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Res. 00158-2015 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 09/01/2015
OutcomeResultado
The Chamber denies the amparo because the petitioner failed to meet the regulatory requirements set by the ASADA for potable water supply, without violating his fundamental rights.La Sala declara sin lugar el amparo porque el recurrente no cumplió con los requisitos reglamentarios exigidos por la ASADA para el suministro de agua potable, sin que ello viole sus derechos fundamentales.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo action filed by a resident of Guatuso against the local rural aqueduct association (ASADA), which denied him potable water service and moved a public tap 300 meters away as punishment for misuse. The Chamber reaffirms the existence of a fundamental right to potable water derived from the rights to health, life, and a healthy environment, recognized in international instruments such as the Protocol of San Salvador. However, it clarifies that this right is not absolute or immediately enforceable in all circumstances; it is subject to compliance with regulatory requirements set by ASADAs and the governing body AyA. In this case, the petitioner failed to provide proof of property title or other documents required by the Customer Service Regulations, so the denial does not violate fundamental rights. The Chamber dismisses the amparo, confirming that ASADAs must operate within the regulatory framework and that access to potable water does not exempt individuals from meeting legal obligations.La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo interpuesto por un vecino de Guatuso a quien la Asociación Administradora del Acueducto Rural (ASADA) local le negó el servicio de agua potable e instaló una fuente pública que luego trasladó 300 metros como sanción por uso inadecuado. La Sala reitera la existencia de un derecho fundamental al agua potable derivado de los derechos a la salud, la vida y un ambiente sano, reconocido en instrumentos internacionales como el Protocolo de San Salvador. Sin embargo, aclara que este derecho no es absoluto ni exigible de manera inmediata en cualquier circunstancia, sino que está sujeto al cumplimiento de los requisitos reglamentarios establecidos por las ASADAS y el ente rector AyA. En este caso, el recurrente no aportó el título de propiedad ni otros documentos exigidos por el Reglamento de Prestación de Servicios al Cliente, por lo que la negativa no vulnera derechos fundamentales. La Sala declara sin lugar el recurso, confirmando que las ASADAS deben operar dentro del marco normativo y que el acceso al agua potable no exime del cumplimiento de obligaciones legales.
Key excerptExtracto clave
VI.- From the preceding regulatory framework a series of fundamental rights linked to the State's obligation to provide basic public services derive, implying, on the one hand, that persons cannot be illegitimately deprived of them, but, as in the case of potable water, the ownership of an enforceable right cannot be sustained for any individual so that the State supplies the public service of potable water, immediately and wherever, but rather, in the manner provided in the Protocol of San Salvador, this class of rights obligates States to adopt measures, as set forth in Article 1 of the same Protocol: ‘The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through cooperation among States, especially economic and technical, to the maximum of available resources and taking into account their degree of development, in order to achieve progressively, and in accordance with domestic legislation, the full effectiveness of the rights recognized in this Protocol’. From this it also cannot be interpreted that this fundamental right to public services has no concrete enforceability; on the contrary, when the State should reasonably provide them, the right holders may demand them and the public administrations or, where appropriate, the private parties that provide them in their stead may not hide behind alleged resource shortages, which has been the secular public excuse to justify the failure to fulfill their duties.” (Judgment 4654-2003 of 15:44 hours on May 27, 2003).VI.- Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo: ‘Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo’. De esto tampoco puede interpretarse que ese derecho fundamental a los servicios públicos no tenga exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo y no pueden las administraciones públicas o, en su caso, los particulares que los presten en su lugar, escudarse en presuntas carencias de recursos, que ha sido la secular excusa pública para justificar el incumplimiento de sus cometidos.” (Sentencia 4654-2003 de las 15:44 horas del 27 de mayo de 2003).
Pull quotesCitas destacadas
"La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros."
"The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others."
Considerando III
"La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros."
Considerando III
"no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas [...] a fin de lograr progresivamente [...] la plena efectividad de los derechos."
"the ownership of an enforceable right cannot be sustained for any individual so that the State supplies the public service of potable water, immediately and wherever, but rather, in the manner provided in the Protocol of San Salvador, this class of rights obligates States to adopt measures [...] in order to achieve progressively [...] the full effectiveness of the rights."
Considerando III, citando sentencia 4654-2003
"no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas [...] a fin de lograr progresivamente [...] la plena efectividad de los derechos."
Considerando III, citando sentencia 4654-2003
"De esto tampoco puede interpretarse que ese derecho fundamental a los servicios públicos no tenga exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo."
"From this it also cannot be interpreted that this fundamental right to public services has no concrete enforceability; on the contrary, when the State should reasonably provide them, the right holders may demand them."
Considerando III, citando sentencia 4654-2003
"De esto tampoco puede interpretarse que ese derecho fundamental a los servicios públicos no tenga exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo."
Considerando III, citando sentencia 4654-2003
"se desprende, que el recurrente no ha cumplido con los requisitos establecidos para optar por el servicio de agua potable que solicita [...] la Sala considera que no se ha ocasionado ninguna vulneración a normas o principios constitucionales en perjuicio del recurrente."
"it is evident that the petitioner has not complied with the established requirements to qualify for the potable water service requested [...] the Chamber considers that no violation of constitutional norms or principles has been caused to the detriment of the petitioner."
Considerando V
"se desprende, que el recurrente no ha cumplido con los requisitos establecidos para optar por el servicio de agua potable que solicita [...] la Sala considera que no se ha ocasionado ninguna vulneración a normas o principios constitucionales en perjuicio del recurrente."
Considerando V
Full documentDocumento completo
Res. No. 2015000158 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and five minutes on the ninth of January, two thousand fifteen.
Amparo remedy filed by [NOMBRE 01], of legal age, identity card [VALOR 01], on his own behalf and on behalf of [NOMBRE 02], of legal age, homemaker, identity card [VALOR 02], against the Asociación Administradora del Acueducto Rural Integrado de Buena Vista de Guatuso.
Whereas:
1.- Through a brief received at the Secretariat on June 4, 2014, the petitioner files an amparo remedy against the Asociación Administradora del Acueducto Rural Integrado de Buena Vista de Guatuso, and states that the protected party and he are residents of Buena Vista de Guatuso; that they live 750 meters northeast of the local cemetery. He indicates that they requested potable water service from the respondent, but it was denied to them. He points out that for 2 years they have made multiple attempts to have the application approved, without obtaining a positive result. He states that a public water source was installed for them. However, on February 12, 2014, the officials of the respondent association appeared to remove the public tap and moved it 300 meters from the boundaries of his property. He maintains that they have also been denied the delivery of a document explaining the reasons why water service is not provided to them. He argues that, as of the date he files this amparo, he is without potable water service, and therefore he considers his fundamental rights and those of the protected party to be injured.
2. María Rosa Campos Vargas, in her capacity as President of the Asociación Administradora del Acueducto Rural de Buena Vista de Guatuso, reports that: a) The petitioners have indeed requested potable water service, and they have been warned that they must fulfill the requirements established in Article 32 of the Customer Service Provision Regulations (Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes), which, as of the date the remedy was filed, have not been fulfilled or provided by the petitioner or by any other person, making it impossible for the respondent Association to process the request before the institution to provide them with potable water service; b) The petitioner lacks a property title and other basic and necessary requirements to be eligible for potable water service. She indicates that said ASADA installed a public source to be used by all persons, including the petitioners, but that due to inappropriate use, contrary to the law and what is permitted, they proceeded to move said source 300 meters from where it was initially, as a method of punishment, since they were acting illegally; according to what is established in Article 61 of the Customer Service Provision Regulations (Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes), making fraudulent use, as they placed hoses for personal use, this being a water intake tap for communal use.
3.- Through a brief received at the Secretariat of the Chamber, at 7:56 a.m. on November 8, 2014, documentary evidence was provided.
4.- In the proceedings followed, legal prescriptions have been observed.
Drafted by Magistrate Ulate Chacón; and,
Considering:
I.- Purpose of the remedy. The petitioner states that for 2 years he has made multiple attempts to have his application for potable water service approved before the respondent Association, without obtaining, as of the date of filing the remedy, a positive result.
a. The petitioner requested potable water service from the Asociación Administradora del Acueducto Rural de Buena Vista de Guatuso (see report from the respondent).
b. The respondent association warned the petitioner of the requirements he had to fulfill in order to be eligible for potable water service, as established in the Customer Service Provision Regulations (Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes), in Article 32 (see report from the respondent).
c. As of the date of filing this remedy, the petitioner has not fulfilled the established requirements (see report from the respondent).
d. Near the property where the petitioner lives, a public potable water source was installed so that all persons, including the petitioner, could make adequate use of the potable water (see evidence provided and the report from the respondent).
e. As a consequence of the inappropriate use of the public source, it was moved 300 meters from where it was initially (see evidence provided and the report from the respondent).
III.- On the fundamental right to potable water. This Court has recognized in its case law that the right to health and to life are fundamental rights of the human being that depend on access to potable water and that the competent bodies have the unavoidable responsibility to ensure that society, as a whole, does not see these diminished. Indeed, the Chamber has previously ordered that, as part of Constitutional Law, there exists a fundamental right to the supply of potable water, and on that occasion, the following was ordered:
"V.- The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and adequate housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it figures explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (Art. 24); furthermore, it is stated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and it is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obligated in this matter by what is ordered in Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ('Protocol of San Salvador' of 1988), which orders that:
'Article 11. Right to a Healthy Environment 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services." Furthermore, recently, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights reiterated that having water is a human right that, besides being essential to lead a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights.
VI.- From the foregoing normative framework, a series of fundamental rights is derived, linked to the State's obligation to provide basic public services, which implies, on the one hand, that persons cannot be illegitimately deprived of them, but that, as in the case of potable water, the ownership of an enforceable right by any individual cannot be sustained so that the State supplies them with the public service of potable water, immediately and wherever they may be, but rather, in the manner provided in the Protocol of San Salvador itself, this class of rights obliges States to adopt measures, as ordered in Article one of the same Protocol:
'The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through cooperation among the States, especially economic and technical, to the maximum of available resources and taking into account their degree of development, in order to achieve progressively, and in accordance with domestic legislation, the full effectiveness of the rights recognized in this Protocol.' From this, it cannot be interpreted either that this fundamental right to public services has no concrete enforceability; on the contrary, when the State reasonably must provide them, the right holders can demand it, and public administrations or, where applicable, the private parties that provide them in their stead, cannot shield themselves behind alleged lack of resources, which has been the secular public excuse to justify the non-fulfillment of their tasks." (Judgment 4654-2003 of 15:44 hours on May 27, 2003).
IV.- On the Associations for the Administration of Aqueducts and Sewers (Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados). The Associations for the Administration of Aqueducts and Sewers (Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados) are subject to compliance with both the duties that the regulation governing the matter imposes on them (Regulation of Associations for the Administration of Communal Aqueduct and Sewer Systems, Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales) and adherence to the orders issued by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Their duties are established in numeral 21 of the cited regulation, a rule that expressly orders:
"Article 21.—The duties and powers of the ASADAS are as follows:
Section 1) Submit the Association's bylaws to AyA for knowledge, prior to presentation to the Registry of Associations for registration.
Section 2) Sign the Management Delegation Agreement for the public service with AyA.
Section 3) Ensure and actively participate with the community in the construction, administration, operation, maintenance, and development of the systems, as well as in the preservation and conservation of water resources.
Section 4) Authorize new services, connections, and reconnections if aqueducts and/or sanitary sewers exist with technical capacity; otherwise, it must comply with the specifications indicated in Article 18 of this regulation.
Section 5) Acquire the goods, materials, and equipment necessary for the administration, operation, maintenance, and development of the systems, ensuring compliance with the guiding principles of administrative contracting, as well as with the Administrative Contracting Law (Ley de Contratación Administrativa) and its Regulations.
Section 6) Administer, operate, repair, safeguard, defend, and protect, according to the principles of sound administration, all goods destined for the provision of services of the systems they administer.
Section 7) Establish the internal control measures necessary to guarantee the good performance of the activities carried out by the Association, in accordance with the General Internal Control Law No. 8292 (Ley General de Control Interno N° 8292).
Section 8) Comply with the registration procedures for the allocation of flows and supply sources necessary for the community, through AyA, so that they remain reserved for a public purpose, as well as maintain a program and permanent record of gauging of the sources, which will be sent to the Environmental Management Directorate of AyA (Dirección de Gestión Ambiental del AyA).
Section 9) Provide public services in an efficient, egalitarian, and timely manner to all users, without distinctions of any nature, provided that the requirements requested by the Customer Service Provision Regulations (Reglamento de Prestación de Servicio al Cliente) are met, maintaining the equitable and mandatory participation of the community at the time of constructing the aqueduct and sewer system.
Section 10) They may not dispose of the movable and immovable property of the Association without express authorization from the Board of Directors of AyA, except in the case of the sale of movable property, which may be authorized by the respective Regional Directorate.
Section 11) Convene associates to an assembly to deal with matters related to the aqueduct and sewer system that require communal action.
Section 12) Render periodic reports to the community on actions taken related to the operation, maintenance, and development of the systems.
Section 13) Once the Institute's Board of Directors orders the rescission of the Management Delegation Agreement for the service, or when by agreement of the ASADA to hand over the aqueduct, upon a prior report from the Regional Directorate of AyA, the ASADA must hand over the aqueduct and/or sewer, as well as the movable and immovable property that the Association has, recording said handover in a notarial act.
Section 14) Request from AyA technical, legal, financial, organizational, and any other necessary advice for the correct management of the systems, as well as request the expropriation of necessary lands and easements (servidumbres). For the performance of all these tasks, AyA may charge the costs incurred.
Section 15) Have prior authorization from AyA in the case of improvements, expansions, or modernization of the systems, for which the Institute, through the respective Regional Directorate, will ensure the correct application of established norms and policies.
Section 16) Participate in training and calls required by the Institution.
Section 17) Carry out surveillance and control of water quality, for which it must execute the National Program for the Improvement of Water Quality, as well as the Quality Seal Program, Blue Flag, and any other that AyA recommends.
Section 18) Carry out surveillance and control of activities that may generate negative effects in the zone of immediate influence to the intake and recharge zone.
Section 19) Grant the water availability certificate, which will be valid for 6 months for single-family dwellings and for one year for other developments that require potable water service and sanitary sewer, which may be extended. This certificate must be granted whenever there is technical feasibility, it does not detract from the quality of the service provided, and infrastructure exists.
Section 20) Maintain updated plans of the systems and a user cadastre.
Section 21) The administrative associations may present projects to develop activities related to service provision, upon prior authorization from AyA.
Section 22) Any other assigned by AyA."
Thus, only within these guidelines given by the regulatory norm or by the orders issued by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in its condition as governing entity in the matter, can said associations perform their task of administration, operation, and maintenance of rural Aqueducts and Sewers, since otherwise, their action is illegal, and, in some cases, unconstitutional.
V.- On the merits. In the specific case, it is apparent that the petitioner has not fulfilled the established requirements to qualify for the potable water service he requests from the Asociación Administradora del Acueducto Rural de Buena Vista de Guatuso. Therefore, the respondent authority cannot be forced to evade the obligations established in the current regulations, but rather the conditions and requirements demanded therein must be fulfilled; because although it is true that potable water service must be within the reach of every person, it is also true that regarding the legal and regulatory requirements that the prospective user must meet, these must be satisfied in accordance with existing regulations (see judgment number 07172-11 of 08:42 hours on June 3, 2011). Furthermore, the existence of a public source is verified, which had to be moved due to inappropriate use of the service. Given the situation, upon assessing the specific situation that has occurred in this matter, the Chamber considers that no violation of constitutional norms or principles has been caused to the detriment of the petitioner; therefore, the remedy must be declared without merit, as is hereby ordered.
Therefore:
The remedy is declared without merit.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2015000158 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del nueve de enero de dos mil quince.
Recurso de amparo interpuesto por [NOMBRE 01], mayor, cédula de identidad [VALOR 01] a favor suyo y de [NOMBRE 02] mayor, ama de casa, cédula de identidad [VALOR 02] contra la Asociación Administradora del Acueducto Rural Integrado de Buena Vista de Guatuso.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaria el día 04 de de junio de 2014, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Asociación Administradora del Acueducto Rural Integrado de Buena Vista de Guatuso, y manifiesta que la amparada y él, son vecinos de Buena Vista de Guatuso; que viven 750 metros al noreste del cementerio de la localidad. Indica que solicitaron el servicio de agua potable a la recurrida, pero se los negaron. Señala que durante 2 años han realizado múltiples intentos para que se apruebe la solicitud, sin obtener un resultado positivo. Manifiesta que les colocaron una fuente pública de agua. No obstante, el 12 de febrero de 2014, los funcionarios de la asociación accionada se apersonaron a quitar la llave pública y la trasladaron a 300 metros de los límites de su propiedad. Sostiene que también se les ha negado la entrega de un documento en el que se expliquen las razones por las que no se les suministra el servicio de agua. Aduce que, a la fecha que acude en amparo, se encuentra sin el servicio de agua potable, por lo que estima lesionados sus derechos fundamentales y los de la amparada.
2. Informa María Rosa Campos Vargas, en su condición de Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Buena Vista de Guatuso, que: a) En efecto los recurrentes han solicitado el servicio de agua potable, siendo que se les ha prevenido que deben cumplir los requisitos que establece el artículo 32, del Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, los cuales a la fecha de interposición del recurso, no han sido cumplidos, ni aportados por el recurrente o por algún otra persona, lo que imposibilita a la Asociación recurrida realizar el tramite ante la institución para brindarles el servicio de agua potable; b) El recurrente carece de título de propiedad y otros requisitos básicos y necesarios para poder optar por el servicio de agua potable. Señala que dicha ASADA, instaló una fuente pública para ser utilizada por todas las personas, incluyendo los recurrentes, pero que debido al uso inadecuado y contrario a la ley y lo permitido, se procedió a trasladar dicha fuente a 300 metros desde donde estaba inicialmente, como método de castigo, ya que estaban actuando ilegalmente; según lo establece el artículo 61, del Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, haciendo uso de manera fraudulenta, pues colocaban mangueras para uso personal, siendo ésta una llave de toma de agua para uso comunal.
3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala, a las 7:56 horas del 8 de noviembre de 2014, se aportó prueba documental.
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Ulate Chacón; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso. El recurrente señala que durante 2 años ha realizado múltiples intentos, para que se le apruebe su solicitud de servicio de agua potable ante Asociación recurrida, sin obtener a la fecha de presentación del recurso, un resultado positivo.
II.Hechos probados: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
a. El recurrente solicitó el servicio de agua potable, a la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Buena Vista de Guatuso (ver informe de la recurrida).
b. La asociación recurrida le previno al recurrente los requisitos que debía cumplir, a fin de optar por el servicio de agua potable, según lo establecido en el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, en el artículo 32 (ver informe de la recurrida).
c. A la fecha de interposición del presente recurso, el recurrente no ha cumplido con los requisitos establecidos (ver informe de la recurrida).
d. Cerca de la propiedad donde habita el recurrente se instalo una fuente agua potable pública, para que todas las personas, incluyendo al recurrente, realizará el uso adecuado del agua potable (ver prueba aportada y el informe de la recurrida).
e. Como consecuencia del uso inadecuado de la fuente de pública, ésta se trasladó a 300 metros, desde donde estaba inicialmente (ver prueba aportada y el informe de la recurrida).
III.- Sobre el derecho fundamental al agua potable. Este Tribunal ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a la salud y a la vida, son derechos fundamentales del ser humano que dependen del acceso al agua potable y que los órganos competentes tienen la responsabilidad ineludible de velar para que la sociedad, como un todo, no vea mermados éstos. En efecto, la Sala ha dispuesto, anteriormente, que como parte del Derecho de la Constitución, existe un derecho fundamental al suministro de agua potable, así en aquella oportunidad se dispuso lo siguiente:
"V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone que:
‘Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos".
Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos.
VI.- Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo:
‘Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo’.
De esto tampoco puede interpretarse que ese derecho fundamental a los servicios públicos no tenga exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo y no pueden las administraciones públicas o, en su caso, los particulares que los presten en su lugar, escudarse en presuntas carencias de recursos, que ha sido la secular excusa pública para justificar el incumplimiento de sus cometidos.” (Sentencia 4654-2003 de las 15:44 horas del 27 de mayo de 2003).
IV.- De las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados. Las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados están sometidas al cumplimiento tanto de los deberes que el reglamento que rige la materia les impone (Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales) como la observancia de las órdenes emitidas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Sus deberes se encuentran establecidos en el numeral 21, del citado reglamento, norma que dispone en forma expresa:
“Artículo 21.—Son deberes y atribuciones de las ASADAS, los siguientes:
Inciso 1) Someter a conocimiento de AyA los estatutos de la Asociación, previo a la presentación al Registro de Asociaciones para su inscripción.
Inciso 2) Suscribir con AyA el Convenio de Delegación de la gestión del servicio público.
Inciso 3) Velar y participar activamente con la comunidad en la construcción, administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas, así como en la preservación y conservación del recurso hídrico.
Inciso 4) Autorizar nuevos servicios, conexiones y reconexiones de existir acueductos, y/o alcantarillados sanitarios con capacidad técnica, de lo contrario deberá cumplir con las especificaciones señaladas en el artículo 18 del presente reglamento.
Inciso 5) Adquirir los bienes, materiales y equipos necesarios para la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas, velando porque se cumpla con los principios rectores de la contratación administrativa, así como con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
Inciso 6) Administrar, operar, reparar, custodiar, defender y proteger, según los principios de una sana administración, todos los bienes destinados a la prestación de los servicios de los sistemas que administran.
Inciso 7) Establecer las medidas de control interno necesarias para garantizar el buen desempeño de las actividades que desarrolla la Asociación, de conformidad con la Ley General de Control Interno N° 8292.
Inciso 8) Cumplir con los trámites de inscripción de la asignación de los caudales y fuentes de abastecimiento necesarios para la comunidad, por medio del AyA, a efectos de que se mantengan reservados para un fin público, así como mantener un programa y registro permanente de aforos de las fuentes, los cuales serán remitidos a la Dirección de Gestión Ambiental del AyA.
Inciso 9) Otorgar los servicios públicos en forma eficiente, igualitaria y oportuna a todos sus usuarios, sin distinciones de ninguna naturaleza, siempre que se cumpla con los requisitos solicitados por el Reglamento de Prestación de Servicio al Cliente, manteniendo la participación equitativa y obligatoria de la comunidad al momento de la construcción del sistema de acueductos y alcantarillados.
Inciso 10) No podrán disponer de los bienes muebles e inmuebles de la Asociación sin autorización expresa de la Junta Directiva de AyA, salvo en caso de venta de bienes muebles, que podrá ser autorizada por la Dirección Regional respectiva.
Inciso 11) Convocar a asamblea a los asociados para tratar los asuntos relacionados con el sistema de acueductos y alcantarillados, que requieren de acción comunal.
Inciso 12) Rendir informes periódicos a la comunidad de lo actuado con relación a la operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas.
Inciso 13) Una vez que la Junta Directiva del Instituto ordene rescindir el Convenio de Delegación de la gestión del servicio o cuando por acuerdo de la ASADA de entregar el acueducto, previo informe de la Dirección Regional del AyA, la ASADA deberá hacer entrega del acueducto y/o alcantarillado, así como de los bienes muebles e inmuebles con que cuente la Asociación, haciendo constar dicha entrega en acta notarial.
Inciso 14) Solicitar a AyA la asesoría técnica, legal, financiera, organizativa y cualquier otra necesaria para la correcta gestión de los sistemas, así como requerir la expropiación de los terrenos y servidumbres necesarios. Para la realización de todas estas labores el AyA podrá cobrar los costos en que incurra.
Inciso 15) Contar de forma previa con la autorización de AyA en el caso de realización de mejoras, ampliaciones o modernización de los sistemas, para lo cual el Instituto a través de la Dirección Regional respectiva, velará por la correcta aplicación de las normas y políticas establecidas.
Inciso 16) Participar en las capacitaciones y convocatorias requeridas por la Institución.
Inciso 17) Efectuar la vigilancia y control de la calidad del agua, para lo cual debe ejecutar el Programa Nacional para el Mejoramiento de la Calidad del Agua, como el programa Sello de Calidad, Bandera Azul y cualquier otro que el AyA recomiende.
Inciso 18) Llevar a cabo la vigilancia y control de las actividades que puedan generar efectos negativos en la zona de influencia inmediata a la toma y zona de recarga.
Inciso 19) Otorgar, el sello de disponibilidad hídrica, el cual tendrá una vigencia de 6 meses para viviendas unifamiliares y de un año para otros desarrollos, que requieran del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, el cual podrá ser prorrogado. Este sello deberá otorgarse siempre que exista viabilidad técnica, no vaya en detrimento de la calidad del servicio que se presta y exista infraestructura.
Inciso 20) Mantener planos actualizados de los sistemas y un catastro de usuarios.
Inciso 21) Podrán las asociaciones administradoras, presentar proyectos para desarrollar actividades afines a la prestación del servicio, previa autorización del AyA.
Inciso 22) Cualquier otra que le asigne AyA.” De este modo, solamente dentro de estos lineamientos dados por la norma reglamentaria o por las órdenes emitidas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en su condición de ente rector en la materia, es que dichas asociaciones pueden desempeñar su tarea de administración, operación y mantenimiento de los Acueductos y Alcantarillados rurales, pues de lo contrario, su actuación resulta ilegal, y, en algunos casos, inconstitucional.
V.-Sobre el fondo. En el caso concreto, se desprende, que el recurrente no ha cumplido con los requisitos establecidos para optar por el servicio de agua potable que solicita a la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Buena Vista de Guatuso. De modo que, no se puede obligar a la autoridad recurrida a eludir los obligaciones establecidos en la normativa vigente, sino que se deben cumplir las condiciones y requisitos ahí exigidos; pues si bien es cierto el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona, también lo que refiere a requisitos legales y reglamentarios que debe reunir el posible usuario, estos deben ser satisfechos de acuerdo con la normativa existente (véase sentencia número 07172-11 de las 08:42 horas del 03 de junio de 2011). Además se constata la existencia de una fuente pública, que tuvo que ser trasladada por un uso inadecuado del servicio. Así las cosas, al valorarse la situación concreta que se ha dado en este asunto, la Sala considera que no se ha ocasionado ninguna vulneración a normas o principios constitucionales en perjuicio del recurrente, por lo tanto, el recurso debe ser declarado sin lugar, como en efecto ordena.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.
Gilbert Armijo S.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Rosa María Abdelnour G.
Enrique Ulate C.
Ana María Picado B.
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