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Res. 01567-2012 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/02/2012
OutcomeResultado
The appeal is partially granted for violation of the right to a healthy environment, ordering the Municipality to refrain from repeating the conduct and ordering payment of costs, damages, and losses; the alleged violation of access to information is dismissed.Se declara parcialmente con lugar el recurso por violación al derecho a un ambiente sano, ordenando a la Municipalidad abstenerse de incurrir nuevamente en la conducta y condenándola al pago de costas, daños y perjuicios; se desestima la violación al derecho de acceso a la información.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo appeal against the Municipality of Flores for stormwater channeling works that discharge into the Quebrada Flores without updated hydrological studies. The appellants claim violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Constitution) and access to administrative information. The Chamber receives reports from the Municipality and technical opinions from SENARA and the Water Directorate of MINAE, all agreeing on the need for a hydrological study to determine the capacity of the drainage system and the receiving stream, given the risk of flooding. Applying the in dubio pro natura principle and the objective responsibility to protect life and human integrity, the Chamber partially grants the appeal: it orders the Municipality to refrain from repeating the conduct and orders payment of costs, damages, and losses. However, it dismisses the alleged violation of the right to access information for lack of proof that the appellants had requested the documents. The dissenting opinion of Justices Jinesta and Piza holds that the amparo should have been dismissed as it is a matter of ordinary legality, not constitutional.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo contra la Municipalidad de Flores por obras de canalización de aguas pluviales que descargan en la Quebrada Flores, sin contar con estudios hidrológicos actualizados. Los recurrentes alegan violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 constitucional) y al acceso a la información administrativa. La Sala recibe informes de la Municipalidad y criterios técnicos del SENARA y la Dirección de Aguas del MINAE, que coinciden en la necesidad de un estudio hidrológico para determinar la capacidad del sistema de drenaje y del cauce receptor, ante el riesgo de inundaciones. Aplica el principio in dubio pro natura y la responsabilidad objetiva de tutela de la vida e integridad humanas, declarando parcialmente con lugar el recurso: ordena a la Municipalidad abstenerse de incurrir nuevamente en la conducta y condena al pago de costas, daños y perjuicios. Sin embargo, desestima la alegada violación al derecho de acceso a la información por falta de prueba de que los recurrentes hubieran solicitado los documentos. El voto salvado de los magistrados Jinesta y Piza considera que el amparo debió rechazarse por ser una cuestión de legalidad ordinaria, no constitucional.
Key excerptExtracto clave
Based on this technical criterion, the Chamber finds that the appellants are correct in their claim regarding the need for technical studies to guarantee that in the future the questioned works will not cause flooding or land slippage. This not only in light of the in dubio pro natura principle, which as this Court has previously cited, "(...) means that when there are no studies or reports carried out according to unequivocal rules and exact application of science and technique, that allow reaching a state of absolute certainty about the harmlessness of the activity to be carried out on the environment, or they are contradictory among themselves, the entities and organs of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving or permitting any new request or modification, suspend those in progress until the dubious state is resolved and, at the same time, adopt all measures aimed at its protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment" (Ruling No. 2005-07516 of 15:16 hrs. of June 15, 2005) but also as part of the objective responsibility to protect human life and integrity which, in this case, the respondent Municipality shares, since through such studies it can be determined "(...) the maximum flow contributed by the basin upstream of the discharge point into the drainage system; and once this flow is determined, it is possible to determine whether the capacity of this drainage system supports this contribution, but also to determine the contribution of this basin to the receiving course (Quebrada Flores) and its effect on its hydraulic behavior", and thus avoid the system collapsing and producing flooding in the area.Partiendo de este criterio técnico, considera la Sala que llevan razón los recurrentes en su alegato, en cuanto a la necesidad de contar con estudios técnicos que garanticen que en un futuro, las cuestionadas obras no van a causar inundaciones o el falseamiento de los terrenos. Esto, no sólo en atención al principio in dubio pro natura, que como ya ha citado este Tribunal, “(…) supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las reglas unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica, que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”(Voto No. 2005-07516 de 15:16 hrs. de 15 de junio del 2005) sino además, como parte de la responsabilidad objetiva de tutelar la vida e integridad humanas que, en este caso, comparte la Municipalidad recurrida, pues con esos estudios puede determinarse “ (…) el caudal máximo que aporta la cuenca que se encuentra aguas arriba del punto de descarga en el sistema de drenaje; y una vez determinado éste (sic) caudal poder determinar si la capacidad de este sistema de drenaje soporta este aporte, pero además permite determinar el aporte de esta cuenca al cauce receptor (Quebrada Flores) y su efecto sobre el comportamiento hidráulico de este.”, y así, evitar que el sistema colapse y se produzcan inundaciones en el sector.
Pull quotesCitas destacadas
"En el presente asunto, alegan los recurrentes que las obras autorizadas por la Municipalidad de Flores, para canalizar las aguas pluviales al sistema de drenaje del residencial “El Campanario”, que a su vez, las descarga en la quebrada ubicada en las cercanías del residencial “Villas Luisiana”, no cuentan con suficientes estudios técnicos que garanticen que éstas no afectarán, negativamente, el medio ambiente, ni la seguridad de los vecinos de ambos residenciales."
"In the present case, the appellants allege that the works authorized by the Municipality of Flores to channel stormwater into the drainage system of the "El Campanario" residential development, which in turn discharges it into the stream near the "Villas Luisiana" residential development, lack sufficient technical studies to guarantee that they will not negatively affect the environment or the safety of the residents of both developments."
Considerando IV
"En el presente asunto, alegan los recurrentes que las obras autorizadas por la Municipalidad de Flores, para canalizar las aguas pluviales al sistema de drenaje del residencial “El Campanario”, que a su vez, las descarga en la quebrada ubicada en las cercanías del residencial “Villas Luisiana”, no cuentan con suficientes estudios técnicos que garanticen que éstas no afectarán, negativamente, el medio ambiente, ni la seguridad de los vecinos de ambos residenciales."
Considerando IV
"Este derecho fundamental, antes de la reforma constitucional de 1994, fue ampliamente desarrollado por una jurisprudencia progresista y tuitiva de este Tribunal Constitucional, todo con fundamento en la normativa existente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que propició y estableció las condiciones para la reforma parcial del artículo 50 de la Constitución."
"This fundamental right, before the constitutional reform of 1994, was extensively developed by progressive and protective jurisprudence of this Constitutional Court, all based on existing norms in International Human Rights Law, which fostered and established the conditions for the partial reform of Article 50 of the Constitution."
Voto Salvado, Considerando I
"Este derecho fundamental, antes de la reforma constitucional de 1994, fue ampliamente desarrollado por una jurisprudencia progresista y tuitiva de este Tribunal Constitucional, todo con fundamento en la normativa existente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que propició y estableció las condiciones para la reforma parcial del artículo 50 de la Constitución."
Voto Salvado, Considerando I
"El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria."
"The amparo proceeding is, essentially, a summary process governed by simplicity or, in the terms of Article 25 of the American Convention on Human Rights, a remedy that must be simple and rapid. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions –procedures and formal acts that translate and materialize in an administrative file– the matter ceases to be within the scope of amparo, since one must resort to a full cognizance process, that is, a process of full knowledge that can only be conducted before the ordinary jurisdiction."
Voto Salvado, Considerando II
"El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria."
Voto Salvado, Considerando II
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at sixteen hours and one minute of the seventh of February of two thousand twelve.
Amparo action filed by E.L.M. and I.M.L., in their capacity as representatives of the “El Campanario” residential development, and J.E.B.S. and M.B.Z., in their capacity as representatives of the “Villa Luisiana” residential development, against the MUNICIPALITY OF FLORES.
WHEREAS:
Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,
CONSIDERING:
The petitioners allege a violation of their right to a healthy and ecologically balanced environment and of access to administrative information. The foregoing, given that, on the municipal street in front of the “El Campanario” residential development, a series of works are being developed to connect stormwater to its drainage system, which, in turn, discharges it into the Quebrada Flores in the “Villa Luisiana” residential development. They allege that to carry out these works, there are no technical studies to guarantee that, in the future, flooding or the undermining of the lands will not be caused. They claim that the municipal authorities have not provided them with the permits and studies for the works, and therefore, it has not been possible for them to assess their scope and the damage they may cause them.
Of relevance for resolving this amparo action, the following are considered accredited:
Of special relevance for the decision in this matter, the following is deemed unproven:
SOLE FACT.- That the petitioners requested from the municipal authorities that the permits and studies for the referenced works be provided to them.
*IN DUBIO PRO NATURA* PRINCIPLE. In the present matter, the petitioners claim that the works authorized by the Municipality of Flores to channel stormwater into the drainage system of the “El Campanario” residential development, which, in turn, discharges it into the stream located near the “Villas Luisiana” residential development, do not have sufficient technical studies to guarantee that they will not negatively affect the environment or the safety of the residents of both residential developments. In her report, the then-Mayor of the Municipality of Flores indicated that the project’s calculation report stated, verbatim, that the storm sewer and drainage systems intended to be built are capable of receiving up to eight times the flow they will evacuate, since the final flow used in the exercise was double the actual flow. However, this Chamber granted a hearing on the necessity of having hydrological studies to the governing authority on the matter, the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA), so that it could issue a technical opinion on this point, as this Court lacks the necessary elements and, above all, the competence to issue a judgment of that nature.
Thus, the General Manager of SENARA recommended conducting a hydrological study to determine the hydraulic capacity of said stream or receiving watercourse, among other technical aspects deemed necessary to clarify whether the cited works effectively represent a risk to the environment of the area and the property of the protected parties. This reasoning, in turn, was endorsed by the Water Directorate of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications in official letter No. DA-2132-2011 of May 24, 2011 (report folios 82-83, 104). Based on this technical opinion, the Chamber considers that the petitioners are correct in their argument regarding the need for technical studies to guarantee that, in the future, the questioned works will not cause flooding or the undermining of the lands. This is not only in consideration of the *in dubio pro natura* principle, which, as this Court has already cited, “(…) supposes that when there are no studies or reports carried out according to the univocal and exactly applied rules of science and technique, which allow reaching a state of absolute certainty regarding the harmlessness of the activity intended to be developed on the environment, or these are contradictory among themselves, the entities and bodies of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new application or modification, suspend those in progress until the state of doubt is cleared up and, in parallel, adopt all measures tending to its protection and preservation with the object of guaranteeing the right to a healthy and ecologically balanced environment” (Vote No. 2005-07516 at 15:16 hrs. on June 15, 2005) but also as part of the objective responsibility to protect human life and integrity that, in this case, the respondent Municipality shares, since with those studies it can be determined “(…) the maximum flow contributed by the basin located upstream of the discharge point in the drainage system; and, once this [sic] flow has been determined, to be able to determine if the capacity of this drainage system supports this contribution, but also to determine the contribution of this basin to the receiving watercourse (Quebrada Flores) and its effect on the hydraulic behavior thereof.”, and thus, prevent the system from collapsing and flooding from occurring in the sector.
In this way, in order to procure adequate protection for the environment, when there is a danger or threat of serious and imminent damage against it, as established by the aforementioned principle, and as part of the objective obligation of protecting human life and integrity, it is necessary to declare this action with merit. However, as was reported by the respondent authority, the works in question are completed; therefore, going forward, it is prudent for the respondent Municipality to carry out these studies prior to authorizing any work that could have an impact on the indicated water body.
The petitioners claim a violation of their right of access to administrative information, contemplated in Article 30 of the Political Constitution since, they allege, the authorities of the Municipality of Flores did not provide them with the permits and studies related to the works in question. However, under the solemnity of the oath, the authorities of the Municipality of Flores claimed that, at no time, did the protected parties request the information they claim in this amparo. Based on this statement—rendered under oath—and since there is no evidence in the record to support the petitioners' claim that they requested the permits and studies related to the referenced works, it cannot be taken as proven that they required this information and that it was denied to them. This being the case, regarding this point, the action must be dismissed.
By virtue of the foregoing, this action is partially declared with merit as will be detailed in the operative part of this judgment.
THEREFORE:
The action is partially declared with merit. Gerardo Rojas Barrantes, in his capacity as Mayor of the Municipality of Flores, is ordered to refrain from repeating the conduct that served as merit for this estimation, under the warning that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine from twenty to sixty days, shall be imposed upon anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo action, and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided the offense is not more severely punished. The Municipality of Flores is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be settled in the enforcement of the judgment in the contentious-administrative (contencioso administrativo) court. Notify Gerardo Rojas Barrantes, in his capacity as Mayor of the Municipality of Flores, or whoever holds his position, personally. Magistrates Jinesta and Piza partially dissent, solely, with regard to the violation of Article 50 of the Constitution, a point on which they do not enter to consider the merits of the case and declare the action without merit.
Ana Virginia Calzada M.
President Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.
Paul Rueda L. Rodolfo Piza R.
Res. No. 2012-1567 DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES JINESTA AND PIZA The Magistrates Jinesta and Piza partially dissent, solely, with regard to the violation of Article 50 of the Constitution, a point on which they do not enter to consider the merits of the case and declare the action without merit.
Drafted by Magistrate Jinesta Lobo; and,
CONSIDERING:
I.RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT AND ITS SUB-CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT THROUGH A VAST NORMATIVE FRAMEWORK. Article 50 of the 1949 Constitution, in the year 1994 (Law No. 7412 of June 3, 1994), underwent a partial reform to introduce into it, paragraph 2, as an express and clearly defined fundamental right, that which “Every person” has, to enjoy “a healthy and ecologically balanced environment.” This fundamental right, before the 1994 constitutional reform, was extensively developed by a progressive and protective jurisprudence of this Constitutional Court, all based on the existing norms of International Human Rights Law, which fostered and established the conditions for the partial reform of Article 50 of the Constitution. After the partial reform to Article 50 of the Constitution in 1994, a dense, wide, and lengthy sub-constitutional normative framework has been developed for the effective protection of the enjoyment and exercise of the right to a healthy and ecologically balanced environment, given that paragraph 3 stipulated that “The State shall guarantee, defend, and preserve that right”; constitutional imperatives and obligations that have led the Costa Rican State to establish a vast and extensive sub-constitutional normative framework that translates into various laws, regulations, and executive decrees, which address substantive and formal issues for the guarantee, protection, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
Additionally, this sub-constitutional legal order has established an extensive and complex administrative organization to implement the constitutional imperatives and obligations contained in paragraph 3 of Article 50 of the Constitution. Within this block or parameter of legality, created to develop Article 50 of the Constitution, the Organic Law of the Environment No. 7554 of October 4, 1995, stands out, which, among other points, develops and regulates topics of the highest order such as citizen participation in environmental matters (Chapter II), environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) (Chapter IV), protection and improvement of the environment in human settlements (Chapter V), territorial (ordenamiento territorial) and environmental protection (Chapter VI), protected wilderness areas (Chapter VII), marine, coastal, and wetland resources (Chapter VIII), biological diversity (Chapter IX), natural resources such as air, water, and soil (Chapters XI, XII, XIII), as well as forestry and energy resources (Chapters X and XIV), pollution (Chapter XV), environmental administrative organization (XVII), and the creation of an Environmental Administrative Tribunal for the protection, defense, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Chapter XXI).
Also noteworthy, in this dense and vast legislative framework, are the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 5, 1996, and its reforms; the Phytosanitary Protection Law, No. 7664 of April 8, 1997; the Law of Concession and Operation of Tourist Marinas, No. 7744 of December 19, 1997; the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998; the Law on the Use, Management and Conservation of Soils, No. 7779 of April 30, 1998; and, more recently, the Law for Integrated Waste Management, No. 8839 of June 24, 2010. Furthermore, even before Article 50 of the Constitution was partially reformed, there already existed sectoral laws for the protection and defense of certain aspects of the environment, such as the Water Law (Ley de Aguas), No. 276 of August 27, 1942, and its reforms; the General Health Law (Ley General de Salud), No. 5395 of October 30, 1973, and its reforms; the Animal Health Law, No. 6243 of May 2, 1978; the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 21, 1992, and its reforms; the Hydrocarbons Law, No. 7399 of May 3, 1994; and the Law on the Rational Use of Energy, No. 7447 of November 3, 1994.
The regulatory framework, at the sub-legal level, is even more abundant with various executive regulations of those laws and decrees that regulate the protection, conservation, and defense of the environment.
At this hierarchical level of protection, by way of example, Executive Decree No. 31849 of 24 May 2004 stands out, which is the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures that meticulously regulates all aspects of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) procedures for activities, works, and projects, according to predefined categories, to prevent any damage or harm to the environment, its review and environmental viability, its subsequent control and monitoring, complaints, participation mechanisms, the environmental responsible party, performance and operation guarantees, and a sanctioning regime. Also noteworthy is Executive Decree No. 34136 of 20 June 2007, which is the Procedural Regulation of the Administrative Environmental Tribunal responsible for hearing and resolving complaints regarding threats of infringement or effective violation of the legislation protecting the environment and natural resources and for establishing compensation for damages or harm to them.
II.NEED TO DELIMIT THE CONTROL OF CONSTITUTIONALITY AND OF LEGALITY IN MATTERS OF PROTECTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. The dense normative framework or infra-constitutional legal order that develops and strengthens the right to a healthy and ecologically balanced environment contemplated in Article 50 of the Constitution and that seeks its guarantee, protection, and preservation, obliges this Constitutional Court to have to delimit, in the matter, the sphere of control of constitutionality from the sphere of control of legality. In the case of the mechanisms or questions of constitutionality, as Title IV of the Law of Constitutional Jurisdiction is denominated, a concept that includes the action of unconstitutionality and the consultation of constitutionality –legislative and judicial–, the delimitation between the control of constitutionality and of legality is clear and unequivocal, since, without any doubt, it is incumbent upon this Constitutional Court to hear and resolve such matters exclusively and excludently (Articles 10 of the Constitution, 1, 2, subsection b), 73 to 108 of the Law of Constitutional Jurisdiction), thus, for example, when it is alleged that a legal or regulatory norm is unconstitutional for violating Article 50, that is, the right to a healthy and ecologically balanced environment, and the values and principles underlying it.
The real problem in the delimitation of both spheres of control arises with respect to the recurso de amparo, for several evident reasons which are the following: a) The cross-cutting nature of the right to a healthy and ecologically balanced environment, which penetrates all layers or strata of the legal order; b) the open texture of constitutional norms, whereby any grievance may appear to have a constitutional nature; and c) the tendency to use the recurso de amparo as a substitute avenue for the ordinary jurisdiction. However, some criteria can be established, based on Article 7 of the Law of Constitutional Jurisdiction, that allow delimiting the recurso de amparo from other ordinary jurisdictional processes. Thus, when, with respect to an activity, work, or project, a public authority –administrative entity or body– has intervened by conducting studies, evaluations, reports, or assessments of any nature, by application of the dense and vast infra-constitutional legal order, it is clear that the matter must be lodged before the ordinary jurisdiction and not the constitutional one.
The same occurs when a public authority has omitted to comply with the obligations imposed upon it, in matters of environmental and natural resource protection, by the infra-constitutional legal order, whether of a legal or regulatory nature. Under this understanding, this Constitutional Court must hear and resolve a matter in the recurso de amparo, only when no public authority has intervened by exercising its oversight or authorization powers and conduct is being carried out, potentially or actually, harmful to the right to a healthy and ecologically balanced environment; additionally, it must be a violation of that right that is evident and manifest or easily ascertainable –without major production or taking of evidence– and, further, it must be of great relevance or significance and be serious. If a public authority has failed to comply with the obligations and duties developed by the infra-constitutional legal order, the matter must also not be heard by the constitutional jurisdiction, since, in addition to the complaint mechanisms provided at the administrative level, the ordinary jurisdiction, especially the contentious-administrative one, has sufficient competence to oversee the material or formal omissions of public entities.
From the moment a public authority has intervened by exercising its legal and regulatory powers, conducting a procedure –a concatenated series of administrative actions– and issuing administrative acts, the matter will be outside the sphere of the control of constitutionality, and likewise if it fails to comply with or omits its legal and regulatory obligations. The recurso de amparo is, essentially, a summary process governed by simplicity or, in the terms of Article 25 of the American Convention on Human Rights, a remedy that must be simple and rapid. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions –procedures and formal acts that translate and materialize into an administrative file– the matter ceases to be subject matter for the recurso de amparo, since one must resort to a process of full cognition (cognición plenaria), that is, a process of full knowledge that is only possible to substantiate before the ordinary jurisdiction.
The recurso de amparo is not designed to contrast or review technical or juridical criteria rendered in light of the infra-constitutional legal order or to evacuate new elements of conviction to contrast those contained in an administrative file that has been processed over prolonged and calm periods. The recurso de amparo, in short, cannot be converted into an ordinary process of full cognition ("ordinariarlo"), since it is denaturalized and perverted in its ends and purposes; hence, when a public authority has intervened by conducting studies, endorsing or homologating expert reports presented by interested parties, rendering reports, issuing administrative resolutions, permits, licenses, or any other formal administrative act or, in general, by substantiating one or several administrative procedures, the recurso de amparo is not the avenue to oversee such actions but rather the contentious-administrative process.
The administrative intervention that can be verified or proven is decisive for considering that the matter is located on the plane or level, in itself abstract and open, of constitutionality or on the denser one of legality. Nor should this Constitutional Court enter into hearing and resolving non-compliance with the obligations imposed by the legal or regulatory normative framework, since, for that purpose, there exist powerful and efficient instruments at the administrative level (sanctioning regime, complaints, the Administrative Environmental Tribunal) and, ultimately, a contentious-administrative jurisdiction whose function is to control the legality of the administrative function (Article 49 of the Constitution), within which figure legal or regulatory omissions, material or formal, an ordinary jurisdiction that now, with the new procedural legislation, is more flexible, expeditious, swift, plenary, and universal.
For the foregoing reasons, we consider that the present recurso de amparo should have been dismissed outright ad limine litis for involving a matter proper to the control of legality; however, that not having been the case, we consider that it should be declared without merit, without our ruling on the merits of the matter, since it is incumbent upon the ordinary jurisdiction, particularly the contentious-administrative one, to determine whether the administrative actions and conduct deployed (active or omissive) in the sub-lite conform or not, substantially, to the infra-constitutional legal order for the protection, guarantee, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
Ernesto Jinesta L. Rodolfo Piza R.
NOTE OF MAGISTRATE CALZADA MIRANDA:
Having seen the terms in which the majority decision is drafted, I consider it unnecessary to set forth the note that I at the time deemed opportune; therefore, I renounce it.
Ana Virginia Calzada M.
FILE N° 10-015071-0007-CO Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, 19th and 21st Streets, 8th and 6th Avenues It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 15:23:40.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y un minuto del siete de febrero de dos mil doce.
Recurso de amparo interpuesto por E.L.M. e I.M.L., en condición de representantes del residencial “El Campanario” y J.E.B.S. y M.B.Z., en condición de representantes del residencial “Villa Luisiana”, contra la MUNICIPALIDAD DE FLORES.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,
CONSIDERANDO:
Los recurrentes acusan vulnerados su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de acceso a la información administrativa. Lo anterior, dado que, en la calle municipal frente al residencial “El Campanario”, se están desarrollando una serie de obras para conectar las aguas pluviales a su sistema de drenaje, que a su vez, las descarga hacia la Quebrada Flores en el residencial “Villa Luisiana”. Acusan que para realizar esos trabajos, no se cuenta con estudios técnicos que garanticen que en un futuro, no van a causarse inundaciones o el falseamiento de los terrenos. Alegan que las autoridades municipales no les han proporcionado los permisos y estudios de las obras, por lo que no les ha sido posible valorar sus alcances y los perjuicios que puedan causarles.
De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:
De especial relevancia para la decisión de este asunto se estima como indemostrado el siguiente:
ÚNICO.- Que los recurrentes hayan solicitado a las autoridades municipales que se les suministraran los permisos y estudios de las obras de referencia.
PRINCIPIO IN DUBIO PRO NATURA. En el presente asunto, alegan los recurrentes que las obras autorizadas por la Municipalidad de Flores, para canalizar las aguas pluviales al sistema de drenaje del residencial “El Campanario”, que a su vez, las descarga en la quebrada ubicada en las cercanías del residencial “Villas Luisiana”, no cuentan con suficientes estudios técnicos que garanticen que éstas no afectarán, negativamente, el medio ambiente, ni la seguridad de los vecinos de ambos residenciales. En su informe, la entonces Alcaldesa de la Municipalidad de San Rafael de Heredia indicó que en la memoria de cálculo del proyecto se dispuso, textualmente, que los sistemas de alcantarillado pluvial y de drenaje que se pretenden construir, se encuentran capacitados para recibir hasta ocho veces el caudal que van a evacuar pues el caudal final que se utilizó en el ejercicio fue el doble del real. No obstante, esta Sala, confirió audiencia sobre la necesidad de contar con estudios hidrológicos a la autoridad rectora en la materia, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) a fin que emitiera un criterio técnico sobre ese punto, al carecer este Tribunal de los elementos necesarios y, sobretodo, de la competencia para emitir un juicio de esa naturaleza.
Así, el Gerente General del SENARA recomendó la realización de un estudio hidrológico, para determinar la capacidad hidráulica de dicha quebrada o cauce receptor, entre otros aspectos técnicos que se estiman necesarios para aclarar si las citadas obras, efectivamente, representan un riesgo para el ambiente de la zona y la propiedad de los tutelados. Razonamiento que, a su vez, fue respaldado por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en el oficio No. DA-2132-2011 de 24 de mayo de 2011 (informe folios 82-83,104). Partiendo de este criterio técnico, considera la Sala que llevan razón los recurrentes en su alegato, en cuanto a la necesidad de contar con estudios técnicos que garanticen que en un futuro, las cuestionadas obras no van a causar inundaciones o el falseamiento de los terrenos. Esto, no sólo en atención al principio in dubio pro natura, que como ya ha citado este Tribunal, “(…) supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las reglas unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica, que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”(Voto No. 2005-07516 de 15:16 hrs. de 15 de junio del 2005) sino además, como parte de la responsabilidad objetiva de tutelar la vida e integridad humanas que, en este caso, comparte la Municipalidad recurrida, pues con esos estudios puede determinarse “ (…) el caudal máximo que aporta la cuenca que se encuentra aguas arriba del punto de descarga en el sistema de drenaje; y una vez determinado éste (sic) caudal poder determinar si la capacidad de este sistema de drenaje soporta este aporte, pero además permite determinar el aporte de esta cuenca al cauce receptor (Quebrada Flores) y su efecto sobre el comportamiento hidráulico de este.”, y así, evitar que el sistema colapse y se produzcan inundaciones en el sector.
De esta forma, a fin de procurar una protección adecuada al ambiente, al existir un peligro o amenaza de daños graves e inminentes en su contra como lo establece el aludido principio y como parte de la obligación objetiva de tutela de la vida e integridad humana, se impone declarar con lugar el presente recurso. No obstante, según fue informado por la autoridad recurrida, las obras en cuestión se encuentran concluidas, por lo que, a futuro, resulta prudente que la Municipalidad recurrida realice estos estudios de previo a autorizar cualquier obra que podría tener un impacto en el cuerpo de agua indicado.
Los recurrentes alegan violentado su derecho de acceso a la información administrativa, contemplado en el artículo 30 de la Constitución Política pues, alegan que las autoridades de la Municipalidad de Flores no les proporcionaron los permisos y estudios relacionados con las obras en cuestión. No obstante, bajo la solemnidad del juramento, las autoridades de la Municipalidad de Flores alegaron que, en ningún momento, los amparados solicitaron la información que reclaman en este amparo. Partiendo de esta afirmación —rendida bajo juramento— y al no existir en autos, prueba alguna que respalde el alegato de los recurrentes en cuanto a que solicitaron los permisos y estudios relacionados con las obras de referencia, no se puede tener por acreditado que hubieren requerido esa información y que ésta les haya sido negada. Así las cosas, en cuanto a este extremo, se impone desestimar el recurso.
En virtud de lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el presente recurso conforme se detallará en la parte dispositiva de esta sentencia.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Gerardo Rojas Barrantes, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Flores, abstenerse de incurrir nuevamente en la conducta que sirvió de mérito para la presente estimatoria, bajo el apercibimiento que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Flores al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese a Gerardo Rojas Barrantes, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Flores, o a quien ocupe su cargo, en forma personal. Los Magistrados Jinesta y Piza salvan parcialmente el voto, únicamente, en lo relativo a la infracción del artículo 50 constitucional, extremo respecto del cual no entran a conocer el mérito del asunto y declaran sin lugar el recurso.
Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C. Fernando Castillo V.
Paul Rueda L. Rodolfo Piza R.
Res. No. 2012-1567 VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS JINESTA Y PIZA Los Magistrados Jinesta y Piza salvan parcialmente el voto, únicamente, en lo relativo a la infracción del artículo 50 constitucional, extremo respecto del cual no entran a conocer el mérito del asunto y declaran sin lugar el recurso.
Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y,
CONSIDERANDO:
I.DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO Y SU DESARROLLO INFRA CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE UN VASTO ENTRAMADO NORMATIVO. El artículo 50 de la Constitución de 1949, en el año de 1994 (Ley No. 7412 de 3 de junio de 1994) sufrió una reforma parcial para introducir en el, párrafo 2°, como un derecho fundamental expreso y claramente tipificado el que tiene “Toda persona” de gozar “a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho fundamental, antes de la reforma constitucional de 1994, fue ampliamente desarrollado por una jurisprudencia progresista y tuitiva de este Tribunal Constitucional, todo con fundamento en la normativa existente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que propició y estableció las condiciones para la reforma parcial del artículo 50 de la Constitución. Después de la reforma parcial al numeral 50 de la Constitución en 1994, se ha venido desarrollando un denso, amplio y prolijo marco normativo infra constitucional para la protección efectiva del goce y ejercicio del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, habida cuenta que el párrafo 3° dispuso que “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho”; imperativos y obligaciones constitucionales que han llevado al Estado costarricense a establecer un vasto y extenso entramado normativo infra constitucional que se traduce en diversas leyes, reglamentos y decretos ejecutivos, los que se encargan de cuestiones sustantivas y formales para la garantía, tutela y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Adicionalmente, ese ordenamiento jurídico sub constitucional, ha establecido una organización administrativa extensa y compleja para actuar los imperativos y obligaciones constitucionales contenidas en el párrafo 3° del artículo 50 constitucional. Dentro de este bloque o parámetro de legalidad, creado para desarrollar el artículo 50 de la Constitución, destaca la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 4 de octubre de 1995, la que, entre otros extremos, desarrolla y regula temas de primer orden como la participación ciudadana en materia ambiental (Capítulo II), la evaluación del impacto ambiental (Capítulo IV), la protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos (Capítulo V), el ordenamiento territorial y la protección del ambiente (Capítulo VI), las áreas silvestres protegidas (Capítulo VII), los recursos marinos, costeros y humedales (Capítulo VIII), la diversidad biológica (Capítulo IX), los recursos naturales como el aire, agua y suelo (Capítulos XI, XII, XIII), así como los forestales y energéticos (Capítulos X y XIV), la contaminación (artículo XV), la organización administrativa ambiental (XVII) y la creación de un Tribunal Ambiental Administrativo para la tutela, defensa y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Capítulo XXI).
También destacan, en ese denso y vasto entramado legislativo, la Ley Forestal, No. 7575 de 5 de febrero de 1996 y sus reformas, la Ley de Protección Fitosanitaria, No. 7664 de 8 de abril de 1997, la Ley de concesión y operación de marinas turísticas, No. 7744 de 19 de diciembre de 1997, la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, No. 7779 de 30 de abril de 1998 y, más recientemente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839 de 24 de junio de 2010. De otra parte, incluso, antes de reformarse parcialmente el artículo 50 de la Constitución, ya existían leyes sectoriales de protección y defensa de ciertos aspectos del medio ambiente, tales como la Ley de Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942 y sus reformas, la Ley General de Salud, No. 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas, la Ley de Salud Animal, No. 6243 de 2 de mayo de 1978, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 de 21 de octubre de 1992 y sus reformas, la Ley de Hidrocarburos, No. 7399 de 3 de mayo de 1994 y la Ley del uso racional de la energía, No. 7447 de 3 de noviembre de 1994.
El marco normativo, en el plano infra legal, es aún más nutrido con diversos reglamentos ejecutivos de esas leyes y decretos que regulan la protección, conservación y defensa del medio ambiente. En este nivel jerárquico de protección, a modo de ejemplo, destaca el Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004 que es el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que regula, prolijamente, todas las aristas de los procedimientos de Evaluación del Impacto ambiental de actividades, obras y proyectos, según categorías predefinidas, para prevenir cualquier daño o lesión al ambiente, su revisión y la viabilidad ambiental, su control y seguimiento posterior, denuncias, mecanismos de participación, el responsable ambiental, las garantías de cumplimiento y de funcionamiento y un régimen sancionador. También descuella el Decreto Ejecutivo No. 34136 de 20 de junio de 2007 que es el Reglamento de procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo encargado de conocer y resolver las denuncias por amenaza de infracción o violación efectiva a la legislación tutelar del ambiente y de los recursos naturales y para establecer las indemnizaciones por daños o lesiones a éstos.
II.NECESIDAD DE DESLINDAR EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE LEGALIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. El denso marco normativo o ordenamiento jurídico infra constitucional que desarrolla y fortalece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado contemplado en el artículo 50 de la Constitución y que procura su garantía, tutela y preservación, obliga a este Tribunal Constitucional a tener que deslindar, en la materia, la órbita del control de constitucionalidad de la esfera del control de legalidad. Tratándose de los mecanismos o de las cuestiones de constitucionalidad, tal y como se denomina el Título IV de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, concepto que comprende a la acción de inconstitucionalidad y la consulta de constitucionalidad –legislativas y judiciales-, la delimitación entre el control de constitucionalidad y de legalidad es clara e inequívoca, por cuanto, sin duda alguna, le compete a este Tribunal Constitucional conocer y resolver tales materias de manera exclusiva y excluyente (artículos 10 de la Constitución, 1°, 2°, inciso b), 73 a 108 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) así, por ejemplo, cuando se aduce que una norma legal o reglamentaria es inconstitucional por quebrantar el artículo 50, sea el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los valores y principios subyacentes en éste.
El problema real en la delimitación de sendas esferas de control, surge respecto del recurso o proceso de amparo, por varias razones evidentes que son las siguientes: a) El carácter transversal del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que penetra todas las capas o estratos del ordenamiento jurídico; b) la textura abierta de la normas constitucionales con lo que cualquier agravio puede parecer que tiene naturaleza constitucional y c) la tendencia de utilizar el proceso de amparo como una vía sustitutiva de la jurisdicción ordinaria. Empero, pueden establecerse algunos criterios, con fundamento en el artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que permiten delimitar el proceso de amparo de otros procesos jurisdiccionales ordinarios. Así, cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público –ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional.
Lo mismo sucede cuando un poder público ha omitido cumplir con las obligaciones que le impone, en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, el ordenamiento jurídico infra constitucional sea de naturaleza legal o reglamentario. Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional debe conocer y resolver un asunto en el proceso de amparo, únicamente, cuando ningún poder público haya intervenido ejerciendo sus competencias de fiscalización o de autorización y se esté desarrollando una conducta, potencial o actualmente, lesiva del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, adicionalmente, debe tratarse de una violación de ese derecho evidente y manifiesta o fácilmente constatable –sin mayor producción o evacuación de prueba- y, además, debe revestir gran relevancia o trascendencia y ser grave. Si un poder público ha incumplido las obligaciones y deberes que desarrolla el ordenamiento jurídico infra constitucional, el tema tampoco debe ser conocido por la jurisdicción constitucional, por cuanto, además de los mecanismos de denuncia previstos en sede administrativa, la jurisdicción ordinaria, en especial la contencioso-administrativa, tiene competencia suficiente para fiscalizar las omisiones materiales o formales de los entes públicos.
Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento –serie concatenada de actuaciones administrativas- y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad, lo mismo si incumple u omite sus obligaciones legales y reglamentarias. El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria.
El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente. El proceso de amparo, en definitiva, no puede ser convertido en un proceso ordinario de cognición plena (“ordinariarlo”), por cuanto, se desnaturaliza y pervierte en sus fines y propósitos, de ahí que, cuando un poder público ha intervenido efectuando estudios, avalando u homologando experticias presentadas por las partes interesadas, rendido informes, emitiendo resoluciones administrativas, permisos, licencias o cualquier otro acto administrativo formal o, en general, sustanciando uno o varios procedimientos administrativos, el proceso de amparo no es la vía para fiscalizar tales actuaciones sino el proceso contencioso-administrativo.
La intervención administrativa que se logre verificar o comprobar, es determinante para estimar que el asunto se ubica en el plano o nivel, de por sí abstracto y abierto, de la constitucionalidad o en el más denso de la legalidad. Tampoco, este Tribunal Constitucional debe entrar a conocer y resolver el incumplimiento de las obligaciones que impone el marco normativo legal o reglamentario, puesto que, para tal efecto, existen poderosos y eficientes instrumentos en sede administrativa (régimen sancionador, quejas, el Tribunal Ambiental Administrativo) y, en último término, una jurisdicción contencioso-administrativa cuya función es controlar la legalidad de la función administrativa (artículo 49 constitucional), dentro de la que figuran las omisiones legales o reglamentarias, materiales o formales, jurisdicción ordinaria que ahora, con la nueva legislación adjetiva, es más flexible, expedita, célere, plenaria y universal.
Por lo expuesto, estimamos que el presente recurso de amparo debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad, sin embargo, no habiendo sido así, consideramos que se debe declarar sin lugar, sin pronunciarme en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en particular, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Ernesto Jinesta L. Rodolfo Piza R.
NOTA DE LA MAGISTRADA CALZADA MIRANDA:
Vistos los Términos en los que está redactada la sentencia de mayoría, considero innecesario poner nota que en su momento estimé oportuna, por lo que, renuncio a ésta.
Ana Virginia Calzada M.
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