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Res. 01884-2014 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/02/2014

Undue delay in resolving environmental complaint about telecommunications towerDilación indebida en resolver denuncia ambiental por torre de telecomunicaciones

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo is granted for violation of the right to a prompt and completed administrative procedure; the Municipality of Alajuela is ordered to resolve the environmental complaint within two months, with condemnation to pay costs, damages, and losses.Se declara con lugar el amparo por violación al derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido; se ordena a la Municipalidad de Alajuela resolver la denuncia ambiental en el plazo de dos meses, con condena en costas, daños y perjuicios.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber grants an amparo action against the Municipality of Alajuela for violating the fundamental right to a prompt and completed administrative procedure, as enshrined in Article 41 of the Political Constitution. The petitioner had filed an environmental complaint on October 18, 2013, regarding the installation of a cell phone tower allegedly lacking required permits and potentially affecting the environment. By the time the amparo was filed (January 20, 2014) and even during its processing, the municipality had not issued a definitive resolution, merely informing that the towers lacked construction permits and that the fiscal control department had been notified. The Court finds that the municipality's conduct amounts to undue delay, violating the petitioner's right, as more than three months had elapsed without a final administrative decision. The municipality is ordered to resolve the complaint within two months of notification of the judgment and is condemned to pay costs, damages, and losses. The Chamber clarifies that, per its precedent, substantive legality challenges regarding the construction must be pursued before the municipality itself or the ordinary courts, not in this constitutional venue.La Sala Constitucional declara con lugar un recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de Alajuela por violación al derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política. El recurrente había presentado una denuncia ambiental el 18 de octubre de 2013 por la instalación de una torre de telefonía celular sin los permisos correspondientes, alegando posible afectación al ambiente. A la fecha de interposición del amparo (20 de enero de 2014) y aún durante su tramitación, la municipalidad no había resuelto la denuncia de forma definitiva, limitándose a informar que las torres carecían de permiso de construcción y que se había dado aviso a control fiscal. El Tribunal considera que la actuación municipal constituye una dilación indebida que lesiona el derecho de la parte gestionante, pues ha transcurrido un plazo superior a tres meses sin una resolución final que ponga fin al procedimiento administrativo. Se ordena a la Municipalidad resolver la denuncia en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la sentencia y se le condena al pago de costas, daños y perjuicios. La Sala aclara que, conforme a su jurisprudencia, los reclamos sobre la legalidad sustantiva de la construcción deben ventilarse ante la propia municipalidad o la jurisdicción ordinaria, no en esta sede constitucional.

Key excerptExtracto clave

VI.- CONCRETE CASE. After analyzing the evidence submitted to the record and the reports rendered under oath by the authorities of the Municipality of Alajuela, this Constitutional Court finds that the protected party is correct in his claim. It has been proven that, even though the complaint in question was filed on October 18, 2013, more than three months later it has not been definitively resolved. Note that the only thing the referred corporation has done—even on the occasion of the amparo—is to notify the protected party of a letter indicating that, indeed, the reported telecommunications tower does not have a construction permit and that this situation had already been communicated to the competent department for appropriate action. However, this action, in the opinion of this Chamber, does not definitively resolve the complaint filed by the amparo petitioner but merely informs him of the initiation of the pertinent procedures to bring the situation into compliance with the law. Therefore, this constitutional jurisdiction finds that, in this case, there has been an undue delay or unjustified holdup that violates the fundamental right to a prompt and completed administrative procedure.VI.- CASO CONCRETO. Luego de analizadas las pruebas aportadas a los autos, así como los informes rendidos bajo juramento por las autoridades de la Municipalidad de Alajuela, este Tribunal Constitucional estima que lleva razón el tutelado en su alegato. Se tiene por demostrado que, a pesar de que la denuncia en cuestión fue formulada desde el 18 de octubre de 2013, más de tres meses después no ha sido resuelta de forma definitiva. Nótese que lo único que ha efectuado la referida corporación -incluso con ocasión del amparo-, es notificarle al tutelado un oficio a través del cual se le indicó que, efectivamente, la torre de telecomunicaciones denunciada no cuenta con permiso de construcción y que tal situación ya se había comunicado al departamento competente para su debida diligencia. Sin embargo, dicha actuación, en criterio de esta Sala, no resuelve, definitivamente, la denuncia formulada por el amparado, sino que, solamente, le comunica el inicio de los procedimientos pertinentes para ajustar a derecho la situación. Así las cosas, esta jurisdicción constitucional estima que, en la especie, se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El Derecho a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la Constitución Política no se limita, en el Derecho Administrativo, al ámbito jurisdiccional, (...) sino que se proyecta y expande con fuerza, también, a la vía administrativa o gubernativa previa a la judicial, esto es, a los procedimientos administrativos."

    "The right to prompt and completed justice under Article 41 of the Political Constitution is not limited, in Administrative Law, to the judicial sphere, (...) but extends forcefully also to the administrative or governmental phase prior to the judicial, i.e., to administrative procedures."

    Considerando IV

  • "El Derecho a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la Constitución Política no se limita, en el Derecho Administrativo, al ámbito jurisdiccional, (...) sino que se proyecta y expande con fuerza, también, a la vía administrativa o gubernativa previa a la judicial, esto es, a los procedimientos administrativos."

    Considerando IV

  • "La substanciación de las solicitudes formuladas por los administrados requiere de un tiempo necesario que garantice el respeto de los derechos fundamentales de éstos, una ponderación adecuada de los elementos fácticos, jurídicos, del interés particular, de terceros y de los intereses públicos involucrados. Sin embargo, lo anterior no legitima jurídicamente a las administraciones públicas para que prolonguen indefinidamente el conocimiento y resolución de los asuntos..."

    "The processing of requests made by individuals requires the necessary time to guarantee respect for their fundamental rights, an adequate weighing of factual and legal elements, the private interest, third parties, and the public interests involved. However, this does not legally legitimize public administrations to indefinitely prolong the handling and resolution of matters..."

    Considerando IV

  • "La substanciación de las solicitudes formuladas por los administrados requiere de un tiempo necesario que garantice el respeto de los derechos fundamentales de éstos, una ponderación adecuada de los elementos fácticos, jurídicos, del interés particular, de terceros y de los intereses públicos involucrados. Sin embargo, lo anterior no legitima jurídicamente a las administraciones públicas para que prolonguen indefinidamente el conocimiento y resolución de los asuntos..."

    Considerando IV

  • "Así las cosas, esta jurisdicción constitucional estima que, en la especie, se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido."

    "Therefore, this constitutional jurisdiction finds that, in this case, there has been an undue delay or unjustified holdup that violates the fundamental right to a prompt and completed administrative procedure."

    Considerando VI

  • "Así las cosas, esta jurisdicción constitucional estima que, en la especie, se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido."

    Considerando VI

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Constitutional Chamber Case File: 14-000688-0007-CO Type of matter: Amparo Action Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Resolution Text Case File: 14-000688-0007-CO Res. No. 2014001884 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on the fourteenth of February, two thousand fourteen.

Amparo action processed in case file number 14-000688-0007-CO, filed by ALVARO SAGOT RODRIGUEZ, identity card 0203650227, of legal age, attorney, resident of Palmares, against the MUNICIPALITY OF ALAJUELA.

Whereas:

1.- By a written submission received in the Secretariat of the Chamber at 11:10 a.m. on January 20, 2014, the petitioner files an amparo action against the Municipality of Alajuela. He states that on October 18, 2013, he filed an environmental complaint before the Municipality of Alajuela against the installation of a cellular telephone tower located in the province of Alajuela, canton of Alajuela, First District of Alajuela, under cadastral plan number A-0345643-1996, property of Francisco Antonio Moya Ledezma. He claims that as of the date this action was filed, said petition has not been addressed. The petitioner requests that the respondent be ordered to respond to his complaint immediately.

2.- By a written submission received in the Secretariat of the Chamber at 4:17 p.m. on January 30, 2014, Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as Municipal Mayor of Alajuela, reports under oath that by official letter MA-A- 261-2014 of January 30, 2014, a response was given to the petitioner and he was informed that after verifying the report issued by the Infrastructure Planning and Construction Process contained in official letter MA-PPCI-060-2014, regarding the location of each of the towers, it was confirmed that they do not have a construction permit processed or approved for that type of structure, and therefore the Infrastructure Planning and Construction Process had already proceeded to inform the Fiscal and Urban Control Process of said situation for the respective notifications, to which follow-up will be given in the ongoing process. He requests that the action filed be dismissed.

3.- By a written submission received at 4:08 p.m. on January 30, 2014, William Quirós Selva, in his capacity as President of the Municipal Council of the Municipality of Alajuela, reiterates what was reported by the Municipal Mayor.

4.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,

Considering:

I.- CLARIFICATION. Prior to analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, since ruling No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear applicable administrative appeals. Precisely, in this case, an exception scenario is presented—supported by the majority of this Constitutional Court—because we are faced with the filing of a complaint challenging the installation of a telecommunications tower that could potentially affect the environment, which, in turn, has allegedly not been resolved within a reasonable time. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- PURPOSE. The petitioner argues that, contrary to the provisions of Article 41 of the Political Constitution, as of the date this amparo proceeding was filed, the authorities of the Municipality of Alajuela had not resolved a complaint he filed in October 2013, regarding the construction of a telecommunications tower without the necessary SETENA permits, which, in his opinion, affects the environment.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been substantiated or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:

  • a)On October 18, 2013, he filed a complaint before the Municipality of Alajuela against the installation of a cellular telephone tower located in the central canton of said province (uncontested fact).
  • b)By official letter MA-A-261-2014, dated January 30, 2014, the Municipality informed the petitioner that the tower indicated by him and others do not have a construction permit, so the respective notifications would be made and follow-up will be given (see report and attached evidence).

IV.- RIGHT TO A PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE PROCEDURE. Public administrations, in the exercise of their powers, competencies, or attributions, must hear and resolve, at the prior administrative or governmental level, through a procedure, multiple requests from the administrated or users of public services in order to obtain a final administrative act, whose psychic content may be volitional, judgmental, or knowledge-based. That conclusive administrative act of an administrative procedure may grant or recognize subjective rights or legitimate interests—substantive legal situations—(favorable acts) or suppress them, deny them, or impose obligations (burdensome or ablatory acts). It is logical and sensible that there cannot be immediate administrative justice, since the public administration and its bodies require a prudential time period to adequately process the respective petition and issue the most accurate administrative resolution, adhering to the real truth of the facts that constitute the grounds for the final act. The foregoing means that between the initial request made by the administrated and its final resolution, a physiologically necessary time must elapse (vacatio or distantia temporis), imposed by the observance of that person's fundamental rights (due process, defense, bilateral hearing or adversarial process) and the best possible satisfaction of public interests. It must not be lost sight of that the administrative procedure is defined as a set of acts—of the directing and deciding administrative body and of the managing party itself—concatenated and teleologically linked or united, which require time to be carried out. Consequently, the substantiation of requests made by the administrated requires a necessary time that guarantees respect for their fundamental rights, a proper weighing of factual and legal elements, of the private interest, of third parties, and of the public interests involved. However, the foregoing does not legally legitimize public administrations to indefinitely extend the knowledge and resolution of matters that the administrated have entrusted to them, since in such a case the procedures are pathologically prolonged for causes exclusively attributable to them, and the administrated do not have the duty or obligation to tolerate such delays and undue dilations. The Right to prompt and fulfilled justice under Article 41 of the Political Constitution is not limited, in Administrative Law, to the jurisdictional sphere, that is, to the proceedings heard by the Contentious-Administrative Jurisdiction created in Article 49 of the same supreme normative body, but also projects and expands forcefully to the administrative or governmental channel prior to the judicial one, that is, to administrative procedures. Thus, it is a constitutional imperative that administrative procedures be equally prompt, timely, and fulfilled for the sake of transcendental constitutional values such as legal security and certainty, of which all administrated persons are deserving creditors. Precisely for this reason, administrative procedures are informed by a series of principles of deep constitutional roots, such as promptness and timeliness (Article 41 of the Political Constitution), better known as celerity or speed (Articles 225, paragraph 1, and 269, paragraph 1, of the General Law of Public Administration), efficacy and efficiency (Articles 140, subsection 8, of the Political Constitution; 4, 225, paragraph 1, and 269, paragraph 1, of the General Law of Public Administration), procedural simplicity and economy (Article 269, paragraph 1, ibidem). These guiding principles of administrative procedures impose on public entities the imperative obligation to substantiate them within a reasonable time and without undue delays, that is, without serious and unjustified delays, to avoid the frustration, eventual extinction, or serious injury of the substantive legal situations invoked by the administrated through the passage of excessive and unreasonable time. The substantive and positional privilege of public administrations, called declaratory autotutela, which ultimately constitutes a heavy burden for the administrated, must not be inverted and used by them to cause unlawful injury to the administrated through the unnecessary prolongation of administrative procedures.

V.- NATURE OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES AND REASONABLE TIME PERIODS. Regarding administrative procedures, it is necessary to distinguish between the constitutive nature and the challenge procedure. The former's main purpose is the issuance of a final administrative act that resolves the request made by the managing party or interested party—in a favorable or unfavorable sense—, and the latter is designed to hear the challenge filed against the final act that was issued in the constitutive procedure—appeal phase—. The constitutive procedure may be, by way of example, the ordinary and summary procedures regulated in the General Law of Public Administration or any other special procedure due to the subject matter regulated in a specific law and that can be framed within the exceptions contained in Article 367, paragraph 2, of the General Law of Public Administration and in Executive Decrees numbers 8979-P of August 28 and 9469-P of December 18, both of 1978. The challenge procedure includes ordinary remedies (revocation, appeal, and reinstatement) and extraordinary remedies (review). For both scenarios, and regarding common administrative procedures—ordinary, summary, and remedies—, the General Law of Public Administration establishes deadlines within which the respective public entity must resolve either the initial petition or request or the remedy timely filed. Indeed, Article 261, paragraph 1, of the General Law of Public Administration establishes that the ordinary administrative procedure must be concluded, by final act, within two months after its initiation; for the summary procedure scenario, Article 325 ibidem provides a one-month period—from its initiation—for its conclusion. Regarding the appeal phase or challenge procedure, Article 261, paragraph 2, sets a one-month period. When a public body or entity exceeds these deadlines, a breach of the right to prompt and fulfilled administrative justice established in Article 41 of the Political Constitution occurs.

VI.- SPECIFIC CASE. After analyzing the evidence provided to the case file, as well as the reports rendered under oath by the authorities of the Municipality of Alajuela, this Constitutional Court considers that the protected party is correct in his argument. It has been proven that, despite the fact that the complaint in question was filed on October 18, 2013, more than three months later it has not been definitively resolved. Note that the only thing the aforementioned corporation has done—even on the occasion of this amparo—is notify the protected party of an official letter indicating that the telecommunications tower reported indeed does not have a construction permit and that this situation had already been communicated to the competent department for its due diligence. However, this action, in the opinion of this Chamber, does not definitively resolve the complaint filed by the amparo petitioner but merely informs him of the initiation of the pertinent proceedings to bring the situation into compliance with the law. Thus, this constitutional jurisdiction considers that, in this specific case, an undue delay or unjustified delay has occurred that violates the fundamental right to a prompt and fulfilled administrative procedure.

VII.- COROLLARY. In virtue of the foregoing, it is necessary to uphold the action filed solely for the violation of the fundamental right to a prompt and fulfilled administrative procedure. Any disagreement by the petitioner regarding the construction of this type of structures and the non-compliance with legal requirements must be raised before the municipality itself or before the corresponding ordinary jurisdiction.

THEREFORE:

The action is upheld. Consequently, Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as Mayor, and William Quirós Selva, in his capacity as President of the Council, both of the Municipality of Alajuela, or whoever respectively occupies those positions, are ordered to issue the necessary orders and take the pertinent measures within their scope of competence so that, within a period of two months, counted from the notification of this resolution, the complaint filed by the petitioner on October 18, 2013, is resolved and the decision is notified to him. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo action, and does not comply with it or does not have it complied with, provided the crime is not more severely punished. The Municipality of Alajuela is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the events that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. This resolution shall be personally notified to Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as Mayor, and to William Quirós Selva, in his capacity as President of the Council, both of the Municipality of Alajuela, or to whoever respectively occupies those positions.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Res. Nº 2014001884 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del catorce de febrero de dos mil catorce.

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 14-000688-0007-CO, interpuesto por ALVARO SAGOT RODRIGUEZ, cédula de identidad 0203650227, mayor, abogado, vecino de Palmares, contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.-

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:10 horas del 20 de enero de 2014, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Alajuela. Manifiesta que desde el 18 de octubre de 2013, presentó una denuncia ambiental ante la Municipalidad de Alajuela, contra la instalación de una torre de telefonía celular ubicada en la provincia Alajuela, cantón Alajuela, distrito Primero Alajuela, bajo el plano catastrado número A-0345643-1996, que es propiedad de Francisco Antonio Moya Ledezma. Alega que a la fecha de interposición de este recurso, dicha gestión no ha sido atendida. Solicita el recurrente que se ordene al recurrido responder su denuncia en forma inmediata.

2.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala, a las 16:17 horas del 30 de enero de 2014, informa bajo juramento Roberto Hernán Thompson Chacón, en su condición de Alcalde Municipal de Alajuela, que mediante el oficio MA-A- 261-2014 del 30 de enero de 2014, se dio respuesta al recurrente y se le informó que una vez verificado el reporte rendido por el Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura contenido en el oficio MA-PPCI-060-2014, respecto de la ubicación de cada una de la torres, se constató que las mismas no tienen permiso tramitado o aprobado de construcción para ese tipo de estructuras, por lo que el Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura ya había procedido a informar sobre dicha situación al Proceso de Control Fiscal y Urbano, para las notificaciones respectivas, a las cuales se le dará el seguimiento al proceso en curso. Solicita que se desestime el recurso planteado.

3.- Por escrito recibido a las 16:08 del 30 de enero de 2014, Willlam Quirós Selva, en su condición de Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuela, reitera lo informado por el Alcalde Municipal.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:

I.- ACLARACIÓN. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción -respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional-, pues, se está ante la formulación de una denuncia donde se reclama la instalación de una torre de telecomunicaciones que, eventualmente, puede afectar el ambiente, la cual, a su vez, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO. El recurrente aduce que, en contra de lo dispuesto en el ordinal 41 de la Constitución Política, a la fecha de interpuesto el presente proceso de amparo, las autoridades de la Municipalidad de Alajuela no le habían resuelto una denuncia que formuló, desde el mes de octubre de 2013, en virtud de la construcción de una torre de telecomunicaciones sin contar con los permisos de SETENA que, en su criterio, afecta el ambiente.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)El 18 de octubre de 2013, presentó una denuncia ante la Municipalidad de Alajuela, contra la instalación de una torre de telefonía celular ubicada en el cantón central de dicha provincia (hecho no controvertido).
  • b)Mediante oficio MA-A-261-2014, del 30 de enero de 2014, la Municipalidad le indicó al recurrente que la torre indicada por él y otras no cuentan con permiso de construcción, por lo que se harían las notificaciones respectivas y se le dará seguimiento (ver informe y prueba adjunta).

IV.- DERECHO A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PRONTO Y CUMPLIDO. Las administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades, competencias o atribuciones deben conocer y resolver en la sede administrativa o gubernativa previa, a través de un procedimiento, múltiples solicitudes de los administrados o usuarios de los servicios públicos a efecto de obtener un acto administrativo final, cuyo contenido psíquico puede ser volitivo, de juicio o de conocimiento. Ese acto administrativo conclusivo de un procedimiento administrativo puede otorgar o reconocer derechos subjetivos o intereses legítimos -situaciones jurídicas sustanciales- (actos favorables) o bien suprimirlos, denegarlos o imponer obligaciones (actos de gravamen o ablatorios). Es lógico y sensato que no puede haber una justicia administrativa inmediata, puesto que, la administración pública y sus órganos requieren de un plazo prudencial para tramitar de forma adecuada la respectiva petición y dictar la resolución administrativa más acertada y apegada a la verdad real de los hechos que constituyen el motivo del acto final. Lo anterior significa que entre el pedimento inicial formulado por el administrado y su resolución final debe mediar un tiempo fisiológicamente necesario (vacatio o distantia temporis), impuesto por la observancia de los derechos fundamentales de aquel (debido proceso, defensa, bilateralidad de la audiencia o contradictorio) y la mejor satisfacción posible de los intereses públicos. No debe perderse de perspectiva que el procedimiento administrativo se define como un conjunto de actos –del órgano administrativo director, decisor y del propio gestionante- concatenados y teleológicamente vinculados o unidos que precisan de tiempo para verificarse. Consecuentemente, la substanciación de las solicitudes formuladas por los administrados requiere de un tiempo necesario que garantice el respeto de los derechos fundamentales de éstos, una ponderación adecuada de los elementos fácticos, jurídicos, del interés particular, de terceros y de los intereses públicos involucrados. Sin embargo, lo anterior no legitima jurídicamente a las administraciones públicas para que prolonguen indefinidamente el conocimiento y resolución de los asuntos que los administrados les han empeñado, puesto que, en tal supuesto los procedimientos se alargan patológicamente por causas exclusivamente imputables a éstas, siendo que los administrados no tienen el deber o la obligación de tolerar tales atrasos y dilaciones indebidas. El Derecho a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la Constitución Política no se limita, en el Derecho Administrativo, al ámbito jurisdiccional, esto es, a los procesos que conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativa creada en el artículo 49 del mismo cuerpo normativo supremo, sino que se proyecta y expande con fuerza, también, a la vía administrativa o gubernativa previa a la judicial, esto es, a los procedimientos administrativos. De modo y manera que es un imperativo constitucional que los procedimientos administrativos sean, igualmente, prontos, oportunos y cumplidos en aras de valores constitucionales trascendentales como la seguridad y la certeza jurídicas de los que son merecidos acreedores todos los administrados. Precisamente por lo anterior, los procedimientos administrativos se encuentran informados por una serie de principios de profunda raigambre constitucional, tales como los de prontitud y oportunidad (artículo 41 de la Constitución Política), más conocido como de celeridad o rapidez (artículos 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), eficacia y eficiencia (artículos 140, inciso 8, de la Constitución Política, 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), simplicidad y economía procedimentales (artículo 269, párrafo 1°, ibidem). Estos principios rectores de los procedimientos administrativos, le imponen a los entes públicos la obligación imperativa de substanciarlos dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, sin retardos graves e injustificados para evitar la frustración, la eventual extinción o la lesión grave de las situaciones jurídicas sustanciales invocadas por los administrados por el transcurso de un tiempo excesivo e irrazonable. El privilegio sustancial y posicional de las administraciones públicas, denominado autotutela declarativa y que, a la postre, constituye una pesada carga para los administrados, no debe invertirse y ser aprovechado por éstas para causarle una lesión antijurídica al administrado con la prolongación innecesaria de los procedimientos administrativos.

V.- NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PLAZOS RAZONABLES. En materia de procedimientos administrativos, es menester distinguir entre el de naturaleza constitutiva y el de impugnación. El primero tiene como principal propósito el dictado de un acto administrativo final que resuelva el pedimento formulado por el gestionante o parte interesada -en un sentido favorable o desfavorable-, y el segundo está diseñado para conocer de la impugnación presentada contra el acto final que fue dictado en el procedimiento constitutivo –fase recursiva-. El procedimiento constitutivo puede ser, a modo de ejemplo, los procedimientos ordinario y sumario normados en la Ley General de la Administración Pública o cualquier otro especial por razón de la materia regulado en una ley específica y que sea posible encuadrarlo dentro de las excepciones contenidas en el numeral 367, párrafo 2°, de la Ley General de la Administración Pública y en los Decretos Ejecutivos números 8979-P del 28 de agosto y 9469-P del 18 de diciembre, ambos de 1978. El procedimiento de impugnación comprende los recursos ordinarios (revocatoria, apelación y reposición) y los extraordinarios (revisión). Para sendos supuestos, y en lo que se refiere a los procedimientos administrativos comunes -ordinario, sumario y recursos-, la Ley General de la Administración Pública establece plazos dentro de los cuales la respectiva entidad pública debe resolver ya sea la petición o solicitud inicial o el recurso oportunamente interpuesto. En efecto, el artículo 261, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública establece que el procedimiento administrativo ordinario debe ser concluido, por acto final, dentro del plazo de dos meses posteriores a su iniciación; para la hipótesis del procedimiento sumario, el artículo 325 ibidem, dispone un plazo de un mes -a partir de su inicio- para su conclusión. En lo tocante a la fase recursiva o procedimiento de impugnación, el numeral 261, párrafo 2°, fija un plazo de un mes. Cuando un órgano o ente público se excede en estos plazos, se produce un quebranto del derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida establecido en el artículo 41 de la Constitución Política.

VI.- CASO CONCRETO. Luego de analizadas las pruebas aportadas a los autos, así como los informes rendidos bajo juramento por las autoridades de la Municipalidad de Alajuela, este Tribunal Constitucional estima que lleva razón el tutelado en su alegato. Se tiene por demostrado que, a pesar de que la denuncia en cuestión fue formulada desde el 18 de octubre de 2013, más de tres meses después no ha sido resuelta de forma definitiva. Nótese que lo único que ha efectuado la referida corporación -incluso con ocasión del amparo-, es notificarle al tutelado un oficio a través del cual se le indicó que, efectivamente, la torre de telecomunicaciones denunciada no cuenta con permiso de construcción y que tal situación ya se había comunicado al departamento competente para su debida diligencia. Sin embargo, dicha actuación, en criterio de esta Sala, no resuelve, definitivamente, la denuncia formulada por el amparado, sino que, solamente, le comunica el inicio de los procedimientos pertinentes para ajustar a derecho la situación. Así las cosas, esta jurisdicción constitucional estima que, en la especie, se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido.

VII.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar el recurso planteado únicamente por la violación al derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. Cualquier disconformidad del recurrente respecto a la construcción de este tipo de estructuras y al incumplimiento de requisitos de índole legal, debe plantearla ante la propia municipalidad o ante la jurisdicción ordinaria correspondiente.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a Roberto Hernán Thompson Chacón, en su condición de Alcalde y a William Quirós Selva, en su condición de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes, respectivamente, ocupen tales cargos, que giren las órdenes necesarias y tomen las medidas pertinentes que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de dos meses, contado a partir de la notificación de la presente resolución, se resuelva la denuncia planteada por el recurrente el 18 de octubre de 2013 y se le notifique lo resuelto. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución, de manera personal, a Roberto Hernán Thompson Chacón, en su condición de Alcalde y a William Quirós Selva, en su condición de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes, respectivamente, ocupen tales cargos.

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