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Res. 01587-2014 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/02/2014

Amparo challenging housing project and sewage treatment plant — environmental permits complianceAmparo por proyecto habitacional y planta de tratamiento — cumplimiento de permisos ambientales

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The amparo is denied, as the project was found to have the required environmental permits and no environmental harm was proven, with dissenting votes arguing for outright rejection because the matter involves ordinary legality.Se declara sin lugar el recurso de amparo al verificarse que el proyecto contaba con los permisos ambientales y no se acreditó lesión al ambiente, con votos salvados que abogan por el rechazo de plano por tratarse de una cuestión de legalidad ordinaria.

SummaryResumen

Residents of Barrio Limón, Santa Cruz, Guanacaste, filed an amparo action against the 'Vista Real Santa Cruz Segunda Etapa' housing project, owned by La Torre Diriá S.A., and its wastewater treatment plant. They claimed the project lacked proper environmental impact studies, permits were outdated or issued to a different entity, and that discharging treated water and laying pipes next to the aqueduct and a UCR forest reserve violated their right to a healthy, ecologically balanced environment. SETENA reported inspections and environmental follow-up showing that wastewater management complied with approvals; the Ministry of Health and the Municipality of Santa Cruz had issued the necessary permits, and MINAET had endorsed the project. The Constitutional Chamber dismissed the claim, finding that environmental permits were in order and no environmental damage was proven. The majority opinion relied on verified regulatory compliance; dissenting votes argued the case should have been rejected outright as a matter of ordinary legality, not constitutional law.Vecinos del Barrio Limón, Santa Cruz, Guanacaste, interpusieron recurso de amparo contra el proyecto habitacional 'Vista Real Santa Cruz Segunda Etapa', de La Torre Diriá S.A., y su planta de tratamiento de aguas residuales. Alegaron que el proyecto carecía de estudios de impacto ambiental adecuados, que los permisos no estaban actualizados ni correspondían a la empresa responsable, y que el vertido de aguas tratadas y la instalación de tuberías junto al acueducto y una reserva forestal de la UCR les lesionaban su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La SETENA informó haber realizado inspecciones y seguimiento ambiental, constatando que el manejo de aguas residuales se ajustaba a lo aprobado. El Ministerio de Salud y la Municipalidad de Santa Cruz otorgaron los permisos correspondientes, y el MINAET dio el aval. La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso, al considerar que los permisos ambientales estaban en regla y que no se había probado daño ambiental. El voto de mayoría se apoyó en la verificación de cumplimiento normativo; los votos salvados argumentaron que el caso debió rechazarse de plano por ser una cuestión de legalidad ordinaria, no constitucional.

Key excerptExtracto clave

But the fact is that, while the right to a healthy environment is a fundamental right that must be protected by State bodies, and companies engaged in the construction of housing projects must comply with legally imposed limitations, in this case, based on the extensive record of facts, legal and regulatory requirements have been met, and the right to the environment has not been impaired. Indeed, SETENA inspected the project on November 1, 2012, to verify whether viability was achieved under the terms granted, and on December 12, 2012, SETENA's Environmental Audit and Follow-up Department conducted an environmental follow-up visit to the project area, issuing official letter ASA 150-2012 of January 22, 2012, and technical report ASA 149-2013 of January 22, 2013, which found that the Condominio Vista Real Santa Cruz project has not produced impacts during its construction phase and that wastewater management through the treatment plant is in line with SETENA's guidelines.Pero lo cierto es que si bien el derecho al ambiente es un derecho fundamental que debe ser protegido por los órganos del Estado, y las empresas dedicadas a la construcción de proyectos habitaciones deben cumplir con las limitaciones impuestas por ley, en este caso, según la amplia relación de hechos, las regulaciones legales y reglamentarias han sido cumplidas y el derecho al ambiente no se ha visto menoscabado. En efecto, la Setena realizó una inspección al proyecto el 1 de noviembre de 2012 para verificar si se efectuó la viabilidad en los términos en que fue otorgado y el 12 de diciembre de 2012 el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de esa Secretaria realizó una visita de seguimiento ambiental en el área del proyecto, emitiendo el oficio ASA 150-2012 de 22 de enero de 2012 y el informe técnico bajo el oficio ASA 149 2013 de 22 de enero de 2013, que dio cuenta que el proyecto Condominio Vista Real Santa Cruz no ha producido impactos durante su fase constructiva y que el manejo de aguas residuales por medio de una planta de tratamiento se encuentra acorde con los lineamientos de Setena.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En este caso, según la amplia relación de hechos, las regulaciones legales y reglamentarias han sido cumplidas y el derecho al ambiente no se ha visto menoscabado."

    "In this case, according to the extensive record of facts, the legal and regulatory requirements have been met, and the right to a healthy environment has not been impaired."

    Considerando III

  • "En este caso, según la amplia relación de hechos, las regulaciones legales y reglamentarias han sido cumplidas y el derecho al ambiente no se ha visto menoscabado."

    Considerando III

  • "Cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público –ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional."

    "Whenever a public authority has intervened in an activity, work or project —conducting studies, evaluations, reports or assessments of any kind, pursuant to the dense and vast sub-constitutional legal system— the matter must clearly be handled by the ordinary courts, not the constitutional one."

    Voto salvado de los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado

  • "Cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público –ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional."

    Voto salvado de los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado

  • "Esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento."

    "This Chamber must refrain from hearing claims of alleged infringement of Article 50 of the Constitution, leaving them to the administrative justice system and the administrative contentious jurisdiction."

    Voto salvado de la Magistrada Hernández López

  • "Esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento."

    Voto salvado de la Magistrada Hernández López

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Constitutional Chamber Date of Resolution: February 7, 2014 at 09:20 Type of matter: Amparo remedy Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Res. No. 2014001587 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty on February seven, two thousand fourteen.

Amparo remedy processed in expediente number 12-013146-0007-CO, filed by ADRIAN JOSE LOPEZ GUTIERREZ, identity card 0503740139, ALBAN ROSALES C, identity card 0501580951, ALEXANDER GONZALEZ HERNANDEZ, identity card 0503780966, ALEXANDER JIMENEZ REYES, identity card 0108660239, AMALIA MENDEZ DUARTE, identity card 0501340558, ANA CRISTINA ARAYA M, identity card 0503540509, ANA LORENA GONZALEZ CH, identity card 0503870901, ANA LORENA RODRIGUEZ RAMIREZ, identity card 0107320898, ANABELLE CHAVEZ G, identity card 0501880458, BERENICE GUADAMUZ CHAVES, identity card 0503020258, CARLOS ALVAREZ RUIZ, identity card 0501920900, CARLOS MIGUEL CHAVES VASQUEZ, identity card 0501940372, CECILIA ALVAREZ D, identity card 0501640742, CESAR URBINA BRICEÑO, identity card 0503790076, CESAR URBINA BRICEÑO, none, CINDY R GUTIERREZ ATENCIO, identity card 0503770272, CINTHYA GUTIERREZ PEÑA, identity card 0503840038, DAUDIER ANGEL HERNANDEZ LOPEZ, identity card 0503350203, EDGAR RUIZ PIZARRO, identity card 0503110280, EDUARDO GONZALEZ CHAVES, identity card 0503340834, EDUARDO MERINO BRENES, identity card 0104500720, ELI ALVAREZ RUIZ, identity card 0502030523, EMILCE VIALES GUIDO, identity card 0500780726, ERICK ARRIETA RODRIGUEZ, identity card 0500380231, ERICK ARRIETA RODRIGUEZ, identity card 0503800231, ERICKA ALVAREZ G, identity card 0502940939, EUGENIA RODRIGUEZ PIZARRO, identity card 0502080910, GERARDO GUTIERREZ JAEN, identity card 0501410325, GERARDO SANCHEZ ALVAREZ, none, GLENDA XIOMARA BARRANTES FAJARDO, identity card 0502600624, GREIVIN DINARTE PEÑA, identity card 0503570556, GREIVIN ROSALES CHAVES, identity card 0503790423, GRISELDA RUIZ BARRANTES, identity card 0500900286, GUILLERMINA DE JESUS CHAVES BARRANTES, identity card 0501461023, HUNG JUNHUNG , residency card 115600338733, JAIRO URBINA RUIZ, identity card 0109020909, JEFFRY ARGUEDAS CARVAJAL, identity card 0108910210, JOHAN MORENO CASTELLON, identity card 0503870575, JONATHAN HERNANDEZ CUBILLO, none, JORGE GREGORIO CHAVES GUTIERREZ, identity card 0501970676, of legal age, , resident of against MUNICIPAL MAYOR OF SANTA CRUZ, DIRECTOR OF THE GOVERNING HEALTH AREA OF SANTA CRUZ, BRANCH CHIEF OF THE CHOROTEGA REGION OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, PRESIDENT OF TORRE DIRIÁ S.A., PRESIDENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF SANTA CRUZ, GENERAL SECRETARY OF THE NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT, NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARY OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY AND TELECOMMUNICATIONS.

Considering:

1.- In a brief filed on October sixteenth, two thousand twelve, the petitioners state that they are residents of Barrio Limón, in Santa Cruz, Guanacaste. They note that from main highway number 21 to their dwelling houses, there is an alleyway no more than five meters wide, and at the end of it is the Diriá River. They say that, practically from the entrance of this alleyway that begins from the Vivero La Floresta to the house of the petitioner María del Mar Burbano Molina—four hundred meters—there is a Forest Reserve of the University of Costa Rica, where a large quantity of flora and fauna is located, much of it endangered. They indicate that in front of the aforementioned alleyway there is an already completed residential complex, and within it, the Vista Real Santa Cruz Second Stage Project, owned by La Torre Diriá, Sociedad Anónima, in which a water treatment plant will be installed that will discharge water into the Diriá River. They consider that both they and the environment will be harmed by the project involving wastewater discharges from the housing project's treatment plant. They state that although some permits apparently exist, no field visit has been made by the competent authorities to either the project or the river, in order to review the path that this wastewater discharge point will cover, thereby the negative consequences and eventual future problems are unknown. They state that in the dry season there is no flow into which the waters can be thrown, and during the rainy season, that river overflows, flooding their houses and practically taking over the alleyway through which they travel. They maintain that they have detected a series of anomalies such as that the permits are not updated and were given to persons different from those paying for workplace risks; there has been no environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental); the materials and real dimensions do not coincide with those approved in the permits, and some of those permits were granted to a third company—Edificaciones Coloniales Rocha, Sociedad Anónima—. Additionally, there are no studies that indicate where the project's pipes will be placed, nor what environmental problems will be caused by installing them through the alleyway where it seems they will be located; nor was the road or the area where the treated water sewers will go studied to find out if this road and area could carry the pipes to the Diriá River; there is no distinct treatment for stormwater and treated water; it is intended to install the treatment plant piping next to or adjacent to the existing potable water piping, which could cause seepage into the potable water. Added to this, the alleyway borders the Forest Reserve of the University of Costa Rica, which has large trees over one hundred years old whose roots could break the potable water piping or the treated water piping causing leaks, thereby mixing the waters due to the infiltration of one into the other, contaminating the potable water. They add that manhole covers will be placed every fifty meters, which demonstrates that sewers, not PVC pipes, will be installed. Finally, the significant environmental impact on the forest reserve where there are endangered trees—for example, the case of the Ojoche tree—many species of native birds, and where children and parents practice artisanal fishing and family recreation, was also not studied. In their view, the described situation is violating their right to a healthy and ecologically balanced environment, since the competent authorities have limited themselves to granting permits without thoroughly analyzing the situation and the future consequences and problems that this construction could cause to the population of Santa Cruz.

2.- The General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat reports that an inspection of the project was carried out on November 1, 2012 to verify whether the environmental feasibility (viabilidad) was implemented under the terms in which it was granted; that the validity of the project is two years and an extension was granted in 2010; that on December 12, 2012 the Department of Environmental Audit and Follow-up carried out an environmental follow-up visit in the project area; that official communication ASA 150-2012 of January 22, 2012 and the technical report under official communication ASA 149 2013 of January 22, 2013 were issued; that in accordance with the environmental follow-up inspection, the Condominio Vista Real Santa Cruz project has not produced impacts during its construction phase and that the management of wastewater through a treatment plant is in accordance with what was approved by the National Environmental Technical Secretariat.

3.- The Municipal Mayor of Santa Cruz reports that the treatment plant in the project cited has the environmental feasibility (viabilidad ambiental) approval from SETENA, resolution number 279-2008 Setena; that the Ministry of Health, in official communication RchOrsa 406-2008, granted the location permit for the treatment plant, therefore the Municipality, in report PYSA 075 2008, authorized the construction of the treatment plant; that MINAET gave its approval with the requirements of Decreto 33601-S Minaet; that the respective permits were verified as complying with environmental regulations.

4.- The representative of Torre Diría S.A indicates that his represented entity developed the housing project Condominio Santa Cruz in Guanacaste; that it has all the permits and the inspection of the Federated College of Engineers; that no tree in the reserve has been damaged, these are only unfounded suppositions of the petitioners.

5.- The procedural terms and legal prescriptions have been observed in these proceedings.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considering:

I.- Regarding the object of the remedy. The petitioners come to this Chamber to request that it be declared that the Vista Real Santa Cruz Second Stage Project, owned by La Torre Diriá, Sociedad Anónima, does not have the permits from SETENA and that a treatment plant for the housing project was built without the respective environmental permits, which injures the right to a healthy environment.

II.- Regarding the facts. Of importance for the resolution of this matter are the following facts: a) that the petitioners are residents of Barrio Limón, in Santa Cruz, Guanacaste (see electronic file); b) that in said community the Vista Real Santa Cruz Second Stage Project, owned by La Torre Diriá, Sociedad Anónima, was built (see electronic file); c) that SETENA carried out an inspection of the project on November 1, 2012 to verify whether the environmental feasibility (viabilidad) was implemented under the terms in which it was granted; that the validity of the project is two years and an extension was granted in 2010 (see electronic file); d) that on December 12, 2012 the Department of Environmental Audit and Follow-up of SETENA carried out an environmental follow-up visit in the project area; that official communication ASA 150-2012 of January 22, 2012 and the technical report under official communication ASA 149 2013 of January 22, 2013 were issued; that in accordance with the environmental follow-up inspection, the Condominio Vista Real Santa Cruz project has not produced impacts during its construction phase and that the management of wastewater through a treatment plant is in accordance with what was approved by the National Environmental Technical Secretariat (see the reports under oath); e) that SETENA, resolution number 279-2008, granted environmental feasibility (viabilidad ambiental) to the project (see case file); f) that the Ministry of Health, in official communication RchOrsa 406-2008, granted the location permit for the treatment plant, therefore the Municipality, in report PYSA 075 2008, authorized the construction of the treatment plant (see case file); that MINAET gave its approval with the requirements of Decreto 33601-S Minaet, having verified that the respective permits comply with environmental regulations (see the case file).

III.- Regarding the law. The petitioners argue that their right to the environment is injured by the fact that the Vista Real Santa Cruz Second Stage Project, owned by La Torre Diriá, Sociedad Anónima, is being built. For the petitioners, the project lacks the respective environmental permits and a wastewater treatment plant was built that harms forest reserves. But the truth is that even though the right to the environment is a fundamental right that must be protected by the organs of the State, and companies dedicated to the construction of housing projects must comply with the limitations imposed by law, in this case, according to the extensive account of the facts, the legal and regulatory provisions have been complied with and the right to the environment has not been diminished. Indeed, SETENA carried out an inspection of the project on November 1, 2012 to verify whether the environmental feasibility (viabilidad) was implemented under the terms in which it was granted, and on December 12, 2012 the Department of Environmental Audit and Follow-up of that Secretariat carried out an environmental follow-up visit in the project area, issuing official communication ASA 150-2012 of January 22, 2012 and the technical report under official communication ASA 149 2013 of January 22, 2013, which reported that the Condominio Vista Real Santa Cruz project has not produced impacts during its construction phase and that the management of wastewater through a treatment plant is in accordance with the guidelines of SETENA. For these reasons, resolution number 279-2008 was issued granting environmental feasibility (viabilidad ambiental) to the project. The Ministry of Health, in official communication RchOrsa 406-2008, granted the location permit for the treatment plant, and the Municipality of Santa Cruz, in report PYSA 075 2008, authorized the construction of the treatment plant. Finally, MINAET gave its approval with the requirements of Decreto 33601-S Minaet, having verified that the respective permits comply with environmental regulations and have been technically evaluated, without it being verified that the reserve indicated by the amparo petitioners has been damaged. Consequently, the remedy must be dismissed.

IV.- DIFFERENT REASONS OF MAGISTRATES JINESTA LOBO AND SALAZAR ALVARADO. Magistrates Jinesta Lobo and Salazar Alvarado dismiss the remedy for different reasons which are the following:

1.- RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT AND ITS SUB-CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT THROUGH A VAST NORMATIVE FRAMEWORK. Article 50 of the 1949 Constitution, in the year 1994 (Law No. 7412 of June 3, 1994), underwent a partial reform to introduce into its 2nd paragraph, as an express and clearly classified fundamental right, the right of "Every person" to enjoy "a healthy and ecologically balanced environment". This fundamental right, before the constitutional reform of 1994, was broadly developed by the progressive and protective jurisprudence of this Constitutional Court, all based on the existing rules of International Human Rights Law, which fostered and established the conditions for the partial reform of Article 50 of the Constitution. After the partial reform of Constitutional numeral 50 in 1994, a dense, broad, and prolific sub-constitutional normative framework has been developed for the effective protection of the enjoyment and exercise of the right to a healthy and ecologically balanced environment, given that the 3rd paragraph provided that "The State shall guarantee, defend, and preserve that right"; constitutional imperatives and obligations that have led the Costa Rican State to establish a vast and extensive sub-constitutional normative framework that translates into various laws, regulations, and executive decrees, which address substantive and formal matters for the guarantee, protection, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Additionally, this sub-constitutional legal system has established an extensive and complex administrative organization to carry out the constitutional imperatives and obligations contained in the 3rd paragraph of constitutional article 50. Within this legal framework or parameter, created to develop Article 50 of the Constitution, the Organic Law of the Environment No. 7554 of October 4, 1995 stands out, which, among other things, develops and regulates first-order topics such as citizen participation in environmental matters (Chapter II), environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) (Chapter IV), protection and improvement of the environment in human settlements (Chapter V), land-use planning and environmental protection (Chapter VI), protected wilderness areas (Chapter VII), marine, coastal, and wetland resources (Chapter VIII), biological diversity (Chapter IX), natural resources such as air, water, and soil (Chapters XI, XII, XIII), as well as forestry and energy resources (Chapters X and XIV), pollution (Chapter XV), administrative environmental organization (XVII), and the creation of an Environmental Administrative Tribunal for the protection, defense, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Chapter XXI). Also noteworthy, in this dense and vast legislative framework, are the Forest Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 5, 1996 and its amendments, the Phytosanitary Protection Law, No. 7664 of April 8, 1997, the Law on the Concession and Operation of Tourist Marinas, No. 7744 of December 19, 1997, the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998, the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, No. 7779 of April 30, 1998 and, more recently, the Law for the Integrated Management of Waste, No. 8839 of June 24, 2010. On the other hand, even before the partial reform of Article 50 of the Constitution, sectoral laws for the protection and defense of certain aspects of the environment already existed, such as the Water Law, No. 276 of August 27, 1942 and its amendments, the General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973 and its amendments, the Animal Health Law, No. 6243 of May 2, 1978, the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 21, 1992 and its amendments, the Hydrocarbons Law, No. 7399 of May 3, 1994, and the Law on the Rational Use of Energy, No. 7447 of November 3, 1994. The normative framework, at the sub-legal level, is even more extensive with various executive regulations of those laws and decrees that regulate the protection, conservation, and defense of the environment. At this hierarchical level of protection, by way of example, the Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 31849 of May 24, 2004, which is the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, stands out. It thoroughly regulates all aspects of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) procedures for activities, works, and projects, according to predefined categories, to prevent any damage or injury to the environment, its review and environmental feasibility (viabilidad ambiental), its subsequent control and monitoring, complaints, participation mechanisms, the environmental manager, compliance and performance guarantees, and a sanctioning regime. Also prominent is Executive Decree No. 34136 of June 20, 2007, which is the Procedure Regulation of the Environmental Administrative Tribunal, tasked with hearing and resolving complaints regarding the threat of infraction or actual violation of environmental and natural resource protection legislation, and for establishing compensation for damages or injuries to these.

2.- NEED TO DELIMIT CONSTITUTIONALITY CONTROL AND LEGALITY CONTROL IN THE MATTER OF PROTECTING THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. The dense sub-constitutional normative framework or legal system that develops and strengthens the right to a healthy and ecologically balanced environment contemplated in Article 50 of the Constitution and that seeks its guarantee, protection, and preservation, obliges this Constitutional Court to have to delimit, in the matter, the orbit of constitutionality control from the sphere of legality control. In the case of mechanisms or matters of constitutionality, as Title IV of the Law of Constitutional Jurisdiction is called—a concept that encompasses the unconstitutionality action and the consultation of constitutionality (legislative and judicial)—the delimitation between constitutionality control and legality control is clear and unequivocal, since, without a doubt, this Constitutional Court has the competence to hear and resolve such matters exclusively and to the exclusion of others (articles 10 of the Constitution, 1, 2, subsection b), 73 to 108 of the Law of Constitutional Jurisdiction) thus, for example, when it is alleged that a legal or regulatory norm is unconstitutional for violating Article 50, that is, the right to a healthy and ecologically balanced environment, and the values and principles underlying it. The real problem in the delimitation of these two spheres of control arises with respect to the amparo remedy or process, for several evident reasons which are the following: a) The transversal nature of the right to a healthy and ecologically balanced environment, which penetrates all layers or strata of the legal system; b) the open texture of constitutional norms, whereby any grievance may appear to have a constitutional nature; and c) the tendency to use the amparo process as a substitute avenue for ordinary jurisdiction. However, some criteria can be established, based on Article 7 of the Law of Constitutional Jurisdiction, that allow the amparo process to be delimited from other ordinary jurisdictional processes. Thus, when a public authority—administrative entity or body—has intervened regarding an activity, work, or project, conducting studies, assessments, reports, or evaluations of any nature, by application of the dense and vast sub-constitutional legal system, it is clear that the matter must be lodged before ordinary jurisdiction and not the constitutional one. The same occurs when a public authority has omitted to comply with the obligations imposed on it, in matters of environmental and natural resource protection, by the sub-constitutional legal system, whether of a legal or regulatory nature. Under this understanding, this Constitutional Court must hear and resolve a matter in the amparo process only when no public authority has intervened in the exercise of its oversight or authorization powers and a conduct is being carried out that is potentially or actually harmful to the right to a healthy and ecologically balanced environment; additionally, the violation of that right must be evident and manifest or easily verifiable—without major production or evacuation of evidence—and, furthermore, it must be of great relevance or significance and be serious. If a public authority has failed to comply with the obligations and duties developed in the sub-constitutional legal system, the matter should also not be heard by the constitutional jurisdiction, because, in addition to the complaint mechanisms provided at the administrative level, ordinary jurisdiction, especially the contentious-administrative, has sufficient competence to oversee the material or formal omissions of public entities. From the moment a public authority has intervened, exercising its legal and regulatory powers, processing a procedure—a concatenated series of administrative actions—and issuing administrative acts, the matter will be outside the orbit of constitutionality control, just as if it fails to comply with or omits its legal and regulatory obligations. The amparo remedy is, essentially, a summary process governed by simplicity or, in the terms of Article 25 of the American Convention on Human Rights, a remedy that must be simple and swift. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions—procedures and formal acts that translate and materialize into an administrative file—the matter ceases to be subject of amparo, because one must resort to a process of full cognition, that is, a full knowledge process that can only be conducted before ordinary jurisdiction. The amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria issued in light of the sub-constitutional legal system or to produce new evidentiary elements to contrast those contained in an administrative file that has been processed over prolonged periods and deliberately. The amparo process, in short, cannot be converted into an ordinary process of full cognition ("ordinary it"), since it is distorted and perverted in its ends and purposes; hence, when a public authority has intervened by conducting studies, endorsing or homologating expert reports presented by interested parties, issuing reports, issuing administrative resolutions, permits, licenses, or any other formal administrative act, or, in general, processing one or more administrative procedures, the amparo process is not the avenue to supervise such actions but rather the contentious-administrative process. The administrative intervention that can be verified or confirmed is decisive for considering that the matter is located on the plane or level—in itself abstract and open—of constitutionality, or on the denser one of legality. Nor should this Constitutional Court enter into hearing and resolving the breach of obligations imposed by the legal or regulatory normative framework, since, for that purpose, powerful and efficient instruments exist at the administrative level (sanctioning regime, complaints, the Environmental Administrative Tribunal) and, ultimately, a contentious-administrative jurisdiction whose function is to control the legality of the administrative function (constitutional article 49), within which figure legal or regulatory, material or formal omissions—an ordinary jurisdiction that now, with the new procedural legislation, is more flexible, expeditious, swift, full, and universal.

3.- COROLLARY. For the reasons stated, we consider that in this amparo remedy should have been summarily rejected outright (ad limine litis) for involving a matter pertaining to legality control; however, as this was not the case, we consider that it must be dismissed, without ruling on the merits of the matter, since it is for ordinary jurisdiction, particularly the contentious-administrative, to determine whether the administrative actions and conducts deployed (active or omissive) in the sub-lite are substantially in accordance or not with the sub-constitutional legal system for the protection, guarantee, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

V.- Dissenting vote of Magistrate Hernández López regarding the claim for violation of Article 50 of the Political Constitution.

I adopt the reasoning set forth by Magistrate Jinesta Lobo that supports his thesis for dismissing this remedy for violation of Article 50 of the Political Constitution, but I add the following:

1. The historical context that at the time motivated the Chamber's broad intervention in environmental matters has undergone a considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as has been protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by a very extensive production of laws and regulations that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate competence imposed upon the Chamber a leading, almost unique, role in the defense of the aforementioned constitutional right.

2. Today, we find ourselves facing a "dense framework" of environmental regulations—as accurately described by Magistrate Jinesta Lobo in his dissenting vote on this matter—which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all regulated, as well as the creation of state bodies with powers of oversight and control over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon is that this growing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry into the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the contentious-administrative, but also the criminal. In them, in accordance with the importance of environmental law, procedural avenues and inclusive means of standing have been broadly regulated, so that individuals can enforce what is established in that broad legal order related to environmental matters.

3. In this context, it is neither legally appropriate, nor from a functional point of view, for the Constitutional Chamber to displace, or—even worse—substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases what is requested is to interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its competences with those of other jurisdictional bodies that—they indeed—were created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes is poorly suited to the complexity present in numerous environmental conflicts composed of series of technically and legally complex facts and acts.

On both issues there are well-known examples in which the Chamber has delivered a half-finished or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and impacts on legal certainty have been generated.

4. As part of the technical aspects I have evaluated, I add the fact that this jurisdiction lacks sentence-execution judges to allow for adequate follow-up on these—generally complex—rulings, which sometimes involve monitoring remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up lasting months and even years.

5. From that perspective, the decision by this Court to step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of environmental matters, but rather the opposite, as its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as this instance's declination of its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, a task which, from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise of readjustment of the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each of them may fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as an exercise of fixing its own competence, as established in Article 7 of its Organic Law.

6. It is clear that the Chamber does not propose abandoning the task of protecting individuals' rights in environmental matters to other jurisdictions. It is known that while any claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. The aim, then, is for the Chamber to become a protagonist alongside others, so that—among all and each in its own space—the full variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society in which other equally pressing needs also exist can be covered. With this position I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but substantial gains are made in breadth, in perspective, and in respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system such as ours.- 7. In line with the above, I maintain that this Chamber must abstain from hearing claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, in order to leave their hearing in the hands of administrative justice and the administrative litigation jurisdiction. The foregoing is affirmed as a general rule, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would indeed be better protected by this Chamber and must therefore be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this list being considered a closed and definitive list, I can indicate that the Chamber should reserve for itself the hearing of situations such as, for example, claims for environmental infringements that also put people's health at direct risk, or the access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a manifest absence of protection by state authorities is verified, provided always that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I consider that the amparo should not be "ordinary-ized" to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately handled within it.

8. In the specific case, it is observed that the situation raised regarding construction permit issues and alleged failures in controlling impacts on the environment falls within those situations in which the intervention of the protective means of ordinary justice proves to be a broader and more complete route; therefore, in application of the foregoing reasoning and Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I vote to summarily dismiss the appeal (recurso).-

Therefore:

The appeal is declared without merit. Judges Jinesta Lobo and Salazar Alvarado provide different reasons. Judge Hernández López summarily dismisses the appeal.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 14:49:48.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2014001587 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del siete de febrero de dos mil catorce.

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 12-013146-0007-CO, interpuesto por ADRIAN JOSE LOPEZ GUTIERREZ, cédula de identidad 0503740139, ALBAN ROSALES C, cédula de identidad 0501580951, ALEXANDER GONZALEZ HERNANDEZ, cédula de identidad 0503780966, ALEXANDER JIMENEZ REYES, cédula de identidad 0108660239, AMALIA MENDEZ DUARTE, cédula de identidad 0501340558, ANA CRISTINA ARAYA M, cédula de identidad 0503540509, ANA LORENA GONZALEZ CH, cédula de identidad 0503870901, ANA LORENA RODRIGUEZ RAMIREZ, cédula de identidad 0107320898, ANABELLE CHAVEZ G, cédula de identidad 0501880458, BERENICE GUADAMUZ CHAVES, cédula de identidad 0503020258, CARLOS ALVAREZ RUIZ, cédula de identidad 0501920900, CARLOS MIGUEL CHAVES VASQUEZ, cédula de identidad 0501940372, CECILIA ALVAREZ D, cédula de identidad 0501640742, CESAR URBINA BRICEÑO, cédula de identidad 0503790076, CESAR URBINA BRICEÑO, ninguno, CINDY R GUTIERREZ ATENCIO, cédula de identidad 0503770272, CINTHYA GUTIERREZ PEÑA, cédula de identidad 0503840038, DAUDIER ANGEL HERNANDEZ LOPEZ, cédula de identidad 0503350203, EDGAR RUIZ PIZARRO, cédula de identidad 0503110280, EDUARDO GONZALEZ CHAVES, cédula de identidad 0503340834, EDUARDO MERINO BRENES, cédula de identidad 0104500720, ELI ALVAREZ RUIZ, cédula de identidad 0502030523, EMILCE VIALES GUIDO, cédula de identidad 0500780726, ERICK ARRIETA RODRIGUEZ, cédula de identidad 0500380231, ERICK ARRIETA RODRIGUEZ, cédula de identidad 0503800231, ERICKA ALVAREZ G, cédula de identidad 0502940939, EUGENIA RODRIGUEZ PIZARRO, cédula de identidad 0502080910, GERARDO GUTIERREZ JAEN, cédula de identidad 0501410325, GERARDO SANCHEZ ALVAREZ, ninguno, GLENDA XIOMARA BARRANTES FAJARDO, cédula de identidad 0502600624, GREIVIN DINARTE PEÑA, cédula de identidad 0503570556, GREIVIN ROSALES CHAVES, cédula de identidad 0503790423, GRISELDA RUIZ BARRANTES, cédula de identidad 0500900286, GUILLERMINA DE JESUS CHAVES BARRANTES, cédula de identidad 0501461023, HUNG JUNHUNG , cédula de residencia 115600338733, JAIRO URBINA RUIZ, cédula de identidad 0109020909, JEFFRY ARGUEDAS CARVAJAL, cédula de identidad 0108910210, JOHAN MORENO CASTELLON, cédula de identidad 0503870575, JONATHAN HERNANDEZ CUBILLO, ninguno, JORGE GREGORIO CHAVES GUTIERREZ, cédula de identidad 0501970676, mayor, , vecino(a) de contra ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, DIRECTOR DEL AREA RECTORA DE SALUD DE SANTA CRUZ, JEFE SUCURSAL DE LA REGION CHOROTEGA DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, PRESIDENTE DE LA TORRE DIRIÁ S.A., PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL, SECRETARIO TÉCNICO NACIONAL AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES.

Resultando:

1.- En escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil doce, los recurrentes manifiestan que son vecinos del Barrio Limón, en Santa Cruz, Guanacaste. Señalan que de la carretera principal número 21 hasta sus casas de habitación, se encuentra un callejón de no más de cinco metros de ancho, y al final del mismo se encuentra el Río Diriá. Dicen que, prácticamente, desde la entrada de este callejón que comienza desde el Vivero La Floresta hasta la casa de la recurrente María del Mar Burbano Molina -cuatrocientos metros-, se encuentra una Reserva Forestal de la Universidad de Costa Rica, en donde se localiza gran cantidad de flora y fauna, mucha de ella en vías de peligro de extinción. Indican que al frente del referido callejón se encuentra un residencial ya terminado, y dentro de éste, el Proyecto Vista Real Santa Cruz Segunda Etapa, propiedad de La Torre Diriá, Sociedad Anónima, en el cual se va a instalar una planta de tratamiento de aguas que verterá las aguas en el río Diriá. Consideran que tanto ellos como el medio ambiente, serán perjudicados con el proyecto de vertidos de agua residuales por parte de la planta de tratamiento del proyecto habitacional. Manifiestan que aunque aparentemente existan algunos permisos, no se ha realizado ninguna visita de campo por parte de las autoridades competentes ni al proyecto, ni al río, a fin de revisar el trayecto que abarcará dicho vertedero de aguas residuales, con lo cual se desconocen las consecuencias negativas y eventuales problemas futuros. Manifiestan que en época seca no hay caudal al cual se puedan arrojar las aguas, y durante la época lluviosa, ese río se desborda inundando sus casas y tomando prácticamente el callejón por donde transitan. Sostiene que han detectado una serie de anomalías tales como que los permisos no se encuentran actualizados y fueron dados a personas distintas de aquellas que cancelan los riesgos de trabajo; no ha existido estudio de impacto ambiental; los materiales y las dimensiones reales no coinciden con los aprobados en los permisos, y algunos de esos permisos fueron otorgados a una tercera sociedad -Edificaciones Coloniales Rocha, Sociedad Anónima-. Además, no existen estudios que señalen dónde se colocarán los tubos del proyecto, ni qué problemas ambientales se provocarán al instalarlos por el callejón por donde parece se van a ubicar; tampoco se estudió el camino ni la zona por donde irán las alcantarillas de las aguas tratadas para averiguar si este camino y zona podría llevar los tubos hacia el río Diriá; no hay un tratamiento distinto de las aguas fluviales y las aguas tratadas; se pretende instalar la tubería de la planta de tratamiento junto o contigua a la tubería ya existente de agua potable, lo cual podría causar filtraciones dentro del agua potable. Sumado a ello, el callejón bordea la Reserva Forestal de la Universidad de Costa Rica, la cual tiene grandes árboles de más de cien años cuyas sus raíces podría romper la tubería de agua potable o la tubería de agua tratada causando fugas, con lo cual las aguas se revolverían ante las infiltraciones de la una en la otra contaminándose el agua potable. Añaden que se van a colocar tapas de registro cada cincuenta metros, lo que demuestra que se instalarán alcantarillas, no tuberías PVC. Finalmente, tampoco se estudió el gran impacto ambiental que se tendría sobre la reserva forestal donde existen árboles en extinción -ejemplo el caso del árbol de Ojoche-, muchas especies de aves nativas y donde los niños y padres practican la pesca artesanal y recreación familiar. En su criterio, la situación descrita está violentando su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ya que las autoridades competentes se han limitado a otorgar los permisos sin analizar a fondo la situación y las consecuencias y problemas futuros que esta construcción podría ocasionar a la población de Santa Cruz.

2.- El Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental informa que se realizó una inspección al proyecto el 1 de noviembre de 2012 para verificar si se efectuó la viabilidad en los términos en que fue otorgado; que la vigencia del proyecto es de dos años y una prórroga fue otorgada en el 2010; que el 12 de diciembre de 2012 el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental realizó una visita de seguimiento ambiental en el área del proyecto; que se emitió el oficio ASA 150-2012 de 22 de enero de 2012 y el informe técnico bajo el oficio ASA 149 2013 de 22 de enero de 2013; que de conformidad con la inspección de seguimiento ambiental el proyecto Condominio Vista Real Santa Cruz no ha producido impactos durante su fase constructiva y que el manejo de aguas residuales por medio de una planta de tratamiento se encuentra acorde con lo aprobado por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental.

3.- El Alcalde Municipal de Santa Cruz informa que la planta de tratamiento en el proyecto de cita cuenta con la viabilidad ambiental de Setena, resolución número 279-2008 Setena; que el Ministerio de Salud en oficio RchOrsa 406-2008 otorgó el permiso de ubicación para la planta de tratamiento, por lo que la Municipalidad en informe PYSA 075 2008 autorizó la construcción de la planta de tratamiento; que el Minaet dio el aval con los requisitos del Decreto 33601-S Minaet; que se verificaron los permisos respectivos que cumplen con la normativa ambiental.

4.- El representante de Torre Diría S.A indica que su representadas desarrollo el proyecto habitacional Condominio de Santa Cruz de Guanacaste; que cuenta con todos los permisos y la inspección del Colegio Federado de Ingenieros; que ningún arbol de la reserva ha sido dañado, son solo suposiciones infundadas de los recurrentes.

5.- En los procedimientos se han observado los términos y prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- Sobre el objeto del recurso. Los recurrentes acuden a este Sala para que se declara que el proyecto Vista Real Santa Cruz Segunda Etapa, propiedad de La Torre Diriá, Sociedad Anónima, no cuenta con los permisos de Setena y se construyó una planta de tratamiento del proyecto habitacional, sin los respectivos permisos ambientales, lo que lesiona el derecho a un ambiente sano.

II.- Sobre los hechos. De importancia para la resolución de este asunto, se tienen los siguientes hechos: a) que los recurrentes son vecinos del Barrio Limón, en Santa Cruz, Guanacaste (ver exp electrónico); b) que en dicha comunidad se construyó el Proyecto Vista Real Santa Cruz Segunda Etapa, propiedad de La Torre Diriá, Sociedad Anónima (ver exp electrónico); c) que la Setena realizó una inspección al proyecto el 1 de noviembre de 2012 para verificar si se efectuó la viabilidad en los términos en que fue otorgado; que la vigencia del proyecto es de dos años y una prórroga fue otorgada en el 2010 (ver exp electrónico); d) que el 12 de diciembre de 2012 el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de Setena realizó una visita de seguimiento ambiental en el área del proyecto; que se emitió el oficio ASA 150-2012 de 22 de enero de 2012 y el informe técnico bajo el oficio ASA 149 2013 de 22 de enero de 2013; que de conformidad con la inspección de seguimiento ambiental el proyecto Condominio Vista Real Santa Cruz no ha producido impactos durante su fase constructiva y que el manejo de aguas residuales por medio de una planta de tratamiento se encuentra acorde con lo aprobado por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (ver los informes bajo juramento); e) que Setena, resolución número 279-2008 dio la viabilidad ambiental al proyecto (ver autos); f) que el Ministerio de Salud en oficio RchOrsa 406-2008 otorgó el permiso de ubicación para la planta de tratamiento, por lo que la Municipalidad en informe PYSA 075 2008 autorizó la construcción de la planta de tratamiento (ver los autos); que el Minaet dio el aval con los requisitos del Decreto 33601-S Minaet, por haber verificado los permisos respectivos que cumplen con la normativa ambiental (ver los autos).

III.- Sobre el derecho. Aducen los recurrentes que se lesiona su derecho al ambiente por el hecho de que se construye el Proyecto Vista Real Santa Cruz Segunda Etapa, propiedad de La Torre Diriá, Sociedad Anónima. Para los recurrentes el proyecto carece de los permisos ambientales respectivos y se construyó una planta de tratamiento de aguas residuales que perjudica reservas forestales. Pero lo cierto es que si bien el derecho al ambiente es un derecho fundamental que debe ser protegido por los órganos del Estado, y las empresas dedicadas a la construcción de proyectos habitaciones deben cumplir con las limitaciones impuestas por ley, en este caso, según la amplia relación de hechos, las regulaciones legales y reglamentarias han sido cumplidas y el derecho al ambiente no se ha visto menoscabado. En efecto, la Setena realizó una inspección al proyecto el 1 de noviembre de 2012 para verificar si se efectuó la viabilidad en los términos en que fue otorgado y el 12 de diciembre de 2012 el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de esa Secretaria realizó una visita de seguimiento ambiental en el área del proyecto, emitiendo el oficio ASA 150-2012 de 22 de enero de 2012 y el informe técnico bajo el oficio ASA 149 2013 de 22 de enero de 2013, que dio cuenta que el proyecto Condominio Vista Real Santa Cruz no ha producido impactos durante su fase constructiva y que el manejo de aguas residuales por medio de una planta de tratamiento se encuentra acorde con los lineamientos de Setena. Por estas razones, se dictó la resolución número 279-2008 que dio la viabilidad ambiental al proyecto. El Ministerio de Salud en oficio RchOrsa 406-2008 otorgó el permiso de ubicación para la planta de tratamiento, y la Municipalidad de Santa Cruz en informe PYSA 075 2008 autorizó la construcción de la planta de tratamiento. Finalmente, el Minaet dio el aval con los requisitos del Decreto 33601-S Minaet, por haber verificado los permisos respectivos que cumplen con la normativa ambiental y han sido valorados técnicamente, sin que se constate que la reserva que indican los amparados haya sido dañada. Consecuentemente, el recurso debe desestimarse.

IV.- RAZONES DIFERENTES DE LOS MAGISTRADOS JINESTA LOBO Y SALAZAR ALVARADO. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado declaran sin lugar el recurso por razones diferentes que son las siguientes:

1.- DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO Y SU DESARROLLO INFRA CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE UN VASTO ENTRAMADO NORMATIVO. El artículo 50 de la Constitución de 1949, en el año de 1994 (Ley No. 7412 de 3 de junio de 1994) sufrió una reforma parcial para introducir en el, párrafo 2°, como un derecho fundamental expreso y claramente tipificado el que tiene “Toda persona” de gozar “a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho fundamental, antes de la reforma constitucional de 1994, fue ampliamente desarrollado por una jurisprudencia progresista y tuitiva de este Tribunal Constitucional, todo con fundamento en la normativa existente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que propició y estableció las condiciones para la reforma parcial del artículo 50 de la Constitución. Después de la reforma parcial al numeral 50 de la Constitución en 1994, se ha venido desarrollando un denso, amplio y prolijo marco normativo infra constitucional para la protección efectiva del goce y ejercicio del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, habida cuenta que el párrafo 3° dispuso que “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho”; imperativos y obligaciones constitucionales que han llevado al Estado costarricense a establecer un vasto y extenso entramado normativo infra constitucional que se traduce en diversas leyes, reglamentos y decretos ejecutivos, los que se encargan de cuestiones sustantivas y formales para la garantía, tutela y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Adicionalmente, ese ordenamiento jurídico sub constitucional, ha establecido una organización administrativa extensa y compleja para actuar los imperativos y obligaciones constitucionales contenidas en el párrafo 3° del artículo 50 constitucional. Dentro de este bloque o parámetro de legalidad, creado para desarrollar el artículo 50 de la Constitución, destaca la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 4 de octubre de 1995, la que, entre otros extremos, desarrolla y regula temas de primer orden como la participación ciudadana en materia ambiental (Capítulo II), la evaluación del impacto ambiental (Capítulo IV), la protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos (Capítulo V), el ordenamiento territorial y la protección del ambiente (Capítulo VI), las áreas silvestres protegidas (Capítulo VII), los recursos marinos, costeros y humedales (Capítulo VIII), la diversidad biológica (Capítulo IX), los recursos naturales como el aire, agua y suelo (Capítulos XI, XII, XIII), así como los forestales y energéticos (Capítulos X y XIV), la contaminación (artículo XV), la organización administrativa ambiental (XVII) y la creación de un Tribunal Ambiental Administrativo para la tutela, defensa y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Capítulo XXI). También destacan, en ese denso y vasto entramado legislativo, la Ley Forestal, No. 7575 de 5 de febrero de 1996 y sus reformas, la Ley de Protección Fitosanitaria, No. 7664 de 8 de abril de 1997, la Ley de concesión y operación de marinas turísticas, No. 7744 de 19 de diciembre de 1997, la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, No. 7779 de 30 de abril de 1998 y, más recientemente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839 de 24 de junio de 2010. De otra parte, incluso, antes de reformarse parcialmente el artículo 50 de la Constitución, ya existían leyes sectoriales de protección y defensa de ciertos aspectos del medio ambiente, tales como la Ley de Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942 y sus reformas, la Ley General de Salud, No. 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas, la Ley de Salud Animal, No. 6243 de 2 de mayo de 1978, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 de 21 de octubre de 1992 y sus reformas, la Ley de Hidrocarburos, No. 7399 de 3 de mayo de 1994 y la Ley del uso racional de la energía, No. 7447 de 3 de noviembre de 1994. El marco normativo, en el plano infra legal, es aún más nutrido con diversos reglamentos ejecutivos de esas leyes y decretos que regulan la protección, conservación y defensa del medio ambiente. En este nivel jerárquico de protección, a modo de ejemplo, destaca el Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004 que es el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que regula, prolijamente, todas las aristas de los procedimientos de Evaluación del Impacto ambiental de actividades, obras y proyectos, según categorías predefinidas, para prevenir cualquier daño o lesión al ambiente, su revisión y la viabilidad ambiental, su control y seguimiento posterior, denuncias, mecanismos de participación, el responsable ambiental, las garantías de cumplimiento y de funcionamiento y un régimen sancionador. También descuella el Decreto Ejecutivo No. 34136 de 20 de junio de 2007 que es el Reglamento de procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo encargado de conocer y resolver las denuncias por amenaza de infracción o violación efectiva a la legislación tutelar del ambiente y de los recursos naturales y para establecer las indemnizaciones por daños o lesiones a éstos.

2.- NECESIDAD DE DESLINDAR EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE LEGALIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. El denso marco normativo o ordenamiento jurídico infra constitucional que desarrolla y fortalece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado contemplado en el artículo 50 de la Constitución y que procura su garantía, tutela y preservación, obliga a este Tribunal Constitucional a tener que deslindar, en la materia, la órbita del control de constitucionalidad de la esfera del control de legalidad. Tratándose de los mecanismos o de las cuestiones de constitucionalidad, tal y como se denomina el Título IV de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, concepto que comprende a la acción de inconstitucionalidad y la consulta de constitucionalidad –legislativas y judiciales-, la delimitación entre el control de constitucionalidad y de legalidad es clara e inequívoca, por cuanto, sin duda alguna, le compete a este Tribunal Constitucional conocer y resolver tales materias de manera exclusiva y excluyente (artículos 10 de la Constitución, 1°, 2°, inciso b), 73 a 108 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) así, por ejemplo, cuando se aduce que una norma legal o reglamentaria es inconstitucional por quebrantar el artículo 50, sea el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los valores y principios subyacentes en éste. El problema real en la delimitación de sendas esferas de control, surge respecto del recurso o proceso de amparo, por varias razones evidentes que son las siguientes: a) El carácter transversal del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que penetra todas las capas o estratos del ordenamiento jurídico; b) la textura abierta de la normas constitucionales con lo que cualquier agravio puede parecer que tiene naturaleza constitucional y c) la tendencia de utilizar el proceso de amparo como una vía sustitutiva de la jurisdicción ordinaria. Empero, pueden establecerse algunos criterios, con fundamento en el artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que permiten delimitar el proceso de amparo de otros procesos jurisdiccionales ordinarios. Así, cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público –ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional. Lo mismo sucede cuando un poder público ha omitido cumplir con las obligaciones que le impone, en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, el ordenamiento jurídico infra constitucional sea de naturaleza legal o reglamentario. Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional debe conocer y resolver un asunto en el proceso de amparo, únicamente, cuando ningún poder público haya intervenido ejerciendo sus competencias de fiscalización o de autorización y se esté desarrollando una conducta, potencial o actualmente, lesiva del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, adicionalmente, debe tratarse de una violación de ese derecho evidente y manifiesta o fácilmente constatable –sin mayor producción o evacuación de prueba- y, además, debe revestir gran relevancia o trascendencia y ser grave. Si un poder público ha incumplido las obligaciones y deberes que desarrolla el ordenamiento jurídico infra constitucional, el tema tampoco debe ser conocido por la jurisdicción constitucional, por cuanto, además de los mecanismos de denuncia previstos en sede administrativa, la jurisdicción ordinaria, en especial la contencioso-administrativa, tiene competencia suficiente para fiscalizar las omisiones materiales o formales de los entes públicos. Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento –serie concatenada de actuaciones administrativas- y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad, lo mismo si incumple u omite sus obligaciones legales y reglamentarias. El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria. El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente. El proceso de amparo, en definitiva, no puede ser convertido en un proceso ordinario de cognición plena (“ordinariarlo”), por cuanto, se desnaturaliza y pervierte en sus fines y propósitos, de ahí que, cuando un poder público ha intervenido efectuando estudios, avalando u homologando experticias presentadas por las partes interesadas, rendido informes, emitiendo resoluciones administrativas, permisos, licencias o cualquier otro acto administrativo formal o, en general, sustanciando uno o varios procedimientos administrativos, el proceso de amparo no es la vía para fiscalizar tales actuaciones sino el proceso contencioso-administrativo. La intervención administrativa que se logre verificar o comprobar, es determinante para estimar que el asunto se ubica en el plano o nivel, de por sí abstracto y abierto, de la constitucionalidad o en el más denso de la legalidad. Tampoco, este Tribunal Constitucional debe entrar a conocer y resolver el incumplimiento de las obligaciones que impone el marco normativo legal o reglamentario, puesto que, para tal efecto, existen poderosos y eficientes instrumentos en sede administrativa (régimen sancionador, quejas, el Tribunal Ambiental Administrativo) y, en último término, una jurisdicción contencioso-administrativa cuya función es controlar la legalidad de la función administrativa (artículo 49 constitucional), dentro de la que figuran las omisiones legales o reglamentarias, materiales o formales, jurisdicción ordinaria que ahora, con la nueva legislación adjetiva, es más flexible, expedita, célere, plenaria y universal.

3.- COROLARIO. Por lo expuesto, estimamos que el presente recurso de amparo debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad, sin embargo, no habiendo sido así, consideramos que se debe declarar sin lugar, sin pronunciarme en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en particular, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

V.- Voto salvado de la Magistrada Hernández López respecto del reclamo por infracción del artículo 50 de la Constitución Política.

Hago míos los razonamientos expuestos por el Magistrado Jinesta Lobo que sustentan su tesis sobre para desestimar este recurso por infracción del artículo 50 de la Constitución Política, pero agrego lo siguiente:

1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.

2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental –tal y como acertadamente lo ha descrito el Magistrado Jinesta Lobo en su voto salvado sobre este tema- lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.

3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.

6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.

8. En el caso concreto, se observa que la situación planteada en relación con cuestiones de permisos de construcción, y supuestas fallas en el control de afectaciones al ambiente, se ubica dentro de aquellas situaciones en las que la intervención de los medios de protección de la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa por lo cual, en aplicación de los anteriores razonamientos y del artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional voto por rechazar de plano el recurso.-

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado dan razones diferentes. La Magistrada Hernández López rechaza de plano el recurso.

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos
    • Environmental Law 7554 — EIA, SETENA, and Public ParticipationLey Orgánica del Ambiente 7554 — EIA, SETENA y Participación Pública

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Constitución Política Art. 50
    • Ley Orgánica del Ambiente No. 7554
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 7
    • Decreto Ejecutivo 31849 Reglamento General sobre Procedimientos de EIA

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