preservación del medio ambiente. Esta obligación no se limita a la adopción de leyes y reglamentos en la materia, sino que involucra entre otros, la aplicación de políticas públicas comprometidas con la protección y resguardo de las diversas especies biológicas existentes, el control y la fiscalización de las actuaciones de los particulares a fin de que no afecten negativamente el patrimonio natural, y muy especialmente, el deber de resolver oportunamente, todas las denuncias planteadas en torno a posibles daños al ambiente.
Respecto a la materia de pesca y acuicultura, anteriormente, dichos recursos eran tutelados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería; sin embargo, a partir del año 1995 se creó un instituto especializado para tales efectos sea el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, por medio de la Ley número 7384 del 16 de marzo de 1994. Normativa que regula muy claramente en el artículo 2 las actividades ordinarias del instituto, que son específicamente:
“a) Coordinar el sector pesquero y el de acuicultura, promover y ordenar el desarrollo de la pesca, la caza marítima, la acuicultura* y la investigación; asimismo, fomentar, sobre la base de criterios técnicos y científicos, la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biológicos del mar y de la acuicultura.* b) Normar el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, que tiendan a lograr mayores rendimientos económicos, la protección de las especies marinas y de la acuicultura.
Más adelante en el artículo 5 del mismo cuerpo normativo se establecen las atribuciones específicas del instituto recurrido respecto del tema en cuestión, por ejemplo las dispuestas en los siguientes incisos: El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
“a) Proponer el programa nacional para el desarrollo de la pesca y la acuicultura* de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo, y someter ese programa a la aprobación del ministro rector del sector agropecuario.
ch) Regular el abastecimiento de la producción pesquera, destinada al consumo humano en los mercados internos y el de materia prima para la industria nacional.
Así como el registro de precios de productos y subproductos de especies pesqueras.
La resolución final del Instituto deberá ser razonada.
*(Así modificado por el artículo 168 de la Ley N° 8436 de 1 de marzo de 2005).
Conjuntamente, en la Ley de Pesca y Acuicultura (Ley número 8436 del 1 de marzo de 2005), artículo 14, establece las atribuciones del INCOPESCA, además de las ordenadas en la Ley Nº 7384, Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, serán las siguientes:
a. Autorizar la exportación o importación de productos acuícolas.
b. Recomendar la exoneración para importar insumos para la actividad acuícola. Para estos efectos la Autoridad Ejecutora mediante Acuerdo de su Junta Directiva, emitirá y mantendrá actualizado el listado de equipos e insumos que podrán ser objeto de recomendación para efectos de exoneración de impuestos o tributos para la importación de éstos, para el uso en la actividad acuícola.
c. Autorizar el funcionamiento de acuarios de producción, mantenimiento, comercialización y de exhibición, previa verificación de sus instalaciones.” Finalmente, el DECRETO N° 37354-MINAET-MAG-SP-MOPT-H del 10 de octubre de 2012, vigente desde el 25 de ese mes, establece:
"Artículo 2- Se prohíbe importar aletas de tiburón de cualquier especie de otros países, sin que se demuestre por medio de una certificación emitida por las autoridades aduaneras del país de origen, que esas aletas fueron embarcadas adheridas en forma natural al vástago del tiburón.
Artículo 3- Le corresponde a los funcionarios del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y a las autoridades competentes, hacer cumplir la presente disposición, (...)"
VII.Sobre la importación de aletas de tiburón. A la luz del análisis efectuado, esta Sala concreta que la nota técnica 68 consiste en un medio de control aduanero, vinculado a la declaración de aduanas que permite verificar de manera electrónica, que la mercancía ingresada al país cumpla la normativa reguladora. Mediante dicho instrumento se procura mayor control al momento de desalmacenar el producto que se ubica en aduanas. Existen diversas notas técnicas, según el producto importado y la institución estatal competente. El proceso consiste en comprobar el cumplimiento de los requisitos especiales que la ley dispone y dicha cotejo se efectúa mediante el sistema aduanero TICA. Así, la nota técnica es una herramienta de cumplimiento de las formalidades aduanera de control que se exige para la importación de productos. Una vez corroborados los requisitos, se procede a asignar el acatamiento de la nota técnica respectiva por parte de la autoridad aduanera.
Ahora bien, concretamente respecto a la nota técnica 68, esta dispone literalmente la autorización para la importación y exportación de peces, moluscos y crustáceos, vivos en cualquiera de sus estadías de vida, escualos y sus subproductos, atún pez espada y pez vela, en cualquiera de sus presentaciones. Autorización para el trámite de escualo y sus subproductos, en cualquiera de sus presentaciones. Entonces, según la nota técnica 68, en Costa Rica se permite la importación, exportación o tránsito de tiburones y sus subproductos, siempre que ello cumpla una serie de requisitos (obligaciones no arancelarias que se deben cumplir al importar). A la Dirección General de Aduanas compete verificar la satisfacción de los requisitos aduaneros, no aduaneros –como la nota técnica en cuestión- y que el producto importado no esté prohibido. De otro lado, la autorización para la importación, exportación y tránsito de las aletas de tiburón es competencia del INCOPESCA, que determina si el producto importado cumple los requerimientos estipulados por ley.
En virtud de lo anterior, las formalidades corroboradas por el INCOPESCA son el pago del canon respectivo, la factura y solicitud de importación, así como el respectivo documento emitido por el gobierno del país importador -en el presente caso el Gobierno de Nicaragua-, mediante el cual se haga constar que el producto de tiburón haya sido debidamente inspeccionado y al momento de ser descargado en muelle se encontrara en buen estado sanitario. Ahora bien, además de tales requisitos, a partir del decreto ejecutivo número 37354-MINAET-MAG-SP-MOPT-H, vigente desde el 25 de octubre de 2012, la importación de aletas de tiburón requiere una certificación emitida por las autoridades aduaneras del país de origen, en el que se indique que esas aletas fueron embarcadas adheridas en forma natural al vástago del tiburón. Luego de examinar el cumplimiento de los requisitos en cuestión, se emite la aprobación por parte del instituto accionado, a fin de asignar la notar técnica 68 y con ello, la autorización para la importación.
Sin embargo, persiste una falta de regulación en cuanto a la exportación y reexportación de las aletas de tiburón. En efecto, no se advierte aún que el Estado haya establecido medidas precisas para asegurar que el certificado exigido para la importación de aletas, a su vez sea obligatorio a los efectos de su exportación y reexportación. Lo anterior resulta relevante a fin de garantizar que exista congruencia entre el volumen de aletas que el país exporta y reexporta, y el volumen total de aletas que se exportan como resultado del producto descargado en puertos nacionales más la cantidad de aletas importadas.
VIII.Sobre el fondo. En el sub examine, el recurrente afirma que debido a la prohibición del aleteo de tiburón en Costa Rica, ciertas empresas decidieron realizar dicha práctica en territorio nicaragüense, de modo que se descarga el producto en los muelles del país vecino del norte, para luego ingresarlo por vía terrestre a Costa Rica a través de la frontera de Peñas Blancas. Para tal efecto, el recurrente se basa en hechos noticiosos transmitidos por la prensa y en los oficios PESJ-579-09 del 12 de setiembre de 2011 y DM-08-016-11 del 24 de agosto, emitidos por el INCOPESCA, respecto a las importaciones efectuadas del 1° de diciembre al 24 de agosto de 2011 desde Nicaragua. De conformidad con el criterio del accionante, dichos hechos evidencian que la importación a Costa Rica de aletas desprendidas o separadas de los cuerpos ha sido permitida por las autoridades recurridas, a pesar de que la normativa nacional prohíbe tal práctica.
Al respecto, las autoridades accionadas del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda plantean que el recurrente no aporta prueba suficiente para sostener su dicho. Además, el INCOPESCA adjunta copia del oficio del 5 de junio de 2012, emitido por el Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de la Pesca y la Acuicultura, entidad homóloga al INCOPESCA de Costa Rica, en la que ese funcionario señala, por un lado, que la práctica del aleteo está prohibida en Nicaragua, y, por el otro, que tal institución ha estado presente en todos los desembarques a través de sus inspectores fiscalizando y garantizando el cumplimiento de las normas de ordenación pesqueras. En adición, el Presidente Ejecutivo del INCOPESCA agrega como prueba certificaciones de y expedidas por el gobierno de ese país, en las que consta que el producto estaba en buen estado sanitario.
Sin embargo, tal documento está lejos de constituir una certificación puntual del gobierno nicaragüense de que el producto obtenido no haya resultado de la práctica del aleteo, toda vez que la frase "esté en buen estado sanitario" no implica que el Gobierno de Nicaragua esté certificando que no se haya dado tal práctica internacionalmente prohibida. Además, la Sala advierte que el 11 de octubre de 2012, en la página 18 del periódico La Nación se publicó una noticia titulada: "Costa Rica prohíbe importar y exportar aletas de tiburón", en la que se cita literalmente: "Tenemos que reconocer que había quienes estaban burlando la prohibición de pesca, pescando en aguas nuestras, pero comercializando la aleta de tiburón a través de mecanismos de importación", dijo ayer la presidenta de la República, Laura Chinchilla, en el Parque Nacional Manuel Antonio, donde firmó el decreto junto a sus ministros de Ambiente, René Castro, y de Agricultura y Ganadería, Gloria Abrahams." Como prueba para mejor resolver, se les pidió a esos funcionarios, mediante resolución de las 15:12 horas del 11 de octubre de 2012, que se refirieran a lo alegado por el accionante y se les transcribió la publicación supra citada.
Al respecto, ninguno de ellos refutó tal afirmación. Así las cosas, existen motivos suficientes para que este Tribunal tenga por acreditado que el supuesto de hecho alegado por la parte accionante es cierto. Por consiguiente, resulta evidente que no fue sino en el transcurso de la tramitación de este amparo que el Estado impuso medidas para paliar el problema aludido por el recurrente: el Reglamento Regional OSP-05-11 para Prohibir la Práctica del Aleteo en los Países parte del Sistema de Integración Centroamericana, suscrito por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, y el DECRETO N° 37354-MINAET-MAG-SP-MOPT-H del 10 de octubre de 2012, vigentes desde el 1° de enero de 2012 y 25 de octubre de 2012, respectivamente. Tales regulaciones resultan razonables en tanto y cuanto sujetan la importación de aletas de tiburón de cualquier especie de otros países, a que se demuestre por medio de una certificación emitida por las autoridades aduaneras del país de origen, que esas aletas fueron embarcadas adheridas en forma natural al vástago del tiburón, con lo que se está actuando conforme a la normativa nacional y supra nacional que prohíbe la práctica del aleteo.
No obstante, persiste una falta de regulación en cuanto a la exportación de las aletas de tiburón. En efecto, no se advierte aún que el Estado haya establecido medidas precisas para asegurar que el certificado exigido para la importación de aletas, a su vez sea obligatorio a los efectos de su exportación y reexportación. Lo anterior resulta relevante a fin de garantizar que exista congruencia entre el volumen de aletas que el país exporta y reexporta, y el volumen total de aletas que se exportan como resultado del producto descargado en puertos nacionales más la cantidad de aletas importadas. En virtud de lo indemnizatorios.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Luis Gerardo Dobles Ramírez, Gerardo Bolaños Alvarado, Gloria Abraham Peralta y René Castro Salazar, por su orden Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Director General de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, Ministra de Agricultura y Ganadería, y Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, o a quienes ejerzan tales cargos, que dentro del plazo de un mes contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, dicten las medidas requeridas para asegurar que el certificado exigido para la importación de aletas de tiburón, a su vez sea obligatorio a los efectos de su exportación y reexportación. Se condena al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Notifíquese esta resolución a Luis Gerardo Dobles Ramírez, Gerardo Bolaños Alvarado, Gloria Abraham Peralta y René Castro Salazar, por su orden Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Director General de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, Ministra de Agricultura y Ganadería, y Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, o a quienes ejerzan tales cargos, en forma personal. Comuníquese. El Magistrado Cruz Castro salva el voto y declara con lugar el recurso por motivos diferentes.
Ernesto Jinesta L.
Presidente a.i Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.
Paul Rueda L. Aracelly Pacheco S.
Ricardo Guerrero P. Jose Paulino Hernández G.
oloria Voto Particular del Magistrado Fernando Cruz-.
El suscrito Magistrado declara CON lugar el recurso, con todas sus consecuencias, argumentos que podrían tener consecuencias diferentes a las que sustentan el voto de mayoría.
1. Esta Sala desde la sentencia 2006-1109 de las 9:40 horas del 3 de febrero de 2006, manifestó que la pesca de tiburones con el objeto de aprovechar únicamente sus aletas, era una práctica cruel, altamente lesiva de la biodiversidad, que ponía en riesgo la sostenibilidad de los recursos naturales del Estado y la humanidad.
Asimismo, que, pese a que dicha práctica es una realidad en muchas naciones, en Costa Rica no es legítima tal actividad, está prohibida y el Estado se encuentra ineludiblemente obligado a hacer uso de sus mejores esfuerzos para impedirla. Ahora bien, a criterio de quien suscribe este voto particular, dentro de dichos esfuerzos se encuentra anticipar –y en consecuencia sancionar también- las acciones que pretendan burlar tal prohibición. Al respecto, si en Costa Rica está prohibido el aleteo, también debe estar prohibido importar aletas de tiburón provenientes de países vecinos, hasta tanto no haya seguridad total –en virtud del principio in dubio pro natura- de que tal importación no sea una forma de burlar la prohibición que existe en nuestro país.
Debo resaltar, como dato importante en relación al tema que se resuelve, que no existe evidencia de que nuestro país sea un gran consumidor de aletas de tiburón, lo que lleva a suponer que, gran parte de la importación de aletas de tiburón proveniente de Nicaragua se exporte desde nuestro país.
De igual forma, me llama la atención que, inicialmente, la denominada nota técnica 68 fuese muy clara al establecer la prohibición de importación de aletas de tiburón, y que luego se diga sencillamente que se trató de un error a enmendar y que tal importación no está prohibida. Evidencia de que ciertamente pudo haberse utilizado la importación de aletas de tiburón provenientes de Nicaragua como una práctica que podría estar evadiendo la prohibición del aleteo, es el decreto ejecutivo número 37354-MINAET-MAG-SP-MOPT-H, vigente desde el 25 de octubre de 2012, decreto emitido con posterioridad a la presentación de este recurso, pues si allí se dispone la necesidad de contar con una certificación en caso de importación de aletas de tiburón (Artículo 2º-. Se prohíbe importar aletas de tiburón de cualquier especie de otros países, sin que se demuestre por medio de una certificación emitida por las autoridades aduaneras del país de origen, que esas aletas fueron embarcadas adheridas en forma natural al vástago del tiburón.), se dispuso así porque justamente existía la duda de si las aletas importadas se obtuvieron mediante prácticas prohibidas.
Supuesto que es ratificado por la información noticiosa, contenida en el voto de mayoría, donde se indica que las autoridades de gobierno expresaron el pasado 11 de octubre del 2012 que: "Tenemos que reconocer que había quienes estaban burlando la prohibición de pesca, pescando en aguas nuestras, pero comercializando la aleta de tiburón a través de mecanismos de importación", dijo ayer la presidenta de la República , Laura Chinchilla, en el Parque Nacional Manuel Antonio, donde firmó el decreto junto a sus ministros de Ambiente, René Castro, y de Agricultura y Ganadería, Gloria Abrahams." (La Nación, pag.18).
No puedo ignorar, además, que aún con el decreto, el control sobre la importación y reexportación de aletas de tiburón sigue presentando serias debilidades en la protección del medio ambiente, porque se presume la existencia de mecanismos de coordinación regionales eficientes que aseguren la veracidad y autenticidad del documento emitido por la autoridad aduanera del país de origen; bien sabemos que en la región, en temas sobre la práctica del aleteo del tiburón, existen controles inadecuados que podrían convertir los requisitos y certificaciones, en pura administración de papel.
2. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), existe una gran presión de pesca sobre diferentes especies de tiburón a nivel mundial, cuya pesca y captura se ha sobredimensionado considerablemente durante los últimos años. Se estima, basado en el comercio de las aletas de tiburones, que se comercializan anualmente a nivel mundial hasta 73 millones de tiburones que representan biomasas del orden de hasta 2 millones de toneladas (Preámbulo del Reglamento Regional OSP-0511 para prohibir la práctica del aleteo en los países parte del Sistema de Integración Centroamericana).
Por esta razón se han promovido instrumentos internacionales en procura de ordenar la actividad de la pesca del tiburón, entre ellos la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres Firmada en Washington el 3 de marzo de 1973, el cual ha sido ratificado por 175 países dentro de los que se encuentra Costa Rica y Nicaragua, dispone en su II apéndice especial protección para los Lamniformes Cetorhinidae Tiburones peregrinos, Cetorhinus maximus Lamnidae Grandes tiburones blancos, Carcharodon carcharias, Orectolobiformes, Rhincodontidae Tiburones ballenas. En su artículo IV dispone que la exportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice II –el cual entró en vigor el 27 de abril del dos mil once- requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de requisitos:
a. Que una Autoridad Científica del Estado de exportación haya manifestado que esa exportación no perjudicará la supervivencia de esa especie; b. Que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya verificado que el espécimen no fue obtenido en contravención de la legislación vigente en dicho Estado sobre la protección de su fauna y flora; y c. Que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya verificado que todo espécimen vivo será acondicionado y transportado de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato.
Recientemente el Reglamento Regional OSP-0511 para prohibir la práctica del aleteo en los países parte del Sistema de Integración Centroamericana, del 24 de noviembre del 2011, en su artículo 8 referido a la importación y exportación dispone: Las aletas de tiburón no adheridas al cuerpo de manera natural o parcial, que ingresen a los países parte del SICA o que fueren exportados por éstos, deberán estar acompañadas del documento expedido por la autoridad competente del respectivo país de origen, en el que se garantice que no son producto de la práctica del aleteo. Dicho instrumento fue suscrito el 24 de noviembre del 2011 y se encuentra en vigente en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
En el área ambiental a cargo del MINAE, la legislación vigente establece las siguientes Notas Técnicas:
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA NOTA TÉCNICA CONTENIDO DE LA NOTA TÉCNICA 36 Permisos de importación y exportación de especies de flora y fauna de vida silvestre.
38 Autorización de importación, exportación o re-exportación de la Comisión Gubernamental del Ozono.
46 Declaración jurada sobre eficiencia energética.
81 Permiso de importación o exportación de la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (cites), Dirección Superior, Sistemas de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía.
En virtud de lo anterior, el Incopesca y la Dirección Nacional de Aduanas para autorizar la entrada de las aletas de tiburón se encuentra en la obligación de pedir un documento emitido por el gobierno del país importador en donde se certifique que no es producto de la práctica del aleteo y además que no se trata de ninguna de las especies de tiburón contempladas en el II apéndice especial de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) la cual fue ratificada por la Asamblea Legislativa bajo la Ley No. 5605 del 30 de octubre de 1974.
La Aduana requiere para la importación o exportación de especies o productos de vida silvestre, la presentación de un permiso (Nota Técnica 81) del Manual de Notas Técnicas de Importación y otros trámites previos a la Importación que le corresponde tramitarlo y aprobarlo al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) observando la Legislación sobre vida silvestre, así como la Convención CITES.
Las anteriores exigencias, encuentra no solo fundamento en dicho instrumentos sino en el artículo 50 de la Constitución Política y en los principios precautorio, preventivo y de buena fe que informan el Derecho Internacional del Ambiente.
3. Las autoridades competentes, principalmente INCOPESCA, no demostraron en este caso, que hubieran tomado todas las previsiones ni exigido la documentación necesaria para asegurarse, ANTES de la importación, que las aletas importadas, provenientes de Nicaragua, hubieran sido obtenidas con prácticas contrarias a las disposiciones sobre el aleteo de tiburón. Nótese que la “certificación” que se aporta al expediente, que consta de un único folio, no sólo es obtenida hasta con posterioridad a la presentación de este recurso, sino que tiene fecha posterior al ingreso de las aletas al país. El oficio es del 05 de junio del 2012 y la importación de aletas de Nicaragua fueron realizadas de diciembre del 2010 a agosto del 2011. Es decir, primero se autorizó la importación, y luego de solicitó la certificación (documento emitido por el gobierno del país importador -en el presente caso el Gobierno de Nicaragua-, mediante el cual se haga constar que el producto de tiburón haya sido debidamente inspeccionado y al momento de ser descargado en muelle se encontrara en buen estado sanitario). Asimismo, tal y como lo indica el voto de mayoría, la información contenida en dicho oficio está lejos de constituir una certificación. Todo ello a pesar de que, dicha certificación era un requisito establecido en disposiciones internacionales.
Ante todas las dudas anteriores, incluida la expresada en el voto de mayoría sobre la falta de regulación en cuanto a la exportación de aletas de tiburón, considero que deben tomarse en cuenta otros elementos de juicio que no se mencionan en el voto de mayoría y considera que se puede desprender de la normativa internacional y nacional, suficientes disposiciones como para tener por prohibida la importación de aletas de tiburón. Ya se evidenció en este recurso, que ni siquiera contando con una certificación al respecto, la duda sobre el aleteo queda despejada. Así entonces, debiera imponerse la aplicación del principio in dubio pro natura, y la interpretación de las disposiciones mencionadas, para tener por prohibida la importación de aletas de tiburón.
Recuérdese que esta Sala ha definido el principio de in dubio pro natura en el sentido de que si se carece de certeza sobre la inocuidad de la actividad en cuanto a provocar un daño grave e irreparable, la administración debe abstenerse de realizar este tipo de actividades, o como en este caso, de no permitir la importación de aletas de tiburón.
En conclusión.- Por lo tanto, para quien suscribe este voto particular, la declaratoria con lugar de este recurso, debe indicar no sólo que los recurridos dicten las medidas requeridas para asegurar que el certificado exigido para la importación de aletas de tiburón sea obligatorio a los efectos de su exportación y reexportación, sino que se certifique que no es producto de la práctica del aleteo y además que no se trata de ninguna de las especies de tiburón contempladas en el II apéndice especial de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), o incluso a poder tener por prohibida la importación de aletas de tiburón. Conforme a lo expuesto, se aprecian omisiones importantes que si no se corrigen, debilitan significativamente los controles que pretenden evitar que la importación y la reexportación de las aletas de tiburón agrave los efectos que ocasiona el aleteo incontrolado del tiburón.
Fernando Cruz C.
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