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Res. 06568-2014 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 16/05/2014
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denied the amparo, finding no rights violation by the Ombudsman's Office, which had duly processed the complaints and issued recommendations.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo al no encontrar violación de derechos por parte de la Defensoría de los Habitantes, que sí tramitó las denuncias y emitió recomendaciones.
SummaryResumen
The petitioner filed an amparo action against the Ombudsman's Office, alleging failure to control pollution caused by aerial spraying of agrochemicals on banana plantations in Matina, affecting health and the environment. The Constitutional Chamber denied the appeal, finding that the Ombudsman had processed the complaints, issued reports and recommendations, and suspended administrative proceedings while related amparo and unconstitutionality actions were pending. The Chamber reiterated that the Ombudsman is not the direct executing authority but a supervisory body that makes recommendations to competent agencies. No fundamental rights violation attributable to the Ombudsman was proven, and the petitioner had not exhausted legal remedies. The ruling stressed that the petitioner's claims should be directed to the administrative and judicial authorities responsible for enforcing and sanctioning such activity.El recurrente presentó un recurso de amparo contra la Defensoría de los Habitantes alegando omisión en el control de la contaminación generada por las fumigaciones aéreas de agroquímicos en plantaciones bananeras de Matina, con afectaciones a la salud y al ambiente. La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso, al considerar que la Defensoría sí tramitó las denuncias, emitió informes y recomendaciones, y suspendió las investigaciones administrativas mientras se resolvían recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad vinculados. La Sala reiteró que la Defensoría no es la autoridad ejecutora directa de medidas correctivas, sino un órgano de control que formula recomendaciones a las entidades competentes. Al no evidenciarse violación a derechos fundamentales imputable a la Defensoría, y al no haberse agotado los mecanismos legales, se desestimó el reclamo. Se subrayó que las pretensiones del recurrente deben dirigirse a las autoridades administrativas y judiciales responsables de fiscalizar y sancionar esa actividad.
Key excerptExtracto clave
IV.- On the merits. In the case under review, as reported under oath by the Ombudsman, for over ten years the petitioner has been filing various complaints, accusing and reiterating the alleged pollution problem in the Matina region, due to pesticide spraying by banana companies, causing various health problems for residents and contamination of water sources, among others. (...) The foregoing was notified to the petitioner; however, within the established period, he did not file any administrative appeal, so the file was archived. Therefore, the Chamber finds that the Ombudsman has not violated any rights of the petitioner, and if the petitioner believes that State institutions are not fulfilling the functions granted by the legislature or the recommendations made by the Ombudsman, since the reported problems persist, he must, if he sees fit, address the appropriate administrative or judicial authorities to file his complaint. V.- Finally, the petitioner reiterates that the aforementioned pollution problem remains. Based on the arguments presented and the report given — under the gravity of oath — by the Ombudsman, it must be resolved that, even though this Constitutional Chamber has granted broad protection to fundamental rights related to the environment, not only in terms of standing to bring amparo by recognizing diffuse interests, but also in its diligence in processing and addressing such matters, the truth is that in this case there are no sufficient elements of judgment to allow this Tribunal to issue an upholding ruling.IV.- Sobre el fondo. En el caso bajo estudio, según lo informado bajo juramento por el Defensor de los Habitantes, desde hace más de diez años el recurrente ha venido interponiendo diferentes quejas, en las que acusa y reitera el supuesto problema de contaminación que existe en la región de Matina, debido a las fumigaciones con pesticidas que realizan las empresas bananeras, lo que provoca diversos problemas en la salud de los habitantes y contaminación de las fuentes de agua, entre otros. (...) Lo anterior fue notificado al amparado; no obstante, dentro del plazo establecido, no interpuso recurso administrativo alguno, por lo que el expediente fue archivado. Por tal razón, la Sala no encuentra que la Defensoría haya lesionado derecho alguno al recurrente y si el tutelado estima, que las instituciones del Estado no cumplen con las funciones que el legislador les otorgó o con las recomendaciones efectuadas por la Defensoría de los Habitantes, pues a la fecha, continúan los problemas denunciados, deberá el recurrente, si a bien lo tiene dirigirse a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes, a interponer su queja. V.- Finalmente, el recurrente reitera que aun subsiste el problema de contaminación supraindicado. A partir de las argumentaciones expuestas y en el informe rendido - bajo la gravedad del juramento - por el Defensor de los Habitantes, debe resolverse que, aun cuando este Tribunal Constitucional ha otorgado una amplia tutela a los derechos fundamentales relacionados con el medio ambiente, no solamente en cuanto a la legitimación para demandar en amparo por reconocerles a éstos su condición de difusos, sino también en cuanto a su sagacidad en el trámite y atención de este tipo de asuntos, lo cierto es que en el presente caso no existen elementos de juicio suficientes que permitan a este Tribunal dictar un sentencia estimatoria.
Pull quotesCitas destacadas
"Nótese, que pese a la molestia del recurrente por la situación descrita, existen otros órganos, en los que no le consta a esta Sala, haya presentado queja o gestión alguna para se fiscalice y ejerza control en ese lugar."
"It is noted that despite the petitioner's discomfort with the described situation, there are other bodies before which this Chamber has no evidence that any complaint or action has been filed for oversight and control in that area."
Considerando V
"Nótese, que pese a la molestia del recurrente por la situación descrita, existen otros órganos, en los que no le consta a esta Sala, haya presentado queja o gestión alguna para se fiscalice y ejerza control en ese lugar."
Considerando V
"la Defensoría es el órgano encargado de proteger los derechos y los intereses de los habitantes, siendo que a su vez vela porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho."
"the Ombudsman is the body responsible for protecting the rights and interests of the inhabitants, and also ensures that the functioning of the public sector adheres to morality, justice, the Political Constitution, laws, agreements, treaties, pacts signed by the Government and general principles of law."
Considerando V
"la Defensoría es el órgano encargado de proteger los derechos y los intereses de los habitantes, siendo que a su vez vela porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho."
Considerando V
"aun cuando este Tribunal Constitucional ha otorgado una amplia tutela a los derechos fundamentales relacionados con el medio ambiente, no solamente en cuanto a la legitimación para demandar en amparo por reconocerles a éstos su condición de difusos, sino también en cuanto a su sagacidad en el trámite y atención de este tipo de asuntos, lo cierto es que en el presente caso no existen elementos de juicio suficientes que permitan a este Tribunal dictar un sentencia estimatoria."
"even though this Constitutional Chamber has granted broad protection to fundamental rights related to the environment, not only in terms of standing to bring amparo by recognizing diffuse interests, but also in its diligence in processing and addressing such matters, the truth is that in this case there are no sufficient elements of judgment to allow this Tribunal to issue an upholding ruling."
Considerando V
"aun cuando este Tribunal Constitucional ha otorgado una amplia tutela a los derechos fundamentales relacionados con el medio ambiente, no solamente en cuanto a la legitimación para demandar en amparo por reconocerles a éstos su condición de difusos, sino también en cuanto a su sagacidad en el trámite y atención de este tipo de asuntos, lo cierto es que en el presente caso no existen elementos de juicio suficientes que permitan a este Tribunal dictar un sentencia estimatoria."
Considerando V
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the sixteenth of May, two thousand fourteen.
Amparo action processed in case file number 14-003543-0007-CO, filed by MARCO LEVY VIRGO, identity card number 0700690314, of legal age, single, resident of Limón, against the OFFICE OF THE OMBUDSPERSON (DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES).-
Whereas:
1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at 7:56 a.m. on March 19, 2014, the petitioner files an amparo action against the Office of the Ombudsperson. He states that the aerial spraying activity carried out in Matina takes place along roads that are transited daily by a large number of neighboring residents, among them many mothers who use bicycles accompanied by children, in areas adjacent to the banana plantations of that populous canton. He says that it is carried out over plantations adjacent to homes, local primary education centers, and nearby water sources, outside the minimum rules of precaution and prevention. He indicates that the residents must endure the frequent sprayings for the simple fact of having their homes adjacent to the plantations and the resulting drift effect from the spraying of chemicals into the air, which the wind spreads within a radius of hundreds of meters around the path of the crop-dusting aircraft, so that the residents near the banana fields in Matina live under a permanent rain of chemicals. He points out that it has been denounced ad nauseam the lack of physical barriers to reduce the impact of aerial or ground-level sprayings between the plantations and that they affect the adjacent schools; aggravating this entire problem are: the reduction of spraying distances between the plantations and the water sources, towns, and homes; banana plantations near watering places, houses, roads of the towns, and water sources of the area; disregard for the distances and adjacency requirements established by law; generation of bad odors from the agrochemicals used in the spraying; limited or nonexistent oversight by the entities responsible for monitoring the sprayings; exposure of residents to rain of agrochemical residues; contamination of soils, houses, watering places, roads, and bodies of water; risk of contamination of water sources for human consumption for local populations; health impacts from exposure to agrochemicals (vomiting, allergies, skin diseases, and eye irritation); and consequent impacts on coastal marine ecosystems from riverine inputs. He says he has been denouncing this situation for years before all competent authorities and has accumulated voluminous files with all the correspondence and steps taken, without having succeeded in his objective of freeing the inhabitants of the canton of Matina from this contamination that has been affecting health and severely deteriorating the local environment, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado). He indicates that they are not against development or the productive enterprises of the zone, but he does believe that action must be taken with the responsibility that the population and the environment require for current and future generations and that there is more than enough vast legislation to respect in this type of productive activities, which is obviously not being done. The petitioner requests that the amparo action be granted and that the respondent Office of the Ombudsperson be ordered to carry out a technical assessment of the denounced area and to take the measures that will allow the denounced problem to be eliminated.
2.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at 2:22 p.m. on April 1, 2014, Luis Gerardo Fallas Acosta reports under oath, in his capacity as Ombudsperson (Defensor de los Habitantes) of the Republic, that on July 16, 2003, a complaint filed by the petitioner was received, alleging the problem of contamination existing in Matina from the sprayings carried out by the banana companies in the zone, which causes health problems for the inhabitants and contamination of water sources. Said complaint was processed in File No. 15287-2003-QJ. However, on October 23, 2003, its processing was suspended due to the filing by the protected party of an amparo action before the Constitutional Chamber, processed under File No. 03-004345-007-CO, which concerned the same facts under study by this Office of the Ombudsperson. In the same vein, on July 24, 2003, a report was received from José Marcial Contreras Viales regarding aerial spraying in the canton of Matina. Regarding this matter, after conducting the corresponding investigation, the Office of the Ombudsperson issued the Final Report, Official Communication No. 06371-2004-DHR dated July 8, 2004, and issued the pertinent recommendations directed to the Ministry of Agriculture, the Ministry of Health, and the Costa Rican Social Security Fund, which had not been contemplated in Chamber ruling No. 2003-11013. The Office of the Ombudsperson undertook follow-up actions on the compliance with the aforementioned recommendations until the processing of the file was suspended on October 31, 2005, given that an unconstitutionality action was pending resolution under file No. 04-12567-0007-CO, against several articles of the "Regulation for Agricultural Aviation Activities" (Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola). On May 14, 2009, Marco Machore Levy filed an amparo action against this Office of the Ombudsperson under File No. 09-007258-0007-CO, which was declared without merit through ruling No. 2009-10107. On November 3, 2011, following a complaint filed by Marco Machore regarding the sprayings in Matina, a new investigation was opened under File No. 89647-2011-51. By virtue of this, Ruling No. 16276-2006 of the Constitutional Chamber was reviewed, corresponding to File No. 04-012567-0007-CO, which was partially granted and annulled, from Article 70 of the Regulation for Agricultural Aviation Activities, Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, the paragraphs that allowed the possibility of reducing from 100 to 30 meters the no-application strip for aerial spraying of pesticides between the field to be sprayed and population centers, dwelling houses, water sources, and others. Consequently, the Administration corrected the deficiencies evidenced in cited vote 16276-2006 and issued Decree No. 34202. Regarding this latter decree, an unconstitutionality action was also filed, processed under File No. 11-013664-0007-CO, always in the same vein as the complaint filed by the petitioner in the Office of the Ombudsperson, for which reason the Office of the Ombudsperson dedicated itself to investigating the general problems arising from the complaint while the Constitutional Chamber resolved. The protected party was informed of the above via email dated May 17, 2012. For its part, unconstitutionality action No. 11-013664-0007-CO was resolved, and through Vote No. 011064-2012 at 4:31 p.m. on August 14, 2012, the action was declared without merit and, therefore, the reform of Article 70 of the Regulation for Agricultural Aviation Activities, Decree No. 31520, remained in force for application. Thus, the Office of the Ombudsperson agreed with the Constitutional Chamber in the analysis of the case, and in the Final Report rendered in Official Communication No. 00832-2013-DHR of January 18, 2013, argued its agreement with the Chamber's vote and suggested ''report before the Advisory Commission for the Control and Regulation of Agricultural Aviation Activities (Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de la Aviación Agrícola), the Ministry of Health, or any of the institutions competent in the matter, any situation or violation of the regulations that could result in an impact on public health or the environment." Said Final Report was notified to Mr. Machore via certified mail number 04940-1123, to postal box 127-7300, designated for receiving notifications. However, the communication was returned by Correos de Costa Rica, as it was not picked up by the addressee, and the file was therefore archived. In the specific case of the present amparo, the petitioner does not provide specific, concrete, and updated evidence of which specific persons or communities have been affected, nor at what moment, nor by what health problems. On the contrary, the petitioner merely states in a generalized manner a supposed impact that contrasts with all the inter-institutional coordination, monitoring, and control actions carried out by this Office of the Ombudsperson within the framework of his complaint, processed under File No. 89647-2011-51. Note that the Final Report with Recommendations of the Office of the Ombudsperson was notified to the petitioner, without him then filing an appeal for reconsideration or, to date, having expressed in any way his disagreement with its content and scope. For its part, the Office of the Ombudsperson has played a role compliant with its competencies, has been proactive in holding meetings, inspections, and reports, and its intervention has succeeded in impacting the regulations for aerial spraying, as well as permanent monitoring by public health Institutions regarding possible cases of health impacts on persons or entire communities. Furthermore, the Office of the Ombudsperson has fulfilled the functions granted by the legislator, since it is not the Office of the Ombudsperson that holds the legal authority to directly and by itself execute the pertinent actions to remedy and rectify the actions of private parties or public entities that could be affecting the rights of the petitioner or the inhabitants in Matina specifically, but rather it is the active Administration that must guide the exercise of its competencies in that regard. To do otherwise would lead to a scenario where the Office of the Ombudsperson usurped the legal competencies proper to the Public Administration and acted in its name, which would clearly be legally invalid. It requests that the filed amparo action be dismissed.
3.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at 10:11 a.m. on April 2, 2014, the petitioner states that the respondent is correct regarding the extensive account of the facts presented and the processing of the old files, referring to complaints from years ago about the problems of aerial spraying suffered by the neighbors of the banana farms in Matina. However, the present amparo action concerns new facts that were not addressed by the respondent, as no follow-up was given to the case; and the Chamber Magistrates declared themselves unable to resolve an unconstitutionality action filed by the residents of the community of Bananito.
4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,
Considering:
I.- Object of the amparo action.- The petitioner claims that he has been denouncing for several years the lack of physical barriers to reduce the impact of airborne or ground-level spraying of agrochemicals in the banana plantations of the Matina Region, which affects adjacent schools, homes, and water sources, due to the reduction and disregard of spraying distances; generation of bad odors from the agrochemicals used in the spraying; limited or nonexistent oversight by the competent entities in monitoring the sprayings; exposure of residents to rain of agrochemical residues; contamination of soils, houses, watering places, roads, and bodies of water; and consequent impacts on coastal marine ecosystems; without having, to date, obtained a positive result to free the inhabitants of the canton of Matina from said contamination, which has affected their health and deteriorated the environment. He requests that the amparo action be granted and the respondent Office of the Ombudsperson be ordered to carry out a technical assessment of the denounced area and to take the corresponding measures to eliminate the denounced problem.
II.- Proven facts: Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent omitted to refer to them as prescribed in the initial order:
a. That on July 16, 2003, the petitioner filed a complaint before the Office of the Ombudsperson alleging the existing contamination problem, a complaint processed through File No. 15287-2003-QJ. (see report of the respondent authority).
b. On October 23, 2003, the processing of the previous proceeding was suspended due to the filing by the protected party of an amparo action before the Constitutional Chamber, processed under File No. 03-004345-007-CO, (see report of the respondent authority).
c. Through Final Report of the Office of the Ombudsperson, Official Communication No. 06371-2004-DHR dated July 8, 2004, the pertinent recommendations were issued directed to the Ministry of Agriculture, the Ministry of Health, and the Costa Rican Social Security Fund (see report of the respondent authority).
d. Because the unconstitutionality action No. 04-12567-0007-CO was pending resolution, against several articles of the "Regulation for Agricultural Aviation Activities" (Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola), the Office of the Ombudsperson, on October 31, 2005, suspended the processing of the previously cited file (see report of the respondent authority).
e. On November 3, 2011, following a complaint filed by the petitioner, a new investigation was opened - File No. 89647-2011-51 -; by virtue of the above, Ruling No. 16276-2006 of the Constitutional Chamber was reviewed, corresponding to File No. 04-012567-0007-CO, which was partially granted and annulled Article 70 of the Regulation for Agricultural Aviation Activities, Executive Decree No. 31520-MS-MAG-MOPT-MGSP (see report of the respondent authority).
f. The Administration corrected the deficiencies evidenced in cited vote 16276-2006 and issued Decree No. 34202. Regarding this latter decree, an unconstitutionality action was also filed, processed under File No. 11-013664-0007-CO (see report of the respondent authority).
g. That unconstitutionality action No. 11-013664-0007-CO was resolved and through Vote No. 011064-2012 at 4:31 p.m. on August 14, 2012, was declared without merit, and, therefore, the reform of Article 70 of the Regulation for Agricultural Aviation Activities, Decree No. 31520, remained in force for application (see report of the respondent authority).
h. The Final Report rendered in Official Communication No. 00832-2013-DHR of January 18, 2013, was notified to the petitioner via certified mail number 04940-1123, to postal box 127-7300, which was returned by Correos de Costa Rica, not having been picked up by the protected party, and the file was therefore archived (see report of the respondent authority).
III.- Regarding the knowledge of this case for violation of Article 41 of the Political Constitution. This Chamber has established that cases where a violation of the principle of prompt administrative justice is alleged must be heard in the legality jurisdiction, specifically in the contentious-administrative jurisdiction. However, this Constitutional Tribunal addresses it on the merits considering that the right to a healthy environment (ambiente sano) is at stake. So that, in order not to prolong the hearing of this cause, due to the circumstances and delays supposedly presented by the respondent authority, it proceeds to hear it.
IV.- On the merits. In the case under study, according to what was reported under oath by the Ombudsperson, for more than ten years the petitioner has been filing different complaints, in which he accuses and reiterates the supposed contamination problem that exists in the Matina region, due to the spraying of pesticides carried out by the banana companies, which causes various health problems for the inhabitants and contamination of water sources, among others. In this regard, the respondent Ombudsperson points out that during the processing of said complaints, the petitioner also filed amparo actions and unconstitutionality actions related to the subject, and the administrative processes were therefore suspended until such matters were resolved. Thus, the first complaint in this regard was filed on July 16, 2003, and the final report was issued with the recommendations in Official Communication No. 06371-2004-DHR dated July 8, 2004. Subsequently, the last accusation filed by the protected person was received, in the same vein as the previous ones, so on November 3, 2011, the Office of the Ombudsperson opened a new investigation under File No. 89647-2011-51, and once the case was analyzed and the corresponding information compiled, the Final Report was prepared in Official Communication No. 00832-2013-DHR of January 18, 2013, in which it was recommended ''report before the Advisory Commission for the Control and Regulation of Agricultural Aviation Activities, the Ministry of Health, or any of the institutions competent in the matter, any situation or violation of the regulations that could result in an impact on public health or the environment." The above was notified to the protected person; however, within the established period, he did not file any administrative appeal, and the file was therefore archived. For this reason, the Chamber does not find that the Office of the Ombudsperson has violated any right of the petitioner, and if the protected person considers that the State institutions do not fulfill the functions granted to them by the legislator or the recommendations made by the Office of the Ombudsperson, since to date the denounced problems continue, the petitioner must, if he deems it appropriate, address the corresponding administrative or judicial authorities to file his complaint.
V.- Finally, the petitioner reiterates that the aforementioned contamination problem still subsists. Based on the arguments presented and the report rendered - under the gravity of the oath - by the Ombudsperson, it must be resolved that, even though this Constitutional Tribunal has granted broad protection to fundamental rights related to the environment, not only regarding standing to sue in amparo by recognizing their diffuse nature, but also regarding its diligence in the processing and attention of this type of matters, the truth is that in the present case there are not sufficient elements of judgment that allow this Tribunal to issue an affirming ruling. Precisely, the petitioner denounces that the Office of the Ombudsperson has not exercised control so that the companies that spray the plantations with agrochemicals adhere to the established guidelines and requests that it be ordered to take measures that allow the denounced problem to be eliminated. Indeed, the first thing that stands out is that not only does the Office of the Ombudsperson have the legal framework to act regarding environmental health within environmental matters, but its action is limited to attending to pertinent complaints, investigating, producing reports and recommendations to the competent institutions, to carry out the respective controls and sanctions. Note that, despite the petitioner's annoyance with the described situation, there are other bodies, about which this Chamber has no record that he has filed any complaint or action to have oversight and control exercised in that place. Indeed, in accordance with the Law of the Office of the Ombudsperson of the Republic, No. 7319, the Office of the Ombudsperson is the body responsible for protecting the rights and interests of the inhabitants, while also ensuring that the functioning of the public sector conforms to morality, justice, the Political Constitution, the laws, the conventions, the treaties, the pacts subscribed by the Government, and the general principles of Law. Thus, the mere disagreement or mere subjective opinions of the complainant are not sufficient to achieve the intervention of this Tribunal, which is why said grievances must be denounced and discussed, preferably in a concrete and immediate manner, before the authorities legally responsible for regulating and controlling the questioned activity. This is so because, as the amparo action is framed, what is intended is for the Chamber to exercise a legality control over the eventual non-compliance with the duties and functions that the legal system obliges the respondent authority and other competent public bodies to fulfill. Notwithstanding what has been said here, this Constitutional Chamber is decisive in reaffirming the defense of rights related to the environment, provided that the claims conform to the minimum procedural formalities essentially required by the amparo action, which are not met in this case.
VI.- Separate note of Magistrate Hernández López. I hold, in general terms, that claims on environmental matters can and should be heard by the competent administrative and control bodies and by the ordinary jurisdiction, with some exceptions that should be analyzed in this Venue. However, what occurs in this case is that the axis of the claim is the lack of a positive response from the Office of the Ombudsperson regarding an environmental matter. It is therefore a violation of the constitutional right enshrined in Article 41 of the Constitution and only indirectly Article 50 of the Constitution, for which reason I understand it appropriate to concur in the analysis and decision of the merits of the matter.-
Therefore:
The amparo action is declared WITHOUT MERIT. Magistrate Hernández López issues a separate note.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2014006568 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dieciseis de mayo de dos mil catorce.
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 14-003543-0007-CO, interpuesto por MARCO LEVY VIRGO, cédula de identidad 0700690314, mayor, soltero, vecino de Limón contra la DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES.-
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 7:56 horas del 19 de marzo de 2014, el recurrente interpone recurso de amparo contra Defensoría de los Habitantes. Manifiesta que la actividad de fumigación aérea que se realiza en Matina se lleva a cabo a lo largo de caminos que son diariamente transitados por gran cantidad de pobladores vecino, entre ellos muchas madres que utilizan bicicletas acompañadas de niños, en áreas colindantes con las plantaciones de banano de ese populoso cantón. Dice que se lleva a cabo sobre plantaciones colindantes con viviendas, centros de educación primaria del lugar y fuentes de agua cercanas, al margen de las reglas mínimas de precaución y prevención. Indica que los vecinos deben soportar las fumigaciones frecuentes por el simple hecho de tener sus viviendas colindantes con las plantaciones y el efecto deriva resultante de la aspersión de los químicos en el aire, que el viento esparce en un radio de cientos de metros alrededor del curso de la avioneta fumigadora, por lo que los vecinos de los bananales en Matina viven bajo una lluvia de químicos de manera permanente. Señala que se ha denunciado hasta la saciedad la inexistencia de barreras físicas que disminuyan el impacto de las fumigaciones aéreas o terrestres entre las plantaciones y que afectan las escuelas colindantes, como agravantes de toda esta problemática están: la reducción de las distancias de fumigación entre las plantaciones y las fuentes de agua, poblados y viviendas; plantaciones bananeras cercanas a abrevaderos, casas, caminos de los poblados, fuentes hídricas de la zona; irrespeto a las distancias y colindancias establecidas por ley; generación de malos olores por los agroquímicos utilizados en la aspersión; supervisión limitada o inexistente por parte de las entidades competentes en el monitoreo de las fumigaciones; exposición de vecinos a lluvias de residuos de agroquímicos; contaminación de suelos, casa, abrevaderos, carreteras y cuerpos de agua; riesgo de contaminación a las fuentes de agua para consumo humano para las poblaciones locales; afectaciones sanitarias por exposición a los agroquímicos (vómitos, alergias, enfermedades de la piel e irritación de la vista); y consecuentes afectaciones a los ecosistemas marino costeros por aporte de los ríos. Dice que tiene años de estar denunciando esta situación ante todas las instancias competentes y ha acumulado expedientes voluminosos con toda la correspondencia y gestiones que han realizado, sin que haya tenido éxito en su objetivo de liberar a los habitantes del cantón de Matina de esta contaminación que ha que ha venido afectando la salud y deteriorando severamente el ambiente del lugar, en violación al derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Indica que no están en contra del desarrollo ni de las empresas productivas de la zona, pero sí cree que debe actuarse con la responsabilidad que la población y el ambiente requieren para las actuales y futuras generaciones y que hay de sobra una vasta normativa que respetar en este tipo de actividades productivas que obviamente no se está haciendo. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso y se ordene a la Defensoría recurrida realice la valoración técnica de la zona denunciada y tome las medidas que permitan eliminar el problema denunciado.
2.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala, a las 14:22 horas del 1 de abril de 2014, informa bajo juramento Luis Gerardo Fallas Acosta, en su condición de Defensor de los Habitantes de la República, que 16 de julio de 2003, se recibió una denuncia presentada por el recurrente, en la que acusaba el problema de contaminación existente en Matina por las fumigaciones que realizan las empresas bananeras en la zona, lo que provoca problemas de salud en los habitantes y contaminación de las fuentes de agua. Dicha queja fue tramitada en el Expediente N° 15287-2003-QJ. No obstante, el 23 de octubre de 2003, se suspendió su trámite, debido a la interposición por parte del amparado, de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, tramitado bajo el Expediente N° 03-004345-007-CO, el cual versó sobre los mismos hechos sometidos a estudio de esta Defensoría. En el mismo sentido, el 24 de julio de 2003 se recibió una delación de José Marcial Contreras Viales, en relación con la fumigación aérea en el cantón de Matina. Sobre este asunto, tras realizar la investigación correspondiente, la Defensoría emitió el Informe Final, Oficio N° 06371-2004-DHR de fecha 8 de julio de 2004 y giró las recomendaciones pertinentes dirigidas al Ministerio de Agricultura, el de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, que no habían sido contempladas en la sentencia de la Sala No. 2003-11013. La Defensoría realizó gestiones de seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones antes citadas, hasta que se suspendió el trámite del expediente, el 31 de octubre de 2005, dado que se encontraba pendiente de resolver una acción de inconstitucionalidad, bajo el expediente No. 04-12567-0007-CO, contra varios artículos del "Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola". El 14 de mayo de 2009, Marco Machore Levy interpuso recurso de amparo contra esta Defensoría, bajo el Expediente No. 09-007258-0007-CO, el cual fue declarado sin lugar mediante sentencia N° 2009-10107. El 3 de noviembre de 2011, ante queja interpuesta por Marco Machore, en relación a las fumigaciones en Matina, se abrió una nueva investigación bajo el Expediente N° 89647- 2011-51. En virtud de ello, se revisó la Resolución N°16276-2006 de la Sala Constitucional, correspondiente al Expediente N° 04-012567-0007-CO, que fue declarado parcialmente con lugar y que anuló del artículo 70 del Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola, Decreto Ejecutivo N° 31520- MS-MAG-MOPT-MGSP, los párrafos que permitían la posibilidad de reducir de 100 hasta 30 metros la franja de no aplicación aérea de plaguicidas entre el campo a fumigar y centros de población, casas de habitación, fuentes de agua y demás. En consecuencia, la Administración enmendó las falencias evidenciadas en el voto 16276-2006 citado y emitió el Decreto N° 34202. Respecto a éste último, se interpuso también acción de Inconstitucionalidad, que se tramitó bajo el Expediente N° 11-013664-0007-CO, siembre bajo el mismo sentido de la queja planteada por el recurrente en la Defesoría, por lo cual la Defensoría se dedicó a investigar los problemas generales derivados de la denuncia, mientras la Sala Constitucional resolvía. De lo anterior se informó al amparado mediante correo electrónico de fecha 17 de mayo de 2012. Por su parte, se resolvió la acción de inconstitucionalidad N° 11-013664-0007-CO, y mediante el Voto N° 011064-2012 de las 16:31 horas del 14 de agosto de 2012 se declaró sin lugar la acción y, por ende, la reforma del artículo 70 del Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola, Decreto N° 31520 quedó vigente para su aplicación. Así las cosas, la Defensoría concordó con la Sala Constitucional en el análisis del caso, y en el Informe Final rendido en el Oficio N° 00832-2013-DHR del 18 de enero de 2013, argumentó su acuerdo con el voto de la Sala y se le sugirió ''denunciar ante la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de la Aviación Agrícola, el Ministerio de Salud o cualquiera de las instituciones competentes en la materia, cualquier situación o violación de la normativa que pueda resultar en una afectación de la salud pública o del medio ambiente". Dicho Informe Final le fue notificado al señor Machore mediante correo certificado número 04940-1123, al apartado postal 127-7300, señalado para recibir notificaciones. No obstante, el oficio fue devuelto por Correos de Costa Rica, pues no fue retirado por el destinatario, por lo que el expediente fue archivado. En caso concreto del presente amparo, el recurrente no aporta prueba específica, concreta y actualizada de cuáles personas o comunidades determinadas se han visto afectadas, ni en qué momento ni por cuáles problemas de salud. Por el contrario, el recurrente se limita a enunciar de manera generalizada una supuesta afectación que contrasta con todas las actuaciones de coordinación interinstitucional, de seguimiento y control ejercidos por esta Defensoría en el marco de su denuncia, tramitada bajo el Expediente N° 89647-2011-51. Nótese que al recurrente se le notificó el Informe Final con Recomendaciones de la Defensoría, sin que éste interpusiera entonces recurso de reconsideración o, a la fecha, hubiese manifestado de alguna manera su disconformidad con su contenido y alcances. Por su parte, la Defensoría de los Habitantes, ha tenido un papel cumplidor de sus competencias, ha sido proactiva en la realización de reuniones, inspecciones e informes y su intervención ha logrado impactar la reglamentación para la fumigación aérea, así como el permanente monitoreo por parte de las Instituciones de salud pública sobre posibles casos de afectación en la salud de personas o comunidades enteras. Además, la Defensoría ha cumplido con las funciones que le otorgó el legislador, pues no es la Defensoría la que ostenta la potestad legal para ejecutar directamente y por sí misma las acciones pertinentes que reparen y rectifiquen las actuaciones de los particulares o las entidades públicas que pudieran estar afectando los derechos del recurrente o de los habitantes en Matina especialmente, sino que más bien es la Administración activa la que debe guiar el ejercicio de sus competencias en ese sentido. Lo contrario llevaría a un escenario donde la Defensoría de los Habitantes usurpara las competencias legales propias de la Administración Pública y actuar en su nombre, lo cual a todas luces sería jurídicamente inválido. Solicita que se desestime el recurso planteado.
3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala, a las a las 10:11 horas del 2 de abril de 2014, el recurrente señala que lleva razón la recurrida en cuanto a la extensa relación de los hechos expuestos y el trámite de los expedientes antiguos, referidos a las denuncias de años atrás, sobre los problemas de fumigación aérea que sufren los vecinos de las fincas bananeras en Matina. Sin embargo, el presente recurso versa sobre hechos nuevos, que no fueron abordados por la recurrida, pues no se dio el seguimiento del caso; y los Magistrados de la Sala se declararon incapaces de resolver una acción de inconstitucionalidad interpuesta por los vecinos de la comunidad de Bananito.
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso.- El recurrente alega que ya tiene varios años de estar denunciando la inexistencia de barreras físicas que disminuyan el impacto de las fumigaciones de agroquímicos en forma aérea o terrestre, en las plantaciones bananeras de la Región de Matina, lo que afecta las escuelas, viviendas y fuentes de agua colindantes, debido a la reducción e irrespeto de las distancias de fumigación; generación de malos olores por los agroquímicos utilizados en la aspersión; supervisión limitada o inexistente por parte de las entidades competentes en el monitoreo de las fumigaciones; exposición de vecinos a lluvias de residuos de agroquímicos; contaminación de suelos, casa, abrevaderos, carreteras y cuerpos de agua; y consecuentes afectaciones a los ecosistemas marino costeros; sin que a la fecha, haya obtenido resultado positivo para liberar a los habitantes del cantón de Matina, de dicha contaminación, que les ha afectado la salud y deteriorado el ambiente. Solicita que se declare con lugar el recurso y ordene a la Defensoría recurrida realizar la valoración técnica de la zona denunciada y que tome las medidas correspondientes para eliminar el problema denunciado.
II.- Hechos probados: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a. Que el recurrente presento ante la Defensoría de los Habitantes el día 16 de julio de 2003, una denuncia en la cual acusaba el problema de contaminación existente, queja tramitada mediante Expediente N° 15287-2003-QJ. (ver informe de la autoridad recurrida).
b. El 23 de octubre de 2003, se suspendió el trámite del proceso anterior, debido a la interposición por parte del amparado, de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, tramitado bajo el Expediente N° 03-004345-007-CO, (ver informe de la autoridad recurrida).
c. Mediante Informe Final de la Defensoría de los Habitantes Oficio N° 06371-2004-DHR del día 8 de julio de 2004, se giraron las recomendaciones pertinentes dirigidas al Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud y Caja Costarricense de Seguro Social (ver informe de la autoridad recurrida).
d. Por encontrarse pendiente de resolver la acción de inconstitucionalidad, No. 04-12567-0007-CO, contra varios artículos del "Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola", la Defensoría de los Habitantes, el día 31 de octubre de 2005, suspendió el tramite del expediente anteriormente citado (ver informe de la autoridad recurrida).
e. El 3 de noviembre de 2011, ante queja interpuesta por el recurrente se abrió una nueva investigación -Expediente N° 89647- 2011-51-, en virtud de lo anterior, se revisó la Resolución N°16276-2006 de la Sala Constitucional, correspondiente al Expediente N° 04-012567-0007-CO, que fue declarado parcialmente con lugar y que anuló el artículo 70, del Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola, Decreto Ejecutivo N° 31520- MS-MAG-MOPT-MGSP (ver informe de la autoridad recurrida).
f. La Administración enmendó las falencias evidenciadas en el voto 16276-2006 citado y emitió el Decreto N° 34202. Respecto a éste último, se interpuso también acción de Inconstitucionalidad, que se tramitó bajo el Expediente N° 11-013664-0007-CO (ver informe de la autoridad recurrida).
g. Que la acción de inconstitucionalidad, N° 11-013664-0007-CO, fue resuelta y mediante el Voto N° 011064-2012 de las 16:31 horas del 14 de agosto de 2012, se declaró sin lugar, y, por ende, la reforma del artículo 70, del Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola, Decreto N° 31520 quedó vigente para su aplicación (ver informe de la autoridad recurrida).
h. El Informe Final rendido en el Oficio N° 00832-2013-DHR del 18 de enero de 2013, le fue notificado al recurrente mediante correo certificado número 04940-1123, al apartado postal 127-7300, el cual fue devuelto por Correos de Costa Rica, por no ser retirado por el amparado, por lo que se archivo el expediente (ver informe de la autoridad recurrida).
III.- Referente al conocimiento de este caso por lesión al artículo 41 de la Constitución Política. Esta Sala ha establecido que los casos donde se aduce lesión al principio de justicia pronta administrativa deben de ser atendidos en la vía de legalidad, propiamente en la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin embargo, este Tribunal Constitucional se aboca a su conocimiento por considerar que está de por medio el derecho a un ambiente sano. De modo que, para no prolongar el conocimiento de esta causa, por las circunstancias y retrasos supuestamente presentados por parte de la autoridad recurrida, se procede a conocerlo.
IV.- Sobre el fondo. En el caso bajo estudio, según lo informado bajo juramento por el Defensor de los Habitantes, desde hace más de diez años el recurrente ha venido interponiendo diferentes quejas, en las que acusa y reitera el supuesto problema de contaminación que existe en la región de Matina, debido a las fumigaciones con pesticidas que realizan las empresas bananeras, lo que provoca diversos problemas en la salud de los habitantes y contaminación de las fuentes de agua, entre otros. Al respecto, señala el Defensor recurrido que durante la tramitación de dichas denuncias, el recurrente también interpuso recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad relacionados con el tema, por lo que se vieron suspendidos los procesos administrativos, hasta tanto dichos asuntos no fueran resueltos. Así las cosas, la primera denuncia en tal sentido, fue interpuesta el que 16 de julio de 2003, y se dictó el informe final, con las recomendaciones en el Oficio N° 06371-2004-DHR de fecha 8 de julio de 2004. Posteriormente, se recibió la última acusación interpuesta por el el tutelado, en igual sentido que las anteriores, por lo que el 3 de noviembre de 2011, la Defensoría abrió una nueva investigación bajo el Expediente N° 89647- 2011-51, y una vez analizado el caso, recopilada la información correspondiente, se elaboró el Informe Final, en el Oficio N° 00832-2013-DHR del 18 de enero de 2013, en el que se recomendó ''denunciar ante la Comisión Asesora para el Control y Regulación de las Actividades de la Aviación Agrícola, el Ministerio de Salud o cualquiera de las instituciones competentes en la materia, cualquier situación o violación de la normativa que pueda resultar en una afectación de la salud pública o del medio ambiente". Lo anterior fue notificado al amparado; no obstante, dentro del plazo establecido, no interpuso recurso administrativo alguno, por lo que el expediente fue archivado. Por tal razón, la Sala no encuentra que la Defensoría haya lesionado derecho alguno al recurrente y si el tutelado estima, que las instituciones del Estado no cumplen con las funciones que el legislador les otorgó o con las recomendaciones efectuadas por la Defensoría de los Habitantes, pues a la fecha, continúan los problemas denunciados, deberá el recurrente, si a bien lo tiene dirigirse a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes, a interponer su queja.
V.- Finalmente, el recurrente reitera que aun subsiste el problema de contaminación supraindicado. A partir de las argumentaciones expuestas y en el informe rendido - bajo la gravedad del juramento - por el Defensor de los Habitantes, debe resolverse que, aun cuando este Tribunal Constitucional ha otorgado una amplia tutela a los derechos fundamentales relacionados con el medio ambiente, no solamente en cuanto a la legitimación para demandar en amparo por reconocerles a éstos su condición de difusos, sino también en cuanto a su sagacidad en el trámite y atención de este tipo de asuntos, lo cierto es que en el presente caso no existen elementos de juicio suficientes que permitan a este Tribunal dictar un sentencia estimatoria. Precisamente, el recurrente denuncia que la Defensoría no ha ejercido el control para que las empresas que fumigan las plantaciones con agroquímicos, se ajusten a los lineamientos establecidos y solicita que se le ordene tomar las medidas que permitan eliminar el problema denunciado. En efecto, lo primero que se destaca es que no solamente la Defensoría de los Habitantes cuenta con el marco legal para actuar respecto a la salud ambiental dentro de la materia de ambiental, su actuación se limita a atender las denuncias pertinentes, investigar, realizar informes y recomendaciones a las instituciones competentes, para efectuar los controles y sanciones respectivas. Nótese, que pese a la molestia del recurrente por la situación descrita, existen otros órganos, en los que no le consta a esta Sala, haya presentado queja o gestión alguna para se fiscalice y ejerza control en ese lugar. En efecto, de conformidad a la Ley de Defensoría de los Habitantes de la República, No. 7319, la Defensoría es el órgano encargado de proteger los derechos y los intereses de los habitantes, siendo que a su vez vela porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho. De manera que la mera inconformidad o meras opiniones subjetivas del quejoso, no son suficientes para lograr la intervención de este Tribunal, razón por la que dichas molestias deberán denunciarse y discutirse, ojalá de manera concreta e inmediata, ante las autoridades legalmente responsables de regular y controlar la actividad cuestionada. Ello es así porque, tal y como está planteado el amparo, lo que se pretende es que la Sala ejerza un control de legalidad por el eventual incumplimiento de los deberes y funciones que el ordenamiento jurídico obliga cumplir a la autoridades recurrida y demás órganos públicos competentes. No obstante lo hasta aquí dicho, esta Sala Constitucional es determinante al reafirmar la defensa respecto a los derechos relacionados con el ambiente, siempre y cuando las demandas se adecuen a las mínimas formalidades procesales que requiere esencialmente el recurso de amparo, las cuales no se cumplen en este caso.
VI.- Nota separada de la Magistrada Hernández López . Sostengo en líneas generales, que los reclamos en temas ambientales pueden y deben ser atendidos por los órganos administrativos competentes y de control y por la jurisdicción ordinaria, con algunas excepciones que cabe analizar en esta Sede. Sin embargo lo que ocurre en este caso es que el eje del reclamo es la falta de respuesta positiva de la Defensoría respecto de un tema ambiental. Se trata entonces de una infracción al derecho constitucional recogido en el artículo 41 Constitucional y solo indirectamente el artículo 50 Constitucional, por lo que entiendo apropiado concurrir en el análisis y decisión del fondo el asunto.-
Por tanto:
Se declara SIN LUGAR el recurso. La Magistrada Hernández López, pone nota separada.
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