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Res. 01589-2014 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/02/2014

Amparo regarding wastewater discharge into Puntarenas Estuary dismissed due to prior administrative interventionAmparo por vertido de aguas residuales en el Estero de Puntarenas es declarado sin lugar por existir intervención administrativa previa

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OutcomeResultado

DismissedSin lugar

The Constitutional Chamber dismissed the amparo, finding that the respondent authorities addressed the complaint and no infringement of fundamental rights was proven.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo por considerar que las autoridades recurridas atendieron la denuncia y no se acredita lesión a los derechos fundamentales de las recurrentes.

SummaryResumen

Residents of Puntarenas filed an amparo action against several public agencies, claiming that two sewer pipes discharge raw sewage into the Estero Puntarenas, causing foul odors and visual pollution, thus violating their right to a healthy and ecologically balanced environment. They sought closure of the pipes and construction of a sanitary sewer and treatment plant. The Constitutional Chamber found that the respondent authorities had addressed the complaint; furthermore, the Ministry of Health had already been monitoring the El Roble wastewater treatment plant operated by AyA, which holds a discharge permit from MINAE. The Chamber verified that sanitary orders had been issued to implement an improvement plan and that interagency inspections and coordination had taken place. It held that no fundamental rights violation occurred, as the authorities acted within their powers and kept the plaintiffs informed. The majority dismissed the amparo due to lack of injury; Justice Jinesta provided additional reasoning, arguing the case involved ordinary legality rather than constitutional matters, so the proper remedy was administrative litigation.Vecinas de Puntarenas interpusieron recurso de amparo contra varias instituciones estatales alegando que dos alcantarillas vierten aguas negras en el Estero de Puntarenas, ocasionando malos olores y contaminación visual, lo que violenta su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Solicitaban sellar las alcantarillas y construir un alcantarillado sanitario y planta de tratamiento. La Sala Constitucional determinó que las autoridades recurridas habían atendido la denuncia y, además, desde antes de la denuncia el Ministerio de Salud venía fiscalizando la Planta de Tratamiento El Roble del AyA, que cuenta con permiso de vertido del MINAE. Se constató que se emitieron órdenes sanitarias para implementar un plan de mejoras y se realizaron inspecciones y coordinación interinstitucional. La Sala consideró que no hubo violación a los derechos fundamentales, pues las autoridades actuaron dentro de sus competencias y mantuvieron informadas a las recurrentes. El voto mayoritario declaró sin lugar el recurso por inexistencia de lesión; el Magistrado Jinesta añadió razones diferentes en cuanto al derecho a un ambiente sano, argumentando que el caso implicaba una cuestión de legalidad ordinaria y no de constitucionalidad, por lo que la vía idónea era la jurisdicción contencioso-administrativa.

Key excerptExtracto clave

Findings: [...] V.- Conclusion. This Tribunal considers that the case under study reveals no situation that infringes the fundamental rights of the plaintiffs; for, contrary to what they alleged, the Central Pacific Conservation Area, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Municipality of Puntarenas, and the Ministry of Health of Puntarenas have addressed the pollution complaint filed. Moreover, the respondent authorities have kept the plaintiffs informed about the actions they have undertaken regarding the reported events. Therefore, the appropriate course is to dismiss the amparo, as is hereby ordered. VI.- Different reasons of Justice Jinesta. Justice Jinesta Lobo dismisses the amparo—solely with respect to the violation of Article 50 of the Constitution—for different reasons, as follows: [...] The amparo action is, in essence, a summary proceeding governed by simplicity [...] when it becomes necessary to review various administrative actions—proceedings and formal acts that are reflected and materialized in an administrative file—the matter ceases to be subject to amparo, and one must resort to a plenary cognizance process, that is, a full-knowledge proceeding that can only be conducted before the ordinary jurisdiction. The amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria expressed in light of the infra-constitutional legal system or to introduce new evidence to contrast that which appears in an administrative file that has been processed over lengthy and deliberate periods. In short, the amparo process cannot be turned into an ordinary plenary cognizance process (“ordinariarlo”), as it would be distorted and perverted in its ends and purposes; hence, when a public authority has intervened by conducting studies, endorsing or homologating expert reports submitted by interested parties, rendering reports, issuing administrative decisions, permits, licenses, or any other formal administrative act, or in general, carrying out one or more administrative proceedings, the amparo process is not the appropriate avenue to review such actions—rather, the administrative litigation process is.Considerando: [...] V.- Conclusión. Estima este Tribunal que no se desprende del caso en estudio alguna situación que infrinja los derechos fundamentales de las recurrentes; pues, contrario a lo alegado por ellas, el Área de Conservación Pacífico Central, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de Puntarenas y el Ministerio de Salud de Puntarenas, han atendido a la denuncia por contaminación planteada. Además, las autoridades recurridas, han mantenido a las recurrentes informadas acerca de las acciones que han implementado respecto a los hechos denunciados. Razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone. VI.- Razones diferentes del Magistrado Jinesta. El Magistrado Jinesta Lobo declara sin lugar el recurso -únicamente en lo que respecta a la violación al artículo 50 constitucional-, por razones diferentes que son las siguientes: [...] El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad [...] cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria. El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente. El proceso de amparo, en definitiva, no puede ser convertido en un proceso ordinario de cognición plena (“ordinariarlo”), por cuanto, se desnaturaliza y pervierte en sus fines y propósitos, de ahí que, cuando un poder público ha intervenido efectuando estudios, avalando u homologando experticias presentadas por las partes interesadas, rendido informes, emitiendo resoluciones administrativas, permisos, licencias o cualquier otro acto administrativo formal o, en general, sustanciando uno o varios procedimientos administrativos, el proceso de amparo no es la vía para fiscalizar tales actuaciones sino el proceso contencioso-administrativo.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad [...] cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria."

    "The amparo action is, in essence, a summary proceeding governed by simplicity [...] when it becomes necessary to review various administrative actions—proceedings and formal acts that are reflected and materialized in an administrative file—the matter ceases to be subject to amparo, and one must resort to a plenary cognizance process."

    Considerando VI, razones del Magistrado Jinesta

  • "El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad [...] cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria."

    Considerando VI, razones del Magistrado Jinesta

  • "Estima este Tribunal que no se desprende del caso en estudio alguna situación que infrinja los derechos fundamentales de las recurrentes; pues, contrario a lo alegado por ellas, [...] han atendido a la denuncia por contaminación planteada."

    "This Tribunal considers that the case under study reveals no situation that infringes the fundamental rights of the plaintiffs; for, contrary to what they alleged, [...] they have addressed the pollution complaint filed."

    Considerando V, conclusión de la mayoría

  • "Estima este Tribunal que no se desprende del caso en estudio alguna situación que infrinja los derechos fundamentales de las recurrentes; pues, contrario a lo alegado por ellas, [...] han atendido a la denuncia por contaminación planteada."

    Considerando V, conclusión de la mayoría

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Procedural marks

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2014001589 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty in the morning on February seventh, two thousand fourteen.

An amparo action processed under case file number 13-011974-0007-CO, filed by Brenda Vargas Azofeifa, identity card number 1-1549-0087; Dayana Gamboa Salas, identity card number 2-0703-0296; Dayana Mayela Reina Araya, identity card number 6-0404-0955; Lourdes Guevara Vargas, identity card number 4-0219-0544; María Araya Rojas, identity card number 1-1543-0844; Tatiana Chacón Herrera, identity card number 2-0702-0210; against the Regional Office of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in Puntarenas, the Ministerio de Ambiente y Energía, the Área Rectora de Salud of Puntarenas, and the Municipalidad de Puntarenas.

Resultando:

1.- Through a brief filed with the Secretariat of the Chamber at 09:15 a.m. on October 22, 2013, the petitioners filed an amparo action against the Regional Office of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in Puntarenas, the Minister of Ambiente y Energía, the Área Rectora de Salud of Puntarenas, and the Municipalidad de Puntarenas and stated that on September 10, 2013, they reported to the respondent authorities that 2 sewers regularly discharge untreated wastewater (aguas negras) into the Estero de Puntarenas, which is clearly visible at low tide. They stated that these waters represent a visually polluted landscape and generate foul odors, which violates the right to a healthy and ecologically balanced environment. They added that in their complaint, they requested that the sewers be sealed; however, to date, none of the respondent Institutions has responded to their petition, and therefore they consider their fundamental rights to have been violated. They requested that the action be granted, that the sewers discharging into the estero be ordered sealed, and that the respective sanitary sewer system and treatment plant for those waters being discharged be built.

2.- By a resolution issued at 2:34 p.m. on October 22, 2013, an audience was granted to the Mayor –notified at 10:30 a.m. on October 28, 2013– and to the President of the Municipal Council –notified at 3:45 p.m. on October 28, 2013–, both of the Municipalidad de Puntarenas; to the Head of the Regional Office of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in Puntarenas and to the Director of the Área Rectora de Salud of Puntarenas –notified at 2:40 p.m. on October 29, 2013–, to the Director of the Oficina Sub-Regional de Esparza of the Área de Conservación Pacífico Central and to the Director of the Departamento de Aguas –notified at 11:20 a.m. on November 1, 2013–, both of the Ministerio de Ambiente y Energía, regarding the facts alleged by the petitioners.

3.- Aura Jiménez Hernández, in her capacity as Acting Mayor of the Municipalidad Puntarenas, reported under oath, in summary, the following: that as this is a problem of untreated wastewater (aguas negras) discharge that is the responsibility of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to address, the entity she represents is coordinating with the competent institutions of that institute and the local Ministerio de Salud, in order to take the necessary actions to solve the problem afflicting the petitioners. This is being done through the Dirección de Desarrollo y Control Urbano, a unit that, via official communication number DCU-652-2013, convened the cited agencies to conduct a joint on-site inspection on November 1, 2013, to allow a diagnosis of the reported situation – this was communicated to the petitioner (sic) via official communication DCU-661-2013. In view of the foregoing considerations, she requested that the action be dismissed with respect to the municipality she represents.

4.- Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as Director of the Área Rectora de Salud of Puntarenas, reported under oath that, indeed, on September 10, 2013, a complaint was received at the Área Rectora de Salud of Puntarenas, Chacarita, of the Ministerio de Salud, from Brenda Vargas Azofeifa regarding the discharge of residual waters (aguas residuales) from 2 sewers into the estero of Puntarenas. She indicated that in response to the complaint, the health authority conducted a site inspection and prepared the Acta de Inspección Ocular Nº 617-Reg-2013 at 09:42 a.m. on September 24, 2013, which stated: “(…) The site was visited again at 12 noon at low tide, and the untreated wastewater (aguas negras) pipe was observed, and the waters flowing toward the mangrove. We spoke with Danilo Chavarría and provided (sic) a report on the situation concerning this water from the Planta del Roble.” Subsequently, on October 2, 2012, via official communication Nº PC-ARS-PEC-941-13, the Cantonal Head of Acueductos y Alcantarillados in Puntarenas was asked to submit detailed information regarding the waters coming from the El Roble Treatment Plant (Planta de Tratamiento) and discharged into the Estero de Puntarenas. For which reason, said professional indicated the following: “That the waters come from the El Roble Treatment Plant. / That he cannot opine (sic) on foul odors because that is very subjective. In his opinion, what smells is a nauseating garbage dump that is there (sic), which is an atrocity. / That the wetland fed by the Estero is affected by the discharge of domestic waters coming from the WWTP (wastewater treatment plant, planta de tratamiento) already treated and not raw residual waters like those discharged by all the houses along the banks of the estero and other settlements near the Fertica Canal. / That these discharges cannot be sealed, and furthermore, everything in the Eastern sector of the central Canton (Roble, Barranca) is fully sewered and has the corresponding treatment, and we also have the discharge permit from MINAET, a copy of which is attached.” She added that subsequently, the Environmental Manager of the Área Rectora de Salud Puntarenas Chacarita issued technical report Nº PC-ARS-PC-RS-IT-0300-2013, in which he concluded the following: “The discharge of waters into the Estero de Puntarenas at the exact site of the complaint was confirmed; however, according to a report by Lic. Danilo Chavarría, those waters are treated since they come from the El Roble Water Treatment Plant (Planta de Tratamiento de Aguas) of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and it likewise holds a Water Discharge Permit (Permiso de Vertido de Aguas) from the Dirección de Aguas of MINAET. / That the El Roble wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas residuales) in Puntarenas is located within the jurisdiction of the Área Rectora de Salud of Barranca; therefore, the respective operational discharge reports are submitted to that Área Rectora de Salud.” She indicated that on October 31, 2013, technical report Nº PC-ARS-PC-RS-IT-0300-2013 was sent to the complainant, and via official communication PC-ARS-PC-1004-2012, her hierarchical superior was informed of the arguments raised in this amparo action. Furthermore, she stated that matters relating to the operation of wastewater systems (sistemas de aguas residuales) are regulated in Decreto Nº 26042-S-MINAE. Said decree expressly establishes provisions regarding effluent quality, and that it is the responsibility of the Ministerio de Salud to determine whether the characteristics of that residual water meet the established parameters for its discharge into a receiving water body. For this purpose, the Ministerio de Salud analyzes the operational reports submitted by the generating entity, in this case, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in order to certify the water quality. She added that the treatment plant determines the same to be located in the jurisdiction of the Área Rectora de Salud Barranca, whom they contacted to determine the conditions under which the same operates. In this regard, she argues that from the content of the file for that treatment plant, it is determined that the same is subject to intervention by the Ministerio de Salud, and that for this year and 2014, an improvement plan was approved for implementation, the purpose of which is to achieve the operation of that treatment system under such conditions that its functioning does not cause an impact on the environment or a nuisance to the neighbors. Strictly speaking, regarding what is sought by the petitioners –that is, the closure of the mouths of the sewers in question–, she states that it is not possible to proceed in that manner for 2 reasons: 1) that health regulations provide that treatment plants require a transit water body to dispose of the effluent or water resulting from a treatment process, and 2) that by having accepted the improvement plan proposed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, that Ministry is endorsing the operation of said plant, but under controlled conditions. She requested that the Dirección de Área be absolved of all responsibility, as it is proven that due attention was given to the petition filed by the petitioners. Furthermore, that while it is true the approach to the operation of the aforementioned treatment plant involves 2 different governing health areas (áreas rectoras), it is evidenced that the same is subject to intervention by the Ministerio de Salud, so that with the improvements to be implemented, the quality of the effluent will be adjusted to the parameters established by the regulations governing the matter.

4.- Danilo Chavarría Velázquez reports under oath, in his capacity as Head of the Oficina Cantonal de Puntarenas of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, that it is not true that the water discharged into the estero is contaminated, nor is it true that no response was given to their complaint, since via an official communication dated October 31, 2013 –notified on November 1, 2013–, the response they requested was sent to them. In view of the foregoing considerations, he requests that the action be dismissed.

5.- José Joaquín Chacón Solano reports under oath, in his capacity as Acting Director of the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía, in summary, the following: that according to the archives, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados holds a discharge permit (permiso de vertidos) granted by that Directorate, under file 3919-V, allowing it to discharge the treated waters from the Water Treatment Plant (Planta de Tratamiento de Aguas) located in El Roble de Puntarenas, into the Estero de Puntarenas, a permit that is currently in force. He stated that there is a permit for one discharge; that is, one pipe; however, from the reports sent to that Directorate, there is the official communication dated October 22, 2013 –signed by the Cantonal Head of the office in Puntarenas of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados–, which indicates that they have 2 pipes through which they discharge waters from the Treatment Plant (Planta de Tratamiento) that the institution has in El Roble de Puntarenas. For which reason, via official communication AT-5267-2013, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados was warned to present the respective documentation for that second pipe, given that there is no record of this second discharge permit (permiso de vertidos).

6.- By certification signed by the Judicial Technician 3 and the Acting Secretary, both of the Sala Constitucional, they indicate that a review of the Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, the Control of Documents Received, and this case file shows no record that between October 22, 2013, and November 6, 2013, the President of the Council of the Municipalidad Puntarenas filed any brief or document to submit the report requested in the resolution issued at 2:34 p.m. on October 22, 2013.

7.- Lic. José Eddie Aguilar Coto reports under oath, in his capacity as Head of the Oficina Subregional Esparza Orotina of the Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio de Ambiente y Energía (document filed with the Secretariat of the Chamber at 11:55 a.m. on November 13, 2013), that it is true that on September 10, 2013, they received a note signed by the petitioners through which, among other things, they reported the existence of 2 sewers that regularly discharge untreated wastewater (aguas negras) into the Estero de Puntarenas, for which reason they requested an inspection and that they be given a copy of the report (a case assigned file number PC-2-CPI-001-131-2013). He stated that the petitioners provided fax number 2453-1415 for receiving notifications; however, Lic. Carlos Serrano Bulakar indicated that the inspection report prepared, Nº ACOPAC-PZMT-002-2013, was not notified to the interested party, because at that moment, no one answered the calls. He indicated that he is attaching copies of other reports of interest for resolving the case: one unnumbered, addressed to Dr. Ericka Jiménez Valverde and signed by MBA. Danilo Chavarría Velásquez of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and another, N° PC-ARS-PC-RS-IT-0300, addressed to Dr. Erika Jiménez Valverde and signed by Bach. Jairo Godínez Pacheco. He requested that the action be dismissed.

8.- By a resolution issued at 10:27 a.m. on November 13, 2013, an audience was granted to the Director of the Área Rectora de Salud of Barranca (Ministerio de Salud) regarding the facts alleged by the petitioners.

9.- Cristel Knöhr Rodríguez reported under oath, in her capacity as Director of the Área Rectora de Salud of Barranca, Región Pacífico Central of the Ministerio de Salud, that this Área Rectora, via official communication PC-ARS-B-GASS-058-2013, proceeded to certify the quality of the residual water (agua residual) from the El Roble Wastewater Treatment Plant (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El Roble) in Puntarenas. She stated that the cited report certifies that for the period from December 23, 2011, to December 22, 2012, it is not compliant with the values reported in the last report –according to Decreto Ejecutivo Nº 33601-MINAE-S–. She stated that via official communication PC-ARS-B-GASS-059-2013 of April 9, 2013, the Regional Director of Acueductos y Alcantarillados was informed of the result of the water quality certification for the residual water from the El Roble Treatment Plant (Planta de Tratamiento de El Roble). For which reason, by health order (orden sanitaria) Nº GASS-036-2013 of May 9, 2013, the Regional Director of Acueductos y Alcantarillados was ordered to submit an improvement plan (plan de mejoras) to adjust the quality of the residual water from the El Roble Treatment Plant to the parameters established in Decreto Nº 33601-MINAE-S, Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. Then, in compliance with the health order, the Regional Director of Acueductos y Alcantarillados submitted to the Área de Salud a proposal aimed at adjusting compliance with the parameters required for that type of water. Subsequently, by health order (orden sanitaria) GASS-040-2013 of June 4, 2013, the Área Rectora de Salud of Barranca ordered the Regional Director of Acueductos y Alcantarillados to comply with the proposed Remedial Plan (Plan Remedial). Later, the Tribunal Ambiental Administrativo, according to resolution 316-13-TAA, ordered the Ministerio de Salud to issue, as soon as possible, the necessary orders to implement the procedure set forth in Article 58 of the Reglamento de Reúso y Vertido de Aguas Residuales, for the purpose of preparing a cross-check (control cruzado) of the quality of the residual water discharged into the Estero de Puntarenas by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Subsequently, on July 9, 2013, the Regional Director of Acueductos y Alcantarillados was notified of health order (orden sanitaria) Nº 206-P-2013, in order to select an accredited laboratory to perform the sampling and analysis of the residual water discharged into the Estero de Puntarenas at the 6 points indicated in resolution 316-13-TAA. She added that via official communication Nº PC-ARS-B-RS-279-2012, the undersigned and Licda. Patricia Peña Garita of the Regulation Process commented on the scope of the facts reported by the petitioner in this amparo action in the following terms: “I) The wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas residuales) of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AyA, located in the El Roble district of the central Canton of Puntarenas, has been operating since 1991 and provides wastewater service to the districts of El Roble, a part of Barranca, the Hospital Monseñor Sanabria, Hotel Doble Tree Hilton Resort, and the Centro de Adaptación Social of Puntarenas; this system discharges the treated waters into the estero of Puntarenas, for which it holds the corresponding authorization from MINAET. Due to the location of the plant, the regulation of its operation corresponds to the Área Rectora de Salud of Barranca. / II) Regarding compliance with the functions incumbent upon the Ministerio de Salud in relation to the control of wastewater entities (entes de aguas residuales), this Área Rectora de Salud reviews the Operational Reports submitted by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which are filed quarterly according to the flow generated. In the operational reports that have shown non-conformities regarding compliance with the Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, decreto Nº GASS-036-2013 of May 9, 2013, and N° GASS-040-2013 of June 4, 2013, and official communication N° 059-2013 of April 9 of this year, through which an improvement plan was requested to correct the system deficiencies. / In response to what was requested, AyA submitted a remedial plan, which includes a proposal, the activities to be carried out, goals for each activity, and the budgeted amount, the foregoing according to official communication OMCP-2013-20 of April 30, 2013, which must be completed by April 2014, as indicated in health order (orden sanitaria) N° GASS-040-2013. / Additionally, in compliance with what was ordered, documents have been submitted verifying the progress of the activities indicated in the remedial plan, as noted in memorandum SBGSP-UEN-RT-2013-479 and official communication RPC-JF-2013-297, as well as a certification issued by the Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos and the UEN de Recolección y Tratamiento-SP. / III) Likewise, as part of the control applied to the generating entities (entes generadores), after reviewing the operational reports, the certification of the residual water quality is performed; in this specific case, for the year 2012, the certification issued indicates that the quality of the residual water from the AyA El Roble treatment plant (planta de tratamiento) is non-compliant, according to the provisions of decreto N° 33601-MINAE-S. This situation has been addressed by the Área Rectora de Salud through the health orders (ordenamientos sanitarios) issued. A copy of the Certification corresponding to the year 2012 is attached. / IV) In addition, complaints filed by the population have been addressed in a timely manner according to available human resources, due to the generation of foul odors and the overflow of residual water (agua residual), treated or untreated, from the treatment plant, for which purpose the technical support of the regional engineer has been available to perform the required inspections of the treatment system. Because deficiencies have been identified in the operation of the system, the necessary repairs and changes to correct them are included in the remedial plan to be concluded in 2014. / Moreover, at the request for intervention issued by the Tribunal Ambiental Administrativo, according to resolution 316-13-TAA, and by the Minister of Salud according to official communication DM-5107-2013, health order Nº 206-P-2013 was issued to AyA, with the purpose of having an accredited laboratory selected, and the deposit made into the account of trust 872 of the Ministerio de Salud, to perform a cross-check (control cruzado), through sampling and analysis of the residual water discharged into the estero of Puntarenas, in implementation of the procedure contemplated in Article 58 of the Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, decreto N° 33601-MINAE-S. Currently, we are awaiting the Tribunal Ambiental Administrativo to determine the date on which the sampling will be carried out. / V) The actions of this Área Rectora de Salud comply with the legislation in force in the country regarding public health; therefore, oversight and control of the operation of the El Roble wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas residuales de El Roble) have been exercised, which has been presenting deficiencies because it has exceeded its hydraulic and organic capacity, due to factors such as rain during the winter season, storm drain connections made by the population without planning, and the installation of housing projects in 2012 and so far in 2013, which have been connected to the sanitary sewer network (red de alcantarillados sanitario) and the treatment plant. However, taking into consideration the health benefit derived from the operation of the wastewater treatment plant, the required improvements have been ordered through the remedial plan, which aims to increase the hydraulic and organic capacity of the system, and which has been given respective follow-up. / POR TANTO: We request that the Amparo Action filed by Mrs. Brenda Vargas Azofeifa be declared Without Merit, since the actions of the Área Rectora de Salud of Barranca comply with the framework of legality in force in the country, in order to protect and safeguard public health.” She added that, as indicated in the transcribed report, the effluent mentioned by the petitioners is a discharge of treated waters from the El Roble Treatment Plant (Planta de Tratamiento de El Roble) in Puntarenas. Furthermore, within the procedures established in the Reglamento para el Reúso y Vertido de Aguas Residuales, at the end of 2012, an analysis was made of the operational reports provided by Acueductos y Alcantarillados as the generating entity (ente generador) and owner of the aforementioned treatment plant. Later, as a result of the analysis and certification of water quality, proceeding in accordance with the provisions of Article 55 of Decreto 33601, the submission of an improvement plan was required through health order (orden sanitaria) Nº GASS-036-2013. Thus, the generating entity submitted the indicated plan for its evaluation and approval by the Ministerio de Salud, and subsequently, through health order N° GASS-040-2013, Ing. Chávez Soto was even asked to comply with the plan submitted on May 23, 2013. Now, on the occasion of the provisions ordered by the Tribunal Ambiental Administrativo through resolution N°316-13-TAA, the Regional Office of Acueductos y Alcantarillados in Puntarenas was notified of Health Order (Orden Sanitaria) N° 206-P-2013 of July 29, 2013, so that it would meet the requirements established in Article 58 of the Reglamento para el Reúso y Vertido de Aguas Residuales, since a cross-check (control cruzado) of the effluents from said plant was ordered to technically determine whether the effluent meets the parameters established by the regulation. She considered that the Área Rectora of Barranca, Región Pacífico Central of the Ministerio de Salud, has exercised its legal powers in protecting the right of inhabitants to a healthy and ecologically balanced environment. For which reason, she requested that the action be dismissed.

10.- By resolution of the Investigating Magistrate at 1:41 p.m. on December 10, 2013, an audience was granted to the Deputy General Manager (Subgerente General) of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, so that he may submit the legally required report.

11.- Eduardo Lezama Fernández reported under oath, in his capacity as Deputy General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Report of Respondent Authority document incorporated into the electronic case file), through a brief filed at 3:45 p.m. on December 19, 2014, that the petitioners are not correct in stating that the water discharged into the estero is contaminated water; it is the final effluent to the receiving body (cuerpo receptor), duly authorized by MINAE, and which results after the treatment at the wastewater plant (planta de aguas residuales). Additionally, there is no type of evidence presented to validate their statement; rather, it is a simple assessment made without knowledge of the water treatment process that occurs prior to discharging the effluents. He asserted that it is not true that no response was given to their complaint, because via official communication dated October 31, 2013, and notified on November 1 of the same year, via fax, the response they requested was sent to them. He requested that the action filed be dismissed.

12.- The legal formalities have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,

Considerando:

I.- Purpose of the action. The petitioners stated that on September 10, 2013, they reported to the respondent authorities that 2 sewers regularly discharge untreated wastewater (aguas negras) into the Estero de Puntarenas, which is clearly visible at low tide. They stated that these waters represent a visually polluted landscape and generate foul odors, which violates the right to a healthy and ecologically balanced environment. They added that in their complaint, they requested that the sewers be sealed; however, as of the date of filing this action, none of the respondent Institutions has responded to their petition, and therefore they considered their fundamental rights to have been violated.

II.- Proven facts. The following relevant facts are deemed duly proven as important for the resolution of this action: a) That the Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía, through a resolution issued at 09:02 a.m. on May 23, 2012, granted the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a 3-year permit for the discharge of residual waters (vertido de aguas residuales) with the following conditions: a) receiving body (cuerpo receptor): Estero Chacarita, b) generating entity (ente generador): El Roble Wastewater Treatment Plant (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Roble), c) Wastewater Generating Activity: Wastewater Treatment, d) Province: Puntarenas, e) Canton: Puntarenas, f) District: Chacarita, g) Watershed 72.21 (see copy of the resolution sent by the Director of the Área Rectora de Salud of Puntarenas); b) That the Dirección of the Área Rectora de Salud Barranca, Región Pacífico Central of the Ministerio de Salud, analyzed the operational reports submitted for the period from December 23, 2011, to December 22, 2012, by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados –as the generating entity (ente generador) and owner of the aforementioned El Roble Plant treatment plant (planta de tratamiento), located in Puntarenas– and established that it did not meet the requirements set forth in the Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (Decreto Nº 33601-MINAE-S) (see report submitted by the Director of the Área Rectora of Barranca, Región Pacífico Central of the Ministerio de Salud); c) That through official communication PC-ARS-B-GASS-059-2013, the Área Rectora of Barranca, Región Pacífico Central of the Ministerio de Salud, ordered the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to submit an improvement plan (plan de mejoras) to adjust the operation of the El Roble Plant to the provisions of Decreto 33601-MINAE-S Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (see report submitted by the Director of the Área Rectora of Barranca, Región Pacífico Central of the Ministerio de Salud); d) That through Health Order (Orden Sanitaria) Nº GASS-036-2013 of May 9, 2013, the Área Rectora de Salud of Barranca, Región Pacífico Central of the Ministerio de Salud, ordered the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to submit an improvement plan to adjust the operation of the El Roble Plant to the provisions of Decreto 33601-MINAE-S Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (see report submitted by the Director of the Área Rectora of Barranca, Región Pacífico Central of the Ministerio de Salud); e) That on May 23, 2013, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados submitted an Improvement Plan (Plan de Mejoras) –to be concluded in 2014– for the El Roble Treatment Plant (Planta de Tratamiento) to the Área Rectora of Barranca, Región Pacífico Central of the Ministerio de Salud (see report submitted by the Director of the Área Rectora of Barranca, Región Pacífico Central of the Ministerio de Salud); f) That through Health Order (Orden Sanitaria) Nº GASS-040-2013 of June 4, 2013, the Área Rectora of Barranca, Región Pacífico Central of the Ministerio de Salud, requested the Eng.

Chávez Soto of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, comply with the plan presented on May 23, 2013 (see report rendered by the Director of the Rector Health Area of Barranca, Central Pacific Region of the Ministry of Health); g) That by resolution No. 316-13-TAA, the Administrative Environmental Tribunal ordered the Rector Health Area of Barranca, Central Pacific Region of the Ministry of Health, to carry out a cross-control, through sampling and analysis of residual water discharged into the Estero de Puntarenas –according to the procedure contemplated in article 58 of the Regulation for the Discharge and Reuse of Wastewater (Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales), decree No. 33601-MINAE-S- (see report rendered by the Director of the Rector Health Area of Barranca, Central Pacific Region of the Ministry of Health); h) That through Sanitary Order No. 206-P-2013 of July 29, 2013, the Rector Health Area of Barranca, Central Pacific Region of the Ministry of Health, ordered the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, to select an accredited laboratory and deposit into the trust account 872 of the Ministry of Health, in order to carry out a cross-control of the effluents of said plant, to determine, technically, if said effluent meets the parameters established by the Regulation for the Discharge and Reuse of Wastewater (see report rendered by the Director of the Rector Health Area of Barranca, Central Pacific Region of the Ministry of Health); i) That on September 10, 2013, the petitioners filed a complaint before MINAE-SINAC Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central), the Cantonal Office Puntarenas of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Municipality of Puntarenas, the Ministry of Health of Puntarenas regarding 2 sewer outfalls that, in their opinion, discharge black water into the Estero de Puntarenas and requested that they be sealed, that a sanitary sewer system and a treatment plant for those waters be built (see copy of the complaints); j) That the Rector Health Area of Puntarenas Chacarita carried out an inspection at the reported site and drew up Ocular Inspection Record No. 617-Reg-2013 at 09:42 hours on September 24, 2013, in which it was recorded: “(…) The site was visited again at 12 noon during low tide and the black water piping is observed, and the same flowing towards the mangrove swamp. A conversation was held with Danilo Chavarría and to provide (sic) a report on the situation of this water from the El Roble Plant.” (see copy of the ocular inspection record 617-Reg-2013 forwarded by the Director of the Rector Health Area of Puntarenas); k) That on September 24, 2013, the Health Regulation Process of the Rector Health Area of Puntarenas Chacarita of the Central Pacific Regional Health Directorate of the Ministry of Health, coordinated an ocular inspection in Barrio 20 de Noviembre, and participating in the same were Mr. Luis Ramírez Sánchez, Mr. Stanley Estrada, and Mr. Carlos Serrano Peraza, all officials of the Sub-Regional Office Esparza-Orotina of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas (SINAC) of the Ministry of Environment and Energy and Telecommunications (MINAET), as well as Mr. José Rojas Vásquez –a local resident– and Mr. Adolfo Cárdenas –driver for the Ministry of Health– (see copy of official letter PC-ARS-PC-RS-IT-0300-2013; l) That on October 2, 2012, through official letter No. PC-ARS-PEC-941-13, the Director of the Health Area Puntarenas-Chacarita requested the Cantonal Chief of Aqueducts and Sewers in Puntarenas to forward detailed information regarding the waters coming from the El Roble Treatment Plant (Planta de Tratamiento de El Roble) and that are discharged into the Estero de Puntarenas (see copy of official letter No. PC-ARS-PEC-.941-13 forwarded by the Director of the Health Area Puntarenas-Chacarita); m) That by writing of October 22, 2013, the Cantonal Chief of Puntarenas of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, replied to what was requested by the Director of the Rector Health Area of Puntarenas-Chacarita through official letter No. PC-ARS-PEC-.941-13 as follows: “That the waters come from the El Roble Treatment Plant ./ That he cannot point out (sic) bad odors because that is very subjective. In his opinion what smells is a nauseating garbage dump that is there (sic) which is an outrage. - That the wetland fed by the Estero is affected by the discharge of domestic waters that come from the WWTP (treatment plant) already treated and not raw residual waters as those deposited by all the houses on the banks of the estero and other settlements near the Fertica Canal. - That those discharges cannot be sealed and moreover everything is sewered and with the corresponding treatment for the Eastern sector of the central Canton (roble, barranca), also we have the discharge permit from MINAET of which I attach a copy thereof.” (See report forwarded by the Director of the Health Area Puntarenas-Chacarita); n) That through official letter No. AT-5267-2013, the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, warned the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, to present the documentation regarding the discharge of the 2 pipes into the Estero de Puntarenas (see report rendered by the Acting Director of the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy); ñ) That on October 30, 2013, the Director of Urban Development and Control of the Municipality of Puntarenas, delivered a copy of official letter No. DCU-652-2013 to the Ministry of Health and to the Regional Directorate Puntarenas of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, in which he indicated the following: “Receive cordial greetings. Based (sic) on the Amparo Appeal No. 13-011974-0007-CO, in relation to two sewer outfalls that discharge black water into the Estero de Puntarenas, in the sector of Barrio 20 de Noviembre, filed by Mrs. Brenda Vargas and others, I allow myself to request you to carry out a joint field visit, for Friday, November 1st in order to make a diagnosis of the situation being denounced.” (see copy of official letter DCU-652-2013 forwarded by the Acting Mayoress of the Municipality of Puntarenas); o) That on October 30, 2013, the Environmental Manager of the Rector Health Area Puntarenas Chacarita, issued technical report No. PC-ARS-PC-RS-IT-0300-2013, addressed to the Director of the Rector Health Area of Puntarenas, in which he concluded that: “The discharge of waters towards the Estero de Puntarenas at the exact site of the complaint is verified, however according to the report of Mr. Danilo Chavarría those waters are treated since they come from the El Roble Water Treatment Plant (Planta de Tratamiento de Aguas El Roble), of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, likewise it has the Water Discharge Permit from the Water Directorate of MINAET. / That the El Roble wastewater treatment plant of Puntarenas, is located within the Jurisdiction of the Rector Health Area of Barranca, in that sense the respective operational water discharge reports are presented before that Rector Health Area. ” (See copy of technical report No. PC-ARS-PC-RS-IT-0300-2013 forwarded by the Director of the Rector Health Area of Puntarenas); p) That on October 30, 2013, the Head of the Maritime Terrestrial Zone Program of the Central Pacific National System of Conservation Areas, Sub Regional Office Esparza-Orotina indicated to the Manager of ACOPAC Protected Wild Areas, what concerns the inspection at the site called 20 de Noviembre in Chacarita de Puntarenas (see copy of official letter ACOPAC-PZMT-002-2013); q) That on October 31, 2013, the Director of the Rector Health Area of Puntarenas forwarded to the complainant, technical report No. PC-ARS-PC-RS-IT-0300-2013, so that the petitioners would know the status of their complaint (see report rendered by the Director of the Rector Health Area of Puntarenas); r) That on October 31, 2013, the Director of Urban Development and Control of the Municipality of Puntarenas communicated to the petitioner that: “Receive cordial greetings, I allow myself to indicate that this Directorate received on the 28th of the current month official letter No. AM-2467-01-2013 from the Municipal Mayor's Office dated October 25th of this year, where they forward to us a copy of the complaint filed by yourself and others on September 10th. / Therefore this Directorate has decided to convene a field visit with representatives of the Ministry of Health and Aqueducts and Sewers (sic), for Friday, November 1st of this year.” (See copy of official letter No. DCU-661-2013); s) That on November 1, 2013, the Cantonal Chief of Puntarenas of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers notified the petitioners, via fax, of the response to their complaint (see evidence forwarded by the Head of the Cantonal Office of Puntarenas of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers); t) That the Sub Regional Office Esparza Orotina of the Central Pacific Conservation Area, National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, on the occasion of the complaint filed by the petitioners –processed under file No. PC-2-CPI-001-131-2013–, carried out an inspection at the site; however, the inspection report prepared was not notified to the petitioners because no one answered the means established by them for receiving notifications (see report rendered by the Head of the Sub Regional Office Esparza Orotina of the Central Pacific Conservation Area, National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy).

III.- On the fundamental right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment.- Article 50 of the Political Constitution establishes as fundamental the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment. Prior to the amendment of this article 50 to expressly consider matters relating to the environment, this Chamber, through its jurisprudential work, had already derived this right from the constitutional provisions of articles 21 –right to life and health–, 69 –rational exploitation of the land– and 89 –protection of natural beauties–. The Chamber has opted for an open or macro consideration of the concept of the environment and of the protection afforded to it, transcending the basic or primary protection of the soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, diversity of flora and fauna, and landscape, to also consider elements referring to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others. Thus, through judgment number 5893-095, at 09:48 hours on October 27, 1993, the Chamber established that:

“[E]nvironmental Law should not be associated only with nature, since this is merely part of the environment. The policy of nature protection also extends to other aspects such as the protection of game, forests, natural parks, and natural resources. It is, then, a macro-environmental concept, so as not to leave important concepts aside and thus manage to unify the legal body we call Environmental Law” Following the reform of constitutional article 50, in which the environmental right was expressly enshrined as a fundamental right, the State's obligation to guarantee, defend, and protect this right was also established –in a conclusive manner–, whereby the State becomes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. It is in accordance with this provision, in relation to articles 20, 69, and 89 of the Political Constitution, that the State's responsibility to exercise a protective and governing function in this matter was derived, as provided by the constitutional norm under comment itself, a function that is developed by environmental legislation. Thus, the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right. In this line of thought, it must be considered that the regulations establish the Ministry of Environment and Energy as the governing body of the natural resources, energy, and mines sector, as provided in article two of the Organic Law of this ministry, number seven thousand one hundred fifty-two, of June fourth, nineteen ninety. This governing function in environmental matters, in the Chamber's opinion, includes not only the establishment of adequate regulations for the use of forest resources and natural resources, as also provided by article fifty-six of the Organic Environmental Law, but also confers upon it the important function of exercising governance in environmental matters, consisting of maintaining a preponderant role in this area. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activity constitutes an essential function of the State according to article 50 of the Constitution, insofar as it provides, in what is of interest, in the third paragraph: “The State shall guarantee, defend, and preserve that right”; which is concordant with the constitutional principle established in the second paragraph of article nine of the Political Constitution, which expressly prohibits the Branches of Government from delegating the exercise of functions that are inherent to them, especially when they are considered essential. In this way, concerning environmental protection, the functions of governance, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, in charge of the various administrative dependencies (see in a similar sense judgment 2012-007087 at 11:33 hours on May 25, 2012).

IV.- On the merits. In this case, the petitioners seek that this Tribunal order that the two sewer outfalls that discharge water into the Estero de Puntarenas and that are observed when the tide is low, be sealed and, additionally, that the respective sanitary sewer system and treatment plant be built for that black water that is being deposited. Now then, as was established in the statement of proven facts, the water discharged into the Estero de Puntarenas by the reported sewer outfalls comes from the El Roble Treatment Plant of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. Furthermore, it was established that the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, by resolution at 09:02 hours on May 23, 2012, granted to that Institute, the permit for the discharge of wastewater (vertido de aguas residuales) in the described zone for 03 years. Now then, the Rector Health Area of Barranca, Central Pacific Region of the Ministry of Health, performed an analysis of the operational reports of the plant in question, forwarded for the period from December 23, 2011, to December 22, 2012, by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and, through official letter PC-ARS-B-GASS-059-2013 and Sanitary Order No. GASS-036-2013 of May 9, 2013, ordered that Institute to present an improvement plan to adapt the functioning of the plant to the provisions of the Regulation for the Discharge and Reuse of Wastewater. The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers presented the required Improvement Plan on May 23, 2013, and through Sanitary Orders No. GASS-040-2013 of June 4, 2013, and No. 206-P-2013 of July 29, 2013, the Rector Health Area of Barranca, Central Pacific Region of the Ministry of Health, has followed up on compliance with the Remedial Plan. This Chamber observes that all the administrative acts cited to this point were executed by the Ministry of Health, even before the complaint of September 10, 2013, filed by the petitioners.

For its part, on the occasion of the complaint, the Rector Health Area of Puntarenas-Chacarita carried out an inspection of the site and on October 2, 2013, through official letter No. PC-ARS-PEC-941-13, requested detailed information on the case in question from the Cantonal Chief of Aqueducts and Sewers. The latter replied, by writing of October 22, 2013, that the reported waters came from the El Roble Treatment Plant and that they had the discharge permit from MINAE. For its part, the Directorate of Urban Development and Control of the Municipality of Puntarenas, on October 30, 2013, coordinated with the Ministry of Health and the Regional Directorate of Puntarenas of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, a field visit to the reported location. In turn, the Environmental Manager of the Rector Health Area of Puntarenas-Chacarita issued technical report No. PC-ARS-PC-RS-IT-0300-2013, addressed to the Rector Health Area of Puntarenas, in which he concluded that the water discharge came from the El Roble Treatment Plant of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and, additionally, that the activity had the Water Discharge Permit from MINAE. In turn, through official letter No. AT-5267-2013, the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy warned the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, to present the respective documentation, in relation to the discharge of the 2 pipes of water into the Estero de Puntarenas. For its part, the Health Regulation Process of the Rector Health Area of Puntarenas –Chacarita, coordinated on September 24, 2013, an ocular inspection in Barrio 20 de Noviembre. Likewise, on October 30, 2013, the Head of the Maritime Terrestrial Zone Program of the Central Pacific National System of Conservation Areas, Sub Regional Office Esparza-Orotina, indicated to the Manager of ACOPAC Protected Wild Areas, what concerns the inspection carried out in the area reported by the petitioners.

Finally, the actions carried out by the Director of the Rector Health Area of Puntarenas were communicated to the petitioners on October 31, 2013, and, that same day, the Director of Urban Development of the Municipality of Puntarenas communicated to the petitioners the procedure given to their complaint. In turn, on November 1, 2013, the Cantonal Chief of Puntarenas of the Costa Rican Institute of Sewers notified, via fax, the petitioners, of the response to their complaint, and, finally, the Sub Regional Office Esparza Orotina of the Central Pacific Conservation Area, National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, on the occasion of the complaint filed by the petitioners –processed under file No. PC-2-CPI-001-131-2013–, carried out an inspection at the site; however, the inspection report prepared could not be notified to the petitioners, because no one answered the means established by them for receiving notifications.

V.- Conclusion. This Tribunal considers that no situation arises from the case under study that infringes upon the fundamental rights of the petitioners; since, contrary to what was alleged by them, the Central Pacific Conservation Area, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Municipality of Puntarenas, and the Ministry of Health of Puntarenas, have addressed the complaint for contamination filed. Furthermore, the respondent authorities have kept the petitioners informed about the actions they have implemented regarding the reported facts. For which reason, it is proper to declare the appeal without merit, as is hereby ordered.

VI.- Different reasons of Magistrate Jinesta. Magistrate Jinesta Lobo declares the appeal without merit –solely with respect to the violation of constitutional article 50–, for different reasons which are the following:

1.- RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT AND ITS SUB-CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT THROUGH A VAST NORMATIVE FRAMEWORK. Article 50 of the 1949 Constitution, in the year 1994 (Law No. 7412 of June 3, 1994), underwent a partial reform to introduce into its 2nd paragraph, as an express and clearly typified fundamental right, the right that “Every person” has to enjoy “a healthy and ecologically balanced environment.” This fundamental right, before the constitutional reform of 1994, was broadly developed by a progressive and protective jurisprudence of this Constitutional Tribunal, all based on the norms existing in International Human Rights Law, which fostered and established the conditions for the partial reform of article 50 of the Constitution. After the partial reform to article 50 of the Constitution in 1994, a dense, broad, and detailed sub-constitutional normative framework has been developed for the effective protection of the enjoyment and exercise of the right to a healthy and ecologically balanced environment, given that the 3rd paragraph provided that “The State shall guarantee, defend, and preserve that right”; constitutional imperatives and obligations that have led the Costa Rican State to establish a vast and extensive sub-constitutional normative framework that translates into various laws, regulations, and executive decrees, which deal with substantive and formal matters for the guarantee, protection, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Additionally, this sub-constitutional legal system has established an extensive and complex administrative organization to act upon the constitutional imperatives and obligations contained in the 3rd paragraph of constitutional article 50. Within this block or parameter of legality, created to develop article 50 of the Constitution, the Organic Environmental Law No. 7554 of October 4, 1995, stands out, which, among other aspects, develops and regulates first-order topics such as citizen participation in environmental matters (Chapter II), the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) (Chapter IV), the protection and improvement of the environment in human settlements (Chapter V), territorial planning and environmental protection (Chapter VI), protected wild areas (Chapter VII), marine, coastal, and wetland resources (Chapter VIII), biological diversity (Chapter IX), natural resources such as air, water, and soil (Chapters XI, XII, XIII), as well as forest and energy resources (Chapters X and XIV), contamination (Chapter XV), environmental administrative organization (XVII), and the creation of an Administrative Environmental Tribunal for the protection, defense, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Chapter XXI). Also prominent in that dense and vast legislative framework are the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 5, 1996, and its reforms, the Phytosanitary Protection Law, No. 7664 of April 8, 1997, the Law for the concession and operation of tourist marinas, No. 7744 of December 19, 1997, the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998, the Law for the Use, management, and conservation of soils, No. 7779 of April 30, 1998, and, more recently, the Law for the Comprehensive Management of Waste, No. 8839 of June 24, 2010. Furthermore, even before article 50 of the Constitution was partially reformed, sectoral laws already existed for the protection and defense of certain aspects of the environment, such as the Water Law, No. 276 of August 27, 1942, and its reforms, the General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973, and its reforms, the Animal Health Law, No. 6243 of May 2, 1978, the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 21, 1992, and its reforms, the Hydrocarbons Law, No. 7399 of May 3, 1994, and the Law for the rational use of energy, No. 7447 of November 3, 1994. The normative framework, at the sub-legal level, is even more abundant with various executive regulations of those laws and decrees that regulate the protection, conservation, and defense of the environment. At this hierarchical level of protection, by way of example, Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, stands out, which is the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures that regulates, meticulously, all the aspects of the Environmental Impact Assessment procedures for activities, works, and projects, according to predefined categories, to prevent any damage or injury to the environment, its review and environmental viability, its subsequent control and monitoring, complaints, participation mechanisms, the environmental responsible party, compliance and operation guarantees, and a sanctioning regime. Also notable is Executive Decree No. 34136 of June 20, 2007, which is the Regulation of procedure of the Administrative Environmental Tribunal, responsible for hearing and resolving complaints for the threat of infraction or effective violation of the legislation protecting the environment and natural resources, and for establishing compensation for damages or injuries to these.

2.- NEED TO DELIMIT CONSTITUTIONALITY CONTROL AND LEGALITY CONTROL REGARDING THE PROTECTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. The dense normative framework or sub-constitutional legal system that develops and strengthens the right to a healthy and ecologically balanced environment contemplated in article 50 of the Constitution and that seeks its guarantee, protection, and preservation, obliges this Constitutional Tribunal to have to delimit, in this matter, the sphere of constitutionality control from the sphere of legality control. Regarding the mechanisms or questions of constitutionality, as denominated in Title IV of the Law of Constitutional Jurisdiction, a concept that includes the action of unconstitutionality and the consultation on constitutionality –legislative and judicial–, the delimitation between constitutionality control and legality control is clear and unequivocal, since, without a doubt, it is incumbent upon this Constitutional Tribunal to hear and resolve such matters in an exclusive and excluding manner (articles 10 of the Constitution, 1°, 2°, subsection b), 73 to 108 of the Law of Constitutional Jurisdiction) thus, for example, when it is argued that a legal or regulatory norm is unconstitutional for violating article 50, that is, the right to a healthy and ecologically balanced environment, and the values and principles underlying it. The real problem in delimiting both spheres of control arises regarding the amparo appeal or process, for several evident reasons which are the following: a) The transversal nature of the right to a healthy and ecologically balanced environment that penetrates all layers or strata of the legal system; b) the open texture of constitutional norms, whereby any grievance may appear to have a constitutional nature; and c) the tendency to use the amparo process as a substitute avenue for the ordinary jurisdiction. However, some criteria can be established, based on article 7° of the Law of Constitutional Jurisdiction, that allow the amparo process to be delimited from other ordinary jurisdictional processes. Thus, when a public authority –administrative entity or body– has intervened with respect to an activity, work, or project, carrying out studies, evaluations, reports, or assessments of any nature, by application of the dense and vast sub-constitutional legal system, it is clear that the matter must be heard before the ordinary jurisdiction and not the constitutional one. The same occurs when a public authority has failed to comply with the obligations imposed by the sub-constitutional legal system, whether of a legal or regulatory nature, in matters of protecting the environment and natural resources. Under this understanding, this Constitutional Tribunal must hear and resolve a matter in the amparo process, only when no public authority has intervened exercising its oversight or authorization powers and a conduct is being developed that is, potentially or currently, injurious to the right to a healthy and ecologically balanced environment; additionally, it must involve a violation of that right that is evident and manifest or easily verifiable –without major production or submission of evidence– and, furthermore, it must be of great relevance or transcendence and be serious. If a public authority has failed to comply with the obligations and duties developed by the sub-constitutional legal system, the matter should also not be heard by the constitutional jurisdiction, since, in addition to the complaint mechanisms provided in the administrative venue, the ordinary jurisdiction, especially the contentious-administrative jurisdiction, has sufficient competence to oversee the material or formal omissions of public entities. From the moment a public authority has intervened by exercising its legal and regulatory powers, substantiating a procedure –a concatenated series of administrative actions– and issuing administrative acts, the matter will be outside the sphere of constitutionality control, likewise if it fails to comply with or omits its legal and regulatory obligations. The amparo appeal is, essentially, a summary process governed by simplicity or, in the terms of article 25 of the American Convention on Human Rights, a recourse that must be simple and fast. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions –procedures and formal acts that translate and materialize into an administrative file– the matter ceases to be a subject for amparo, since one must resort to a plenary cognition process, that is, a full knowledge process that is only possible to substantiate before the ordinary jurisdiction.

The amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria rendered in light of the infra-constitutional legal system or to evacuate new elements of conviction to contrast those that appear in an administrative file that has been processed over prolonged periods and in a measured manner. The amparo proceeding, ultimately, cannot be converted into an ordinary proceeding of full cognition ("ordinary proceeding"), since its ends and purposes are thereby denatured and perverted; hence, when a public authority has intervened by carrying out studies, endorsing or homologating expert opinions presented by the interested parties, rendering reports, issuing administrative resolutions, permits, licenses, or any other formal administrative act or, in general, substantiating one or more administrative procedures, the amparo proceeding is not the avenue to oversee such actions, but rather the contentious-administrative proceeding. The administrative intervention that can be verified or confirmed is decisive in considering that the matter falls on the plane or level—itself abstract and open—of constitutionality or on the denser plane of legality. Nor should this Constitutional Court enter into hearing and resolving the breach of obligations imposed by the legal or regulatory normative framework, since, for that purpose, there exist powerful and efficient instruments in the administrative venue (sanctioning regime, complaints, the Administrative Environmental Tribunal) and, in the last instance, a contentious-administrative jurisdiction whose function is to control the legality of the administrative function (Article 49 of the Constitution), within which are included legal or regulatory, material or formal omissions, an ordinary jurisdiction that now, with the new procedural legislation, is more flexible, expedited, swift, plenary, and universal.

3.- COROLLARY. For the foregoing reasons, I believe that this amparo remedy should have been rejected outright ad limine litis for entailing a matter proper to the control of legality; however, this not having been so, I consider that it must be declared without merit, without my pronouncing on the merits of the matter, since it falls to the ordinary jurisdiction, in particular, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the administrative actions and conduct deployed (active or omissive) in the sub-lite are in substantial compliance or not with the infra-constitutional legal system for the protection, guarantee, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

Por tanto:

The remedy is declared without merit. Magistrate Jinesta Lobo provides different reasons, with respect to the violation of Article 50 of the Constitution.

Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 14:49:56.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2014001589 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del siete de febrero de dos mil catorce.

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 13-011974-0007-CO, interpuesto por Brenda Vargas Azofeifa, cédula de identidad 1-1549-0087; Dayana Gamboa Salas, cédula de identidad 2-0703-0296; Dayana Mayela Reina Araya, cédula de identidad 6-0404-0955; Lourdes Guevara Vargas, cédula de identidad 4-0219-0544; María Araya Rojas, cédula de identidad 1-1543-0844; Tatiana Chacón Herrera, cédula de identidad 2-0702-0210; contra la Oficina Regional del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en Puntarenas, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Área Rectora de Salud de Puntarenas y la Municipalidad de Puntarenas.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaria de la Sala a las 09:15 horas del 22 de octubre de 2013, las recurrentes interponen recurso de amparo en contra de la Oficina Regional del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en Puntarenas, el Ministro de Ambiente y Energía, el Área Rectora de Salud de Puntarenas y la Municipalidad de Puntarenas y manifestaron que el 10 de setiembre de 2013, denunciaron ante las autoridades recurridas, que 2 alcantarillas vierten regularmente aguas negras en el Estero de Puntarenas, lo cual se observa con claridad cuando la marea está baja. Expresaron que esas aguas representan un paisaje contaminado visualmente y generan malos olores, lo cual violenta el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Añadieron que en la denuncia solicitaron que se sellaran las alcantarillas; no obstante, a la fecha, ninguna de las Instituciones recurridas ha dado respuesta a su gestión, por lo que estiman lesionados sus derechos fundamentales. Solicitaron se declare con lugar el recurso, se ordene sellar las alcantarillas que llegan al estero y se haga el respectivo alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de esas aguas que se están vertiendo.

2.- Por resolución de las 14:34 horas del 22 de octubre de 2013 se le concedió audiencia al Alcalde –notificado a las 10:30 horas del 28 de octubre de 2013- y al Presidente del Concejo Municipal –notificado a las 15:45 horas del 28 de octubre de 2013-, ambos del Municipalidad de Puntarenas; al Jefe de la Oficina Regional del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en Puntarenas y al Director del Área Rectora de Salud de Puntarenas –notificado a las 14:40 horas del 29 de octubre de 2013-, al Director de la Oficina Sub-Regional de Esparza del Área de Conservación Pacífico Central y al Director del Departamento de Aguas –notificado a las 11:20 horas del 01 de noviembre de 2013-, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía, sobre los hechos alegados por las recurrentes.

3.- Informó bajo juramento Aura Jiménez Hernández, en su condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad Puntarenas, en resumen, lo siguiente: que al tratarse de un problema de vertido de aguas negras que le compete atender al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, su representada, está coordinando con las instituciones competentes de ese instituto y el Ministerio de Salud local, con el fin de tomar las acciones necesarias para solucionar dicha problemática que aqueja a las recurrentes. Lo anterior, mediante la Dirección de Desarrollo y Control Urbano, unidad que por oficio número DCU-652-2013 convocó a las instancias citadas para realizar una inspección in situ en forma conjunta el 01 de noviembre de 2013, que permita realizar un diagnóstico de la situación que se denuncia –ello se comunicó a la recurrente (sic) por medio de oficio DCU-661-2013-. En vista de las consideraciones anteriores, solicitó que se declare sin lugar el recurso respecto al municipio que representa.

4.- Informó bajo juramento Ericka Jiménez Valverde, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas que, efectivamente, el 10 de setiembre de 2013, se recibió denuncia en el Área Rectora de Salud de Puntarenas, Chacarita del Ministerio de Salud, por parte de Brenda Vargas Azofeifa por la disposición de aguas residuales de 2 alcantarillas en el estero de Puntarenas. Indicó que en atención a la denuncia, la autoridad sanitaria realizó una inspección en el sitio y levantó el Acta de Inspección Ocular Nº 617-Reg-2013 de las 09:42 horas del 24 de setiembre de 2013, en la cual se consignó: “(…)Se volvió a visitar el sitio a las 12 m.d. en marea baja y se observa la tubería de aguas negras y las mismas hacia el manglar. Se conversó con Danilo Chavarría y se a brindar (sic) un informe de la situación que esta agua de la Planta del Roble.” Luego, el 02 de octubre de 2012, se solicitó mediante oficio Nº PC-ARS-PEC-941-13, al Jefe Cantonal de Acueductos y Alcantarillados en Puntarenas, que remitiera información detallada con referencia a las aguas provenientes de la Planta de Tratamiento de El Roble y que son vertidas en el Estero de Puntarenas. Razón por la cual, dicho profesional indicó lo siguiente: “Que las aguas provienen de la Planta de Tratamiento del Roble. / Que no le puede hincar (sic) de malos olores porque eso es muy subjetivo. Según su parecer lo que huele es un basurero nauseabundo que ay (sic) ahí que es una barbaridad. / Que el humedal alimentado por el Estero se ve afectado por el vertido de las aguas domésticas que proviene de la PTAR (planta de tratamiento) ya tratadas y no aguas residuales crudas como si las depositan todas las casas a orillas del estero y demás poblados cercanos al Canal de Fertica. / Que no se pueden sellar esas descargas y por lo demás todo está alcantarillados y con tratamiento correspondiente al sector Este del Cantón central (roble, barranca), además contamos con el permiso de vertido del MINAET el cual adjunto copia del mismo.”. Agregó que en forma posterior, el Gestor Ambiental del Área Rectora de Salud Puntarenas Chacarita, emitió el informe técnico Nº PC-ARS-PC-RS-IT-0300-2013, en el que concluyó lo siguiente: “Se logra comprobar el desfogue de aguas hacia el Estero de Puntarenas en el sitio exacto de la denuncia, no obstante según informe del Lic. Danilo Chavarría esas aguas son tratadas ya que provienen de la Planta de Tratamiento de Aguas El Roble, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así mismo cuenta con el permiso de Vertido de Aguas de la Dirección de Aguas del MINAET. / Que la planta de tratamiento de aguas residuales del Roble de Puntarenas, está localizada dentro de la Jurisdicción del Área Rectora de Salud de Barranca, en ese sentido los reportes operacionales de vertido de aguas respectivas son presentadas ante esa Área Rectora de Salud.”. Indicó que el 31 de octubre de 2013, se remitió a la denunciante el informe técnico Nº PC-ARS-PC-RS-IT-0300-2013 y por oficio PC-ARS-PC-1004-2012, se informó a su superior jerárquico, los argumentos planteados en el presente recurso de amparo. Por otra parte, aseguró que lo relativo a la operación de los sistemas de aguas residuales se encuentra regulado en el Decreto Nº 26042-S-MINAE. En dicho decreto se establece, expresamente, lo referente a las calidades del efluente y que corresponde al Ministerio de Salud, determinar si las características de esa agua residual, se ajustan a los parámetros establecidos para que proceda su vertido en un cuerpo receptor de aguas. Para ello, el Ministerio de Salud analiza los reportes operacionales presentados por el ente generador, en este caso, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a efectos de certificar la calidad del agua. Añadió que la planta de tratamiento determina que la misma se encuentra en la jurisdicción del Área Rectora de Salud Barranca, a quienes contactaron para determinar las condiciones en la que opera la misma. Al respecto, arguye que del contenido del expediente de esa planta de tratamiento, se determina que la misma se encuentra intervenida por el Ministerio de Salud y para ese año y el 2014, se le aprobó un plan de mejoras a aplicar, cuyo fin es el lograr la operación de ese sistema de tratamiento en condiciones tales, que su funcionamiento no constituya una afectación al ambiente y una molestia para los vecinos. Estrictamente, en cuanto a lo pretendido por las recurrentes -sea la clausura de las bocas de las alcantarillas de comentario-, asegura que no es posible proceder de esa manera por 2 razones: 1) que el ordenamiento sanitario dispone que las plantas de tratamiento requieren de un cuerpo de aguas de tránsito para disponer el efluente o agua resultante de un proceso de tratamiento, 2) que al haber aceptado el plan de mejoras propuesto por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se está avalando el funcionamiento de dicha planta pero en condiciones controladas por ese Ministerio. Solicitó que se absuelva de toda responsabilidad a esa Dirección de Área, al tenerse por acreditado que se dio la atención debida a la gestión presentada por las recurrentes. Además, que si bien es cierto, el abordaje de funcionamiento de la citada planta de tratamiento incluye 2 áreas rectoras distintas, queda acreditado que la misma se encuentra intervenida por el Ministerio de Salud, a efectos de que con las mejoras a aplicar, se adecue la calidad del efluente a los parámetros establecidos por la normativa que rige la materia.

4.- Informa bajo juramento Danilo Chavarría Velázquez, en su condición de Jefe de la Oficina Cantonal de Puntarenas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que no es cierto que el agua vertida en el estero es contaminada y tampoco es cierto, que no se les haya dado respuesta a su queja por cuanto por oficio del 31 de octubre de 2013 -notificado el 01 de noviembre de 2013-, se les envió la respuesta por ellas requerida. En vista de las consideraciones anteriores, solicita se declare sin lugar el recurso.

5.- Informa bajo juramento José Joaquín Chacón Solano, en su condición de Director a.i. de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, en resumen, lo siguiente: que de conformidad con los archivos el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tiene un permiso de vertidos otorgado por esa Dirección, según expediente 3919-V, el cual vierte las aguas tratadas de la Planta de Tratamiento de Aguas ubicada en el Roble de Puntarenas, en el Estero de Puntarenas, permiso que la fecha se encuentra vigente. Aseguró que se cuenta con permiso para una descarga; es decir, una tubería; no obstante, de los informes que se les hicieron llegar a esa Dirección, se tiene el oficio del 22 de octubre de 2013 -suscrito por el Jefe Cantonal de la oficina en Puntarenas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados-, mediante el cual, se indica que poseen 2 tuberías por medio de las cuales, descargan aguas provenientes de la Planta de Tratamiento que tiene la institución en el Roble de Puntarenas. Razón por la cual, mediante oficio AT-5267-2013, se previno al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados presentar la documentación respectiva de esa segunda tubería, en vista que de que no consta ese segundo permiso de vertidos.

6.- Por constancia suscrita por el Técnico Judicial 3 y el Secretario a.i., ambos de la Sala Constitucional, indican que revisado, en el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, el Control de Documentos Recibidos y este expediente, no aparece que del 22 de octubre de 2013 al 06 de noviembre de 2013, el Presidente del Concejo de la Municipalidad Puntarenas, haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las 14:34 horas del 22 de octubre de 2013.

7.- Informa bajo juramento el Lic. José Eddie Aguilar Coto, en su condición de Jefe de la Oficina Subregional Esparza Orotina del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía (documento presentado en la Secretaria de la Sala a las 11:55 horas del 13 de noviembre de 2013), que es cierto que el 10 de setiembre de 2013, recibieron una nota firmada por las recurrentes por medio de la cual, entre otras cosas, informaron sobre la existencia de 2 alcantarillas que vierten regularmente aguas negras en el Estero de Puntarenas, por lo que solicitaron una inspección así como que se les entregara copia del informe (caso al cual se le asignó el Nº de expediente PC-2-CPI-001-131-2013). Aseguró que las recurrentes establecieron el número de fax 2453-1415 para atender notificaciones; sin embargo, el Lic. Carlos Serrano Bulakar indicó que el informe de inspección elaborado, Nº ACOPAC-PZMT-002-2013, no se le notificó a la parte interesada, por cuanto en ese momento, nadie respondió las llamadas. Indicó que adjunta copia de otros informes de interés para la resolución del caso: uno sin número dirigido a la Dra. Ericka Jiménez Valverde y firmado por el MBA. Danilo Chavarría Velásquez del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y otro, el N° PC-ARS-PC-RS-IT-0300 dirigido a la Dra. Erika Jiménez Valverde y firmado por el Bach. Jairo Godínez Pacheco. Solicitó se declare sin lugar el recurso.

8.- Por resolución de las 10:27 horas del 13 de noviembre de 2013 se le concedió audiencia al Director del Área Rectora de Salud de Barranca (Ministerio de Salud) sobre los hechos alegadas por las recurrentes.

9.- Informó bajo juramento Cristel Knöhr Rodríguez, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud, que esa Área Rectora mediante oficio PC-ARS-B-GASS-058-2013, procedió a realizar la certificación de la calidad del agua residual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El Roble, en Puntarenas. Aseguró que en el citado informe se certifica que para el período del 23 de diciembre de 2011 al 22 de diciembre de 2012, no es conforme con los valores reportados en los valores descritos en el último reporte –de acuerdo al Decreto Ejecutivo Nº 33601-MINAE-S-. Aseguró que mediante oficio PC-ARS-B-GASS-059-2013 del 09 de abril de 2013, se informó al Director Regional de Acueductos y Alcantarillados, el resultado de la certificación de calidad del agua residual de la Planta de Tratamiento de El Roble. Razón por la cual, por orden sanitaria Nº GASS-036-2013 del 09 de mayo de 2013, se ordenó al Director Regional de Acueductos y Alcantarillados que presentara un plan de mejoras, a efectos de ajustar la calidad del agua residual de la Planta de Tratamiento de El Roble, a los parámetros establecidos en el Decreto Nº 33601-MINAE-S, Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. Luego, en cumplimiento de la orden sanitaria, el Director Regional de Acueductos y Alcantarillados presentó en el Área de Salud, una propuesta mediante la cual, se pretende ajustar el cumplimiento de los parámetros a cumplir para ese tipo de aguas. Posteriormente, por orden sanitaria GASS-040-2013 del 04 de junio de 2013, el Área Rectora de Salud de Barranca, ordenó al Director Regional de Acueductos y Alcantarillados, que cumpliera con el Plan Remedial propuesto. En forma posterior, el Tribunal Ambiental Administrativo, según resolución 316-13-TAA, ordenó al Ministerio de Salud, girar a la mayor brevedad, las órdenes necesarias para que se implementara el procedimiento contemplado en el artículo 58 del Reglamento de Reúso y Vertido de Aguas Residuales, con la finalidad de preparar la realización de un control cruzado de la calidad del agua residual que se dispone en el Estero de Puntarenas por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Posteriormente, el 09 de julio de 2013, se notificó al Director Regional de Acueductos y Alcantarillados la orden sanitaria Nº 206-P-2013, a fin de seleccionar un laboratorio acreditado para realizar el muestreo y análisis del agua residual vertida en el Estero de Puntarenas, en los 6 puntos indicados en la resolución 316-13-TAA. Agregó que mediante oficio Nº PC-ARS-B-RS-279-2012, quien suscribe y la Licda. Patricia Peña Garita del Proceso de Regulación, se refirieron a los alcances de los hechos de denunciados por la recurrente en el presente recurso de amparo en lo siguientes términos: “I) La planta de tratamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AyA, ubicada en el distrito de El Roble del cantón Central de Puntarenas, funciona desde el año 1991 y brinda el servicio de aguas residuales a los distritos de El Roble, una parte de Barranca, el Hospital Monseñor Sanabria, Hotel Doble Tree Hilton Resort y al Centro de Adaptación Social de Puntarenas, este sistema vierte las aguas tratadas en el estero de Puntarenas, para lo cual posee la autorización correspondiente por parte del MINAET. Por la ubicación de la planta, la regulación del funcionamiento de esta, le corresponde al Área Rectora de Salud de Barranca. / II) Respecto al cumplimiento de las funciones que le competen al Ministerio de Salud, en relación con el control de los entes de aguas residuales, esta Área Rectora de Salud, efectúa la revisión de los Reportes Operacionales presentados por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, los cuales tienen una periodicidad trimestral de acuerdo al caudal generado. En los reportes operacionales que han presentado disconformidades con respecto al cumplimiento del Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, decreto Nº GASS-036-2013 del 09 de mayo de 2013 y N° GASS-040-2013 del 04 de junio de 2013 y oficio N° 059-2013 del 09 de abril del presente año, mediante las cuales fue solicitado un plan de mejoras para corregir las deficiencias del sistema. / Por parte del AyA, en respuesta a lo solicitado fue presentado un plan remedial, el cual incluye una propuesta, las actividades a realizar, metas por cada una de las actividades y el monto presupuestado, lo anterior según oficio OMCP-2013-20 del 30 de abril de 2013, el cual tiene que estar finiquitado en abril de 2014, tal y como se indica en la orden sanitaria N° GASS-040-2013. / Además, en cumplimiento a lo ordenado, se han presentado documentos que verifican el avance de las actividades indicadas en el plan remedial, según se señala en el memorando SBGSP-UEN-RT-2013-479 y oficio RPC-JF-2013-297, así como certificación emitida por parte de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos y la UEN de Recolección y Tratamiento-SP. / III) Asimismo, como parte del control aplicado a los entes generadores, posterior a la revisión de los reportes operacionales, se efectúa la certificación de la calidad del agua residual, en este caso específico, para el año 2012; la certificación emitida indica que la calidad del agua residual de la planta de tratamiento de El AyA, no es conforme, según lo establece el decreto N° 33601-MINAE-S. Esta situación ha sido intervenida por parte del Área Rectora de Salud, por medio de los ordenamientos sanitarios girados. Se adjunta copia de la Certificación correspondiente al año 2012. / IV) Además, se han atendido en forma oportuna de acuerdo al recurso humano disponible, las denuncias interpuestas por la población, debido a la generación de los olores fétidos y el desbordamiento de agua residual con o sin tratamiento de la planta de tratamiento, para lo cual se ha contado con el apoyo técnico del ingeniero regional, para efectuar las inspecciones requeridas en el sistema de tratamiento. Debido a que se han identificado deficiencias en la operación del sistema, está incluido el plan remedial a concluir en el año 2014, las reparaciones y cambios necesarios para corregirlas. / Por otra parte, ante solicitud de intervención emitida por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, según resolución 316-13-TAA y de la Ministra de Salud según oficio DM-5107-2013, fue girada la orden sanitaria Nº 206-P-2013 al AyA, con el propósito de que fuera seleccionado un laboratorio acreditado y el depósito en la cuenta del fideicomiso 872 del Ministerio de Salud, y realizar un control cruzado, por medio del muestreo y análisis del agua residual vertida en el estero de Puntarenas, en implementación del procedimiento contemplado en el artículo 58 del Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, decreto N° 33601-MINAE-S. Actualmente, se está a la espera de que el Tribunal Ambiental Administrativo, determine la fecha en la que se realizará el muestreo. / V) El actuar de esta Área Rectora de Salud se ajusta a la legislación vigente en el país, en materia de salud pública, por lo que se ha ejercido una fiscalización y control del funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Roble, la cual ha venido presentado deficiencias debido a que a superado su capacidad hidráulica y orgánica, por factores como la lluvia durante la época de invierno, las conexiones de desagües pluviales que realiza la población sin planificación, con la instalación de proyectos habitacionales para el año 2012 y lo que va del 2013, los cuales se han conectado a la red de alcantarillados sanitario y la planta de tratamiento. Sin embargo y tomando en consideración el beneficio para la salud que conlleva el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, se ha ordenado realizar las mejoras requeridas, por medio del plan remedial que pretende aumentar la capacidad hidráulica y orgánica del sistema, y a lo cual se ha dado el seguimiento respectivo. / POR TANTO: Se solicita se declare Sin Lugar el Recurso de Amparo interpuesto por la señora Brenda Vargas Azofeifa, ya que el actuar del Área Rectora de Salud de Barranca se ajusta al marco de legalidad vigente en el país, a fin de proteger y salvaguardar la salud pública.”. Agregó que tal y como se indicó en el informe trascrito, se tiene que el efluente al que hacen mención las recurrentes, se trata de un desfogue de aguas tratadas en la Planta de Tratamiento de El Roble en Puntarenas. Además, dentro de los procedimientos establecidos en el Reglamento para el Reúso y Vertido de Aguas Residuales a finales del 2012, se hizo un análisis de los reportes operacionales dados por Acueductos y Alcantarillados como ente generador y propietario de la citada planta de tratamiento. Luego, como producto del análisis y certificación de la calidad del agua, se procedió conforme a lo establecido en el artículo 55 del Decreto 33601, se requirió mediante orden sanitaria Nº GASS-036-2013, la presentación de un plan de mejoras. Así, se tiene que el ente generador presentó el plan indicado para su valoración y aprobación por parte del Ministerio de Salud y posteriormente, incluso, mediante orden sanitaria N° GASS-040-2013, se le solicitó al Ing. Chávez Soto cumplir con el plan presentado el 23 de mayo de 2013. Ahora bien, con ocasión a lo dispuesto por el Tribunal Ambiental Administrativo por resolución N°316-13-TAA, se notificó a la Regional de Acueductos y Alcantarillados de Puntarenas, la Orden Sanitaria N° 206-P-2013 del 29 de julio de 2013, a efectos de que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 58 del Reglamento para el Reúso y Vertido de Aguas Residuales, ya que se dispuso un control cruzado de los efluentes de dicha planta, para determinar técnicamente su dicho de si el efluente cumple los parámetros establecidos por reglamento. Consideró que el Área Rectora de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud, ha ejercido sus competencias legales en la protección del derecho de los habitantes a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Razón por la cual, solicitó se declare sin lugar el recurso.

10.- Mediante resolución de Magistrado Instructor de las 13:41 horas del 10 de diciembre de 2013, se dio audiencia al Subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a fin de que rinda informe de ley.

11.- Informó bajo juramento Eduardo Lezama Fernández, en su calidad de Sub Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (documento de Informe de Autoridad recurrida incorporado al expediente electrónico), mediante escrito presentado a las 15:45 horas del 19 de diciembre de 2014, que no llevan razón las recurrentes al indicar que el agua vertida en el estero sea agua contaminada, se trata del efluente final al cuerpo receptor, debidamente autorizado por MINAE y que resulta posterior al tratamiento de la planta de aguas residuales. Adicionalmente, no se presenta ningún tipo de prueba que valide su afirmación, sino que se trata de una simple apreciación con desconocimiento del proceso de tratamiento a las aguas que existe de previo a verter los efluentes. Aseveró que no es cierto que no se les haya dado respuesta a su queja, pues mediante oficio del 31 de octubre de 2013 y notificado el 1° de noviembre del mismo año, vía fax, se les envió respuesta por ellas solicitada. Solicitó que se desestime el recurso planteado.

12.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. Las recurrentes aseguraron que el 10 de setiembre de 2013, denunciaron ante las autoridades recurridas, que 2 alcantarillas vierten regularmente aguas negras en el Estero de Puntarenas, lo cual se observa con claridad cuando la marea está baja. Expresaron que esas aguas representan un paisaje contaminado visualmente y generan malos olores, lo cual violenta el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Añadieron que en la denuncia solicitaron que se sellaran las alcantarillas; no obstante, a la fecha de interposición del presente recurso, ninguna de las Instituciones recurridas ha dado respuesta a su gestión, por lo que estimaron lesionados sus derechos fundamentales.

II.- Hechos probados. De importancia para la resolución del presente recurso se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia: a) Que la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, mediante resolución de las 09:02 horas del 23 de mayo de 2012, otorgó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, un permiso por 3 años de vertido de aguas residuales con las siguientes condiciones: a) cuerpo receptor: Estero Chacarita, b) ente generador: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Roble, c) Actividad generadora de Aguas Residuales: Tratamiento de Aguas Residuales, d) Provincia: Puntarenas, e) Cantón: Puntarenas, f) Distrito: Chacarita, g) Cuenca 72,21 (ver copia de la resolución remitida por la Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas); b) Que la Dirección del Área Rectora de Salud Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud hizo un análisis de los reportes operacionales remitidos para el período del 23 de diciembre de 2011 al 22 de diciembre de 2012 por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -como ente generador y propietario de la citada planta de tratamiento de la Plan El Roble, ubicada en Puntarenas- y estableció, que no reunía los requerimientos dispuestos en el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (Decreto Nº 33601-MINAE-S) (ver informe rendido por el Director del Área Rectora de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud); c) Que mediante oficio PC-ARS-B-GASS-059-2013, el Área Rectora de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud ordenó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados presentar un plan de mejoras para que adecuaran el funcionamiento de la Planta El Roble a lo dispuesto en el Decreto 33601-MINAE-S Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (ver informe rendido por el Director del Área Rectora de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud); d) Que mediante Orden Sanitaria Nº GASS-036-2013 del 09 de mayo de 2013, el Área Rectora de Salud de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud, ordenó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que presentara un plan de mejoras para que adecuaran el funcionamiento de la Planta El Roble a lo dispuesto en el Decreto 33601-MINAE-S Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (ver informe rendido por el Director del Área Rectora de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud); e) Que el 23 de mayo de 2013, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, presentó un Plan de Mejoras –a concluir en el 2014-, para la Planta de Tratamiento El Roble en el Área Rectora de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud (ver informe rendido por el Director del Área Rectora de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud); f) Que mediante Orden Sanitaria Nº GASS-040-2013 del 04 de junio de 2013, el Área Rectora de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud, solicitó al Ing. Chávez Soto del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, cumplir con el plan presentado el 23 de mayo de 2013 (ver informe rendido por el Director del Área Rectora de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud); g) Que resolución Nº 316-13-TAA, el Tribunal Ambiental Administrativo ordenó al Área Rectora de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud, realizar un control cruzado, mediante muestreo y análisis de agua residual vertida en el Estero de Puntarenas –según procedimiento contemplado el artículo 58 del Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, decreto Nº 33601-MINAE-S- (ver informe rendido por el Director del Área Rectora de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud); h) Que mediante Orden Sanitaria Nº 206-P-2013 del 29 de julio de 2013, el Área Rectora de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud, ordenó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, seleccionar un laboratorio acreditado y depósito en la cuenta del fideicomiso 872 del Ministerio de Salud, con el fin de realizar control cruzado de los efluentes de dicha planta, para determinar, técnicamente, si dicho efluente cumple los parámetros establecidos por el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (ver informe rendido por el Director del Área Rectora de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud); i) Que el 10 de setiembre de 2013, las recurrentes presentaron denuncia ante el MINAE-SINAC Área de Conservación Pacífico Central, la Oficina Cantonal Puntarenas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de Puntarenas, el Ministerio de Salud de Puntarenas por 2 alcantarillas que, a su juicio, vierten aguas negras en el Estero de Puntarenas y solicitaron que las mismas fueran selladas, que se hiciera un alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento de esas aguas (ver copia de las denuncias); j) Que el Área Rectora de Salud de Puntarenas Chacarita, realizó una inspección en el sitio denunciado y levantó Acta de Inspección Ocular Nº 617-Reg-2013 de las 09:42 horas del 24 de setiembre de 2013, en la cual se consignó: “(…) Se volvió a visitar el sitio a las 12 m.d. en marea baja y se observa la tubería de aguas negras y las mismas hacia el manglar. Se conversó con Danilo Chavarría y se a brindar (sic) un informe de la situación que esta agua de la Planta del Roble.” (ver copia del acta de inspección ocular 617-Reg-2013 remitida por la Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas); k) Que el 24 de setiembre de 2013, el Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud de Puntarenas Chacarita de la Dirección Regional de la Salud Pacífico Central del Ministerio de Salud, coordinó inspección ocular en el Barrio 20 de Noviembre y participaron en la misma el Lic. Luis Ramírez Sánchez, el Lic. Stanley Estrada y el Lic. Carlos Serrano Peraza, todos funcionarios de la oficina Sub-Regional Esparza-Orotina del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía y Telecomunicaciones (MINAET), así como el Sr. José Rojas Vásquez –vecino del lugar- y el señor Adolfo Cárdenas –chofer del Ministerio de Salud- (ver copia del oficio PC-ARS-PC-RS-IT-0300-2013; l) Que el 02 de octubre de 2012, mediante oficio Nº PC-ARS-PEC-941-13, la Directora del Área de Salud Puntarenas-Chacarita solicitó al Jefe Cantonal de Acueductos y Alcantarillados en Puntarenas, que remitiera información detallada con referencia a las aguas provenientes de la Planta de Tratamiento de El Roble y que son vertidas en el Estero de Puntarenas (ver copia del oficio Nº PC-ARS-PEC-.941-13 remitido por la Directora del Área de Salud Puntarenas-Chacarita); m) Que por escrito del 22 de octubre de 2013, el Jefe Cantonal de Puntarenas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, dio respuesta a lo requerido por la Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita mediante oficio Nº PC-ARS-PEC-.941-13 así: “Que las aguas provienen de la Planta de Tratamiento del Roble ./ Que no le puede hincar (sic) de malos olores porque eso es muy subjetivo. Según su parecer lo que huele es un basurero nauseabundo que ay (sic) ahí que es una barbaridad. - Que el humedal alimentado por el Estero se ve afectado por el vertido de las aguas domésticas que proviene de la PTAR (planta de tratamiento) ya tratadas y no aguas residuales crudas como si las depositan todas las casas a orillas del estero y demás poblados cercanos al Canal de Fertica. - Que no se pueden sellar esas descargas y por lo demás todo está alcantarillado y con tratamiento con tratamiento correspondiente al sector Este del Cantón central (roble, barranca), además contamos con el permiso de vertido del MINAET el cual adjunto copia del mismo. ” (Ver informe remitido por la Directora del Área de Salud Puntarenas-Chacarita); n) Que mediante oficio Nº AT-5267-2013, la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, previno al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, presentar la documentación respecto al vertido de las 2 tuberías en el Estero de Puntarenas (ver informe rendido por el Director a.i. de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía); ñ) Que el 30 de octubre de 2013, el Director de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, entregó copia el oficio Nº DCU-652-2013 al Ministerio de Salud y a la Dirección Regional Puntarenas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el que indicó lo siguiente: “Reciban un cordial saludo. En base (sic) al Recurso de Amparo Nº 13-011974-0007-CO, en relación con dos alcantarillas que vierten aguas negras al Estero de Puntarenas, en el sector del Barrio 20 de Noviembre, interpuesto por la señora Brenda Vargas y otros, me permito solicitarles realizar una visita en conjunto al campo, para el viernes 01 de noviembre con el fin de realizar un diagnóstico de la situación que se denuncia.” (ver copia del oficio DCU-652-2013 remitido por la Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Puntarenas); o) Que el 30 de octubre de 2013, el Gestor Ambiental del Área Rectora de Salud Puntarenas Chacarita, emitió informe técnico Nº PC-ARS-PC-RS-IT-0300-2013, dirigido a la Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas, en el que concluyó que: “Se logra comprobar el desfogue de aguas hacia el Estero de Puntarenas en el sitio exacto de la denuncia, no obstante según informe del Lic. Danilo Chavarría esas aguas son tratadas ya que provienen de la Planta de Tratamiento de Aguas El Roble, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así mismo cuenta con el permiso de Vertido de Aguas de la Dirección de Aguas del MINAET. / Que la planta de tratamiento de aguas residuales del Roble de Puntarenas, está localizada dentro de la Jurisdicción del Área Rectora de Salud de Barranca, en ese sentido los reportes operacionales de vertido de aguas respectivas son presentadas ante esa Área Rectora de Salud. ” (Ver copia del informe técnico Nº PC-ARS-PC-RS-IT-0300-2013 remitido por la Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas); p) Que el 30 de octubre de 2013, el Jefe del Programa Zona Marítimo Terrestre del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Pacífico Central, Oficina Sub Regional Esparza-Orotina indicó al Gerente de Áreas Silvestres Protegidas ACOPAC, lo concerniente a la inspección al sitio denominado 20 de Noviembre de Chacarita de Puntarenas (ver copia del oficio ACOPAC-PZMT-002-2013); q) Que el 31 de octubre de 2013, la Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas remitió a la denunciante, informe técnico Nº PC-ARS-PC-RS-IT-0300-2013, para que las recurrentes conocieran el estado de su denuncia (ver informe rendido por la Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas); r) Que el 31 de octubre de 2013, el Director de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Puntarenas comunicó a la recurrente que: “Reciba un cordial saludo, me permito indicarle que se recibe en esta Dirección el día 28 de los corrientes el oficio Nº AM-2467-01-2013 de Alcaldía Municipal con fecha 25 de octubre de este año, donde nos trasladan copia de la denuncia interpuesta por su persona y otras el 10 de septiembre. / Por lo que esta Dirección determinar convocar a una visita de campo con personeros del Ministerio de Salud y Acueductos y alcantarillados (sic), para el día viernes 01 de noviembre del presente año.” (Ver copia del oficio Nº DCU-661-2013); s) Que el 01 de noviembre de 2013, el Jefe Cantonal de Puntarenas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados notificó a las recurrentes, vía fax, la respuesta a su denuncia (ver prueba remitida por el Jefe de la Oficina Cantonal de Puntarenas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados); t) Que la Oficina Sub Regional Esparza Orotina del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, con ocasión a la denuncia planteada por las recurrentes –tramitada bajo el expediente Nº PC-2-CPI-001-131-2013-, realizó una inspección en el sitio; sin embargo, el informe de inspección confeccionado no se le notificó a las recurrentes por cuanto nadie contestó al medio establecido por ellas para atender notificaciones (ver informe rendido por el Jefe de la Oficina Sub Regional Esparza Orotina del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía).

III.- Sobre el derecho fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado.- El artículo 50 de la Constitución Política establece como fundamental el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De previo a la modificación de este artículo 50 para considerar de manera expresa lo relativo al ambiente, ya la Sala, a través de su labor jurisprudencial, había derivado este derecho a partir de las disposiciones constitucionales de los artículos 21 –derecho a la vida y a la salud-, 69 –explotación racional de la tierra- y 89 –protección de las bellezas naturales-. La Sala ha optado por una consideración abierta o macro del concepto ambiente y de la protección que se brinda al mismo, trascendiendo de la protección básica o primaria del suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, minerales, bosques, diversidad de flora y fauna, y paisaje, para considerar también elementos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros. Así, mediante sentencia número 5893-095, de las 09:48 horas del 27 de octubre de 1993, la Sala estableció que:

“[E]l Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental” A partir de la reforma del artículo 50 constitucional, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también –en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89 de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho. En este orden de ideas, debe considerarse que la normativa establece al Ministerio del Ambiente y Energía como el órgano rector del sector de los recursos naturales, energía y minas, según lo dispuesto en el artículo dos de la Ley Orgánica de este ministerio, número siete mil ciento cincuenta y dos, de cuatro de junio de mil novecientos noventa. Esta función de rectoría en la materia ambiental, a criterio de la Sala, comprende no solo el establecimiento de regulaciones adecuadas para el aprovechamiento del recurso forestal y los recursos naturales, según lo dispone también el artículo cincuenta seis de la Ley Orgánica del Ambiente, sino que le confiere la importante función de ejercer la rectoría en la materia ambiental, consistente en mantener un papel preponderante en esta materia. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado según el artículo 50 de la Constitución, en tanto dispone en lo que interesa en el párrafo tercero: “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho”; lo cual resulta concordante con el principio constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo nueve de la Constitución Política, que expresamente prohíbe a los Poderes del Estado la delegación del ejercicio de funciones que le son propias, máxime cuando se constituyen en esenciales. De esta manera, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas (véase en similar sentido la sentencia 2012-007087 de las 11:33 horas del 25 de mayo de 2012).

IV.- Sobre el fondo. En este caso, las recurrentes pretenden que este Tribunal ordene que las dos alcantarillas que vierten aguas en el Estero de Puntarenas y que se observan cuando la marea está baja, sean selladas y, además, que se haga el respectivo alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de esas aguas negras que se están depositando. Ahora bien, tal y como se estableció en la relación de hechos probados, el agua vertida en el Estero de Puntarenas por las alcantarillas denunciadas, proviene de la Planta de Tratamiento El Roble del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Además, se estableció que la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, por resolución de las 09:02 horas del 23 de mayo de 2012, le otorgó a ese Instituto, el permiso de vertido de aguas residuales en la zona descrita por 03 años. Ahora bien, el Área Rectora de Salud de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud, hizo un análisis de los reportes operacionales de la planta en cuestión, remitidos para el período del 23 de diciembre de 2011 al 22 de diciembre de 2012, por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y, mediante oficio PC-ARS-B-GASS-059-2013 y Orden Sanitaria Nº GASS-036-2013 del 09 de mayo de 2013, ordenó a ese Instituto que presentara un plan de mejoras para que adecuaran el funcionamiento de la planta a lo dispuesto en el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados presentó el Plan de Mejoras requerido el 23 de mayo de 2013 y mediante Órdenes Sanitarias Nº GASS-040-2013 del 04 de junio de 2013 y Nº 206-P-2013 del 29 de julio de 2013, el Área Rectora de Salud de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud, le ha dado seguimiento al cumplimiento del Plan Remedial. Observa esta Sala que todos los actos administrativos citados hasta este momento, fueron ejecutados por el Ministerio de Salud, incluso, antes de la denuncia del 10 de setiembre de 2013, planteada por las recurrentes.

Por su parte, con ocasión de la denuncia, el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita, realizó una inspección al sitio y el 02 de octubre de 2013, mediante oficio Nº PC-ARS-PEC-941-13, solicitó información detallada del caso en cuestión al Jefe Cantonal de Acueductos y Alcantarillados. Éste contestó, por escrito del 22 de octubre de 2013, que las aguas denunciadas provenían de la Planta de Tratamiento El Roble y que contaban con el permiso de vertido del MINAE. Por su parte, el Director de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, el 30 de octubre de 2013, coordinó con el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Puntarenas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, una visita de campo al lugar denunciado. A su vez, el Gestor Ambiental del Área Rectora de Salud de Puntarenas- Chacarita emitió el informe técnico Nº PC-ARS-PC-RS-IT-0300-2013, dirigido al Área Rectora de Salud de Puntarenas en el que concluyó que el desfogue de aguas provenía de la Planta de Tratamiento de El Roble del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y, además, que la actividad contaba con el permiso de Vertido de Aguas del MINAE. A su vez, por oficio Nº AT-5267-2013, la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, previno al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, presentar la documentación respectiva, en relación con el vertido de las 2 tuberías que de aguas en el Estero de Puntarenas. Por su parte, el Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud de Puntarenas –Chacarita, coordinó el 24 de setiembre de 2013, inspección ocular en el Barrio 20 de Noviembre. Asimismo, el 30 de octubre de 2013, el Jefe del Programa Zona Marítimo Terrestre del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Pacífico Central, Oficina Sub Regional Esparza-Orotina, indicó al Gerente de Áreas Silvestres Protegidas ACOPAC, lo concerniente a la inspección realizada en la zona denunciada por las recurrentes.

Finalmente, las actuaciones realizadas por la Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas fueron comunicadas a las recurrentes el 31 de octubre de 2013 y, ese mismo día, el Director de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, comunicó a las recurrentes, el trámite que se le dio a su denuncia. A su vez, el 01 de noviembre de 2013, el Jefe Cantonal de Puntarenas del Instituto Costarricense de Alcantarillados, notificó, vía fax, a las recurrentes, la respuesta a su denuncia y, finalmente, la Oficina Sub Regional Esparza Orotina del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, con ocasión a la denuncia planteada por las recurrentes –tramitada bajo el expediente Nº PC-2-CPI-001-131-2013-, realizó una inspección en el sitio; sin embargo, el informe de inspección confeccionado no fue posible notificarlo a las recurrentes, por cuanto nadie contestó al medio establecido por ellas para atender notificaciones.

V.- Conclusión. Estima este Tribunal que no se desprende del caso en estudio alguna situación que infrinja los derechos fundamentales de las recurrentes; pues, contrario a lo alegado por ellas, el Área de Conservación Pacífico Central, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de Puntarenas y el Ministerio de Salud de Puntarenas, han atendido a la denuncia por contaminación planteada. Además, las autoridades recurridas, han mantenido a las recurrentes informadas acerca de las acciones que han implementado respecto a los hechos denunciados. Razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone.

VI.- Razones diferentes del Magistrado Jinesta. El Magistrado Jinesta Lobo declara sin lugar el recurso -únicamente en lo que respecta a la violación al artículo 50 constitucional-, por razones diferentes que son las siguientes:

1.- DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO Y SU DESARROLLO INFRA CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE UN VASTO ENTRAMADO NORMATIVO. El artículo 50 de la Constitución de 1949, en el año de 1994 (Ley No. 7412 de 3 de junio de 1994) sufrió una reforma parcial para introducir en el, párrafo 2°, como un derecho fundamental expreso y claramente tipificado el que tiene “Toda persona” de gozar “a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho fundamental, antes de la reforma constitucional de 1994, fue ampliamente desarrollado por una jurisprudencia progresista y tuitiva de este Tribunal Constitucional, todo con fundamento en la normativa existente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que propició y estableció las condiciones para la reforma parcial del artículo 50 de la Constitución. Después de la reforma parcial al numeral 50 de la Constitución en 1994, se ha venido desarrollando un denso, amplio y prolijo marco normativo infra constitucional para la protección efectiva del goce y ejercicio del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, habida cuenta que el párrafo 3° dispuso que “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho”; imperativos y obligaciones constitucionales que han llevado al Estado costarricense a establecer un vasto y extenso entramado normativo infra constitucional que se traduce en diversas leyes, reglamentos y decretos ejecutivos, los que se encargan de cuestiones sustantivas y formales para la garantía, tutela y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Adicionalmente, ese ordenamiento jurídico sub constitucional, ha establecido una organización administrativa extensa y compleja para actuar los imperativos y obligaciones constitucionales contenidas en el párrafo 3° del artículo 50 constitucional. Dentro de este bloque o parámetro de legalidad, creado para desarrollar el artículo 50 de la Constitución, destaca la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 4 de octubre de 1995, la que, entre otros extremos, desarrolla y regula temas de primer orden como la participación ciudadana en materia ambiental (Capítulo II), la evaluación del impacto ambiental (Capítulo IV), la protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos (Capítulo V), el ordenamiento territorial y la protección del ambiente (Capítulo VI), las áreas silvestres protegidas (Capítulo VII), los recursos marinos, costeros y humedales (Capítulo VIII), la diversidad biológica (Capítulo IX), los recursos naturales como el aire, agua y suelo (Capítulos XI, XII, XIII), así como los forestales y energéticos (Capítulos X y XIV), la contaminación (artículo XV), la organización administrativa ambiental (XVII) y la creación de un Tribunal Ambiental Administrativo para la tutela, defensa y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Capítulo XXI). También destacan, en ese denso y vasto entramado legislativo, la Ley Forestal, No. 7575 de 5 de febrero de 1996 y sus reformas, la Ley de Protección Fitosanitaria, No. 7664 de 8 de abril de 1997, la Ley de concesión y operación de marinas turísticas, No. 7744 de 19 de diciembre de 1997, la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, No. 7779 de 30 de abril de 1998 y, más recientemente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839 de 24 de junio de 2010. De otra parte, incluso, antes de reformarse parcialmente el artículo 50 de la Constitución, ya existían leyes sectoriales de protección y defensa de ciertos aspectos del medio ambiente, tales como la Ley de Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942 y sus reformas, la Ley General de Salud, No. 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas, la Ley de Salud Animal, No. 6243 de 2 de mayo de 1978, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 de 21 de octubre de 1992 y sus reformas, la Ley de Hidrocarburos, No. 7399 de 3 de mayo de 1994 y la Ley del uso racional de la energía, No. 7447 de 3 de noviembre de 1994. El marco normativo, en el plano infra legal, es aún más nutrido con diversos reglamentos ejecutivos de esas leyes y decretos que regulan la protección, conservación y defensa del medio ambiente. En este nivel jerárquico de protección, a modo de ejemplo, destaca el Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004 que es el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que regula, prolijamente, todas las aristas de los procedimientos de Evaluación del Impacto ambiental de actividades, obras y proyectos, según categorías predefinidas, para prevenir cualquier daño o lesión al ambiente, su revisión y la viabilidad ambiental, su control y seguimiento posterior, denuncias, mecanismos de participación, el responsable ambiental, las garantías de cumplimiento y de funcionamiento y un régimen sancionador. También descuella el Decreto Ejecutivo No. 34136 de 20 de junio de 2007 que es el Reglamento de procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo encargado de conocer y resolver las denuncias por amenaza de infracción o violación efectiva a la legislación tutelar del ambiente y de los recursos naturales y para establecer las indemnizaciones por daños o lesiones a éstos.

2.- NECESIDAD DE DESLINDAR EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE LEGALIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. El denso marco normativo o ordenamiento jurídico infra constitucional que desarrolla y fortalece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado contemplado en el artículo 50 de la Constitución y que procura su garantía, tutela y preservación, obliga a este Tribunal Constitucional a tener que deslindar, en la materia, la órbita del control de constitucionalidad de la esfera del control de legalidad. Tratándose de los mecanismos o de las cuestiones de constitucionalidad, tal y como se denomina el Título IV de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, concepto que comprende a la acción de inconstitucionalidad y la consulta de constitucionalidad –legislativas y judiciales-, la delimitación entre el control de constitucionalidad y de legalidad es clara e inequívoca, por cuanto, sin duda alguna, le compete a este Tribunal Constitucional conocer y resolver tales materias de manera exclusiva y excluyente (artículos 10 de la Constitución, 1°, 2°, inciso b), 73 a 108 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) así, por ejemplo, cuando se aduce que una norma legal o reglamentaria es inconstitucional por quebrantar el artículo 50, sea el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los valores y principios subyacentes en éste. El problema real en la delimitación de sendas esferas de control, surge respecto del recurso o proceso de amparo, por varias razones evidentes que son las siguientes: a) El carácter transversal del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que penetra todas las capas o estratos del ordenamiento jurídico; b) la textura abierta de la normas constitucionales con lo que cualquier agravio puede parecer que tiene naturaleza constitucional y c) la tendencia de utilizar el proceso de amparo como una vía sustitutiva de la jurisdicción ordinaria. Empero, pueden establecerse algunos criterios, con fundamento en el artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que permiten delimitar el proceso de amparo de otros procesos jurisdiccionales ordinarios. Así, cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público –ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional. Lo mismo sucede cuando un poder público ha omitido cumplir con las obligaciones que le impone, en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, el ordenamiento jurídico infra constitucional sea de naturaleza legal o reglamentario. Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional debe conocer y resolver un asunto en el proceso de amparo, únicamente, cuando ningún poder público haya intervenido ejerciendo sus competencias de fiscalización o de autorización y se esté desarrollando una conducta, potencial o actualmente, lesiva del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, adicionalmente, debe tratarse de una violación de ese derecho evidente y manifiesta o fácilmente constatable –sin mayor producción o evacuación de prueba- y, además, debe revestir gran relevancia o trascendencia y ser grave. Si un poder público ha incumplido las obligaciones y deberes que desarrolla el ordenamiento jurídico infra constitucional, el tema tampoco debe ser conocido por la jurisdicción constitucional, por cuanto, además de los mecanismos de denuncia previstos en sede administrativa, la jurisdicción ordinaria, en especial la contencioso-administrativa, tiene competencia suficiente para fiscalizar las omisiones materiales o formales de los entes públicos. Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento –serie concatenada de actuaciones administrativas- y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad, lo mismo si incumple u omite sus obligaciones legales y reglamentarias. El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria. El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente. El proceso de amparo, en definitiva, no puede ser convertido en un proceso ordinario de cognición plena (“ordinariarlo”), por cuanto, se desnaturaliza y pervierte en sus fines y propósitos, de ahí que, cuando un poder público ha intervenido efectuando estudios, avalando u homologando experticias presentadas por las partes interesadas, rendido informes, emitiendo resoluciones administrativas, permisos, licencias o cualquier otro acto administrativo formal o, en general, sustanciando uno o varios procedimientos administrativos, el proceso de amparo no es la vía para fiscalizar tales actuaciones sino el proceso contencioso-administrativo. La intervención administrativa que se logre verificar o comprobar, es determinante para estimar que el asunto se ubica en el plano o nivel, de por sí abstracto y abierto, de la constitucionalidad o en el más denso de la legalidad. Tampoco, este Tribunal Constitucional debe entrar a conocer y resolver el incumplimiento de las obligaciones que impone el marco normativo legal o reglamentario, puesto que, para tal efecto, existen poderosos y eficientes instrumentos en sede administrativa (régimen sancionador, quejas, el Tribunal Ambiental Administrativo) y, en último término, una jurisdicción contencioso-administrativa cuya función es controlar la legalidad de la función administrativa (artículo 49 constitucional), dentro de la que figuran las omisiones legales o reglamentarias, materiales o formales, jurisdicción ordinaria que ahora, con la nueva legislación adjetiva, es más flexible, expedita, célere, plenaria y universal.

3.- COROLARIO. Por lo expuesto, estimo que el presente recurso de amparo debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad, sin embargo, no habiendo sido así, considero que se debe declarar sin lugar, sin pronunciarme en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en particular, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Jinesta Lobo da razones diferentes, en lo que respecta a la violación al artículo 50 constitucional.

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Implementing decreesDecretos que afectan

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    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos
    • Water Law — Sources, Setbacks, and ConcessionsLey de Aguas — Fuentes, Retiros y Concesiones

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Constitución Política Art. 50
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 7
    • Ley Orgánica del Ambiente, Ley 7554
    • Decreto Ejecutivo No. 33601-MINAE-S, Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales Arts. 55, 58

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