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Res. 00191-2015 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 09/01/2015
OutcomeResultado
The Municipality of Aserrí and CONAVI are ordered to coordinate and carry out all necessary actions to resolve the sewer problem within twelve months, under warning of disobedience.Se ordena a la Municipalidad de Aserrí y al CONAVI coordinar y ejecutar todas las acciones necesarias para resolver el problema de alcantarillado en un plazo de doce meses, bajo apercibimiento de desobediencia.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo filed by a resident of Poás de Aserrí, who claimed that the Municipality of Aserrí had failed to repair sewer damage caused by Tropical Storm Tomas over three years prior, resulting in sinkholes, damage to water meters, interruption of drinking water service, and road deterioration, endangering passersby. The Municipality argued that the necessary works would also affect a national road managed by CONAVI, while CONAVI contended that the sewer issue was a municipal responsibility. The Chamber found that both entities had acknowledged the problem but had not assumed responsibility or coordinated actions to address it, thus violating the right to a healthy and ecologically balanced environment. It ordered both institutions to coordinate and carry out all necessary actions to definitively resolve the problem within twelve months, warning that failure to comply would constitute disobedience. Justice Hernández López dissented, arguing that the matter should be heard in the ordinary administrative jurisdiction.La Sala Constitucional acogió un recurso de amparo interpuesto por una vecina de Poás de Aserrí, quien denunció que la Municipalidad de Aserrí no ha reparado los daños en alcantarillas causados por la tormenta Tomas desde hacía más de tres años, lo que provoca hundimientos, daños en hidrómetros, interrupción del servicio de agua potable y deterioro de la carretera, poniendo en peligro a los transeúntes. La Municipalidad alegó que las obras afectan una ruta nacional administrada por el CONAVI, mientras que este último sostuvo que la competencia sobre el alcantarillado es municipal. La Sala determinó que ambas entidades han reconocido el problema pero no han asumido responsabilidad ni coordinado acciones para solucionarlo, lo que vulnera el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ordenó a ambas instituciones coordinar y ejecutar todas las acciones necesarias para resolver definitivamente la problemática en un plazo de doce meses, con advertencia de incurrir en desobediencia en caso de incumplimiento. La magistrada Hernández López salvó el voto, considerando que el asunto debía ventilarse en la jurisdicción contencioso administrativa.
Key excerptExtracto clave
Thus, it is evident that these two entities have merely acknowledged the problem described and determined what must be done to resolve it, without assuming any responsibility in the matter, despite the State's obligation, through its institutions, to preserve and defend the fundamental rights of the petitioner, which have been harmed by the inaction of the respondent authorities. Moreover, there is no doubt that the intervention of both institutions is required to address what the petitioner demands. Under this reasoning and based on the reports submitted by the respondent authorities, this Court finds it proven that the problem reported by the petitioner persists due to the lack of coordination and definition of responsibilities between the Municipality of Aserrí and CONAVI, which has prevented a solution, despite the harm this causes to the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the petitioner and the other residents of the area. Therefore, given the lack of resolution of a problem that endangers the physical integrity of the inhabitants of Poás de Aserrí, the appropriate course is to grant the appeal, as hereby ordered, with the consequences set forth in the operative part of this decision. [...] "Thus, coordination is the ordering of relations among these diverse independent activities, which addresses this concurrence within a single object or entity, to make it useful for a global public plan, without eliminating the reciprocal independence of the acting subjects. Since there is no hierarchical relationship among decentralized institutions, nor between the State itself and the municipalities, it is not possible to impose certain behaviors on the latter, thus the indispensable inter-institutional 'concert', in the strict sense, arises, whereby autonomous and independent centers of action agree on this preventive and global scheme, in which each one plays a role in view of a mission entrusted to the others."Así las cosas, es evidente que estas dos entidades se han limitado a reconocer el problema expuesto, así como determinar que se debe hacer para solventarlo, sin asumir ninguna responsabilidad en el asunto, a pesar de que es obligación del Estado, a través de sus instituciones, preservar y defender los derechos fundamentales de la recurrente que se han visto lesionados por la inacción en que han incurrido las autoridades accionadas. Aparte de que, no hay duda, que se requiere la intervención de ambas instituciones para atender lo demandado por la tutelada. Bajo esa tesitura y con fundamento en los informes rendidos por las autoridades recurridas, este Tribunal tiene por demostrado que persiste la problemática acusada por la recurrente debido a la falta de coordinación y definición de responsabilidades entre la Municipalidad de Aserrí y el CONAVI, que ha servido de obstáculo para que se proceda a darle solución, a pesar del perjuicio que eso significa al derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la amparada y de los demás vecinos de la zona. En ese sentido, al constarse la falta de solución a un problema que pone en riesgo la integridad física de los habitantes de Poás de Aserrí, lo procedente es acoger el recurso, como en efecto se dispone, y con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta resolución. [...] "De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros."
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"Este Tribunal tiene por demostrado que persiste la problemática acusada por la recurrente debido a la falta de coordinación y definición de responsabilidades entre la Municipalidad de Aserrí y el CONAVI, que ha servido de obstáculo para que se proceda a darle solución, a pesar del perjuicio que eso significa al derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la amparada y de los demás vecinos de la zona."
"This Court finds it proven that the problem reported by the petitioner persists due to the lack of coordination and definition of responsibilities between the Municipality of Aserrí and CONAVI, which has prevented a solution, despite the harm this causes to the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the petitioner and the other residents of the area."
Considerando III
"Este Tribunal tiene por demostrado que persiste la problemática acusada por la recurrente debido a la falta de coordinación y definición de responsabilidades entre la Municipalidad de Aserrí y el CONAVI, que ha servido de obstáculo para que se proceda a darle solución, a pesar del perjuicio que eso significa al derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la amparada y de los demás vecinos de la zona."
Considerando III
"Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto."
"Since there is no hierarchical relationship among decentralized institutions, nor between the State itself and the municipalities, it is not possible to impose certain behaviors on the latter, thus the indispensable inter-institutional 'concert', in the strict sense, arises."
Considerando III
"Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto."
Considerando III
"La inactividad de la administración, como patología capaz de afectar los derechos de las personas, dependiendo de sus efectos y circunstancias, podrá ser discutida en una u otra sede, según su grado de afectación directa a los derechos fundamentales regulados en la Constitución Política."
"The inactivity of the administration, as a pathology capable of affecting people's rights, may, depending on its effects and circumstances, be discussed in one forum or another, according to the degree of direct impact on the fundamental rights enshrined in the Political Constitution."
IV.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ
"La inactividad de la administración, como patología capaz de afectar los derechos de las personas, dependiendo de sus efectos y circunstancias, podrá ser discutida en una u otra sede, según su grado de afectación directa a los derechos fundamentales regulados en la Constitución Política."
IV.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and five minutes on January ninth, two thousand fifteen.
Amparo action filed by G.E.P., an adult, against the Mayoress, the President of the Council, and the Director of the Technical Unit for Road Management, all of the Municipality of Aserrí, and the Executive Director of the National Roadway Council (CONAVI).
Whereas:
1.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber at 8:57 a.m. on November 18, 2014, the petitioner filed an amparo action against the Mayoress, the President of the Council, and the Director of the Technical Unit for Road Management, all of the Municipality of Aserrí, and states that the residents of Poás de Aserrí are in danger because the respondent Municipality has not repaired the damage caused by tropical storm Tomas more than three years ago. She indicates that the storm destroyed all the culverts, which is why, on June 5, she requested the Council's intervention for their repair. She mentions that, by agreement No. SMA-373-14 of Regular Session No. 216 on June 17, the Head of the Technical Road Management Office was ordered to perform an inspection within a non-extendable period of 15 days, given the nature of the emergency and because it is the rainy season. She accuses that, nevertheless, to date, no response has been received from the Engineer, despite having been notified of the mentioned agreement on June 19, 2014. She adds that she also filed a complaint before the Municipality for the total loss of the entrance to her home, which is her only access. She maintains that for more than three years, the lack of culverts has caused subsidence and damage to the water meters, causing interruption of the potable water service. Additionally, she adds that rainwater, having nowhere to drain, flows down the main road, destroying the asphalt and endangering people transiting the area. She explains that added to the above is the fact that there is debris from the fragmented culverts that injures and hinders the passage of persons with disabilities. She believes that the authorities' omission to resolve her requests violates her fundamental rights and those of the residents of the area. She requests that the action be granted.
2.- Marcela Marín Mora and Leticia Castro Moreno, in their capacity as mayoress and president of the Council, both of the Municipality of Aserrí, respectively, report under oath (submission presented at 9:02 a.m. on November 25, 2014) that the administration of the cantonal road network is the responsibility of the Technical Unit for Road Management, whose Director reported that he rejects the complainant's affirmations. They indicate that this Department cannot intervene directly to solve the denounced problem, given that the works required to be performed also affect the national route that connects to Poás de Aserrí, which is administered by the National Roadway Council. They explain that steps have been taken to execute palliative works, in coordination with that entity, without having received positive responses. They mention that in Regular Session No. 2014 on June 2, 2014, the Council adopted Agreement No. 014-214 in which it was ordered to send a reminder to the Executive Director of CONAVI to facilitate the required coordination; without any response having been received either.
3.- According to certification dated December 4, 2014, signed by Heilyn Aguilar Orozco and Gerardo Madriz Piedra, in their capacity as Judicial Technician and Secretary of this Chamber, the Coordinator of the Technical Unit for Road Management of the Municipality of Aserrí did not render the report ordered by resolution at 1:54 p.m. on November 19 last.
4.- By resolution at 10:25 a.m. on December 8, 2014, the action was expanded against the Executive Director of the National Roadway Council.
5.- Mauricio Salom Echeverría, in his capacity as executive director of the National Roadway Council (CONAVI), reports under oath (submission presented at 5:43 p.m. on December 15, 2014) that in that Institution there are no records whatsoever of the requests referred to by the respondent municipal authorities in their report. He says that in the month of September 2014, the situation of the storm drainage on route 217 had already been comprehensively assessed by the CONAVI engineers in charge of that route. He mentions that thus, through official letter No. DVP-36-14-0476 of September 24, 2014, the engineers Edgar Salas Solis, acting manager of Road and Bridge Contracting, and Luis Villalobos Pacheco of the Road and Bridge Design Directorate, issued a report on the assessment of the situation of that route. He explains that they indicated, among other things, that after assessing and analyzing the situation of the area, they recommend expanding the scope of the design and construction project for the improvement of the road corresponding to National Route 217. He says he attaches that report. He notes that, through official letter No. GCSV-30-2014-5729 dated December 11, 2014, Eng. Edgar May Cantillano, manager of Road and Bridge Conservation, reports that the problem indicated by the petitioner could have a solution with a 245 m culvert on the cantonal route (which is the responsibility of the Municipality of Aserrí) until it drains into national route 217, to subsequently direct them to the Cañas River, which is approximately 175 meters away. He mentions that this last section is CONAVI's responsibility, which is within the project bank for the improvement of the Pluvial System of the entirety of national route No. 217. He states that this promotion was endorsed by the Executive Director and incorporated into the Institutional Operating Plan. He notes that it is important to point out that the Administration, in the interest of protecting the public interest, must comply with the functions assigned to it by Law, and in the case of the institution he represents, these are contemplated in Law No. 7798 (creating the National Roadway Council), articles 1 and 4. He argues that due to the foregoing and legal grounds, it can be concluded that what is sought by the petitioner is not the competence of the National Roadway Council, since in accordance with the cited Law, it is not within the assigned functions. He alleges that on the contrary, the described situation is attributable to the Municipality of Aserrí, since matters relating to the culvert are part of its functions, and as such, it must assume the responsibility incumbent upon them, and execute the necessary works to resolve the impact indicated by the petitioner. He requests that the action be dismissed.
6.- The applicable legal requirements have been observed in the proceedings followed.
Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,
Considering:
I.- Purpose of the action. The petitioner alleges that the residents of Poás de Aserrí are in danger because the Municipality of Aserrí has not repaired the damage caused by tropical storm Tomas more than three years ago, when the culverts collapsed due to pluvial waters.
II.- Proven facts. For importance to the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondents have omitted to refer to them according to what was ordered in the initial decree:
a. The works that the Municipality of Aserrí requires to undertake to address the problem denounced by the petitioner also affect the national route that connects to Poás de Aserrí, which is administered by the National Roadway Council (report of the respondent municipal authorities).
b. Through official letter No. MA-UTGV-264-2014 of June 2, 2014, Jeffry Masís Bonilla, in his capacity as coordinator of the Technical Unit for Road Management of the Municipality of Aserrí, indicated to the Council of Aserrí, the following: “… I express my concern as Coordinator of the Technical Unit for Road Management, with respect to the different steps taken before CONAVI for the maintenance of national routes No. 209, main road to Tarbaca and Vuelta de Jorco, and national route 217, road from Poás towards Lámparas de Alajuelita. The foregoing, since since last year several meetings have been being arranged with the heads of the institution for the programming of works for the maintenance of the canton's roads. A circumstance to which, to date, we have not received any type of satisfactory response and, on the contrary, a greater number of impacts on the indicated roads are noted. Hence I request an agreement from the Honorable Council addressed to Eng. Cristian Vargas, Executive Director of CONAVI, to provide us with a report on the status of the previously submitted steps, for the road repairs of the aforementioned national routes. Also to provide us with the name of the official responsible on behalf of CONAVI for the canton's procedures, for purposes of providing the relevant follow-up. The foregoing, since it is impossible to communicate with officials of the institution, whether by telephone or by mail” (report of the respondent municipal authorities and documentation provided).
c. By official letter No. SMA-322-14 of June 3, 2014, Martín Valverde Chinchilla, in his capacity as secretary of the Municipality of Aserrí, communicated to the executive director of the National Roadway Council (CONAVI), the following: “I respectfully inform you, the Council of Aserrí, in Regular Session No. 214, held on June 2, 2014, through Agreement No. 014-214, Article Four, agreed to request you with the utmost vehemence, to facilitate to this Council your unconditional support, so that through your mediation, a Report be sent to this City Council regarding the procedures being carried out for the execution of the projects foreseen on Routes No. 209 and No. 217. Due to the imperative need to obtain this information promptly, special attention given to this request will be greatly appreciated” (report of the respondent municipal authorities and documentation provided).
d. Through official letter No. DVP-36-14-0476 of September 24, 2014, the engineers Edgar Salas Solis, acting manager of Road and Bridge Contracting, and Luis Villalobos Pacheco of the Road and Bridge Design Directorate of the National Roadway Council (CONAVI), issued a report on the assessment of the situation of route 217, and indicated, among other things, that after assessing and analyzing the situation of the area, they recommend expanding the scope of the design and construction project for the improvement of the road corresponding to National Route 217 (report of the executive director of CONAVI and documentation provided).
e. Through official letter No. GCSV-30-2014-5729 of December 11, 2014, Eng. Edgar May Cantillano, manager of Road and Bridge Conservation of the National Roadway Council (CONAVI), reports that the problem indicated by the petitioner could have a solution with a 245 m culvert on the cantonal route (which is the responsibility of the Municipality of Aserrí) until it drains into national route 217, to subsequently direct them to the Cañas River, which is approximately 175 meters away, it being that this last section is CONAVI's responsibility, which is within the project bank for the improvement of the Pluvial System of the entirety of national route No. 217. Furthermore, this promotion was endorsed by the Executive Director and incorporated into the Institutional Operating Plan (report of the executive director of CONAVI and documentation provided).
III.- On the merits. Environmental matters are undoubtedly a sensitive issue, in which the Chamber, in copious case law, has developed the content and limits of the right enshrined in Article 50 of the Constitution. As a general premise, this Tribunal has indicated that the right to health —derived from the right to life— and to a healthy and ecologically balanced environment, constitute guarantees intimately related and protectable through amparo proceedings. Furthermore, it has been said that the protection of these guarantees is indispensable to facilitate as much as possible the exercise of freedoms and the enjoyment of fundamental rights (decision No. 2012-010677 at 9:15 a.m. on August 10, 2012). From the reports rendered under oath by the authorities of the Municipality of Aserrí and the National Roadway Council, the confrontation of their positions regarding which of them is responsible for the administrative intervention to solve the culvert problem denounced by the petitioner is evident, without it being inferred from this antagonism an administrative will to achieve institutional coordination and guarantee the protection of the rights of the complainant and other residents. It has also been verified that the situation affecting the protected party is fully known to both authorities. Regarding the principle of institutional coordination, in judgment No. 2011-009153 at 11:39 a.m. on July 8, 2011, this Tribunal has stated: “This Chamber previously —and quite clearly— referred to the principle of coordination of public dependencies with municipalities in the realization of common purposes —which, obviously, must be extended to the relationship that the institutions of the Central Administration and the decentralized ones carry out in this important function—, for which it refers to what was indicated on that occasion: \"Thus, coordination is the ordering of relations between these various independent activities, which takes charge of that concurrence on the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. Since there is no hierarchical relationship between decentralized institutions, nor of the State itself in relation to municipalities, the imposition of determined conducts on them is not possible, with which the indispensable inter-institutional 'concert' arises, in a strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one plays a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed forms of coordination, with the exclusion of any imperative form to the detriment of their autonomy, that would allow subjecting the corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the latter (through the 'administrative tutelage' of the State, and specifically, in the function of legality control that competes to the latter, with general oversight powers over the entire sector)\" (see judgment No. 5445-99 at 2:30 p.m. on July 14, 1999). In this context, the dilemma in which the respondent authorities have placed themselves evidently harms the petitioner's rights to obtain a good public service and, consequently, to overcome the flooding problem afflicting her. This is because it is asserted that the works the Municipality of Aserrí requires to undertake to address the problem denounced by the petitioner also affect the national route that connects to Poás de Aserrí, which is administered by the National Roadway Council. Meanwhile, the executive director of that body reports that the problem indicated by the petitioner could have a solution with a 245 m culvert on the cantonal route (which is the responsibility of the Municipality of Aserrí) until it drains into national route 217, to subsequently direct them to the Cañas River, which is approximately 175 meters away. He also mentions that this last section is CONAVI's responsibility, which is within the project bank for the improvement of the Pluvial System of the entirety of national route No. 217. As things stand, it is evident that these two entities have limited themselves to recognizing the exposed problem, as well as determining what must be done to solve it, without assuming any responsibility in the matter, despite it being the obligation of the State, through its institutions, to preserve and defend the fundamental rights of the petitioner that have been harmed by the inaction incurred by the respondent authorities. Besides which, there is no doubt that the intervention of both institutions is required to address what is demanded by the protected party. Under this approach, and based on the reports rendered by the respondent authorities, this Tribunal finds it proven that the problem accused by the petitioner persists due to the lack of coordination and definition of responsibilities between the Municipality of Aserrí and CONAVI, which has served as an obstacle to proceeding to give it a solution, despite the harm this signifies to the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the protected party and the other residents of the area. In this sense, upon verifying the lack of a solution to a problem that puts the physical integrity of the inhabitants of Poás de Aserrí at risk, it is appropriate to grant the action, as is indeed ordered, and with the consequences indicated in the operative part of this resolution.
IV.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ. The Political Constitution establishes different ways to protect people's rights, for which it has created different instances and levels of protection. Among them, it created the Constitutional Jurisdiction in its Article 10, as a specialized instance, whose purpose is “to guarantee the supremacy of the norms and constitutional principles and of the International or Community Law in force in the Republic, their uniform interpretation and application, as well as the fundamental rights and freedoms enshrined in the Constitution or in the international human rights instruments in force in Costa Rica” (Article 1 LJC). On the other hand, it had previously created the ordinary jurisdiction (Article 153), the labor jurisdiction (Article 70), and also established, in its Article 49, the existence of a contentious-administrative jurisdiction, which it defined with particular clarity as having the purpose of: “guaranteeing the legality of the administrative function of the State, its institutions, and any other public law entity.” Practically since its creation, the determination of criteria to appropriately distribute the different types of claims has been a priority issue for this Chamber, taking for granted that the principle of constitutional supremacy does not necessarily entail recognizing omnipotent competence to the body designated to protect it. On the contrary, an appropriate distribution of tasks, adhering to the constitutional text, aims to understand that the constitutional jurisdiction must hear —according to the purpose of its creation— those aspects that violate, by action or omission, fundamental rights and constitutional supremacy, which are susceptible to being heard in a very summary process of special nature and urgency, such as the amparo as a procedural institute.
The inactivity of the administration, as a pathology capable of affecting people's rights, depending on its effects and circumstances, may be discussed in one venue or another, according to its degree of direct impact on the fundamental rights regulated in the Political Constitution or in the international human rights treaties in force, so that the constitutional jurisdiction cannot, and must not, constitute a single instance that diminishes the other forms of judicial protection created by the constituent and the legislator.
Therefore, not every omission or inactivity of the State per se must be protected in the constitutional venue, and in the case of omissions by the State in the construction and maintenance of road infrastructure, sidewalks, bridges, and culverts, to mention some examples, or to remedy problems of pluvial waters, floods, and vacant lots, among others, the competence and protection of the rights of the administered corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. This without prejudice to the Chamber retaining its possibilities of intervention when the claims involve a current and direct danger to the health or physical integrity of persons, or when it concerns the protection, also current and direct, of the rights of vulnerable groups, such as, for example, the disabled, minors, or the elderly.
In the case under study, the evidentiary elements allow concluding that it is a problem with the construction and maintenance of access roads and culverts, so there is no reason whatsoever that makes the intervention of the Chamber necessary, therefore it is appropriate to dismiss the action as it concerns a matter that must be heard in the ordinary jurisdiction.
Therefore:
The action is granted. Marcela Marín Mora and Leticia Castro Moreno, in their capacity as mayoress and president of the Council, both of the Municipality of Aserrí, respectively, as well as Mauricio Salom Echeverría, executive director of the National Roadway Council (CONAVI), or whoever holds those positions, are ordered to coordinate whatever is necessary so that, within the framework of their powers and competences, and in association with the corresponding institutions, they carry out all the acts required to definitively solve the problem denounced by the petitioner. The foregoing within a period of twelve months, counted from the notification of this resolution. The respondents, or whoever in their place occupies those positions, are warned that failure to comply with said order shall incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whoever receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo action, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State and the Municipality of Aserrí are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as a basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of sentence of the contentious-administrative jurisdiction. This resolution shall be notified, personally, to Marcela Marín Mora and Leticia Castro Moreno, in their capacity as mayoress and president of the Council, both of the Municipality of Aserrí, respectively, and to Mauricio Salom Echeverría, executive director of the National Roadway Council (CONAVI), or to whoever holds those positions. Magistrate Hernández López dissents and dismisses the action.
Gilbert Armijo S.
President Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Rosa María Abdelnour G.
Enrique Ulate C.
Ana María Picado B.
Digitally Signed Document -- Verification Code -- *WCIBX56UPNO61* Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 15:02:57.
SCIJ of Hacienda SCIJ of the Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *140179840007CO* Res. Nº 2015000191 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del nueve de enero de dos mil quince.
Recurso de amparo interpuesto por G.E.P., mayor, contra la Alcaldesa, la Presidenta del Concejo y el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, todos de la Municipalidad de Aserrí y el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 8:57 hrs. del 18 de noviembre del 2014, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Alcaldesa, la Presidenta del Concejo y el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, todos de la Municipalidad de Aserrí y expresa que los vecinos de Poás de Aserrí corren peligro debido a que la Municipalidad recurrida no ha reparado los daños que provocó la tormenta Tomas desde hace más de tres años. Indica que, la tormenta destruyó todas las alcantarillas, razón por la cual, en fecha 5 de junio, solicitó al Concejo su intervención para su reparación. Menciona que, por acuerdo No. SMA-373-14 de Sesión Ordinaria No. 216 del 17 de junio, se ordenó al Encargado de la Oficina de Gestión Técnica Vial realizar una inspección en el plazo improrrogable de 15 días, dada la naturaleza de la emergencia y por ser época de lluvias. Acusa que no obstante, a la fecha, no se ha obtenido respuesta alguna del Ingeniero, pese a que fue notificado del mencionado acuerdo el 19 de junio de 2014. Agrega que, además, presentó denuncia ante la Municipalidad por la pérdida total de la entrada a su casa, que es su único acceso. Sostiene que la falta de alcantarillas provocó, desde hace más de tres años, hundimientos y daños en los hidrómetros, que causan la interrupción del servicio de agua potable. De otra parte, añade que el agua proveniente de las lluvias al no tener por donde bajar, lo hace por la carretera principal, destrozando el asfaltado y poniendo en peligro a las personas que transitan por el lugar. Expone que a lo anterior, se suma el hecho de que existen escombros de las alcantarillas fragmentadas que lastiman y dificultan el paso a las personas con discapacidad. Estima que la omisión de las autoridades de resolver sus gestiones lesiona sus derechos fundamentales y los de los vecinos de la zona. Solicita declarar con lugar el recurso.
2.- Informan bajo juramento Marcela Marín Mora y Leticia Castro Moreno, en su condición de alcaldesa y presidenta del Concejo, ambas de la Municipalidad de Aserrí, respectivamente (escrito presentado a las 9:02 hrs. del 25 de noviembre del 2014), que la administración de la red vial cantonal está a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial, cuyo Director informó que rechaza las afirmaciones de la quejosa. Señalan que ese Departamento no puede intervenir directamente para la solución del problema denunciado, toda vez que las obras que se requieren realizar afectan también la ruta nacional que comunica a Poás de Aserrí, la cual es administrada por el Consejo Nacional de Vialidad. Explican que se han realizado gestiones para ejecutar obras paliativas, en coordinación con dicho ente, sin haber recibido respuestas positivas. Mencionan que en Sesión Ordinaria Nº 2014 del 02 de junio de 2014, el Concejo tomó el Acuerdo No. 014-214 en que se dispuso enviarle una excitativa al Director Ejecutivo del CONAVI para facilitar la coordinación requerida; sin que tampoco se haya recibido respuesta alguna.
3.- Según constancia del 4 de diciembre del 2014, suscrita por Heilyn Aguilar Orozco y Gerardo Madriz Piedra, en su condición de Técnica Judicial y Secretario de esta Sala, el Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Aserrí no rindió el informe prevenido mediante resolución de las 13:54 hrs. del 19 de noviembre pasado.
4.- Mediante resolución de 10:25 hrs. del 8 de diciembre del 2014, se amplió el recurso contra el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad.
5.- Informa bajo juramento Mauricio Salom Echeverría, en su condición de director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) (escrito presentado a las 17:43 hrs. del 15 de diciembre del 2014), que en esa Institución no constan en ningún registro las solicitudes a que se refieren las autoridades municipales recurridas en su informe. Dice que en el mes de setiembre del 2014, la situación del desfogue de aguas en la ruta 217, ya había sido valorada, en forma integral, por los ingenieros del CONAVI que se encuentran a cargo de dicha ruta. Menciona que así, mediante oficio No. DVP-36-14-0476 del 24 de setiembre del 2014, los ingenieros Edgar Salas Solis, gerente a.i. de Contratación de Vías y Puentes y Luis Villalobos Pacheco de la Dirección de Diseño de Vías y Puentes, emitieron informe acerca de la valoración de la situación de esa ruta. Explica que indicaron, entre otras cosas, que luego de valorada y analizada la situación de la zona, recomiendan ampliar el alcance del proyecto de diseño y construcción para el mejoramiento de la vía correspondiente a la ruta Nacional 217. Dice que adjunta ese informe. Acota que, mediante oficio No. GCSV-30-2014-5729 de fecha 11 de diciembre del 2014, el ing. Edgar May Cantillano, gerente de Conservación de Vías y Puentes, informa que el problema que indica la recurrente, podrá tener solución con un alcantarillado de 245 m sobre la ruta cantonal (lo cual es competencia de la Municipalidad de Aserrí) hasta desfogar en ruta nacional 217, para posteriormente dirigirlas al río Cañas que se encuentra a 175 metros, aproximadamente. Menciona que éste último tramo sí es competencia de CONAVI, lo cual se encuentra dentro del banco de proyectos para el mejoramiento del Sistema Pluvial de la totalidad de la ruta nacional No. 217. Refiere que dicha promoción fue avalada por el Director Ejecutivo e incorporado al Plan Operativo Institucional. Acota que es importante señalar que la Administración en aras de tutelar el interés publico, debe cumplir con las funciones que le son asignadas por Ley, y en el caso de la institución que representa, se encuentran contempladas en la Ley No. 7798 (de creación del Consejo Nacional de Vialidad), artículos 1 y 4. Argumenta que por lo expuesto y fundamentos de derecho, se puede concluir que lo pretendido por la recurrente, no es competencia del Consejo Nacional de Vialidad, ya que de conformidad con la Ley citada, no se encuentra dentro de las funciones asignadas. Alega que por el contrario, la situación descrita es atribuible a la Municipalidad de Aserrí, ya que lo relativo al alcantarillado es parte de sus funciones, y como tal, debe asumir la responsabilidad que les corresponde, y ejecutar las obras necesarias para solucionar la afectación que indica la recurrente. Solicita declarar sin lugar el recurso.
6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso. La recurrente alega que los vecinos de Poás de Aserrí corren peligro debido a que la Municipalidad de Aserrí no ha reparado los daños que provocó la tormenta Tomas desde hace más de tres años, cuando las alcantarillas colapsaron por las aguas pluviales.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a. Las obras que requieren realizar la Municipalidad de Aserrí para atender la problemática denunciada por la recurrente afectan también la ruta nacional que comunica a Poás de Aserrí, la cual es administrada por el Consejo Nacional de Vialidad (informe de las autoridades municipales recurridas).
b. Mediante oficio No. MA-UTGV-264-2014 del 2 de junio de 2014, Jeffry Masís Bonilla, en su condición de coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Aserrí, le indicó al Concejo de Aserrí, lo siguiente: “… les manifiesto mi preocupación en calidad de Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, con respecto a las diferentes gestiones realizadas ante el CONAVI para el mantenimiento de las rutas nacionales No. 209 camino principal a Tarbaca y Vuelta de Jorco y la ruta nacional 217 camino de Poás hacia lámparas de Alajuelita. Lo anterior, ya que desde el año pasado se han venido gestionando varias reuniones con los jerarcas de la institución para la programación de los trabajos para el mantenimiento de las vías del cantón. Circunstancia que a la fecha no hemos recibido ningún tipo de respuesta satisfactoria y por lo contrario, se denotan mayor número de afectaciones sobre las vías indicadas. De ahí que solicito un acuerdo por parte del Honorable Concejo dirigido al lng. Cristian Vargas Director Ejecutivo del CONAVI, para que nos brinde un informe sobre el estado de las gestiones presentadas anteriormente, para las reparaciones de vías de las rutas nacionales antes indicadas. Así mismo que nos brinde el nombre del funcionario responsable por parte de CONAVI de las gestiones del cantón, para efectos de brindar los seguimientos del caso. Lo anterior, ya que es imposible comunicarse con funcionarios de la institución, ya sea vía telefónica o por correo” (informe de las autoridades municipales recurridas y documentación aportada).
c. Por oficio No. SMA-322-14 del 3 de junio del 2014, Martín Valverde Chinchilla, en su condición de secretario de la Municipalidad de Aserrí, le comunicó al director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), lo siguiente: “Me permito informarle respetuosamente, el Concejo de Aserrí, en Sesión Ordinaria No. 214, celebrada el día 02 de junio del año 2014, por medio del Acuerdo No. 014-214, Artículo Cuarto, acordó solicitarle con la vehemencia del caso, le facilite a este Concejo su apoyo incondicional, para que a través de su mediación, se le remita a este Ayuntamiento un Informe acerca de los trámites que se realizan, para la ejecución de los proyectos que se tienen previstos en las Rutas No. 209 y No. 217. Debido a la imperiosa necesidad de obtener esta información a la brevedad, mucho se le agradecerá la especial atención que le ofrezca a esta solicitud” (informe de las autoridades municipales recurridas y documentación aportada).
d. Mediante oficio No. DVP-36-14-0476 del 24 de setiembre del 2014, los ingenieros Edgar Salas Solis, gerente a.i. de Contratación de Vías y Puentes y Luis Villalobos Pacheco de la Dirección de Diseño de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), emitieron informe acerca de la valoración de la situación de la ruta 217, e indicaron, entre otras cosas, que luego de valorada y analizada la situación de la zona, recomiendan ampliar el alcance del proyecto de diseño y construcción para el mejoramiento de la vía correspondiente a la ruta Nacional 217 (informe del director ejecutivo del CONAVI y documentación aportada).
e. Mediante oficio No. GCSV-30-2014-5729 del 11 de diciembre del 2014, el ing. Edgar May Cantillano, gerente de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), informa que el problema que indica la recurrente podrá tener solución con un alcantarillado de 245 m sobre la ruta cantonal (lo cual es competencia de la Municipalidad de Aserrí) hasta desfogar en ruta nacional 217, para posteriormente dirigirlas al río Cañas que se encuentra a 175 metros, aproximadamente, siendo que ese último tramo sí es competencia de CONAVI, lo cual se encuentra dentro del banco de proyectos para el mejoramiento del Sistema Pluvial de la totalidad de la ruta nacional No. 217. Además, dicha promoción fue avalada por el Director Ejecutivo e incorporado al Plan Operativo Institucional (informe del director ejecutivo del CONAVI y documentación aportada).
III.- Sobre el fondo. La materia ambiental sin duda resulta un tema sensible, en el que la Sala en copiosa jurisprudencia ha desarrollado el contenido y los límites del derecho consagrado en el artículo 50 Constitucional. Como premisa general, este Tribunal ha indicado que el derecho a la salud -derivado del derecho a la vida- y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, constituyen garantías íntimamente relacionadas y tutelables en la vía de amparo. Además, se ha dicho que la protección de dichas garantías resulta indispensable para facilitar lo más posible el ejercicio de las libertades y el goce de los derechos fundamentales (voto No. 2012-010677 de las 9:15 hrs. del 10 de agosto del 2012). De los informes rendidos bajo juramento por las autoridades de la Municipalidad de Aserrí y del Consejo Nacional de Vialidad, queda en evidencia la confrontación de sus posiciones respecto a cual de ellos les corresponde la intervención administrativa para la solución del problema de alcantarillado denunciado por la recurrente, sin que de ese antagonismo se infiera una voluntad administrativa para lograr una coordinación institucional y garantizar la tutela de los derechos a la quejosa y demás pobladores. También se ha constatado que es de pleno conocimiento de ambas autoridades la situación que afecta a la amparada. Sobre el principio de coordinación institucional, por sentencia No. 2011-009153 de las 11:39 hrs. del 8 de julio de 2011, este Tribunal ha dicho: “Esta Sala con anterioridad -y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión: "De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la "tutela administrativa" del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector)" (véase sentencia No. 5445-99 de las 14:30 hrs. del 14 de julio de 1999). En este contexto, evidentemente el dilema en que se han ubicado las autoridades recurridas, perjudica los derechos de la recurrente a obtener un buen servicio público y consecuentemente, a que el problema de inundaciones que le aqueja sea superado. Ello, por cuanto se asegura que las obras que requiere realizar la Municipalidad de Aserrí para atender la problemática denunciada por la recurrente afectan también la ruta nacional que comunica a Poás de Aserrí, la cual es administrada por el Consejo Nacional de Vialidad. Mientras que el director ejecutivo de ese órgano informa que el problema que indica la recurrente, podrá tener solución con un alcantarillado de 245 m sobre la ruta cantonal (lo cual es competencia de la Municipalidad de Aserrí) hasta desfogar en ruta nacional 217, para posteriormente dirigirlas al río Cañas que se encuentra a 175 metros, aproximadamente. También menciona que éste último tramo sí es competencia de CONAVI, lo cual se encuentra dentro del banco de proyectos para el mejoramiento del Sistema Pluvial de la totalidad de la ruta nacional No. 217. Así las cosas, es evidente que estas dos entidades se han limitado a reconocer el problema expuesto, así como determinar que se debe hacer para solventarlo, sin asumir ninguna responsabilidad en el asunto, a pesar de que es obligación del Estado, a través de sus instituciones, preservar y defender los derechos fundamentales de la recurrente que se han visto lesionados por la inacción en que han incurrido las autoridades accionadas. Aparte de que, no hay duda, que se requiere la intervención de ambas instituciones para atender lo demandado por la tutelada. Bajo esa tesitura y con fundamento en los informes rendidos por las autoridades recurridas, este Tribunal tiene por demostrado que persiste la problemática acusada por la recurrente debido a la falta de coordinación y definición de responsabilidades entre la Municipalidad de Aserrí y el CONAVI, que ha servido de obstáculo para que se proceda a darle solución, a pesar del perjuicio que eso significa al derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la amparada y de los demás vecinos de la zona. En ese sentido, al constarse la falta de solución a un problema que pone en riesgo la integridad física de los habitantes de Poás de Aserrí, lo procedente es acoger el recurso, como en efecto se dispone, y con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta resolución.
IV.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ. La Constitución Política establece distintas formas de tutelar los derechos de las personas, para lo cual ha creado distintas instancias y niveles de protección. Entre ellos, creó la Jurisdicción Constitucional en su artículo 10, como una instancia especializada, cuyo objeto es “garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica”, (artículo 1 LJC). Por otra parte, ya había creado anteriormente la jurisdicción ordinaria (artículo 153), la jurisdicción laboral (artículo 70) y estableció igualmente, en su artículo 49, la existencia de una jurisdicción contencioso administrativa a la que definió con particular claridad su objeto de: “de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.” Prácticamente desde su creación, ha sido un tema prioritario para esta Sala, la determinación de criterios que permitan distribuir de manera apropiada los distintos tipos de reclamos, dando por hecho que el principio de supremacía constitucional no conlleva necesariamente reconocer una competencia omnímoda al órgano designado para protegerla.- Por el contrario un reparto apropiado de labores, que se apegue al texto constitucional apunta a entender que la jurisdicción constitucional debe conocer -según el propósito de su creación-, aquellos aspectos que violen por acción u omisión derechos fundamentales y de la supremacía constitucional, que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo como instituto procesal.
La inactividad de la administración, como patología capaz de afectar los derechos de las personas, dependiendo de sus efectos y circunstancias, podrá ser discutida en una u otra sede, según su grado de afectación directa a los derechos fundamentales regulados en la Constitución Política o a los tratados internacionales de derechos humanos vigentes de manera que la jurisdicción constitucional no puede, ni debe constituirse en una instancia única que demerite las otras formas de tutela judicial creadas por el constituyente y el legislador.
De allí que no toda omisión o inactividad del Estado per se, deba ser tutelada en sede constitucional, y en el caso de las omisiones del Estado en la construcción y mantenimiento de infraestructura vial, aceras, puentes y alcantarillas para mencionar algunos ejemplos, o para remediar problemas de aguas pluviales, crecidas y lotes baldíos entre otros, la competencia y tutela de los derechos de los administrados le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. Ello sin perjuicio de que la Sala conserve sus posibilidades de intervención cuando los reclamos involucren un peligro actual y directo a la salud o la integridad física de las personas, o cuando se trate de la protección, también actual y directa de los derechos de grupos vulnerables como son por ejemplo los discapacitados, los menores o los adultos mayores.
En el caso en estudio, los elementos probatorios permiten concluir que se trata de un problema con la construcción y mantenimiento de vías de acceso y alcantarillas, por lo que no existe motivo alguno que haga necesaria la intervención de la Sala, por lo cual procede declarar sin lugar el recurso por tratarse de un asunto que debe conocerse en la jurisdicción ordinaria.-
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marcela Marín Mora y a Leticia Castro Moreno, en su condición de alcaldesa y presidenta del Concejo, ambas de la Municipalidad de Aserrí, respectivamente, así como a Mauricio Salom Echeverría, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), o a quienes ejerzan esos cargos, que coordinen lo necesario para que, que dentro del marco de sus atribuciones y competencias, y en asocio con las instituciones correspondientes, realicen todos los actos requeridos para solventar en definitiva el problema denunciado por la recurrente. Lo anterior en un plazo de doce meses, contado a partir de la notificación de la presente resolución. Se les advierte a los recurridos, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Aserrí al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese la presente resolución, en forma personal, a Marcela Marín Mora y a Leticia Castro Moreno, en su condición de alcaldesa y presidenta del Concejo, ambas de la Municipalidad de Aserrí, respectivamente, y a Mauricio Salom Echeverría, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), o a quienes ejerzan esos cargos. La Magistrada Hernández López salva el voto y declara sin lugar el recurso.
Gilbert Armijo S.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Rosa María Abdelnour G.
Enrique Ulate C.
Ana María Picado B.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *WCIBX56UPNO61*
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