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Res. 01589-2014 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/02/2014
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber dismissed the amparo, finding that the respondent authorities addressed the complaint and no infringement of fundamental rights was proven.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo por considerar que las autoridades recurridas atendieron la denuncia y no se acredita lesión a los derechos fundamentales de las recurrentes.
SummaryResumen
Residents of Puntarenas filed an amparo action against several public agencies, claiming that two sewer pipes discharge raw sewage into the Estero Puntarenas, causing foul odors and visual pollution, thus violating their right to a healthy and ecologically balanced environment. They sought closure of the pipes and construction of a sanitary sewer and treatment plant. The Constitutional Chamber found that the respondent authorities had addressed the complaint; furthermore, the Ministry of Health had already been monitoring the El Roble wastewater treatment plant operated by AyA, which holds a discharge permit from MINAE. The Chamber verified that sanitary orders had been issued to implement an improvement plan and that interagency inspections and coordination had taken place. It held that no fundamental rights violation occurred, as the authorities acted within their powers and kept the plaintiffs informed. The majority dismissed the amparo due to lack of injury; Justice Jinesta provided additional reasoning, arguing the case involved ordinary legality rather than constitutional matters, so the proper remedy was administrative litigation.Vecinas de Puntarenas interpusieron recurso de amparo contra varias instituciones estatales alegando que dos alcantarillas vierten aguas negras en el Estero de Puntarenas, ocasionando malos olores y contaminación visual, lo que violenta su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Solicitaban sellar las alcantarillas y construir un alcantarillado sanitario y planta de tratamiento. La Sala Constitucional determinó que las autoridades recurridas habían atendido la denuncia y, además, desde antes de la denuncia el Ministerio de Salud venía fiscalizando la Planta de Tratamiento El Roble del AyA, que cuenta con permiso de vertido del MINAE. Se constató que se emitieron órdenes sanitarias para implementar un plan de mejoras y se realizaron inspecciones y coordinación interinstitucional. La Sala consideró que no hubo violación a los derechos fundamentales, pues las autoridades actuaron dentro de sus competencias y mantuvieron informadas a las recurrentes. El voto mayoritario declaró sin lugar el recurso por inexistencia de lesión; el Magistrado Jinesta añadió razones diferentes en cuanto al derecho a un ambiente sano, argumentando que el caso implicaba una cuestión de legalidad ordinaria y no de constitucionalidad, por lo que la vía idónea era la jurisdicción contencioso-administrativa.
Key excerptExtracto clave
Findings: [...] V.- Conclusion. This Tribunal considers that the case under study reveals no situation that infringes the fundamental rights of the plaintiffs; for, contrary to what they alleged, the Central Pacific Conservation Area, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Municipality of Puntarenas, and the Ministry of Health of Puntarenas have addressed the pollution complaint filed. Moreover, the respondent authorities have kept the plaintiffs informed about the actions they have undertaken regarding the reported events. Therefore, the appropriate course is to dismiss the amparo, as is hereby ordered. VI.- Different reasons of Justice Jinesta. Justice Jinesta Lobo dismisses the amparo—solely with respect to the violation of Article 50 of the Constitution—for different reasons, as follows: [...] The amparo action is, in essence, a summary proceeding governed by simplicity [...] when it becomes necessary to review various administrative actions—proceedings and formal acts that are reflected and materialized in an administrative file—the matter ceases to be subject to amparo, and one must resort to a plenary cognizance process, that is, a full-knowledge proceeding that can only be conducted before the ordinary jurisdiction. The amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria expressed in light of the infra-constitutional legal system or to introduce new evidence to contrast that which appears in an administrative file that has been processed over lengthy and deliberate periods. In short, the amparo process cannot be turned into an ordinary plenary cognizance process (“ordinariarlo”), as it would be distorted and perverted in its ends and purposes; hence, when a public authority has intervened by conducting studies, endorsing or homologating expert reports submitted by interested parties, rendering reports, issuing administrative decisions, permits, licenses, or any other formal administrative act, or in general, carrying out one or more administrative proceedings, the amparo process is not the appropriate avenue to review such actions—rather, the administrative litigation process is.Considerando: [...] V.- Conclusión. Estima este Tribunal que no se desprende del caso en estudio alguna situación que infrinja los derechos fundamentales de las recurrentes; pues, contrario a lo alegado por ellas, el Área de Conservación Pacífico Central, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de Puntarenas y el Ministerio de Salud de Puntarenas, han atendido a la denuncia por contaminación planteada. Además, las autoridades recurridas, han mantenido a las recurrentes informadas acerca de las acciones que han implementado respecto a los hechos denunciados. Razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone. VI.- Razones diferentes del Magistrado Jinesta. El Magistrado Jinesta Lobo declara sin lugar el recurso -únicamente en lo que respecta a la violación al artículo 50 constitucional-, por razones diferentes que son las siguientes: [...] El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad [...] cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria. El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente. El proceso de amparo, en definitiva, no puede ser convertido en un proceso ordinario de cognición plena (“ordinariarlo”), por cuanto, se desnaturaliza y pervierte en sus fines y propósitos, de ahí que, cuando un poder público ha intervenido efectuando estudios, avalando u homologando experticias presentadas por las partes interesadas, rendido informes, emitiendo resoluciones administrativas, permisos, licencias o cualquier otro acto administrativo formal o, en general, sustanciando uno o varios procedimientos administrativos, el proceso de amparo no es la vía para fiscalizar tales actuaciones sino el proceso contencioso-administrativo.
Pull quotesCitas destacadas
"El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad [...] cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria."
"The amparo action is, in essence, a summary proceeding governed by simplicity [...] when it becomes necessary to review various administrative actions—proceedings and formal acts that are reflected and materialized in an administrative file—the matter ceases to be subject to amparo, and one must resort to a plenary cognizance process."
Considerando VI, razones del Magistrado Jinesta
"El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad [...] cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria."
Considerando VI, razones del Magistrado Jinesta
"Estima este Tribunal que no se desprende del caso en estudio alguna situación que infrinja los derechos fundamentales de las recurrentes; pues, contrario a lo alegado por ellas, [...] han atendido a la denuncia por contaminación planteada."
"This Tribunal considers that the case under study reveals no situation that infringes the fundamental rights of the plaintiffs; for, contrary to what they alleged, [...] they have addressed the pollution complaint filed."
Considerando V, conclusión de la mayoría
"Estima este Tribunal que no se desprende del caso en estudio alguna situación que infrinja los derechos fundamentales de las recurrentes; pues, contrario a lo alegado por ellas, [...] han atendido a la denuncia por contaminación planteada."
Considerando V, conclusión de la mayoría
Full documentDocumento completo
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty in the morning on February seventh, two thousand fourteen.
An amparo action processed under case file number 13-011974-0007-CO, filed by Brenda Vargas Azofeifa, identity card number 1-1549-0087; Dayana Gamboa Salas, identity card number 2-0703-0296; Dayana Mayela Reina Araya, identity card number 6-0404-0955; Lourdes Guevara Vargas, identity card number 4-0219-0544; María Araya Rojas, identity card number 1-1543-0844; Tatiana Chacón Herrera, identity card number 2-0702-0210; against the Regional Office of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in Puntarenas, the Ministerio de Ambiente y Energía, the Área Rectora de Salud of Puntarenas, and the Municipalidad de Puntarenas.
Resultando:
Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,
Considerando:
I.Purpose of the action. The petitioners stated that on September 10, 2013, they reported to the respondent authorities that 2 sewers regularly discharge untreated wastewater (aguas negras) into the Estero de Puntarenas, which is clearly visible at low tide. They stated that these waters represent a visually polluted landscape and generate foul odors, which violates the right to a healthy and ecologically balanced environment. They added that in their complaint, they requested that the sewers be sealed; however, as of the date of filing this action, none of the respondent Institutions has responded to their petition, and therefore they considered their fundamental rights to have been violated.
Proven facts. The following relevant facts are deemed duly proven as important for the resolution of this action: a) That the Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía, through a resolution issued at 09:02 a.m. on May 23, 2012, granted the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a 3-year permit for the discharge of residual waters (vertido de aguas residuales) with the following conditions:
Chávez Soto of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, comply with the plan presented on May 23, 2013 (see report rendered by the Director of the Rector Health Area of Barranca, Central Pacific Region of the Ministry of Health);
III.On the fundamental right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment.- Article 50 of the Political Constitution establishes as fundamental the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment. Prior to the amendment of this article 50 to expressly consider matters relating to the environment, this Chamber, through its jurisprudential work, had already derived this right from the constitutional provisions of articles 21 –right to life and health–, 69 –rational exploitation of the land– and 89 –protection of natural beauties–. The Chamber has opted for an open or macro consideration of the concept of the environment and of the protection afforded to it, transcending the basic or primary protection of the soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, diversity of flora and fauna, and landscape, to also consider elements referring to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others. Thus, through judgment number 5893-095, at 09:48 hours on October 27, 1993, the Chamber established that:
“[E]nvironmental Law should not be associated only with nature, since this is merely part of the environment. The policy of nature protection also extends to other aspects such as the protection of game, forests, natural parks, and natural resources. It is, then, a macro-environmental concept, so as not to leave important concepts aside and thus manage to unify the legal body we call Environmental Law” Following the reform of constitutional article 50, in which the environmental right was expressly enshrined as a fundamental right, the State's obligation to guarantee, defend, and protect this right was also established –in a conclusive manner–, whereby the State becomes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. It is in accordance with this provision, in relation to articles 20, 69, and 89 of the Political Constitution, that the State's responsibility to exercise a protective and governing function in this matter was derived, as provided by the constitutional norm under comment itself, a function that is developed by environmental legislation.
Thus, the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right. In this line of thought, it must be considered that the regulations establish the Ministry of Environment and Energy as the governing body of the natural resources, energy, and mines sector, as provided in article two of the Organic Law of this ministry, number seven thousand one hundred fifty-two, of June fourth, nineteen ninety. This governing function in environmental matters, in the Chamber's opinion, includes not only the establishment of adequate regulations for the use of forest resources and natural resources, as also provided by article fifty-six of the Organic Environmental Law, but also confers upon it the important function of exercising governance in environmental matters, consisting of maintaining a preponderant role in this area. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activity constitutes an essential function of the State according to article 50 of the Constitution, insofar as it provides, in what is of interest, in the third paragraph: “The State shall guarantee, defend, and preserve that right”; which is concordant with the constitutional principle established in the second paragraph of article nine of the Political Constitution, which expressly prohibits the Branches of Government from delegating the exercise of functions that are inherent to them, especially when they are considered essential.
In this way, concerning environmental protection, the functions of governance, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, in charge of the various administrative dependencies (see in a similar sense judgment 2012-007087 at 11:33 hours on May 25, 2012).
IV.On the merits. In this case, the petitioners seek that this Tribunal order that the two sewer outfalls that discharge water into the Estero de Puntarenas and that are observed when the tide is low, be sealed and, additionally, that the respective sanitary sewer system and treatment plant be built for that black water that is being deposited. Now then, as was established in the statement of proven facts, the water discharged into the Estero de Puntarenas by the reported sewer outfalls comes from the El Roble Treatment Plant of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. Furthermore, it was established that the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, by resolution at 09:02 hours on May 23, 2012, granted to that Institute, the permit for the discharge of wastewater (vertido de aguas residuales) in the described zone for 03 years. Now then, the Rector Health Area of Barranca, Central Pacific Region of the Ministry of Health, performed an analysis of the operational reports of the plant in question, forwarded for the period from December 23, 2011, to December 22, 2012, by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and, through official letter PC-ARS-B-GASS-059-2013 and Sanitary Order No. GASS-036-2013 of May 9, 2013, ordered that Institute to present an improvement plan to adapt the functioning of the plant to the provisions of the Regulation for the Discharge and Reuse of Wastewater.
The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers presented the required Improvement Plan on May 23, 2013, and through Sanitary Orders No. GASS-040-2013 of June 4, 2013, and No. 206-P-2013 of July 29, 2013, the Rector Health Area of Barranca, Central Pacific Region of the Ministry of Health, has followed up on compliance with the Remedial Plan. This Chamber observes that all the administrative acts cited to this point were executed by the Ministry of Health, even before the complaint of September 10, 2013, filed by the petitioners.
For its part, on the occasion of the complaint, the Rector Health Area of Puntarenas-Chacarita carried out an inspection of the site and on October 2, 2013, through official letter No. PC-ARS-PEC-941-13, requested detailed information on the case in question from the Cantonal Chief of Aqueducts and Sewers. The latter replied, by writing of October 22, 2013, that the reported waters came from the El Roble Treatment Plant and that they had the discharge permit from MINAE. For its part, the Directorate of Urban Development and Control of the Municipality of Puntarenas, on October 30, 2013, coordinated with the Ministry of Health and the Regional Directorate of Puntarenas of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, a field visit to the reported location. In turn, the Environmental Manager of the Rector Health Area of Puntarenas-Chacarita issued technical report No. PC-ARS-PC-RS-IT-0300-2013, addressed to the Rector Health Area of Puntarenas, in which he concluded that the water discharge came from the El Roble Treatment Plant of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and, additionally, that the activity had the Water Discharge Permit from MINAE.
In turn, through official letter No. AT-5267-2013, the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy warned the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, to present the respective documentation, in relation to the discharge of the 2 pipes of water into the Estero de Puntarenas. For its part, the Health Regulation Process of the Rector Health Area of Puntarenas –Chacarita, coordinated on September 24, 2013, an ocular inspection in Barrio 20 de Noviembre. Likewise, on October 30, 2013, the Head of the Maritime Terrestrial Zone Program of the Central Pacific National System of Conservation Areas, Sub Regional Office Esparza-Orotina, indicated to the Manager of ACOPAC Protected Wild Areas, what concerns the inspection carried out in the area reported by the petitioners.
Finally, the actions carried out by the Director of the Rector Health Area of Puntarenas were communicated to the petitioners on October 31, 2013, and, that same day, the Director of Urban Development of the Municipality of Puntarenas communicated to the petitioners the procedure given to their complaint. In turn, on November 1, 2013, the Cantonal Chief of Puntarenas of the Costa Rican Institute of Sewers notified, via fax, the petitioners, of the response to their complaint, and, finally, the Sub Regional Office Esparza Orotina of the Central Pacific Conservation Area, National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, on the occasion of the complaint filed by the petitioners –processed under file No. PC-2-CPI-001-131-2013–, carried out an inspection at the site; however, the inspection report prepared could not be notified to the petitioners, because no one answered the means established by them for receiving notifications.
V.Conclusion. This Tribunal considers that no situation arises from the case under study that infringes upon the fundamental rights of the petitioners; since, contrary to what was alleged by them, the Central Pacific Conservation Area, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Municipality of Puntarenas, and the Ministry of Health of Puntarenas, have addressed the complaint for contamination filed. Furthermore, the respondent authorities have kept the petitioners informed about the actions they have implemented regarding the reported facts. For which reason, it is proper to declare the appeal without merit, as is hereby ordered.
VI.Different reasons of Magistrate Jinesta. Magistrate Jinesta Lobo declares the appeal without merit –solely with respect to the violation of constitutional article 50–, for different reasons which are the following:
The amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria rendered in light of the infra-constitutional legal system or to evacuate new elements of conviction to contrast those that appear in an administrative file that has been processed over prolonged periods and in a measured manner. The amparo proceeding, ultimately, cannot be converted into an ordinary proceeding of full cognition ("ordinary proceeding"), since its ends and purposes are thereby denatured and perverted; hence, when a public authority has intervened by carrying out studies, endorsing or homologating expert opinions presented by the interested parties, rendering reports, issuing administrative resolutions, permits, licenses, or any other formal administrative act or, in general, substantiating one or more administrative procedures, the amparo proceeding is not the avenue to oversee such actions, but rather the contentious-administrative proceeding.
The administrative intervention that can be verified or confirmed is decisive in considering that the matter falls on the plane or level—itself abstract and open—of constitutionality or on the denser plane of legality. Nor should this Constitutional Court enter into hearing and resolving the breach of obligations imposed by the legal or regulatory normative framework, since, for that purpose, there exist powerful and efficient instruments in the administrative venue (sanctioning regime, complaints, the Administrative Environmental Tribunal) and, in the last instance, a contentious-administrative jurisdiction whose function is to control the legality of the administrative function (Article 49 of the Constitution), within which are included legal or regulatory, material or formal omissions, an ordinary jurisdiction that now, with the new procedural legislation, is more flexible, expedited, swift, plenary, and universal.
Por tanto:
The remedy is declared without merit. Magistrate Jinesta Lobo provides different reasons, with respect to the violation of Article 50 of the Constitution.
Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 14:49:56.
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del siete de febrero de dos mil catorce.
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 13-011974-0007-CO, interpuesto por Brenda Vargas Azofeifa, cédula de identidad 1-1549-0087; Dayana Gamboa Salas, cédula de identidad 2-0703-0296; Dayana Mayela Reina Araya, cédula de identidad 6-0404-0955; Lourdes Guevara Vargas, cédula de identidad 4-0219-0544; María Araya Rojas, cédula de identidad 1-1543-0844; Tatiana Chacón Herrera, cédula de identidad 2-0702-0210; contra la Oficina Regional del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en Puntarenas, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Área Rectora de Salud de Puntarenas y la Municipalidad de Puntarenas.
Resultando:
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. Las recurrentes aseguraron que el 10 de setiembre de 2013, denunciaron ante las autoridades recurridas, que 2 alcantarillas vierten regularmente aguas negras en el Estero de Puntarenas, lo cual se observa con claridad cuando la marea está baja. Expresaron que esas aguas representan un paisaje contaminado visualmente y generan malos olores, lo cual violenta el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Añadieron que en la denuncia solicitaron que se sellaran las alcantarillas; no obstante, a la fecha de interposición del presente recurso, ninguna de las Instituciones recurridas ha dado respuesta a su gestión, por lo que estimaron lesionados sus derechos fundamentales.
Hechos probados. De importancia para la resolución del presente recurso se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia: a) Que la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, mediante resolución de las 09:02 horas del 23 de mayo de 2012, otorgó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, un permiso por 3 años de vertido de aguas residuales con las siguientes condiciones:
III.Sobre el derecho fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado.- El artículo 50 de la Constitución Política establece como fundamental el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De previo a la modificación de este artículo 50 para considerar de manera expresa lo relativo al ambiente, ya la Sala, a través de su labor jurisprudencial, había derivado este derecho a partir de las disposiciones constitucionales de los artículos 21 –derecho a la vida y a la salud-, 69 –explotación racional de la tierra- y 89 –protección de las bellezas naturales-. La Sala ha optado por una consideración abierta o macro del concepto ambiente y de la protección que se brinda al mismo, trascendiendo de la protección básica o primaria del suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, minerales, bosques, diversidad de flora y fauna, y paisaje, para considerar también elementos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros. Así, mediante sentencia número 5893-095, de las 09:48 horas del 27 de octubre de 1993, la Sala estableció que:
“[E]l Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental” A partir de la reforma del artículo 50 constitucional, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también –en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89 de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental.
Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho. En este orden de ideas, debe considerarse que la normativa establece al Ministerio del Ambiente y Energía como el órgano rector del sector de los recursos naturales, energía y minas, según lo dispuesto en el artículo dos de la Ley Orgánica de este ministerio, número siete mil ciento cincuenta y dos, de cuatro de junio de mil novecientos noventa. Esta función de rectoría en la materia ambiental, a criterio de la Sala, comprende no solo el establecimiento de regulaciones adecuadas para el aprovechamiento del recurso forestal y los recursos naturales, según lo dispone también el artículo cincuenta seis de la Ley Orgánica del Ambiente, sino que le confiere la importante función de ejercer la rectoría en la materia ambiental, consistente en mantener un papel preponderante en esta materia.
En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado según el artículo 50 de la Constitución, en tanto dispone en lo que interesa en el párrafo tercero: “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho”; lo cual resulta concordante con el principio constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo nueve de la Constitución Política, que expresamente prohíbe a los Poderes del Estado la delegación del ejercicio de funciones que le son propias, máxime cuando se constituyen en esenciales. De esta manera, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas (véase en similar sentido la sentencia 2012-007087 de las 11:33 horas del 25 de mayo de 2012).
IV.Sobre el fondo. En este caso, las recurrentes pretenden que este Tribunal ordene que las dos alcantarillas que vierten aguas en el Estero de Puntarenas y que se observan cuando la marea está baja, sean selladas y, además, que se haga el respectivo alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de esas aguas negras que se están depositando. Ahora bien, tal y como se estableció en la relación de hechos probados, el agua vertida en el Estero de Puntarenas por las alcantarillas denunciadas, proviene de la Planta de Tratamiento El Roble del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Además, se estableció que la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, por resolución de las 09:02 horas del 23 de mayo de 2012, le otorgó a ese Instituto, el permiso de vertido de aguas residuales en la zona descrita por 03 años. Ahora bien, el Área Rectora de Salud de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud, hizo un análisis de los reportes operacionales de la planta en cuestión, remitidos para el período del 23 de diciembre de 2011 al 22 de diciembre de 2012, por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y, mediante oficio PC-ARS-B-GASS-059-2013 y Orden Sanitaria Nº GASS-036-2013 del 09 de mayo de 2013, ordenó a ese Instituto que presentara un plan de mejoras para que adecuaran el funcionamiento de la planta a lo dispuesto en el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados presentó el Plan de Mejoras requerido el 23 de mayo de 2013 y mediante Órdenes Sanitarias Nº GASS-040-2013 del 04 de junio de 2013 y Nº 206-P-2013 del 29 de julio de 2013, el Área Rectora de Salud de Barranca, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud, le ha dado seguimiento al cumplimiento del Plan Remedial. Observa esta Sala que todos los actos administrativos citados hasta este momento, fueron ejecutados por el Ministerio de Salud, incluso, antes de la denuncia del 10 de setiembre de 2013, planteada por las recurrentes.
Por su parte, con ocasión de la denuncia, el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita, realizó una inspección al sitio y el 02 de octubre de 2013, mediante oficio Nº PC-ARS-PEC-941-13, solicitó información detallada del caso en cuestión al Jefe Cantonal de Acueductos y Alcantarillados. Éste contestó, por escrito del 22 de octubre de 2013, que las aguas denunciadas provenían de la Planta de Tratamiento El Roble y que contaban con el permiso de vertido del MINAE. Por su parte, el Director de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, el 30 de octubre de 2013, coordinó con el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Puntarenas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, una visita de campo al lugar denunciado. A su vez, el Gestor Ambiental del Área Rectora de Salud de Puntarenas- Chacarita emitió el informe técnico Nº PC-ARS-PC-RS-IT-0300-2013, dirigido al Área Rectora de Salud de Puntarenas en el que concluyó que el desfogue de aguas provenía de la Planta de Tratamiento de El Roble del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y, además, que la actividad contaba con el permiso de Vertido de Aguas del MINAE.
A su vez, por oficio Nº AT-5267-2013, la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, previno al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, presentar la documentación respectiva, en relación con el vertido de las 2 tuberías que de aguas en el Estero de Puntarenas. Por su parte, el Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud de Puntarenas –Chacarita, coordinó el 24 de setiembre de 2013, inspección ocular en el Barrio 20 de Noviembre. Asimismo, el 30 de octubre de 2013, el Jefe del Programa Zona Marítimo Terrestre del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Pacífico Central, Oficina Sub Regional Esparza-Orotina, indicó al Gerente de Áreas Silvestres Protegidas ACOPAC, lo concerniente a la inspección realizada en la zona denunciada por las recurrentes.
Finalmente, las actuaciones realizadas por la Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas fueron comunicadas a las recurrentes el 31 de octubre de 2013 y, ese mismo día, el Director de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, comunicó a las recurrentes, el trámite que se le dio a su denuncia. A su vez, el 01 de noviembre de 2013, el Jefe Cantonal de Puntarenas del Instituto Costarricense de Alcantarillados, notificó, vía fax, a las recurrentes, la respuesta a su denuncia y, finalmente, la Oficina Sub Regional Esparza Orotina del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, con ocasión a la denuncia planteada por las recurrentes –tramitada bajo el expediente Nº PC-2-CPI-001-131-2013-, realizó una inspección en el sitio; sin embargo, el informe de inspección confeccionado no fue posible notificarlo a las recurrentes, por cuanto nadie contestó al medio establecido por ellas para atender notificaciones.
V.Conclusión. Estima este Tribunal que no se desprende del caso en estudio alguna situación que infrinja los derechos fundamentales de las recurrentes; pues, contrario a lo alegado por ellas, el Área de Conservación Pacífico Central, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Municipalidad de Puntarenas y el Ministerio de Salud de Puntarenas, han atendido a la denuncia por contaminación planteada. Además, las autoridades recurridas, han mantenido a las recurrentes informadas acerca de las acciones que han implementado respecto a los hechos denunciados. Razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone.
VI.Razones diferentes del Magistrado Jinesta. El Magistrado Jinesta Lobo declara sin lugar el recurso -únicamente en lo que respecta a la violación al artículo 50 constitucional-, por razones diferentes que son las siguientes:
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Jinesta Lobo da razones diferentes, en lo que respecta a la violación al artículo 50 constitucional.
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