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Res. 10158-2013 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/07/2013

Unconstitutionality of the Community Coastal Territories LawInconstitucionalidad de la Ley de Territorios Costeros Comunitarios

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OutcomeResultado

UnconstitutionalInconstitucional

The Chamber held the bill unconstitutional because it lacked the technical study required to reduce or remove protected status and violated the intangibility of the Maritime-Terrestrial Zone.La Sala concluyó que el proyecto era inconstitucional por carecer del estudio técnico exigible para reducir o desafectar áreas protegidas y por vulnerar la intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber answered an optional legislative consultation concerning Bill 18.148, the proposed Community Coastal Territories Law. It held that the bill was procedurally unconstitutional because it sought to reduce or remove lands from environmental protection without a technical study justifying the change and determining its actual environmental impact. The absence of that study was an essential defect in the legislative process, particularly given the potential alteration of the legal regime governing the Ostional National Wildlife Refuge. The Chamber also found the bill substantively unconstitutional because it violated the principle that the Maritime-Terrestrial Zone is legally intangible, as the proposed regime allowed concessions and private uses incompatible with the protection and collective enjoyment of these public-domain lands. Justices Armijo Sancho and Cruz Castro partially dissented, concluding that the bill also violated Article 140(19) of the Constitution by omitting the constitutionally required legislative approval mechanism for concessions involving islands and islets.La Sala Constitucional evacuó una consulta legislativa facultativa sobre el proyecto de “Ley de Territorios Costeros Comunitarios”, expediente legislativo 18.148. Determinó que la iniciativa era inconstitucional por la forma porque pretendía reducir o desafectar áreas ambientalmente protegidas sin contar con un estudio técnico que justificara la modificación y determinara su impacto real sobre el ambiente. La ausencia de ese insumo constituía un vicio esencial del procedimiento legislativo, particularmente frente a la posible transformación del régimen aplicable al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. Además, declaró una inconstitucionalidad de fondo por violación del principio de intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre, pues el régimen proyectado permitía concesiones y usos particulares incompatibles con la protección y el uso colectivo de esos bienes demaniales. Los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvaron parcialmente el voto al considerar que también se infringía el artículo 140, inciso 19, de la Constitución respecto de las concesiones sobre islas e islotes.

Key excerptExtracto clave

It is therefore evident that the bill is contrary to the Constitution in this respect: declaring an area available for concession, whether identified as an island or islet, requires a special legislative-approval procedure, as provided in Articles 6 and 140, subsection 6, of the Political Constitution and properly reflected in Article 42 of the Maritime-Terrestrial Zone Law; this is an indispensable requirement that is absent from the bill. The consultation is answered to the effect that Bill 18.148, “Community Coastal Territories Law”: (1) is procedurally unconstitutional because, as a bill aimed at reducing or removing protection from an environmentally protected area, it lacks an essential element of the procedure—namely, a technical study justifying the measure and determining its actual environmental impact; and (2) is substantively unconstitutional because it violates the principle of intangibility of the Maritime-Terrestrial Zone.Por lo tanto es evidente que el proyecto de ley resulta contrario a la Constitución en cuanto a este aspecto: Para declarar una zona en concesión, sea esta zona identificada como isla o islotes, se requiere de un procedimiento calificado de aprobación legislativa, según se prevé en los artículos seis y 140, inciso sexto de la Constitución Política y que recoge muy bien el artículo 42 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; se trata de un requisito indispensable y que se echa de menos en el proyecto de ley. Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 18.148 "Ley de Territorios Costeros Comunitarios": 1) Es inconstitucional por la forma, toda vez que, tratándose de un proyecto de ley tendiente a la reducción o desafectación de un área ambientalmente protegida, carece de un elemento esencial del procedimiento, cual es, un estudio técnico que lo justifique y determine el impacto real sobre el ambiente. 2) Es inconstitucional por el fondo por violar el principio de intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La exigencia de este requisito no puede reducirse a las concesiones de interés turístico, como se menciona en el voto de mayoría, porque la tutela de los bienes de la nación es la misma, siempre que se trate de una concesión, ya sea que tenga finalidad turística o que sea para otros propósitos."

    "This requirement cannot be limited to concessions serving tourism interests, as stated in the majority opinion, because property belonging to the Nation receives the same protection whenever a concession is involved, whether its purpose is tourism or something else."

    Voto salvado de los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro

  • "La exigencia de este requisito no puede reducirse a las concesiones de interés turístico, como se menciona en el voto de mayoría, porque la tutela de los bienes de la nación es la misma, siempre que se trate de una concesión, ya sea que tenga finalidad turística o que sea para otros propósitos."

    Voto salvado de los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro

  • "Esta exigencia formal no debe distinguir entre finalidades turísticas o de otro tipo, porque la tutela de los recursos o riquezas naturales del Estado, es la misma, en todos los casos, sin que pueda exigirse en unos casos, para actividades turísticas, y en otros, exonerarlo, porque no hay motivos que justifiquen una distinción que la misma Constitución no contiene."

    "This formal requirement must not distinguish between tourism and other purposes, because the State's natural resources and wealth receive the same protection in every case; it cannot be required for tourism activities but waived for others when no grounds justify a distinction absent from the Constitution itself."

    Voto salvado de los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro

  • "Esta exigencia formal no debe distinguir entre finalidades turísticas o de otro tipo, porque la tutela de los recursos o riquezas naturales del Estado, es la misma, en todos los casos, sin que pueda exigirse en unos casos, para actividades turísticas, y en otros, exonerarlo, porque no hay motivos que justifiquen una distinción que la misma Constitución no contiene."

    Voto salvado de los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro

  • "La actuación legislativa en esta materia actúa como condicionante de eficacia jurídica de este tipo de contratos, en tanto el contrato no queda completo ni produce efectos naturales hasta tanto no sobreviene esta aprobación; constituyéndose en un control, no sólo de legalidad, sino también de orden político."

    "Legislative action in this field is a condition for the legal effectiveness of these contracts, because a contract is neither complete nor capable of producing its ordinary effects until approval is granted; such approval therefore constitutes both legal and political oversight."

    Fundamento sobre concesiones de islas e islotes

  • "La actuación legislativa en esta materia actúa como condicionante de eficacia jurídica de este tipo de contratos, en tanto el contrato no queda completo ni produce efectos naturales hasta tanto no sobreviene esta aprobación; constituyéndose en un control, no sólo de legalidad, sino también de orden político."

    Fundamento sobre concesiones de islas e islotes

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Sections

Procedural marks

*130060410007CO* svillegas vgranados 2 1 2015-03-19T17:03:00Z 2015-03-19T17:03:00Z 3 21656 119109 . 992 280 140485 11.9999 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 *130060410007CO* Decision No. 2013-10158 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours and forty-six minutes, in the year two thousand thirteen.

Optional legislative consultation on constitutionality (consulta legislativa facultativa de constitucionalidad) concerning the approval of the bill entitled “Ley de Territorios Costeros Comunitarios,” processed under case file N°18.148.

Whereas:

  1. 1By written submission received by the Secretariat of this Chamber at 11:41 hrs. on 30 de mayo del 2013, the deputies filed an optional legislative consultation (consulta legislativa facultativa)—on procedural and substantive grounds—regarding the bill entitled “Community Coastal Territories Law” (“Ley de Territorios Costeros Comunitarios”), processed under expediente N°18.148. With respect to procedure, the petitioners referred to the following: 1. Absence of technical studies determining whether concessions (concesiones) may be granted for the development of human activities when a Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre) is designated a Community Coastal Territory (Territorio Costero Comunitario): They argue that although the bill provides that the Refuge’s management category (categoría de manejo) will not be changed, the fact remains that the record does not contain the necessary technical studies establishing whether the granting of concessions within that Refuge, even if granted outside the excluded areas, could have a harmful impact on the environmental protection of the resources safeguarded there.By allowing concessions over parcels of land within the Refuge, the conditions of protection would indirectly be changed without any technical determination that such a possibility is feasible and compatible with the site’s environmental protection. In the case of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, declaring it a community coastal territory would indirectly change its Refuge management category for the purpose of converting it into a Mixed Refuge (Refugio Mixto), without any technical justification whatsoever, thereby violating Article 36 of the Ley Orgánica del Ambiente and, consequently, Articles 50 and 89 of the Constitution. Converting the Wildlife Refuge into a coastal territory is contradictory because it necessarily entails a reduction in the scope of protection. No technical studies have been submitted in the legislative record, nor is there any knowledge that such studies exist, that provide prior justification as to whether granting concessions would affect the Refuge’s scope of protection and how those concessions might adversely affect it.A community coastal territory also does not exist as a previously established management category, and the requirements of Article 59 of the Ley de Biodiversidad, Ley N°7788 del 30 de abril de 1998, have not been observed. Although this is not entirely clear and cannot be inferred from the wording of the relevant chapter of the bill, if it involves removing protected status (desafectación) from a protected wildlife area (área silvestre protegida), technical studies justifying that action would likewise be necessary, as provided in Articles 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, Ley 7554 del 04 de octubre de 1995, and 59 of the Ley de Biodiversidad. With respect to the substance, the petitioners referred to the following: 1. Unconstitutionality of the development model imposed on community coastal territories. Violation of Article 50 of the Political Constitution and the Principle of Statutory Reservation (Principio de Reserva de Ley): By imposing restrictions on freedom of commerce, agriculture, and industry, as well as on the private economic initiative of persons who would inhabit the so-called community coastal territories, Articles 2, 10, and 11 of the bill create serious impediments to those persons’ ability to adapt over time to changing conditions in the national economy or to make improvements or modifications to their economic activities in the interest of productive efficiency, thereby violating the principle of efficiency, understood from an economic perspective.They recognize that the country’s coastal areas are experiencing a considerable economic and social crisis and that one of the main problems aggravating it is the manner in which the Costa Rican State has conceptualized the use of land subject to the particular restrictions imposed by the public-domain status (carácter demanial) of the Zona Marítimo Terrestre, which prevents private title from being granted over that resource, with the resulting complications for residents of those areas. The bill under consultation seeks to characterize these communities differently, maintaining that there are “cultural, anthropological, and historical identities” that justify an exceptional legal regime for those residents. However, even the statement of reasons does not objectively specify what those cultural identities are, how they are identified, the parameters to which they correspond, or how long they have existed in those communities.It simply infers, as a consequence “of proximity to the sea,” the existence of a series of “customs and cultural heritage” that must “be protected from extermination” by other development initiatives that companies or the State itself have sought to promote along both coasts of our country in order to stimulate economic activity, increase production, and maximize the benefits derived from tourism and fishing activity in our country. The problem is that, in the specific case of coastal areas, such assertions are neither objective nor supported by any technical basis justifying a differentiated land-use regime with restrictions that limit the possibilities for promoting progress and economic and social development, not only for coastal residents but also for the country as a whole. Justifying the imposition of a restricted regime of economic activities in community coastal territories on the assumption that these are the activities “historically” carried out there is an example of highly constrained development that is contrary to human dignity and the right of those communities to progress, because it ultimately requires them to continue performing productive activities that are inconsistent with the principles of economic efficiency and may even be contrary to environmentally sustainable development.There is insufficient evidence—either in the legislative record or in the text approved on first reading, which does not establish objective parameters clarifying this situation—as to why it would be advisable to maintain production systems in coastal areas that have not demonstrated significant improvements in the living conditions of those residents, improvements in the services available to visitors and residents, or increases in tourism offerings and agricultural or fishing production. Planned urban development consistent with the environment and conducted under conditions that reduce the adverse impact of human activities is not the same as a legislative determination restricting areas of the territory to only a few activities without justification and in contravention of civil liberties whose exercise is necessary to improve citizens’ living conditions and achieve better development indicators at the individual, local, and regional levels.They consider these provisions contrary to Articles 46 and 50, first paragraph, of the Political Constitution, first because they provide no technical reasoning supporting the imposition of restrictions on the use of this area of the national territory, and second because they do not establish objective parameters allowing the following concepts to be defined precisely: “small-scale agricultural activity, artisanal fishing, sustainable extraction of marine fishery resources, local and rural community tourism, small family businesses, and social-economy enterprises.” Those parameters should be set forth in the statutory text pursuant to the Principle of Statutory Reservation because they constitute limitations on the exercise of citizens’ fundamental freedoms. 2. Exclusive preferential treatment for occupants who have resided in the community coastal territory quietly, peacefully, and continuously for a period of at least ten years, and for their descendants, in violation of the constitutional principle of equality before the law: The bill establishes aspects that are particularly striking when defining the criteria under which those occupants may apply for a concession in community coastal territories.Those criteria appear inconsistent with the foregoing reasoning and, moreover, afford certain persons extraordinary preferential treatment, to the detriment of everyone else’s opportunity to apply for one of those concessions. Article 13 of the Bill grants preferential treatment to current occupants and their descendants, namely, those who have resided in the community coastal territory quietly, publicly, peacefully, and continuously for a period of at least ten years, and their descendants, provided that they continue to reside in the territory. The persons currently occupying those lands are in identical circumstances; that is, they are in a situation of lawful occupancy regardless of whether they are required to reside in the territory. The legislative text does not state any reason for treating recent occupants differently from those of longer standing, thereby applying invidious discrimination among persons who are in fact in identical circumstances and, paradoxically, favoring those who have remained in an unlawful situation for more years.Costa Ricans who have not resided in the area for the ten-year period would be unable to apply for a concession; therefore, it serves a small group of persons rather than the Nation. They consider that these provisions violate the constitutional principles of equality and reasonableness established in Article 33 of the Constitution. 3. Unconstitutionality of subjecting public-domain property (bienes de dominio público) to the will of a minority of citizens: a) Citizen consultation: Article 8(c) of the bill under consultation proposes a highly unusual mechanism contrary to the democratic principle, under which the final decision would be submitted to a very small portion of the population, probably including persons who support the declaration of a community coastal territory. In other words, a percentage of the very community intended to be declared a community coastal territory would decide, through a public consultation, whether that declaration should be made, excluding any possibility of participation by other nationals who do not reside in the area but whose rights could be placed at risk or affected by the declaration.The bill therefore establishes unconstitutional preferential treatment for the community intended to be declared a community coastal territory, to the detriment of the rest of the population, particularly because it concerns the disposition of public-domain property (bienes demaniales), over which a small group of persons, lacking the legitimate exercise of popular representation, cannot decide. More seriously, a small local group of residents would be deciding the fate of public-domain property belonging to the Nation as a whole, contrary to the principle that public-domain property belongs to everyone and that, in principle, everyone should have the right to decide its fate, whether through a nationwide public consultation or through their representatives in the Legislative Assembly. They consider that these provisions violate Article 33 of the Constitution and the public-domain nature of the coastal strip pursuant to Articles 6 and 121(14) of the Political Constitution; b) Composition of the Special Joint Commission (Comisión Especial Mixta), violation of Article 169 of the Political Constitution, and conflict of interest: Articles 7 and 15 of the bill establish a Special Joint Commission whose authority would extend not only to processing the declaration of a community coastal territory but also directly to preparing the list of beneficiaries eligible to receive concessions in those areas.

The administration of public-domain assets (bienes de dominio público) entails the exercise of sovereign powers (potestades de imperio) and the performance of actions ordinarily carried out by persons vested with the status of public officials, who are subject to an administrative regime governing the responsibilities and obligations inherent in Public Law, and particularly to the constitutionally established Municipal Regime. The participation of private individuals in those decisions constitutes a flagrant violation of powers constitutionally reserved to Municipal Council Members and to the executive official referred to in Article 169 of the Constitution. Article 169 cannot be interpreted expansively for the purpose of promoting citizen participation in public affairs, particularly because it concerns the administration of public-domain assets. Committees formed to address municipal matters falling within the jurisdiction of the Municipal Council should consist solely of representatives legitimately elected by all citizens residing in the area of the respective Committee, precisely in order to respect the democratic principle, and not of persons who merely submit a written document lacking formal requirements, authenticity controls, or verification of the procedures supporting the appointment.

This mechanism for appointing “popular representatives” should, at a minimum, by analogy, preserve the capacity granted to persons who join Joint Committees pursuant to Article 91 of the Reglamento de la Asamblea Legislativa, in the sense that private individuals could participate in this type of municipal committee only as advisers with the right to speak but not to vote, in order to avoid conflicts of interest. The existence of this constitutional reservation defining who may administer municipal interests is established, first, to require a broad democratic process for their selection and legitimation and, second, to impose a special regime of conditions and obligations that these popularly elected officials must observe when administering the public assets entrusted to them, to the exclusion of their private interests. Assigning public powers to a Special Joint Committee whose members include persons lacking such full democratic legitimacy of origin and who also have private interests in the matters submitted for its consideration constitutes a violation of Article 169 of the Constitución Política. 4.

Impairment of the public zone as a public-domain asset (bien demanial) designated for collective enjoyment: Violation of Articles 6, 50, 89, and 121, subsection 14), of the Constitution: Although the bill retains the fifty-meter strip adjacent to ordinary high tide under the classification of public zone (zona pública), pursuant to the Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre, N°6043 of 02 de marzo de 1977, as amended, it allows concessions (concesiones) to be granted within the public zone on an “exceptional basis,” thereby creating the possibility of excluding portions of that zone, historically reserved for public enjoyment, and making them available for the private enjoyment of a concessionaire. For constitutional reasons, the public zone may not be subject to private occupation in a manner that allows use by some to the exclusion of others; consequently, the bill under review would violate that principle by permitting concessions that exclude such public use.

Although it provides that the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) “shall be occupied exceptionally,” this implies that there will be concessions preventing others from freely passing through or enjoying the concession area; furthermore, it does not establish the parameters—which must be established by law pursuant to the principle of statutory reservation (principio de reserva de ley)—under which an exceptional concession could be granted, leaving the decision to the discretion of the Municipal Administration, to the detriment of legal certainty, in such a way as to permit “non-exceptional” occupation of that zone. It likewise constitutes a violation of the public-domain nature of the public zone, whose purpose is precisely free and unrestricted use by all inhabitants, by seriously infringing the principles of inviolability and universal use of the public zone. The bill under review also makes it possible to occupy the public zone without being subject to land-use planning (planificación territorial) capable of guaranteeing protection of the environment and the scenic beauty of our beaches, since it would no longer be subject to guidelines issued by the public institution responsible for the tourism sector or by those entrusted with environmental protection.

This would also weaken protection of that resource and undermine the economic advantages that may be obtained through planned use of the public zone. 5. Regarding the list of communities that could seek designation as a community coastal territory (territorio costero comunitario): Article 9 of the bill in question establishes a numerus apertus list of territories that may seek designation as community coastal territories, precisely because it clarifies that other communities may also seek such designation if they meet the statutory requirements; accordingly, these regulations even establish the framework procedure for designating a community coastal territory. 6. Unconstitutionality of the designation of Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional and Islas Venado, Cedros, Chira y Caballo as community coastal territories due to the absence of technical studies: Articles 45 and 39 of the bill directly designate Islas Venado, Cedros, Chira y Caballo, as well as Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, as community coastal territories.

The case file does not include technical studies supporting the feasibility and advisability of that designation, which raises constitutional concerns because neither the public interest served by the designation nor the requisite reasonableness and proportionality has been demonstrated so as to justify the change in legal regime and the resulting non-application of the generally applicable regulations currently governing them, such as those contained in the Ley de Zona Marítimo Terrestre, the Ley Forestal with respect to protection of the Patrimonio Nacional de Estado, and the Ley Orgánica del Ambiente with respect to protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), all in violation of Articles 50 and 89 of the Constitución Política. In the case of the islands, it permits concessions to be granted within the specified island territories, which, by statutory mandate, may be authorized only by the Asamblea Legislativa.

This change concerning the Refugio, when considered in relation to Article 11 of the same proposed legislation, creates a serious internal contradiction within the law by providing that land containing open spaces for common use and land enabling free access to the coast may not be concessioned. 7. Unconstitutionality of the bill due to the absence of environmental safeguards (salvaguardas ambientales): The bill is generally silent regarding the environmental safeguards necessary to guarantee environmental protection, which would violate Articles 50 and 89 of the Constitución Política. It does not make the application of environmental variables (variables ambientales) mandatory before community coastal territories are designated, thereby disregarding important requirements in the land-use planning process that would make it possible to determine the suitability of the area for designation as a community coastal territory.

The urban regulatory plans (planes reguladores urbanos) that must be prepared and approved after community coastal territories have been designated are not required to comply with current environmental regulations. Nor are they required to address the particular characteristics of the coastal zone or to incorporate the sustainable use of natural resources and the protection and conservation of coastal marine ecosystems, or mitigation measures (medidas de mitigación) to prevent environmental harm. The requirements do not establish the need for a study conclusively determining the environmental feasibility (viabilidad ambiental) of designating a community coastal territory. The Presiding Justice of the Chamber deemed the consultation filed by means of a resolution issued at fourteen hours and fifty-two minutes on treinta y uno de mayo del dos mil trece. The certified copy of legislative expediente N°18.148. was received by the Chamber on 05 de junio del 2013.

The Justice-Rapporteur requested additional evidence to aid in the decision (prueba para mejor resolver) on 05 de julio del 2013. The evidence was submitted on 17 de julio del 2013. The period for addressing it expires on 17 de agosto del 2013.

  1. 2By a decision issued at fifteen hours and thirty-eight minutes on cinco de julio del dos mil trece, the Reporting Justice requested evidence to aid adjudication (prueba para mejor resolver) (see electronic record).
  2. 3In a brief filed with the Secretariat of this Chamber at 15:55 hrs. on 17 de julio del 2013, Luis Fernando Mendoza Jiménez, in his capacity as President of the Asamblea Legislativa, in compliance with the order (prevención) issued at fifteen hours and thirty-eight minutes on cinco de julio del dos mil trece, stated (see electronic record) that: a) Although a significant number of entities responded to the consultation conducted, some did not address the request for an opinion, and others, such as the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, requested an extension but, as of this date, have not submitted any document addressing the studies requested; b) The Comisión Permanente del Ambiente conducted all consultations necessary to proceed with the processing of the legislative file, and the failure of some entities to respond is not attributable to the Asamblea Legislativa, but rather to the inaction of the entity consulted; c) There are no additional documents, studies, or reports to submit to the Constitutional Court.
  3. 4In a brief filed with the Secretariat of this Chamber at 08:42 hrs. on 23 de julio del 2013, Deputy José María Villalta Flórez-Estrada submitted a series of statements concerning the evidence to aid adjudication requested and asked that the clarifications provided be considered, as well as the fact that the bill entitled Ley de Territorios Costeros Comunitarios, expediente N°18.148, expressly establishes the requirement of technical studies and others prior to the designation of community coastal territories (territorios costeros comunitarios) (see electronic record).
  4. 5In the proceedings, the provisions of artículo 100 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional have been observed, and this decision is issued within the period established by artículo 101 ibídem.

Justice Cruz Castro drafts the decision, except for the sixth issue, which is drafted by Justice Castillo Víquez solely with regard to the islands and islets.

Whereas:

I. ADMISSIBILITY OF THE CONSULTATIONS AND STANDING OF THE CONSULTING PARTIES

artículo 96 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides that this Chamber may issue prior advisory opinions on legislative bills (subsection b) when the consultation is submitted by no fewer than ten Deputies. The purpose of a legislative consultation (consulta legislativa) is to review bills after their approval on first reading and before final approval. Pursuant to those provisions, these requests for consultation are submitted concerning the constitutionality of procedural and substantive aspects of legislative bill número 18.148, entitled “Ley de Territorios Costeros Comunitarios.”

II. SUBJECT MATTER OF THE CONSULTATION

This mandatory constitutional consultation (consulta preceptiva de constitucionalidad) is submitted by the Deputies, in accordance with artículo 96 inciso b) of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in connection with the bill entitled “Ley de Territorios Costeros Comunitarios,” which is being processed under expediente legislativo número 18.148.

III.GENERAL BACKGROUND OF EXPEDIENTE LEGISLATIVO NÚMERO 18.148, WHICH IS THE BILL ENTITLED “LEY DE TERRITORIOS COSTEROS COMUNITARIOS”: According to the statement of reasons contained in the legislative file under review, the purpose of this bill is to create the so-called “community coastal territories,” regulating the system governing the use and exploitation of the resources located within those areas, which form part of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) and qualify as public-domain property (bienes de dominio público) (artículos 1, 2 y 3 of the bill).

IV. PROCESSING OF EXPEDIENTE NÚMERO 18.148 IN THE ASAMBLEA LEGISLATIVA

The bill entitled “Ley de Territorios Costeros Comunitarios,” expediente legislativo número 18.148, has followed the chronological sequence set forth below:

<![if !supportLists]>1) <![endif]>The bill, which was initiated by the Poder Ejecutivo, was submitted to the Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa at 17:45 hrs. on 09 de junio del 2011 (folios 1 et seq. of the legislative file); <![if !supportLists]>2) <![endif]>On 09 de junio del 2011, a certified copy of Expediente 18.148 was delivered to the Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos in accordance with artículo 118 of the Reglamento de la Asamblea Legislativa (folio 44 of the legislative file); <![if !supportLists]>3) <![endif]>On 23 de junio del 2011, the Director of the Departamento de Archivo, Investigación y Trámite forwarded Expediente 18.148 to the Imprenta Nacional (folio 45 of the legislative file); <![if !supportLists]>4) <![endif]>On 21 de julio del 2011, at Sesión N°08, it was agreed to refer expediente 18.148 for consultation to the following entities: Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Municipalidades de todo el país, Consejos Municipales de Distrito, Defensoría de los Habitantes, Universidades Públicas, Tribunal Supremo de Elecciones, Sistema Bancario Nacional, Instituto de Desarrollo Agrario, Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Instituto Costarricense de Turismo, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Catastro Nacional, Ministerio de Agricultura y Ganadería, and Ministerio de Planificación (folios 48-55 of the legislative file); <![if !supportLists]>5) <![endif]>On 27 de julio del 2011, representatives of the Frente Nacional de Comunidades Amenazadas por Políticas de Extinción expressed their support for the bill (folios 56-59 of the legislative file); <![if !supportLists]>6) <![endif]>On 09 de agosto del 2011, by official letter SM-523-2011 dated 03 de agosto del 2011, the Secretaría del Cantón Central de Puntarenas reported that it supported the Ley Especial para preservar la integridad de los Pueblos Costeros and the efforts of residents who were born before the Ley de la Zona Marítimo Terrestre (folios 142-143 of the legislative file); <![if !supportLists]>7) <![endif]>On 11 de agosto del 2011, the Municipalidad de Talamanca submitted the requested report by official letter SCMT-286-2011 (folios 163-165 of the legislative file); <![if !supportLists]>8) <![endif]>On 16 de agosto del 2011, by official letter PE-1490-2010, the Instituto de Desarrollo Agrario requested a ten-day extension to submit the corresponding report (folio 186 of the legislative file); <![if !supportLists]>9) <![endif]>On 18 de agosto del 2011, by official letter DH-0444-2011, the Defensoría de los Habitantes requested a fifteen-day extension to submit the corresponding report (folio 184 of the legislative file); <![if !supportLists]>10) <![endif]>On 24 de agosto del 2011, the General Manager of the Banco Nacional de Costa Rica submitted the requested opinion by official letter GG-125-11 dated 23 de agosto del 2011 and reported that he had no comments or objections regarding expediente 18.148 (folios 187-189 of the legislative file).

<![if !supportLists]>11) <![endif]>On 24 de agosto del 2011, the Manager of the Banco de Costa Rica submitted the requested opinion and stated that he disagreed with proposals that could create unjustified disadvantages among different productive sectors of society having an equal need for financial assistance (folio 192 of the legislative file).

<![if !supportLists]>12) <![endif]>On 25 de agosto del 2011, by official letter PE-881-2011, the Instituto de Desarrollo Agrario requested a one-month extension to submit the corresponding report (folio 193 of the legislative file); <![if !supportLists]>13) <![endif]>On 25 de agosto del 2011, by official letter PE-0217-08-2011 dated 22 de agosto del 2011, the Executive President of the Instituto de Desarrollo Agrario submitted the requested opinion and stated that the bill favored a small group of residents of the maritime-terrestrial zone, and therefore requested that the file be closed (folios 194-201 of the legislative file).

<![if !supportLists]>14) <![endif]>On 29 de agosto del 2011, the División Jurídica of the Instituto Costarricense de Electricidad submitted the requested opinion, indicating that it would be appropriate to include in Capítulo IX, Amendments to Other Laws and Repeals, artículo 47.- Amendments and Additions, a proposal to amend artículo 18 of the Ley Forestal (see folios 208-209 of the legislative file).

<![if !supportLists]>15) <![endif]>On 29 de agosto del 2011, the Dirección Jurídica of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones requested a fifteen-day extension to submit the requested opinion (folio 210 of the legislative file).

<![if !supportLists]>16) <![endif]>On 01 de setiembre del 2011, the General Manager of the Banco Crédito Agrícola de Cartago 2011 submitted the requested report and stated that he had no comments (folio 211 of the legislative file).

<![if !supportLists]>17) <![endif]>On 07 de setiembre del 2011, by official letter CU-D-09-519, the Director of the Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica requested an extension to provide the requested opinion (folio 212 of the legislative file).

<![if !supportLists]>18) <![endif]>On 01 de setiembre del 2011, the Instituto Costarricense de Turismo submitted the requested opinion and stated that it opposed the bill (folios 213-225 of the legislative file).

<![if !supportLists]>19) <![endif]>On 08 de setiembre del 2011, at sesión N°14, the Comisión Permanente Especial de Ambiente agreed to incorporate into the bill’s file all responses received to the consultations conducted by the Comisión de Gobierno y Administración (folios 229-672 of the legislative file).

<![if !supportLists]>20) <![endif]>On 03 de agosto del 2011, the Municipalidad de Puntarenas submitted the requested opinion by official letter SM-523-2011 (folios 643-644 of the legislative file).

<![if !supportLists]>21) <![endif]>On 10 de setiembre del 2011, representatives of the Frente Nacional de Comunidades Costeras submitted a document concerning the contents of expediente 18.148 (folios 646-895 of the legislative file).

<![if !supportLists]>22) <![endif]>On 13 de setiembre del 2011, residents of the community expressed their approval of the bill entitled “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 896-906 of the legislative file).

<![if !supportLists]>23) <![endif]>On 13 de setiembre del 2011, by official letter CMOPT-3553-11, the Minister of Obras Públicas y Transportes submitted the requested opinion and stated that he endorsed the opinion provided by the Director of the Instituto Geográfico Nacional of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folios 907-909 of the legislative file).

<![if !supportLists]>24) <![endif]>On 14 de setiembre del 2011, the Municipalidad de Aguirre submitted the requested report and stated its opposition to the bill (folios 910-915 of the legislative file).

<![if !supportLists]>25) <![endif]>On 19 de setiembre del 2011, by official letter REF:CU.211-489, the Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia submitted the requested opinion and recommended supporting the bill (folios 916-921 of the legislative file).

<![if !supportLists]>26) <![endif]>On 22 de setiembre del 2011, the Comisión Permanente Especial de Ambiente received the Subcommittee Report on bill expediente Nª18148 and recommended a Favorable Report (Dictamen Afirmativo) (folio 923-935 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>27) <![endif]>On 28 de setiembre del 2011, the Comisión Permanente Especial de Ambiente approved the motion submitted to waive the reading of the substitute text attached to the Subcommittee Report on the bill (folio 936-957 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>28) <![endif]>At the ordinary session of 22 de setiembre del 2011, it was agreed to place expediente 18.148 second on the agenda until its final vote (folio 958-1023 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>29) <![endif]>On 22 de setiembre del 2011, through official letter DM-743-2011, the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones submitted the requested opinion and set forth a series of recommendations to be considered before the bill was approved (folio 1024-1027 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>30) <![endif]>On 28 de setiembre del 2011, the Contraloría General de la República submitted the requested opinion and identified a series of matters which, in summary, did not support approval of the bill (folio 1028-1042 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>31) <![endif]>On 28 de setiembre del 2011, the Asociación de Desarrollo Integral Barra del Colorado Pococì Limón requested recognition as a party (folio 1043 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>32) <![endif]>On 29 de setiembre del 2011, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación submitted the requested opinion and expressed its opposition to the bill (folio 1045-1052 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>33) <![endif]>On 04 de octubre del 2011, the Defensoría de los Habitantes submitted the requested opinion and expressed its opposition to the bill (folio 1053-1066 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>34) <![endif]>On 06 de octubre del 2011, students, faculty members, and administrative staff of the Universidad de Costa Rica submitted a written statement expressing their support for the bill (folio 1067-1114 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>35) <![endif]>On 06 de octubre del 2011, Deputy Alfonso Pérez Gómez submitted a motion to delete subparagraphs d) and e) of Article 1; the second paragraph of Article 2; subparagraphs c) and f) of Article 4; Articles 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, and 30; to add an Article 1 concerning the purpose, an Article 2 concerning the guiding principles, an Article 3 concerning the public interest, an Article 5 concerning the demarcation of community coastal territories, an Article 6 concerning their creation and expansion, an Article 7 concerning their elimination, reduction, and exclusion, an Article 8 concerning residents, an Article 9 concerning rights—specifically subparagraphs a) and e)—an Article 11 concerning Administration, an Article 12 concerning Participatory Land-Use Plans (Planes Participativos de Ordenamiento Territorial), an Article 19 concerning the Concessions Registry (Registro de Concesiones), an Article 22 concerning the Equitable Distribution of Land (Distribución Equitativa de la Tierra), an Article 24 concerning the Procedure for Granting Concessions (Procedimiento para el Otorgamiento de Concesiones), an Article 26 concerning the Nontransferable Nature of Concessions and the Exceptions Thereto (Carácter intransferible de las concesiones y sus excepciones), and an Article 27 concerning the Term and Extensions (Plazo y las Prórrogas); to revise the wording of subparagraph e) of Article 28 and Article 29; to add certain territories to Article 44; to request from the Departamento de Servicios Técnicos an Integrated Report incorporating legal, socio-environmental, and economic matters; to refer the substitute text for consultation to the Procuraduría General del a República, the Unión de Gobiernos Locales, and the Ministerio de Cultura y Juventud; to consult the Departamento de Servicios Técnicos for its technical opinion on whether the bill conflicts with municipal autonomy and the autonomy of autonomous institutions; to consult the Departamento de Servicios Técnicos for its technical opinion regarding the vote required for the bill in the Plenary; to grant a hearing to ICT, the Unión de Gobiernos Locales, and MINAET; and to reconsider the vote taken on motions Nª1, Nª2, Nª3, Nª4, Nª5, Nª6, Nª7, Nª8, Nª9, Nª10, Nª11, Nª12, Nª13, Nª14, Nª15, Nª16, Nª17, Nª18, Nª19, Nª20, Nª21, Nª22, Nª23, Nª24, Nª25, Nª26, Nª27, Nª28, Nª29, Nª30, Nª31, Nª32, Nª33, Nª34, and Nª35 (folio 1115-1205 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>36) <![endif]>On 06 de octubre del 2011, Deputy Claudio Monge requested reconsideration of the vote taken on expediente 18.148 (folio 1206 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>37) <![endif]>At ordinary session Nª16 of 06 de octubre del 2011, the motions submitted by Deputy Alfonso Pérez Gómez, Deputy Espinoza Espinoza, and Deputy Hernández Rivera were considered—some motions were approved and others rejected—(folio 1207-1258 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>38) <![endif]>On 10 de octubre del 2011, the Executive President of the Instituto Nacional de Aprendizaje informed Deputy Claudio Enrique Monge Pereira that the Board of Directors had approved the recommendation issued by the Legal Advisory Office concerning the bill in expediente Nª18.148 (folio 1259-1267 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>39) <![endif]>On 10 de octubre del 2011, the Comisión Permanente Especial de Ambiente requested a thirty-day extension to submit its report (folio 1267 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>40) <![endif]>On 11 de octubre del 2011, the written statement sent by the Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario, expressing its support for the Ley de Territorios Costeros Comunitarios, was added to the legislative record (folio 1269 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>41) <![endif]>On 13 de octubre del 2011, the Frente Nacional de Comunidades Costeros submitted a written statement bearing five thousand twenty-one signatures in support of the Proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios (folio 1270-1527 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>42) <![endif]> On 19 de octubre del 2011, the Universidad Nacional de Costa Rica submitted the resolution adopted by the Consejo Universitario, expressing its approval of Proyecto de Ley 18.148 (folio 1528-1539 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>43) <![endif]>On 13 de octubre del 2011, the Favorable Majority Report (Dictamen Afirmativo de Mayoría) on Proyecto de Ley 18.148 was issued (folio 1540-1574 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>44) <![endif]>On 27 de octubre del 2011, the Comisiòn Permanente de Ambiente made the following clarification: “It is hereby clarified that, due to an inadvertent error, the preceding page incorrectly stated the date on which this matter was reported out; it should correctly read: ‘ISSUED IN THE SESSION HALL OF THE COMISIÒN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE, San José, on the sixth day of October, two thousand eleven’” (folio 1575 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>45) <![endif]>On 27 de octubre del 2011, the Comisión Permanente Especial de Ambiente delivered to the Executive Directorate the Favorable Majority Report on expediente 18.148, Ley de Terrritorios Costeros Comunitarios (folio 1576 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>46) <![endif]>On 03 de noviembre del 2011, the Unfavorable Minority Report (Informe Negativo de Minorìa), signed by Deputy Alfonso Pèrez Gòmez, was submitted to the Comisiòn Permanente Especial de Ambiente (folio 1579-1600 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>47) <![endif]>On 08 de noviembre del 2011, through official letter PRE-0272-2011, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados submitted the requested report and stated that it supported Proyecto de Ley 18.148 (folio 1601-1602 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>48) <![endif]>On 17 de noviembre del 2011, the Secretarìa del Directorio de la Asamblea Legislativa approved the procedural motion to postpone all matters under consideration by the Legislative Plenary, proceed to the item on motions to amend the agenda, and include expediente 18.148, “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 1603 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>49) <![endif]>On 30 de abril del 2012, the Departamento de Servicios Tècnicos forwarded the Integrated Report on expediente Nª18.148, Ley de Territorios Costeros Comunitarios (folio 1616-1674 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>50) <![endif]>By Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 37.090-MP, the President of the Republic and the Minister of the Presidency expanded the call for extraordinary sessions of the Asamblea Legislativa to consider Proyecto de Ley 18.148 (folio 1677 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>51) <![endif]>On 07 de mayo del 2012, at ordinary session N°5, a motion was approved to place bill N°18.148, Ley de Territorios Costeros Comunitarios,” first under the first-debate section of the second part of the Plenary agenda (folio 1684 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>52) <![endif]>At Plenary Sessions N°5-6 of 07 y 08 de mayo del 2012, motions under Article 137 were debated (folio 1685-1728 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>53) <![endif]>At ordinary session N°13 of 22 de mayo del 2012, a procedural motion submitted by the caucus leaders was approved, stating that while the Comptroller and Deputy Comptroller were being elected, consideration of the Legislative Agenda should also proceed (folio 1729-1741 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>54) <![endif]>On 23 de mayo del 2012, at session N°14, the Secretaría del Directorio Legislativo read the agreement of the Caucus Leaders, pursuant to Article 36 of the Reglamento de la Asamblea Legislativa (folio 1742-1754 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>55) <![endif]>On 21 de junio del 2012, the Comisión Permanente Especial de Ambiente delivered to the Secretaría del Directorio the first report on motions under Article 137 of the Reglamento de la Asamblea Legislativa, referred by the Legislative Plenary concerning the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 1755-1850 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>56) <![endif]>Through official letter 0287-CCC-12 of 12 de junio del 2012, the Executive Director of the Cámara Costarricense de Construcción requested a hearing before the Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa to address expediente 18.148 (folio 1851 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>57) <![endif]>On 28 de junio del 2012, the General Manager of the Cooperativa Nacional de Productores de Sal Responsabilidad Limitada (COONAPROSAL R.L.) commented on the bill in expediente 18.148 (folio 1852-1856 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>58) <![endif]>Through official letter P-074-12 of 10 de julio del 2012, the Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) submitted its opinion regarding expediente 18.148 (folio 1857-1862 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>59) <![endif]>Through official letter 317-CCC-12 of 04 de julio del 2012, the Executive Director of the Cámara Costarricense de Construcción submitted his opinion regarding expediente 18.148 (folio 1863-1875 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>60) <![endif]>On 20 de junio del 2012, by official letter REF-VE-0172-2012, the Cámara de Industrias de Costa Rica submitted its opinion regarding expediente 18.148 (folio 1876-1877del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>61) <![endif]>By Decreto Ejecutivo N°37.230-MP, the Executive Branch convened extraordinary sessions to consider several bills, including expediente 18.148 (folio 1878-1881del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>62) <![endif]>On 30 de agosto del 2012, at ordinary session N°57, a postponement motion (moción de posposición) was approved so that all matters in the second part of the session would be postponed and the following bills would be considered: 18.148, 16.434, 18.207 y 18.440 (folio 1888-1911 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>63) <![endif]>On 11 de octubre del 2012, the Comisión Permanente Especial de Ambiente delivered to the Secretaría del Directorio the second report on motions under article 137 of the Reglamento de la Asamblea Legislativa, referred by the Plenario Legislativo concerning the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 1912-2064 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>64) <![endif]>By Decreto Ejecutivo N°37.577-MP, the Executive Branch expanded the call for extraordinary sessions (folio 2065-2066 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>65) <![endif]>At ordinary session N°145, dated 11 de marzo del 2013, discussion continued during the first-reading proceedings (trámite de primer debate) for expediente N°18.148, with the second report on motions under article 137 (folio 2067-2099 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>66) <![endif]>By Decreto Ejecutivo 37.601-MO, 37.602-MP y 37.603-MP, the Executive Branch again submitted the matter for consideration in extraordinary sessions (folio 2100-2106 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>67) <![endif]>On 22 de marzo del 2013, the Comisión Permanente Especial de Ambiente delivered to the Secretaría del Directorio the third report on motions under article 137 of the Reglamento de la Asamblea Legislativa, referred by the Plenario Legislativo concerning the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2107-2238 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>68) <![endif]>By official letter AMB-039-2013 dated 02 de abril del 2013, the Contralora General de la República was asked for her opinion on the substitute text (texto sustitutivo) of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2245-2246 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>69) <![endif]>By official letter AMB-040-2013 dated 02 de abril del 2013, the Ministro de Ambiente y Energía was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2247-2248 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>70) <![endif]>By official letter AMB-041-2013 dated 02 de abril del 2013, the Procuradora General de la República was asked for her opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2249-2250 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>71) <![endif]>By official letter AMB-042-2013 dated 02 de abril del 2013, the Defensoría de los Habitantes was asked for its opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2251-2252 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>72) <![endif]>By official letter AMB-043-2013 dated 02 de abril del 2013, the Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones was asked for the Defensoría de los Habitantes’s opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2253-2254 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>73) <![endif]>By official letter AMB-044-2013 dated 03 de abril del 2013, the Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2256-2257 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>74) <![endif]>By official letter AMB-045-2013 dated 03 de abril del 2013, the Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2258-2259 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>75) <![endif]>By official letter AMB-046-2013 dated 03 de abril del 2013, the Ministro de Seguridad Pública, de Gobernación y Policía was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2261-2263 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>76) <![endif]>By official letter AMB-047-2013 dated 03 de abril del 2013, the Ministro de Planificación Nacional y Política Económica was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2267-2268 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>77) <![endif]>By official letter AMB-047-2013 dated 03 de abril del 2013, the Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2269-2270 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>78) <![endif]>By official letter AMB-047-2013 dated 04 de abril del 2013, the Concejo Municipal was asked for its opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2272-2283 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>79) <![endif]>By official letter AMB-049-2013 dated 04 de abril del 2013, the Presidente de la Junta Directiva Comisión de Energía Atómica de Costa Rica was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2285-2286 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>80) <![endif]>By official letter AMB-050-2013 dated 04 de abril del 2013, the Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2287-2288 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>81) <![endif]>By official letter AMB-051-2013 dated 04 de abril del 2013, the Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2290-2291 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>82) <![endif]>By official letter AMB-052-2013 dated 04 de abril del 2013, the Gerente General del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2292-2293 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>83) <![endif]>By official letter AMB-053-2013 dated 04 de abril del 2013, the Decano Del Colegio Universitario de Cartago was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2295-2296 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>84) <![endif]>By official letter AMB-054-2013 dated 04 de abril del 2013, the Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2297-2298 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>85) <![endif]>By official letter AMB-055-2013 dated 04 de abril del 2013, the Director del Colegio Universitario de Limón was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2299-2300 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>86) <![endif]>By official letter AMB-056-2013 dated 04 de abril del 2013, the Directora del Instituto Costarricense del Deporte was asked for her opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2301-2302 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>87) <![endif]>By official letter AMB-057-2013 dated 05 de abril del 2013, the Presidente de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2306-2307 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>88) <![endif]>By official letter AMB-058-2013 dated 05 de abril del 2013, the Presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2308-2309 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>89) <![endif]>By official letter AMB-059-2013 dated 05 de abril del 2013, the Presidente de la Junta Directiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2310-2311 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>90) <![endif]>By official letter AMB-060-2013 dated 05 de abril del 2013, the Presidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2313-2314 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>91) <![endif]>By official letter AMB-061-2013 dated 08 de abril del 2013, the Regulador General de la Autoridad de los Servicios Públicos was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2316-2318 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>92) <![endif]>By official letter AMB-062-2013 dated 08 de abril del 2013, the Presidente Ejecutivo de INCOPESCA was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2319-2331 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>93) <![endif]>By official letter AMB-063-2013 dated 08 de abril del 2013, the Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2322-2324 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>94) <![endif]>By official letter AMB-064-2013 dated 08 de abril del 2013, the Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2325-2327 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>95) <![endif]>By official letter AMB-064-2013 dated 08 de abril del 2013, the Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2325-2327 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>96) <![endif]>By official letter N°340413 dated 08 de abril del 2013, the Presidente de la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica submitted the requested opinion (folio 2330 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>97) <![endif]>By official letter AMB-065-2013 dated 08 de abril del 2013, the Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad was asked for his opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2331-2332 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>98) <![endif]>By official letter SE 97-2013 dated 05 de abril del 2013, the Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación submitted the requested opinion (folio 2333 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>99) <![endif]>By official letter AMB-066-2013 dated 08 de abril del 2013, the Executive President of the Instituto Mixto de Ayuda Social was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2334-2335 of the legislative file).

<![if !supportLists]>100) <![endif]>By official letter AMB-067-2013 dated 08 de abril del 2013, the Executive President of INAMU was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2336-2337 of the legislative file).

<![if !supportLists]>101) <![endif]>By official letter AMB-068-2013 dated 08 de abril del 2013, the Executive President of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2338-2339 of the legislative file).

<![if !supportLists]>102) <![endif]>By official letter AMB-069-2013 dated 08 de abril del 2013, the Executive President of the Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2341-2342 of the legislative file).

<![if !supportLists]>103) <![endif]>By official letter AMB-070-2013 dated 08 de abril del 2013, the Executive President of the Instituto de Fomento y Asesoría Municipal was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2344-2345 of the legislative file).

<![if !supportLists]>104) <![endif]>By official letter AMB-071-2013 dated 08 de abril del 2013, the Executive President of the Instituto Nacional de Seguros was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2346-2347 of the legislative file).

<![if !supportLists]>105) <![endif]>By official letter SCMT-045-2013 dated 09 de abril del 2013, the Concejo Municipal de Talamanca provided the requested opinion (folios 2349-2361 of the legislative file).

<![if !supportLists]>106) <![endif]>By official letter 257-291-2013 dated 22 de abril del 2013, the representative of the Instituto Costarricense de Electricidad provided the requested report (folios 2365-2367 of the legislative file).

<![if !supportLists]>107) <![endif]>By official letter GG-04-106-2013 dated 09 de abril del 2013, the representative of the Banco de Costa Rica provided the requested report (folio 2368 of the legislative file).

<![if !supportLists]>108) <![endif]>By official letter AMB-072-2013 dated 10 de abril del 2013, the Rector of the Instituto Tecnológico de Costa Rica was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2370-2371 of the legislative file).

<![if !supportLists]>109) <![endif]>By official letter AMB-072-2013 dated 08 de abril del 2013, the Rector of the Universidad de Costa Rica was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2372-2373 of the legislative file).

<![if !supportLists]>110) <![endif]>By official letter AMB-073-2013 dated 08 de abril del 2013, the Rector of the Universidad Nacional de Costa Rica was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2375-2376 of the legislative file).

<![if !supportLists]>111) <![endif]>By official letter AMB-074-2013 dated 08 de abril del 2013, the Rector of the Universidad Nacional Estatal a Distancia was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2377-2378 of the legislative file).

<![if !supportLists]>112) <![endif]>By official letter AMB-076-2013 dated 10 de abril del 2013, the Executive President of RECOPE was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2379-2380 of the legislative file).

<![if !supportLists]>113) <![endif]>By official letter AMB-077-2013 dated 10 de abril del 2013, the Executive President of JAPDEVA was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2382-2383 of the legislative file).

<![if !supportLists]>114) <![endif]>By official letter AMB-078-2013 dated 10 de abril del 2013, the General Manager of SENARA was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2384-2385 of the legislative file).

<![if !supportLists]>115) <![endif]>By official letter AMB-079-2013 dated 15 de abril del 2013, the Rector of the Universidad Técnica Nacional was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2387-2388 of the legislative file).

<![if !supportLists]>116) <![endif]>By official letter 1158-2013-DM dated 10 de abril del 2013, the Minister of Security provided the requested opinion (folio 2389 of the legislative file).

<![if !supportLists]>117) <![endif]>By official letter TSE-0959-2013 dated 15 de abril del 2013, the Tribunal Supremo de Elecciones provided the requested opinion (folios 2390-2393 of the legislative file).

<![if !supportLists]>118) <![endif]>By official letter 289-RG-2013 dated 10 de abril del 2013, the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos provided the requested opinion (folio 2395 of the file).

<![if !supportLists]>119) <![endif]> By official letter AMB-080-2013 dated 15 de abril del 2013, the Executive President of INDER was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2396-2397 of the legislative file).

<![if !supportLists]>120) <![endif]>By official letter AMB-081-2013 dated 15 de abril del 2013, the Executive President of the Consejo Nacioanl de Producción was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2399-2400 of the legislative file).

<![if !supportLists]>121) <![endif]>By official letter AMB-082-2013 dated 15 de abril del 2013, the Director of the Colegio San Luis Gonzaga was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2401-2402 of the legislative file).

<![if !supportLists]>122) <![endif]>By official letter AMB-083-2013 dated 15 de abril del 2013, the President of CONICIT was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2403-2404 of the legislative file).

<![if !supportLists]>123) <![endif]>By official letter AMB-084-2013 dated 15 de abril del 2013, the President of the Comisión Nacional de Emergencias was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2405-2406 of the legislative file).

<![if !supportLists]>124) <![endif]>By official letter AMB-086-2013 dated 15 de abril del 2013, the Executive Director of INFOCOOP was asked for an opinion on the substitute text of the bill “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folios 2407-2408 of the legislative file).

<![if !supportLists]>125) <![endif]>By official letter N°161-L-2013 dated 17 de abril del 2013, the Instituto Costarricense de Ferrocarriles provided the requested opinion (folios 2412-2413 of the legislative file).

<![if !supportLists]>126) <![endif]>By official letter CIMACO-018-13 dated 08 de abril del 2013, CIMACO provided the requested opinion (folios 2414-2417 of the legislative file).

<![if !supportLists]>127) <![endif]>By official letter GG-049-13 dated 15 de abril del 2013, the Banco Nacional de Costa Rica provided the requested opinion (folio 2418 of the legislative file).

<![if !supportLists]>128) <![endif]>By official letter PESJU-092-2013 dated 23 de abril del 2013, the Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico provided the requested opinion (folios 2419-2420 of the file).

<![if !supportLists]>129) <![endif]>By official letter PRE-0349-2013 dated 18 de abril del 2013, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados provided the requested opinion (folios 2421-2424 of the legislative file).

<![if !supportLists]>130) <![endif]>By official letter DMV-0174-13 dated 22 de abril del 2013, the Ministerio de Vivienda y asentamientos Humanos provided the requested opinion (folios 2425-2428 of the legislative file).

<![if !supportLists]>131) <![endif]>By official letter DJUR-00885-2013 dated 17 de abril del 2013, the Instituto Nacional de Seguros provided the requested opinion (folio 2445 of the file).

<![if !supportLists]>132) <![endif]>By Decreto Ejecutivo 37.651-MP, the President of the Republic and the Minister of the Presidency expanded the call for special sessions of the Legislative Assembly to consider Bill 18.148 (folio 2446 of the legislative file).

<![if !supportLists]>133) <![endif]>By official letter PE 176-13 dated 25 de abril del 2013, the Consejo Nacional de Producción provided the requested opinion (folios 2448-2449 of the file).

<![if !supportLists]>134) <![endif]>By official letter DJ-0284-2013 dated 25 de abril del 2013, the Contraloría General de la República provided the requested opinion (folios 2450-2466 of the legislative file).

<![if !supportLists]>135) <![endif]>On 29 de abril del 2013, at Ordinary Session N°167, the motion to postpone was approved: “That all matters in the second part of the session be postponed and that expediente 18.148 be taken up first” (folios 2467-2547 of the legislative file).

<![if !supportLists]>136) <![endif]>On 30 de abril del 2013, at Ordinary Session N°168, substantive discussion of expediente 18.148 continued during its first-debate proceedings; 12 motions were rejected and one was approved, all under Article 137 (artículo 137). The bill was approved on first debate, and a motion for reconsideration (moción de revisión) was rejected, leaving it approved on first debate (folios 2548-2602 of the legislative file).

<![if !supportLists]>137) <![endif]>By official letter SM-308-2013 dated 08 de mayo del 2013, the Municipalidad de Puntarenas provided the requested opinion (folios 2603-2607 of the legislative file).

<![if !supportLists]>138) <![endif]>By official letter DH-0248-2013 dated 07 de mayo del 2013, the Defensoría de los Habitantes provided the requested opinion (folios 2608-2611 of the legislative file).

<![if !supportLists]>139) <![endif]>By official letter N°25.132 dated 19 de abril del 2013, the Caja Costarricense del Seguro Social provided the requested opinion (folios 2612-2631 of the legislative file).

<![if !supportLists]>140) <![endif]>By official letter P.E-286-2013 dated 30 de abril del 2013, JAPDEVA provided the requested opinion (folios 2632-2636 of the legislative file).

<![if !supportLists]>141) <![endif]>By official letter S.G. 177-2013 dated 02 de mayo del 2013, the Municipalidad de Garabito provided the requested opinion (folio 2637 of the legislative file).

<![if !supportLists]>142) <![endif]> By official letter G-01085-2013 dated 08 de mayo del 2013, the Instituto Costarricense de Turismo provided the requested opinion (folios 2642-2650 of the legislative file).

<![if !supportLists]>143) <![endif]>On 14 de mayo del 2013, the Comisión Permanente Especial de Redacción received expediente 18.148 to continue the corresponding parliamentary proceedings (folios 2652 -2691 of the legislative file).

<![if !supportLists]>144) <![endif]>On 28 de mayo del 2013, the Comisión de Redacción received the Report for the Comisión Especial de Redacción (folios 2693-2696 of the legislative file).

<![if !supportLists]>145) <![endif]>On 28 de mayo del 2013, at Ordinary Session N°, the final wording of expediente 18.148 was approved (folios 2597-2753 of the legislative file).

<![if !supportLists]>146) <![endif]>On 28 de mayo del 2013, the Comisión Permanente Especial de Redacción delivered the Final Draft of Expediente 18.148 to the Secretaría del Directorio (folio 2754 of the legislative record).

<![if !supportLists]>147) <![endif]>After the deadline, by means of official letter PE-413-05-2013 dated 09 de mayo del 2013, the Instituto Nacional de las Mujeres submitted the requested opinion (folios 2755-2757 of the legislative record).

<![if !supportLists]>148) <![endif]>After the deadline, by means of official letter DSM-110-2013 dated 16 de abril del 2013, the Municipalidad de Matina submitted the requested opinion (folios 2758-2762 of the legislative record).

<![if !supportLists]>149) <![endif]>After the deadline, by means of official letter AJ-099-2013 dated 08 de mayo del 2013, the Instituto Nacional de Fomento Cooperativo submitted the requested opinion (folios 2763-2787 of the legislative record).

<![if !supportLists]>150) <![endif]>After the deadline, by means of official letter D.E.-644-2013 dated 15 de mayo del 2013, the Instituto Nacional de Fomento Cooperativo submitted the requested opinion (folio 2788 of the legislative record).

<![if !supportLists]>151) <![endif]>After the deadline, the Municipalidad de Aguirre submitted the requested opinion by email (folios 2792-2797 of the legislative record).

<![if !supportLists]>152) <![endif]>After the deadline, by means of official letter PE-0090-05-2013 dated 22 de mayo del 2013, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo submitted the requested opinion (folios 2798-2807 of the legislative record).

II. FORMAL ASPECTS

The absence of technical studies determining whether concessions (concesiones) may be granted for the development of human activities when a Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre) is designated as Community Coastal Territory (Territorio Costero Comunitario): The sole formal issue raised by the consulting legislators concerns the violation of the procedure established in Articles 36 and 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, Ley Nº 7554. They argue that no technical studies exist to substantiate the appropriateness of granting concessions within a Wildlife Refuge, given the effects that activities conducted on such land will unquestionably have on the protected areas (áreas protegidas). On this matter, the Chamber has held that the technical study required by Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente entails a technical analysis that must be conducted on an individualized basis and must include, at a minimum, the following measures:

1. The degree of impact that the corresponding measure will have on the environment; 2. Recommendations for reducing the environmental impact (impacto ambiental); 3. A demonstration of how the measure adopted continues to uphold the right to a healthy and ecologically balanced environment within the framework of sustainable development policy (política de desarrollo sostenible).

Accordingly, in Judgment number 2988-99, issued at eleven fifty-seven on veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve, this Court stated:

“(…) The foregoing does not mean that the State may not remove the protected status (desafectar) of a particular area because the purposes for which it was protected are no longer being fulfilled, or even seek to grant title to specific zones. This may be done, however, only where a prior technical study demonstrates the nature of the area to which title is to be granted, the potential coexistence of human beings and the ecosystem, and the resulting consequences. Areas of this nature therefore cannot be indiscriminately titled, since doing so would run counter to the very environmental conservation policies pursued by the State pursuant to the mandates established by the Constitución Política and the International Conventions it has signed (…)” This position was reiterated and expanded in Judgment 2012-13367, issued at eleven thirty-three on veintiuno de setiembre del dos mil doce, which stated:

III.Requirements for the territorial reduction of an environmentally protected area. In full conformity with the aforementioned content of Article 50 of the Constitution, the legislature and constitutional case law have established certain requirements for reducing an environmentally protected area or removing its protected status. In this regard, Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, Ley Nº 7554, provides: “The surface area of protected wildlands (áreas silvestres protegidas) forming part of the State’s natural heritage (patrimonio natural del Estado), regardless of their management category (categoría de manejo), may be reduced only by a Law of the Republic, after technical studies substantiating the measure have been conducted.”

On this point, the Sala Constitucional established:

“once a particular area has been declared a protected zone (zona protectora) by an act of the State, the State may not simply remove its protected status, in whole or in part, in order to protect other interests—public or private—to the detriment of the enjoyment of a healthy environment, in accordance with Article 50 of the Constitution. Nevertheless, the fact that a provision, irrespective of its rank, has declared a particular area to be a protected zone does not render the zone immutable, such that its area may under no circumstances be reduced by subsequent legislation. It must be borne in mind, however, that the declaration and delimitation of a protected zone, in compliance with Article 50 of the Constitution, entails the protection of the fundamental right to the environment and, therefore, any reduction in area must not impair that right, a matter that must be determined in each specific case. The reduction, by means of a subsequent law, of the area of a protected zone, a forest reserve (reserva forestal), a National Park, or any other site of environmental interest is not necessarily unconstitutional, provided that it is justified insofar as it does not violate the right to the environment.” (Judgment of the Sala Constitucional Nº 7294-98; to the same effect, Judgment No. 11155-07)).

Thus, there are two essential requirements for reducing an environmentally protected territorial area or removing an area from the protective legal regime (régimen jurídico protector) to which it is subject: it must be done by law and sufficient prior technical studies must be conducted to substantiate the measure. In this regard, the Chamber has stated:

“when the boundaries of protected zones forming part of the State’s forest heritage (patrimonio forestal del Estado) are expanded, this may be done by regulation; but when they are reduced, this may be done only by law, provided, of course, that there is a prior technical opinion substantiating the measure.” (Judgment of the Sala Constitucional Nº 1056-2009) (…)

It is evident that these two requirements are fully consistent with the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. First, in this area, the legal regime requires any restriction or limitation of the right to be imposed by law; conversely, any benefit or expansion of the protection afforded to the right may be established by a substatutory rule (norma infralegal). Second, the requirement for prior technical studies reflects the principle that environmental decisions must be grounded in scientific and technical criteria, in order to protect the ecological balance of the system and the health of the environment. Accordingly, the requirement for technical studies substantiating the approval of bills aimed at reducing an environmentally protected area or removing its protected status must be satisfied before or during the legislative procedure. Moreover, the requirement for technical studies is not a mere formality but a substantive requirement: through a scientific and individualized analysis, it must be substantively demonstrated what degree of impact the corresponding measure will have on the environment; recommendations aimed at mitigating its negative impact must be proposed; and it must be shown how the measure entails development that meets present needs without jeopardizing the ability of future generations to meet their own needs. It is now necessary to determine whether this safeguard was satisfied. (Emphasis not in the original).

Based on the precedents cited and upon analyzing the text of the bill, as well as the various opinions submitted by the consulted authorities, this Court observes that the provisions at issue—specifically Articles 45 and 51 of the bill—establish, first, the designation as Community Coastal Territory and, second, the possibility of granting concessions within the Refuge. Although Article forty-six of the bill provides for an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), that requirement is not equivalent to satisfying the requirement during the legislative proceedings; there is an important qualitative difference between satisfying the requirement before the provision is enacted and satisfying it after enactment, which is what Article forty-six of the bill provides. Designating a National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre)—in this case, Ostional—as Community Coastal Territory does affect its management and the regime governing it, as may be inferred from the provisions contained in Chapter Three of the bill under review.

Its application may significantly influence the nature of the refuge, weakening its protection regime; for this reason, a prior environmental impact assessment is required. There is no doubt that designating a National Wildlife Refuge as coastal territory may significantly alter the actual and effective condition of the area protected by the refuge. It may deprive the regime defining the refuge of its substance.

The bill under discussion lacks technical studies establishing not only the factual situation but also its technical feasibility, as well as its reasonableness and proportionality as constitutional standards—principles that every legal rule must observe, particularly when public resources are affected, as in this specific case.

The foregoing allows this Court to concur with the consulting legislators’ position that the legislative record contains no technical study analyzing and determining the possibility of reducing environmental protection under the principle of objective environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental), even though both institutions and experts in environmental matters were available to prepare the technical study that is lacking from the bill.

In view of the foregoing, the consultation must be answered by finding that the processing of the bill contains substantial defects of unconstitutionality, within the meaning of Article 101 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

III. AS TO THE MERITS

The first issue alleged, which they characterize as the unconstitutionality of the development model imposed on community coastal territories, due to violation of Article 50 of the Constitution and the principle of statutory reservation (principio de reserva de ley), concerns objections that do not establish unconstitutionality, because recognition of certain cultural and economic particularities is not unconstitutional, especially when the requirements of economic freedom and the pluralism that guide the constitutional sociopolitical system are taken into account. Changing economic circumstances, economic cycles, and economic-policy needs constitute a forecast, a possibility that does not infringe a fundamental right. In no way do Articles two, ten, and eleven of the challenged law establish an economic model that contradicts a mixed economy, such as that provided for in Article fifty of the Constitution.

Assuming the existence of cultural, anthropological, and historical identities is not necessarily unconstitutional. The premise underlying the provisions may be highly debatable, but those objections do not establish unconstitutionality. The restrictions imposed on the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) may present constitutional defects, but on other grounds, as explained in this judgment. Recognition of certain cultural or anthropological particularities within a territorial area is a policy choice that cannot be classified as unconstitutional, as those submitting the consultation claim. Although this choice may contain deficiencies and potential errors, that condition cannot be deemed unconstitutional. The creation of coastal territories may cause adverse effects and dysfunctions, but possible deficiencies are not a standard under which, on these grounds, the matter may be resolved as an issue of constitutionality.

Maintaining traditional production systems in coastal areas is an objective bearing the characteristics of a political decision consistent with the economic development model promoted by Parliament and the Executive Branch, but its underlying basis cannot be assessed within constitutional parameters. The choices embodied in the consulted provisions of the bill do not prevent other economic activities, as asserted in the consultation. The definitions regarding the activities prioritized by the consulted provisions do not exclude other possibilities and contain no decisions that infringe any individual or social right.

The second issue concerns the exclusive preferential treatment afforded to occupants who have lived in the community coastal territory quietly, peacefully, and continuously for a period of at least ten years, and to their descendants, in violation of the constitutional principle of equality before the law, because occupants who have lived in the territory for less than ten years must be evicted. Under Article 13 of the bill under consultation, the circumstances of the concession holders (concesionarios) are clearly different, since some are recent occupants while others have occupied the land for a longer period (a minimum of ten years), which plainly demonstrates that they are persons in different circumstances. The provision is therefore not unconstitutional, because the principle of equality requires equals to be treated equally and unequals unequally, and the consulted provision affords treatment in accordance with law.

In addition, it is not for this Chamber to determine who has the superior right; that falls within the jurisdiction of the appropriate authorities, which will decide in accordance with law based on the evidence submitted by the interested parties. The criteria for determining which persons are covered by the law do not contain an essential constitutional defect, as they are based, among other factors, on duration of occupancy. Indeed, the purpose of the law is to resolve a factual situation that conflicts with the law and that, according to political criteria, requires a legislative response. Accordingly, the consultation is inadmissible as to this issue.

The third issue refers to the unconstitutionality of encumbering public-domain property (bienes de dominio público) at the will of a minority of citizens. They believe that the percentage of citizens who may declare an area a community coastal territory is a minority and, for that reason, unconstitutional, because such a declaration would be made to the detriment of the remainder of the population. The consultation mechanism and the percentage of the population are not unconstitutional, because those submitting the consultation offer no basis for concluding that these criteria are unreasonable, disproportionate, or undemocratic. The constitutional defect concerns the very nature of the public-domain asset (bien del demanio público) that the bill seeks to modify, but that issue is addressed in another section of this consultation. It is not the percentage of citizens who decide the consultation or the applicable procedure that is unconstitutional, but rather the very constitutional nature of the maritime-terrestrial zone, which, as noted, is an issue unrelated to this aspect of the consultation.

Nor is the manner in which the Special Joint Commission is constituted unconstitutional, because it fosters citizen participation without diminishing the powers of the municipalities under Article 169 of the Constitution. The participation of citizens on a Commission that performs preparatory work for the municipality is merely a mechanism for accrediting concession holders, while the decision always remains under the control of the Municipal Council. This preliminary inquiry, limited to accreditation, does not infringe municipal powers. There is no essential constitutional defect in the manner in which representatives are appointed to the Commission, nor is Article 91 of the legislative regulations necessarily applicable, since the Commission must submit its recommendation to the municipal authorities. Any personal interests that those representatives may have in the decision constitute a possibility, a potential vulnerability, that the provisions whose constitutionality is under consultation neither authorize nor foster in any way.

The composition of the Commission does not infringe the powers provided for in Article 169 of the Constitution. Nor do those submitting the consultation state the reasons or arguments for their belief that the administration and protection of the maritime-terrestrial zone must be under the exclusive control of local government pursuant to the constitutional provisions. As noted in other sections of this decision, the constitutional defect contained in the bill arises from the legal and constitutional nature of the maritime-terrestrial zone, as repeatedly stated in the precedents of this Chamber.

The fourth issue, in summary, focuses on a possible violation of the principle of inviolability (principio de intangibilidad) of the maritime-terrestrial zone protected by this Chamber. A violation of Articles 6, 50, 89, and 121 subsection 14) of the Political Constitution is alleged; those provisions state as follows:

“Article 6.- The State exercises complete and exclusive sovereignty over the airspace of its territory, over its territorial waters for a distance of twelve miles from the low-water line along its coasts, over its continental shelf, and over its insular shelf, in accordance with the principles of International Law.

It also exercises special jurisdiction over the seas adjacent to its territory for a distance of two hundred miles from the same line, for the purpose of protecting, conserving, and exclusively exploiting all natural resources and wealth existing in the waters, seabed, and subsoil of those areas, in accordance with those principles.” “Article 50.- The State shall seek the greatest well-being of all inhabitants of the country by organizing and promoting production and the most appropriate distribution of wealth.

Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Accordingly, every person has standing to report acts that violate that right and to seek redress for the harm caused.

The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding liabilities and penalties.” “Article 89.- The cultural purposes of the Republic include protecting natural beauty, preserving and developing the Nation’s historical and artistic heritage, and supporting private initiative for scientific and artistic advancement.” “Article 121.- In addition to the other powers conferred upon it by this Constitution, the Legislative Assembly has exclusive authority to:

1).

…

  • 14)Decree the transfer or dedication to public uses of property belonging to the Nation.” The consultation is directed specifically at Articles 33, 34, 35, and 36, because those submitting it believe that, although the bill retains the fifty-meter strip adjacent to the ordinary high-tide line as a public zone (zona pública), in accordance with Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre N°6043 of 02 de marzo de 1997 and its amendments, it permits concessions within the public zone “on an exceptional basis,” thereby allowing portions of that zone, historically reserved for public enjoyment, to be excluded and made available for the private enjoyment of a concession holder. They add that the public zone may not be subject to private occupation in a manner that permits use by some to the exclusion of others; therefore, the bill under consultation would violate that principle by permitting concessions that exclude public use.

This is a restriction that entails a violation of the public-domain nature (naturaleza demanial) of the public zone, whose purpose is precisely free and nonexclusive use by all inhabitants, thereby seriously violating the principles of inviolability and universal use of the public zone. Finally, they state that the bill enables occupation of the public zone without being subject to land-use planning (planificación territorial) capable of ensuring protection of the environment and the scenic beauty of the beaches, because it would no longer be subject to guidelines issued by public institutions in the tourism sector or by those responsible for environmental protection. This would also weaken protection of the resource and diminish the potential economic benefits obtainable through planned use of the public zone.

The challenged provisions state as follows:

“Article 33. Public zone. General rule. The public zone of the maritime-terrestrial zone, defined in Article 10 of Ley N°6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, of 2 de marzo de 1977, and its amendments, shall continue to be governed by that law. Concessions for community mixed-use docking facilities (atracaderos mixtos comunitarios), regulated in Chapter IV of this law, are excepted from the foregoing.” “Article 34. Relocation of residents. If natural persons are occupying land located within the public zone of the maritime-terrestrial zone, the municipality having jurisdiction shall relocate them to concession-eligible areas (áreas concesionables) within the coastal territory. Relocation shall be subject to the requirements of Article 13 and the prohibitions of Article 14, without prejudice to any other provisions applicable to them pursuant to this law.” “Article 35. Exception to relocation: concession within the public zone. On an exceptional basis, the municipality having jurisdiction may authorize concessions for residential use, based on technical studies establishing that relocation is impossible or that the family unit’s subsistence activity depends on proximity to the sea. The foregoing shall apply provided that no serious risks exist to safety, health, human life, or the environment.

For this purpose, the municipality must obtain the endorsement of the Instituto Costarricense de Turismo, in accordance with Article 2 of Ley N°6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, of 02 de marzo de 1977, as amended.

Likewise, in accordance with Article 4 of the aforementioned law, the Procuraduría General de la República shall exercise legal oversight over all concessions (concesiones) granted in the public zone (zona pública) of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) under this law.” “Article 36. Concessions in the public zone. In the public zone of the maritime-terrestrial zone, concessions may be granted for no more than fifteen percent (15%) of the entire public zone comprising the community coastal territory (territorio costero comunitario).

Under no circumstances may the same family unit hold more than one concession in the public zone.

Likewise, a family unit that holds any concession under Chapter VI of Ley N°6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre of 2 de marzo de 1977, as amended, or that holds any concession in any community coastal territory, may not hold concessions in the public zone.” In repeated rulings, this Chamber has recognized that the maritime-terrestrial zone, and particularly the public zone, is constitutionally protected by the principle of intangibility (principio de intangibilidad); therefore, potential amendments removing coastal territory from the public domain (desafecten el territorio costero) could violate that principle. The articles transcribed above show that, although the legislature proposes an exceptional measure in view of the impossibility of relocating the residents, the fact remains that there is authority to grant concessions over as much as fifteen percent of the entire public zone comprising the community coastal territory, a situation that could indeed violate the principle of intangibility.

As stated in judgment number 2013-8596 at 14:30 hrs. on 26 de junio del 2013:

“… there is extensive legal scholarship concerning certain assets that, although forming part of the Patrimonio Natural del Estado, may be placed under private administration, exploitation, and enjoyment without necessarily giving rise to a case of unconstitutionality. In such cases, because these are public-domain assets (bienes demaniales) belonging to the State, private parties may make use of them under a public-law regime that imposes substantial limitations on the private party’s own rights and over which the State even exercises police powers, while also recognizing certain powers of private parties arising from administrative rights in rem (derechos reales administrativos) ..” It was likewise stated that:

“Furthermore, it is important to recall that the Sala Constitucional held on another occasion as follows:

“IV. CONSTITUCIÓN POLÍTICA AND THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE. It is also worth bearing in mind that the Constitución Política does not address matters relating to the maritime-terrestrial zone or its development as a concept. As regards the applicable legal regime, there has been a very longstanding legal tradition which, it should be noted, has not been consistent either. It should be noted that there have been changes both to the width of the maritime-terrestrial zone—formerly the maritime mile—and to the specific regulation of certain islands which, although in principle and by operation of law forming part of the maritime-terrestrial zone, have over time become subject to exceptions based on classifications freely adopted by the ordinary legislature. Examples include Ley N° 7108/88, which exempted Isla de Chira from the general regulations, and Ley N° 6515/80, which likewise exempted from those general regulations the parcels in the maritime-terrestrial zone declared an urban zone in distrito noveno, cantón central de Puntarenas, provided that they had previously been lawfully possessed by private parties.

Also exempted by Ley N° 6043, and granted a fully private regime, are properties whose previously registered and recognized boundary directly adjoined the sea. Given the extraordinary legislative variability in this area, what may be stated is that the unalterable core of the law governing the maritime-terrestrial zone has been the fifty-meter-wide strip measured from the ordinary high-tide line (pleamar ordinaria), which has been declared public and which, as such, not only cannot be appropriated by any means but has also been placed at the service of all persons without exception. The public-domain status (demanialidad) of that strip has therefore received sustained legal recognition and could prima facie be considered, by virtue of its longstanding nature, intangible to the legislature, although this issue is unrelated to the principal matter disputed in this action and therefore need not be analyzed in this judgment.

Nevertheless, the foregoing helps us understand that, with respect to the restricted zone (zona restringida), namely the remaining 150 meters of the maritime-terrestrial zone, the legislature must be recognized as having the power to enact such regulations as circumstances may require, provided, of course, that vested rights (derechos adquiridos) or other constitutionally recognized rights are not impaired and that such regulations do not exceed the bounds of reasonableness essential to any legal rule. Beyond that, legislative provisions concerning the subject matter of this action are virtually beyond alteration by the constitutional jurisdiction (Sentencia 1997-5210) (emphasis in bold and underlining not in the original).

It should be noted that, even though the maritime-terrestrial zone faces difficulties arising from the irregular legal status of its occupants, the fact remains that, as Article 20 of the Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre states, the public zone “… may not be occupied under any title or under any circumstances,” nor may any citizen “… claim any right whatsoever over it….” Therefore, this Chamber concludes that the articles identified by the consulting members of the Legislative Assembly are contrary to the Constitución, because the exception contained in Chapter V of the consulted Bill entails, even if only exceptionally, granting a concession over fifteen percent of the entire public zone.

The fifth point concerns the list of communities that could seek designation as a community coastal territory (declaratoria de territorio costero comunitario). They claim that there are no technical studies supporting the conclusion that the listed territories possess special conditions warranting treatment different from that afforded to other communities that could seek designation as a community coastal territory, nor are there studies or references from which it may be determined that the listed communities satisfy the characteristics of a coastal territory. As the consulting members indicate, Article 9 of the Bill contains a list of communities (65 in total) identified as possible candidates to seek designation as a community coastal territory. However, as they also note, the final paragraph clarifies that this is without prejudice to other communities seeking designation as a community coastal territory, provided that they comply with the statutory provisions.

In light of the foregoing, and after reviewing the article preceding the challenged provision—Article 8—of the Bill, concerning the requirements for designating community coastal territories, this Court concludes that there is no alleged violation of Article 33 of the Constitution. It is not true that communities outside the sixty-five communities named in Article 9 of the Bill receive different treatment, because Article 8 clearly states that a community may be designated as a community coastal territory when it satisfies the four requirements for that designation. Accordingly, any community that submits the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) issued by the Secretaría Técnica Ambiental, the justification regarding the importance of establishing differentiated protection, the consultation with the district or districts, and the boundary demarcation (delimitación de linderos) prepared by the Instituto Geográfico Nacional has the same right to become a community coastal territory.

With respect to the absence of studies or references establishing that the listed communities possess the characteristics of coastal territories, this Court finds no unconstitutionality because inclusion on the list does not constitute designation as a community coastal territory. On the contrary, such designation remains subject to submission of the environmental study enabling the competent authority to approve or reject environmental feasibility (viabilidad ambiental). The consulting members raise objections concerning expediency or desirability, as when they assert that the list is “legal nonsense,” but this argument constitutes an objection based on political desirability rather than constitutionality. Therefore, the consultation is inadmissible on this point.

The sixth point concerns the unconstitutionality of the designation as a community coastal territory. The consulting members state that Articles 45 and 39 of the proposed law directly designate Islas Venado, Cedros, Chira y Caballo, as well as Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, as community coastal territories. They add that no technical studies supporting the feasibility and advisability of such designation and demonstrating the public interest have been included.

With respect to Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, compliance with the precautionary principle (Principio Precautorio) requires, before its designation as a community coastal territory and the granting of a concession—as the consulting members of the Legislative Assembly point out—an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) evaluated by the Secretaría Técnica Ambiental, demonstrating the type of harm and the measures to be adopted. Such a study is notably absent from this proposed law, since protection could not be withdrawn from a refuge without supporting technical criteria. Therefore, this omission entails a violation of the precautionary principle and the principle of progressivity in the scope of protection of fundamental rights (principio de progresividad del ámbito de tutela de los derechos fundamentales), an issue identified in the procedural defect analyzed in this judgment.

As for the designation of Islas Venado, Cedros, Chira y Caballo as community coastal territories, as stated with respect to the fifth alleged point, the designation shall not take effect until the requirements of Article 8 of the Bill have been satisfied—requirements that include the technical studies referenced by the consulting members of the Legislative Assembly.

However, taking into account that the substantive analysis in this judgment established a violation of the principle of intangibility of the Maritime-Terrestrial Zone, it should be emphasized that, as this Court has stated, under the final paragraph of Article 9 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley 6043, in view of the legal nature of the property at issue, the use and utilization of islands and islets are reserved for concession arrangements. The processing of such concessions entails a more stringent procedure in certain cases, though not all, as will be explained below, requiring not only the consent of the local government but also authorization by the Asamblea Legislativa, pursuant to the third paragraph of Article 42 of the Ley de la zona marítimo terrestre, which provides verbatim:

Article 42.- Concessions (concesiones) in tourist areas require the approval of the Instituto Costarricense de Turismo. In the other areas of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), approval shall be the responsibility of the Instituto de Tierras y Colonización.

These institutes may not deny approval unless the concession violates the law, which they must expressly state, giving reasons. If the concession concerns a maritime island or islet, or any part thereof, the approval of the Asamblea Legislativa shall be required.

and, to the same effect, Article 43 of the Regulations to its Law provides:

Article 43.- Even if not stated in the respective documents, all concessions granted pursuant to this law are subject to the condition that the concession holders (concesionarios) may not change the designated use of their parcel (parcela), or of the buildings or facilities they construct thereon, without the consent of the respective municipality and of the Instituto de Tierras y Colonización or the Instituto Costarricense de Turismo, as applicable.

Such authorization is grounded in subsection 19) of Article 140 of the Constitución Política, because the subject matter of the contract is an “asset of the Nation” (bien de la Nación); accordingly, this provision empowers the Poder Ejecutivo to:

“Enter into administrative contracts (contratos administrativos) not included in subsection 14) of Article 121 of this Constitution, subject to submitting them for approval by the Asamblea Legislativa when they provide for an exemption from taxes or fees, or have as their purpose the operation of public services, or the exploitation of the State’s natural resources or wealth.” This interpretation also derives from voto 2006-454, which held that islands, as part of the territorial sea, under Article Six of the Constitution, form part of the State’s natural wealth (Article 140—subsection 19), and that the concession therefore requires legislative approval. In accordance with the cited voto, the following paragraph is worth mentioning:

“….. XI.- USE AND EXPLOITATION OF ISLANDS AND ISLETS. In view of the legal nature of the asset at issue, the use and exploitation of islands and islets is reserved to concessions, the processing of which entails a more stringent procedure, requiring not only the consent of the local government but also that they be subject to authorization by the Asamblea Legislativa, pursuant to the third paragraph of Article 42 of the Ley de la zona marítimo terrestre, which literally provides:

‘If the concession concerns a maritime island or islet, or any part thereof, the approval of the Asamblea Legislativa shall be required’; and, to the same effect, Article 43 of the Regulations to its Law provides:

‘In the case of concession applications (solicitudes de concesión) covering part or all of maritime islands or islets, a copy shall be forwarded for approval, after completion of the proceedings before the Instituto Costarricense de Turismo when the concessions are for tourist use.’ To understand the rationale underlying this provision, it is important to consider that this special authorization is grounded in constitutional rules, specifically subsection 19) of Article 140, because the subject matter of the contract is an ‘asset of the Nation’; accordingly, this provision empowers the Poder Ejecutivo to ‘Enter into administrative contracts not included in subsection 14) of Article 121 of this Constitution, subject to submitting them for approval by the Asamblea Legislativa when they provide for an exemption from taxes or fees, or have as their purpose the operation of public services, or the exploitation of the State’s natural resources or wealth.’ Therefore, it is considered that the requirement of legislative approval for this type of contract (concessions over islands and islets) is not only necessary but also advisable, insofar as it serves as political oversight of an ‘asset of the Nation’ of fundamental importance, because it is located in the territorial sea, over which the State exercises full and exclusive sovereignty (Article 6 of the Constitution).

Likewise, broad debate in the Plenario Legislativo is useful and necessary so that the deputies may examine the subject matter, purpose, expediency, and legality of the concession. It should be noted that the exploitation and use of this ‘asset of the Nation’ have significant economic and social repercussions, in addition to environmental, ecological, and even political repercussions; for this reason, all represented caucuses must be given an opportunity to participate, as our constitution-makers concluded:

‘The proponent explained that his motion was included almost in its entirety in the Proyecto del 49, subsection 10), Article 232. Messrs. Trejos and Esquivel had submitted it as a motion but later withdrew it because it was said that subsection 14), Article 97, which had already been approved, covered that situation. However, the two subsections concern two different cases.

Licenciado Esquivel asked Mr. Leiva whether contracts for establishing new industries in the country, governed by laws granting every kind of incentive to those new industries so that they could develop in the country, fell within that subsection and consequently required legislative approval. The proponent clarified that the final exception resolved the issue. However, Diputado Esquivel still had certain doubts, for example regarding contracts for the operation of public services. Would a contract between the State and a bus company, for example, to transport the mail have to come before the Chamber for approval? The proponent observed that such minor contracts are always governed by special laws. Most often, those contracts are entered into not by the President himself, but by minor subordinate agencies with the interested parties. His intention was for the powers of the Executive to include the authority to enter into that type of administrative contract, which is not of great magnitude. The public services referred to in his motion are those of major importance, such as railroads. Mr. Leiva’s motion was put to a vote and approved’ (Actas de la Asamblea Nacional Constituyente. Sesión número 135, del veintitrés de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve, artículo 2. Tomo III. Páginas 147 y 148).

From the foregoing transcript and from Articles 121 subsection 14) and 140 subsection 19) of the Constitution, read together, it follows that, because the original constituent authority deemed it advisable, the Asamblea Legislativa is responsible for exercising an oversight function concerning the disposition and use of ‘assets of the Nation,’ by reviewing contracts through which their use and exploitation are intended to be authorized, as a condition of their legal effectiveness; a principle that the ordinary legislature adopted and confirmed in the challenged provisions.

XII. CONTINUATION

(1).- Likewise, it is important to note that legal scholarship has understood approval to constitute a declaration based on assessments of the merits, expediency, usefulness, and legality of the act submitted for consideration; it is therefore clear that the approving party does not participate in forming the act submitted for approval, but merely declares that the act under examination is useful and appropriate, thereby deeming fulfilled the condition upon which the law makes the act’s effectiveness dependent. In other words, legislative action in this area operates as a condition of the legal effectiveness of this type of contract, insofar as the contract is neither complete nor produces its natural effects until such approval is granted; it thus constitutes oversight not only of legality but also of a political nature. Accordingly, in this case the Asamblea Legislativa is not empowered to incorporate its own will into the contract it approves, because that will was expressed by the entity that processed the concession and before which it was sought, namely, the respective municipality that submits the matter to the Asamblea for consultation.

Thus, the legislative body may approve or reject it in its entirety—not partially—depending on the expediency, legality, and merits of the contract itself, but may not modify or transform it, because the authority to execute the concession belongs exclusively to the municipalities. Consequently, any intervention by the Asamblea concerning the content of concessions over islands or islets on the part of legislators would render the act unconstitutional, to the detriment of municipal autonomy, which is constitutionally recognized in Article 170….’ In accordance with this precedent, it is considered that the requirement of legislative approval for this type of contract (concessions over islands and islets) is not only constitutionally necessary but also advisable, insofar as it serves as political oversight of an ‘asset of the Nation’ of fundamental importance, because it is located in the territorial sea, over which the State exercises full and exclusive sovereignty, provided that special circumstances are involved.

Accordingly, legislative authorization is required for tourist concessions only when part or all of an island or islet is to be exploited for that purpose. It is not required in other cases, such as those involving island residents, in which only a concession for the use of the island area—the restricted area (área restringida)—is required, but not legislative approval. For the foregoing reasons, the precedent established by this Tribunal in voto 2006-00454 must be understood in these terms. Therefore, declaring an area available for concession, whether that area is identified as an island or islet, requires the special procedure provided for in subsection 19 of Article 140 of the Constitution and reproduced in Article 42 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre—namely, approval by the Asamblea Legislativa—only when it is tourist-related or intended for exploitation, a situation radically different from that of persons who apply for a concession for residential or subsistence purposes, fishing or artisanal activities, etc. The majority of this Tribunal cannot overlook the fact that those in the situations described are persons of very modest means who live in local island communities and engage in small-scale agricultural activities, artisanal fishing, sustainable extraction, local and rural community tourism, small family businesses, and social-economy activities, none of which, in themselves, endanger the rational use of the asset of the Nation; moreover, these persons have occupied those lands for many years.

Subjecting all these persons’ concessions to legislative approval could cause enormous social, economic, and political difficulties, without adding any value to the protection of the asset of the Nation.

And the final point of the consultation, corresponding to number seven on the merits, refers to the unconstitutionality of the bill due to the absence of environmental safeguards. They state that the bill does not make it mandatory to apply environmental variables before declaring community coastal territories, nor do the requirements establish the need for a study that conclusively determines the technical and environmental feasibility of declaring a community coastal territory. Chapter II, Article 8 of the bill lists the requirements for declaring a community coastal territory, with subsection a) providing for a strategic environmental assessment (evaluación de impacto ambiental estratégica) of the area intended to be so declared, which must be provided by the Secretaría Técnica Ambiental; therefore, it is not true that an environmental assessment is not required before the community coastal territory is declared. Nevertheless, as observed in Considerando II of this judgment, it was demonstrated that the bill is generally deficient because of the lack of environmental studies before changing the legal regime governing a fundamental area of public domain property (demanio público), namely the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre).

VI. CONCLUSION REGARDING THE SUBSTANTIVE ASPECTS

The consultation submitted regarding aspects four and six of the bill being processed under legislative expediente number 18.148, entitled “Ley de Territorios Costeros Comunitarios,” is answered to the effect that they violate the principle of the inviolability (intangibilidad) of the Zona Marítimo Terrestre. As to the remaining substantive claims, the consultation may not be answered.

V. COROLLARY

In light of the foregoing, this Constitutional Court must answer the consultation to the effect that, in the legislative procedure for expediente No.18.148, entitled “Ley de Territorios Costeros Comunitarios,” defects occurred both in the legislative procedure and on the merits.

VI. ADDITIONAL REASONS FOR THE DISSENTING OPINION OF JUSTICES ARMIJO SANCHO AND CRUZ CASTRO

One of Hans Kelsen’s fundamental contributions in his Pure Theory of Law, still relevant despite the passage of time, consists of his explanation of the principles of effectiveness (Prinzip der Effektivität) and legitimacy (Prinzip der Legitimität), and the resulting relationship between effectiveness and validity, between the “is” of natural reality and the “ought” of the norm.

Contrary to what is commonly believed, Kelsen sought an eclectic solution to explain the phenomenon of normative validity (validez normativa). On the one hand, according to the principle of legitimacy, the validity of a norm is conditioned by what the legal system itself provides: “Insofar as a legal system regulates its own creation and application, it determines the beginning and end of the validity of the norms belonging to it.” Accordingly, as is well known, the validity of a legal system, within the framework of a hierarchical legal structure of the system (a thesis originally advanced by Adolf Merkl), will ultimately depend on a logical presupposition: the basic norm (norma fundamental) that confers legitimacy upon the Political Constitution. As a presupposition, that basic norm requires that the Fundamental Law be obeyed (legitimacy); however, for this to occur, the Constitution must actually be obeyed (principle of effectiveness). A Constitution that exists on paper but is not applied in reality not only lacks effectiveness but also becomes invalid, because the first logical presupposition of a legal system is not satisfied.

This is why Kelsen rejects the extreme positivist thesis, which denies any connection between validity and effectiveness. On the one hand, he states that “a legal system as a whole, as well as an individual legal norm, loses its validity when it ceases to be effective; and therefore, to that extent, a relationship emerges between the ought of the legal norm and the existence of natural reality, since a positive legal norm, in order to be valid, must be established through a real act.” On the other hand, he establishes that the deontic validity of a norm is not identical to its actual effectiveness but depends on its legitimacy, that is, on the conditions established by a legal system for the legal validity of a norm.

Accordingly, amid this tension between validity and effectiveness, the principle of legality (principio de legalidad) (article 11 of the Political Constitution) arises as a safeguard not only of individual rights, but also of the validity of the legal system itself and respect for the rule of law (Estado de Derecho).

Certainly, that principle means that the Administration’s acts and conduct must conform to the provisions of written law, which entails subjection to the Constitution, statutes, and, in general, all other rules of the legal system (particularly executive and autonomous regulations); that is, ultimately, to what is known as the “principle that the Administration is subject to the law (principio de juridicidad de la Administración).” “In this regard, it is clear that, when faced with an unlawful or invalid act, the Administration has not only the duty but also the obligation to do everything within its power to correct the situation.” (Judgment No. 1998-0897 at 17:15 on 11 de febrero de 1998).

Moreover, the principle of legality fulfills its ratio iuris: to serve as a condition sine qua non for human beings to realize their values. Indeed, that principle enables the establishment of a secure and stable order that allows everyone “to know where they stand” and precisely delineates the spheres of possible, lawful, and mandatory conduct, and is just insofar as it gives the community and the individual their due, namely, the rights that belong to them by nature and the sphere of freedom appropriate to their dignity (Legaz Lacambra).

Thus, the principle of legality requires the Administration to strictly respect the legal system, which in turn entails helping to ensure its survival, because a political system in which the repeated non-application of the law is tolerated ultimately loses its effectiveness, which in turn results in its invalidity. Accordingly, because the validity of a legal system itself is affected, the matter sub examine becomes one of constitutional significance.

By this we do not mean that every type of non-application of a norm is constitutionally significant; rather, this depends on the importance of the legally protected interest (bien jurídico) at stake and the severity of the harm that may be inflicted upon that interest. Nor do we consider every type of regime to be constitutionally impermissible. The analysis must be conducted according to the particular characteristics of each situation.

In the sub iudice, what has occurred is systematic noncompliance with the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre over the years, that is, a deliberate non-application of that legislation. Law number 5602 of 4 de noviembre de 1974 had already suspended the operation of Law Nº 4558 (Ley Urbanización Zona Marítimo Terrestre) until a new law was enacted, which meant, among other things, that the respective municipalities were prohibited from granting construction permits if those buildings were to be constructed on land held as a consequence of the rights conferred by the aforementioned Law Nº 4558.

Subsequently, Law N° 6043 of 2 de marzo de 1977 (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre) clearly defined the maritime-terrestrial zone, distinguished between the public zone (zona pública) and the restricted zone (zona restringida), imposed specific duties upon municipal authorities to protect that zone and regulate its urban development, and determined how concessions could be granted over these public-domain assets located in the restricted zone. The cited law even establishes as criminal offenses both illegal construction in the maritime-terrestrial zone and the unlawful granting of concessions or occupancy permits (permisos de ocupación).

Moreover, the aforementioned legislation provided that its implementation would not be abrupt, since it stipulated that areas containing buildings lacking the corresponding authorization under that law would be subject to planning in accordance with the urban-development standards (normas urbanísticas) to be issued, which would be applied gradually in cases involving remodeling or reconstruction (article 69).

Accordingly, despite Law number 5602 and the gradual manner in which Law number 6043 was to be applied, what has occurred over the years is outright disobedience of that legislation, involving not structural problems of society that arose spontaneously, but difficulties originating in State inertia.

We must begin from the premise that the proposed legislative reform does not concern just any legislation, but rather the legislation that stringently regulates the protection of our coasts, with respect to which this Court has recognized both the importance of their conservation and the duty to guarantee the entire population free access to and enjoyment of them, extending to islands and wildlife refuges (refugios de vida silvestre). The Chamber has ruled on concessions in the Zona Marítimo Terrestre as follows:

“…the Zona Marítimo Terrestre is a public-domain asset, whose recognition dates from time immemorial and which has been established in our country’s legislation as part of State property along the seacoast, extending one nautical mile or more (Ley 162 of 28 de junio de 1828 and subsequent legislation). Law No. 6043 of 2 de marzo de 1977 established the current regime governing the entire public zone and the concession areas. In the Chamber’s view, its status as a public-domain asset is not diminished by the passage of time; on the contrary, it is inalienable and not subject to acquisitive prescription (imprescriptible), even when subsequent laws establish different regimes for its administration, protection, use, and exploitation. In the case before us, its value as a public-domain asset lies not only in the Zona Marítimo Terrestre, but also in the reservation or allocation of the property to its intended purpose, as reflected in the various regulations enacted by the Legislative Assembly and approved by the Executive Branch.” (judgment No. 2008-8713 at 9:06 on 23 de mayo 2008) Similarly, judgment No. 2009-003113 at 14:59 on 25 de febrero de 2009 stated:

“…First, because that zone has already been incorporated into and forms part of the State’s natural heritage (patrimonio natural del Estado). Second, because that zone—particularly the ocean beaches—is for common use and is intended for the free use of all inhabitants without distinction, such that use by some does not prevent use by other interested persons. Third, because the public-domain regime (técnica demanial) is the most effective means of protecting maritime-terrestrial assets and enabling the State to fulfill its duty to guarantee, defend, and preserve a healthy and ecologically balanced environment for all inhabitants of the country. As to this last aspect, the private use of ocean beaches certainly endangers the right to the environment, because those areas of the public domain could be subjected to construction and other encroachments that would endanger coastal resources and their entire ecosystem.” A legal reform such as the proposed one, concerning such a sensitive matter in which acts giving rise to vulnerability are condoned, harms, in our view, not only the public interest (res pública) and the constitutional principle of legality (principio constitucional de legalidad), but would also mean tolerating the State’s failure to observe other principles, such as in dubio pro natura, whose purpose is to ensure active, prior, and timely oversight by the authorities, which should never have permitted illegal construction and uses.

Thus, what the Bills that are the subject of this consultation actually reveal is that the prior controls established by the State to ensure effective compliance not only with the regulations generally, but also with environmental protection, have not been followed, and that the conservation and administration of public-domain assets (bienes demaniales) have been handled negligently.

It cannot be ignored that the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) enjoys privileged protection, not only because it is public-domain property (bien de dominio público), but also because it is connected to the environment and forms part of the national patrimony (patrimonio nacional). Its definition and the conditions under which it may be used are crucial, since its conservation and protection depend on them.

On multiple occasions, this Constitutional Court has had the opportunity to address the legal nature (naturaleza jurídica) of the maritime-terrestrial zone and its constitutional protection, as it forms part of the national patrimony as public-domain property (see in this regard decisions numbers 5399-93 of las dieciséis horas treinta y nueve minutos del veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y tres, 2002-03821 of las catorce horas con cincuenta y ocho minutos del veinticuatro de abril del dos mil dos, 2006-00454 of las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de enero del dos mil seis, and 2011-015473de las nueve horas y cuarenta y seis minutos del once de noviembre del dos mil once). It has expressly held that:

“The Nation’s patrimony and the public domain (demanio público).- The national patrimony consists essentially of the assets defined in Articles 6, 50, 89, and 121 subsection 14) of the Constitution; these are territorial waters, coasts, airspace, the continental shelf, the insular shelf, and the natural resources and wealth of the water,…. It is important to note that the assets comprising the national patrimony enjoy special protection, such that they cannot be appropriated by private parties or even by the Public Administration; the constitutional provision subjects cases in which such assets may be transferred or devoted to public uses to full legislative control, but only in the cases and by the means that it establishes. Some of them may not even be removed from the public domain (desafectados) by law, since, owing to their unique nature, they have received special constitutional protection that places them outside private commerce.

Others may be subject to rational exploitation, whether by the State or by private parties, ‘in accordance with the law or by means of a special concession granted for a specified period and pursuant to the conditions and stipulations established by the Legislative Assembly’ (subsection 14 of Article 121 of the Political Constitution). The special nature of the national patrimony necessarily entails the inseparable dedication to public use of the assets that the concessionaire—whether public or private—designates or requires for its development and exploitation, such that they are deemed permanently incorporated into the public domain and, for that reason, possess the characteristics inherent to this regime: they are not subject to attachment, are not subject to acquisitive prescription, and are inalienable.” (decision no.2002-03821) It is therefore clear that, “The maritime-terrestrial zone forms part of the national patrimony, belongs to the State, and is inalienable and not subject to acquisitive prescription.” (1° of the Ley de la Zona marítimo terrestre).

Throughout human history, the coast has demonstrated its great economic and commercial importance, as well as its importance for security—for the defense of the national territory—to every country or state organization. Thus, with respect to our country, the coastline has remained devoted to public use since the colonial era. Accordingly, it is clear that, beginning with the earliest rules governing this zone, it was always classified as public-domain property (bien demanial) (State-owned, in the public domain, or under public ownership); this entitles it to all the attributes of public-domain status (demanialidad), namely, inalienability, immunity from acquisitive prescription, and immunity from attachment, as well as subjection to police powers (poder de policía) with respect to its use and enjoyment.

A bill such as the one under consultation contains numerous inaccuracies in its regulatory design, thereby substantiating the consulting parties’ arguments concerning: the absence of transitional provisions (régimen transitorio), the lack of limits on the number or duration of the concessions to be granted, the lack of clarity regarding the term “structure,” the complete failure to delimit areas warranting special treatment because they contain historically neglected populations, the absence of a clear inventory of those who would ultimately be the potential beneficiaries of the law (the identification and individualization of the beneficiaries), the determination of environmental impact (impacto ambiental), among many other omissions. These omissions and inaccuracies confirm that the attempt to regularize an irregular situation is being made directly to the detriment of our public domain, since it would entail regression in the maritime-terrestrial zone, and such regression is unconstitutional.

It is not disputed that a social problem may exist in the zone, but that circumstance cannot be resolved through a law that strips a fundamental component of environmental protection of its substance without identifying and individualizing the social and geographical sectors that require a comprehensive and balanced solution.

It should be noted that, by failing even to establish that this law does not prevent the continuation of pending judicial proceedings initiated for violations of the law currently in force, it could entail improper interference between the Legislative and Judicial Branches, since the latter is currently hearing a series of proceedings initiated over encroachments upon the public domain, while the bill under consultation ultimately legalizes what is currently regarded as illegal or, in other words, makes lawful that which is unlawful (possession of the public domain obtained through self-help measures (vías de hecho)), thereby exempting or releasing from liability those who violated the current provisions. Without expressly stating so, it appears to promote a partial repeal of the punitive provisions contained in the Ley de la zona marítimo terrestre, which safeguard an asset of such importance to the environment.

Consistent with the principle of in dubio pro natura and the principle of progressivity (principio de progresividad) in protecting the right to the environment, a bill such as the one under consultation, which suffers from so many inaccuracies and contains such broadly worded provisions, strips away the substance of the protection that our maritime-terrestrial zone has enjoyed to date; for that reason, I consider that, in addition to the procedural violations identified, there are grounds for finding substantive violations of our body of constitutional law (bloque de Constitucionalidad).

VII.DISSENTING OPINION (VOTO SALVADO) OF JUSTICES ARMIJO SANCHO AND CRUZ CASTRO, REGARDING THE VIOLATION OF ARTICLE 140 SUBSECTION 19) OF THE POLITICAL CONSTITUTION, DRAFTED BY THE LATTER: Regarding the sixth point, we depart from the majority opinion because, as the consulting parties indicate, islands may be granted under concession only through an act of approval by the Legislative Assembly. Concessions are authorized over Islas Venado, Cedros, Chira y Caballo, as well as Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. We consider that concessions involving islands and islets require legislative approval.

Now, taking into account that the substantive analysis in this judgment revealed an infringement of the principle of the inviolability (principio de intangibilidad) of the Zona Marítimo Terrestre, it should be emphasized that, as this Court has indicated, pursuant to Article 9, final paragraph, of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley 6043, and in view of the legal nature of the asset in question, the use and enjoyment of islands and islets is reserved for concessions, whose processing entails a more stringent procedure, requiring not only the consent of the local government but also that they be subject to authorization by the Legislative Assembly, pursuant to the third paragraph of Article 42 of the Ley de la zona marítimo terrestre, which provides verbatim:

Article 42.- Concessions in tourist areas require the approval of the Instituto Costarricense de Turismo. In the other areas of the maritime-terrestrial zone, approval shall be the responsibility of the Instituto de Tierras y Colonización.

These institutes may not deny approval unless the concession violates the law, which they must expressly state in a reasoned decision. If the concession relates to a maritime island or islet, or any part thereof, approval by the Legislative Assembly shall be required.

Article 43 of the Regulations to that Law provides in the same vein:

Article 43.- Even if not stated in the respective documents, all concessions granted in accordance with this law are subject to the condition that concessionaires may not change the designated use of their parcel or of any buildings or facilities constructed thereon without the consent of the respective municipality and of the Instituto de Tierras y Colonización or the Instituto Costarricense de Turismo, as applicable.

That authorization is founded on subsection 19) of Article 140 of the Political Constitution, because the subject matter of the contract is an “asset of the Nation,” and thus this provision authorizes the Executive Branch to:

“Execute administrative contracts not covered by subsection 14) of Article 121 of this Constitution, subject to submitting them for approval by the Legislative Assembly when they provide for an exemption from taxes or fees, or concern the operation of public services or the natural resources or wealth of the State.” This interpretation also follows from decision 2006-454, which held that islands, as part of the territorial sea under Article six of the Constitution, form part of the State’s natural wealth (Article 140- subsection 19), and that the concession therefore requires legislative approval. In accordance with the cited decision, the following paragraph is worth noting:

“….. XI.- USE AND ENJOYMENT OF ISLANDS AND ISLETS. In view of the legal nature of the asset in question, the use and enjoyment of islands and islets is reserved for concessions, whose processing entails a more stringent procedure, requiring not only the consent of the local government but also that they be subject to authorization by the Legislative Assembly, pursuant to the third paragraph of Article 42 of the Ley de la zona marítimo terrestre, which provides verbatim:

‘If the concession relates to a maritime island or islet, or any part thereof, approval by the Legislative Assembly shall be required’; and Article 43 of the Regulations to that Law provides in the same vein:

‘In the case of concession applications concerning all or part of maritime islands or islets, a copy shall be forwarded for approval after completion of the procedures with the Instituto Costarricense de Turismo when the concessions are for tourist use.’ To understand the rationale underlying this provision, it is important to consider that this special authorization is founded on constitutional provisions, specifically subsection 19) of Article 140, because the subject matter of the contract is an ‘asset of the Nation,’ and thus this provision authorizes the Executive Branch to “Enter into administrative contracts not included in subsection 14) of Article 121 of this Constitution, subject to submitting them for approval by the Legislative Assembly when they stipulate exemptions from taxes or fees, or concern the operation of public services or the State’s natural resources or wealth.” Accordingly, it is considered that requiring legislative approval for this type of contract (concessions over islands and islets) is not only necessary but also advisable, insofar as such approval serves as a form of political oversight regarding an essentially important “national asset,” because it is located within the territorial sea, over which the State exercises complete and exclusive sovereignty (Article 6 of the Constitution).

Likewise, a broad debate in the Legislative Plenary is useful and necessary so that the deputies may examine the purpose, objective, timeliness, and legality of the concession (concesión). It should be noted that the exploitation and use of this “national asset” have significant economic and social repercussions, in addition to environmental, ecological, and even political repercussions; consequently, all represented caucuses must be afforded an opportunity to participate, as our constitutional framers concluded:

“The proponent explained that his motion had been included almost in its entirety in the 1949 Draft, subsection 10), Article 232. Messrs. Trejos and Esquivel had submitted it as a motion but later withdrew it because it was said that subsection 14), Article 97, which had already been approved, addressed that situation. However, the two subsections refer to two different cases.

Mr. Esquivel asked Mr. Leiva whether contracts to establish new industries in the country—governed by laws granting all manner of incentives to those new industries, governed by laws granting all manner of incentives to those industries so that they may develop in the country—fell within that subsection and therefore required legislative approval. The proponent clarified that the final exception resolved the issue. Nevertheless, Deputy Esquivel stated that he still had certain doubts, for example, regarding contracts for the operation of public services. Would a contract between the State and a bus company, for example, to transport mail have to be submitted to the Chamber for approval? The proponent observed that such minor contracts are always governed by special laws. Most often, those contracts are entered into with the interested parties not by the President himself, but by minor subordinate agencies. His intention was for the Executive’s powers to include the authority to enter into that class of administrative contracts that are not of great magnitude. The public services referred to in his motion are those of major importance, such as railroads. Mr. Leiva’s motion was put to a vote and approved” (Minutes of the National Constituent Assembly. Session number 135, of August twenty-third, nineteen forty-nine, Article 2. Volume III. Pages 147 and 148).

From the foregoing quotation and the provisions of Article 121, subsection 14), in conjunction with Article 140, subsection 19), of the Constitution, it is concluded that, because the original constitutional framers considered it advisable, the Legislative Assembly is responsible for exercising an oversight function regarding the disposition and use of “national assets” by reviewing contracts intended to govern their use and exploitation, as a condition for their legal effectiveness; a principle adopted and confirmed by the ordinary legislature in the challenged provisions.

XII. CONTINUATION

(1).- Likewise, it is important to note that legal scholarship has understood approval to represent a declaration based on assessments of the merits, timeliness, usefulness, and legality of the act submitted for review; it follows that the approving party does not participate in forming the act submitted for approval, but merely declares that the act submitted for examination is useful and timely, thereby deeming fulfilled the condition upon which the law makes the act’s effectiveness dependent. In other words, legislative action in this area serves as a condition for the legal effectiveness of this type of contract, insofar as the contract is neither complete nor produces its natural effects until such approval is granted; it thus constitutes oversight not only of legality but also of a political nature. Accordingly, in this case, the Legislative Assembly is not authorized to incorporate its will into the contract it approves, because that will was expressed by the entity that processed the concession and before which it was sought, namely, the respective municipality that submits the consultation to the Assembly.

Thus, the legislative body may approve or reject it in its entirety—not partially—depending on the timeliness, legality, and substantive merits of the contract, but it may not modify or transform it, because the authority to enter into the concession belongs exclusively to the municipalities. Consequently, any intervention by the Assembly’s legislators concerning the content of concessions over islands or islets would render the act unconstitutional, to the detriment of municipal autonomy, which is constitutionally recognized in Article 170…” In accordance with the precedent, it is considered that requiring legislative approval for this type of contract (concessions over islands and islets) is not only constitutionally necessary but also advisable, insofar as such approval serves as a form of political oversight regarding an essentially important “national asset,” because it is located within the territorial sea, over which the State exercises complete and exclusive sovereignty.

This requirement cannot be limited to concessions of tourism interest, as stated in the majority opinion, because national assets receive the same protection whenever a concession is involved, regardless of whether its purpose is tourism or some other purpose. This formal requirement must not distinguish between tourism-related and other purposes, because the protection of the State’s natural resources or wealth is the same in every case; it cannot be required in some cases involving tourism activities while being waived in others, because there are no grounds justifying a distinction that the Constitution itself does not contain.

Therefore, it is evident that the bill is contrary to the Constitution in this respect: Declaring an area subject to concession, whether identified as an island or islets, requires a special legislative approval procedure, as provided in Articles six and 140, subsection six, of the Political Constitution and aptly reflected in Article 42 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre; this is an indispensable requirement that is absent from the bill.

Por tanto:

The consultation submitted is answered as follows: the bill proceeding under legislative expediente number 18.148, “Ley de Territorios Costeros Comunitarios”: 1) Is procedurally unconstitutional because, as a bill intended to reduce or remove the protected status (desafectación) of an environmentally protected area, it lacks an essential element of the procedure, namely, a technical study justifying it and determining its actual impact on the environment. 2) Is substantively unconstitutional because it violates the principle of inviolability (intangibilidad) of the Zona Marítimo Terrestre. Notice of this judgment shall be given to the Legislative Assembly’s Governing Board and to the consulting deputies. Let it be communicated. Justices Armijo Sancho and Cruz Castro dissent and declare that Article 140, subsection 19), of the Political Constitution is also violated. Likewise, Justices Armijo Sancho and Cruz Castro provide different grounds concerning the substantive constitutional defects.

MERGEFIELD PJV:0000034CGilbert Armijo S.

MERGEFIELD PJV:00000220Acting President MERGEFIELD PJV:0000034DFernando Cruz C. MERGEFIELD PJV:0000034EFernando Castillo V.

MERGEFIELD PJV:0000034FAracelly Pacheco S. MERGEFIELD PJV:00000350 Jose Paulino Hernández G.

MERGEFIELD PJV:00000351Jorge Araya G. MERGEFIELD PJV:00000352Teresita Rodríguez A L/76

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Consulta legislativa facultativa de constitucionalidad respecto a la aprobación del proyecto de ley denominado “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” tramitado bajo el expediente N°18.148.

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de esta Sala a las 11:41 hrs. del 30 de mayo del 2013 los diputados formularon consulta legislativa facultativa -por aspectos de procedimiento y de fondo-, con respecto al proyecto de ley denominado “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” tramitado bajo el expediente N°18.148. En lo que se refiere al procedimiento, los consultantes se refirieron a lo siguiente: 1. Inexistencia de estudios técnicos que determinen la posibilidad de otorgar concesiones para el desarrollo de actividades humanas al determinar que un Refugio de Vida Silvestre se convierte en Territorio Costero Costero Comunitario: Alegan que aunque dentro del proyecto de ley se plantea que no se cambiará la categoría de manejo de Refugio, lo cierto del caso es que no constan en el expediente los estudios técnicos necesarios que acrediten si el otorgamiento de concesiones en ese Refugio, aún cuando se otorguen fuera de las áreas excluidas, podrán tener un impacto lesivo a la protección ambiental de los recursos que se encuentran ahí resguardados.Al permitirse las concesiones de porciones de terreno dentro del Refugio, indirectamente se estarían cambiando las condiciones de protección sin que se haya establecido técnicamente que tal posibilidad es factible y compatible con la protección ambiental del sitio. En el caso del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, al disponerse una declaratoria de territorio costero comunitario se estaría realizando indirectamente cambio en la categoría de manejo de Refugio, con el propósito de convertirlo en un Refugio Mixto, esto sin ningún tipo de justificación técnica, lo cual infringe el artículo 36 de la Ley Orgánica del Ambiente, consecuentemente violenta los artículos 50 y 89 constitucionales. Convertir el Refugio de Vida Silvestre es un territorio costero es contradictorio, porque supone siempre una disminución del ámbito de protección. En el expediente legislativo no se han aportado ni se tiene conocimiento de que existan estudios técnicos que previamente justifiquen si el otorgamiento de concesiones no va a afectar el ámbito de protección del refugio y la forma en que estas pueden impactar negativamente al mismo.Un territorio costero comunitario tampoco existe como una categoría de manejo previamente constituida y no se observa lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Biodiversidad, Ley N°7788 del 30 de abril de 1998. Aunque no queda muy claro ni se deduce de la redacción del capítulo respectivo del proyecto, en caso de tratarse de una desafectación de un área silvestre protegida también sería necesario que existieran los estudios técnicos que así lo justifiquen tal y como lo establecen los artículos 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley 7554 del 04 de octubre de 1995 y 59 de la Ley de Biodiversidad. En lo que se refiere al fondo, los consultantes se refirieron a lo siguiente: 1. Inconstitucionalidad del modelo de desarrollo que se impone a los territorios costeros comunitarios. Violación del artículo 50 de la Constitución Política y el Principio de Reserva de Ley: Los artículos 2, 10 y 11 del proyecto al establecer restricciones a la libertad de comercio, agricultura e industria y la iniciativa económica privada de las personas que habitarían en los llamados territorios costeros comunitarios, implican serios impedimentos para que tales personas puedan adaptarse en el tiempo a situaciones cambiantes de la economía nacional o determinar mejoras o modificaciones a sus actividades económicas, en aras de la eficiencia de la actividad productiva, aspecto que vulnera el principio de eficiencia (entendido desde la perspectiva económica).Están claros que en las zonas costeras del país existe una crisis económica y social considerable y que entre los principales problemas que la agravan, está la forma en que el Estado Costarricense ha conceptualizado el uso de la tierra sujeta a limitaciones particulares que imponen el carácter demanial de la Zona Marítimo Terrestre, lo cual impide la titulación privada de ese recurso, con las consiguientes complicaciones que ello determina para los habitantes de esas zonas. El proyecto en consulta quiere darle una matización distinta a esas comunidades, sosteniendo que existen “identidades culturales, antropológicas e históricas” que justifican un régimen excepcional para esos habitantes, sin embargo, ni siquiera la exposición de motivos señala objetivamente cuáles son esas identidades culturales, cómo se identifican, a qué parámetros responden ni desde cuándo se desarrollan en esas comunidades.Simplemente se extrae como consecuencia “de la cercanía del mar” de una serie de “costumbres y herencia cultural” que debe “ser protegida del exterminio” de otras acciones de desarrollo impulsas por empresas o por el Estado mismo han querido incentivar en ambas costas de nuestro país para incentivar la actividad económica, elevar la producción y maximizar los beneficios que se derivan del turismo y de la actividad pesquera en nuestro país. El problema es que para el caso de concreto de las zonas costeras tales planteamientos no resultan objetivos ni tampoco encuentran un sustento técnico que justifique un régimen diferenciado en el uso de la tierra con limitaciones que vengan a limitar las posibilidades de promover el progreso y el desarrollo económico y social, no solo de los pobladores de las costas sino del país en general. Justificar la imposición de un régimen limitado de actividades económicas en los territorios costeros comunitarios, partiendo del supuesto de que esas con la actividades que “históricamente” ahí se realizan, es un ejemplo de desarrollo muy limitado, contrario a la dignidad humana y el derecho al progreso de tales comunidades, porque finalmente, se le está determinando a seguir realizando actividades productivas ajenas a los principios de eficiencia económica e incluso contrarias al desarrollo sostenible con el ambiente.No existe evidencia suficiente (ni en el expediente legislativo ni tampoco en el texto aprobado en primer debate en el que se establezcan los parámetros objetivos para aclarar esa situación) sobre el por qué resulta conveniente mantener esquemas de producción en las zonas costeras que no han demostrado mejorías significativas en la forma de vida de esos habitantes, o que reflejan una mejora en los servicios disponibles al visitante y al habitante, un incremento en la oferta turística y en la actividad económica de producción agrícola o pesquera. No es lo mismo un desarrollo urbano planificado, acorde con el ambiente y en condiciones que disminuyan el impacto negativo de las actividades humanas, a la determinación legislativa de circunscribir áreas del territorio a solo unas cuantas actividades de manera justificada y contrariando libertades pública cuyo ejercicio es necesario para mejorar las condiciones de vida del ciudadano y lograr mejores índices de desarrollo, tanto en lo individual como lo local y regional.Consideran que esas disposiciones resultan contrarias a lo dispuesto en los artículos 46 y 50 párrafo primero de la Constitución Política, en primer término, porque no establecen argumentación técnica que respalde la imposición de limitaciones al uso del a esta zona del territorio nacional, ni tampoco establece los parámetros objetivos que permitan definir en forma precisa los conceptos “actividad agraria de pequeña escala, pesca artesanal, extracción sostenible de recursos marinos pesqueros, turismo local y rural comunitario, pequeñas empresas familiares y de la economía social”. Esos parámetros deberían expresarse en el texto legal en razón del principio de reserva de ley por tratarse de limitaciones al ejercicio de libertades fundamentales del ciudadano. 2. Sobre el favorecimiento exclusivo de los ocupantes que hayan habitado en el territorio costero comunitario de manera quieta, pacífica e ininterrumpida, por un periodo de al menos diez años y sus descendientes violación al principio constitucional de igualdad ante la ley: El proyecto establece aspectos que llaman poderosamente a la hora de definir criterios que permitan a esos ocupantes optar por una concesión en los territorios costeros comunitarios que parecieran no respetar esa argumentación, pero que además plantean un favorecimiento extraordinario a ciertas personas en detrimento de las demás de optar por una de esas concesiones.El artículo 13 del Proyecto de Ley establece un favorecimiento de los ocupantes actuales y sus descendientes, sean: quienes hayan habitado en el territorio costero comunitario de manera quieta, pública, pacífica e ininterrumpida, por un periodo de al menos diez años y los descendientes de estos en el tanto continúen habitando el territorio. Las personas que se encuentran actualmente ocupando esos terrenos están en iguales circunstancias, es decir, en una situación de ocupación legítima indistintamente que tenga que habitar en el territorio. En el texto legislativo no se ha expresado cuál es la razón para aplicar un tratamiento desigual entre ocupantes recientes y otros con una antigüedad mayor, aplicándose entones una discriminación odiosa entre quienes en realidad están en circunstancias idénticas, más bien paradójicamente privilegiando a quienes tienen más años de estar en situación de ilegalidad.Los costarricenses que no han habitado la zona por el periodo de diez años no podrían optar por una concesión, por lo tanto, está al servicio de un pequeño grupo de personas y no de la Nación. Consideran que esas disposiciones vulneran los principios constitucionales de igualdad y razonabilidad, establecidos en el artículo 33 constitucional. 3. Inconstitucionalidad de la afectación de bienes de dominio público por voluntad de una minoría de ciudadanos: a) De la consulta ciudadana: El artículo 8 inciso c) del proyecto en consulta plantea un mecanismo bastante inusual y contrario al principio democrático, mediante el cual se estaría sometiendo la decisión final a una pequeñísima parte de los habitantes, y entre los que probablemente estarán de acuerdo con la declaratoria de territorio costero comunitario. Es decir, será un porcentaje de la misma comunidad que se pretende declarar territorio costero comunitario, la que vía consulta popular, decidirá sobre la declaratoria del territorio costero comunitario excluyendo toda posibilidad de participación de otros nacional no habitantes de la zona pero cuyos derechos podrían estar en riesgo o verse afectados por la declaratoria.Por lo tanto se establece un favorecimiento inconstitucional de la comunidad que se pretende declarar territorio costero comunitario en perjuicio del resto de la población, especialmente tratándose de la disposición de bienes demaniales sobre las cuales no podrá un pequeño grupo de personas, ajena al ejercicio legítimo de la representación popular, decidir sobre bienes de dicha naturaleza, y lo que es más grave, se estaría decidiendo sobre un bien demanial que pertenece a la Nación en su conjunto por un pequeño grupo local de habitantes, contrariando el concepto de que los bienes de dominio público le pertenecen a todos y sobre los cuales –en principio- todos debería tener derecho a decidir su destino sea mediante consulta popular a nivel nacional o a través de sus representantes en la Asamblea Legislativa. Consideran que esas disposiciones vulneran el artículo 33 constitucional y la naturaleza demanial de la franja costera de conformidad con los artículos 6 y 121 inciso 14) de la Constitución Política; b) De la conformación de la Comisión Especial Mixta, Violación del artículo 169 de la Constitución Política y conflicto de intereses: Los artículos 7 y 15 del proyecto establecen la conformación de una Comisión Especial Mixta cuya competencia no solo se daría en el marco de proceder con los trámites de declaratoria del territorio costero comunitario, sino también directamente con la conformación de la lista de beneficiarios que podrán ser beneficiados de concesiones en esas zonas.La administración de bienes de dominio público supone el ejercicio de potestades de imperio y de actuaciones que de ordinario realizan personas investidas del carácter de funcionario público, sujetos a un régimen administrativo de responsabilidades y obligaciones propias del Derecho Público, y particularmente del Régimen Municipal constitucional previsto. La participación de particulares en esas decisiones supone una flagrante violación de competencias que constitucionalmente está reservadas para los Regidores Municipales y al funcionario ejecutivo al que alude el artículo 169 constitucional. No puede interpretarse el artículo 169 desde una óptica extensiva con el objeto de abonar a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, especialmente, por tratarse de la administración de bienes de dominio público. La conformación de comisiones para la atención de los asuntos municipales cuya competencia le corresponde al Concejo Municipal, debiera darse únicamente por representantes legítimamente electos por el conjunto de los ciudadanos que habitan en ese respectivo Comité, precisamente para respetar el principio democrático y no por aquellos que solamente presentan un documento escrito que carece de formalidades y control de autenticidad o verificación de las formas que respaldan la designación.Ese mecanismo de asignar a los “representantes populares” debiera guardar al menos en forma análoga el carácter que les otorga a las personas que se integran a Comisiones Mixtas de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, en el sentido de que solo podrían integrarse particulares a esta clase de comisiones municipales en el carácter de asesores con derecho a vos pero sin voto, con el propósito de evitar el conflicto de intereses. La existencia de esa reserva constitucional para definir quiénes son los administradores de los intereses municipales se establece, en primer término, obliga a la realización de un proceso democrático amplio para su escogencia y legitimación, y en segundo lugar, para imponer un régimen especial de condiciones y obligaciones que estos funcionarios de elección popular pueden observar al administrar los bienes públicos que les fueron encomendados, con exclusión de sus intereses particulares.Al asignarse competencias públicas a una Comisión Especial Mixta en donde algunos de sus integrantes carecen de esa plena legitimación democrática de origen y que además tienen intereses particulares en los asuntos que se someterán a su conocimiento, ello supone una violación al artículo 169 de la Constitución Política. 4. Afectación de la zona pública como bien demanial destinado al disfrute de la colectividad: Violación de los artículos 6, 50, 89 y 121 inciso 14) de la Constitución: El proyecto si bien mantiene la franja de cincuenta metros contigua a pleamar ordinaria bajo la calificación de zona pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre, N°6043 de 02 de marzo de 1977 y sus reformas, permite que se realicen concesiones en la zona pública con “carácter excepcional”, imponiéndole la posibilidad de excluir porciones de esa zona históricamente reservada para el disfrute público y facilitarla al goce particular de un concesionario.Por razones constitucionales la zona pública no puede ser objeto de ocupación particular de modo que impida el uso de unos con exclusión de oro, por lo que el proyecto en consulta, estaría incurriendo en violación a dicho principio al permitir concesiones que excluyen ese uso público. Si bien se establece que la zona marítimo terrestre “será ocupada excepcionalmente” ello implica que habrá concesiones que impedirán a los demás al libre tránsito o el disfrute del espacio concesionado; y adicionalmente, tampoco establece los parámetros –que deben estar legalmente establecidos en virtud del principio de reserva de ley- sobre los cuales podría aplicarse la concesión excepcional, dejando al criterio discrecional de la Administración Municipal la decisión del asunto en perjuicio de la seguridad jurídica de modo tal que se permita una ocupación “no excepcional” en dicha zona. Implica de igual forma una transgresión de la naturaleza demanial de la zona pública cuyo destino es precisamente el uso gratuito y sin exclusiones de todos los habitantes, al violentar gravemente los principios de intangibilidad y de uso universal de la zona pública.El proyecto en consulta también posibilita la ocupación de la zona pública sin estar sujeto a la planificación territorial que permita garantizar la protección del ambiente y la belleza escénica de nuestras playas, toda vez que ya no estaría sujeta a lineamientos de la institución pública del sector turismo como de las encargadas de la tutela ambiental, lo cual supone también un debilitamiento en la protección de ese recurso y la potenciación e las ventajas económicas que pueden obtenerse de un aprovechamiento planificado de la zona pública. 5. Sobre la lista de comunidades que podrían optar por la declaratoria de territorio costero comunitario: El artículo 9 del proyecto en cuestión establece una lista numerus apertus de territorios que pueden optar por la declaratoria de territorios costeros comunitarios, precisamente porque aclara que otras comunidades también podrán optar por dicha declaratoria si cumplen con los requisitos de ley, y en esa lógica, esta normativa incluso establece cuál será el procedimiento marco para realizar la declaratoria de territorio costero comunitario. 6.Inconstitucionalidad de la declaratoria de territorio costero comunitario del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional y de las Islas Venado, Cedros, Chira y Caballo por ausencia de estudios técnicos: Los artículos 45 y 39 de la iniciativa de ley determinan de forma directa una declaratoria de territorios costeros comunitarios a las Islas Venado, Cedros, Chira y Caballo así como del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. El expediente no incorpora estudios técnicos que sustenten la factibilidad y conveniencia de dicha declaratoria, lo que supone problemas de inconstitucionalidad por no demostrarse el interés público de dicha declaratoria, así como la razonabilidad y proporcionalidad debida, que justifique el cambio de régimen y la consecuente desaplicación de las regulaciones de carácter general que actualmente les resulten aplicables, como las contenida en la Ley de Zona Marítimo Terrestre, la Ley Forestal en cuanto a la protección del Patrimonio Nacional de Estado y la Ley Orgánica del Ambiente, en cuanto a las áreas silvestres protegidas, todo en violación de los artículos 50 y 89 de la Constitución Política.En el caso de las islas permite el otorgamiento de concesiones en los territorios insulares indicados, lo cual por disposición legal solamente puede ser dado por la Asamblea Legislativa. Este cambio del Refugio en relación con el artículo 11 del mismo cuerpo normativo en consulta platea una serie contradicción dentro de la misma ley al establecer que no son concesionables los terrenos que presenten espacios abiertos de uso común, aquellos que posibiliten el libre acceso a la costa. 7. Inconstitucionalidad del proyecto de ley por ausencia de salvaguardas ambientales: El proyecto en general es omiso respecto a las salvaguardas ambientales necesarias para garantizar la protección del ambiente, lo cual lesionaría el artículo 50 y 89 de la Constitución Política. No incorpora la obligatoriedad de aplicar variables ambientales de previo a la declaratoria de territorios costeros comunitarios, lo cual hace que se obvien requisitos importantes en el proceso de planificación territorial que permitan establecer la actitud de la zona para ser declarada territorio costero comunitario.Los planes reguladores urbanos que se deben elaborar y aprobar una vez realizada la declaratoria de territorios costeros comunitarios no incorporan la obligatoriedad de ajustarse a la normativa ambiental vigente. Tampoco incorporan la obligatoriedad de atender las características propias de la zona costera ni incorporan el uso sostenible de los recursos naturales y la protección y conservación de los ecosistemas marítimo-costeros del litoral, así como, medidas de mitigación para prevenir la afectación ambiental. No se establece dentro de los requisitos la necesidad de contar con un estudio que certeramente establezca la viabilidad ambiental de la declaratoria de territorio costero comunitario. La Presidencia de la Sala tuvo por presentada la consulta mediante resolución de las catorce horas y cincuenta y dos minutos del treinta y uno de mayo del dos mil trece. La copia certificada del expediente legislativo N°18.148. se recibió en la Sala el 05 de junio del 2013. El Magistrado Instructor solicitó una prueba para mejor resolver el 05 de julio del 2013. La prueba fue aportada el 17 de julio del 2013. El término para evacuarla vence el día 17 de agosto del 2013.
  2. 2Por resolución de las quince horas y treinta y ocho minutos del cinco de julio del dos mil trece el Magistrado Instructor solicitó prueba para mejor resolver (ver registro electrónico).
  3. 3Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 15:55 hrs. del 17 de julio del 2013 Luis Fernando Mendoza Jiménez en su calidad de Presidente de la Asamblea Legislativa en cumplimiento a la prevención de las quince horas y treinta y ocho minutos del cinco de julio del dos mil trece manifestó (ver registro electrónico) que: a) Si bien es cierto una cantidad importante de entidades dieron respuesta a la consulta realizada, algunas no atendieron la solicitud de criterio y otras, como el caso del Ministerio de Ambiente, Energía y telecomunicaciones solicitaron prórroga, sin que a la fecha hayan presentado documento alguno en el que se atienden los estudios requeridos; b) La Comisión Permanente del Ambiente realizó todas las consultas necesarias para proceder con el trámite del expediente legislativo, siendo que a la falta de respuesta de algunas de ellas no resulta atribuible a la Asamblea Legislativa, sino a la inacción de la entidad consultada; c) No existen documentos, estudios o informes adicionales que remitir al Tribunal Constitucional.
  4. 4Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 08:42 hrs. del 23 de julio del 2013 el diputado José María Villalta Flórez-Estrada presenta una serie de manifestaciones relacionadas con la prueba para mejor resolver solicitada y solicita considerar las aclaraciones realizadas y valorar que el proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios, expediente N°18.148 establece expresamente el requisito de estudios técnicos y otros, previos a la declaratoria de territorios costeros comunitarios (ver registro electrónico).
  5. 5En los procedimientos se han acatado las disposiciones del artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y esta resolución se dicta dentro del término que establece el artículo 101 ibídem.

Redacta el Magistrado Cruz Castro, excepto el aspecto sexto que redacta el Magistrado Castillo Víquez en relación únicamente con lo relativo a las islas e islotes.

Considerando:

I. ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS Y LEGITIMACIÓN DE LOS CONSULTANTES

El artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone la posibilidad de que esta Sala emita opiniones consultivas previas sobre los proyectos legislativos (inciso b), cuando la consulta sea presentada por un número no menor de diez Diputados. La figura de la consulta legislativa tiene como objeto conocer proyectos de ley luego de su aprobación en primer debate y antes del definitivo. Es al amparo de tales normas que se presentan estas gestión de consulta sobre la constitucionalidad de aspectos de procedimiento y fondo del respecto del proyecto legislativo número 18.148 denominado “Ley de Territorios Costeros Comunitarios”.

II. OBJETO DE LA CONSULTA

La presente consulta preceptiva de constitucionalidad se formula por los y las Disputadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con relación al Proyecto de "Ley de Territorios Costeros Comunitarios", que se tramita en el expediente legislativo número 18.148.

III. GENERALIDADES DEL EXPEDIENTE LEGISLATIVO NÚMERO 18.148. QUE ES PROYECTO DE "LEY DE TERRITORIOS COSTEROS COMUNITARIOS”

Según la exposición de motivos dispuesta en el expediente legislativo en estudio, este proyecto de ley tiene como fin crear los denominados “territorios costeros comunitarios”, regulando el régimen de uso y aprovechamiento de los recursos comprendidos en esos espacios, los cuales forman parte de la zona marítimo terrestre y califican como bienes de dominio público (artículos 1, 2 y 3 del proyecto).

IV. LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚMERO 18.148. EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

El proyecto Ley de Territorios Costeros Comunitarios" expediente legislativo número 18.148., ha seguido el siguiente orden cronológico:

<![if !supportLists]>1) <![endif]>El proyecto, que es de iniciativa de Poder Ejecutivo, fue presentado a la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, a las 17:45 hrs. del 09 de junio del 2011 (folios 1 y siguientes del expediente legislativo); <![if !supportLists]>2) <![endif]>El 09 de junio del 2011 se entregó una copia fiel del Expediente 18.148 al Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de conformidad con el artículo 118 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (folio 44 del expediente legislativo); <![if !supportLists]>3) <![endif]>El 23 de junio del 2011 el Director del Departamento de Archivo, Investigación y Trámite remitió el Expediente 18.148 a la Imprenta Nacional (folio 45 del expediente legislativo); <![if !supportLists]>4) <![endif]>En fecha 21 de julio del 2011 se acordó en Sesión N°08 de acordó remitir el expediente 18.148 a consulta a las siguientes entidades: Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Municipalidades de todo el país, Consejos Municipales de Distrito, Defensoría de los Habitantes, Universidades Públicas, Tribunal Supremo de Elecciones, Sistema Bancario Nacional, Instituto de Desarrollo Agrario, Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Instituto Costarricense de Turismo, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Catastro Nacional, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Planificación (folio 48-55 del expediente legislativo); <![if !supportLists]>5) <![endif]>En fecha 27 de julio del 2011 Representantes del Frente Nacional de Comunidades Amenazadas por Políticas de Extinción manifestaron el apoyo al proyecto de ley (folio 56-59 del expediente legislativo); <![if !supportLists]>6) <![endif]>En fecha 09 de agosto del 2011 mediante oficio SM-523-2011 de fecha 03 de agosto del 2011 la Secretaría del Cantón Central de Puntarenas informó que apoyaban la Ley Especial para preservar la integridad de los Pueblos Costeros y apoyar las gestiones de los habitantes que nacieron antes de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (folio 142-143 del expediente legislativo); <![if !supportLists]>7) <![endif]>En fecha 11 de agosto del 2011 la Municipalidad de Talamanca mediante oficio SCMT-286-2011 presentó el informe requerido (folio 163-165 del expediente legislativo); <![if !supportLists]>8) <![endif]>En fecha 16 de agosto del 2011 mediante oficio PE-1490-2010 el Instituto de Desarrollo Agrario solicitó una prórroga de diez días para rendir el informe correspondiente (folio 186 del expediente legislativo); <![if !supportLists]>9) <![endif]>En fecha 18 de agosto del 2011 mediante oficio DH-0444-2011 la Defensoría de los Habitantes solicitó una prórroga de quince días para rendir el informe correspondiente (folio 184 del expediente legislativo); <![if !supportLists]>10) <![endif]>En fecha 24 de agosto del 2011 el Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica mediante oficio GG-125-11 de fecha 23 de agosto del 2011 aportó el criterio solicitado e informó que no tenía observaciones ni objeciones en cuanto al expediente 18.148 (folio 187-189 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>11) <![endif]>En fecha 24 de agosto del 2011 el Gerente del Banco de Costa Rica presentó el criterio solicitado y manifestó estar en desacuerdo con las propuestas que podrían provocar desventajas injustificadas entre distintos segmentos productivos de la sociedad y que tienen igual necesidad de atención financiera (folio 192 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>12) <![endif]>En fecha 25 de agosto del 2011 mediante oficio PE-881-2011 el Instituto de Desarrollo Agrario solicitó una prórroga de un mes para rendir el informe correspondiente (folio 193 del expediente legislativo); <![if !supportLists]>13) <![endif]>En fecha 25 de agosto del 2011 mediante oficio PE-0217-08-2011 de fecha 22 de agosto del 2011 la Presidenta Ejecutiva del Instituto de Desarrollo Agrario aportó el criterio solicitado y manifestó que el proyecto es a favor de un pequeño grupo de pobladores de la zona marítimo terrestre por lo que solicitan el archivo del expediente (folio 194-201 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>14) <![endif]>En fecha 29 de agosto del 2011 la División Jurídica del Instituto Costarricense de Electricidad aportó el criterio solicitado indicando que era conveniente incluir en el Capítulo IX, Reformas a otras leyes y derogatorias, artículo 47.- Reformas y Adiciones, una propuesta de modificación al artículo 18 de la Ley Forestal (ver folio 208-209 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>15) <![endif]>En fecha 29 de agosto del 2011 la Dirección Jurídica del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones solicitó una prórroga de quince días para presentar el criterio solicitado (folio 210 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>16) <![endif]>En fecha 01 de setiembre del 2011 el Gerente General del Banco Crédito Agrícola de Cartago 2011 presentó el informe requerido y manifestó no tener observaciones (folio 211 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>17) <![endif]>En fecha 07 de setiembre del 2011 mediante oficio CU-D-09-519 el Director del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica solicitó prórroga para brindar el criterio solicitado (folio 212 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>18) <![endif]>En fecha 01 de setiembre del 2011 el Instituto Costarricense de Turismo presentó el criterio solicitado y manifestó estar en desacuerdo con el proyecto (folio 213-225 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>19) <![endif]>En fecha 08 de setiembre del 2011 en sesión N°14 la Comisión Permanente Especial de Ambiente acordó incorporar al expediente del proyecto de ley todas las respuestas recibidas en las Consultas realizadas en la Comisión de Gobierno y Administración (folio 229-672 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>20) <![endif]>En fecha 03 de agosto del 2011 mediante oficio SM-523-2011 la Municipalidad de Puntarenas aportó el criterio solicitado (folio 643-644 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>21) <![endif]>En fecha 10 de setiembre del 2011 representantes del Frente Nacional de Comunidades Costeras presentaron un documento relacionado con el contenido del expediente 18.148 (folio 646-895 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>22) <![endif]>En fecha 13 de setiembre del 2011 vecinos de la comunidad manifestaron el aval para el proyecto "Ley de Territorios Costeros Comunitarios" (folio 896-906 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>23) <![endif]>En fecha 13 de setiembre del 2011 mediante oficio CMOPT-3553-11 el Ministro de Obras Públicas y Transportes presentó el criterio solicitado y manifestó avalar el criterio aportado por el Director el Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folio 907-909 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>24) <![endif]>En fecha 14 de setiembre del 2011 la Municipalidad de Aguirre presentó el informe requerido y manifestó su oposición con el proyecto de ley (folio 910-915 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>25) <![endif]>En fecha 19 de setiembre del 2011 mediante oficio REF:CU.211-489 el Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia aportó el criterio solicitado y recomendó apoyar el proyecto de ley (folio 916-921 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>26) <![endif]>En fecha 22 de setiembre del 2011 la Comisión Permanente Especial de Ambiente recibió el Informe de la Subcomisión sobre el proyecto de ley expediente Nª18148 y recomendaron el Dictamen Afirmativo (folio 923-935 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>27) <![endif]>En fecha 28 de setiembre del 2011 la Comisión Permanente Especial de Ambiente aprobó la moción presentada para dispensar de lectura el texto sustitutivo que adjuntó al informe de subcomisión sobre el proyecto de ley (folio 936-957 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>28) <![endif]>En sesión ordinaria de fecha 22 de setiembre del 2011 se acordó ubicar el expediente 18.148 en el segundo lugar del orden del día hasta su votación final (folio 958-1023 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>29) <![endif]>En fecha 22 de setiembre del 2011 mediante oficio DM-743-2011 el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones rindió el criterio solicitado y señaló una serie de recomendaciones para que fueran tomadas en cuenta de previo a la aprobación del proyecto de ley (folio 1024-1027 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>30) <![endif]>En fecha 28 de setiembre del 2011 la Contraloría General de la República aportó el criterio solicitado e indicó una serie de aspectos que en resumen no aprueban el proyecto de ley (folio 1028-1042 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>31) <![endif]>En fecha 28 de setiembre del 2011 la Asociación de Desarrollo Integral Barra del Colorado Pococì Limón solicitó ser tomada como parte (folio 1043 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>32) <![endif]>En fecha 29 de setiembre del 2011 el Sistema Nacional de Áreas de Conservación aportó el criterio solicitado y manifestó su oposición con el proyecto (folio 1045-1052 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>33) <![endif]>En fecha 04 de octubre del 2011 la Defensoría de los Habitantes aportó el criterio solicitado y manifestó su oposición con el proyecto (folio 1053-1066 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>34) <![endif]>En fecha 06 de octubre del 2011 estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad de Costa Rica presentaron un escrito mediante el cual manifestaban su apoyo al proyecto de ley (folio 1067-1114 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>35) <![endif]>En fecha 06 de octubre del 2011 el Diputado Alfonso Pérez Gómez presentó una moción para que se eliminara el inciso d), e) del artículo 1, párrafo segundo del artículo 2, inciso c), f) del artículo 4, el artículo 13, el artículo 14, el artículo 15, el artículo 16, el artículo 17, el artículo 21, el artículo 22, el artículo 25, el artículo 30, se agregue un artículo 1 relacionado con el objeto, un articulo 2 relacionado con los principios rectores, un artículo 3 relacionado con el interés público, un artículo 5 relacionado con la delimitación de los territorios costeros comunitarios, un artículo 6 relacionado con la creación y ampliación, un artículo 7 relacionado con la eliminación, reducción y exclusión, un artículo 8 relacionado con las y los pobladores, un artículo 9 relacionado con los derechos -específicamente los incisos a), e)-, un artículo 11 relacionado con la Administración, un artículo 12 relacionado con los Planes Participativos de Ordenamiento Territorial, un artículo 19 relacionado con el Registro de Concesiones, un artículo 22 relacionado con la Distribución Equitativa de la Tierra, un artículo 24 relacionado con el Procedimiento para el Otorgamiento de Concesiones, un artículo 26 relacionado con el Carácter intransferible de las concesiones y sus excepciones, un artículo 27 relacionado con el Plazo y las Prórrogas, se lea diferente el inciso e) del artículo 28, el artículo 29 y se agreguen unos territorios en el artículo 44, se solicite informe al Departamento de Servicios Técnicos un Informe Integrado que incorpore aspectos jurídicos, socio ambientales y económicos, se consulte el texto sustitutivo a la Procuraduría General del a República, a la Unión de Gobiernos Locales y al Ministerio de Cultura y Juventud, se le consulte el Departamento de Servicios Técnicos sobre su criterio técnico con respecto a si el proyecto de ley tiene roces con la autonomía municipal y de las instituciones autónomas, se le consulte al Departamento de Servicios Técnicos sobre su criterio técnico con respecto a la votación requerida en el Plenario del proyecto de ley, se le conceda audiencia al ICT, a la Unión de Gobiernos Locales y el MINAET, se revise la votación recaída sobre la moción Nª1, Nª2, Nª3, Nª4, Nª5, Nª6, Nª7, Nª8, Nª9, Nª10, Nª11, Nª12, Nª13, Nª14, Nª15, Nª16, Nª17, Nª18, Nª19, Nª20, Nª21, Nª22, Nª23, Nª24, Nª25, Nª26, Nª27, Nª28, Nª29, Nª30, Nª31, Nª32, Nª33, Nª34, Nª35 (folio 1115-1205 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>36) <![endif]>En fecha 06 de octubre del 2011 el Diputado Claudio Monge solicitó la revisión de la votación recaída sobre el expediente 18.148 (folio 1206 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>37) <![endif]>En sesión ordinaria Nª16 de fecha 06 de octubre del 2011 se conocieron las mociones presentadas por el Diputado Alfonso Pérez Gómez, la Diputada Espinoza Espinoza, el Diputado Hernández Rivera –algunas mociones aprobadas y otras rechazadas- (folio 1207-1258 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>38) <![endif]>En fecha 10 de octubre del 2011 el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje le informó al Diputado Claudio Enrique Monge Pereira que la Junta Directiva había aprobado la recomendación emitida por la Asesoría Legal con respecto al proyecto de ley del expediente Nª18.148 (folio 1259-1267 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>39) <![endif]>En fecha 10 de octubre del 2011 la Comisión Permanente Especial de Ambiente solicitó una prórroga de treinta días para rendir el informe (folio 1267 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>40) <![endif]>En fecha 11 de octubre del 2011 se incorporó al expediente legislativo el escrito enviado por la Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario mediante el cual manifestaban el apoyo a la Ley de Territorios Costeros Comunitarios (folio 1269 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>41) <![endif]>En fecha 13 de octubre del 2011 el Frente Nacional de Comunidades Costeros presentó un escrito con cinco mil veintiún firmas de apoyo al Proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios (folio 1270-1527 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>42) <![endif]> En fecha 19 de octubre del 2011 la Universidad Nacional de Costa Rica aportò el acuerdo tomado por el Consejo Universitario mediante el cual expresan el aval afirmativo al Proyecto de Ley 18.148 (folio 1528-1539 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>43) <![endif]>En fecha 13 de octubre del 2011 se emitió el Dictamen Afirmativo de Mayoría al Proyecto de Ley 18.148 (folio 1540-1574 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>44) <![endif]>En fecha 27 de octubre del 2011 la Comisiòn Permanente de Ambiente hizo la siguiente aclaración: “Se hace la aclaración que por un error involuntario en la página anterior se indicó de manera errónea la fecha en que se dictaminó este asunto, debiendo leerse correctamente: “DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÒN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE, San José a los seis días del mes de octubre del dos mi once” (folio 1575 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>45) <![endif]>En fecha 27 de octubre del 2011 la Comisión Permanente Especial de Ambiente entregó a la Dirección Ejecutiva del Dictamen Afirmativo de Mayoría del expediente 18.148, Ley de Terrritorios Costeros Comunitarios (folio 1576 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>46) <![endif]>En fecha 03 de noviembre del 2011 se presentò ante la Comisiòn Permanente Especial de Ambiente el Informe Negativo de Minorìa firmado por el Diputado Alfonso Pèrez Gòmez (folio 1579-1600 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>47) <![endif]>En fecha 08 de noviembre del 2011 mediante oficio PRE-0272-2011 el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados aportò el informe solicitado y manifestó estar de acuerdo con el Proyecto de Ley 18.148 (folio 1601-1602 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>48) <![endif]>En fecha 17 de noviembre del 2011 la Secretarìa del Directorio de la Asamblea Legislativa aprobò la moción de orden para posponer todos los asuntos en conocimiento del Plenario Legislativo y entrar a conocer el Punto de Mociones de Alteraciòn e incluir el expediente 18.148 “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 1603 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>49) <![endif]>En fecha 30 de abril del 2012 el Departamento de Servicios Tècnicos remitió el Informe Integrado del expediente Nª18.148, Ley de Territorios Costeros Comunitarios (folio 1616-1674 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>50) <![endif]>Por Decreto Ejecutivo 37.090-MP la Presidenta de la República y el Ministro de la Presidencia ampliaron la convocatoria a sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa para conocer el Proyecto de Ley 18.148 (folio 1677 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>51) <![endif]>En fecha 07 de mayo del 2012 en sesión ordinaria N°5 se aprobó una moción para que el proyecto de ley N°18.148, Ley de Territorios Costeros Comunitarios” ocupara el primer lugar en el aparte de primeros debates de la segunda parte del orden del día del Plenario (folio 1684 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>52) <![endif]>En Sesión Plenaria N°5-6 de fecha 07 y 08 de mayo del 2012 se discutieron las mociones vía artículo 137 (folio 1685-1728 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>53) <![endif]>En sesión ordinaria N°13 de fecha 22 de mayo del 2012 se aprobó una moción de orden de la jefa y los jefes de fracción que consideran que mientras tanto se efectúe la elección del Contralor (ra) y Subcontralor (ra) también se debe avanzar en el conocimiento de la Agenda Legislativa (folio 1729-1741 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>54) <![endif]>En fecha 23 de mayo del 2012 la Secretaría del Directorio Legislativo en sesión N°14 dio lectura al acuerdo de los Jefes de Fracción de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (folio 1742-1754 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>55) <![endif]>En fecha 21 de junio del 2012 la Comisión Permanente Especial de Ambiente entregó a la Secretaría del Directorio el primer informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa remitidas por el Plenario Legislativo sobre el proyecto “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 1755-1850 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>56) <![endif]>Mediante oficio 0287-CCC-12 de fecha 12 de junio del 2012 el Director Ejecutivo de la Cámara Costarricense de Construcción solicitó una audiencia a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa para referirse al expediente 18.148 (folio 1851 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>57) <![endif]>En fecha 28 de junio del 2012 el Gerente General de la Cooperativa Nacional de Productores de Sal Responsabilidad Limitada (COONAPROSAL R.L.) se refirió al proyecto de ley del expediente 18.148 (folio 1852-1856 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>58) <![endif]>Mediante oficio P-074-12 de fecha 10 de julio del 2012 la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) presentó su opinión en cuanto expediente 18.148 (folio 1857-1862 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>59) <![endif]>Mediante oficio 317-CCC-12 de fecha 04 de julio del 2012 el Director Ejecutivo de la Cámara Costarricense de Construcción presentó su opinión en cuanto expediente 18.148 (folio 1863-1875 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>60) <![endif]>En fecha 20 de junio del 2012 mediante oficio REF-VE-0172-2012 la Cámara de Industrias de Costa Rica presentó su opinión en cuanto expediente 18.148 (folio 1876-1877del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>61) <![endif]>Mediante Decreto Ejecutivo N°37.230-MP el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias para conocer varios proyectos de ley, en los cuales se encuentra el expediente 18.148 (folio 1878-1881del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>62) <![endif]>En fecha 30 de agosto del 2012 en sesión ordinaria N°57 se aprobó moción de posposición para que todos los asuntos de la segunda parte de la sesión se pospongan y se conozcan los proyectos de ley: 18.148, 16.434, 18.207 y 18.440 (folio 1888-1911 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>63) <![endif]>En fecha 11 de octubre del 2012 la Comisión Permanente Especial de Ambiente entregó a la Secretaría del Directorio el segundo informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa remitidas por el Plenario Legislativo sobre el proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 1912-2064 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>64) <![endif]>Mediante Decreto Ejecutivo N°37.577-MP el Poder Ejecutivo amplió la convocatoria a sesiones extraordinarias (folio 2065-2066 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>65) <![endif]>En sesión ordinaria N°145 de fecha 11 de marzo del 2013 se continuó con la discusión en el trámite de primer debate del expediente N°18.148 con el segundo informe de mociones vía artículo 137 (folio 2067-2099 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>66) <![endif]>Mediante Decreto Ejecutivo 37.601-MO, 37.602-MP y 37.603-MP el Poder Ejecutivo reiteró del conocimiento de sesiones extraordinarias (folio 2100-2106 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>67) <![endif]>El 22 de marzo del 2013 la Comisión Permanente Especial de Ambiente entregó a la Secretaría del Directorio el tercer informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa remitidas por el Plenario Legislativo sobre el proyecto: “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2107-2238 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>68) <![endif]>Por oficio AMB-039-2013 de fecha 02 de abril del 2013 se le solicitó a la Contralora General de la República el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2245-2246 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>69) <![endif]>Por oficio AMB-040-2013 de fecha 02 de abril del 2013 se le solicitó al Ministro de Ambiente y Energía el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2247-2248 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>70) <![endif]>Por oficio AMB-041-2013 de fecha 02 de abril del 2013 se le solicitó a la Procuradora General de la República el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2249-2250 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>71) <![endif]>Por oficio AMB-042-2013 de fecha 02 de abril del 2013 se le solicitó a la Defensoría de los Habitantes el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2251-2252 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>72) <![endif]>Por oficio AMB-043-2013 de fecha 02 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones la Defensoría de los Habitantes el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2253-2254 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>73) <![endif]>Por oficio AMB-044-2013 de fecha 03 de abril del 2013 se le solicitó al Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2256-2257 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>74) <![endif]>Por oficio AMB-045-2013 de fecha 03 de abril del 2013 se le solicitó al Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2258-2259 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>75) <![endif]>Por oficio AMB-046-2013 de fecha 03 de abril del 2013 se le solicitó al Ministro de Seguridad Pública, de Gobernación y Policía el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2261-2263 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>76) <![endif]>Por oficio AMB-047-2013 de fecha 03 de abril del 2013 se le solicitó al Ministro de Planificación Nacional y Política Económica el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2267-2268 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>77) <![endif]>Por oficio AMB-047-2013 de fecha 03 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2269-2270 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>78) <![endif]>Por oficio AMB-047-2013 de fecha 04 de abril del 2013 se le solicitó al Concejo Municipal el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2272-2283 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>79) <![endif]>Por oficio AMB-049-2013 de fecha 04 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente de la Junta Directiva Comisión de Energía Atómica de Costa Rica el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2285-2286 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>80) <![endif]>Por oficio AMB-050-2013 de fecha 04 de abril del 2013 se le solicitó al Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2287-2288 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>81) <![endif]>Por oficio AMB-051-2013 de fecha 04 de abril del 2013 se le solicitó al Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2290-2291 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>82) <![endif]>Por oficio AMB-052-2013 de fecha 04 de abril del 2013 se le solicitó al Gerente General del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2292-2293 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>83) <![endif]>Por oficio AMB-053-2013 de fecha 04 de abril del 2013 se le solicitó al Decano Del Colegio Universitario de Cartago el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2295-2296 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>84) <![endif]>Por oficio AMB-054-2013 de fecha 04 de abril del 2013 se le solicitó al Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2297-2298 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>85) <![endif]>Por oficio AMB-055-2013 de fecha 04 de abril del 2013 se le solicitó al Director del Colegio Universitario de Limón el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2299-2300 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>86) <![endif]>Por oficio AMB-056-2013 de fecha 04 de abril del 2013 se le solicitó a la Directora del Instituto Costarricense del Deporte el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2301-2302 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>87) <![endif]>Por oficio AMB-057-2013 de fecha 05 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2306-2307 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>88) <![endif]>Por oficio AMB-058-2013 de fecha 05 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2308-2309 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>89) <![endif]>Por oficio AMB-059-2013 de fecha 05 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente de la Junta Directiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2310-2311 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>90) <![endif]>Por oficio AMB-060-2013 de fecha 05 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2313-2314 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>91) <![endif]>Por oficio AMB-061-2013 de fecha 08 de abril del 2013 se le solicitó al Regulador General de la Autoridad de los Servicios Públicos el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2316-2318 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>92) <![endif]>Por oficio AMB-062-2013 de fecha 08 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente Ejecutivo de INCOPESCA el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2319-2331 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>93) <![endif]>Por oficio AMB-063-2013 de fecha 08 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2322-2324 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>94) <![endif]>Por oficio AMB-064-2013 de fecha 08 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2325-2327 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>95) <![endif]>Por oficio AMB-064-2013 de fecha 08 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2325-2327 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>96) <![endif]>Mediante oficio N°340413 de fecha 08 de abril del 2013 el Presidente de la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica aportó el criterio solicitado (folio 2330 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>97) <![endif]>Por oficio AMB-065-2013 de fecha 08 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2331-2332 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>98) <![endif]>Mediante oficio SE 97-2013 de fecha 05 de abril del 2013 el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación aportó el criterio solicitado (folio 2333 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>99) <![endif]>Por oficio AMB-066-2013 de fecha 08 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2334-2335 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>100) <![endif]>Por oficio AMB-067-2013 de fecha 08 de abril del 2013 se le solicitó a la Presidenta Ejecutiva del INAMU el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2336-2337 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>101) <![endif]>Por oficio AMB-068-2013 de fecha 08 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2338-2339 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>102) <![endif]>Por oficio AMB-069-2013 de fecha 08 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2341-2342 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>103) <![endif]>Por oficio AMB-070-2013 de fecha 08 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2344-2345 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>104) <![endif]>Por oficio AMB-071-2013 de fecha 08 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2346-2347 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>105) <![endif]>Mediante oficio SCMT-045-2013 de fecha 09 de abril del 2013 el Concejo Municipal de Talamanca aportó el criterio solicitado (folio 2349-2361 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>106) <![endif]>Mediante oficio 257-291-2013 de fecha 22 de abril del 2013 el representante del Instituto Costarricense de Electricidad aportó el informe solicitado (folio 2365-2367 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>107) <![endif]>Mediante oficio GG-04-106-2013 de fecha 09 de abril del 2013 el representante del Banco de Costa Rica aportó el informe solicitado (folio 2368 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>108) <![endif]>Por oficio AMB-072-2013 de fecha 10 de abril del 2013 se le solicitó al Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2370-2371 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>109) <![endif]>Por oficio AMB-072-2013 de fecha 08 de abril del 2013 se le solicitó al Rector de la Universidad de Costa Rica el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2372-2373 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>110) <![endif]>Por oficio AMB-073-2013 de fecha 08 de abril del 2013 se le solicitó al Rector de la Universidad Nacional de Costa Rica el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2375-2376 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>111) <![endif]>Por oficio AMB-074-2013 de fecha 08 de abril del 2013 se le solicitó al Rector de la Universidad Nacional Estatal a Distancia el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2377-2378 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>112) <![endif]>Por oficio AMB-076-2013 de fecha 10 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente Ejecutivo de RECOPE el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2379-2380 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>113) <![endif]>Por oficio AMB-077-2013 de fecha 10 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente Ejecutivo de JAPDEVA el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2382-2383 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>114) <![endif]>Por oficio AMB-078-2013 de fecha 10 de abril del 2013 se le solicitó al Gerente General del SENARA el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2384-2385 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>115) <![endif]>Por oficio AMB-079-2013 de fecha 15 de abril del 2013 se le solicitó al Rector de la Universidad Técnica Nacional el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2387-2388 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>116) <![endif]>Mediante oficio 1158-2013-DM de fecha 10 de abril del 2013 el Ministro de Seguridad aportó el criterio solicitado (folio 2389 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>117) <![endif]>Mediante oficio TSE-0959-2013 de fecha 15 de abril del 2013 el Tribunal Supremo de Elecciones aportó el criterio solicitado (folio 2390-2393 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>118) <![endif]>Mediante oficio 289-RG-2013 de fecha 10 de abril del 2013 la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aportó el criterio solicitado (folio 2395 del expediente).

<![if !supportLists]>119) <![endif]> Por oficio AMB-080-2013 de fecha 15 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente Ejecutivo del INDER el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2396-2397 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>120) <![endif]>Por oficio AMB-081-2013 de fecha 15 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Consejo Nacioanl de Producción el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2399-2400 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>121) <![endif]>Por oficio AMB-082-2013 de fecha 15 de abril del 2013 se le solicitó al Director del Colegio San Luis Gonzaga el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2401-2402 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>122) <![endif]>Por oficio AMB-083-2013 de fecha 15 de abril del 2013 se le solicitó al Presidente del CONICIT el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2403-2404 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>123) <![endif]>Por oficio AMB-084-2013 de fecha 15 de abril del 2013 se le solicitó a la Presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2405-2406 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>124) <![endif]>Por oficio AMB-086-2013 de fecha 15 de abril del 2013 se le solicitó al Director Ejecutivo del INFOCOOP el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2407-2408 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>125) <![endif]>Mediante oficio N°161-L-2013 con fecha 17 de abril del 2013 en Instituto Costarricense de Ferrocarriles aportó el criterio solicitado (folio 2412-2413 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>126) <![endif]>Por oficio CIMACO-018-13 de fecha 08 de abril del 2013 el CIMACO aportó el criterio solicitado (folio 2414-2417 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>127) <![endif]>Por oficio GG-049-13 de fecha 15 de abril del 2013 el Banco Nacional de Costa Rica aportó el criterio solicitado (folio 2418 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>128) <![endif]>Por oficio PESJU-092-2013 de fecha 23 de abril del 2013 el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico aportó el criterio solicitado (folio 2419-2420 del expediente).

<![if !supportLists]>129) <![endif]>Por oficio PRE-0349-2013 de fecha 18 de abril del 2013 el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados aportó el criterio solicitado (folio 2421-2424 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>130) <![endif]>Por oficio DMV-0174-13 de fecha 22 de abril del 2013 el Ministerio de Vivienda y asentamientos Humanos aportó el criterio solicitado (folio 2425-2428 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>131) <![endif]>Por oficio DJUR-00885-2013 de fecha 17 de abril del 2013 el Instituto Nacional de Seguros aportó el criterio solicitado (folio 2445 del expediente).

<![if !supportLists]>132) <![endif]>Por Decreto Ejecutivo 37.651-MP la Presidenta de la República y el Ministro de la Presidencia ampliaron la convocatoria a sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa para conocer el Proyecto de Ley 18.148 (folio 2446 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>133) <![endif]>Mediante oficio PE 176-13 de fecha 25 de abril del 2013 el Consejo Nacional de Producción aportó el criterio solicitado (folio 2448-2449 del expediente).

<![if !supportLists]>134) <![endif]>Mediante oficio DJ-0284-2013 de fecha 25 de abril del 2013 la Contraloría General de la República aportó el criterio solicitado (folio 2450-2466 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>135) <![endif]>En fecha 29 de abril del 2013 en la Sesión Ordinaria N°167 se aprobó la moción de posposición: “Para que se pospongan todos los asuntos de la segunda parte de la sesión y se entre a conocer en primero lugar el expediente 18.148” (folio 2467-2547 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>136) <![endif]>En fecha 30 de abril del 2013 en la Sesión Ordinaria N°168 continuó la disuasión por el fondo en su trámite de primer debate el expediente 18.148, se desecharon 12 mociones y se aprobó una todas vía artículo 137. Se aprobó en su trámite en primer debate el proyecto de ley y fue desechada una moción de revisión, quedando aprobado en primer debate (folio 2548-2602 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>137) <![endif]>Mediante oficio SM-308-2013 de fecha 08 de mayo del 2013 la Municipalidad de Puntarenas aportó el criterio solicitado (folio 2603-2607 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>138) <![endif]>Mediante oficio DH-0248-2013 de fecha 07 de mayo del 2013 la Defensoría de los Habitantes aportó el criterio solicitado (folio 2608-2611del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>139) <![endif]>Mediante oficio N°25.132 de fecha 19 de abril del 2013 la Caja Costarricense del Seguro Social aportó el criterio solicitado (folio 2612-2631 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>140) <![endif]>Mediante oficio P.E-286-2013 de fecha 30 de abril del 2013 JAPDEVA aportó el criterio solicitado (folio 2632-2636 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>141) <![endif]>Mediante oficio S.G. 177-2013 de fecha 02 de mayo del 2013 la Municipalidad de Garabito aportó el criterio solicitado (folio 2637 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>142) <![endif]> Mediante oficio G-01085-2013 de fecha 08 de mayo del 2013 el Instituto Costarricense de Turismo aportó el criterio solicitado (folio 2642-2650 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>143) <![endif]>En fecha 14 de mayo del 2013 la Comisión Permanente Especial de Redacción recibió el expediente 18.148 para continuar con el trámite parlamentario correspondiente (folio 2652 -2691del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>144) <![endif]>En fecha 28 de mayo del 2013 la Comisión de Redacción recibió el Informe para la Comisión Especial de Redacción (folio 2693-2696 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>145) <![endif]>En fecha 28 de mayo del 2013 en Sesión Ordinaria N° se aprobó la redacción final del expediente 18.148 (folio 2597-2753 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>146) <![endif]>En fecha 28 de mayo del 2013 la Comisión Permanente Especial de Redacción entregó a la Secretaría del Directorio la Redacción Final del Expediente 18.148 (folio 2754 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>147) <![endif]>De forma extemporánea mediante oficio PE-413-05-2013 de fecha 09 de mayo del 2013 el Instituto Nacional de las Mujeres aportó el criterio solicitado (folio 2755-2757 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>148) <![endif]>De forma extemporánea mediante oficio DSM-110-2013 de fecha 16 de abril del 2013 la Municipalidad de Matina aportó el criterio solicitado (folio 2758-2762 del expediente legislativo) <![if !supportLists]>149) <![endif]>De forma extemporánea mediante oficio AJ-099-2013 de fecha 08 de mayo del 2013 el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo aportó el criterio solicitado (folio 2763-2787 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>150) <![endif]>De forma extemporánea mediante oficio D.E.-644-2013 de fecha 15 de mayo del 2013 el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo aportó el criterio solicitado (folio 2788 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>151) <![endif]>De forma extemporánea mediante correo electrónico la Municipalidad de Aguirre aportó el criterio solicitado (folio 2792-2797 del expediente legislativo).

<![if !supportLists]>152) <![endif]>De forma extemporánea mediante oficio PE-0090-05-2013 de fecha 22 de mayo del 2013 el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo aportó el criterio solicitado (folio 2798-2807 del expediente legislativo).

II. SOBRE LOS ASPECTOS DE FORMA

La inexistencia de estudios técnicos que determinen la posibilidad de otorgar concesiones para el desarrollo de actividades humanas al determinarse que un Refugio de Vida Silvestre se convierte en Territorio Costero Comunitario: El único punto que cuestionan los diputados y las diputadas consultantes en cuanto a la forma, se enfoca en la violación al procedimiento dispuesto en los artículos 36 y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley Nº 7554. Alegan que no existen estudios técnicos que justifiquen la pertinencia de otorgar concesiones dentro de un Refugio de Vida Silvestre, dadas las afectaciones que sin lugar a dudas las actividades que realicen en dichos terrenos provocarán sobre las áreas protegidas. Sobre ese aspecto, la Sala ha indicado que el estudio técnico que exige el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente requiere de un análisis técnico que implica un análisis individualizado, el cual debe contener como mínimo las siguientes medidas:

1. El grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente; 2. Las recomendaciones para reducir el impacto ambiental; 3. La demostración de cómo la medida que se toma, continúa satisfaciendo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el marco de la política de desarrollo sostenible.

Es así como mediante sentencia número 2988-99 de las once horas con cincuenta y siete minutos del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve este Tribunal indicó:

“(…) Lo anterior no implica que el Estado no pueda desafectar un área determinada en virtud de que ya no se cumplen los fines para los cuales se le protegió, o que inclusive, se pretenda titular zonas específicas, sin embargo, puede hacerse donde exista un estudio técnico previo que demuestre la naturaleza del área a titular y la posible convivencia tanto del hombre como del ecosistema así como las consecuencias que se deriven de ello, por lo que no se puede permitir que se titulen áreas de esta naturaleza en forma indiscriminada, ya que esto iría contra las mismas políticas conservacionistas del ambiente que ha procurado el Estado en virtud de los cometidos ordenados por la Constitución Política y los Convenios Internacionales que ha suscrito (…)” Tesis ésta que fue reiterada y ampliada en la sentencia 2012-13367 de las once horas y treinta y tres minutos del veintiuno de setiembre del dos mil doce, que por su parte señaló:

III.Requisitos para la disminución territorial de un área ambientalmente protegida. En absoluta consonancia con el contenido descrito del artículo 50 constitucional, el legislador y la jurisprudencia constitucional han establecido algunos requisitos para la reducción o desafectación de un área ambientalmente protegida. En ese sentido, el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley Nº 7554, dispone: “La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”

Sobre este particular, la Sala Constitucional estableció:

“una vez declarada una determinada área como zona protectora por un acto del Estado, no puede éste, simplemente, desafectarlo en todo o en parte, para proteger otros intereses -públicos o privados- en menoscabo del disfrute de un ambiente sano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Ahora bien, el hecho de que una norma, del rango que sea, haya declarado como zona protectora una determinada área, no implica la constitución de una zona pétrea, en el sentido de que, de manera alguna, su cabida pueda ser reducida por una normativa posterior. Sin embargo, se debe tener presente que la declaratoria y delimitación de una zona protectora, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 50 constitucional, implica una defensa del derecho fundamental al ambiente y, por ello, la reducción de cabida no debe implicar un detrimento de ese derecho, situación que debe establecerse en cada caso concreto. No resulta necesariamente inconstitucional el hecho de que por medio de una ley posterior se reduzca la cabida de una zona protectora, una reserva forestal, un Parque Nacional o cualesquiera otros sitio de interés ambiental, siempre y cuando ello esté justificado en el tanto no implique vulneración al derecho al ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 7294-98, en igual sentido Sentencia No. 11155-07)).

Así que dos son los requisitos esenciales para la reducción de un área territorial ambientalmente protegida o para desafectar un área del régimen jurídico protector al que está sometida: por medio de ley y previa realización de estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida. Al respecto, la Sala ha expresado:

“cuando de la ampliación de los límites de las zonas protectoras del patrimonio forestal del Estado se trata es posible hacerlo vía reglamento, pero cuando de su reducción se trata, únicamente se puede hacer vía legal, claro está, siempre y cuando exista un criterio previo que justifique la medida.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 1056-2009) (…)

Resulta evidente que estos dos requisitos guardan absoluta conformidad con el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En primer lugar, en esta materia, el régimen jurídico exige que cualquier restricción o limitación del derecho tiene que venir impuesta por ley; por el contrario, cualquier beneficio o ampliación de la protección del derecho puede ser establecida por norma infralegal. En segundo lugar, la exigencia de estudios técnicos previos responde al principio de sometimiento de las decisiones relacionadas con el ambiente a criterios de la ciencia y la técnica, a fin de proteger el equilibrio ecológico del sistema y la sanidad del ambiente. En este sentido, la exigencia de estudios técnicos que justifiquen la aprobación de los proyectos de ley tendientes a la reducción o desafectación de un área ambientalmente protegida, debe ser satisfecha con anterioridad o durante el desarrollo del procedimiento legislativo.

Además, el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis científico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Corresponde ahora valorar si se cumplió con esta garantía. (El resaltado no corresponde al original).

Con fundamento en los precedentes mencionados y al analizar el texto del proyecto, así como los diferentes criterios aportados por las autoridades consultantes, observa este tribunal que los artículos discutidos, específicamente el artículo 45 y 51 del proyecto, establecen en primer lugar la declaratoria de territorio costero comunitario y en segundo lugar la posibilidad de otorgar concesiones dentro del Refugio. Si bien el artículo cuarenta y seis del proyecto prevé un estudio de impacto ambiental, ese requisito no es igual al cumplimiento de esa exigencia en la sede legislativa; existe una diferencia cualitativa importante si el requisito se cumple antes de la aprobación de la norma o después de su aprobación, que es lo que contiene el artículo cuarenta y seis del proyecto. La declaratoria de un Refugio Nacional de Vida silvestre, en este caso, el de Ostional, como territorio costero comunitario, sí tiene incidencia en su manejo y en el régimen que lo regula, así se infiere de las normas que contiene el capitulo tercero del proyecto consultado; su aplicación puede tener un influjo relevante en la naturaleza del refugio, debilitando su régimen de protección, por esta razón se requiere un estudio de impacto ambiental previo.

No hay duda que la declaratoria de territorio costero de un refugio nacional de vida silvestre, sí puede modificar, significativamente, la condición real y efectiva del área protegida por el refugio. Se puede vaciar de contenido el régimen que define el refugio.

El proyecto de ley en discusión carece de estudios técnicos que acrediten no sólo la situación fáctica, sino también la viabilidad técnica, así como la razonabilidad y proporcionalidad como parámetros de constitucionalidad, principios que debe observar toda norma jurídica, principalmente cuando se trata de afectar recursos públicos como sucede en el caso concreto.

Lo anterior permite a este Tribunal coincidir con la posición de los diputados y diputadas consultantes en el sentido que no existe en el expediente legislativo un estudio técnico que analice y determine la posibilidad de reducir la protección ambiental en aplicación del principio de objetivación de la tutela ambiental, a pesar que existen tanto instituciones como expertos en la temática ambiental que podrían haber elaborado el estudio técnico que se echa de menos en el proyecto de ley.

En virtud de lo expuesto, procede evacuar la consulta señalando la existencia de vicios esenciales de inconstitucionalidad en el trámite del proyecto, en los términos del artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

III. EN CUANTO AL FONDO

El primer punto alegado y que titulan inconstitucionalidad del modelo de desarrollo que se impone a los territorios costeros comunitarios, por violación del artículo 50 de la Constitución y el principio de reserva de ley, se trata de objeciones que no son inconstitucionales, porque el reconocimiento de ciertas particularidades culturales y económicas, no es inconstitucional, máxime si se toma en cuenta las exigencias de libertad económica y el pluralismo que orienta el sistema socio-político constitucional. Las situaciones cambiantes de la economía, sus ciclos y las necesidades de política económica, son un pronóstico, una posibilidad que no conculca un derecho fundamental. De ninguna forma lo que se propone en los artículos segundo, diez y once de la ley que se objeta, se estructura un modelo económico que contradiga una economía mixta, como la que se prevé en el artículo cincuenta de la Constitución.

Asumir que existen identidades culturales, antropológicas e históricas, no es un supuesto forzosamente inconstitucional. El presupuesto que sustenta las normas, puede ser muy discutible, pero esas objeciones no arrojan una inconstitucionalidad. Las limitaciones impuestas a la zona marítimo terrestre pueden presentar inconstitucionalidades pero respecto de otros supuestos, según se expone en esta sentencia. El reconocimiento de determinadas particularidades culturales o antropológicas en una zona territorial, es una opción que no puede catalogarse como inconstitucional como lo afirman quienes plantean la consulta. Es una opción que si bien puede presentar deficiencias y posibles errores, esa condición no puede asumirse como inconstitucional. La creación de territorios costeros puede suscitar efectos negativos y disfunciones, pero las posibles deficiencias no es un parámetro que bajo estos supuestos, pueda resolverse como un tema de inconstitucionalidad.

Mantener los esquemas de producción tradicionales en las zonas costeras es un objetivo que presenta las características de una decisión política conforme al modelo de desarrollo económico que impulsa el parlamento y el Poder Ejecutivo, pero su fundamento no puede valorarse dentro de los parámetros de constitucionalidad. Las opciones de las normas consultadas del proyecto, no impiden otras actividades económicas, como se asevera en la consulta. Las definiciones sobre las actividades que prioriza las normas consultadas, no excluyen otras posibilidades y no contiene decisiones que conculquen algún derecho individual o social.

El segundo aspecto expone el favorecimiento exclusivo de los ocupantes que hayan habitado en el territorio costero comunitario de manera quieta, pacífica e ininterrumpida, por un periodo de al menos diez años y sus descendientes violación al principio constitucional de igualdad ante la ley, toda vez que los ocupantes que tengan menos de diez años de vivir en el territorio deberán ser desalojados. Del artículo 13 del proyecto de ley consultado la condición de los concesionarios evidentemente es distinta, toda vez que unos son ocupantes recientes y otros con antigüedad mayor (diez años como mínimo), lo cual evidentemente deja claro que se trata de sujetos en condiciones diferentes. Por lo tanto la norma no es inconstitucional, toda vez que el principio de igualdad obliga a tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales, pero la norma consultada brinda un trato conforme a derecho.

Aunado a lo anterior que no le corresponde a esta Sala determinar a quien le corresponde mejor derecho, sino que es competencia de las autoridades respectivas, que, con vista en las probanzas aportadas por los interesados resolverán conforme a derecho. Los criterios para determinar quienes son las personas que incluye la ley, no contiene una inconstitucionalidad esencial, pues responde a criterios, entre otros, de antigüedad. Más bien la pretensión de la ley es resolver una situación de hecho, que contradice la legalidad y que conforme a criterios políticos requiere una respuesta legislativa. Por ello, la consulta es inadmisible en cuanto a este extremo.

El tercer punto hace referencia a la inconstitucionalidad de la afectación de bienes de dominio público por voluntad de una minoría de ciudadanos. Estiman que el porcentaje de ciudadanos que puede declarar territorio costero comunitario, es minoritario y por este motivo, inconstitucional, porque tal declaratoria se hará en perjuicio del resto de la población. El mecanismo de consulta y el porcentaje de la población, no resulta inconstitucional, porque los consultantes no presentan elementos de juicio que demuestren que son criterios irrazonables, desproporcionados o antidemocráticos. La inconstitucionalidad tiene relación con la naturaleza misma del bien del demanio público que se pretende modificar, pero esa condición se menciona en otro apartado de esta consulta. No es el porcentaje de ciudadanos que deciden la consulta o el procedimiento aplicable lo que presenta inconstitucionalidad, sino la misma naturaleza constitucional de la zona marítimo terrestre, que como se mencionó, es un tema ajeno a este extremo de la consulta.

La forma en que se conforma la Comisión especial mixta, tampoco es inconstitucional, pues prohíja una participación ciudadana sin restarle competencias a los municipios, según las previsiones del artículo 169 de la Constitución. La participación de ciudadanos en una Comisión que hace una labor preparatoria para el municipio, sólo es una instancia de acreditación de concesionarios, pero la decisión siempre se mantiene bajo el control del Concejo Municipal. Estos investigación previa, sólo de acreditación, no constituye una lesión a las competencias municipales. No hay un vicio de constitucionalidad esencial en la forma en que se designan los representantes en la Comisión, ni resulta forzosamente aplicable el artículo 91 del reglamento legislativo, puesto que la Comisión debe someter su recomendación a las autoridades municipales. Los posibles intereses personales que puedan tener esos representantes en la decisión, es una posibilidad, una posible vulnerabilidad, que no autoriza ni prohíja, de ninguna forma, las normas cuya constitucionalidad se consulta.

La conformación de la Comisión no conculca las competencias previstas en el artículo 169 de la Constitución. Tampoco señalan los consultantes los motivos o argumentos por los que estiman que la administración y protección de la zona marítimo terrestre debe estar bajo el control exclusivo del gobierno local, según las previsiones constitucionales. Como se menciona en otros apartados de esta decisión, la inconstitucionalidad que contiene el proyecto, se origina en la naturaleza jurídico constitucional de la zona marítimo terrestre, como se ha expresado reiteradamente en los precedentes de esta Sala.

El cuarto aspecto en resumen se enfoca en una posible infracción al principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre protegida por esta Sala. Se alega la infracción de los artículos 6, 50, 89 y 121 inciso 14) de la Constitución Política, los cuales señalan lo siguiente:

“Artículo 6.- El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho Internacional.

Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios”.

“Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”.

“Artículo 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”.

“Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:

1).

…

  • 14)Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación”.

La consulta se dirige propiamente sobre los artículos 33, 34, 35 y 36, ya que consideran que el proyecto de ley si bien mantiene la franja de cincuenta metros contigua a pleamar ordinaria bajo la calificación de zona pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre N°6043 del 02 de marzo de 1997 y sus reformas, permite que se realicen concesiones en la zona pública “con carácter excepcional”, imponiéndole la posibilidad de excluir porciones de esa zona históricamente reservada para el disfrute público y facilitarla al goce particular de un concesionario. Agregan que la zona pública no puede ser objeto de ocupación particular de modo que impida el uso de unos con exclusión de otros, por lo que el proyecto en consulta, estaría incurriendo en violación a dicho principio al permitir concesiones que excluyen el uso público. Es una limitación que implica una transgresión de la naturaleza demanial de la zona pública cuyo destino es precisamente el uso gratuito y sin exclusiones de todos los habitantes, al violentar gravemente los principios de intangibilidad y de uso universal de la zona pública.

Finamente señalan que el proyecto posibilidad la ocupación de la zona pública sin estar sujeto a la planificación territorial que permita garantizar la protección del ambiente y de la belleza escénica de las playas, toda vez que ya no estaría sujeta a lineamientos de las instituciones públicas del sector turismo como de las encargadas de la tutela ambiental, lo cual supone también un debilitamiento en la protección del recurso y la potenciación de las ventajas económicas que pueden obtenerse de un aprovechamiento planificado de la zona pública.

Los numerales cuestionados expresan lo siguiente:

“Artículo 33. Zona pública. Regla general. La zona pública de la zona marítimo terrestre, definida en el artículo 10 de la Ley N°6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus reformas continuará rigiéndose por lo dispuesto en la referida ley. Se exceptúan de lo anterior, las concesiones de atracaderos mixtos comunitarios, regulados en el capítulo IV de la presente ley”.

“Artículo 34. Reubicación de pobladores. En caso de que personas físicas se encuentren ocupando terrenos ubicados en la zona pública de la zona marítimo terrestre, la municipalidad de la respectiva jurisdicción deberá reubicarles en áreas concesionables del territorio costero. La reubicación estará sujeta a los requisitos del artículo 13 y las prohibiciones del artículo 14, sin perjuicio de las otras disposiciones que les sean aplicables, de conformidad con esta ley”.

“Artículo 35. Excepción de la reubicación: concesión en zona pública. Excepcionalmente, la municipalidad de la jurisdicción respectiva podrá autorizar concesiones para el uso habitacional, con base en estudios técnicos que determinen la imposibilidad de reubicación, o que la actividad de subsistencia del núcleo familiar dependa de su cercanía al mar. Lo anterior, siempre que no existan riesgos graves para la seguridad, la salud, la vida humana y el ambiente.

Para ello la municipalidad deberá contar con el aval del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N°6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 02 de marzo de 1977, y sus reformas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la referida ley, la Procuraduría General de la República ejercerá el control jurídico de todas las conceciones otorgadas en la zona pública de la zona marítimo terrestre, al ampra de esta ley”.

“Artículo 36. Concesiones en zona pública. En zona pública de la zona marítimo terrestre solo podrá concesionarse hasta un quince por ciento (15%) de la totalidad de la zona pública que comprende el territorio costero comunitario.

En ningún caso un mismo núcleo familiar podrá tener más de una concesión en zona pública.

Igualmente, no podrá tener concesiones en zona pública el núcleo familiar que sea titular de alguna concesión alampado de lo dispuesto en el capítulo VI de la Ley N°6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre de 2 de marzo de 1977, y sus reformas, o bien, que sea titular de alguna concesión en algún territorio costero comunitario”.

Esta Sala en reiterados pronunciamientos ha reconocido que la zona marítimo terrestre, y en particular, la zona pública, se encuentra protegida constitucionalmente por el principio de intangibilidad, por lo tanto, eventuales reformas que desafecten el territorio costero podrían infringir ese principio. De los artículos transcritos supra se desprende que el legislador si bien hace un planteamiento de manera excepcional, ante la imposibilidad de reubicar a los pobladores, lo cierto es que existe la potestad de concesionar hasta un quince por ciento de la totalidad de la zona pública que comprenda el territorio costero comunitario, situación que podría ciertamente infringir el principio de intangibilidad.

Tal y como se indicó mediante sentencia número 2013-8596 de las 14:30 hrs. del 26 de junio del 2013:

“… existe amplia doctrina respecto de ciertos bienes que formando parte del Patrimonio Natural del Estado, pueden ser dados en administración, explotación, y disfrute a los particulares, sin que necesariamente se incurra en un supuesto de inconstitucionalidad. En estos casos, siendo bienes demaniales que pertenecen al Estado, éstos pueden ser aprovechados por los particulares, bajo un régimen de derecho público, que impone graves limitaciones a los derechos propios del particular, sobre el cual tiene hasta poderes de policía, aunque también reconoce algunas facultades para los particulares que provienen de los derechos reales administrativos ..” De igual forma se indicó que:

“Por otra parte es importante recordar que la Sala Constitucional sostuvo en otra ocasión lo siguiente:

“IV. CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. Resulta conveniente tener en cuenta, por otra parte, que la Constitución Política no llega a ocuparse de temas relacionados con la zona marítimo terrestre y en su desarrollo como concepto, así como en lo que tiene que ver con el régimen jurídico aplicable, lo que ha existido es una tradición legal muy antigua que, valga consignar, tampoco ha sido consistente. Nótese que ha habido cambios en el ancho de la zona marítimo terrestre -antiguamente milla marítima-, como en la regulación específica de algunas islas que, no obstante formar parte, en principio y por virtud de la ley, de la zona marítimo terrestre, con el tiempo se han ido dando excepciones, según una calificación que con libertad ha manejado el legislador ordinario. Sobre esto, a modo de ejemplo puede citarse la Ley N° 7108/88, que excepcionó de la normativa general a la Isla de Chira, o la Ley N° 6515/80, que también exceptuó de aquella normativa general, los predios de la zona marítimo-terrestre declarada zona urbana, del distrito noveno, cantón central de Puntarenas, siempre que estuvieran legítimamente poseídos con anterioridad por particulares.

También quedan exceptuadas, por disposición de la Ley N° 6043, y se les otorga un régimen privado pleno, las fincas cuya colindancia registralmente reconocida con anterioridad, lo fuera directamente el mar. Lo que puede afirmarse, dada la extraordinaria variabilidad legislativa en la materia, es que el núcleo inamovible de la ley reguladora de la zona marítimo terrestre ha sido el relativo a la franja de cincuenta metros de ancho a partir de la pleamar ordinaria, que ha sido declarada pública y que como tal, no solamente es imposible apropiársela por ningún medio, sino que ha sido puesta al servicio de todas las personas, sin excepción. La demanialidad de esa franja, pues, ha tenido un reconocimiento jurídico sostenido y podría estimarse prima facie que, por inveterada, resulta intangible para el legislador, si bien este no es un tema que tenga relación con el principal discutido en la acción y por ello, deba ser analizado en la presente sentencia.

Sin embargo, lo anterior nos sirve para entender que en lo que tiene que ver con la zona restringida, sea, los restantes 150 metros de la zona marítimo terrestre, debe reconocerse al legislador la posibilidad de dictar regulaciones que las circunstancias hagan necesarias, claro está, siempre que no se afecten derechos adquiridos u otros derechos reconocidos constitucionalmente, o que excedan el marco de la razonabilidad, esencial a cualquier norma jurídica. Fuera de allí, las disposiciones legislativas sobre la materia a que se contrae esta acción, son prácticamente intangibles para la jurisdicción constitucional (Sentencia 1997-5210) (lo destacado en negrita y subrayado no es del original).

Nótese que aún y cuando la zona marítimo terrestre enfrenta una problemática por la irregularidad jurídica de sus ocupantes, lo cierto es, que tal y como lo indica el artículo 20 de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre la zona pública “… no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso” ni podrá ningún ciudadano o ciudadana “… alegar derecho alguno sobre ella…”.

Por lo tanto esta Sala concluye que los artículos señalados por los y las diputados y diputadas consultantes, resultan contrarios a la Constitución, toda vez que la excepción contenida en el Capítulo V del Proyecto de Ley consultado, implica, aún y cuando sea de forma excepcional, la concesión de un quince por ciento de la totalidad de la zona pública.

El quinto punto hace referencia a la lista de comunidades que podrían optar por la declaratoria de territorio costero comunitario. Alegan que no existen estudios técnicos que justifiquen que la lista de territorios enlistados tienen condiciones especiales que ameriten un trato diferente al resto de comunidades que podrían optar por la declaratoria de territorio costero comunitario, ni tampoco existen estudios o referencias que permitan determinar que las comunidades enlistadas atienden a la caracterización de territorio costero. Del artículo 9 del proyecto de ley, tal y como lo indican los y las consultantes, se desprende una lista de comunidades (65 en total) que figuran como posibles candidatos para optar por la declaratoria de territorio costero comunitario, ahora bien, tal y como también lo señalan los consultantes en el párrafo último se hace la aclaración de que no existe perjuicio de que otras comunidades puedan optar por la declaratoria del territorio costero comunitario, siempre y cuando cumplan con las disposiciones de ley.

Dicho lo anterior, y revisado al artículo anterior al cuestionado –artículo 8- del proyecto de ley referente a los requisitos para la declaratoria de territorios costeros comunitarios, este Tribunal concluye que no existe la supuesta alegada violación del artículo 33 constitucional, toda vez que no es cierto que exista un trato diferente a las comunidades que no se encuentran dentro de las sesenta y cinco comunidades enunciadas en el artículo 9 del proyecto de ley, ya que el artículo 8 es claro al indicar que una comunidad tienen la facultad de ser declarada como territorio costero comunitario cuando cumpla con los cuatro requisitos para la declaratoria, de forma tal, que cualquier comunidad que presente la evaluación de impacto ambiental emitida por la Secretaría Técnica Ambiental, la Justificación respecto de la importancia de establecer una protección diferenciada, la consulta al o los distritos y la delimitación de linderos elaborada por el Instituto Geográfico Nacional, tiene el mismo derecho de convertirse en territorio costero comunitario.

En cuanto a la falta de estudios o referencias que permitan determinar que las comunidades enlistadas tienen la caracterización de territorio costero, no observa este Tribunal inconstitucionalidad alguna, toda vez que el enlistado no implica la declaratoria de territorio costero comunitario, por el contrario, dicha declaratoria queda sujeta a la presentación del estudio ambiental que permita a la autoridad competente aprobar o rechazar la viabilidad ambiental. Los consultantes señalan objeciones de oportunidad o conveniencia, como cuando afirman que el listado es un “sinsentido jurídico”, pero este argumento apunta una objeción de conveniencia política y no de constitucionalidad. Por lo tanto no procede la consulta en cuanto a este extremo.

El sexto punto se refiere a la inconstitucionalidad de la declaratoria de territorio costero comunitario. Manifiestan los y las consultantes que los artículos 45 y 39 de la iniciativa de ley determinan de forma directa una declaratoria de territorios costeros comunitarios de las Islas Venado, Cedros, Chira y Caballo, así como el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. Añaden que no se incorporan estudios técnicos que sustenten la factibilidad y conveniencia de dicha declaratoria que permitan demostrar el interés público.

Respecto al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional en acatamiento del Principio Precautorio, se requiere de previo a la declaratoria como territorio costero comunitario y a la concesión –tal y como lo señalan las y los diputadas y disputados consultantes- de un estudio de impacto ambiental evaluado por parte de Secretaría Técnica Ambiental, de modo tal que se demuestre el tipo de daño y las medidas que deban adoptarse, estudio que se echa de menos en esta iniciativa de ley, ya que no podría dejar de protegerse un refugio sin criterios técnicos que así lo respalden. Por lo tanto dicha omisión implica una violación del principio precautorio y del principio de progresividad del ámbito de tutela de los derechos fundamentales, aspecto señalado en el vicio de forma analizado en esta sentencia.

En cuanto a la declaratoria de territorios costeros comunitarios de las Islas Venado, Cedros, Chira y Caballo, tal y como se indicó en el punto quinto alegado, la declaratoria no tendrá efectos hasta que se cumplan con los requisitos del artículo 8 del proyecto de ley –requisitos en los que se contemplan los estudios técnicos a los que hacen referencia los y las diputados y diputadas consultantes.

Ahora bien, tomando en cuenta que en el aspecto de fondo analizado en esta sentencia se evidenció la infracción al principio de intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre cabe resaltar que tal y como lo indicado este Tribunal el artículo 9, párrafo último de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley 6043 en atención a la naturaleza jurídica del bien de que se trata, el uso y aprovechamiento de las islas e islotes está reservado a la concesión, cuyo trámite implica un procedimiento más calificado en ciertos supuestos, no en todos, como se explicará más adelante, al exigir, no solo la anuencia del gobierno local, sino también la sujeción de las mismas a la autorización de la Asamblea Legislativa, al tenor de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 42 de la Ley de la zona marítimo terrestre, que dispone literalmente:

Artículo 42.- Las concesiones en las áreas turísticas requieren la aprobación del Instituto Costarricense de Turismo. En las demás áreas de la zona marítimo terrestre la aprobación corresponderá al Instituto de Tierras y Colonización.

Estos institutos no podrán denegar la aprobación, salvo que ésta viole la ley, lo que deberán indicar expresamente, en forma razonada. Si la concesión se refiere a una isla o islote marítimos, o parte de las mismas, será necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa.

y en igual sentido, regula el artículo 43 del Reglamento de su Ley:

Artículo 43.- Aunque no se exprese en los documentos respectivos, todas las concesiones otorgadas de conformidad con esta ley están sujetas a la condición de que los concesionarios no podrán variar el destino de su parcela y las edificaciones o instalaciones que hagan en ella, sin el consentimiento de la municipalidad respectiva y del Instituto de Tierras y Colonización o del Instituto Costarricense de Turismo, según corresponda.

Dicha autorización encuentra fundamento en el inciso 19) del artículo 140 de la Constitución Política, en virtud de que el objeto del contrato es un "bien de la Nación", de donde, esta disposición faculta al Poder Ejecutivo para:

"Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de esta Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención de impuestos o tasas, o tengan por objeto la explotación de servicios públicos, o recursos o riquezas naturales del Estado." Esta interpretación se deriva también del voto 2006-454, que consideró que las islas, como parte del mar territorial, artículo sexto de la constitución, se integran dentro de la riqueza natural del Estado (artículo 140- inciso 19), requiriendo la concesión la aprobación legislativa. Conforme al voto citado, vale la pena mencionar el siguiente párrafo:

“….. XI.- DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS ISLAS E ISLOTES. En atención a la naturaleza jurídica del bien de que se trata, el uso y aprovechamiento de las islas e islotes está reservado a la concesión, cuyo trámite implica un procedimiento más calificado, al exigir, no sólo la anuencia del gobierno local, sino también la sujeción de las mismas a la autorización de la Asamblea Legislativa, al tenor de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 42 de la Ley de la zona marítimo terrestre, que dispone literalmente:

"Si la concesión se refiere a una isla o islote marítimo, o parte de las mismas, será necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa"; y en igual sentido, regula el artículo 43 del Reglamento de su Ley:

"En el caso de solicitudes de concesión sobre parte o el total de islas o islotes marítimos, deberá remitirse copia para su aprobación, previos los trámites con el Instituto Costarricense de Turismo cuando se trate de concesiones de uso turístico." Para poder comprender el trasfondo de esta disposición, es importante considerar que esta autorización calificada encuentra fundamento en normas constitucionales, precisamente en lo dispuesto en el inciso 19) del artículo 140, en virtud de que el objeto del contrato es un "bien de la Nación", de donde, esta disposición faculta al Poder Ejecutivo para "Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de esta Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención de impuestos o tasas, o tengan por objeto la explotación de servicios públicos, o recursos o riquezas naturales del Estado." Por ello, se estima, que además de necesaria es conveniente la exigencia de la aprobación legislativa en este tipo de contratos (concesión sobre islas e islotes), en tanto actúa a modo de control político respecto de un "bien de la Nación" de fundamental importancia, al estar ubicado en el mar territorial, sobre el que el Estado ejerce su soberanía, en forma completa y exclusiva (artículo 6 constitucional).

Asimismo, es útil y necesario un amplio debate en el Plenario Legislativo, a fin de que los diputados examinen el objeto, fin, oportunidad y legalidad de la concesión. Nótese que la explotación y aprovechamiento de este "bien de la Nación" tiene fuertes repercusiones a nivel económico, social, además de las ambientales y ecológicas, e inclusive políticas; motivo por el cual debe darse participación a todas las fracciones representadas, tal y como lo estimaron nuestros constituyentes:

"El proponente explicó que su moción casi íntegramente la incluía el Proyecto del 49, inciso 10), artículo 232. Los señores Trejos y Esquivel la tenían presentada como moción, pero luego la retiraron, por cuanto se dijo que el inciso 14), artículo 97, ya aprobado, contemplaba esa situación. Sin embargo, ambos incisos se refieren a dos casos distintos.

El Licenciado Esquivel le preguntó al señor Leiva si no caen dentro de ese inciso y en consecuencia necesitan aprobación legislativa, los contratos para establecer en el país industrias nuevas, regulados por leyes que otorgan toda clase de facilidades a esas industrias nuevas, regulados por leyes que otorgan toda clase de facilidades a esas industrias, a efecto de que se puedan desarrollar en el país. El mocionante le aclaró que la excepción final solucionaba el problema. Sin embargo, el Diputado Esquivel que aún le quedaban ciertas dudas, por ejemplo en cuanto a contratos para la explotación de servicios públicos. Un contrato entre el Estado y una empresa de autobuses, por ejemplo, para transportar el correo ¿tendrá que venir a la Cámara para su aprobación? El mocionante observó que esos contratos pequeños están siempre regidos por leyes especiales. La mayor parte de las veces esos contratos los suscriben, no el propio Presidente, sino dependencias pequeñas menores, con los interesados.

Su intención es que entre las facultades del Ejecutivo quede la de suscribir esa clase de contratos administrativos que no son de gran envergadura. Los servicios públicos a que se refiere su moción son los de gran importancia, como los ferrocarriles. Puesta la moción del señor Leiva fue aprobada" (Actas de la Asamblea Nacional Constituyente. Sesión número 135, del veintitrés de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve, artículo 2. Tomo III. Páginas 147 y 148).

De la anterior transcripción, y de lo dispuesto en los artículos 121 inciso 14) en relación con el 140 inciso 19) de la Constitución, se concluye que, por considerarlo conveniente el constituyente originario, le corresponde a la Asamblea Legislativa efectuar una función contralora en relación con la disposición y aprovechamiento de los "bienes de la Nación", al conocer de los contratos en que se intenta disponer de su utilización y explotación, a modo de condicionante de la eficacia jurídica de los mismos; principio que acogió y confirmó el legislador ordinario en la normativa impugnada.

XII. CONTINUACIÓN

(1).- Asimismo, es importante advertir que la doctrina ha entendido que la aprobación representa una declaración fundada en valoraciones sobre el mérito, oportunidad, utilidad y legalidad del acto sometido a su conocimiento; de donde se constata que el sujeto que aprueba no coopera a la formación del acto sometido a su aprobación, únicamente declara que el acto sometido a su examen es útil y oportuno, para tener así por realizada la condición de la cual la ley hace depender la eficacia del acto. Es decir, que la actuación legislativa en esta materia actúa como condicionante de eficacia jurídica de este tipo de contratos, en tanto el contrato no queda completo ni produce efectos naturales hasta tanto no sobreviene esta aprobación; constituyéndose en un control, no sólo de legalidad, sino también de orden político. De manera que, en este caso, la Asamblea Legislativa no está legitimada para integrar su voluntad al contrato que aprueba, por cuanto ésta fue expresada por el sujeto que tramitó y ante quien se gestionó la concesión, sea, la respectiva municipalidad que formula la consulta ante la Asamblea.

Así, el órgano legislativo, puede aprobarlo o improbarlo en su totalidad -no parcialmente-, dependiendo de la oportunidad, legalidad y bondad misma del contrato, pero sin modificarlo o transformarlo, porque la potestad de suscripción de la concesión corresponde exclusivamente a las municipalidades. De manera que una eventual intervención de la Asamblea en cuanto al contenido de las concesiones de islas o islotes por parte de los legisladores, haría inconstitucional el acto, en perjuicio de la autonomía municipal, constitucionalmente reconocida en el artículo 170…”.

Conforme al precedente, se estima, que además de necesaria constitucionalmente, es conveniente la exigencia de la aprobación legislativa en este tipo de contratos (concesión sobre islas e islotes), en tanto actúa a modo de control político respecto de un "bien de la Nación" de fundamental importancia, al estar ubicado en el mar territorial, sobre el que el Estado ejerce su soberanía, en forma completa y exclusiva, siempre y cuando se trate de supuestos especiales. Así las cosas, la autorización legislativa solo se requiere para concesiones turísticas cuando se trate de la explotación de parte o toda una isla o islote para ese fin. No así en los demás casos, como ocurre en los supuestos de los pobladores de las islas, donde en estos casos únicamente se exige la concesión por el uso del área de la isla –área restringida-, mas no la legislativa. Por las razones anteriores, el precedente sentado por este Tribunal en el voto 2006-00454 debe de entenderse en estos términos.

Ergo, la declaratoria de zona en concesión, sea esta zona identificada como isla o islotes, solo requiere del procedimiento calificado, previsto en el inciso 19 del artículo 140 de la Constitución y reproducido en el artículo 42 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, sea la aprobación de la Asamblea Legislativa, cuando es de naturaleza turística o tenga por objeto su explotación, situación radicalmente diferente al caso de las personas que solicitan la concesión para fines habitacionales, de subsistencias, actividades de pesca o artesanales, etc. No puede dejar de lado la mayoría de este Tribunal, que quienes se encuentran en las situaciones descritas son personas de condición muy humilde, que habitan en comunidades locales en las islas, dedicadas a actividades agrarias de pequeña escala, la pesca artesanal, la extracción sostenible, el turismo local y rural comunitario, pequeñas empresas familiares y de la economía social, actividades que por sí solas no ponen en peligro el uso racional del bien de la Nación; amén de que son personas que tienen muchos años de ocupar esas tierras.

Someter las concesiones de todas estas personas a la aprobación legislativa podría tener enormes inconvenientes de orden social, económico y político; y ello no agrega ningún valor a la protección del bien de la Nación.

Y el último punto de la consulta, que corresponde al número siete por el fondo hace mención a la inconstitucionalidad del proyecto de ley por ausencia de salvaguardas ambientales. Manifiestan que el proyecto no incorpora la obligatoriedad de aplicar variables ambientales de previo a la declaratoria de territorios costeros comunitarios ni se establecen dentro de los requisitos la necesidad de contar con un estudio que ciertamente establezca la viabilidad técnica ambiental de la declaratoria de territorio costero comunitario. Del proyecto de ley se desprende que en el Capítulo II, artículo 8 se enumeran los requisitos para la declaratoria de territorio costero comunitario, contemplando en el inciso a) de la norma, la evaluación de impacto ambiental estratégica del área que se pretende declarar como tal, el cual deberá ser aportado por la Secretaría Técnica Ambiental, por lo tanto, no es cierto que no requiera de una evaluación ambiental de previo a la declaratoria del territorio costero comunitario. Sin embargo, y tal y como se observa en el Considerando II de esta sentencia se logró demostrar que el proyecto presenta una debilidad en general por la falta de estudios de medio ambiente antes de cambiar el régimen jurídico de una zona fundamental del demanio público como es la zona marítimo terrestre.

VI. CONCLUSIÓN DE LOS ASPECTOS DE FONDO

Se evacua la consulta formulada en cuanto a los aspectos cuatro y seis del proyecto de ley, que se tramita bajo el expediente legislativo número 18.148 denominado “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” en el sentido que infringen el principio de intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre. En cuanto a los demás alegatos de fondo no procede evacuar la consulta.

V. COLORARIO

Por lo expuesto, este Tribunal Constitucional, debe evacuar la consulta en el sentido que en el procedimiento legislativo del expediente No.18.148, denominado “Ley de Territorios Costeros Comunitarios”, se produjeron vicios tanto en el procedimiento legislativo como en el fondo.

VI. RAZONES ADICIONALES DEL VOTO PARTICULAR DE LOS MAGISTRADOS ARMIJO SANCHO Y CRUZ CASTRO

Uno de los aportes fundamentales de Hans Kelsen en su Teoría Pura del Derecho, aún vigente a pesar de los años, consiste en la explicación de los principios de efectividad (Prinzip der Effektivität) y de legitimidad (Prinzip der Legitimität), y la consecuente relación entre efectividad y validez, entre el ser de la realidad natural y el deber ser de la norma.

Contrario a lo que comúnmente se cree, Kelsen buscó una solución ecléctica para explicar el fenómeno de la validez normativa. Por una parte, según el principio de legitimidad, la validez de una norma está condicionada a lo que el propio ordenamiento jurídico disponga: “En tanto un orden jurídico regula su propia producción y aplicación, determina el comienzo y el fin de validez de las normas que a él pertenecen”. Así las cosas, como es bien sabido, la validez de un ordenamiento jurídico, en el marco de una estructura jurídica escalonada del ordenamiento (tesis planteada originalmente por Adolf Merkl) dependerá en última instancia de un presupuesto lógico: la norma fundamental que le confiere legitimidad a la Constitución Política. En tanto presupuesto, dicha norma fundamental obliga a que la Ley Fundamental sea obedecida (legitimidad); empero, para que ello ocurra, se requiere que la Constitución efectivamente sea obedecida (principio de efectividad). Una Constitución que exista en el papel pero no se aplique en la realidad, no solo carece de efectividad, sino también deviene inválida, toda vez que no se da el primer presupuesto lógico de un ordenamiento jurídico.

Por eso es que Kelsen rechaza la tesis positivista extrema, que niega toda conexión entre validez y efectividad. Por una parte, señala que “un orden jurídico como un todo, así como una norma jurídica aislada pierden su validez cuando cesan de ser eficaces; y que por ende, en esa medida, aparece una relación entre lo debido de la norma jurídica y la existente de la realidad natural, puesto que la norma jurídica positiva, para tener validez, tiene que se implantada por un acto real.” Por el otro, establece que la validez deóntica de una norma no es idéntica a su eficacia real, sino que depende de su legitimidad, es decir, de las condiciones que un ordenamiento jurídico fija para la validez jurídica de una norma.

Así las cosas, en medio de esta tensión entre validez y efectividad, surge el principio de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política) como salvaguarda no solo de los derechos del individuo, sino también de la propia validez del ordenamiento jurídico y del respeto al Estado de Derecho.

Ciertamente, ese principio significa que los actos y comportamientos de la Administración deben darse conforme a lo estipulado en la norma escrita, lo que comprende el sometimiento a la Constitución, a la ley, y en general a todas las otras normas del ordenamiento jurídico (reglamentos ejecutivos y autónomos especialmente); o sea, en última instancia, a lo que se conoce como el “principio de juridicidad de la Administración”. “En este sentido es claro que, frente a un acto ilícito o inválido, la Administración tiene, no solo el deber sino la obligación, de hacer lo que esté a su alcance para enderezar la situación.” (Sentencia No. 1998-0897 de las 17:15 horas del 11 de febrero de 1998).

Por lo demás, el principio de legalidad satisface su ratio iuris: ser condición sine qua non para que el ser humano pueda realizar sus valores. En efecto, ese principio posibilita el establecimiento de un orden seguro y estable que permite a todos “saber a qué atenerse” y delimita con precisión las esferas de lo posible, lo lícito y lo obligatorio del obrar, y justo en cuanto que dé a la comunidad y al individuo lo suyo, esto es, los derechos que por naturaleza le competen y la esfera de libertad conveniente a su dignidad (Legaz Lacambra).

De este modo, el principio de legalidad obliga a la Administración al estricto respeto del ordenamiento jurídico, lo que a su vez implica coadyuvar en su supervivencia, puesto que un sistema político en el que se tolera la reiterada desaplicación de la ley, termina por perder su efectividad, lo que a su vez conlleva a su invalidez. De este modo, al afectarse la propia validez de un ordenamiento jurídico, el sub examine deviene un asunto de relevancia constitucional.

Con esto no nos referimos a que cualquier tipo de inaplicación normativa sea de relevancia constitucional, sino que ello depende de la relevancia del bien jurídico en juego y de la intensidad de la lesión que pueda recaer sobre dicho bien. Tampoco consideramos que todo tipo de régimen resulte constitucionalmente improcedente. El análisis debe hacerse de acuerdo con las características particulares de cada situación.

En el sub iudice, lo que se ha dado es una sistemática inobservancia de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre a través de los años, esto es, una deliberada desaplicación de esa normativa. Ya con la ley número 5602 del 4 de noviembre de 1974 se dispuso suspender la vigencia de la ley Nº 4558 (Ley Urbanización Zona Marítimo Terrestre), hasta tanto no se promulgare una nueva ley, lo que implicaba, entre otras cosas, que se les prohibía a las respectivas municipalidades conceder permisos de construcción, si dichas edificaciones iban a ser construidas en terrenos que se poseyesen como consecuencia de los derechos que otorga la citada ley Nº 4558.

Luego, con la ley N° 6043 del 2 de marzo de 1977 (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), se definió claramente la zona marítimo terrestre, se distinguió entre la zona pública y la restringida, se fijaron precisos deberes a las autoridades municipales para proteger tal zona y ordenar su desarrollo urbanístico, y se determinó cómo podían concesionarse estos bienes demaniales ubicados en la zona restringida. Incluso, la ley de cita estatuye como delito tanto la construcción ilegal en la zona marítimo terrestre, como el otorgamiento ilegal de concesiones o permisos de ocupación.

Además, la normativa antedicha previó que su aplicación no fuera abrupta, puesto que reguló que aquellas zonas donde hubiere edificaciones sin la respectiva autorización, conforme a esta ley, fueran objeto de planificación de acuerdo con las normas urbanísticas que se dicten, las cuales se les aplicarían gradualmente en casos de remodelaciones o reconstrucciones (artículo 69).

Así las cosas, a pesar de la ley número 5602 y de la gradualidad con que se dispuso aplicar la ley número 6043, con el transcurrir de los años lo que se ha dado es una franca desobediencia a esa normativa sin que se trate de problemas estructurales de la sociedad de origen espontáneo, sino de dificultades cuya génesis radica en la inercia del Estado.

Debemos partir de que la reforma legislativa pretendida no recae sobre cualquier normativa, sino sobre aquella que regula con recelo la protección de nuestras costas, sobre la cual este Tribunal ha reconocido tanto la relevancia de su conservación como el deber de garantizarle a toda la población el libre acceso y disfrute de las mismas, lo que se extiende a islas y refugios de vida silvestre. La Sala se ha pronunciado sobre las concesiones en la Zona Marítimo Terrestre de la siguiente manera:

“…la Zona Marítimo Terrestre es un bien de dominio público, que su reconocimiento se hace desde tiempo inmemorial, la cual se ha venido estableciendo en la legislación de nuestro país, para formar parte de la propiedad del Estado, a lo largo de la costa marina, una milla marítima o más (Ley 162 del 28 de junio de 1828 y posterior legislación). La Ley No. 6043 de 2 de marzo de 1977 vino a establecer el régimen actual de toda la zona pública y las áreas de concesión. En criterio de la Sala, su condicionamiento de bien de dominio público no se debilita con el paso del tiempo, por el contrario es inalienable e imprescriptible, aún cuando posteriores leyes fijen distintos regímenes de administración, protección, uso y aprovechamiento. En el caso que nos ocupa, su valor como bien de dominio público no solo está en la Zona Marítimo Terrestre, sino también en la reserva o aplicación que tiene la cosa a su fin, lo cual se ha venido reflejando en la distinta normativa promulgada por la Asamblea Legislativa y sancionada por el Poder Ejecutivo.” (sentencia No. 2008-8713 de las 9:06 horas del 23 de mayo 2008) En igual sentido, en sentencia No. 2009-003113 de las 14:59 horas del 25 de febrero de 2009, se indicó:

“…En primer lugar, porque dicha zona ya fue integrada y forma parte del patrimonio natural del Estado. En segundo lugar, porque el uso de dicha zona –en especial las playas marítimas- es común y están destinadas al uso gratuito de todos los habitantes, indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados. En tercer lugar, porque la técnica demanial es el medio más eficaz para la protección de los bienes marítimo-terrestres y para que el Estado cumpla con su deber de garantizar, defender y preservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a todos los habitantes del país. En cuanto a este último aspecto, ciertamente el uso privado de las playas marítimas pone en peligro el derecho al ambiente ya que esas zonas del demanio público podrían ser objeto de construcciones y otras intromisiones que pondrían en peligro los bienes costeros y todo su ecosistema.” Una reforma legal como la propuesta y en una materia tan sensible en que se consientan actos de vulnerabilidad, lesiona en nuestro, no solo la res pública y el principio constitucional de legalidad, sino que además significaría tolerar la falta de observancia por parte del Estado de otros principios, como el de in dubio pro natura, el cual tiene como objeto que exista una vigilancia activa, previa y oportuna por parte de las autoridades que nunca debieron permitir construcciones y usos ilegales.

De manera que lo evidenciado más bien, con Proyectos de Ley objeto de la consulta, es que se han omitido seguir los controles previos dispuestos por el Estado para dar cumplimiento efectivo no solo a la normativa en general, sino también a la protección ambiental y se ha actuado negligentemente en la conservación y administración de bienes demaniales.

No puede desconocerse que la zona marítimo terrestre tiene una protección privilegiada, no sólo por ser un bien de dominio público sino por estar relacionada con el ambiente y ser parte del patrimonio nacional, su definición y bajo qué condiciones se puede aprovechar de ella, resulta crucial, pues de ello depende su conservación y protección.

En múltiples ocasiones este Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de referirse a la naturaleza jurídica de la zona marítimo terrestre y a su protección constitucional, al formar parte del patrimonio nacional como un bien de dominio público (véase al respecto las resoluciones números 5399-93 de las dieciséis horas treinta y nueve minutos del veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y tres, 2002-03821 de las catorce horas con cincuenta y ocho minutos del veinticuatro de abril del dos mil dos, 2006-00454 de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de enero del dos mil seis, 2011-015473de las nueve horas y cuarenta y seis minutos del once de noviembre del dos mil once). Literalmente se ha establecido que:

“El patrimonio de la Nación y el demanio público.- El patrimonio nacional está conformado, básicamente, por los bienes definidos en los artículos 6, 50, 89 y 121 inciso 14) constitucionales; son las aguas territoriales, las costas, el espacio aéreo, la plataforma continental, el zócalo insular, los recursos y riquezas naturales del agua,…. Es importante señalar, que los bienes que conforman el patrimonio nacional gozan de especial protección, de manera que no son susceptibles de ser apropiados por particulares y ni siquiera por la Administración Pública; la norma constitucional remite al control legislativo pleno los casos en que tales bienes puedan enajenarse o aplicarse a usos públicos, pero solamente en los casos y por los medios que ella establece. Algunos de ellos, ni siquiera podrán ser desafectados por ley, toda vez que por su singular naturaleza han recibido una especial protección constitucional, que los excepciona del comercio de los hombres.

Otros pueden ser objeto de explotación racional, sea por el Estado como por los particulares "de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo determinado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa" (inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política). La especial naturaleza del patrimonio nacional, tiene como consecuencia la necesaria e indisoluble vinculación al uso público de los bienes que el concesionario –sea público o privado- destine o requiera para su desarrollo y explotación, de manera tal que éstos se entienden definitivamente incorporados al demanio público y gozan, por tal razón, de las características propias de este régimen de ser inembargables, imprescriptibles e inalienables”. (resolución no.2002-03821) De ello resulta claro que, "La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible." (1° de la Ley de la Zona marítimo terrestre).

A lo largo de la historia de la humanidad, se ha denotado la gran importancia económica, comercial y también de seguridad –para la defensa del territorio nacional– que tiene la costa para cualquier país u organización estatal. Así, en lo que respecta a nuestro país, desde la época colonial, el litoral ha permanecido destinado al uso público. Con lo cual, es claro que desde las primeras normas que regulan esta zona, se le dio siempre el calificativo de bien demanial (dominical, demanio o de dominio público); lo cual le hace acreedora de todas las características de la demanialidad, sea, su inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad y la sujeción al poder de policía en lo relativo a su uso y aprovechamiento.

Un proyecto como el que se consulta contiene múltiples imprecisiones en su diseño normativo, comprobándose los argumentos que exponen los consultantes, referidos a: la falta de régimen transitorio, la falta de límites a la cantidad de concesiones a otorgar o al plazo de estas, la poca claridad sobre el término de “estructura”, la nula delimitación de las áreas que ameritan un trato especial por ser población históricamente postergada, inexistencia de un inventario claro quienes resultarán ser los eventuales beneficiarios de la ley (la identificación de los beneficiarios, y su individualización), la determinación del impacto ambiental, entre muchas otras omisiones. Estas omisiones e imprecisiones confirman que al pretender hacer regular una situación irregular, se está haciendo en detrimento frontal de nuestro demanio público, pues ello implicaría una regresión en la zona marítimo terrestre y esa regresión deviene en inconstitucional.

No se desconoce que pueda existir un problema social en la zona, pero esa particularidad no se resuelve con una ley que vacía de contenido un componente fundamental en la protección del medio ambiente, sin precisar e individualizar los sectores sociales y geográficos que requieren una solución integral y equilibrada.

Nótese que incluso, al no haber establecido que dicha ley no impide la continuación de los procesos judiciales iniciados y en trámite por violaciones a la ley vigente, podría implicar una intromisión indebida de poderes, entre el Legislativo y el Judicial, pues en esta última instancia es donde se llevan actualmente una serie de procesos iniciados por invasiones al demanio público y el proyecto consultado lo que hace, al fin y al cabo, es legalizar lo que hoy se tiene como ilegal, o en otras palabras, hacer lícito lo ilícito (posesión del demanio público obtenida por las vías de hecho), y con ello, exonerar o dispensar de responsabilidad a quienes violaron las disposiciones actuales. Sin decirlo expresamente, parece propiciar una derogatoria parcial de las normas punitivas que contiene la Ley de la zona marítimo terrestre y que tutela un bien de tanta relevancia para el medio ambiente.

En consonancia con el principio de in dubio pro natura y de progresividad en la protección del derecho al ambiente, un proyecto como el que se consulta, que adolece de tantas imprecisiones y con normas tan genéricas, lo que hacen es vaciar de contenido la protección que hasta hoy ha tenido nuestra zona marítimo terrestre y ese motivo que estimo que existen razones para considerar que además de las violaciones de forma apuntadas, también se incurre en violaciones de fondo a nuestro bloque de Constitucionalidad.

VII.VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS ARMIJO SANCHO Y CRUZ CASTRO EN CUANTO A LA VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 140 INCISO 19) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO: En cuanto al punto sexto, nos separamos del voto de mayoría, pues tal como lo señalan los consultantes, las islas sólo pueden ser dadas en concesión mediante un acto de aprobación de la Asamblea Legislativa. Se autorizan concesiones sobre las Islas Venado, Cedros, Chira y Caballo, así como el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. Consideramos que la concesión de islas e islotes requiere aprobación legislativa.

Ahora bien, tomando en cuenta que en el aspecto de fondo analizado en esta sentencia se evidenció la infracción al principio de intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre cabe resaltar que tal y como lo indicado este Tribunal el artículo 9, párrafo último de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley 6043 en atención a la naturaleza jurídica del bien de que se trata, el uso y aprovechamiento de las islas e islotes está reservado a la concesión, cuyo trámite implica un procedimiento más calificado, al exigir, no sólo la anuencia del gobierno local, sino también la sujeción de las mismas a la autorización de la Asamblea Legislativa, al tenor de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 42 de la Ley de la zona marítimo terrestre, que dispone literalmente:

Artículo 42.- Las concesiones en las áreas turísticas requieren la aprobación del Instituto Costarricense de Turismo. En las demás áreas de la zona marítimo terrestre la aprobación corresponderá al Instituto de Tierras y Colonización.

Estos institutos no podrán denegar la aprobación, salvo que ésta viole la ley, lo que deberán indicar expresamente, en forma razonada. Si la concesión se refiere a una isla o islote marítimos, o parte de las mismas, será necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa.

y en igual sentido, regula el artículo 43 del Reglamento de su Ley:

Artículo 43.- Aunque no se exprese en los documentos respectivos, todas las concesiones otorgadas de conformidad con esta ley están sujetas a la condición de que los concesionarios no podrán variar el destino de su parcela y las edificaciones o instalaciones que hagan en ella, sin el consentimiento de la municipalidad respectiva y del Instituto de Tierras y Colonización o del Instituto Costarricense de Turismo, según corresponda.

Dicha autorización encuentra fundamento en el inciso 19) del artículo 140 de la Constitución Política, en virtud de que el objeto del contrato es un "bien de la Nación", de donde, esta disposición faculta al Poder Ejecutivo para:

"Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de esta Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención de impuestos o tasas, o tengan por objeto la explotación de servicios públicos, o recursos o riquezas naturales del Estado." Esta interpretación se deriva también del voto 2006-454, que consideró que las islas, como parte del mar territorial, artículo sexto de la constitución, se integran dentro de la riqueza natural del Estado (artículo 140- inciso 19), requiriendo la concesión la aprobación legislativa. Conforme al voto citado, vale la pena mencionar el siguiente párrafo:

“….. XI.- DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS ISLAS E ISLOTES. En atención a la naturaleza jurídica del bien de que se trata, el uso y aprovechamiento de las islas e islotes está reservado a la concesión, cuyo trámite implica un procedimiento más calificado, al exigir, no sólo la anuencia del gobierno local, sino también la sujeción de las mismas a la autorización de la Asamblea Legislativa, al tenor de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 42 de la Ley de la zona marítimo terrestre, que dispone literalmente:

"Si la concesión se refiere a una isla o islote marítimo, o parte de las mismas, será necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa"; y en igual sentido, regula el artículo 43 del Reglamento de su Ley:

"En el caso de solicitudes de concesión sobre parte o el total de islas o islotes marítimos, deberá remitirse copia para su aprobación, previos los trámites con el Instituto Costarricense de Turismo cuando se trate de concesiones de uso turístico." Para poder comprender el trasfondo de esta disposición, es importante considerar que esta autorización calificada encuentra fundamento en normas constitucionales, precisamente en lo dispuesto en el inciso 19) del artículo 140, en virtud de que el objeto del contrato es un "bien de la Nación", de donde, esta disposición faculta al Poder Ejecutivo para "Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de esta Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención de impuestos o tasas, o tengan por objeto la explotación de servicios públicos, o recursos o riquezas naturales del Estado." Por ello, se estima, que además de necesaria es conveniente la exigencia de la aprobación legislativa en este tipo de contratos (concesión sobre islas e islotes), en tanto actúa a modo de control político respecto de un "bien de la Nación" de fundamental importancia, al estar ubicado en el mar territorial, sobre el que el Estado ejerce su soberanía, en forma completa y exclusiva (artículo 6 constitucional).

Asimismo, es útil y necesario un amplio debate en el Plenario Legislativo, a fin de que los diputados examinen el objeto, fin, oportunidad y legalidad de la concesión. Nótese que la explotación y aprovechamiento de este "bien de la Nación" tiene fuertes repercusiones a nivel económico, social, además de las ambientales y ecológicas, e inclusive políticas; motivo por el cual debe darse participación a todas las fracciones representadas, tal y como lo estimaron nuestros constituyentes:

"El proponente explicó que su moción casi íntegramente la incluía el Proyecto del 49, inciso 10), artículo 232. Los señores Trejos y Esquivel la tenían presentada como moción, pero luego la retiraron, por cuanto se dijo que el inciso 14), artículo 97, ya aprobado, contemplaba esa situación. Sin embargo, ambos incisos se refieren a dos casos distintos.

El Licenciado Esquivel le preguntó al señor Leiva si no caen dentro de ese inciso y en consecuencia necesitan aprobación legislativa, los contratos para establecer en el país industrias nuevas, regulados por leyes que otorgan toda clase de facilidades a esas industrias nuevas, regulados por leyes que otorgan toda clase de facilidades a esas industrias, a efecto de que se puedan desarrollar en el país. El mocionante le aclaró que la excepción final solucionaba el problema. Sin embargo, el Diputado Esquivel que aún le quedaban ciertas dudas, por ejemplo en cuanto a contratos para la explotación de servicios públicos. Un contrato entre el Estado y una empresa de autobuses, por ejemplo, para transportar el correo ¿tendrá que venir a la Cámara para su aprobación? El mocionante observó que esos contratos pequeños están siempre regidos por leyes especiales. La mayor parte de las veces esos contratos los suscriben, no el propio Presidente, sino dependencias pequeñas menores, con los interesados.

Su intención es que entre las facultades del Ejecutivo quede la de suscribir esa clase de contratos administrativos que no son de gran envergadura. Los servicios públicos a que se refiere su moción son los de gran importancia, como los ferrocarriles. Puesta la moción del señor Leiva fue aprobada" (Actas de la Asamblea Nacional Constituyente. Sesión número 135, del veintitrés de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve, artículo 2. Tomo III. Páginas 147 y 148).

De la anterior transcripción, y de lo dispuesto en los artículos 121 inciso 14) en relación con el 140 inciso 19) de la Constitución, se concluye que, por considerarlo conveniente el constituyente originario, le corresponde a la Asamblea Legislativa efectuar una función contralora en relación con la disposición y aprovechamiento de los "bienes de la Nación", al conocer de los contratos en que se intenta disponer de su utilización y explotación, a modo de condicionante de la eficacia jurídica de los mismos; principio que acogió y confirmó el legislador ordinario en la normativa impugnada.

XII. CONTINUACIÓN

(1).- Asimismo, es importante advertir que la doctrina ha entendido que la aprobación representa una declaración fundada en valoraciones sobre el mérito, oportunidad, utilidad y legalidad del acto sometido a su conocimiento; de donde se constata que el sujeto que aprueba no coopera a la formación del acto sometido a su aprobación, únicamente declara que el acto sometido a su examen es útil y oportuno, para tener así por realizada la condición de la cual la ley hace depender la eficacia del acto. Es decir, que la actuación legislativa en esta materia actúa como condicionante de eficacia jurídica de este tipo de contratos, en tanto el contrato no queda completo ni produce efectos naturales hasta tanto no sobreviene esta aprobación; constituyéndose en un control, no sólo de legalidad, sino también de orden político. De manera que, en este caso, la Asamblea Legislativa no está legitimada para integrar su voluntad al contrato que aprueba, por cuanto ésta fue expresada por el sujeto que tramitó y ante quien se gestionó la concesión, sea, la respectiva municipalidad que formula la consulta ante la Asamblea.

Así, el órgano legislativo, puede aprobarlo o improbarlo en su totalidad -no parcialmente-, dependiendo de la oportunidad, legalidad y bondad misma del contrato, pero sin modificarlo o transformarlo, porque la potestad de suscripción de la concesión corresponde exclusivamente a las municipalidades. De manera que una eventual intervención de la Asamblea en cuanto al contenido de las concesiones de islas o islotes por parte de los legisladores, haría inconstitucional el acto, en perjuicio de la autonomía municipal, constitucionalmente reconocida en el artículo 170…” Conforme al precedente, se estima, que además de necesaria constitucionalmente, es conveniente la exigencia de la aprobación legislativa en este tipo de contratos (concesión sobre islas e islotes), en tanto actúa a modo de control político respecto de un "bien de la Nación" de fundamental importancia, al estar ubicado en el mar territorial, sobre el que el Estado ejerce su soberanía, en forma completa y exclusiva.

La exigencia de este requisito no puede reducirse a las concesiones de interés turístico, como se menciona en el voto de mayoría, porque la tutela de los bienes de la nación es la misma, siempre que se trate de una concesión, ya sea que tenga finalidad turística o que sea para otros propósitos. Esta exigencia formal no debe distinguir entre finalidades turísticas o de otro tipo, porque la tutela de los recursos o riquezas naturales del Estado, es la misma, en todos los casos, sin que pueda exigirse en unos casos, para actividades turísticas, y en otros, exonerarlo, porque no hay motivos que justifiquen una distinción que la misma Constitución no contiene.

Por lo tanto es evidente que el proyecto de ley resulta contrario a la Constitución en cuanto a este aspecto: Para declarar una zona en concesión, sea esta zona identificada como isla o islotes, se requiere de un procedimiento calificado de aprobación legislativa, según se prevé en los artículos seis y 140, inciso sexto de la Constitución Política y que recoge muy bien el artículo 42 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; se trata de un requisito indispensable y que se echa de menos en el proyecto de ley.

Por tanto:

Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 18.148 "Ley de Territorios Costeros Comunitarios": 1) Es inconstitucional por la forma, toda vez que, tratándose de un proyecto de ley tendiente a la reducción o desafectación de un área ambientalmente protegida, carece de un elemento esencial del procedimiento, cual es, un estudio técnico que lo justifique y determine el impacto real sobre el ambiente. 2) Es inconstitucional por el fondo por violar el principio de intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre. Notifíquese esta sentencia al Directorio de la Asamblea Legislativa y a los diputados consultantes. Comuníquese. Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro, salvan el voto y declaran que también se vulnera el art. 140 inciso 19, de la Constitución Política. De igual forma los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro dan razones distintas en cuanto a los vicios de inconstitucionalidad por el fondo.

MERGEFIELD PJV:0000034CGilbert Armijo S.

MERGEFIELD PJV:00000220Presidente a.i MERGEFIELD PJV:0000034DFernando Cruz C. MERGEFIELD PJV:0000034EFernando Castillo V.

MERGEFIELD PJV:0000034FAracelly Pacheco S. MERGEFIELD PJV:00000350 Jose Paulino Hernández G.

MERGEFIELD PJV:00000351Jorge Araya G. MERGEFIELD PJV:00000352Teresita Rodríguez A L/76

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