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Res. 01614-2014 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/02/2014

Amparo on ownership of firearm carry permit for private security agentsAmparo sobre titularidad del permiso de portación de armas para agentes de seguridad privada

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Constitutional Chamber dismissed the amparo appeal, finding no violation of the petitioner's rights, as the regulation of private security is a matter of public interest and the firearm carry permit is issued to the company for which the agent works, without preventing multiple employment.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo, considerando que no se demostró vulneración a los derechos del recurrente, ya que la regulación de la seguridad privada es de interés público y el permiso de portación de armas se otorga a la empresa para la cual labora el agente, sin impedir la multiplicidad patronal.

SummaryResumen

The petitioner, a private security agent, filed an amparo action against the Ministry of Public Security. He claimed that the new regulations of the Department of Arms and Explosives violated his labor rights because the firearm carry permit is issued to the company he works for as long as the employment contract exists, not to him personally. He argued that he bears the costs of the psychological evaluation, stamps and other procedures, so the permit should be in his name. He also alleged that this measure prevents him from seeking better job opportunities and working at private events, calling it “labor slavery”. The Constitutional Chamber dismissed the appeal. It held that private security activity is of public interest and subject to state regulation. It found no evidence that multiple employment was prohibited or that he was barred from providing services as an individual if he met the legal requirements. It also ruled that the expenses can be covered by the company based on the parties’ agreement, rejecting any violation of the reasonableness principle. Justices Jinesta and Salazar provided different reasons: they considered that there is no fundamental right to carry firearms and that the matter is purely one of legality.El recurrente, agente de seguridad privada, interpuso recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública. Argumentó que las nuevas disposiciones del Departamento de Armas y Explosivos vulneraban sus derechos laborales porque el permiso de portación de armas se otorga a la empresa donde labora mientras exista contrato, no a título personal. Sostuvo que él asume los costos de la evaluación psicológica, timbres y demás trámites, por lo que la titularidad debería ser suya. También alegó que esta medida le impide buscar mejores opciones laborales y trabajar en eventos privados, calificándolo de “esclavitud laboral”. La Sala Constitucional desestimó el recurso. Consideró que la actividad de seguridad privada es de interés público y está sujeta a regulación estatal. Señaló que no se acreditó que se impidiera la multiplicidad patronal ni que se le prohibiera prestar servicios como persona física si cumple los requisitos legales. Además, determinó que los gastos pueden ser cubiertos por la empresa según acuerdo entre las partes, descartando violación al principio de razonabilidad. Los magistrados Jinesta y Salazar dieron razones diferentes: estimaron que no existe un derecho fundamental a la portación de armas y que el asunto es de mera legalidad.

Key excerptExtracto clave

In the particular case. From the partially transcribed judgment, it follows that the right to provide security services is a right that may be regulated by the State for the reasons mentioned and restricted in accordance with the limits established in Article 28 of the Political Constitution. In this context, the State is empowered to issue regulations on the activity of natural or legal persons that provide, individually or collectively, private security services to both persons and their property, which it has done through the Private Security Services Regulation Act No. 8395 and its Regulations. Moreover, from the sworn statement given by the respondent authorities, duly warned of the even criminal consequences provided for in the Act of this Jurisdiction, it is also clear to this Chamber that, contrary to what the petitioner claims, multiple employment has never been prohibited to him, nor has the applicant been prevented from providing security services as a natural person, provided he meets the legal and regulatory requirements; requirements that, as stated, the State is empowered to request since security services are a matter regulated by the State. Finally, the alleged violation of the reasonableness standard is rejected, because it is not true, as the petitioner claims, that the interested party must bear the costs to obtain the firearm carry permit, since the hiring company may well cover them, according to the agreement reached between the parties. Based on the foregoing considerations, the Chamber finds that the petitioner fails to refute the report rendered by the respondent authorities, which denies that once the firearm carry permit is granted to the company where the security agent works, he is prohibited from providing services as a natural person or for another company, if he meets the current legal and regulatory requirements to perform the regulated activity. From the foregoing, the alleged violations are rejected and the appeal must be dismissed, which is hereby ordered.En el caso particular. De la sentencia parcialmente transcrita se tiene que el derecho a prestar un servicio de seguridad, es un derecho susceptible de ser regulado por el Estado por los motivos mencionados y restringido de conformidad con los límites establecidos en el artículo 28 de la Constitución Política. Bajo ese contexto, el Estado se encuentra facultado para emitir una regulación sobre la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a sus bienes, lo que ha hecho a través de la Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados Nº 8395 y su Reglamento. Por otro lado, del informe dado bajo juramento por parte de las autoridades recurridas, debidamente advertidas de las consecuencias incluso penales previstas en la Ley de esta Jurisdicción, queda además claro para esta Sala que, contrario a lo que afirma el recurrente, no le ha sido prohibida en ningún momento la multiplicidad patronal, así como tampoco se le ha impedido al amparado dedicarse a prestar el servicio de seguridad en su calidad de persona física, si cuenta con los requisitos legales y reglamentarios; requisitos que como se dijo el Estado está facultado para pedir por tratarse el servicio de seguridad, de una materia regulada por el Estado. Por último se descarta la violación al parámetro de razonabilidad acusado, pues no es cierto, como afirma el recurrente, que tenga que ser el interesado quien sufrague los gastos para obtener el permiso de portación de armas, pues bien puede ser la empresa que lo contrata quien los cubra, según el acuerdo al que lleguen las partes. Con base en las consideraciones planteadas, estima la Sala que no logra desacreditar el recurrente el informe rendido por las autoridades recurridas, que niegan que una vez otorgado el permiso de portación de armas a la empresa en que labora el agente de seguridad, se le prohiba prestar el servicio como persona física o para otra empresa, si cuenta con los requisitos legales y reglamentarios vigentes para desempeñar la actividad regulada. A partir de lo anterior se descartan las violaciones acusadas y procede desestimar el recurso lo que en efecto se dispone.

Pull quotesCitas destacadas

  • "la seguridad y los poderes de policía son propios del estado, el cual puede permitir que particulares colaboren con la prestación del servicio privado de seguridad. Pero es de interés público que esa fuerza privada de seguridad sea controlada y controlable por parte del Poder Ejecutivo"

    "security and police powers belong to the state, which may allow private parties to assist in providing private security services. But it is in the public interest that this private security force be controlled and controllable by the Executive Branch"

    Informe de la Dirección de Servicios de Seguridad Privados, citando voto 8001-98

  • "la seguridad y los poderes de policía son propios del estado, el cual puede permitir que particulares colaboren con la prestación del servicio privado de seguridad. Pero es de interés público que esa fuerza privada de seguridad sea controlada y controlable por parte del Poder Ejecutivo"

    Informe de la Dirección de Servicios de Seguridad Privados, citando voto 8001-98

  • "no existe un derecho fundamental o humano que tutelar, en concreto, un derecho fundamental “a la portación de armas”, tal y como lo pretende el recurrente. Al tratarse de un tema de evidente legalidad, consideramos que el recurrente debió de haber formulado su disconformidad ante las vías ordinarias de legalidad"

    "there is no fundamental or human right to protect, specifically, a fundamental right “to carry arms”, as the petitioner claims. As this is a matter of clear legality, we consider that the petitioner should have raised his disagreement through the ordinary legal channels"

    Razones diferentes de los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado

  • "no existe un derecho fundamental o humano que tutelar, en concreto, un derecho fundamental “a la portación de armas”, tal y como lo pretende el recurrente. Al tratarse de un tema de evidente legalidad, consideramos que el recurrente debió de haber formulado su disconformidad ante las vías ordinarias de legalidad"

    Razones diferentes de los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado

  • "el permiso de portación de armas ahora se otorga únicamente a la empresa de seguridad donde se labora, mientras exista contrato laboral, lo que le limita a trabajar fuera de esa única relación de empleo"

    "the firearm carry permit is now granted only to the security company where one works, as long as the employment contract exists, which limits him from working outside that single employment relationship"

    Objeto del recurso

  • "el permiso de portación de armas ahora se otorga únicamente a la empresa de seguridad donde se labora, mientras exista contrato laboral, lo que le limita a trabajar fuera de esa única relación de empleo"

    Objeto del recurso

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Res. No. 2014001614 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty on the morning of February seventh, two thousand fourteen.

Amparo action processed under case file number 14-000045-0007-CO, filed by FIDEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, identification number 0105880308, against the MINISTRY OF PUBLIC SECURITY.

Whereas:

1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber on January 3, 2014, the petitioner files an amparo action against the MINISTRY OF PUBLIC SECURITY and states that the new provisions of the Department of Arms and Explosives of the Ministry of Public Security affect his labor rights because the permit to carry weapons (permiso de portación de armas) is now granted only to the Security Company where one works while an employment contract exists. He believes that since he is the one who assumes payment for the Psychological Evaluation, the stamps and fingerprint filing procedures, the Criminal Record Report Certification, and the Theoretical-Practical Course, he should hold title to the permit. He adds that this measure denies him new and better employment options, as well as working at private events during his days off. He accuses that this constitutes "labor slavery," and therefore requests that said provision be reviewed and that the document be recognized as personal, not corporate.

2.- LUIGI CALVO AGUILAR, in his capacity as Head of the Department of Arms and Explosives, of the General Directorate of Armament, of the Ministry of Public Security, reports under oath that the employment permit granted to the interested party is not the purview of that office, but rather falls exclusively within the domain of the Directorate of Private Security Services. Furthermore, this Department does not decide on the ownership of the aforementioned firearms carry permit card (carné de portación de armas de fuego), but rather issues it in the name of the interested person, who is solely responsible for its use. On this point, it is relevant to highlight that the company name for which the interested party works is indeed placed on the referenced card, as it is strictly necessary, for the simple reason that the Department is authorizing the Agent to use only and exclusively the weapons of the company for which he works, not those of other companies or persons, due to the degree of danger this represents for the general citizenry. On this subject, the claimant must bear in mind that the acquisition and carrying of firearms in our legal system is, as a general rule, prohibited, and that by way of exception, the law has permitted their acquisition and registration, as well as obtaining a permit to carry them. In this vein, the Arms and Explosives Law in its article 3, subsection defines: “Permit: Authorization granted by the department of arms and explosives for the use of arms, explosives, gunpowder in all its forms, and all types of implements contemplated in this law and its regulations”; and its article 4 provides that control and oversight correspond to the Executive Branch, through the Ministry of Public Security; likewise, in article 12, first paragraph, in relation to article 11, second paragraph, of the same law, and article 4 of its Regulation, it is established that the Department of Control of Arms and Explosives of the Directorate of Armament, a body attached to the Ministry of Public Security: “…is the competent body responsible for granting registration and carry permits for arms (permisos de inscripción y portación de armas).” From the foregoing, it is inferred that both national legal doctrine and the positive provisions of the legal system are in agreement regarding the legal nature of the permit, in this case: for registration and carrying of arms, as well as regarding the precariousness of the legal aspects involved, in that it does not constitute any subjective right, and the subjection of the permit to administrative discretion regarding its granting, revocation, or cancellation at any time, provided that due process guarantees and legally established requirements are met for such effect. Note that a firearm is an instrument sufficient by itself to cause fear, intimidation, and defenselessness in the counterparty and create the awareness that their life is truly and seriously in danger; hence the need for these and necessary controls, in accordance with the principles of reasonableness and proportionality, is reasonable, for the purpose of ensuring that the person to whom that permit is granted has the physical and mental suitability for it, all with the aim of safeguarding against the possibility of adverse and painful consequences. In this sense, this Constitutional Authority, as relevant, has repeatedly stated the following: “It must be taken into consideration that in the present unconstitutionality action, it is not just any sector of commerce under discussion, but a highly sensitive one such as the commercialization of firearms—even if permitted—a segment of the freedom of enterprise that demands strong and intense controls, given the serious consequences that the use and disposition of firearms can produce in the social fabric and community. That regulation and strong control—means—, enabled by law, is, by all appearances, reasonable and proportionate to avoid the adverse and painful consequences derived from the uncontrolled or indiscriminate carrying and use of firearms (...)” CONSTITUTIONAL CHAMBER. VOTE 2007-16492, of November fourteenth, two thousand seven. Under this hypothesis, this Department, as the governing body for arms control, must necessarily know at all times who is duly authorized or not to use the firearms of a specific company, or of individuals. It must be taken into consideration that the registration and carrying of arms constitutes a highly sensitive and restrictive matter, which demands strong and intense controls, given the serious consequences that the use and disposition of firearms can produce in the fabric of the social community; therefore, the doctrinal considerations and positive regulations set forth that shape the legal system yield express legislative authorizations, such as the powers of oversight and supervision attributed to public authorities that permit the public administration's actions based on principles and values very peculiar to the idiosyncrasy and civilian tradition of Costa Ricans, such as peace, tolerance, concord, harmony, security, public order, and, in general, peaceful coexistence and the tranquility of the citizenry, all of which is imbued with a superior and prevailing public interest, whose protection must be pursued above any private interest, in accordance with existing constitutional and legal principles. Regarding point B) in which the claimant states that since he is the one who assumes the payments for the psychological evaluation, the stamps, and the fingerprint filing procedure, the criminal record report certification, and the theoretical-practical course, the permit should belong to him. This is a point that, as stated supra, this Department issues the card in the name of the person as the holder thereof, not the company for which he works; anything else done or said regarding said document is another matter independent of institutional purview. The fact that the respective card cites the weapons the agent is authorized to use is a point that, for the reasons cited supra, must be done. Finally, regarding point C) in which the petitioner alleges that with said measures he is denied new and better employment options, as well as working at private events during his days off, which for him constitutes "labor slavery," it must be noted that the petitioner's claim is quite reckless, given that this office, under no concept or action, keeps a worker tied in any way to a specific company, and there is nothing and no one, legally speaking, that forces a person to change or remain with a specific employer, which is a matter of free choice for each individual, or what is the same, to associate or not with any group of whatever nature, a basis upon which the "labor slavery" referred to by the petitioner does not exist. Under this perspective, the claimant can indeed work anywhere, for any individual or legal entity, or for several at once, provided his time permits, a matter which does not depend in any way on this Office, but rather on his capacity to meet the legally established requirements regarding the carrying of firearms, which is the area of purview.

It requests that the filed action be dismissed.

3.- Elbert González Ramírez, in his capacity as Director of Private Security Services of the Ministry of Governance, Police, and Public Security, reports under oath that on December 19, 2013, a new regulation to the law was published in La Gaceta Digital, communicating to interested parties the new guidelines, `for companies and private security agents, through a digitalized system. The Law on Private Security Services, Ley 8395, in its article 13, subsection d states that: ‘ARTICLE 13.- Application requirements'". d) Submit the roster of security and administrative personnel with their qualifications, as well as the inventory of armament and security equipment available at that time... "Where private security companies are required to submit the personnel roster and therefore register the agents, since it is fundamental for this Directorate to know which persons will hold the privilege of citizen protection, through the exercise of private security; in turn, this route guarantees the protection of the workers' labor rights, as companies are obligated to present not only the personnel who will provide the service, but must also provide the CCCS payrolls and the INS policies, thereby guaranteeing the workers' right to health as is well established in another requirement of the law in question, article 13, subsection h: "Attach a certified copy of the payrolls reported to the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) and the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros). If it is a renewal, these certifications will cover the six months prior to the renewal application. "In addition to this, this Directorate jointly with the Ministry of Labor, according to the law, establishes supervision and compliance with labor and social rights, and I quote: "The individuals or legal entities that provide the services described in article 2 of this Law must meet the following minimum requirements: ARTICLE 20.-Supervision and control by the Directorate of Private Security Services and the Ministry of Labor and Social Security. Every individual or legal entity contemplated in article 2 of this Law shall be subject to the supervision and control of the Directorate of Private Security Services of the Ministry of Public Security to verify faithful compliance with the obligations established herein, as well as that of the Ministry of Labor and Social Security in everything pertaining to employment conditions, training, payment of minimum wages, recognition of labor rights, and social security. The Ministry of Labor and Social Security, through the General Labor Inspectorate, `shall establish policies and inspection and control routines for individuals or legal entities regulated by this Law. The General Labor Inspectorate shall send a copy of the reports produced in the exercise of that function to the Directorate of Private Security Services, which shall be obligated, within thirty calendar days following receipt of the reports, to exercise the suggested control mechanisms and to communicate its results every three months to the General Labor Inspectorate. The results reports from the Directorate of Private Security Services shall be comprehensively evaluated every six months by the General Labor Inspectorate. " Thus, it is clear the duty of this Directorate, as a state entity, to ensure the rights of workers, jointly with the Ministry of Labor, the competent entity in labor matters. In the case of the private security agent ID card (carnet de seguridad privada), this is an identification document, necessary for the exercise of the function and is an authorization that identifies the bearer to the point that the law requires its visible use, as stated in the aforementioned law in its article 26, and I quote: "Private security agents who provide physical security must wear the uniform and the distinctive emblem previously registered with the Directorate, as well as visibly carry the private security agent ID card (carné de agente de seguridad privada) issued by the Directorate." "article 16 subsection e) Carry, in a visible place, the credential that identifies them as members of the private security service; it must state the full name, the position held, and a passport-sized photograph. " But the document is relevant while the agent is performing his work, to the point that the law and its regulation require that said ID card, once the agent's employment relationship has concluded, be made available to this Directorate, as established by Art. 38 of the new regulation to the aforementioned law, and it reads: ”...In the event that its retention is not possible due to causes attributable to the worker, the employer must immediately inform the Directorate. The private security agent credential granted by the Directorate must be sent immediately to that same office. THE DIRECTORATE SHALL NOT ISSUE ANOTHER CREDENTIAL UNTIL THE RETURN OF THE PREVIOUS ONE HAS BEEN VERIFIED." (the highlighting is not from the original) so that the ID card will be for personal use as long as the agent is active and in accordance with the law; otherwise, said ID card must be returned to this ministerial entity. Under the new digitalized system, the ID card is issued in the name of the company for which the private security agent will work, since, as previously indicated, the company's responsibility is toward its security agents, clearly establishing their correlation in the performance of a function of such importance as citizen security, together with the joint and several liability the company assumes for its agents in the performance of their duties and for the legal consequences of the misuse of the authorization. In relation to the payment for the courses required by law and the psychological examination and others, these are requirements that all private security agents must meet, as established in article 14, subsections d and e, of the cited law. It indicates that compliance with the legal requirements is mandatory (Art.5), therefore the cost thereof falls on the interested party, as is the case with the driver's license for vehicles and other similar procedures where the interested party must bear the cost of the requirements the law orders them to fulfill. It says that the regulation regulates the activity and compliance with related regulations, in this case, compliance with employer-employee obligations. It cites ruling No. 08001-98 of sixteen forty-two on November eleventh, nineteen ninety-eight. In the case of security, surveillance, and administrative personnel, this accreditation shall be carried out through the System using the available electronic forms. If it involves the inclusion of personnel, the company must provide the Directorate with the following data: full first and last names, identification document number, exact domicile and email address, capacity in which hired, namely: security and surveillance, administrative, or trainer, expiration date of the credential issued by the Directorate, in the case of security, surveillance, and training personnel, report of the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense del Seguro Social) payrolls. In the case of security, surveillance, and administrative personnel, it must be attached to the electronic form. IF IT INVOLVES THE EXCLUSION OF PERSONNEL, THE COMPANY MUST PROVIDE THE DIRECTORATE WITH THE FOLLOWING DATA: full first and last names, identification document number and exact domicile, function the worker will perform in the company, namely: security and surveillance, administrative, or trainer, expiration date of the credential issued by the Directorate in the case of security, surveillance, and training personnel, reasons for the worker's separation. Certification of time worked, issued by the Costa Rican Social Security Fund, indicating the salaries reported during that period. In the case of security, surveillance, and administrative personnel, this certification must be attached to the electronic form, credentials provided by the companies to the workers, distinctive emblems, uniforms, and similar items, which the employer is obligated to retain. In the event that their retention is not possible due to causes attributable to the worker, the employer must immediately inform the Directorate thereof. The private security agent credential granted by the Directorate must be sent immediately to that same office. THE DIRECTORATE SHALL NOT ISSUE ANOTHER CREDENTIAL UNTIL THE RETURN OF THE PREVIOUS ONE HAS BEEN VERIFIED. “(the highlighting is not from the original) Given that it is the current regulation that establishes this obligation, as a means of control for the exercise of the function. Regarding the claim that the agent is limited from working with other companies, it says this is false, since the law allows multiple employment (multiplicidad patronal), provided there is no overlapping of schedules, so an agent could work in his free time for another duly authorized security company. The Constitutional Chamber, in ruling no. 8001-98, held: “the matter brought to consultation is a matter of legislative opportunity and convenience, not subject to constitutionality review. Bear in mind that security and police powers are inherent to the state, which may allow private parties to collaborate in the provision of private security services. But it is of public interest that this private security force be controlled and controllable by the Executive Branch,... “(the highlighting is not from the original). It points out that this Directorate cannot issue a private security service agent ID card when the law itself requires the applicant to meet the legal requirements, as its action would not only be irresponsible, but would contravene the Principle of Legality and could incur in apparent criminal acts. For although the overseeing entity is the Directorate I represent, the governing body for all integrated actions is the Ministry of Public Security, an entity that must ensure the proper functioning of the normative bodies under its competence, as is the case with Ley 8395. It cites votes 11731-2003, and vote 8001-98, where the protected legal interest is Security and the fact that the activity must be carried out in a controlled and controllable manner, adjusting our actions under the parameters of the Principle of Legality; it is that we consider in the specific case, our action falls within the provisions of Ley 8395 and we have not violated, restricted, threatened, or disturbed any of the constitutional and legal principles that assist the petitioner, for which we request we be exempted from all liability both personally and by virtue of being a public official. It requests the action be dismissed.

4.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Magistrate Cruz Castro writes; and,

Considering:

I.- Purpose of the action. The petitioner considers that it is contrary to and affects his labor rights that the permit to carry weapons is now granted only to the security company where one works, while an employment contract exists, which limits him from working outside that single employment relationship. He also considers it unreasonable that he must bear the costs to obtain the permit to carry weapons.

II.- Unproven fact. The following fact of relevance to this decision is not deemed demonstrated:

a. That multiple employment (multiplicidad patronal) is prevented, despite the security agent meeting the requirements demanded by the current regulations.

III.- On the merits. Regarding the regulation of private security services, this Chamber, in ruling number 1998-002645 of 15:33 on April 21, 1998, stated as relevant:

"III.- ON THE MERITS OF THE CONSULTED ISSUES: The consultants state that article 2, subsection g), of the Bill for the Law on Private Security Services, processed under legislative file No. 12,877, approved in First Debate in Session No. 86 of October fifth, nineteen eighty-eight, authorizes that, by regulation, the scope of application of that law be extended to other subjects not expressly indicated therein. They consider that such authorization violates the provisions of subsection 3) of article 140 of the Political Constitution, which establishes as one of the powers and attributions of the Executive Branch the regulation of laws. Now, that regulatory power has as its limit the very legal framework it is regulating, meaning it cannot expand the subject matter of the law that supports it. The fact that subsection g) of article 2 of the Bill for the Law on Private Security Services empowers that, by regulation, the scope of application of that law be extended to any other category included in the respective regulation does not violate what is mandated in article 140, subsection 3), of the Constitution. Thus, considered in itself, the norm is not unconstitutional. What could, eventually, be unconstitutional is the respective regulation, insofar as it exceeds the limits the law itself establishes and provides that said law shall apply to subjects not related to the categories established in article 2 of the bill, but this is a matter that must be examined in each specific case. The bill only establishes that, by regulation, its content be developed, in which there is no constitutional objection whatsoever. It is the Executive Branch, when exercising regulatory power, that must adhere to what is established in subsection 3) of article 140 of the Constitution, so that the executive decree issued is not unconstitutional.

IV.- The consulting deputies also argue that article 9, subsection i) of the consulted bill violates the content of subsection 3) of article 140 of the Political Constitution and the principle of legality contemplated in article 11 of the Constitution, by empowering that, by regulation, the presentation of other documents not contemplated in the law be set as application requirements to provide private security services. Considered in itself, the subsection in question does not exceed the regulatory power held by the Executive Branch, pursuant to the provisions of subsection 3) of article 140 of the Fundamental Charter. Other additional requirements to those established in the law that fall within those it contains could well be required via regulation. In this sense, the Chamber concludes that the subsection is not unconstitutional in itself, to the extent that it is subject to regulatory power. Eventually, the regulation issued based on said article could be unconstitutional, if it exceeds the subject matter of the law that serves as its foundation, an analysis that must be conducted in each specific case.

V.- Likewise, the consultants consider that articles 4, second paragraph; 21; 23; 31; 33; 39, subsection f); 40, subsections a), b), d), e), g), and i); 41, subsection b); 44 and 48 of the bill are contrary to article 28 of the Constitution. This constitutional article, as relevant for purposes of the consultation, establishes:

"Article 28.- (...) Private actions that do not harm morality or public order, or that do not harm a third party, are beyond the reach of the law." Now, even though the questioned norms have diverse contents, the unconstitutionality is based on the fact that, ultimately, the security service, as a private activity, is beyond the reach of the law and, therefore, the law could not impose limitations or conditions on its exercise. For a correct understanding of the scope of the consultation, it is advisable to analyze each article independently, even though the alleged constitutional violation is the same. A.- In relation to the obligation of the individuals providing that service to submit to governmental policies on public or private security matters (article 4, second paragraph), this Chamber considers that the norm, considered in itself, is not unconstitutional. It must be borne in mind that, although the provision of private security services is a private activity, as the consultants affirm, it is also an activity that, by its nature—security—implies a public interest, not merely private, a circumstance that makes its regulation by law necessary. One thing is the contractual activity itself, carried out by the individuals or legal entities providing the private security service—which is not a public service—with third parties—a sphere that, in accordance with article 28 of the Constitution, falls beyond the scope of law—and another is the security service considered in itself, which, even though exercised by private individuals, is of public interest, hence its regulation by law. So that the provision that individuals or legal entities, which are subject to the Law on Private Security Services, must abide by government policies on public or private security matters is not unconstitutional, since the public interest present in that private activity and the very nature of security justify that submission. However, the Chamber considers that governmental policies in that area could indeed be unconstitutional, insofar as they are disproportionate and irreconcilable with the Constitution, a matter that must also be examined in each specific case. B.- As for the requirement that guards use a common uniform, whose color and characteristics will be determined by the Directorate of the Private Security Service (article 21), the Chamber considers that such norm is not unconstitutional. The imposition of a single uniform would indeed be in violation of the Political Constitution, but this Court understands that the norm in question is not establishing a single uniform, but rather that each company or individual will determine the uniform its security agents will use, within the various colors and characteristics established by the Directorate of the Private Security Service. Once each company selects the common uniform—internally within the company—that its agents will use and the respective insignia, they must register it before said Directorate, for respective controls, which is not unconstitutional, in favor of the public interest that exists in being able to clearly identify those agents. C.- Another constitutional objection is the precept of article 23 of the consulted bill, under which the Executive Branch, by decree, shall set semi-annually the maximum rates that individuals and legal entities providing private security services may charge. The constitutional doubts of the consulting deputies stem from their having only looked at the private aspect of the service, without taking into account the public interest that exists in it, as stated supra. In the case of private activities in which there is a public interest—as in the case of private financial entities that take money from the public—the State is empowered to regulate them, especially in a matter of such importance as security. Thus, the law may establish that certain services be provided under specific conditions, in order to protect the public interest, among which is the maximum rate that may be charged. Therefore, the power conferred on the Executive Branch to set semi-annually, by decree, the maximum rates that those providing private security services may charge is not unconstitutional.

What could be unconstitutional, however, is the specific setting of the rate by means of a decree if the rule proves to be irrational or disproportionate. The setting of maximum rates in security matters tends to prevent greater insecurity from being provoked, in the sense that the citizen would have to pay for that service the price unilaterally set by the individual or legal entity providing it. The setting of a maximum rate seeks to allow a greater part of the population to have access to the private security service, thereby satisfying the public interest. Nor does that rule violate the freedom of commerce established in Article 46 of the Constitution. The form and conditions under which that service is to be provided is a matter that can be regulated by law and, within it, the setting of maximum rates. If the legislator, in view of the public interest that the provision of the private security service represents, deems it appropriate to establish a maximum for the rates that the persons providing said service may charge, that is a matter that falls outside the constitutional sphere, as it constitutes a criterion of legislative opportunity and convenience, which does not injure the freedom of commerce, which is not an unrestricted right. D.- Another of the regulations challenged is Article 31 of the bill, which prohibits individuals or legal entities that have their own private service for asset protection (protección patrimonial) and transport of valuables from providing that service to third parties or carrying out activities other than those contemplated in Section IV "Private Asset Protection Services" of the bill. In the opinion of the consulting deputies, since this is a purely private activity, it is outside the scope of the law and, in such a case, those persons could not be prevented from providing that service to third parties or carrying out other activities. The same argumentation made with respect to the other previous articles applies here. This is a private activity that can be regulated by law – in view of the public interest embedded in it – such that, in order to engage in it, individuals or legal entities must have the respective authorization, which is why those who have their own private asset protection and transport of valuables service could not provide it to third parties or carry out other activities if they do not have said authorization, as this would prevent exercising due control. This, as stated, does not violate the content of Article 28 of the Constitution, since it is not a purely private activity. E.- The provision in Article 33 of the bill is intimately related to what was said in the last point. Said article establishes that only individuals or legal entities duly registered and authorized by the Private Security Service Directorate (Dirección del Servicio Privado de Seguridad) may provide the service of design, installation, and maintenance of alarm systems and central stations to protect all types of assets. Here, too, the Chamber finds no violation of Article 28 of the Constitution, since it is a regulated private service. The fact that a particular activity is carried out by private individuals does not necessarily imply that its interest is limited only to the private sphere, because, as in the case of matters relating to security, there may be collective and public interests embedded within it that justify the regulation of such exercise by law, imposing limitations and requirements for its exercise. In this sense, it is in the State's interest to have strict control over the persons authorized to provide the private security service, so that only those who are registered in the corresponding registry and are duly authorized may provide the service in question. Otherwise, the State could not have control over the persons engaged in private security, with risk to citizen security itself. F.- The consultants also argue that the obligation incumbent upon security agents to register in the registry of private security agents (subsection f) of Article 39) violates Article 28 of the Constitution. The consultants are also not correct in their argumentation. This is a private activity of public interest, so the State must have the necessary means to exercise due control over the persons who perform the function of private security agents, for which purpose, precisely, the registry of private security agents is established. G.- The consultants challenge the requirements established in subsections a), b), d), e), and g) of Article 40. In their judgment, since it is a private activity, it is outside the scope of the law. As has been established supra, that argumentation, in general, is not admissible, since it is a private activity that can be regulated by law, in view of the public interest that exists in it. Nonetheless, the requirements established in those subsections must be examined to determine if they are reasonable and do not violate constitutional rules. Subsection a) obligates the company or the individual to keep a permanent record of service contracts, personnel, weapons, ammunition, and equipment necessary for security work, as well as those that are the individual property of its members and are intended for the performance of their duties. These are records internal to the company for control of the quantity of weapons, ammunition, equipment, and personnel dedicated to the private security service, an obligation that is neither irrational nor disproportionate. The same can be said regarding the obligation of independent security guards (vigilantes independientes) to notify the Private Security Service Directorate about the weapons, ammunition, and other equipment used in security work, due to the public interest being protected. However, even though it is not directly raised in the consultation, in relation to the power granted to the personnel of that Directorate to review the records kept by the individuals or legal entities, the consultants must take into account what will be said in relation to Article 15 of the bill. In relation to the requirements established in subsection b) of Article 40, the following clarification must be made. It does not violate Article 28 of the Constitution that individuals or legal entities must notify the Private Security Service Directorate of any change in their personnel, offices, branches, installations, weaponry, ammunition, and equipment necessary for security work, because this responds to the public interest of exercising due control over said activity in attention to its nature. But requiring the communication of private contracts is unconstitutional, because it violates the content of Article 24 of the Constitution, as will be seen in Considerando VI when examining subsection d) of Article 5 and subsection h) of Article 9. In subsection d) of Article 40, the obligation is established for individuals or legal entities authorized to provide the private security service to submit to the Private Security Service Directorate the information concerning the records described in Article 5 of the bill. There is no violation of Article 28 of the Constitution in this, since the records in question allow control of the activity, for the sake of the public interest. Nonetheless, what is stated infra, in Considerando VI, in relation to Article 5, subsection d) of the bill must be borne in mind. Similarly, the obligation to request authorization to extend the service to other locations not contemplated in the initial operation application, established in subsection e) of Article 40, does not violate the content of Article 28 of the Political Constitution, since, as has been stated, it is a private activity regulated because of the public interest embedded in it, such that in order to provide the service it must be authorized and the respective requirements met, the same as if it involves extending the service to other locations not contemplated in the initial application. As for the submission of contracts, what is stated in Considerando VI with respect to subsection d) of Article 5 and subsection h) of Article 9 of the bill must be borne in mind. For its part, subsection g) of the article under discussion obligates individuals or legal entities that provide the security service to report in writing any criminal act of which they become aware, for which a maximum period of twelve hours is given. This Chamber also does not find that this obligation is unconstitutional and contrary to the provisions of Article 28 of the Constitution, since security, by its very nature, implies that those who dedicate themselves to it, even in a private capacity, collaborate with the police forces and report criminal acts of which they become aware. For its part, the period granted to render the report is also not irrational and, therefore, is not contrary to the Constitution. Regarding subsection i) of said article, this Chamber considers that, given the public interest that security represents, the subjection of the personnel of individuals or legal entities to an annual drug consumption control examination, on the basis of which the employer may renew or suspend the contract, does not violate Article 28 of the Constitution. H.- Nor is the prohibition that authorized individuals or legal entities and agents subject to that law sell, rent, assign, or negotiate, in any form, the authorization granted (subsection b) of Article 41) unconstitutional for violating the precepts of Article 28 of the Political Constitution. The same argumentation already given applies here, in the sense that, since it is a private activity of public interest, the Administration must be able to exercise control over it, keeping updated records on the companies and individuals providing the service, which would become impossible if the authorized persons could freely dispose of said authorization. In summary, it is an activity that must be controlled and controllable. I.- As for the criminal sanctions established in subsections a) and b) of Article 44, this Chamber does not consider that Article 28 of the Constitution is violated. It is true that it is a private activity, but the public interest that the matter of security implies may well serve as a criterion for the legislator to impose criminal sanctions on those who provide the private security service outside the law. The legal interest (bien jurídico) protected in this offense is security, so that for its protection – the legal interest – the State must be able to determine that the persons who carry out that activity are suitable for it, which is why all those who develop it without any authorization are sanctioned. Likewise, the constitutional article mentioned is also not violated by the fact that those who provide security services and form part of particular armed groups that are not authorized and do not comply with the requirements set forth in the law are sanctioned, due to the evident danger to which they expose the protected interest. On the other hand, establishing the amount of the penalties is a matter of criminal policy, besides the fact that, in the Chamber's opinion, the penalties established are not disproportionate.” IV.- Of the particular case. From the partially transcribed judgment, it is understood that the right to provide a security service is a right susceptible to being regulated by the State for the reasons mentioned and restricted in accordance with the limits established in Article 28 of the Political Constitution. Under that context, the State is empowered to issue a regulation on the activity of individuals or legal entities that provide, individually or collectively, private security services to both persons and their property, which it has done through the Law for the Regulation of Private Security Services No. 8395 (Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados Nº 8395) and its Regulations. On the other hand, from the report given under oath by the respondent authorities, duly warned of the consequences, including criminal ones, set forth in the Law of this Jurisdiction, it is also clear to this Chamber that, contrary to what the appellant claims, multiple-employer status (multiplicidad patronal) has never been prohibited to him, nor has the petitioner been prevented from engaging in providing the security service in his capacity as an individual, if he meets the legal and regulatory requirements; requirements which, as stated, the State is empowered to request because the security service is a matter regulated by the State. Lastly, the alleged violation of the reasonableness parameter is dismissed, as it is not true, as the appellant claims, that the interested party must bear the costs to obtain the weapon carry permit (permiso de portación de armas), since the company that hires him may well cover them, according to the agreement reached by the parties.

V.- Based on the considerations set forth, the Chamber finds that the appellant fails to discredit the report rendered by the respondent authorities, who deny that once the weapon carry permit is granted to the company where the security agent works, he is prohibited from providing the service as an individual or for another company, if he meets the legal and regulatory requirements in force to carry out the regulated activity. Based on the foregoing, the alleged violations are dismissed, and it is appropriate to dismiss the appeal, which is hereby ordered.

VI. DIFFERENT REASONS OF JUDGES JINESTA LOBO AND SALAZAR ALVARADO

The first drafts. Judges Jinesta Lobo and Salazar Alvarado dismiss the appeal for different reasons, which are the following: In the sub lite, the appellant filed the amparo appeal questioning that the Ministry of Security grants the weapon carry permit only to the security company where he works and not to him, in his personal and individual capacity. In accordance with the foregoing, it must be specified that, based on the provisions of Article 48 of the Political Constitution, as well as Articles 1 and 2, in relation to Article 29 and following of the Law of Constitutional Jurisdiction, amparo is a summary proceeding that seeks to restore or preserve fundamental rights – with the exception of those protected through habeas corpus – with respect to infringements or imminent threats to them, as well as the human rights contemplated in instruments of Public International Law. In the specific case, there is no fundamental or human right to protect, specifically, a fundamental right “to carry weapons” (portación de armas), as the appellant intends. Since this is a matter of evident legality, we consider that the appellant should have formulated his disagreement before the ordinary legality channels created for that purpose and not come before this constitutional jurisdiction.

Therefore:

The appeal is dismissed. Judges Jinesta Lobo and Salazar Alvarado give different reasons.

It is a faithful copy of the original – Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 06:46:34.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2014001614 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del siete de febrero de dos mil catorce.

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 14-000045-0007-CO, interpuesto por FIDEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, cédula de identidad 0105880308, contra el MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 03 de enero de 2014, el recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA y manifiesta que las nuevas disposiciones del Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública afectan sus derechos laborales por cuanto el permiso de portación de armas ahora se otorga únicamente a la Empresa de Seguridad donde se labora mientras exista contrato laboral. Considera que dado que es él quien asume el pago de la Evaluación Psicológica, los timbres y trámites de Archivo de Huellas, la Certificación del Reporte de Delincuencia y el Curso Teórico Práctico, la titularidad del permiso debería ser suya. Añade que con dicha medida se le niegan nuevas y mejores opciones laborales, así como el trabajar en eventos privados durante sus días libres. Acusa que ello constituye una "esclavitud laboral", por lo que solicita se revise dicha disposición y se le reconozca el documento como personal, no empresarial.

2.- Informa bajo juramento LUIGI CALVO AGUILAR, en su condición de Jefe del Departamento de Armas y Explosivos, de la Dirección General de Armamento, del Ministerio de Seguridad Pública, que no es competencia de esa instancia el permiso laboral que se le otorgue al interesado, sino que es de resorte exclusivo de la Dirección de Servicios de Seguridad Privados. Por otra parte, este Departamento no decide de quién es propiedad el citado carné de portación de armas de fuego, sino que lo emitimos a nombre de la persona interesada y de cuyo uso es la única responsable. En este extremo es de relevancia destacar, que en el carné de referencia efectivamente se pone el nombre de la empresa para la cual labora el interesado, toda vez que es estrictamente necesario, por la simple razón de que el Departamento está autorizando al Agente para que utilice única y exclusivamente las armas de la empresa para la cual labora, no de otras empresas o personas en virtud del grado de peligrosidad que ello representa para la ciudadanía en general. Sobre el particular, debe tener presente el actor, que la adquisición y portación de armas de fuego en nuestro ordenamiento jurídico como regla general está prohibida, y que vía excepcional la ley ha permitido que se puedan adquirir y registrar las mismas, así como obtener un permiso de portación de las mismas. En este orden de ideas, la Ley de Armas y Explosivos en su artículo 3 inciso define: “Permiso: Autorización que otorgas el departamento de armas y explosivos para el uso de armas, explosivos, pólvora en todas sus presentaciones y todo tipo de implementos contemplados en la presente ley y sus reglamentos”; y en su artículo 4 dispone que el control y la fiscalización le corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Seguridad Publica; así mismo, en el articulo 12 párrafo primero, en relación con el articulo 11 párrafo segundo, de la misma ley, y articulo 4 de su Reglamento se establece que es el Departamento de Control de Armas y Explosivos de la Dirección de Armamento, dependencia adscrita al Ministerio de Seguridad Publica: “…es el órgano competente encargado de otorgar los permisos de inscripción y portación de armas”. De lo expuesto se colige tanto lo considerado en la doctrina nacional como lo preceptuado positivamente en el ordenamiento jurídico es conteste en cuanto a la naturaleza jurídica del permiso, en la especie: de inscripción y portación de armas, así como en lo que respecta a la precariedad de los aspectos jurídicos que se implican en cuanto que no llega a constituir derecho subjetivo alguno y la supeditación del permiso a la discrecionalidad administrativa en cuanto a su otorgamiento, revocación o cancelación en cualquier momento, debiéndose cumplir para tal efecto con los garantías del debido proceso y de los requisitos legalmente establecidos. Nótese que un arma de fuego es un instrumento que basta por sí sola para causar miedo, intimidación e indefensión a la contraparte y crear la conciencia de que su vida está verdadera y seriamente en peligro, de ahí que necesariamente es razonable la necesidad de tener estos controles y los necesarios con apego a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a efectos de tener certeza de que a la persona a quien se le otorga ese permiso tenga idoneidad física y mental para ello, lo anterior con el fin salvaguardar la posibilidad de tener consecuencias adversas y dolorosas. En este sentido esta Autoridad Constitucional en lo que interesa ha indicado reiteradamente lo siguiente: “Debe de tomarse en consideración que en la presente acción de inconstitucionalidad no se encuentra en discusión un sector cualquiera del comercio, sino uno sumamente sensible como lo es la comercialización de las armas de fuego-aunque sean permitidas-parcela de la libertad de empresa que demanda fuertes e intensos controles, habida cuenta de las graves secuelas que puede producir el uso y disposición de las armas de fuego en el tejido y conglomerado social. Esa regulación y fuerte –medio-, habilitada por la ley, resulta, a todas luces, razonable y proporcionada para evitar las consecuencias adversas y dolorosas derivadas de la portación y el uso sin control o discriminado de las armas de fuego (...)” SALA CONSTITUCIONAL. VOTO 2007-16492, del catorce de noviembre del dos mil siete. Bajo esta hipótesis es que este Departamento, como ente rector del control de armas, debe necesariamente conocer en cada momento quién está debidamente autorizado o no para utilizar las armas de fuego de determinada empresa, o de personas físicas. Debe tomarse en consideración que la inscripción y portación de armas constituye materia altamente sensible y de carácter restrictivo, que demanda fuertes e intensos controles, habida cuenta de las graves secuelas que puede producir el uso y disposición de armas de fuego en el tejido del conglomerado social por lo que las consideración doctrinales y regulaciones positivas expuestas conformadoras del ordenamiento jurídico, desprenden habilitaciones legislativas expresas, como las potestades de fiscalización y supervisión atribuidas a los poderes públicos que permiten el accionar de la administración pública en principios y valores muy peculiares de la idiosincrasia y tradición civilista de los costarricenses, tales como la paz la tolerancia, la concordia, la armonía, la seguridad, el orden público y, en general la convivencia pacífica y la tranquilidad de la ciudadanía, todo lo cual reviste un interés público superior y prevaleciente, cuya tutela debe procurarse por encima de cualquier interés particular de conformidad con los principios constitucionales y legales existentes. Que o que respecta al extremo B) en el cual el actor manifiesta que dado que es él el que asume los pagos de la evaluación psicológica, los timbres y el trámite de archivo de huellas, la certificación del reporte de delincuencia y el curso teórico práctico, la titularidad del permiso debería ser suya. Es un punto que tal y como se dijo supra, este Departamento emite el carné a nombre de la persona como titular del mismo, no de la empresa para la cual labore, ya lo demás, lo que se haga o se diga respecto del citado documento es otra cosa que resulta independiente de la injerencia institucional. El hecho de que en el respectivo carné se citen las armas que se autorizan utilizar por parte del agente, es un extremo que por las razones citadas supra debe hacerse. Por último, en lo atinente al extremo C) en el cual manifiesta el recurrente que con dichas medidas se le niegan nuevas y mejores opciones laborales, sí como en laborar en eventos privados durante sus días libres, lo que para él constituye una “esclavitud laboral”, ha de señalarse que la afirmación del recurrente es bastante temeraria, en virtud de que es esta instancia bajo ningún concepto ni actuación mantiene a un trabajador atado de ninguna manera a una empresa determinada y no hay nada ni nadie jurídicamente hablando, que obligue a persona alguna a cambiar o mantener con un patrono determinado, lo cual es de libre escogencia de cada quien, o lo que es lo mismo, asociarse o no a grupo alguno de la índole que se trate, fundamento por el cual esa “esclavitud laboral” a la que hace referencia el recurrente no existe. Bajo esta tesitura, el actor bien puede laborar en cualquier lugar, persona física o jurídica o en varias a la vez, siempre que su tiempo se lo permita, lo cual no depende de modo alguno de esta Dependencia, sino de su capacidad para cumplir con los requisitos legalmente establecidos en cuanto a la portación de armas de fuego se refiere, que es en la materia se tiene injerencia.

Solicita que se desestime el recurso planteado.

3.- Informa bajo juramento Elbert González Ramírez, en su condición de Director de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, que el día 19 de diciembre del 2013, salió publicado en La Gaceta Digital, en nuevo reglamento a la ley, donde se comunica a los interesados los nuevos lineamientos, `para empresas y agentes de seguridad privada, por medio de un sistema digitalizado. La Ley de Servicios de Seguridad Privados, Ley 8395, en su articulo 13, inciso d manifiesta que: ‘ARTICULO 13.- Requisitos de la solicitud'". d) Presentar la nómina del personal de seguridad y administrativo can sus calidades, así como el inventario del armamento y del equipo de seguridad con que se cuenta en ese momento... "Donde se exige a las empresas de seguridad privada la presentación de la nómina de personal y por ende el registro de los agentes, ya que es fundamental para esta Dirección saber que personas, van a detentar el privilegio de la protección ciudadana, por medio del ejercicio de seguridad privada, a su vez por esta vía se garantiza la protección de los derechos obrero patronales de los trabajadores, siendo que las empresa están en la obligación de presentar no solo el personal que ejercerá el servicio, sino que también deben aportar las planillas de la CCCS, y las pólizas del INS, por medio de lo cual se garantiza el derecho a la salud de los trabajador como bien lo establece otro requisito de la ley de marras artículo 13 inciso h: "Adjuntar copia certificada de las planillas reportadas a la Caja Costarricense de Seguro Social y al Instituto Nacional de Seguros. Si se trata de renovación, estas certificaciones comprenderán los seis meses anteriores a la solicitud de renovación. “Aunado a esto, esta Dirección de forma conjunta con el Ministerio de Trabajo, según la ley establece la supervisión y cumplimiento de los derechos laborales y sociales y cito: "Las personas físicas o jurídicas que presten los servicios descritos en el artículo 2 de esta Ley, deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos: ARTÍCULO 20.-Supervisión y control de la Dirección de los Servicios de Seguridad Privados y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Toda persona física o jurídica contemplada en el artículo 2 de esta Ley, estará sujeta a la supervisión y el control de la Dirección de los Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública para constatar el fiel cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas, así como del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en todo lo atinente a las condiciones de empleo, capacitación, pago de salarios mínimos, reconocimiento de derechos laborales y seguridad social. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por intermedio de la Inspección General de Trabajo, `establecerá políticas y rutinas de inspección y control a las personas físicas o jurídicas reguladas en esta Ley. La Inspección General de Trabajo enviará copia de los informes que se produzcan en el ejercicio de esa función o la Dirección de los Servicios de Seguridad Privados, la cual estará obligada, dentro de los treinta días naturales siguientes al recibo de los informes, a ejercer los mecanismos de control sugeridos y a comunicar sus resultados cada tres meses a la Inspección General de Trabajo. Los informes de resultados de la Dirección de los Servicios de Seguridad Privados serán valorados integralmente cada seis meses por la Inspección General de Trabajo. " Con lo que queda claro, el deber de esta Dirección como ente estatal, de velar por los derechos de los trabajadores, de forma conjunta con el Ministerio de Trabajo, ente competente en materia laboral. En el caso del carnet de seguridad privada, este es un documento de identificación, necesario para el ejercicio de la función y es una autorización que identifica al portador al punto que la ley exige su uso visible, según lo manifiesta la ley supra en su articulo 26 y cita: "Los agentes de seguridad privada que brinden seguridad física, deberán vestir el uniforme y el distintivo previamente inscrito ante la Dirección, así como portar visiblemente el carné de agente de seguridad privada emitido por la Dirección." "artículo 16 inciso e) Portar, en lugar visible, la credencial que los identifica como miembros del servicio de seguridad privado; en ella, deberá consignarse el nombre completo, el cargo ostentado y una fotografía tamaño pasaporte. " Pero el documento es relevante mientras el agente se encuentre desempeñándose en su trabajo, al punto que la ley y su reglamento exigen que dicho carnet una vez concluida la relación laboral del agente sea puesta a disposición de esta Dirección, según establece el Art. 38 del nuevo reglamento a la ley antes citada, y dice: ”...En caso que no sea posible su retención por causas atribuibles al trabajador, el patrono deberá informar inmediatamente a la Dirección. La credencial de agente de seguridad privada que otorga la Dirección, debe remitirse de inmediato a esa misma oficina. LA DIRECCIÓN N0 EMITIRÁ OTRA CREDENCIAL HASTA TANTO SE HAYA VERIFICAD0 LA DEVOLUCIÓN DE LA ANTERIOR." (el resaltado no es del original) de manera que el carnet será de uso personal en el tanto el agente esté activo y conforme a derecho, caso contrario dicho carnet deberá ser devuelto a este ente ministerial, Bajo el nuevo sistema digitalizado, el carnet es emitido a nombre de la empresa para la cual va a laborar el agente de seguridad privada, ya que como se ha indicado antes, la responsabilidad de la empresa es para con sus agentes de seguridad, estableciéndose de forma clara su correlación en el desempeño de una función de tanta importancia como es la seguridad ciudadana, junto a la responsabilidad solidaria que adquiere la empresa para con sus agentes en desempeño de su función y de las consecuencias legales por el mal uso de la autorización. En relación con el pago de los cursos exigidos por ley y el examen psicológico y demás, estos son requerimientos con los cuales deben cumplir todos los agentes de seguridad privada, como lo establece el articulo 14 inciso d y e, de la ley de cita. Indica que el acatamiento de los requisitos de ley es obligatorio (Art.5), por ende el costo de los mismos recae en el interesado, como es el caso de la licencia de conducir vehículos y otros trámites similares donde el interesado debe costear el precio de los requisitos que la ley le ordena cumplir. Dice que la normativa lo que hace es regular la actividad y el cumplimento de normativas conexas, en este caso el cumplimiento de las obligaciones obrero patronales. Cita la sentencia N°08001-98 de las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos del once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. En el caso del personal de seguridad y vigilancia y administrativo, esta acreditación se realizará mediante el Sistema utilizando los formularios electrónicos disponibles. Si se trata de inclusión de personal, la empresa debe proporcionar a la Dirección los siguientes datos: nombre y apellidos completos, número de documento de identificación, domicilio exacto y correo electrónica, calidad en que fue contratado, a saber: seguridad y vigilancia, administrativo o capacitador, fecha de vencimiento de la credencial otorgada por la Dirección, en el caso de personal de seguridad y vigilancia y de capacitación, reporte de las planillas de la Caja Costarricense del Seguro Social. En el caso del personal de seguridad y vigilancia y administrativo, se debe adjuntar al formulario electrónico. SI SE TRATA DE EXCLUSIÓN DE PERSONAL, LA EMPRESA DEBE PROPORCIONAR A LA DIRECCIÓN LOS SIGUIENTES DATOS: nombre y apellidos completos, número de documento de identificación y domicilio exacto, función que desempeñará el trabajador en la empresa, a saber: seguridad y vigilancia, administrativa o capacitador, fecha de vencimiento de la credencial otorgada por la Dirección en el uso de personal de seguridad y vigilancia y de capacitación, causas de la separación del trabajador. Certificación de tiempo laborado, emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, indicando los salarios reportados durante ese periodo. En el caso del personal de seguridad y vigilancia y administrativo, esta certificación debe adjuntarse al formulario electrónico, credenciales entregadas por las empresas a los trabajadores, distintivos, uniformes y similares, las cuales el patrono está en la obligación de retener. En caso que no ser posible su retención por causas atribuibles al trabajador, el patrono deberá informarlo inmediatamente a la Dirección. La credencial de agente de seguridad privada que otorga la Dirección, debe remitirse de inmediato a esa misma oficina. LA DIRECCIÓN NO EMITIRÁ OTRA CREDENCIAL HASTA TANTO SE HAYA VERIFICAD0 LA DEVOLUCIÓN DE LA ANTERIOR. “(el resaltado no es del original) Siendo que es el actual reglamento el que establece esta obligación, como medio de control para el ejercicio de la función. Respecto a que se limita al agente para laborar con otras empresas, dice que esto es falso, ya que la ley permite la multiplicidad patronal, siempre y cuando no haya sobre posición horaria, de manera que un agente podría laborar en su tiempo libre para otra empresa de seguridad debidamente autorizada. La Sala Constitucional en sentencia no. 8001-98, dispuso: “la cuestión traída a consulta es un asunto de oportunidad y conveniencia del legislador, no susceptible del control de constitucionalidad Téngase presente que la seguridad y los poderes de policía son propios del estado, el cual puede permitir que particulares colaboren can la prestación del servicio privado de seguridad. Pero es de interés público que esa fuerza privada de seguridad sea controlada y controlable por parte del Poder Ejecutivo,... “(el resaltado no es del original). Señala que esa Dirección, no puede otorgar un carné de agente del servicio de seguridad privado, cuando la misma ley exige que el solicitante cumpla con los requerimientos de ley, siendo que su actuación no solo seria irresponsable, sino que contravendría el Principio de Legalidad e incurriría en aparentes hechos delictivos de naturaleza penal. Ya que si bien el ente fiscalizador es la Dirección que represento, el ente rector de todas las actuaciones integradas es el Ministerio de Seguridad Publica, entidad que debe de velar por el buen funcionamiento de los cuerpos normativos que le competen, como es el caso de la Ley 8395.Cita los votos 11731-2003, y voto 8001-98, donde el bien jurídico tutelado es la Seguridad y el hecho de que la actividad debe desarrollarse en forma controlada y controlable, ajustando nuestra actuación bajo los parámetros del Principio de Legalidad, es que consideramos en el caso concreto, nuestra actuación se enmarca dentro de lo establecido por la Ley 8395 y no hemos violado, restringido, amenazado 0 perturbado, ninguno de los principios constitucionales y legales que le asisten al recurrente, por lo que solicitamos se nos exima de toda responsabilidad tanto en lo personal como por la investidura de funcionario publico. Pide se declare sin lugar el recurso.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso El recurrente estima que resulta contrario y afecta sus derechos laborales, que el permiso de portación de armas ahora se otorga únicamente a la empresa de seguridad donde se labora, mientras exista contrato laboral, lo que le limita a trabajar fuera de esa única relación de empleo. Además estima irrazonable que deba sufragar los gastos para obtener el permiso de portación de armas.

II.- Hecho no probado. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución:

a. Que se impida la multiplicidad patronal, pese a contar el agente de seguridad con los requisitos que exige la normativa vigente.

III.- Sobre el fondo. En cuanto a la regulación de los servicios de seguridad privados, esta Sala en sentencia número 1998-002645 de las 15:33 horas del 21 de abril de 1998, en lo que interesa señaló:

“III.- SOBRE EL FONDO DE LAS CUESTIONES CONSULTADAS: Manifiestan los consultantes que el artículo 2, inciso g), del Proyecto de Ley de Servicios Privados de Seguridad, que se tramita bajo el expediente legislativo N° 12.877, aprobado en Primer Debate en Sesión N° 86 del cinco de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, autoriza que, por vía reglamentaria, se amplíe el ámbito de aplicación de esa ley a otros sujetos no señalados expresamente en ésta. Consideran que tal autorización, viola lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 140 de la Constitución Política, que establece como una de las facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo el reglamentar las leyes. Ahora bien, esa potestad reglamentaria tiene como límite el propio marco legal que está reglamentando, de manera que no puede ampliar la materia propia de la ley que le sirve de sustento. El hecho de que, en el inciso g) del artículo 2 del Proyecto de Ley de Servicios de Seguridad Privados se faculte a que, por vía reglamentaria, se amplíe el ámbito de aplicación de esa ley a cualquier otra categoría que se incluya en el reglamento respectivo no transgrede lo preceptuado en el artículo 140, inciso 3), constitucional. Así, en sí misma considerada, la norma no es inconstitucional. Lo que sí podría, eventualmente, resultar inconstitucional es el reglamento respectivo, en el tanto éste rebase los límites que la propia ley establece y disponga que dicha ley se aplicará a sujetos que no se relacionan con las categorías establecidas en el artículo 2 del proyecto, pero ello es un asunto que debe examinarse en cada caso concreto. El proyecto de ley únicamente establece que, por vía reglamentaria, se desarrolle su contenido, en lo que no existe reparo de constitucionalidad alguno. Es el Poder Ejecutivo, al ejercer la potestad reglamentaria, que debe ceñirse a lo establecido en el inciso 3) del artículo 140 constitucional, para que el reglamento ejecutivo que se dicte no sea inconstitucional.

IV.- También aducen los diputados consultantes que el artículo 9, inciso i) del proyecto consultado, viola el contenido del inciso 3) del artículo 140 de la Constitución Política y el principio de legalidad contemplado en el artículo 11 constitucional, al facultar que, por vía reglamentaria, se fije, como requisitos de la solicitud para prestar los servicios privados de seguridad, la presentación de otros documentos no contemplados en la ley. En sí mismo considerado, el inciso en cuestión no rebasa la potestad reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo, a tenor de lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 140 de la Carta Fundamental. Bien podrían exigirse, vía reglamento, otros requisitos adicionales a los establecidos en la ley que se enmarquen dentro de los que ella contiene. En este sentido, la Sala concluye que el inciso no es inconstitucional en sí mismo considerado, en la medida en que esté sujeto al poder reglamentario. Eventualmente, el reglamento dictado con base en dicho artículo podría ser inconstitucional, si rebasa la materia propia de la ley que le sirve de fundamento, análisis que deberá hacerse en cada caso concreto.

V.- Asimismo, consideran los consultantes que los artículos 4 párrafo segundo; 21; 23; 31; 33; 39 inciso f); 40 incisos a), b), d), e), g) e i); 41 inciso b); 44 y 48 del proyecto de ley son contrarios al artículo 28 constitucional. Este artículo constitucional, en lo que interesa para efectos de la consulta, establece:

"Artículo 28.- (...) Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley." Ahora bien, aún cuando las normas cuestionadas tienen contenidos diversos, la inconstitucionalidad se basa en que, en definitiva, el servicio de seguridad, como actividad privada que es, está fuera de la acción de la ley y, por ende, ésta no podría imponer limitaciones ni condiciones a su ejercicio. Para una correcta intelección de los alcances de la consulta, lo aconsejable es analizar cada uno de los artículos independientemente, aún cuando la violación constitucional acusada sea la misma. A.- En relación con la obligación de los particulares que brinden ese servicio de someterse a las políticas gubernamentales en materia de seguridad pública o privada (artículo 4 párrafo segundo), esta Sala estima que la norma, en sí misma considerada, no es inconstitucional. Debe tenerse presente que, si bien, la prestación de servicios privados de seguridad es una actividad privada, tal y como lo afirman los consultantes, también, es una actividad que, por su naturaleza -la seguridad-, lleva implícita un interés público, no meramente privado, circunstancia que hace necesario que sea regulada por la ley. Una cosa es la actividad contractual propiamente dicha, que realicen las personas físicas o jurídicas que presten el servicio privado de seguridad -que no es un servicio público- con terceras personas, -esfera que, de conformidad con el artículo 28 constitucional, queda fuera del ámbito de acción de la ley- y, otra, el servicio de seguridad en sí mismo considerado, el cual, no obstante ejercerlo personas privadas, es de interés público, de allí su regulación por vía de ley. De manera que la disposición de que las personas físicas o jurídicas, que estén sujetas a la Ley de Servicios Privados de Seguridad, deberán acatar las políticas de gobierno en materia de seguridad pública o privada, no es inconstitucional, pues el interés público que está presente en esa actividad privada y la naturaleza propia de la seguridad justifican ese sometimiento. Sin embargo, considera la Sala que sí podrían resultar inconstitucionales políticas gubernamentales en dicha materia, en tanto sean desproporcionadas e inconciliables con la Constitución, asunto que ha de examinarse también en cada caso concreto. B.- En cuanto a la exigencia de que los vigilantes usen un uniforme común, cuyo color y características serán determinados por la Dirección del Servicio de Seguridad Privado (artículo 21), la Sala considera que tal norma no es inconstitucional. La imposición de un uniforme único sí resultaría violatorio de la Constitución Política, pero este Tribunal entiende que la norma en cuestión no está estableciendo un uniforme único, sino que cada empresa o persona física determinará el uniforme que usarán sus agentes de seguridad, dentro de los diversos colores y características que establezca la Dirección del Servicio de Seguridad Privado. Una vez que cada empresa seleccione el uniforme común -a lo interno de la empresa- que usarán sus agentes y la respectiva insignia, han de registrarlo ante dicha Dirección, para los controles respectivos, lo que no resulta inconstitucional en pro del interés público que existe en poder identificar claramente a esos agentes. C.- Otro de los reparos de constitucionalidad es el precepto del artículo 23 del proyecto de ley consultado, al tenor del cual el Poder Ejecutivo, vía decreto, fijará semestralmente las tarifas máximas que podrán cobrar las personas físicas y jurídicas que presten los servicios privados de seguridad. Las dudas de constitucionalidad de los diputados consultantes tiene su motivo en que únicamente han mirado el aspecto privado del servicio, sin tomar en consideración el interés público que existe en ello, como quedó expuesto supra. En tratándose de actividades privadas en las cuales exista un interés público -como en el caso de entidades financieras privadas que captan dinero del público- el Estado está facultado para regularlas, máxime en un caso de tanta importancia como es la seguridad. Así, la ley puede establecer que determinados servicios sean prestados en condiciones específicas, en aras de proteger el interés público, entre las cuales está la tarifa máxima que se pueda cobrar. Entonces, la potestad conferida al Poder Ejecutivo de fijar semestralmente, por decreto, las tarifas máximas que podrán cobrar quienes presten servicio privado de seguridad, no es inconstitucional. Lo que sí podría ser inconstitucional es la fijación concreta de la tarifa por medio de decreto si la norma resulta irracional o desproporcionada. La fijación de tarifas máximas en materia de seguridad tiende a evitar que se provoque mayor inseguridad, en el sentido de que el ciudadano tendría que pagar por ese servicio el precio que fije unilateralmente la persona física o jurídica que lo presta. La fijación de una tarifa máxima procura que mayor parte de la población tenga acceso al servicio privado de seguridad, con lo que se satisface el interés público. Tampoco violenta esa norma la libertad de comercio establecida en el artículo 46 constitucional. La forma y condiciones en que se ha de prestar ese servicio es materia regulable por ley y, dentro de ella, la fijación de tarifas máximas. Si el legislador, en vista del interés público que la prestación del servicio privado de seguridad representa, estima que es conveniente establecer un máximo para las tarifas que pueden cobrar las personas que brindan dicho servicio, ello es un asunto que escapa del ámbito constitucional, por constituir un criterio de oportunidad y conveniencia legislativa, que no lesiona la libertad de comercio, que no es un derecho irrestricto. D.- Otra de las regulaciones cuestionadas es el artículo 31 del proyecto, en el cual se prohíbe a las personas físicas o jurídicas que tengan su servicio particular de protección patrimonial y transporte de valores, prestar ese servicio a terceros o realizar actividades distintas de las contempladas en la Sección IV "Servicios Particulares de Protección Patrimonial" del proyecto. En criterio de los diputados consultantes, por tratarse de una actividad meramente privada, está fuera de la acción de la ley y, en tal caso, no se podría impedir que dichas personas presten ese servicio a terceros o realicen otras actividades. Cabe aquí la misma argumentación hecha con respecto a los otros artículos anteriores. Se trata de una actividad privada regulable por ley -en vista del interés público inmerso en ella- de modo que, para dedicarse a ella, las personas físicas o jurídicas deben contar con la respectiva autorización, razón por la cual quienes tengan su propio servicio particular de protección patrimonial y transporte de valores no podrían prestarlo a terceros o realizar otras actividades, si no cuentan con dicha autorización, pues esto impediría ejercer el debido control. Ello, según lo dicho, no violenta el contenido del artículo 28 constitucional, por no tratarse de una actividad meramente privada. E.- Lo dispuesto en el artículo 33 del proyecto guarda íntima relación con lo dicho en el último punto. Dicho artículo establece que sólo las personas físicas o jurídicas debidamente inscritas y autorizadas por la Dirección del Servicio Privado de Seguridad podrán prestar el servicio de diseño, instalación, mantenimiento de sistemas y centrales de alarmas para proteger todo tipo de bienes patrimoniales. Aquí tampoco encuentra la Sala, violación al artículo 28 constitucional, ya que es un servicio privado regulado. El hecho de que una determinada actividad sea ejercida por particulares no implica, necesariamente, que su interés se limite sólo a la esfera privada, pues, como en el caso de la materia relativa a la seguridad, puede haber inmersos intereses colectivos y públicos que justifican la regulación de tal ejercicio por medio de la ley, imponiendo limitaciones y requisitos para su ejercicio. En tal sentido, es interés del Estado tener un estricto control sobre las personas que están autorizadas a brindar el servicio privado de seguridad, por lo que sólo quienes se encuentran inscritos en el registro correspondiente y están debidamente autorizados pueden brindar el servicio en cuestión. De lo contrario, no podría el Estado tener control sobre las personas que se dedican a la seguridad privada, con riesgo para la propia seguridad ciudadana. F.- También aducen los consultantes que la obligación que pesa sobre los agentes de seguridad de inscribirse en el registro de agentes de seguridad privados (inciso f) del artículo 39) violenta el artículo 28 de la Carta Fundamental. Tampoco llevan razón los consultantes en su argumentación. Se trata de una actividad privada de interés público, por lo que el Estado debe contar con los medios necesarios para ejercer un debido control sobre las personas que cumplen la función de agentes privados de seguridad, para lo cual se establece, precisamente, el registro de agentes de seguridad privados. G.- Cuestionan los consultantes los requisitos que se establecen en los incisos a), b), d), e) y g) del artículo 40. A su juicio, por tratarse de una actividad privada, está fuera de la acción de la ley. Según se ha establecido supra, esa argumentación, en general, no es de recibo, ya que es una actividad privada regulable por ley, en vista del interés público que existe en ella. No obstante, se deben examinar los requisitos que se establecen en esos incisos, para determinar si son razonables y no violentan normas constitucionales. El inciso a) obliga a la compañía o a la persona física a llevar un registro permanente de los contratos de servicio, personal, armas, municiones y equipos necesarios para las labores de seguridad, así como los que sean propiedad individual de sus miembros y se destinen al desempeño de sus funciones. Se trata de registros al interno de la compañía para control tanto de la cantidad de armas, municiones, equipo y personal dedicado al servicio privado de seguridad, obligación que no es irracional ni desproporcionada. Lo mismo cabe decir en cuanto a la obligación de los vigilantes independientes de dar aviso a la Dirección del Servicio de Seguridad Privado sobre las armas, municiones y otros equipos empleados en las labores de seguridad, por el interés público que se tutela. Sin embargo, aún cuando no se plantea directamente en la consulta, en relación con la potestad conferida al personal de esa Dirección para revisar los registros que llevan las personas físicas o jurídicas, deben los consultantes tomar en cuenta lo que se dirá en relación con el artículo 15 del proyecto. En relación con los requisitos establecidos en el inciso b) del artículo 40, se debe hacer la siguiente aclaración. No violenta el artículo 28 constitucional el que las personas físicas o jurídicas deban notificar a la Dirección del Servicio de Seguridad Privado cualquier cambio en su personal, oficinas, sucursales, instalaciones, armamento, municiones y el equipo necesario para las labores de seguridad, pues ello responde al interés público de ejercer un control debido sobre dicha actividad en atención a su naturaleza. Pero sí es inconstitucional el exigir la comunicación de los contratos privados, pues ello violenta el contenido del artículo 24 constitucional, según se verá en el considerando VI al examinar el inciso d) del artículo 5 y el h) del artículo 9. En el inciso d) del artículo 40, se establece la obligación de las personas físicas o jurídicas autorizadas a brindar el servicio de seguridad privado de presentar a la Dirección del Servicio de Seguridad Privado la información concerniente a los registros descritos en el artículo 5 del proyecto de ley. No hay en ello violación al artículo 28 constitucional, pues los registros en cuestión permiten el control de la actividad, en aras del interés público. No obstante, se debe tener presente lo dicho infra, en el considerando VI, con relación al artículo 5 inciso d) del proyecto. De igual modo, la obligación de solicitar autorización para extender el servicio a otros lugares no contemplados en la solicitud inicial de funcionamiento, establecida en el inciso e) del artículo 40, no violenta el contenido del artículo 28 de la Constitución Política, pues, según se ha venido diciendo, es una actividad privada regulada por el interés público que hay inmerso en ella, de manera que para prestar el servicio debe ser éste autorizado y cumplirse con los respectivos requisitos, lo mismo que si se trata de ampliar el servicio a otros lugares no contemplados en la solicitud inicial. En cuanto a la presentación de los contratos debe tenerse presente lo dicho en el considerando VI con respecto al inciso d) del artículo 5 y al h) del artículo 9 del proyecto. Por su parte, el inciso g) del artículo en comentario obliga a las personas físicas o jurídicas que prestan el servicio de seguridad a reportar por escrito todo hecho delictivo del que tengan conocimiento, para lo cual se da un plazo máximo de doce horas. Tampoco encuentra esta Sala, que esa obligación sea inconstitucional y contraria a lo dispuesto en el artículo 28 constitucional, ya que la seguridad, por su propia naturaleza, implica que quienes se dediquen a ella, aún en forma privada, colaboren con los cuerpos de policía y denuncien los hechos delictivos de que tengan conocimiento. Por su parte, el plazo conferido, para rendir el informe, tampoco resulta irracional y, por lo tanto, no es contrario a la Constitución.. En lo relativo al inciso i) de dicho artículo, considera esta Sala que, dado el interés público que la seguridad representa, el sometimiento del personal de las personas físicas o jurídicas a un examen anual de control de consumo de drogas, con base en el cual se podrá renovar o suspender el contrato por parte del patrono, no violenta el artículo 28 constitucional. H.- Tampoco la prohibición de que las personas físicas o jurídicas autorizadas y los agentes sujetos a esa ley vendan, alquilen, cedan o negocien, en cualquier forma, la autorización otorgada (inciso b) del artículo 41) es inconstitucional por violentar lo preceptuado en el artículo 28 de la Constitución Política. Caben aquí las mismas argumentaciones ya dadas, en el sentido de que, por tratarse de una actividad privada de interés público, la Administración debe poder ejercer un control sobre ella, llevando registros actualizados sobre las empresas y personas físicas que prestan el servicio, lo que se tornaría imposible si las personas autorizadas pudieran disponer libremente de dicha autorización. En síntesis, es una actividad que debe ser controlada y controlable. I.- En cuanto a las sanciones penales que se establecen en los incisos a) y b) del artículo 44, no estima esta Sala que se viole el artículo 28 constitucional. Es cierto que se trata de una actividad privada, pero el interés público que implica la materia de seguridad, bien puede servir como criterio para que el legislador sancione penalmente a quienes presten el servicio privado de seguridad al margen de la ley. El bien jurídico tutelado en este figura, es la seguridad, de manera que para su protección -el bien jurídico- el Estado debe poder determinar que las personas que realicen esa actividad, sean aptas para ello, razón por la cual se sanciona a todos aquellos que la desarrollen sin autorización alguna. Asimismo, tampoco violenta el artículo constitucional mencionado el hecho de que se sancione a quienes presten servicios de seguridad y formen parte de grupos particulares armados que no estén autorizados ni cumplan con los requisitos previstos en la ley, por el evidente peligro en que ponen al bien tutelado. Por otro lado, el establecer el monto de las penases materia de política criminal, amén de que, a criterio de la Sala, las penas establecidas no resultan desproporcionadas.” IV.- Del caso particular. De la sentencia parcialmente transcrita se tiene que el derecho a prestar un servicio de seguridad, es un derecho susceptible de ser regulado por el Estado por los motivos mencionados y restringido de conformidad con los límites establecidos en el artículo 28 de la Constitución Política. Bajo ese contexto, el Estado se encuentra facultado para emitir una regulación sobre la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a sus bienes, lo que ha hecho a través de la Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados Nº 8395 y su Reglamento. Por otro lado, del informe dado bajo juramento por parte de las autoridades recurridas, debidamente advertidas de las consecuencias incluso penales previstas en la Ley de esta Jurisdicción, queda además claro para esta Sala que, contrario a lo que afirma el recurrente, no le ha sido prohibida en ningún momento la multiplicidad patronal, así como tampoco se le ha impedido al amparado dedicarse a prestar el servicio de seguridad en su calidad de persona física, si cuenta con los requisitos legales y reglamentarios; requisitos que como se dijo el Estado está facultado para pedir por tratarse el servicio de seguridad, de una materia regulada por el Estado. Por último se descarta la violación al parámetro de razonabilidad acusado, pues no es cierto, como afirma el recurrente, que tenga que ser el interesado quien sufrague los gastos para obtener el permiso de portación de armas, pues bien puede ser la empresa que lo contrata quien los cubra, según el acuerdo al que lleguen las partes.

V.- Con base en las consideraciones planteadas, estima la Sala que no logra desacreditar el recurrente el informe rendido por las autoridades recurridas, que niegan que una vez otorgado el permiso de portación de armas a la empresa en que labora el agente de seguridad, se le prohiba prestar el servicio como persona física o para otra empresa, si cuenta con los requisitos legales y reglamentarios vigentes para desempeñar la actividad regulada. A partir de lo anterior se descartan las violaciones acusadas y procede desestimar el recurso lo que en efecto se dispone.

VI. RAZONES DIFERENTES DE LOS MAGISTRADOS JINESTA LOBO Y SALAZAR ALVARADO

Redacta el primero. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado declaran sin lugar el recurso por razones diferentes que son las siguientes: En el sub lite, el recurrente presentó el recurso de amparo cuestionando que el Ministerio de Seguridad otorga el permiso de portación de armas, únicamente, a la empresa de seguridad donde labora y no a él, en su condición personal e individual. De conformidad con lo expuesto, debe precisarse que, a partir de lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política, así como en los artículos 1° y 2°, en relación con el 29 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el amparo es un proceso de carácter sumario que procura restablecer o preservar los derechos fundamentales -con excepción de los protegidos a través del hábeas corpus-, respecto a infracciones o amenazas inminentes a los mismos, así como los derechos humanos contemplados en los instrumentos del Derecho Internacional Público. En el caso concreto, no existe un derecho fundamental o humano que tutelar, en concreto, un derecho fundamental “a la portación de armas”, tal y como lo pretende el recurrente. Al tratarse de un tema de evidente legalidad, consideramos que el recurrente debió de haber formulado su disconformidad ante las vías ordinarias de legalidad creadas al efecto y no acudir ante esta jurisdicción constitucional.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado dan razones diferentes.

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Implementing decreesDecretos que afectan

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