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Res. 01658-2015 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 06/02/2015
OutcomeResultado
The amparo is denied as SETENA’s inactivity was not proven; Justices Jinesta and Salazar issue separate reasoning, and Justice Hernández López adds a separate note.Se declara sin lugar el recurso de amparo al no demostrarse inactividad de la SETENA; los magistrados Jinesta y Salazar dan razones diferentes, y la magistrada Hernández López pone nota separada.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo against SETENA for alleged inaction regarding the invasion of a wetland in the central Caribbean zone. The complainant argues that, despite having submitted technical reports showing impacts since 2011, SETENA failed to take protective measures. The Chamber, by majority, denies the amparo after finding that SETENA did act: it suspended the project in 2011 (a measure still in force), conducted follow-up inspections, and scheduled a new site visit. It concludes that no harmful inaction was proved and that verifying technical compliance falls under ordinary jurisdiction. Justices Jinesta and Salazar add separate reasoning on the need to separate constitutional from legality review in environmental matters, while Justice Hernández López argues the Chamber should refrain from hearing cases where prior administrative action exists, reserving jurisdiction for serious, direct environmental harm. The amparo is denied.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto contra la SETENA por presunta inercia ante la invasión de un humedal en la zona Caribe Central. El recurrente denuncia que, a pesar de haber presentado informes técnicos que demuestran la afectación desde 2011, la SETENA no adoptó medidas para rescatar la zona. La Sala, por mayoría, declara sin lugar el recurso, al constatar que la SETENA sí ha actuado: suspendió el proyecto en 2011 (medida que sigue vigente), realizó inspecciones de seguimiento y programó una nueva visita para verificar los hechos. Concluye que no se demostró inactividad lesiva de derechos fundamentales y que la verificación del cumplimiento de parámetros técnicos corresponde a la jurisdicción ordinaria. Los magistrados Jinesta y Salazar agregan razones separadas sobre la necesidad de deslindar el control de constitucionalidad del de legalidad en materia ambiental, y la magistrada Hernández López aboga porque la Sala se abstenga de conocer casos donde hay intervención administrativa previa, reservando su competencia para violaciones graves y directas al ambiente. El amparo se declara sin lugar.
Key excerptExtracto clave
From the report provided by the respondent authority and the analysis of the evidence in the record, this Chamber does not find the alleged inaction by SETENA to be proven. Contrary to the inaction complained of by the petitioner, this Court verifies that in August 2011 it ordered the suspension of the project, a measure that remains in force to date; and that follow-up inspections have been carried out. From the standpoint of the rights at stake in relation to this matter, namely the right to a healthy and ecologically balanced environment and the right to health, what matters to this Court is that the State actually adopts a policy of protection and effective guarantee of the exercise of those rights; and in this case it is evident that drastic measures halting the project have been taken when necessary. It will then be up to the petitioner, if he remains dissatisfied with what was decided, to prove the alleged damage in administrative proceedings or ordinary courts, since verification of compliance with technical parameters is a matter of ordinary legality. Consequently, the remedy must be dismissed, since no action or omission that threatens or violates the petitioner’s fundamental rights is found, nor any evidence of serious and irreversible damage to the environment; and because the review of compliance with environmental regulations does not lie with this Court.Del informe rendido por la autoridad recurrida, y del análisis de la prueba que obra en autos, esta Sala no tiene por demostrada la acusada inactividad de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Contrario a la inercia acusada por el accionante, este Tribunal constata que en agosto de 2011 se dispuso suspender el proyecto, medida que se mantiene vigente hasta la fecha; y que se han realizado inspecciones de seguimiento al caso. Desde el punto de vista de los derechos que están en juego en relación con este tema, como son el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado así como el derecho a la salud, lo que interesa para este Tribunal es que el Estado realmente asuma una política de protección y garantía efectiva del ejercicio de aquéllos derechos; y en el presente asunto resulta evidente se han adoptado las medidas drásticas de paralización cuando ha sido necesario. Corresponderá entonces al recurrente, si mantiene alguna inconformidad con lo dispuesto, demostrar el daño acusado en la vía administrativa o en la jurisdicción común, por ser la verificación del cumplimiento de parámetros técnicos, materia de legalidad ordinaria. Así las cosas, procede desestimar el recurso, puesto que no se constata actuación u omisión alguna que amenace o violente los derechos fundamentales del recurrente, ni que demuestre la existencia de un daño grave e irreversible al ambiente; y porque la verificación del cumplimiento de la normativa que rige la materia ambiental no corresponde a este Tribunal.
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"Esta Sala no tiene por demostrada la acusada inactividad de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Contrario a la inercia acusada por el accionante, este Tribunal constata que en agosto de 2011 se dispuso suspender el proyecto, medida que se mantiene vigente hasta la fecha; y que se han realizado inspecciones de seguimiento al caso."
"This Chamber does not find the alleged inaction by SETENA to be proven. Contrary to the inaction complained of by the petitioner, this Court verifies that in August 2011 it ordered the suspension of the project, a measure that remains in force to date; and that follow-up inspections have been carried out."
Considerando V
"Esta Sala no tiene por demostrada la acusada inactividad de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Contrario a la inercia acusada por el accionante, este Tribunal constata que en agosto de 2011 se dispuso suspender el proyecto, medida que se mantiene vigente hasta la fecha; y que se han realizado inspecciones de seguimiento al caso."
Considerando V
"Corresponderá entonces al recurrente, si mantiene alguna inconformidad con lo dispuesto, demostrar el daño acusado en la vía administrativa o en la jurisdicción común, por ser la verificación del cumplimiento de parámetros técnicos, materia de legalidad ordinaria."
"It will then be up to the petitioner, if he remains dissatisfied with what was decided, to prove the alleged damage in administrative proceedings or ordinary courts, since verification of compliance with technical parameters is a matter of ordinary legality."
Considerando V
"Corresponderá entonces al recurrente, si mantiene alguna inconformidad con lo dispuesto, demostrar el daño acusado en la vía administrativa o en la jurisdicción común, por ser la verificación del cumplimiento de parámetros técnicos, materia de legalidad ordinaria."
Considerando V
"El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad (...) consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas (...) el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria."
"The amparo proceeding is essentially a summary process governed by simplicity (...) consequently, when it is necessary to review various administrative actions (...) the matter ceases to be suitable for amparo, since resort must be had to a full proceedings."
Voto salvado Jinesta y Salazar
"El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad (...) consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas (...) el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria."
Voto salvado Jinesta y Salazar
"Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad."
"From the moment a public authority has intervened by exercising its legal and regulatory powers, carrying out a proceeding and issuing administrative acts, the matter will be outside the sphere of constitutional review."
Voto salvado Jinesta y Salazar
"Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad."
Voto salvado Jinesta y Salazar
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Case File: 15-000518-0007-CO Type of Matter: Amparo Action *150005180007CO* Case File: 15-000518-0007-CO CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and five minutes on February sixth, two thousand fifteen.
Amparo action processed in case file number 15-000518-0007-CO, filed by MARCO VINICIO LEVY VIRGO, identity card 0700690314, against the SECRETARY GENERAL OF THE NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SETENA).
Whereas:
1. By means of a brief received in the Secretariat of the Chamber at 19:43 hours on January 13, 2015, the petitioner files an amparo action against the SECRETARY GENERAL OF THE NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SETENA), and states that on November twenty-first of last year, by official letter AEL-164-2014 of November sixteenth, two thousand fourteen, he filed a complaint with the Plenary Commission of SETENA, and provided a report sent to the Public Prosecutor's Office on June twenty-ninth, two thousand eleven, by Engineer Anael Fuentes Montoya, Engineer Humberto Jiménez Villanuela, and Licenciada Sandra Ulate Matamoros, officials of SETENA, in which it is verified "the invasion of lands classified as Humedal Zona Caribe Central, and according to the soil map of the 2008 Atlas, the property of the company ANFO is located on Histosol soils with more than 30% organic matter and drainage problems, which constitutes Entisol soils with a moisture regime from humid to aquic, which allows concluding that the property is entirely located on wetland soils." He points out that despite this, for three years no actions for protection or coordination with any institution have been carried out in order to define the necessary actions to rescue the area, failing to comply with their duties to protect the environment.
2. Freddy Bolaños Céspedes, in his capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, reports under oath (brief filed in the Secretariat of this Chamber at 14:53 hours on January 21, 2015), that this amparo action is related to several complaints filed by the petitioner regarding the project called "Instalación de Relleno Granular para la Conformación de Predio," administrative case file D1-1148-2007-SETENA, which has the corresponding environmental viability (environmental viability, resolución Nº 719-2008—SETENA). The petitioner sent, on June 8, 2011, a copy of a complaint filed with the National System of Conservation Areas; and by means of resolution No. 1922-2011-SETENA, of August 10, 2011, it was ordered to suspend the fill works for the construction of the property. This precautionary measure remains in effect. On April 22, 2013, a visit to the project was carried out as part of the control of the project's actions.
On November 21, 2014, the petitioner filed a complaint requesting the release of the wetland area, and by virtue of these allegations, an opinion was requested from the Department of Environmental Auditing and Monitoring (official letters AJ-0029-2015, of January 16, 2015, and ASA-0095-2015, of January 19, 2015). A field visit was scheduled for January 27, 2015, in order to verify the reported facts, and the corresponding report will be delivered to the Constitutional Chamber on February 13, 2015. He requests that the amparo action be dismissed.
3. By means of a brief received in the Secretariat of this Chamber at 08:31 hours on January 26, 2015, the petitioner reiterates his statements and indicates that he considers it inexcusable that, to date, SETENA has not initiated annulment proceedings (proceso de nulidad) of the environmental viability (viability ambiental) granted, despite knowing that a property for containers was developed in a wetland area.
4. The legal requirements have been observed in the proceedings followed.
Magistrate Castillo Víquez drafts; and,
Considering:
I.Purpose of the action. The petitioner accuses SETENA of inaction and inactivity, since despite the complaints of wetland invasion, it has not taken measures to protect and rescue said area.
II.Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
a. The project called "Instalación de Relleno Granular para la Conformación de Predio," administrative case file D1-1148-2007-SETENA, has the corresponding environmental viability (environmental viability, resolución Nº 719-2008—SETENA) (report of the Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat).
b. The petitioner sent, on June 8, 2011, a copy of a complaint filed with the National System of Conservation Areas; and by means of resolution No. 1922-2011-SETENA, of August 10, 2011, it was ordered to suspend the fill works for the construction of the property. This precautionary measure remains in effect (report of the Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat).
c. On April 22, 2013, a visit to the project was carried out as part of the control of the project's actions (report of the Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat).
d. On November 21, 2014, the petitioner filed a complaint requesting the release of the wetland area, and by virtue of these allegations, an opinion was requested from the Department of Environmental Auditing and Monitoring (official letters AJ-0029-2015, of January 16, 2015, and ASA-0095-2015, of January 19, 2015) (report of the Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat).
e. A field visit was scheduled for January 27, 2015, in order to verify the reported facts (report of the Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat).
III.On the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. On repeated occasions, this Court has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Political Constitution. Environmental protection is an adequate mechanism to protect and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of Public Authorities over factors that may alter its balance and prevent a person from developing and thriving in a healthy environment. The State is constituted as the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitutes an essential function of the State, such that regarding environmental protection, the functions of stewardship, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, under the charge of various administrative agencies.
IV.On constitutional jurisdiction in environmental matters. As has been reiterated in the jurisprudence of this Chamber, constitutional jurisdiction in environmental matters cannot be extended to the point of becoming a verifier of the technical criteria expressed in norms or by administrative authorities in environmental matters, but is limited to verifying whether the competent state agencies have fulfilled the obligation imposed by Article 50 of the Political Constitution to assume responsible and timely action regarding environmental protection. It has also been held that the admissibility of the amparo action is conditioned on proof of the existence of a disturbance or threat to one or more of the rights or guarantees contemplated in the Political Charter or in international human rights instruments subscribed to by the country. This last circumstance highlights the eminently summary nature of the amparo process, whose processing does not lend itself well to the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or to the need to previously examine—with a declarative nature—whether rights of infra-constitutional rank that the parties cite as part of the factual array of the amparo action or the legal report actually exist or not, as the case may be, since it is evident that this is a jurisdiction this Chamber lacks.
Given this situation, it is not appropriate for the Chamber to issue any pronouncement (positive or negative) in these cases, because to elucidate whether fundamental rights have been infringed or not, said conflict must first be resolved at the level of legality.
V.On the specific case. The petitioner considers the alleged invasion of lands classified as Humedal Zona Caribe Central to be harmful to the environment. From the report provided by the respondent authority, and from the analysis of the evidence on file, this Chamber does not find the alleged inactivity of the National Environmental Technical Secretariat to be proven. Contrary to the inaction alleged by the petitioner, this Court verifies that in August 2011, it was ordered to suspend the project, a measure that remains in effect to date; and that follow-up inspections of the case have been carried out. From the point of view of the rights at stake in relation to this issue, such as the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and the right to health, what matters to this Court is that the State truly assumes a policy of protection and effective guarantee of the exercise of those rights; and in the present matter, it is evident that drastic measures of shutdown have been adopted when necessary.
It will then be up to the petitioner, if he maintains any disagreement with what has been ordered, to demonstrate the alleged damage through the administrative channel (vía administrativa) or in the ordinary jurisdiction (jurisdicción común), because the verification of compliance with technical parameters is a matter of ordinary legality. Thus, it is appropriate to dismiss the action, since no action or omission is found that threatens or violates the petitioner's fundamental rights, nor that demonstrates the existence of serious and irreversible damage to the environment; and because the verification of compliance with the regulations governing environmental matters does not fall within the purview of this Court. For the foregoing reasons, the amparo must be dismissed, as is hereby declared.
Magistrates Jinesta Lobo and Salazar Alvarado dismiss the action for different reasons, which are as follows:
VII.Separate note of Magistrate Hernández López regarding the claim of infringement of Article 50 of the Political Constitution. 1. The historical context that at the time motivated the broad intervention of the Chamber in environmental matters has undergone considerable variation, which compels this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as has been protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by an enormous production of laws and regulations that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is mandated in the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate jurisdiction imposed on the Chamber a protagonist, almost unique, role in the defense of the aforesaid constitutional right.
2. Today, we find ourselves facing a "dense framework" of environmental regulations—as correctly described by Magistrate Jinesta Lobo in his dissenting vote on this subject—which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation of activities whose impact on the environment was scarcely or not at all regulated, thus the creation of state bodies with powers of vigilance and control over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon consists of the fact that this increasing legalization—predominantly legislative and regulatory—brings in its wake an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily contentious-administrative, but also criminal. In them, consistent with the importance of environmental law, broad procedural avenues and inclusive legal standing mechanisms have been widely regulated, so that individuals can enforce what is established in that broad legal order related to environmental matters.
3. In this context, it is neither legally appropriate, nor from a functional point of view, for the Constitutional Chamber to displace, or—worse yet—substitute for, ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective enforcement of laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking an overlap of its jurisdiction with that of other jurisdictional bodies that—themselves—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes fits poorly with the complexity present in numerous environmental conflicts composed of series of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are well-known examples in which the Chamber has issued a half-hearted or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and impairment of legal certainty have been generated.
4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence-executing judges to allow for adequate follow-up to them—generally complex—which sometimes involve the monitoring of remediation plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up lasting months and even years.
5. From this perspective, the decision to step aside in environmental matters by this Court should not be seen as an abandonment of environmental matters, but on the contrary, as its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should also not be seen as the declination of this instance in its task of protecting constitutional rights imposed by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is rather an exercise of readjusting the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as an exercise of defining its own jurisdiction, as established by Article 7 of its Organic Law.
6. It is clear that the Chamber does not intend to abandon the task of protecting people's rights in environmental matters to other jurisdictions. It is known that although any claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires no more than the application of constitutional law. It is therefore about ensuring that the Chamber becomes a protagonist along with others, so that—among all and each within their space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment can be covered within a society where other equally pressing needs also exist. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but there is substantial gain in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system like ours.- 7. In line with the foregoing, I maintain that this Chamber must abstain from hearing the claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, to leave them in the hands of administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction for their resolution.
The foregoing is stated in general terms, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would indeed be even better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it. Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can indicate that the Chamber must reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also put people's health, or access to or quality of water, at direct risk; cases of gross and direct violations to the environment and in which a manifest absence of protection by state authorities is confirmed, provided always that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural mechanism, since I believe that amparo should not be "ordinary-ized" to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately handled within it.
8. In the specific case, it is observed that the situation raised falls within those situations in which the intervention of the Administration's protective means and ordinary justice proves to be a broader and more complete avenue due to the complexity of the discussed issue, which involves a discussion that involves weighing advantages and disadvantages and evaluating benefits, all of which requires abundant evidence, monitoring, and studies that exceed the scope of amparo. Thus, Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional should have been applied and the recourse rejected outright; however, since this did not occur, it is now appropriate to declare the filed amparo without merit.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. Los MAGISTRADOS JINESTA Y SALAZAR dan razones diferentes. La MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ pone nota separada.
Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
*XL243J8UFHZO61*
*150005180007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del seis de febrero de dos mil quince.
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 15-000518-0007-CO, interpuesto por MARCO VINICIO LEVY VIRGO, cédula de identidad 0700690314, contra SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).
Resultando:
1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 19:43 horas del 13 de enero de 2015, la recurrente interpone recurso de amparo contra el SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), y manifiesta que el veintiuno de noviembre del año pasado y por oficio AEL-164- 2014 de dieciséis de noviembre de dos mil catorce, presentó a la Comisión Plenaria de la SETENA una denuncia, y aportó informe remitido al Ministerio Público de veintinueve de junio de dos mi once por parte del Ingeniero Anael Fuentes Montoya, del Ingeniero Humberto Jiménez Villanuela, y de la licenciada Sandra Ulate Matamoros, funcionarios de la SETENA, en el que se constata "la invasión de terrenos clasificados como Humedal Zona Caribe Central, y según el mapa de suelos del Atlas 2008, el predio de la empresa ANFO se ubica en terrenos de Histosoles con más de 30% de materia orgánica y problemas de drenaje, lo que constituye suelos Entisoles con régimen de humedad de húmedo a ácuico, lo que permite concluir que el predio en su totalidad se localiza sobre suelos de humedal". Señala que a pesar de esto, por tres años no se han realizado acciones de protección o coordinación con alguna institución a efectos de definir las acciones necesarias para rescatar la zona, incumpliendo sus deberes de protección del medio ambiente.
2. Informa bajo juramento Freddy Bolaños Céspedes, en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (memorial presentado en la Secretaría de esta Sala a las 14:53 horas del 21 de enero de 2015), que el presente recurso tiene relación con varias denuncias planteadas por el recurrente sobre el proyecto denominado “Instalación de Relleno Granular para la Conformación de Predio”, expediente administrativo D1-1148-2007-SETENA, que cuenta con la correspondiente viabilidad ambiental (resolución Nº 719-2008—SETENA). El recurrente remitió el 08 de junio de 2011, copia de una denuncia presentada al Sistema Nacional de Áreas de Conservación; y mediante resolución Nº 1922-2011-SETENA, de 10 de agosto de 2011, se dispuso suspender las labores de relleno para construcción de predio. Dicha medida cautelar sigue firme. El 22 de abril de 2013, se realizó visita al proyecto como parte del control de las acciones del proyecto.
El 21 de noviembre de 2014, el recurrente presentó denuncia solicitando liberación del área del humedal, y en virtud de esos alegatos se solicitó criterio al Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental (oficios AJ-0029-2015, de 16 de enero de 2015, y ASA-0095-2015, de 19 de enero de 2015). Se programó una gira para el 27 de enero de 2015, a fin de verificar los hechos denunciados, y el informe correspondiente será entregado a la Sala Constitucional el 13 de febrero de 2015. Solicita se desestime el recurso planteado.
3. Mediante memorial recibido en la Secretaría de esta sala a las 08:31 horas del 26 de enero de 2015, el recurrente reitera sus manifestaciones y señala que considera inexcusable que, a la fecha, la SETENA no haya incoado un proceso de nulidad de la viabilidad ambiental otorgada, a pesar de conocer que se desarrolló un predio para contenedores en zona de humedal.
4. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. El recurrente acusa inercia e inactividad de la SETENA, pues a pesar de las denuncias por invasión de humedal, no ha tomado medidas para proteger y rescatar dicha zona.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a. El proyecto denominado “Instalación de Relleno Granular para la Conformación de Predio”, expediente administrativo D1-1148-2007-SETENA, cuenta con la correspondiente viabilidad ambiental (resolución Nº 719-2008—SETENA) (informe del Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental).
b. El recurrente remitió el 08 de junio de 2011, copia de una denuncia presentada al Sistema Nacional de Áreas de Conservación; y mediante resolución Nº 1922-2011-SETENA, de 10 de agosto de 2011, se dispuso suspender las labores de relleno para construcción de predio. Dicha medida cautelar sigue firme (informe del Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental).
c. El 22 de abril de 2013, se realizó visita al proyecto como parte del control de las acciones del proyecto (informe del Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental).
d. El 21 de noviembre de 2014, el recurrente presentó denuncia solicitando liberación del área del humedal, y en virtud de esos alegatos se solicitó criterio al Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental (oficios AJ-0029-2015, de 16 de enero de 2015, y ASA-0095-2015, de 19 de enero de 2015) (informe del Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental).
e. Se programó una gira para el 27 de enero de 2015, a fin de verificar los hechos denunciados (informe del Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental).
III.Sobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.
IV.Sobre la competencia constitucional en materia ambiental. Tal y como ha sido reiterado en la jurisprudencia de esta Sala, la competencia constitucional en materia ambiental no puede extenderse al punto en que se convierta en un verificador de los criterios técnicos vertidos en las normas o por las autoridades administrativas en materia ambiental, sino que se limita a constatar si las dependencias estatales competentes han cumplido la obligación que les impone el artículo 50, de la Constitución Política, de asumir una actuación responsable y oportuna respecto a la protección del ambiente. Se ha sostenido también, que la procedencia del recurso de amparo está condicionada a que se acredite la existencia de una perturbación o amenaza a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país. Esta última circunstancia pone de relieve el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, cuya tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si existen en realidad o no derechos de rango infra constitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, toda vez que es evidente que esa es una competencia de la que esta Sala carece.
Ante esta situación, no resulta procedente que la Sala vierta pronunciamiento alguno (positivo o negativo) en estos casos, porque para dilucidar si ha habido infracción o no de derechos fundamentales primero se debe resolver dicho conflicto en el plano de la legalidad.
V.Sobre el caso concreto. El recurrente considera lesiva para el ambiente la acusada invasión de los terrenos clasificados como Humedal Zona Caribe Central. Del informe rendido por la autoridad recurrida, y del análisis de la prueba que obra en autos, esta Sala no tiene por demostrada la acusada inactividad de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Contrario a la inercia acusada por el accionante, este Tribunal constata que en agosto de 2011 se dispuso suspender el proyecto, medida que se mantiene vigente hasta la fecha; y que se han realizado inspecciones de seguimiento al caso. Desde el punto de vista de los derechos que están en juego en relación con este tema, como son el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado así como el derecho a la salud, lo que interesa para este Tribunal es que el Estado realmente asuma una política de protección y garantía efectiva del ejercicio de aquéllos derechos; y en el presente asunto resulta evidente se han adoptado las medidas drásticas de paralización cuando ha sido necesario.
Corresponderá entonces al recurrente, si mantiene alguna inconformidad con lo dispuesto, demostrar el daño acusado en la vía administrativa o en la jurisdicción común, por ser la verificación del cumplimiento de parámetros técnicos, materia de legalidad ordinaria. Así las cosas, procede desestimar el recurso, puesto que no se constata actuación u omisión alguna que amenace o violente los derechos fundamentales del recurrente, ni que demuestre la existencia de un daño grave e irreversible al ambiente; y porque la verificación del cumplimiento de la normativa que rige la materia ambiental no corresponde a este Tribunal. Por lo expuesto, el amparo debe desestimarse, como en efecto se declara.
Los Magistrado Jinesta Lobo y Salazar Alvarado declaran sin lugar el recurso por razones diferentes que son las siguientes:
VII.Nota separada la Magistrada Hernández López respecto del reclamo por infracción del artículo 50 de la Constitución Política. 1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.
2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental –tal y como acertadamente lo ha descrito el Magistrado Jinesta Lobo en su voto salvado sobre este tema- lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.
3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.
4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.
5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.
6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7.
En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.
8. En el caso concreto, se observa que la situación planteada se ubica dentro de aquellas situaciones en las que la intervención de los medios de protección de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa por la complejidad del tema discutido que involucra una discusión que involucra sopesar ventajas y desventajas y valoración de los beneficios, todo lo cual requiere abundante prueba, seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo . De tal modo, debió aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y rechazar de plano el recurso; no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora declarar sin lugar el amparo interpuesto.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. Los MAGISTRADOS JINESTA Y SALAZAR dan razones diferentes. La MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ pone nota separada.
Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
*XL243J8UFHZO61*
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