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Res. 01656-2015 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 06/02/2015
OutcomeResultado
The amparo is granted due to critical overcrowding, sleeping on the floor, and lack of response to a transfer request; the Chamber orders provision of a bed, elimination of overcrowding within the prior deadline, replacement of squat toilets, and resolution of the request within 8 days.Se declara con lugar el amparo por hacinamiento crítico, dormir en el suelo y falta de respuesta a solicitud de traslado; se ordena proveer cama, eliminar hacinamiento en plazo previo, sustituir baños turcos y resolver la gestión en 8 días.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by an inmate held in Module C of La Reforma Prison. The petitioner alleges critical overcrowding, unsanitary conditions, sleeping on the floor near squat toilets, and lack of response to his transfer request. The Chamber confirms that, despite prior orders in rulings 2014-11379 and 2014-18239 to eliminate overcrowding within seven months (deadline February 13, 2015), overpopulation persists (749 inmates for a capacity of 400). It also verifies that the petitioner sleeps on the floor and his transfer request has gone unanswered. The amparo is granted for violation of human dignity, the right to petition (Article 27 of the Constitution), and physical integrity, ordering: provision of a bed, elimination of critical overcrowding within the existing deadline, replacement of squat toilets, and resolution of the transfer request within eight days. The Chamber declines to order a direct transfer, as inmate placement is an administrative matter unless the placement is arbitrary or disproportionate, which was not proven. The State is ordered to pay damages.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por un privado de libertad recluido en el Ámbito de Convivencia C del Centro de Atención Institucional La Reforma. El recurrente denuncia condiciones de hacinamiento crítico, insalubridad, dormir en el suelo cerca de baños tipo turco y falta de respuesta a su solicitud de traslado. La Sala verifica que, a pesar de órdenes previas en sentencias 2014-11379 y 2014-18239 para eliminar el hacinamiento en un plazo de siete meses (que vence el 13 de febrero de 2015), la sobrepoblación persiste (749 internos para una capacidad real de 400). También constata que el amparado duerme en el suelo y que no se ha respondido su petición de traslado. Declara con lugar el recurso por violación de la dignidad humana, el derecho de petición (artículo 27 constitucional) y la integridad física, ordenando proveer una cama, eliminar el hacinamiento crítico dentro del plazo ya fijado, sustituir los baños turcos y resolver la gestión de traslado en ocho días. La Sala rechaza ordenar el traslado directo por ser competencia administrativa, salvo que la ubicación sea arbitraria o desproporcional, lo cual no se acredita en este caso. Se condena al Estado al pago de daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
III.- ON CRITICAL OVERCROWDING IN MODULE C OF LA REFORMA PRISON. This Chamber ruled on the critical overcrowding in Module C of La Reforma Prison in ruling number 2014-11379 of 10:05 a.m. on July 11, 2014, in the following terms: "III.- On the merits. This Court's position has been to grant amparo to inmates held in conditions of critical overcrowding, since this situation not only violates their human dignity but also entails, in most cases, a breach of other fundamental rights, especially the right to health and physical integrity. In this regard, to determine whether a prison suffers critical overcrowding, the parameters established by the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the recommendations of the European Committee on Crime Problems have been used, from which it follows that critical overcrowding exists when the density is equal to or greater than 120 detainees per 100 actually available places." VI.- Moreover, the petitioner states that he requested the prison authorities a transfer to another module where he would not be overcrowded, and to date he has received no response. The respondent authorities in their reports omitted any reference to this point, so applying Article 45 of the Constitutional Jurisdiction Law, it is taken as proven that, without being able to specify the exact date but between December 31, 2014 and January 13, 2015, the petitioner requested a transfer to a module without overcrowding, and to date his request has not been answered. Therefore, the amparo must be granted on this ground for violation of Article 27 of the Political Constitution. VII.- The petitioner alleges violation of Article 40 of the Political Constitution because he sleeps on the floor. The respondent authorities omitted any reference to this aspect, so applying Article 45 of the Constitutional Jurisdiction Law, it is taken as proven that the petitioner sleeps on the floor, which violates his right to human dignity. Consequently, the amparo must be granted on this ground.III.- SOBRE EL HACINAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁMBITO DE CONVIVENCIA C DEL CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL LA REFORMA. Esta Sala se pronunció respecto al hacinamiento crítico que existe en el Ámbito de Convivencia C del CAI La Reforma en la sentencia número 2014-11379 de las 10:05 horas del 11 de julio de 2014, en los siguientes términos: “III.- Sobre el fondo. La posición de este Tribunal ha sido la de amparar a los privados de libertad que se encuentran recluidos en condiciones de hacinamiento crítico, ya que esta situación no solo violenta su dignidad humana, sino que apareja también, en la mayoría de los casos, un quebranto a otros derechos fundamentales; en especial, el derecho a la salud y a la integridad física. En este sentido, para determinar si un centro penitenciario sufre un hacinamiento crítico, se ha recurrido a los parámetros fijados por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y a las recomendaciones del Comité Europeo para los Problemas Criminales, de las cuales se extrae que existe un hacinamiento crítico cuando hay densidad superior o igual a 120 detenidos por 100 lugares realmente disponibles." VI.- Por otra parte, el accionante indica que solicitó a las autoridades del Centro de Atención Institucional el traslado a otro Ámbito de Convivencia donde no se encuentre hacinado, resultado que, a la fecha no ha recibido respuesta. Por su parte las autoridades recurridas en sus informes omiten referirse a este punto, de manera que en aplicación del artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene por acreditado que sin poder precisar fecha exacta pero entre el 31 de diciembre del 2014 y el 13 de enero del 2015, el accionante solicitó el traslado a un Ámbito de Convivencia donde no se encuentre hacinado, siendo que, a la fecha no se le ha dado respuesta a su solicitud. Por lo expuesto lo procedente es declarar con lugar el recurso en este extremo por lesión al 27 de la Constitución Política. VII- El amparado aduce lesión al artículo 40 de la Constitución Política debido a que duerme en el suelo. Por su parte, las autoridades recurridas omiten referirse a este aspecto, por lo que en aplicación del artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se tiene por acreditado que el amparado duerme en el suelo, lo que lesiona su derecho a la dignidad humana. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso en este extremo.
Pull quotesCitas destacadas
"La posición de este Tribunal ha sido la de amparar a los privados de libertad que se encuentran recluidos en condiciones de hacinamiento crítico, ya que esta situación no solo violenta su dignidad humana, sino que apareja también, en la mayoría de los casos, un quebranto a otros derechos fundamentales; en especial, el derecho a la salud y a la integridad física."
"This Court's position has been to grant amparo to inmates held in conditions of critical overcrowding, since this situation not only violates their human dignity but also entails, in most cases, a breach of other fundamental rights, especially the right to health and physical integrity."
Considerando III
"La posición de este Tribunal ha sido la de amparar a los privados de libertad que se encuentran recluidos en condiciones de hacinamiento crítico, ya que esta situación no solo violenta su dignidad humana, sino que apareja también, en la mayoría de los casos, un quebranto a otros derechos fundamentales; en especial, el derecho a la salud y a la integridad física."
Considerando III
"Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Cristina Ramírez Chavarría... que procedan a girar las órdenes que estén dentro del ámbito de su competencia y adopten las medidas pertinentes para que de inmediato se provea a [NOMBRE001] de una cama y se elimine el hacinamiento crítico en el Ámbito de Convivencia C del CAI La Reforma..."
"The amparo is granted. It is ordered that Cristina Ramírez Chavarría... issue the orders within their competence and adopt the necessary measures to immediately provide [NAME001] with a bed and eliminate the critical overcrowding in Module C of La Reforma Prison..."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Cristina Ramírez Chavarría... que procedan a girar las órdenes que estén dentro del ámbito de su competencia y adopten las medidas pertinentes para que de inmediato se provea a [NOMBRE001] de una cama y se elimine el hacinamiento crítico en el Ámbito de Convivencia C del CAI La Reforma..."
Por tanto
"...bajo pena de desobediencia que en el término improrrogable de 8 días contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelvan y comuniquen al amparado la gestión formulada."
"...under penalty of disobedience, within the non-extendable term of 8 days from notification of this ruling, resolve and notify the petitioner of the request made."
Por tanto
"...bajo pena de desobediencia que en el término improrrogable de 8 días contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelvan y comuniquen al amparado la gestión formulada."
Por tanto
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours five minutes on the sixth of February two thousand fifteen.
AMPARO ACTION FILED BY [NAME001], IDENTITY CARD NUMBER [VALUE001], AGAINST THE MINISTRY OF JUSTICE AND PEACE, THE GENERAL DIRECTORATE OF SOCIAL ADAPTATION AND THE LA REFORMA INSTITUTIONAL CARE CENTER.
WHEREAS:
1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber on January 13, 2015, the petitioner files an amparo action against the Ministry of Justice, the General Directorate of Social Adaptation and the La Reforma Institutional Care Center. He states that he is deprived of liberty at the La Reforma Institutional Care Center, open medium security (mediana abierta), pavilion C. That he entered the Convivencia C Unit because of a precautionary measure ordered by the defendant penal center, despite the fact that in rulings of this Chamber numbers 2013-9373, 2014-11379 and 2014-018239, it was ordered to correct the problem of critical overcrowding (hacinamiento crítico). He maintains that in that place there exist precarious, inhuman and unsanitary conditions of the infrastructure, specifically of the bathrooms (which are holes), dormitories and other facilities that have already been declared uninhabitable. He alleges that he is not offered the minimum conditions to live with dignity, since he sleeps on the floor, next to the sewers, to the detriment of his fundamental rights, his physical integrity and his mental health. Additionally, he states that he has requested to be transferred to a lower-security center, due to the deplorable, cruel, inhuman and degrading conditions in which he finds himself, but has not received a response. Based on the facts described, he deems his fundamental rights injured and requests that his placement be ordered in a center that meets the minimum conditions to live with dignity, as well as the conditions corresponding to his profile.
2.- By brief filed on January 20, 2015, Rodolfo Ledezma Ramírez, Director of the La Reforma Institutional Care Center and Gregorio Venegas Araya, Director of the Convivencia C Unit, report that the inmate entered this unit on December 31, 2014, coming from Unit A, and was placed in pavilion C. The pavilion in question has a real capacity of 100 inmates, divided into 5 dormitories, and currently has a total of 199 inmates; likewise, he is physically located in dormitory 1. This inmate does not have a bed. Regarding the space where his mattress is located, we must indicate that it is approximately 2 meters from the sanitary facility of the place. In pavilion C, an inmate is assigned who regularly cleans inside this dormitory, approximately 2 or 3 times a day, and for this he has the necessary cleaning supplies. That the situation the petitioner is experiencing is a product of the prison overpopulation (sobrepoblación) and overcrowding (hacinamiento penitenciario) that affects all penal centers in the country. They explain that on this issue the Chamber ruled in resolution 11379-2014, where it ordered the adoption of the necessary measures within a period of 7 months, from the notification of the judgment, which ends on February 13, 2015. They indicate that the Interdisciplinary Technical Council of the Convivencia C Unit has assessed approximately 200 inmates in the last 3 months, and continues assessing 50 cases monthly, for the purpose of recommending those who meet requirements before the National Institute of Criminology for their deinstitutionalization, however the vast majority do not meet said requirements and must remain at the institutional level; b) cases have also been analyzed for the relocation of inmates both in other coexistence units (ámbitos de convivencia) of the same penal center, and in other penal centers in the country; c) Conditional release (libertad condicional) motions have been filed before the Alajuela Sentence Enforcement Court, as another option. The foregoing has allowed the reduction from 804 inmates who inhabited it in the month of August to 749 as of the date of the report, considering that it is still elevated, since that unit must receive inmates from lower-security units (A and B) because there is no other space option internally in the center, because also by order of the Constitutional Chamber the facilities of the (Closed Medium Security) Unit were closed, considering that they endangered the lives of the inmates and officials. They indicate that the construction of 5 modular arches is in project, which will have a capacity for 500 inmates, spaces that are expected to be destined to house the population of the Convivencia C Unit, so that the existing level of critical overcrowding (hacinamiento crítico) will be reduced. Regarding the “Turkish” type sanitary facilities being replaced by common sanitary facilities, it is reported that the sanitary fixtures and the construction materials for their installation are already available, and they will coordinate with the Center’s Security Area and the Unit’s Directorate the most suitable dates to carry out this work, without neglecting that currently the four pavilions of the Convivencia C Unit have both types of bathrooms, so that the penal population can use the common bathrooms that are inside the dormitories. They indicate that although to date the number of inmates who inhabit pavilion C is greater than its real capacity, and this inmate sleeps on the floor, he has a foam mattress and blanket and in addition to that, although bad odors may be generated, there is an inmate who regularly cleans the interior of the dormitory (two or three times a day) for which he has the required cleaning supplies, which can reduce the possibility of pests. Finally, regarding the request for transfer to another Penal Center, there is no record of a request from the petitioner addressed to the Directorate of the Convivencia C Unit; despite this, note will be taken, for the purpose of reviewing his case and verifying if it is possible to place him in another Penitentiary Center.
3.- By brief filed on January 21, 2015, Reymando Villalobos Zúñiga, General Director of Social Adaptation, communicates that he adheres in all its extremes to the report rendered by the Director of La Reforma Institutional Care and the Director of the Convivencia C Unit. He further explains the deinstitutionalization processes that have been made possible at the La Reforma Institutional Care Center and the Prison Administration has undertaken constructive actions aimed at confronting the problem of prison overpopulation (sobrepoblación penal). Between the years 2014 and 2014, the construction of 7 security modules and complementary works took place in the penal centers of Puntarenas, Pérez Zeledón and La Reforma. Said project expanded the capacity of the Penitentiary System by 9 modules with capacity for 672 inmates. Besides, visiting rooms were built to provide technical attention and dormitories for conjugal visits (visita íntima). At La Reforma, 6 security modules were built with an approximate capacity of 400 inmates. Another project approved by the Board of Directors of the Patronato de Construcciones and that has financing is the construction of four modules at La Reforma, and one in Pococí. These will be built using the modular arch system and their cost will be 2,221,931,250.00 colones. As part of the complementary works, perimeter and internal mesh, sidewalks, conjugal visit areas, entry post, administrative building, electromechanical and telephone system, as well as the respective guard towers, will be installed. This work will expand the capacity of the Penitentiary System by 500 prison spaces, 400 in La Reforma and 100 in Pococí. The work has already been awarded and is awaiting the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) from SETENA. Likewise, the La Reforma Institutional Care Center is in the process of Construction of the young adult Institutional Care Center, which will expand its spaces with medium and maximum security housing units, a dormitory for prison police assigned to that center, and conjugal visit stations. These actions have as a priority to control and gradually diminish the problem of overpopulation that affects the penitentiary system. The works that have already been executed and those that will be built in the medium and long term have an impact on the phenomenon of overpopulation. The Construction of the Productive Units Project is already a reality, and will represent a significant increase in the housing capacity for inmates. The execution of these works will allow for 2592 new spaces to locate inmates, of these 432 will be destined for women. These works will be financed with part of the credit approved by the IDB and will have an approximate cost of $74,339,234. Despite the implementation of these works and projects, it has been insufficient to control the disproportionate increase in the number of inmates who enter the Penitentiary System daily, remitted mainly by judicial offices. The reinforcement policies of the State's repressive apparatus have not taken into account the repercussions they will have directly on the Costa Rican Penitentiary System.
4.- By brief filed on January 27, 2015, Cristina Ramírez Chavarría, Minister of Justice and Peace, reports that she adheres to the report rendered by Rodolfo Ledezma Ramírez, Director of the La Reforma Institutional Care Center and Gregorio Venegas Araya, Director of the Convivencia C Unit. She points out that the Ministry has been committed to resolving the problem in an integral manner, so that the development of improvements and new constructions in prison infrastructure is projected, which it has been confronting directly to resolve the problem of overpopulation (sobrepoblación) and overcrowding (hacinamiento), as it is reiterated that it is a problem affecting the entire Penitentiary System. She reiterates the arguments outlined by the General Director of Social Adaptation regarding the infrastructure and the measures taken to solve the problem of overcrowding at the national level. She indicates that on January 12, 2015, the Directorate of the Convivencia C Unit and professionals from various technical areas held a meeting with the Director of the National Institute of Criminology to seek short-term solutions, and the agreement was reached to deinstitutionalize through extraordinary assessments, by means of conditional release (libertad condicional) motions before the Sentence Enforcement Court.
5. - In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.
Drafted by Magistrate Hernández López; and,
WHEREAS:
I.- SUBJECT OF THE ACTION: That he is deprived of liberty at the La Reforma Institutional Care Center, open medium security (mediana abierta), pavilion C, a place where he is overcrowded. That the place is unsanitary, they sleep on the floor near the bathrooms, the bathrooms are Turkish type. He has not been transferred to another institutional care center despite having requested it.
II.- PROVEN FACTS: Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven:
III.REGARDING THE CRITICAL OVERCROWDING IN THE CONVIVENCIA C UNIT OF THE LA REFORMA INSTITUTIONAL CARE CENTER. This Chamber ruled regarding the critical overcrowding (hacinamiento crítico) that exists in Convivencia C Unit of the La Reforma Institutional Care Center in judgment number 2014-11379 of 10:05 hours on July 11, 2014, in the following terms:
“III.- On the merits. The position of this Tribunal has been to grant amparo to inmates who are confined in conditions of critical overcrowding (hacinamiento crítico), since this situation not only violates their human dignity, but also entails, in most cases, a violation of other fundamental rights; especially, the right to health and physical integrity. In this sense, to determine if a penitentiary center suffers critical overcrowding, the parameters set by the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the recommendations of the European Committee on Crime Problems have been used, from which it is extracted that critical overcrowding exists when there is a density equal to or greater than 120 detainees per 100 actually available places. In the present matter, the petitioners allege that the open medium security area of the La Reforma Institutional Care Center, where they are confined, presents serious overcrowding problems. The foregoing is verified from the report given by the defendants themselves, who affirm that in said place there are 800 inmates housed, even though its maximum capacity is 400. Taking into account what was said above, the Chamber verifies the alleged violation of the rights of the persons under protection, and the other inmates located in the Convivencia C unit of the cited penal center, since they are confined in a site that exceeds its projected capacity by 50%, a figure that greatly surpasses the maximum permitted by the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the recommendations of the European Committee on Crime Problems. By virtue of the foregoing, the action must be granted with the consequences that will be stated in the operative part”.
On that occasion, the defendant authorities were ordered that within the period of 7 months, they adopt the necessary measures within the scope of their competence, to eliminate the critical overcrowding (hacinamiento crítico) that afflicts the inmates of unit C of the La Reforma Institutional Care Center, a period that has not yet expired. Subsequently, judgment No. 2014-18239 of 14:30 hours on November 5, 2014, also found proven the situation of critical overcrowding in Unit C of the La Reforma Institutional Care Center, for which the amparo was granted so that the critical overcrowding is corrected within the same 7-month period ordered in judgment number 2014-011379 of 10:05 on July 11, 2014.
IV.- Regarding the hygienic conditions of the sanitary facilities in that unit, the same judgment declared that the lack of infrastructure in toilets constitutes a violation of human dignity. It declared with merit the action so that -in the Convivencia C unit of the La Reforma Institutional Care Center- the problem of the Turkish-type bathrooms is corrected, within the same period ordered in judgment number 2013-009373 of 9:20 hours on July 12, 2013.
V.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, the defendants reported under oath that the sanitary facilities and construction materials for the installation of the toilets have already been acquired, and that it only remains to coordinate with the Security Area of Unit C the start of the works, so as not to affect the penal population. From the reports rendered under oath by the defendants, it is clear that the problem of prison overpopulation still exists in that Unit, but the number of persons located there has been reduced and new projects are being executed aimed at confronting the phenomenon of prison overpopulation (sobrepoblación carcelaria), so that the action must be declared with merit, for the infringement upon the dignity of the amparo petitioner, who has been located in the Convivencia C Unit since December 31, 2014, so that the critical overcrowding (hacinamiento crítico) is corrected within the same 7-month period ordered in judgment number 2014-011379 of 10:05 on July 11, 2014. However, the petitioner's claim, in the sense that his relocation to another penal center be ordered, is improper, since this Chamber has recognized that, as a general rule, the specific placement of inmates is a matter that falls to the administrative authorities (Penitentiary System), so that the Chamber cannot assume functions proper to the defendant administration, much less determine -without greater elements of judgment- the best or most convenient placement of these persons. It will do so when the decision of the penitentiary authority is unfounded or arbitrary, or when the placement of the inmate evidences a disproportionality that injures fundamental rights, as in judgment No. 2014-18239 of 14:30 hours on November 5, 2014, which determined that the permanence of the inmate in a site where there is critical overcrowding injured his right to health, because he was convalescing from a surgical intervention, a reason for which his transfer to an environment free of overcrowding was ordered. However, in the present case those circumstances do not exist, for which the petitioner must request his transfer before the penitentiary authorities.
VI.- Additionally, the petitioner indicates that he requested from the authorities of the Institutional Care Center the transfer to another Coexistence Unit (Ámbito de Convivencia) where he is not overcrowded, a result for which, to date, he has not received a response. For their part, the defendant authorities in their reports omit referring to this point, so that in application of article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), it is taken as accredited that without being able to specify an exact date but between December 31, 2014, and January 13, 2015, the petitioner requested the transfer to a Coexistence Unit where he is not overcrowded, and that, to date, no response has been given to his request. For the foregoing, it is proper to declare the action with merit on this point for injury to Article 27 of the Political Constitution.
VII- The amparo petitioner alleges injury to Article 40 of the Political Constitution because he sleeps on the floor. For their part, the defendant authorities omit referring to this aspect, for which in application of article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) it is taken as accredited that the amparo petitioner sleeps on the floor, which injures his right to human dignity. Consequently, it is proper to declare the action with merit on this point.
VIII.- NOTE BY MAGISTRATE ARMIJO SANCHO. Law #9097, Regulating the Right of Petition, of October 26, 2012, indicates in its article 12 that it corresponds to this Chamber the knowledge of cases in which the infringement of provisions 27 of the Constitution and 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction is invoked. I consider that this norm does not have any impact on the guidelines that this Tribunal has already established, by majority, in relation to that matter, since, besides the attribution of demarcating the limits of its competence being expressly and exclusively reserved to the Chamber (article 7 of the Law of Constitutional Jurisdiction), the referral of the bill for Law #9097 to a consultation of this jurisdictional body was omitted, with a clear infringement of the preceptive procedure regulated in article 96 subsection a) of the Law of Constitutional Jurisdiction in relation to article 10.2 subsection b) of the Political Constitution. It is an essential requirement of any norm that intends to modify the powers and configuration of the Chamber to be submitted to a mandatory prior consultation in this venue. Otherwise, it will lack all efficacy, as happens in this case.
IX.- Additional reasons by Magistrate Cruz Castro regarding prison overcrowding.
Regarding prison overcrowding in the Convivencia C Unit of the La Reforma Institutional Care Center, I express additional reasons, since I consider that overcrowding requires concrete measures and not waiting for measures to be adopted that, while they are being executed, cause overcrowding to provoke a serious violation of the fundamental rights of the inmates. Overcrowding justifies the adoption of some decisions that allow ensuring the effective respect for the fundamental rights of citizens serving a custodial sentence. A policy that defines the entry and exit of inmates in the penitentiary center is required, because it is evident that overcrowding has reached constitutionally inadmissible limits.
Limit to prison overcrowding.
Regarding the situation of the penitentiary system and its deterioration, there are many precedents of this tribunal that record the injury to fundamental rights fostered by prison society (see among others, rulings 11762-06 and 1332-09); that sphere of state responsibility in which the exercise of the repressive function authorizes, in practice, the structural violation of fundamental rights. Among the precedents of this tribunal, it is opportune to cite ruling 2000-7484, which describes what has been mentioned:
“…..VII.- In the Chamber’s criterion, it has not been necessary to carry out a judicial inspection at the San José Institutional Care Center, because the report provided by the competent jurisdictional body was available, the content of which is apparent from the periodic prison visits carried out. Furthermore, the defendants do not deny the facts nor prove their inaccuracy regarding the conditions in which the inmates of the San José Institutional Care Center remain –at least part of them-, so the arguments put forth by the Chamber in the cited judgment (1032-96) are applicable to the specific case, which are fully reiterated, as well as the grant of the action for violation of the human rights of the inmates who are at the San José Institutional Care Center. The Chamber is aware of the material implications that this ruling will have; nonetheless, the point is that –as stated in the cited judgment- if the State, fulfilling a public function such as ensuring citizen security, isolates and deprives of their liberty persons who have violated the law, it must do so within the framework of respect for human rights, as it has committed to, a task which in the case of custody of inmates corresponds to the Executive Power, it being the duty of the Judicial Power –and within it- particularly the Constitutional Tribunal, to ensure that this is complied with. The situation in this case is of reiterated violation of the human rights of the inmate population, which were verified at the same San José Institutional Care Center in 1996, and continue to date, in clear disobedience to what was ordered by this Constitutional Tribunal, whose jurisprudence and precedents are binding erga omnes, by legal imperative (article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction). It is for that reason, and also because the Minister of Justice has reported under oath that measures are already being taken on the matter, that on this occasion a period of one year is granted to that Ministry so that the San José Institutional Care Center is brought into conditions of respect for the ‘Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners’, adopted by the United Nations Organization, and as of the communication of this ruling it is ordered not to receive more inmates at the San José Institutional Care Center, making the pertinent arrangements for the placement of new admissions in another penal center; likewise, the Prison Administration must, within the same period, gradually diminish the penal population in it until reaching the real capacity of that prison center, which, the Minister of Justice indicates, is four hundred seventy (470) persons. Although that amount does not coincide with that indicated by the Sentence Enforcement Judge in his report, the Chamber leans towards accepting the figure determined by the Minister, who by the position she holds is the one who must have exact data about the real capacity of the penal centers. The defendant Sentence Enforcement Court must ensure compliance with what was ordered by the Chamber, of which it must render a report upon expiration of the granted period…….” The deterioration of the living conditions of the inmates is a recurring topic, which in this case gains relevance because in the Convivencia C Unit of the La Reforma Institutional Care Center, there exists a prison overpopulation that exceeds what is constitutionally admissible, a situation that completely perverts the sense and purpose of the custodial sentence in a social and democratic state of law, turning its execution into a cruel and inhuman sanction. The deprivation of liberty under those conditions loses constitutional legitimacy; for this reason I consider that in this case the penitentiary authority must be granted a period of sixty days to formulate a plan that allows the prison overpopulation in that section to be reduced to twenty percent, which is the maximum limit admitted by the jurisprudence of this tribunal. The defendant authority must not admit more inmates to the mentioned section and if necessary, must establish a plan that allows for planning the admission of inmates to the penitentiary center, according to a predetermined date, based on the seriousness and nature of the criminal sentence imposed, all with the purpose of maintaining the penitentiary population within constitutionally acceptable margins, according to the doctrine defined in the precedents of this Chamber. It is not possible to maintain a constitutionally inadmissible situation, granting periods for the deficiencies to be resolved, and meanwhile, the injury to fundamental rights continues unalterable for the population inside the prison centers. The two measures proposed aim to achieve, in the short term, an effective solution to the serious overcrowding that the country's penitentiary centers face and that converts the deprivation of liberty into an activity that systematically violates fundamental rights, fostering a penal execution that becomes an activity that imposes cruel and inhuman treatment on the inmates.
THEREFORE:
The action is declared with merit. Cristina Ramírez Chavarría, Minister of Justice and Peace, and Rodolfo Ledezma Ramírez, in his capacity as General Director of the La Reforma Institutional Care Center, or whoever occupies those positions, are ordered to proceed to issue the orders that are within the scope of their competence and adopt the pertinent measures so that immediately [NAME001] is provided with a bed and the critical overcrowding (hacinamiento crítico) in the Convivencia C Unit of the La Reforma Institutional Care Center is eliminated, for which the period ordered in judgment number 2014-011379 of 10:05 hours on July 11, 2014, must be observed. Regarding the Turkish-type sanitary facilities that exist in that Unit, the period ordered in judgment number 2013-009373 of 9:20 hours on July 12, 2013, must be observed. Likewise, under penalty of disobedience, that within the non-extendable term of 8 days counted from the notification of this judgment, they resolve and communicate to the amparo petitioner the request made.
This is under warning that failure to comply may constitute the crime set forth in Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), which provides for imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, for anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the damages caused by the facts underlying this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Notify PERSONALLY Cristina Ramírez Chavarría, Minister of Justice and Peace, and Rodolfo Ledezma Ramírez, in his capacity as Director General of the La Reforma Institutional Care Center (Centro de Atención Institucional La Reforma), or whomever holds those positions. Let it be communicated. Magistrate Armijo Sancho files a note. Magistrate Cruz Castro provides additional reasons.
Gilbert Armijo S.
President Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *150004800007CO* Res. Nº 2015001656 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del seis de febrero de dos mil quince.
RECURSO DE AMPARO PRESENTADO POR [NOMBRE001], CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO [VALOR001], CONTRA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL Y EL CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL LA REFORMA.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 13 de enero del 2015, el accionante presenta recurso de amparo contra el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Adaptación Social y el Centro de Atención Institucional La Reforma. Indica que se encuentra privado de libertad en el Centro de Atención Institucional La Reforma, mediana abierta, pabellón C. Que ingresó al Ámbito de Convivencia C debido a una medida cautelar dictada por el centro penal recurrido, pese a que en los votos de esta Sala números 2013-9373, 2014-11379 y 2014-018239, se ordenó corregir el problema de hacinamiento crítico. Sostiene que en ese lugar se presentan condiciones precarias, inhumanas e insalubres de la infraestructura, concretamente de los baños (que son huecos), dormitorios y demás instalaciones que ya fueron declaradas inhabitables. Aduce que no se le ofrecen las condiciones mínimas para vivir dignamente, pues duerme en el suelo, a la par de las cloacas, en detrimento de sus derechos fundamentales, de su integridad física y de su salud mental. De otra parte, manifiesta que ha solicitado que se le traslade a un centro de menor contención, a causa de las condiciones deplorables, crueles, inhumanas y degradantes en las que se encuentra, pero no ha recibido respuesta. Con base en los hechos descritos, estima lesionados sus derechos fundamentales y solicita que se ordene su ubicación en un centro que reúna las condiciones mínimas para vivir dignamente, así como las condiciones respectivas a su perfil.
2.- Mediante escrito presentado el 20 de enero del 2015, Rodolfo Ledezma Ramírez, Director del Centro de Atención Institucional La Reforma y Gregorio Venegas Araya, Director del Ámbito de Convivencia C informan que el privado de libertad ingresó a este ámbito el 31 de diciembre del 2014, procedente del Ámbito A, y fue ubicado en el pabellón C. El pabellón en mención tiene una capacidad real de 100 privados de libertad, divididos en 5 dormitorios, y en la actualidad cuenta con un total de 199 privados de libertad, así mismo éste se encuentra ubicado físicamente en el dormitorio 1. Este privado de libertad no cuenta con cama. En relación al espacio donde se ubica su colchoneta hemos de indicarle que se encuentra a unos 2 metros del servicio sanitario del lugar. En el pabellón C se encuentra asignado un privado de liberad que realiza el aseo con regularidad dentro de éste dormitorio, aproximadamente 2 o 3 veces al día, y para ello cuenta con los implementos de aseo necesarios. Que la situación que vive el recurrente es producto de la sobrepoblación y hacinamiento penitenciario que afecta a todos los centros penales del país. Explica que sobre este tema la Sala se pronunció en la resolución 11379-2014, donde ordenó adoptar las medidas necesarias dentro de un plazo de 7 meses, a partir de la notificación de la sentencia, que se cumplen el 13 de febrero del 2015. Indica que el Consejo Técnico Interdisciplinario del Ámbito de Convivencia C, ha valorado en los últimos 3 meses aproximadamente 200 personas privadas de libertad, y continúa valorando 50 casos mensuales, con el objeto de recomendar aquellos que reúnen requisitos ante el Instituto Nacional de Criminología, para su desinstitucionalización, no obstante la gran mayoría no reúne dichos requisitos, debiendo permanecer en el nivel institucional; b) igualmente se han analizado casos para la reubicación de los privados de libertad tanto en otros ámbitos de convivencia del mismo centro penal, como en otros centros penales del país; c) Se ha gestionado ante el Juzgado de Ejecución de la Penal de Alajuela, incidentes de libertad condicional, como una opción más. Lo anterior ha permitido bajar de 804 privados de libertad que habitaban en el mes de agosto a 749 a la fecha del informe, considerándose que aún está elevado, por cuanto se debe recibir en ese ámbito los privados de libertad de ámbitos de menor contención (A y B) ya que no se cuenta con otra opción de espacio a lo interno del centro, porque también por orden de la Sala Constitucional se clausuraron las instalaciones del Ámbito (Mediana Cerrada), por considerar que atentaban contra la vida de los privados de libertad y funcionarios. Indica que está en proyecto la construcción de 5 arcos modulares los cuales tendrán una capacidad para 500 privados de libertad, espacios que se espera sean destinados para albergar la población del Ámbito de Convivencia C, de manera que se disminuirá el nivel de hacinamiento crítico existente. En relación a los servicios sanitarios tipo “turco” por servicios sanitarios comunes, se informa que ya se cuenta con los sanitarios y los materiales de construcción para la instalación de los mismos, y coordinarán con el Área de Seguridad del Centro y la Dirección del Ámbito las fechas más adecuadas para realizar ese trabajo, sin dejar de lado que en la actualidad los cuatro pabellones del Ámbito de Convivencia C cuentan con los tipos de baños, de manera que la población penal puede utilizar los baños comunes que están dentro de los dormitorios. Indica que aunque a la fecha la cantidad de internos que habitan el pabellón C es mayor a su capacidad real, y este interno duerme en el suelo, cuenta con espuma y cobija y sumado a eso, siendo que se pueden generar malos olores, hay un privado de libertad que realiza el aseo con regularidad a lo interno del dormitorio (dos o tres veces al día) para lo cual cuenta con los insumos de aseo requeridos, lo que puede disminuir la posibilidad de plagas. Por último, en cuanto a la solicitud de traslado a otro Centro Penal, no consta solicitud del recurrente dirigida a la Dirección del Ámbito de Convivencia C, pese a lo cual se tomará nota, a efectos de revisar su caso y verificar si es posible ubicarlo en otro Centro Penitenciario.
3.- Mediante escrito presentado el 21 de enero del 2015, Reymando Villalobos Zúñiga, Director General de Adaptación Social comunica que se adhiere en todos sus extremos al informe rendido por el Director de Atención Institucional La Reforma y el Director del Ámbito de Convivencia C. Además explica los procesos de desinstitucionalización que se vienen posibilitando en el Centro de Atención Institucional la Reforma y la Administración Penitenciaria, ha emprendido acciones constructivas encaminadas a enfrentar el problema de sobrepoblación penal. Entre los años 2014 y 2014 se dio la construcción de 7 módulos de contención y obras complementarias en los centros penales de Puntarenas, Pérez Zeledón y La Reforma. Dicho proyecto amplió la capacidad del Sistema Penitenciario en 9 módulos con capacidad para 672 personas privadas de libertad. Además se construyeron locutorios para brindar atención técnica y dormitorios para atender la visita íntima. En la Reforma se construyeron 6 módulos de contención con capacidad aproximada de 400 privados de libertad. Otro proyecto aprobado por la Junta Directiva del Patronato de Construcciones y que cuenta con financiamiento es la construcción de cuatro módulos en la Reforma, y uno en Pococí. Estos serán construidos mediante el sistema de arcos modulares y su costo será 2.221.931.250.00 de colones. Como parte de las obras complementarias se instalará malla perimetral e interna, aceras, áreas de visita íntima, puesto de ingreso, edificio administrativo, sistema electromecánico y telefónico, así como los respectivos fortines. Esta obra permitirá ampliar la capacidad del Sistema Penitenciario en 500 espacios carcelaros, 400 en La Reforma y 100 en Pococí. Ya se adjudicó la obra y está a la espera de la Viabilidad Ambiental de SETENA. Asimismo el CAI la Reforma está en proceso de Construcción del CAI adulto joven, que ampliará sus espacios con ámbitos de alojamiento de mediana y máxima seguridad, dormitorio para policía penitenciaria destacada en ese centro y estaciones de visita íntima. Estas acciones tienen como prioridad controlar y disminuir paulatinamente el problema de la sobrepoblación que afecta al sistema penitenciario. Las obras que ya han sido ejecutadas y las que serán construidas a mediano y largo plazo tienen incidencia en el fenómeno de la sobrepoblación. La Construcción del Proyecto de Unidades Productivas ya es una realidad, y vendrá a representar un importante aumento en la capacidad de instalación de los privados de libertad. La ejecución de éstas obras permitirá contar con 2592 espacios nuevos para ubicar personas privadas de libertad, de estos se destinarán 432 a mujeres. Estas obras serán financiadas con parte del crédito aprobado por el BID y tendrán un costo aproximado de $74.339.234. A pesar de la puesta en ejecución de estas obras y proyectos ha resultado insuficiente para controlar el aumento desmedido de la cantidad de personas privadas de libertad que ingresa diariamente al Sistema Penitenciario, remitidas principalmente por los despachos judiciales. Las políticas de reforzamiento del aparato represivo del Estado no han tomado en cuenta las repercusiones que tendrán de manera directa sobre el Sistema Penitenciario Costarricense.
4.- Mediante escrito presentado el 27 de enero del 2015, Cristina Ramírez Chavarría, Ministra de Justicia y Paz informa que se adhiere al informe rendido por Rodolfo Ledezma Ramírez, Director del Centro de Atención Institucional La Reforma y Gregorio Venegas Araya, Director del Ámbito de Convivencia C. Señala que el Ministerio ha estado comprometido en resolver el problema de forma integral, de manera que se proyecte el desarrollo de mejoras y nuevas construcciones en la infraestructura penitenciaria, lo cuál viene enfrentando en forma directa para resolver el problema de sobrepoblación y hacinamiento, pues se reitera que es un problema de afectación de todo el Sistema Penitenciario. Reitera los argumentos esbozados por el Director General de Adaptación Social en cuanto a la infraestructura y a las medidas realizadas para solventar el problema de hacinamiento a nivel nacional. Indica que el 12 de enero del 2015 la Dirección del Ámbito de Convivencia C y los profesionales de distintas áreas técnicas sostuvieron una reunión con el Director del Instituto Nacional de Criminología para buscar soluciones a corto plazo, y se tomó el acuerdo de desinstitucionalizar por medio de valoraciones extraordinarias, mediante incidentes de libertad condicional ante el Juzgado de ejecución de la pena.
5. - En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Hernández López; y,
CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO: Que se encuentra privado de libertad en el Centro de Atención Institucional La Reforma, mediana abierta, pabellón C, lugar en donde se encuentra hacinado. Que el lugar es insalubre, duermen en el suelo cerca de los baños, los baños son turcos. No se le ha trasladado a otro centro de atención institucional a pesar de haberlo gestionado.
II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
III.SOBRE EL HACINAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁMBITO DE CONVIVENCIA C DEL CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL LA REFORMA. Esta Sala se pronunció respecto al hacinamiento crítico que existe en el Ámbito de Convivencia C del CAI La Reforma en la sentencia número 2014-11379 de las 10:05 horas del 11 de julio de 2014, en los siguientes términos:
“III.- Sobre el fondo. La posición de este Tribunal ha sido la de amparar a los privados de libertad que se encuentran recluidos en condiciones de hacinamiento crítico, ya que esta situación no solo violenta su dignidad humana, sino que apareja también, en la mayoría de los casos, un quebranto a otros derechos fundamentales; en especial, el derecho a la salud y a la integridad física. En este sentido, para determinar si un centro penitenciario sufre un hacinamiento crítico, se ha recurrido a los parámetros fijados por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y a las recomendaciones del Comité Europeo para los Problemas Criminales, de las cuales se extrae que existe un hacinamiento crítico cuando hay densidad superior o igual a 120 detenidos por 100 lugares realmente disponibles. En el presente asunto, los recurrentes acusan que el área mediana abierta del Centro de Atención Institucional La Reforma, donde se encuentran recluidos, presenta problemas de hacinamiento grave. Lo anterior se constata a partir del informe dado por los propios recurridos, quienes afirman que en dicho lugar se ubican 800 privados de libertad, pese a que su capacidad máxima es de 400. Tomando en cuenta lo dicho líneas atrás, la Sala constata la alegada vulneración a los derechos de los tutelados, y los demás privados de libertad que se ubican en el ámbito de convivencia C del citado centro penal, pues éstos se encuentran recluidos en un sitio que sobrepasa en un 50% su capacidad proyectada, cifra que supera en mucho el máximo permitido por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y a las recomendaciones del Comité Europeo para los Problemas Criminales. En virtud de lo anterior, el recurso debe ser acogido con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva”.
En esa oportunidad, se ordenó a las autoridades recurridas que dentro del plazo de 7 meses, adoptaran las medidas necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para eliminar el hacinamiento crítico que aqueja a los privados de libertad del ámbito C del Centro de Atención Institucional La Reforma, plazo que aún no ha vencido. Posteriormente, la sentencia Nº 2014-18239 de las 14:30 horas del 5 de noviembre del 2014, también tuvo por demostrada la situación de hacinamiento crítico en el Ámbito C del Centro de Atención Institucional la Reforma, por lo que se acogió el amparo para que se corrija el hacinamiento crítico dentro del mismo plazo de 7 meses ordenado en la sentencia número 2014-011379 de las 10:05 del 11 de julio de 2014.
IV.- En cuanto a las condiciones higiénicas de los servicios sanitarios en ese ámbito, la misma sentencia declaró que la falta de infraestructura en inodoros constituye una violación a la dignidad humana. Declaró con lugar el recurso para que se corrija -en el ámbito de convivencia C del CAI La Reforma-, el problema de los baños tipo turco, dentro del mismo plazo ordenado en la sentencia número 2013-009373 de las 9:20 horas del 12 de julio de 2013.
V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso que nos ocupa, los recurridos informaron bajo fe de juramento que los servicios sanitarios y materiales de construcción para la instalación de los sanitarios ya fueron adquiridos, y que resta sólo coordinar con el Área de Seguridad del Ámbito C, el inicio de los trabajos, para no afectar a la población penal. De los informes rendidos bajo juramento por los recurridos, se desprende que aún existe el problema de sobrepoblación carcelaria en ese Ámbito, pero se ha reducido el número de personas allí ubicadas y están en ejecución nuevos proyectos destinados a enfrentar el fenómeno de sobrepoblación carcelaria, de manera que el recurso debe ser declarado con lugar, por la infracción a la dignidad del amparado, quien está ubicado en el Ámbito de Convivencia C desde el 31 de diciembre de 2014, para que se corrija el hacinamiento crítico dentro del mismo plazo de 7 meses ordenado en la sentencia número 2014-011379 de las 10:05 del 11 de julio de 2014. Sin embargo, resulta improcedente la pretensión del actor, en el sentido de que se ordene su reubicación en otro centro penal, pues esta Sala ha reconocido que, como regla general, la ubicación específica de las personas privadas de libertad es un asunto que compete a las autoridades administrativas (Sistema Penitenciario), de manera que la Sala no puede asumir funciones propias de la administración accionada, menos aún determinar -sin mayores elementos de juicio- la mejor o más conveniente ubicación de estas personas. Sí lo hará, cuando la decisión de la autoridad penitenciaria sea infundada o arbitraria, o cuando la ubicación del privado de libertad evidencie una desproporcionalidad que lesione derechos fundamentales, como en la sentencia N° 2014-18239 de las 14:30 horas del 5 de noviembre de 2014, que determinó que la permanencia del privado de libertad en un sitio donde hay hacinamiento crítico lesionó su derecho a la salud, por encontrarse convaleciente de una intervención quirúrgica, motivo por el cual se ordenó su traslado a un ambiente libre de hacinamiento. Sin embargo, en el presente caso no se dan esas circunstancias por lo que el recurrente deberá gestionar su traslado ante las autoridades penitenciarias.
VI.- Por otra parte, el accionante indica que solicitó a las autoridades del Centro de Atención Institucional el traslado a otro Ámbito de Convivencia donde no se encuentre hacinado, resultado que, a la fecha no ha recibido respuesta. Por su parte las autoridades recurridas en sus informes omiten referirse a este punto, de manera que en aplicación del artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene por acreditado que sin poder precisar fecha exacta pero entre el 31 de diciembre del 2014 y el 13 de enero del 2015, el accionante solicitó el traslado a un Ámbito de Convivencia donde no se encuentre hacinado, siendo que, a la fecha no se le ha dado respuesta a su solicitud. Por lo expuesto lo procedente es declarar con lugar el recurso en este extremo por lesión al 27 de la Constitución Política.
VII- El amparado aduce lesión al artículo 40 de la Constitución Política debido a que duerme en el suelo. Por su parte, las autoridades recurridas omiten referirse a este aspecto, por lo que en aplicación del artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se tiene por acreditado que el amparado duerme en el suelo, lo que lesiona su derecho a la dignidad humana. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso en este extremo.
VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO ARMIJO SANCHO. La Ley #9097, de Regulación del Derecho de Petición, del 26 de octubre de 2012, indica en su artículo 12 que corresponde a esta Sala el conocimiento de los casos en los cuales se invoque la infracción de las disposiciones 27 de la Constitución y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Considero que esa norma no incide de forma alguna sobre los lineamientos que ha establecido ya, por mayoría, este Tribunal en relación con esa materia, pues, además de estar expresa y exclusivamente reservada a la Sala la atribución de demarcar los límites de su competencia (artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), se omitió remitir el proyecto de la Ley #9097 a consulta de este órgano jurisdiccional, con clara infracción del procedimiento preceptivo regulado en el artículo 96 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en relación con el artículo 10.2 inciso b) de la Constitución Política. Es un requisito esencial de toda norma que pretenda modificar las potestades y configuración de la Sala ser sometida a consulta previa obligatoria en esta sede. De lo contrario, ella carecerá de toda eficacia, como sucede en este caso.
IX.- Razones adicionales del Magistrado Cruz Castro sobre el hacinamiento penitenciario.
Respecto del hacinamiento penitenciario en el Ámbito de Convivencia C del CAI La Reforma, expreso razones adicionales, pues considero que el hacinamiento requiere medidas concretas y no esperar que se adopten medidas que lo que propician es que mientras se ejecutan, el hacinamiento provoca una grave violación a los derechos fundamentales de lo internos. El hacinamiento justifica la adopción de algunas decisiones que permitan asegurar el efectivo respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos que cumplen una pena privativa de la libertad. Se requiere una política que defina el ingreso y egreso de internos en el centro penitenciario, porque es evidente que el hacinamiento ha llegado a límites constitucionalmente inadmisibles.
Límite al hacinamiento penitenciario.
Sobre la situación del sistema penitenciario y su deterioro, hay muchos precedentes de este tribunal que consignan la lesión de los derechos fundamentales que prohija la sociedad carcelaria (ver entre otros, votos 11762-06 y 1332-09 ); ese ámbito de responsabilidad estatal en el que ejercicio de la función represiva autoriza, en la práctica, la violación estructural de derechos fundamentales. Entre los precedentes de este tribunal, es oportuno citar el voto 2000-7484, que describe lo que se ha mencionado:
“…..VII.- En criterio de la Sala no ha sido necesario realizar una inspección judicial en el Centro de Atención Institucional de San José, porque se ha contado con el informe brindado por el órgano jurisdiccional competente, cuyo contenido se desprende de las visitas carcelarias que realiza periódicamente. Además, los recurridos no niegan los hechos ni demuestran su inexactitud en cuanto a las condiciones en que permanecen los privados de libertad del Centro de Atención Institucional de San José –al menos parte de ellos-, por lo que son aplicables al caso concreto los argumentos esgrimidos por la Sala en la sentencia de cita (1032-96), que se reiteran íntegramente, así como la estimatoria del recurso por violación a los derechos humanos de los privados de libertad que se encuentra en el Centro de Atención Institucional de San José. La Sala es consciente de las implicaciones materiales que tendrá este fallo; no obstante, el punto es que –como se dijo en la sentencia de cita- si el Estado, cumpliendo con una función pública como lo es el velar por la seguridad ciudadana, aisla y priva de su libertad a personas que han infringido la ley, debe hacerlo dentro del marco del respeto a los derechos humanos, como se ha comprometido, tarea que en el caso de la custodia de las personas privadas de libertad corresponde al Poder Ejecutivo, siendo labor del Poder Judicial –y dentro de éste- particularmente del Tribunal Constitucional, velar porque así se cumpla. La situación en la especie es de reiterada vulneración a los derechos humanos de la población privada de libertad, que se constataron en el mismo Centro de Atención Institucional de San José en el año 1996, y a la fecha continúan, en clara desobediencia a lo ordenado por este Tribunal Constitucional, cuya jurisprudencia y precedentes son vinculantes erga omnes, por imperativo legal (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Es por ese motivo, y además porque la Ministra de Justicia ha informado bajo juramento que ya se están tomando cartas en el asunto, que en esta oportunidad se otorga a ese Ministerio un plazo de un año para que se ponga al Centro de Atención Institucional de San José en condiciones de respeto a las "Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos", adoptadas por La Organización de las Naciones Unidas, y a partir de la comunicación de este voto se le ordena no recibir más privados de libertad en el Centro de Atención Institucional de San José, disponiendo lo pertinente para la ubicación de los nuevos ingresos en otro centro penal; asimismo, debe la Administración Penitenciaria en el mismo plazo disminuir paulatinamente la población penal en el mismo hasta llegar a la capacidad real de ese centro carcelario, la cual, indica la señora Ministra de Justicia que es de cuatrocientos setenta (470) personas. Aunque esa cantidad no coincide con la señalada por el Juez de Ejecución de la Pena en su informe, se inclina la Sala por aceptar la cifra determinada por la señora Ministra, quien por el cargo que ostenta es quien debe contar con datos exactos acerca de la capacidad real que tienen los centros penales. Deberá el Juzgado de Ejecución de la Pena recurrido velar por el cumplimiento de lo ordenado por la Sala, de lo cual deberá rendir un informe al cumplirse el plazo otorgado…….” El deterioro de las condiciones de vida de los internos, es un tema recurrente, que en este caso cobra relevancia porque en el Ámbito de Convivencia C del CAI La Reforma , existe una sobrepoblación penitenciaria que excede lo que es constitucionalmente admisible, situación que pervierte totalmente el sentido y la finalidad de la pena privativa de la libertad en un estado social y democrático de derecho, convirtiendo su ejecución en una sanción cruel e inhumana. La privación de libertad en esas condiciones pierde legitimidad constitucional, por este motivo estimo que en este caso se le debe conceder a la autoridad penitenciaria un plazo de sesenta días con el fin que formule un plan que permita reducir, a un veinte por ciento, la sobrepoblación penitenciaria en esa sección, que es el límite máximo admitido por la jurisprudencia de este tribunal. No deberá la autoridad recurrida ingresar más internos a la sección mencionada y de ser necesario, deberá establecer un plan que permita planificar el ingreso de los internos al centro penitenciario, conforme a una fecha predeterminada, según la gravedad y naturaleza de la condena penal impuesta, todo con el propósito de mantener la población penitenciaria dentro de márgenes aceptables constitucionalmente, según la doctrina definida en los precedentes de esta Sala. No es posible mantener una situación constitucionalmente inadmisible, dando plazos para que se solventen las deficiencias, y mientas tanto, la lesión a derechos fundamentales sigue inalterable para la población que se encuentra dentro de los centros carcelarios. Las dos medidas que se proponen pretenden alcanzar, a corto plazo, una solución efectiva al grave hacinamiento que enfrentan los centros penitenciarios del país y que convierte la privación de libertad en una actividad que conculca sistemáticamente derechos fundamentales, propiciando una ejecución penal que se convierte en una actividad que impone a los internos un tratamiento cruel e inhumano.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Cristina Ramírez Chavarría, Ministra de Justicia y Paz y a Rodolfo Ledezma Ramírez, en su condición de Director General del Centro de Atención Institucional La Reforma, o a quienes ocupen esos cargos, que procedan a girar las órdenes que estén dentro del ámbito de su competencia y adopten las medidas pertinentes para que de inmediato se provea a [NOMBRE001] de una cama y se elimine el hacinamiento crítico en el Ámbito de Convivencia C del CAI La Reforma, para lo que deberá estarse al plazo ordenado en la sentencia número 2014-011379 de las 10:05 horas del 11 de julio de 2014. En cuanto a los servicios sanitarios turcos que existen en ese Ámbito, deberá estarse al plazo ordenado en la sentencia número 2013-009373 de las 9:20 horas del 12 de julio de 2013. Asimismo bajo pena de desobediencia que en el término improrrogable de 8 días contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelvan y comuniquen al amparado la gestión formulada. Ello bajo apercibimiento de que podría incurrir en el delito tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese de forma PERSONAL a Cristina Ramírez Chavarría, Ministra de Justicia y Paz y a Rodolfo Ledezma Ramírez, en su condición de Director General del Centro de Atención Institucional La Reforma, o a quienes ocupen esos cargos. Comuníquese. El Magistrado Armijo Sancho pone nota. El Magistrado Cruz Castro da razones adicionales.
Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
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