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Res. 12975-2011 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 23/09/2011
OutcomeResultado
The majority denied the challenge because the decree did not by itself establish a direct and current impact on the Térraba Reserve, without excluding indigenous consultation once the project's effects became concrete.La mayoría rechazó la acción porque el decreto no acreditaba por sí solo una afectación directa y actual a la Reserva de Térraba, sin excluir la consulta indígena cuando se concretaran los impactos del proyecto.
SummaryResumen
By majority vote, the Constitutional Chamber rejected the challenge to Articles 1, 4, and 8 of Executive Decree 34312-MP-MINAE, which declared the studies and works for the El Diquís Hydroelectric Project to be of national convenience and public interest. The majority found that the general declaration and challenged provisions did not by themselves cause a direct and defined impact on property within the Térraba Indigenous Reserve; therefore, no current violation of Article 45 of the Constitution or Article 14 of ILO Convention 169 was established. Indigenous consultation was required once the project's specific features and effects had been determined. The dissent disagreed, finding sufficient evidence that the project overlapped the reserve at three points and that flooding would affect approximately six percent of its territory. In the dissenters' view, consultation had to precede the decree and secure free, prior, and informed consent, accompanied by appropriate reparation or compensation measures.La Sala Constitucional, por mayoría, rechazó la acción promovida contra los artículos 1, 4 y 8 del Decreto Ejecutivo 34312-MP-MINAE, que declaró de conveniencia nacional e interés público los estudios y obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. Consideró que la declaratoria general y las disposiciones impugnadas no producían por sí mismas una afectación directa y determinada sobre la propiedad de la Reserva Indígena de Térraba, por lo que no se acreditó una infracción actual de los artículos 45 constitucional y 14 del Convenio 169 de la OIT. La consulta indígena debía efectuarse cuando se definieran las características y repercusiones concretas del proyecto. La minoría discrepó: estimó probado que el área del proyecto se traslapaba con la reserva en tres puntos y que la inundación afectaría aproximadamente un seis por ciento de su extensión. Según el voto disidente, la consulta debía preceder al decreto y asegurar un consentimiento libre, previo e informado, junto con las correspondientes medidas de reparación o compensación.
Key excerptExtracto clave
We, the dissenting Justices, understand that when a project affects points within an indigenous reserve, impacts its lands, or reduces them, the indigenous communities must inevitably be afforded prior and effective participation so that they receive all necessary information and may submit whatever observations and objections they deem appropriate. As follows from this rule of international human rights law, consultation must occur beforehand, or ex ante, prior to the adoption of an administrative measure such as, in this case, the issuance of an executive decree declaring a hydroelectric project to be of national convenience and public interest, delimiting it so that it overlaps the indigenous reserve at three points—even if within the boundary area between the reserve and the hydroelectric project—and affects it by flooding six percent of its area. All the foregoing requires Article 8 of the challenged Executive Decree to be declared unconstitutional, so that the hydroelectric project's area is corrected in a manner that does not affect the indigenous reserve, much less reduce its territory or extent; or so that, after prior consultation and the indigenous community's free, express, and informed consent, the community may determine the extent of the impact upon it in the exercise of its self-determination, with the resulting compensation or indemnification.Los Magistrados de la minoría entendemos que cuando un proyecto afecta puntos de una reserva indígena, impacta terrenos de ésta o los reduce, es menester, ineluctablemente, darle participación previa y efectiva a las comunidades indígenas para que se les suministre toda la información necesaria y puedan formular las observaciones y objeciones que estimen pertinentes. Como se desprende de esta norma del Derecho internacional público de los Derechos Humanos, la consulta debe ser previa o anterior (ex ante) a la adopción de una medida administrativa como lo es, en la especie, la emisión de un decreto ejecutivo que declara de conveniencia nacional e interés público un proyecto hidroeléctrico, que lo delimita, traslapándose en tres puntos sobre la reserva indígena –aunque sea en la zona limítrofe entre la reserva y el proyecto hidroeléctrico- y la afecta por la inundación de un 6% de su área. Todo lo anterior, impone declarar inconstitucional el artículo 8° del Decreto Ejecutivo impugnado, para que, se rectifique el área del proyecto hidroeléctrico de tal manera que no afecte la reserva indígena y menos aún reduzca su territorio o extensión o bien para que, previa consulta y consentimiento libre, expreso e informado de la comunidad indígena, ésta determine los alcances de su afectación, en el ejercicio de su libre autodeterminación, con las consecuentes compensaciones o indemnizaciones.
Pull quotesCitas destacadas
"La consulta previa no es una simple formalidad, es la expresión de un procedimiento de vocación democrática, que también puede tener consecuencias prácticas, porque al escuchar a la comunidad afectada, ésta puede sugerir soluciones alternativas, sin afectar el contenido esencial del acuerdo."
"Prior consultation is not a mere formality; it is the expression of a democratically oriented procedure that may also have practical consequences, because hearing the affected community allows it to suggest alternative solutions without altering the agreement's essential content."
Nota del magistrado Cruz Castro
"La consulta previa no es una simple formalidad, es la expresión de un procedimiento de vocación democrática, que también puede tener consecuencias prácticas, porque al escuchar a la comunidad afectada, ésta puede sugerir soluciones alternativas, sin afectar el contenido esencial del acuerdo."
Nota del magistrado Cruz Castro
"El diálogo entre quien representa el interés público y los representantes de la comunidad, permite encontrar soluciones que le dan legitimidad a la decisión de la institución estatal que afecta la reserva indígena."
"Dialogue between the representative of the public interest and the community's representatives makes it possible to find solutions that lend legitimacy to the state institution's decision affecting the indigenous reserve."
Nota del magistrado Cruz Castro
"El diálogo entre quien representa el interés público y los representantes de la comunidad, permite encontrar soluciones que le dan legitimidad a la decisión de la institución estatal que afecta la reserva indígena."
Nota del magistrado Cruz Castro
"La consulta, al igual que cualquier consulta a la ciudadanía, debe responder a un equilibrio en la información que asegure un consentimiento informado efectivo."
"Consultation, like any consultation with the public, must ensure balanced information that secures effective informed consent."
Nota del magistrado Cruz Castro
"La consulta, al igual que cualquier consulta a la ciudadanía, debe responder a un equilibrio en la información que asegure un consentimiento informado efectivo."
Nota del magistrado Cruz Castro
"Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, siempre que sea posible, la opción del regreso."
"Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior, and informed consent of the indigenous peoples concerned and without prior agreement on just and fair compensation and, where possible, the option of return."
Voto de minoría, cita del artículo 10 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
"Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, siempre que sea posible, la opción del regreso."
Voto de minoría, cita del artículo 10 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
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*080092150007CO* svillegas lbarahonah 2 0 2014-10-08T17:04:00Z 2014-10-08T17:04:00Z 1 14376 79072 . 658 186 93262 11.9999 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 *080092150007CO* Decision No. 2011012975 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and thirty minutes on the twenty-third day of September, two thousand eleven.
Constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) brought by Jenaro Gutiérrez Reyes, also known as Genaro Gutiérrez Reyes, of legal age, married once, community leader, holder of identity card number 6-125-936, resident of the Térraba indigenous reserve (reserva indígena) in Buenos Aires, Puntarenas, in his capacity as judicial and extrajudicial representative of the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE TÉRRABA, against Articles 1, 4, and 8 of Executive Decree number 34312-MP-MINAE dated 6 de febrero del 2008.-
Findings:
Regarding the alleged facts, it considers that although it has been shown that the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires is the judicial representative of the reserve, the allegations are not admissible through an action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad), but rather through an amparo proceeding (recurso de amparo). It considers that the claimant lacks standing (legitimación) to file the action on the basis of a diffuse interest (interés difuso), which must have a dual nature; in matters involving certain values (the environment, the protection of historical values, electoral matters, etc.), standing belongs to the human being as such, since the injury is suffered by both the community and the individual. After transcribing the articles challenged in the action, it states that provision 4 of the Decree establishes the working method followed by the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, which faithfully complies not only with internal policies but also with national and international law.
The country’s ethnic communities have undergone historical processes that have caused them to distrust State institutions, because they feel that decisions have been made regarding local development that harm or disregard their identity and cultural values. ICE has been conducting studies in the basin since the 1960s, yet no project has materialized. One of the current challenges facing the hydroelectric project is to build relationships of trust, but that cannot be accomplished without the assistance of the various groups and perspectives, which must provide guidance on what actions should be taken so that their ideas are not excluded and carry weight in the project’s decision-making. How this should be done must be decided by the various local organizations, which often have opposing ideas and perspectives. The Proyecto Hidroeléctrico El Diquís has attempted to establish a relationship with the Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Térraba, but this group has not been receptive.
Even in response to a complaint filed with the Defensoría de los Habitantes, a forum for consensus-building (concertación) was requested in order to achieve closer engagement with the indigenous community of Térraba. In amparo proceeding No. 04-12966-0007-CO, filed by indigenous persons who do not represent the Asociación, the Sala, although it ruled in favor of the Asociación, halted the investigations in an effort to reach consensus with the community, and they were resumed in 2007. If the investigations are not carried out, there is simply no way to determine whether the geology of the site makes construction of a dam possible. On 9 de junio de 2007, during an Ordinary Members’ Assembly, ICE delivered a letter of commitments to Genaro Gutiérrez Reyes, president of the ADI de Térraba. The commitments set forth therein have been scheduled in accordance with the time frames and budgets available to ICE for their fulfillment.
To date, the signed agreement has never been returned; even so, ICE fulfilled its commitments and continued the work agreed upon in that document. What is currently being discussed with the indigenous population of Térraba that is not affiliated with ADIT is an effective mechanism for social consensus-building, in order to implement the mechanism for indigenous participation and representation. One mechanism gaining support is the establishment of a liaison body with ICE authorities (a type of indigenous liaison commission), in which consideration is given to the contribution of organizations such as the Asociación Regional Aborigen del Valle del Diques (ARADIQUES), which has recent experience in public consultation and in adapting support instruments for indigenous participation. Regarding the violation of the right to property, the results of the studies conducted to date have determined that approximately 74 hectares in the Reserva Indígena de China Kichá and 653 hectares in the Reserva Indígena de Térraba would be flooded.
In total, approximately 727 hectares would be flooded, representing approximately 12.6% of all land flooded by the project, 7.5% of the total indigenous territory of Térraba, and 5.7% of the total territory of China Kichá. The project is not located predominantly within areas declared indigenous reserves. Although the indigenous community of Térraba holds title to the lands within the boundaries of the reserve, it does not actually possess the use, benefit, and enjoyment thereof. Both are among the communities with the least territory in indigenous hands and the smallest amounts of forested land under conservation. Occupation of the territories is a problem that worsens daily. They are now occupied not only by persons classified as good-faith possessors (poseedores de buena fe), but also by other persons who lack lawful entitlement, with the aggravating circumstance that their number has increased and continues to increase.
Although the government, through the responsible institutions, has made limited progress, this is insufficient to provide a comprehensive solution for all the parties involved, and there is no indication that the State will be able to provide an effective response to the problem even in the medium term. Within the institution of property law (instituto de la propiedad), reference is made to agricultural property (propiedad agraria), condominium property (propiedad horizontal), and marital property (propiedad conyugal); however, the concept of “collective private property” (“propiedad privada colectiva”) is neither regulated nor developed as such within our legal system, which leaves room for multiple interpretations and undoubtedly creates confusion: the “Reservas Indígenas” were created, but their property regime (régimen patrimonial) was not. Regarding the sites referred to in article 8 of the decree, given the volumes of material preliminarily expected to be required by the project both for civil works, such as the dam, water intake, etc., and for road repairs—and in anticipation of subsequent speculation involving the sale of material or concessions to ICE—several potential extraction sites were preliminarily identified.
This process belongs to the subsequent project-execution stage. Therefore, the violation alleged by the claimant has no basis whatsoever, nor can the claimant demonstrate it. It should be emphasized that the boundaries of the Reserva de Térraba referred to are not entirely current, not because of any action by ICE, but because of the topographic surveys conducted by the Instituto de Desarrollo Agrario in 2003 for the purpose of transferring land to the indigenous community, which very likely even altered its area; there is no longer a single whole, but rather parts of the whole. Regarding the measures that must be subject to consultation, the Defensoría de los Habitantes itself states: “…Although the Right to Consultation is one of the central pillars of ILO Convention No. 169, the right of Indigenous Peoples to be consulted may not be asserted with respect to every State activity. In this regard, the possibility that indigenous populations may be affected does not obligate the State to conduct an entire consultation process….” Until the study stage has been completed, the environmental impact study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) has been compiled and submitted to the Secretaría Técnica Nacional, and that body has issued a decision denying or authorizing the project’s environmental viability (viabilidad ambiental), any impact at the current stage is merely potential.
The project is undergoing feasibility-stage studies. Convention 169 does not establish procedures in its provisions, but the Sala Constitucional, in judgment 6188-98, required the analogous application of the procedure established in article 361 of the Ley General de la Administración Pública. In addition, the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) process currently in force in Costa Rica includes formal mechanisms for consultation concerning the project, as established in Decreto Ejecutivo 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, most notably the Public Hearings mechanism (Audiencias Públicas). The hearing is held once the project’s EsIA has been submitted to SETENA for review and if SETENA determines that it is necessary. The holding of the hearing therefore constitutes a stage of the review process, and its results are taken into account by Setena in issuing the final decision. It requests that the action be dismissed in its entirety.
Justice Rueda Leal is the reporting justice; and,
Whereas:
Genaro Gutiérrez Reyes is the representative of Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires. According to the filing, the association he represents owns the real property certified by the Registro Nacional de la Propiedad Inmueble. The Chamber does not intend to determine the exact location of the land that will allegedly be affected by the El Diquís hydroelectric project. The certifications establish standing (legitimación) to bring the action of unconstitutionality, based on the connection of the legal entity owning the territory and holding the property rights. Costa Rican legislation recognizes the legal capacity of the indigenous group to represent itself in Articles 2 and 4 of the Ley Indígena, Articles 3, 4 and 5 of the Reglamento a la Ley Indígena, and Article 1 of Decreto Ejecutivo 13568-C-G de 30 de abril de 1982, which recognizes that the Comunidades Indígenas are legally represented by the Asociaciones de Desarrollo Integral, which act as local governments but may not be considered state entities. In the case of this action of unconstitutionality, standing to bring the action derives from the second paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, and the action of unconstitutionality must therefore be decided on the merits.
The petitioner alleges that most of the areas in which the El Diquís Hydroelectric Project referred to in Decreto Ejecutivo número 34312 will be carried out are located within areas declared indigenous reserves. Specifically, the petitioner considers Articles 1, 4 and 8 of the aforementioned decree unconstitutional. Article 1 provides as follows: “In compliance with Articles 3º subsection m), 19 subsection b) and 34 of Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996, the studies and works for the El Diquís Hydroelectric Project and its transmission works, hereinafter the Project, which shall be constructed by Instituto Costarricense de Electricidad, hereinafter ICE, are hereby declared to be of National Benefit and Public Interest.” In this regard, he asserts that most of the project will be carried out within areas declared indigenous reserves. He states that, pursuant to Article 14 of Convention No. 169 of the International Labour Organization [ILO], ratified by Costa Rica, indigenous peoples are entitled to effective protection of their lands and respect for their property rights.
Nevertheless, the challenged decree affects approximately 700 hectares of indigenous territory, in contravention of Article 14 of Convention 169 and Article 45 of the Constitución Política. Article 4 of the Decree provides: “Article 4º—ICE shall establish information-sharing and negotiation mechanisms with the communities involved in the development of the Project in order to reach agreements that balance local interests concerning recognition of the inhabitants’ ties to the land with national energy-supply interests. The information-sharing and negotiation mechanisms shall: a) Include preclusive stages of negotiation, so that matters agreed upon at each stage may not be reopened for discussion at a later stage; and b) Serve as instruments of transparency, commitment and community participation. ICE may request advice from the Defensoría de los Habitantes and the Programa Estado de la Nación for the preparation and implementation of the information-sharing and negotiation mechanisms; these mechanisms shall be submitted for consultation to the Municipalidades of the cantons of Buenos Aires, Osa and Pérez Zeledón before their publication in the Diario Oficial La Gaceta.” In this regard, he contends that this provision fails to satisfy the requirement of prior consultation (consulta previa) with the affected indigenous communities established in Convention 169.
He explains that substantial works have begun and are being carried out within his indigenous reserve that will severely affect the indigenous community he represents, including its way of life, customs, traditions, culture, religious values and enjoyment of its territory, and that the community he represents should have been consulted in advance regarding that project; that is, there should have been mandatory prior consultation with the affected indigenous peoples, particularly through their representative institutions, for the purpose of reaching an agreement concerning the proposed measures, all in accordance with the wishes freely expressed by the affected peoples and the provisions of Convention 169. He maintains that an attempt was made to devise, behind their backs and without consulting them as to their position, a project in which they must and have the right to participate actively, with the goal of overcoming the historical condition of poverty and underdevelopment to which they have been confined; and that the challenged governmental action deliberately failed to obtain their views beforehand, which constitutes a clear violation of their rights, because those rights are infringed by reducing the petitioner community’s role to belated participation in absurd arrangements or discussions that can only be described as “post mortem.” Indeed, allowing them to participate only in a limited and improper manner, after the decision had been made to carry out the project’s initial actions and then proceed with all its details without first hearing, evaluating and, where appropriate, granting their claims, means neither obtaining nor considering their views.
He notes that there is not even any mention of consulting the organizations that legally represent their indigenous communities or CONAI, and that his community must participate from the earliest stages of every plan or program affecting it, not merely once the program is already a reality and is being implemented. He also considers Article 8 of the challenged Decree unconstitutional. It provides as follows:
“Article 8º—The sites for extracting materials for the dam, powerhouse and related works are located on the General, Buenos Aires, Changuena and Cabagra Topographic Sheets, at a scale of 1:50 000, of Instituto Geográfico Nacional, and have the following polygon points:
Starting Point Ending Point 534000 E / 337700 N 536000 E / 337875 N 536000 E / 337875 N 538000 E / 337500 N 530650 E / 339603 N 531747 E / 338563 N 534939 E / 347661 N 533541 E / 346603 N 533541 E / 346603 N 532202 E / 345356 N 532202 E / 345356 N 531470 E / 343697 N 522600 E / 323750 N 520000 E / 323000 N 520000 E / 323000 N 518000 E / 322283 N 518000 E / 322283 N 516000 E / 322052 N 547052 E / 334121 N 546614 E / 332384 N 548576 E / 328715 N 547800 E / 326781 N” According to his allegations, this provision is unconstitutional insofar as the designated extraction sites affect indigenous territory without prior consultation with the indigenous community he represents, thereby violating Article 45 of the Constitución Política in conjunction with Article 14 of Convention N° 169.
The boundaries of Reserva Indígena de Térraba are established in Decreto Ejecutivo 22203 del 2 de abril de 1993. Its statutory basis also derives from Ley Indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, Article 2 of which expressly declares the reserves mentioned in Article 1°, including Reserva Térraba, to be the property of the indigenous communities. According to the technical report of Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folio 318), Article 8 of the aforementioned Decree refers to plane-coordinate points representing sites for extracting materials for the dam, powerhouse and related works. The project, in turn, consists of extraction sites and therefore does not have a single space or area of operations; because the spatial dimensions of those sites or points are not stated, it is currently impossible—based on the information contained in these proceedings—to calculate any overlapping area of land that may exist between Proyecto Hidroeléctrico Diquís and Reserva Indígena de Térraba.
Nevertheless, once the boundaries of Reserva Indígena de Térraba are plotted on the corresponding topographic sheets together with the locations forming part of the hydroelectric project, three sites coincide with the Reserve’s area: points 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 N and 546614 E / 332384 N. Furthermore, in its report, Instituto Costarricense de Electricidad acknowledges that approximately 74 hectares in Reserva Indígena de China Kichá and 653 hectares in Reserva Indígena de Térraba would be flooded. In total, approximately 727 hectares would be flooded, affecting 7.5% of the total indigenous territory of Térraba and 5.7% of the total territory of China Kichá. Consequently, there can be no doubt that Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, during its implementation phase—which has not yet begun—and according to the information contained in the record of this action, will encompass Térraba indigenous territory.
Before addressing this action, the Court reviewed the decided cases in which the hydroelectric project at issue in this matter had been challenged. The following is relevant in that regard:
“Furthermore, regarding the failure to provide the technical studies supporting the issuance of Decreto Ejecutivo número 34312-MP-MINAE, the authority explains in its report—which was given under oath, after timely warning of the consequences, including criminal penalties, established in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—that no such studies exist as of this date. Instead, the El Diquís Hydroelectric Project is in its first phase, which includes preparing the inputs for the consulting firm that will be retained to prepare the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental). This means that work is underway to prepare studies of the physical environment required as inputs for designing the works, as well as to collect biotic, physical and socioeconomic information that will be used as the technical basis for preparing the Environmental Impact Study. It therefore alleges that no completed or finalized technical studies yet exist that could be provided to the petitioner, as was explained to him when his requests were answered” (see judgment No. 2008-011743 de las doce horas y dieciséis minutos del veinticinco de julio del dos mil ocho; emphasis not in the original).
“SOLE.- The appellant sought protection of the property rights of the indigenous community of Terraba because, in his view, the El Diquís hydroelectric project was being built within that Indigenous Reserve without authorization from the Board of Directors of the corresponding Asociación de Desarrollo Integral. Notwithstanding the foregoing, the General Judicial Attorney-in-Fact (Apoderado General Judicial) of the Instituto Costarricense de Electricidad explained in his report—submitted under oath, after due warning of the consequences, including criminal consequences—that the dam was not under construction; on the contrary, the feasibility of the project was being assessed, after which the environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) would be conducted (appearing at folio 22). He further emphasized that the Instituto Costarricense de Electricidad had fostered dialogue not only among the representatives of the communities, but also among the groups in the area surrounding the project’s development (appearing at folio 23).
In view of this, this Sala Constitucional finds that no fundamental right has been violated. First, the respondent authority certified that the dam was not under construction. The project was only in its initial phase. Moreover, the appellant did not establish the existence of any measure adopted by the respondent entity that threatened the integrity of the indigenous reserve or its population centers. Furthermore, the Instituto’s General Judicial Attorney-in-Fact assured this Court that dialogue with the local population and those potentially affected had been encouraged. It therefore cannot be concluded that Articles 13 through 19 of Convention No. 169 of the International Labour Organization were disregarded. Consequently, the action filed must be dismissed” (see judgment No. 2008-013560 of diez horas y veinte minutos del cinco de septiembre del dos mil ocho; emphasis not in the original).
“I.- Proven Facts. The following facts are deemed duly established and relevant to the decision in this matter:
II.Subject Matter of the Action. The appellant alleges that the Instituto Costarricense de Electricidad violated Article 6 of International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries because the respective consultation concerning the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís had not been conducted with the relevant peoples. […]
IV.The Specific Case. In the case under review, the appellant alleges a violation of Article 6 of the 1989 Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries because the Instituto Costarricense de Electricidad did not consult the inhabitants of the Reserva Indígena de Térraba before conducting studies for the Proyecto Hidroeléctrico El Díquís. Indeed, under the international rules outlined in the preceding recital (considerando), indigenous peoples have the right to be consulted through appropriate procedures, particularly through their representative institutions, whenever legislative or administrative measures that may directly affect them are contemplated. The construction of a hydroelectric power plant is certainly one such matter; however, it is necessary to determine whether a duty to consult existed in this specific case. In that regard, the report submitted under oath, subject to the consequences—including criminal consequences—established by Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional indicates that the project in question is currently in its first phase, the feasibility phase, which includes preparing the materials for the consulting firm that will be retained for the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), and that this study has not even begun.
Thus, the development and actual construction of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís have not yet even been defined, since the corresponding permits have not yet been requested because the feasibility of carrying out the project has not yet been determined; unless the investigations are conducted, there is no way to know whether the geology of the site makes it possible to build a dam. Accordingly, this Sala considers the present amparo action (amparo) premature because it concerns a future and uncertain event, since it is not yet known with certainty whether the construction in question will take place. […]
In light of the foregoing, this Sala finds that the respondent authority has made efforts to engage with the indigenous inhabitants of the community of Térraba, even though the construction of the dam has not yet been definitively decided. Nevertheless, the respondent authority must be reminded that, should it be decided to develop the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, it must ensure the effective participation of the indigenous peoples in the process and in decision-making” (see judgment No. 2009-06045 of catorce horas y cincuenta y tres minutos del veintidós de abril del dos mil nueve; emphasis not in the original).
“III.- Proven Facts. The following facts are deemed duly established and relevant to the decision in this matter, either because they were so proven or because the respondent failed to address them as ordered in the initial ruling:
Along the same lines, the Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental affirmed that the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís is in its assessment stage and that the works being performed, such as drilling, tunnel excavation, and geophysical investigations, do not correspond to the project’s construction stage but rather to the investigation phase, which also has environmental viability granted by resolution No. 1584-2005-SETENA of 1° de julio de 2005. Additionally, the Buenos Aires camp, designed to facilitate the implementation of this initial phase, has environmental viability granted by resolution No. 2634-2007-SETENA of 6 de diciembre de 2007. Based on the foregoing, this Sala Constitucional finds that no fundamental right has been violated. First, the respondent authorities certified that the dam was not under construction. The project was only in one of its initial phases. Moreover, the Instituto’s General Judicial Attorney-in-Fact assured this Court that dialogue with the local population and those potentially affected had been encouraged. It therefore cannot be concluded that, as of this stage, Articles 13 through 19 of Convention No. 169 of the International Labour Organization had been disregarded. […]
Accordingly, this Court finds no basis for altering the position expressed in this judgment. Therefore, no violation of Convention No. 169 of the International Labour Organization has been established because, as stated, the project is only in one of its initial phases, and it therefore cannot be concluded that, as of this stage, the aforementioned Convention had been disregarded. […]
Accordingly, it has not been established that the respondents commenced works under this project that harmed the environment and fauna of the indigenous territory because, as stated, it is in the phase of environmental impact and technical studies in the Río Terraba basin; thus, this is not the construction stage but the investigation phase. For all the foregoing reasons, the amparo action is premature because, at present, no violation of the fundamental rights of the allegedly aggrieved parties has materialized” (see judgment No. 2010-009536 of once horas y un minuto del veintiocho de mayo del dos mil diez; emphasis not in the original).
“Well then, what has been stated thus far serves to indicate that the Executive Branch has not exceeded its authority and that the exemptions it has granted are fully supported by its obligation to ensure that the country follows an environmentally sustainable development model based on clean-energy production methods. Furthermore, the declaration that the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís is in the national interest (conveniencia nacional) is supported by the provisions of the Ley Forestal and its regulations, since a hydroelectric dam is certainly a project intended for the ‘generation, transmission, and distribution of electricity,’ such that the challenged decree would cover a project falling within the circumstances contemplated in Article 19 of the Ley Forestal and Article 2 of the Reglamento a la Ley Forestal. In addition, it must be taken into account that the decree in no way entails the possibility of proceeding with the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís without complying with the environmental controls established by the legal system, since, as the reporting authorities properly acknowledge in this action, the decree does not exempt it from conducting an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) in order to obtain the corresponding environmental approval (viabilidad ambiental), an essential and indispensable requirement for proceeding toward implementation of the project.
Moreover, it should be noted that the petitioner does not specifically challenge subsections b), c), and d) of Article 9 of executive decree 34312-MP-MINAE of 6 de febrero de 2008, because the petitioner does not provide specific reasons why those three provisions of that decree could deprive Article 50 of the Constitution of its essential content. […]
From that perspective, subsections b), c), and d) of Article 9 of the challenged decree are not contrary to Constitutional Law, since they are supported by a statutory provision authorizing the Executive Branch to take certain actions to expedite the types of projects contemplated therein, without this signifying or resulting in a lack of environmental protection and without the authorization becoming an arbitrary, unreasonable, and unlimited prerogative to destroy the environment or deprive the right to a healthy and ecologically balanced environment of its minimum content” (see judgment No. 2010-013100 of catorce horas y cincuenta y siete minutos del cuatro de agosto del dos mil diez; emphasis not in the original).
“Second: It must be made clear that the binding force of environmental regulations—like that of the rest of the legal system, as this Court held in the aforementioned judgment number 2340-92—may be excepted only in connection with an emergency or exceptional situation under the terms contemplated in Article 180 of the Constitution (‘to meet urgent or unforeseen needs in cases of war, civil disturbance, or public calamity’). […]
However, it is indeed true that the challenged provisions contemplate a circumstance in which the designated use of privately owned real property subject to a restriction protecting the State’s forest heritage (patrimonio forestal del Estado) may be modified to allow the construction of infrastructure works serving the public good (conveniencia social). Nevertheless, it bears emphasizing that this is not an exceptional regime authorizing public institutions to pollute the environment: under such a regime, environmental regulations would not apply, whereas under this exception they do apply, since the decision must be based precisely on those regulations. These are properties upon which a restriction of clear social interest has been imposed, based on the purpose of preserving and protecting the environment; hence the general and absolute rule prohibiting land-use change (cambio de uso) (first paragraph of Article 19 and first phrase of the first paragraph of Article 34 of the Ley Forestal), a purpose that is modified in furtherance of the general interest of the national community. […]
The precedent partially transcribed above establishes that declaring a project or work to be in the national interest or public interest (interés público), pursuant to Articles 19, subsection b), and 34 of the Ley Forestal, does not in any way entail exempting that project or work from the application of environmental regulations, including the obligation to conduct the corresponding technical studies (Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente) to establish the suitability of the project at the designated location and the impact that such works will have on the environment, in order to determine the compensatory measures necessary to mitigate adverse effects. […]
The fact remains that the potential implementation of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís could have an environmental impact on that wildlife refuge. That potential impact plainly cannot be determined in advance through this constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad). The environmental impact study required by Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente exists for the purpose of assessing that issue. It is therefore reiterated that the mere declaration that the studies and works of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís and its transmission works are in the national and public interest does not in any way entail exemption from the duty to conduct such a study. […]
In that regard, when enacting the Ley Forestal, number 7575, our legislature, with great foresight, left room within Article 19 of that statute for the State to proceed with projects that might potentially have environmental impacts, as does any other human activity, but whose impacts, when weighed against the social, economic, and environmental benefits, would be far outweighed by those benefits, such that proceeding with them would be beneficial; for this purpose, they would be required to be in the national interest. […]
It is therefore clear that the purpose of those authorizations, lawfully granted to the Executive Branch, is to provide it with an appropriate means precisely to promote environmentally sustainable development […]
‘The right to development must be exercised in a manner that equitably meets the developmental and environmental needs of present and future generations.’ […]
In accordance with the foregoing, sustainable resource management entails meeting countries’ needs while taking into account the requirements of present and future generations and balancing three principal objectives: environmental, social, and economic. This is intended to reverse trends that threaten the quality of human life and prevent increased costs to society. [...]
Ensuring the existence of a sustainable relationship between humanity and nature. Indeed, the adoption of sustainable policies is based on harmony among economic growth, social equity, and the conservation of natural resources […]
The environment must therefore be understood as a development resource to be used appropriately, and action must be taken in an integrated manner with respect to its natural, sociocultural, technological, and political dimensions; otherwise, its productivity for the present and future will be degraded, and the heritage of future generations could be placed at risk. […]
In addition, it must be taken into account that the decree in no way entails the possibility of proceeding with the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís without complying with the environmental controls established by the legal system, since, as the reporting authorities properly acknowledge in this action, the decree does not exempt it from conducting an environmental impact study in order to obtain the corresponding environmental approval, an essential and indispensable requirement for proceeding toward implementation of the project. […]
Human dignity is the center, the cornerstone, of any State governed by the rule of law (Estado de Derecho); therefore, human dignity and respect for the integrity of the environment must undoubtedly go hand in hand, since an environmental policy that does not take the full development of individuals into account will hardly be sustainable, just as a socioeconomic development model that disregards the environment and sacrifices environmental protection at all costs will not be sustainable […]” (see judgment No. 2010-013622 of quince horas y cuarenta y dos minutos del diecisiete de agosto del dos mil diez; emphasis not in the original).
These precedents yield a series of ideas and principles on the basis of which the Chamber has not considered unconstitutional the State action undertaken during what was understood there to be the initial phase of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís.
In this regard, that provision establishes the following: “In compliance with the provisions of Articles 3º subsection m), 19 subsection b), and 34 of Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996, the studies and works of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís and its transmission works, hereinafter the Project, which shall be constructed by the Instituto Costarricense de Electricidad, hereinafter ICE, are hereby declared to be in the National Interest and Public Interest.” With respect to that provision, the mere declaration that the project at issue is in the national interest cannot be considered a violation of the right to property protected by Article 45 of the Constitution or contrary to Article 14 of Convention 169. In any event, before making the State decision permitting work on the project to begin, the State must give effect, for the Indigenous peoples concerned, to the fundamental rights arising both from their right of ownership over the lands they traditionally occupy—that is, the reserve—and from their rights over the natural resources pertaining to those territories, as well as the rights established by Convention 169.
This will entail, among other things, the right to compensatory measures or compensation (indemnización), which must be determined at the appropriate time, as well as mitigation measures and a proportionate and reasonable sharing of the project’s benefits, in accordance with Article 45 of the Constitution and the commitments undertaken by the Costa Rican State upon ratifying the aforementioned ILO Convention. Nevertheless, that legal obligation is not incompatible with the declaration that the work in question is in the national and public interest, which is justified by the country’s need to reduce its dependence on fossil fuels for electricity generation. This promotes the entire population’s constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment and every citizen’s right to ensure an optimal level of electricity production in order to safeguard the country’s economic development and the supply of that essential legally protected good to the inhabitants of the Republic.
The aforementioned provision states as follows:
“Article 4º—ICE shall provide information and negotiation mechanisms for the communities involved in the development of the Project, in order to reach agreements that balance local interests concerning recognition of residents’ attachment to their communities (arraigo) with national energy-supply interests. The information and negotiation mechanisms shall:
ICE may request advice from the Defensoría de los Habitantes and the Programa Estado de la Nación for the preparation and implementation of the information and negotiation mechanisms; these mechanisms shall be submitted for consultation to the Municipalidades of the cantons of Buenos Aires, Osa, and Pérez Zeledón before their publication in the Diario Oficial La Gaceta.” In this regard, the petitioner (accionante) considers that provision unconstitutional because, before it was issued, ICE should have consulted the ADI de la Reserva Indígena Térraba pursuant to Article 6 of Convention 169, which provides as follows:
“1. In applying the provisions of this Convention, governments shall:
2. The consultations carried out pursuant to this Convention shall be conducted in good faith and in a manner appropriate to the circumstances, with the objective of reaching an agreement or obtaining consent regarding the proposed measures.” In the Chamber’s opinion, the challenged provision essentially seeks to apply the mandate established in Article 6 of Convention 169 to the specific case, since it requires ICE to negotiate and reach agreements and commitments and also requires the participation of the Indigenous community; in other words, it is a provision intended to comply with that international convention, which entails conducting the consultation whose absence the petitioner challenges. Likewise, establishing preclusive stages of negotiation (etapas preclusivas de negociación), so that matters agreed upon during each stage cannot be reopened for discussion at a later stage, is reasonable; otherwise, either party could cause unjustified delays, to the detriment of the administrative expediency required by a project declared to be of national benefit and public interest.
Nevertheless, it should be emphasized that each stage must meet standards of transparency, commitment, and community participation, such that if these standards are not met, the negotiation stage cannot be deemed closed. Put differently, transparency, commitment, and community participation, in an atmosphere of freedom and good faith, are sine qua non conditions for concluding each stage of the negotiation. In this regard, good faith requires all parties to the consultation, including the Indigenous parties and ICE’s representatives, to recognize both parties’ legitimate interests concerning the hydroelectric project and to attempt to reach decisions by consensus. Accordingly, because the challenged provision recognizes and promotes the right of Indigenous populations to be consulted within reasonable parameters, the Chamber does not find any unconstitutionality. The challenged Article 4, however, establishes only a minimum foundation for the consultation procedure (procedimiento de consulta), whose objective must be the free, prior, and informed consent of the Térraba population, as well as of other Indigenous populations that could be directly affected by the aforementioned hydroelectric project.
Clearly, when defining that procedure, neither party may unilaterally impose its position on the other beyond the framework established in the cited provision and, of course, in accordance with Convention 169. This means that, through a process of free, constructive, and good-faith dialogue, the Indigenous representatives and ICE must define the consultation procedure itself. For this purpose, as stipulated in Article 4 of Executive Decree number 34312, it is appropriate to obtain advice from the Defensoría de los Habitantes and the Programa Estado de la Nación, among other institutions, since other public- or private-law entities, whether national or international, could also assist. Specifically, the other particular elements of the consultation procedure itself must be defined in agreement with the Indigenous peoples affected by the project, including the Térraba community. For purposes of implementing Article 4 subsection b) of Executive Decree number 34312, the consultation with the Indigenous peoples must be structured so that they may express their will freely, in advance, and on an informed basis, as provided in Article 19 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
For this purpose, the Indigenous peoples must have access to the corresponding technical studies, including the hydroelectric project feasibility studies already completed and those currently under way. ICE must maintain this openness in providing information throughout every stage of the consultation process. Furthermore, informed understanding requires that Indigenous peoples possess the necessary knowledge and technical capacity; for this purpose, it is essential that they have their own expert advisers in the relevant fields. Such consultants shall be freely and independently selected and retained by the Indigenous peoples, but their costs shall be borne by the Instituto Costarricense de Electricidad. Additionally, if both parties agree, a team of independent and trusted experts could facilitate the consultation process, which could be sponsored by the United Nations system. In any event, the consultation must be conducted within 6 months from notice of this ruling, and in all cases before the governmental decision authorizing the commencement of construction on the project.
It is incompatible with good faith in the consultation process for either party to adopt positions that are openly contrary to unequivocal scientific or technical rules or to elementary principles of justice, logic, or prudence. Neither party to the consultation process may proceed on the assumption that it will impose its will on the other; rather, an atmosphere of mutual respect and consideration for each party’s views must prevail. Likewise, good faith requires the Instituto Costarricense de Electricidad to suspend all research or other activities involving operations within the affected Indigenous territories until the consultation stipulated in Article 4 of Executive Decree number 34312 has concluded.
This article provides as follows:
“Article 8—The sites for extracting materials for the dam, powerhouse, and related works are located on the General, Buenos Aires, Changuena, and Cabagra Topographic Sheets, at a scale of 1:50 000, of the Instituto Geográfico Nacional, and have the following polygon points:
Starting Point Ending Point 534000 E / 337700 N 536000 E / 337875 N 536000 E / 337875 N 538000 E / 337500 N 530650 E / 339603 N 531747 E / 338563 N 534939 E / 347661 N 533541 E / 346603 N 533541 E / 346603 N 532202 E / 345356 N 532202 E / 345356 N 531470 E / 343697 N 522600 E / 323750 N 520000 E / 323000 N 520000 E / 323000 N 518000 E / 322283 N 518000 E / 322283 N 516000 E / 322052 N 547052 E / 334121 N 546614 E / 332384 N 548576 E / 328715 N 547800 E / 326781 N” In this regard, as indicated supra, according to the technical report of the Instituto Geográfico Nacional of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folio 318), the aforementioned article refers to plane-coordinate points representing sites for the extraction of materials for the dam, powerhouse, and related works. The project consists of extraction sites and therefore does not have a single site or area of operation. Once the boundaries of the Reserva Indígena de Térraba were established on the respective topographic sheets (see the map prepared by that Institute at folio 321 of this action), in relation to the location of the sites forming part of the hydroelectric project, three sites identified in Decreto número 34312 coincide with the area of the Reserve: points 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 N and 546614 E / 332384 N. However, the mere identification of the aforementioned sites, although they encompass territory within the Reserva Indígena de Térraba, cannot be characterized as contrary to Convenio 169.
In support of this conclusion, it should be noted that this case does not require an analysis of issues concerning title to the property of a tribal community (which do not arise in our case, given that communal ownership (propiedad comunal) is fully recognized), but rather the granting of natural-resource exploitation concessions (concesiones de explotación de recursos naturales) that affect the Indigenous way of life and spirituality. In this regard, in the Saramaka case (judgment of the Corte Interamericana de Derechos Humanos of 28 de noviembre de 2007), the Corte Interamericana held: “By virtue of all the foregoing considerations, the Court concludes as follows: first, the members of the Saramaka people have the right to use and enjoy the natural resources found within the territory they traditionally occupy that are necessary for their survival; second, the State may restrict that right by granting concessions for the exploration and extraction of natural resources located within Saramaka territory only if the State guarantees the effective participation of, and benefits for, the Saramaka people, conducts or supervises prior environmental or social impact assessments (evaluaciones previas de impacto ambiental o social), and implements appropriate measures and mechanisms to ensure that those activities do not cause substantial harm to traditional Saramaka lands and their natural resources; and, lastly, the concessions already granted by the State did not comply with those safeguards.” (Para. 159, Judgment of 28 de noviembre de 2007, Case of the Saramaka People v. Suriname).
It is clear that many of those violations were consummated in the case analyzed by the Court, which is not the situation here, because the matter remains in the preliminary stages of analysis and consultation (consulta) with the Indigenous people. Indeed, unlike the Saramaka case, the challenged provision in this matter was issued during the initial research phase, and it therefore was not reasonable at that time to conduct the consultation referred to in Article 6 of Convenio 169, since, as a logical and legal prerequisite, greater clarity and precision concerning the proposed project were required to provide a basis for the commencement of negotiations. The foregoing confirms the line of precedent followed by this Chamber in decisions numbers 2010-009536 at 11:01 on 28 de mayo de 2010 and 2008-014549 at 14:24 on 26 de setiembre de 2008, in which no failure to comply with Convenio 169 of the OIT was found because, as stated there, the project at issue was in the study and research stage.
In any event, it should be noted that this manner of deciding the case, according to the majority of the Court, is consistent with the judicial doctrine ordinarily applied to the constitutional right to property, because the State’s mere identification of a particular property that might be needed for a project serving the public interest does not, in itself, entail a violation of that right. Based on the foregoing, Article 8 of Decreto Ejecutivo número 34312 is constitutional because, although the sites identified therein coincide with the applicant’s reserve, they were merely reference points at the time the provision was issued. At present, however, it is public and notorious that the preliminary phase has already concluded, such that subsequent developments constitute a significant change in circumstances that could indeed result in the supervening unconstitutionality (inconstitucionalidad sobrevenida) of the challenged provision if the affected Indigenous peoples are not consulted, as ordered in this judgment.
In this regard, this Chamber notes the opinion issued by the United Nations Special Rapporteur on the rights of Indigenous peoples, James Anaya, dated 30 de mayo de 2011, who, on the one hand, considers that “a consultation process concerning the hydroelectric project should have begun before the technical studies were commenced,” but, on the other hand, concludes: “Nevertheless, the Special Rapporteur considers that the lack of Indigenous participation prior to the preparation of the project may be remedied if an appropriate consultation process is now initiated in accordance with international standards and with certain features designed to address the particular challenges that have arisen in this case.” Consistent with that opinion, the constitutionality of the provision is preserved, provided that the consultation established in Article 4 of that Decree is conducted within 6 months of notification of this judgment, in accordance with the requirements described in the preceding recital.
In accordance with the foregoing, the action must be dismissed, although the consultation provided for in Article 4 of the challenged Decree must be conducted without delay, within the period established in the operative part of this judgment. Justices Calzada, Jinesta, and Cruz dissent and would partially grant the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad), solely with respect to Article 8° of Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE, insofar as the boundaries of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís encompass points within the Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires de Puntarenas and the Indigenous community was not consulted. Justice Cruz files a separate opinion.
Por tanto:
The action is dismissed with respect to Articles 1 and 4 of Decreto Ejecutivo número 34312. By majority vote, Article 8 of Decreto Ejecutivo número 34312 is construed in conformity with the Constitution, provided that the consultation established in Article 4 of that Decree is conducted within the non-extendable period of 6 months from notification of this judgment. Justices Calzada, Jinesta, and Cruz dissent and would partially grant the constitutional challenge, solely with respect to Article 8° of Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE, insofar as the boundaries of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís encompass points within the Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires de Puntarenas and the Indigenous community was not consulted. Justice Cruz files a separate opinion.
Ana Virginia Calzada M.
President Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V. Paul Rueda L.
DISSENTING OPINION OF JUSTICE CALZADA AND JUSTICES JINESTA AND CRUZ Justice Calzada and Justices Jinesta and Cruz dissent and would partially grant the constitutional challenge, solely with respect to Article 8° of Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE, insofar as the boundaries of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís encompass points within the Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires de Puntarenas and the Indigenous community was not consulted, for the following reasons:
Opinion drafted by Justice Jinesta; and
WHEREAS:
I.OVERLAP OF THE HYDROELECTRIC PROJECT AT CERTAIN POINTS WITHIN THE INDIGENOUS RESERVE, THE FLOODING-RELATED IMPACT ON 6% OF ITS AREA, AND TECHNICAL EVIDENCE. Article 8° of Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE of 6 de febrero de 2008 established the boundaries of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, specifically the areas for the extraction of materials for the dam, powerhouse, and related works. The project’s boundary lines (derroteros) and area were established in the Decree on the basis of topographic sheets from the Instituto Geográfico Nacional. However, the record contains compelling evidence submitted by the technical bodies demonstrating that the project area overlaps with part of the Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires. Thus, at folios 318-320 of Volume II of the judicial record, official letter No. DEGEO-095-08 of 1° de agosto de 2008 appears, in which the Departamento de Geografía del Instituto Geográfico Nacional conclusively states the following: “Once the boundaries of the Reserva Indígena de Térraba were established on the respective topographic sheets, in relation to the location of the sites forming part of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, it was concluded that three sites (points) of that Project coincide with the area of the Reserve” (folio 320, Volume II of the judicial record; emphasis not in the original).
As part of the aforementioned official letter, the Instituto Geográfico Nacional submitted a cartographic sheet (appearing at folio 321 of Volume II of the judicial record) on which the three points where the Indigenous Reserve and the hydroelectric project overlap are clearly shown in red; although located in the boundary area between the two areas, they coincide with the reserve area. The Comisión Nacional de Asuntos Indígenas reached the same conclusion in official letter CEDET-047-2008 of 4 de agosto de 2008, informing the Procuradora Adjunta that “According to the coordinate points provided in Decreto No. 34312 Article 8°, three of these points are located within the Reserva Indígena de Térraba” (appearing at folio 322, Volume II of the judicial record). For his part, the Coordinador General del Departamento Catastral Registral del Catastro Nacional, through official letter CR-094-2008 of 6 de agosto de 2008 (appearing at folios 324-325, Volume II of the judicial record), categorically concluded as follows: “In view of the information provided, it has been possible to determine, approximately, that the area of the Reserva Indígena Térraba is affected over 6% of its total area by the extraction area (flooding) of the P. H. El Diquís” (emphasis not in the original).
The eight plates submitted by the Departamento Catastra Registral, appearing at folios 326-333 of Volume II of the judicial record, depict in blue, with sufficient graphical clarity, the area of the Indigenous reserve that will be flooded and affected by the hydroelectric project. Thus, in the opinion of the dissenting Justices, it was fully, properly, and reliably established that the Indigenous reserve is overlapped at three points by the hydroelectric project area and will be significantly and seriously affected when 6% of its total area is flooded as part of the project.
II.RIGHT OF INDIGENOUS PEOPLES TO PRIOR AND EFFECTIVE PARTICIPATION, IRREDUCIBILITY (IRREDUCTIBILIDAD) OF INDIGENOUS-RESERVE LANDS, AND AFFIRMATIVE ACTIONS (ACCIONES AFIRMATIVAS) IN FAVOR OF INDIGENOUS COMMUNITIES. We, the dissenting Justices, understand that when a project affects points within an Indigenous reserve, impacts its lands, or reduces them, the Indigenous communities must inescapably be afforded prior and effective participation so that they receive all necessary information and may submit any comments and objections they deem appropriate. In this regard, Article 19 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of 13 de septiembre de 2007 provides as follows:
“States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their representative institutions before adopting and implementing legislative or administrative measures that may affect them, in order to obtain their free, prior and informed consent.” As follows from this rule of public international human rights law, consultation must take place prior to or before (ex ante) the adoption of an administrative measure, such as, in this case, the issuance of an executive decree declaring a hydroelectric project to be of national benefit and in the public interest, delineating it in such a way that it overlaps the indigenous reserve at three points—even if in the boundary area between the reserve and the hydroelectric project—and affects it by flooding 6% of its area. However, this did not occur; accordingly, we find that international human rights law has plainly been violated, particularly ILO Convention No. 169 and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of 13 de septiembre de 2007, which protect, safeguard, and guarantee indigenous communities their right to prior and effective participation.
The position of the majority of this Constitutional Court is inconsistent with Article 19 of the aforementioned United Nations Declaration, since consultation must necessarily be prior and not subsequent or after the fact (ex post). Furthermore, there is a consensus in the law protecting indigenous communities that land designated as reserves may not be reduced or diminished, for several reasons, including the ancestral and spiritual bond that these peoples maintain with the land as part of their worldview (cosmovisión); the communal or collective ownership regime (régimen de propiedad comunal o colectiva) that characterizes them; and the historical fact that, since the Spanish conquest, they have suffered all manner of abuse, discrimination, and marginalization. Although they were the indigenous and original inhabitants of the American continent, they have progressively been confined to relatively small, demarcated areas of land whose dimensions, extent, and characteristics must, at all costs, be protected against reduction at the behest of persons and communities alien to the ancient traditions and customs of indigenous ethnic groups. On this point, Article 10° of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples provides as follows:
“Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned, nor without prior agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return.” Several provisions of the 2007 United Nations Declaration emphasize territorial integrity and indigenous communities’ right to their lands. Thus, Article 26, paragraphs 1° and 2°, proclaim their right to the lands, territories, and resources that they have traditionally owned, occupied, or otherwise used or acquired. Article 28, in turn, establishes the right of indigenous communities to obtain redress, through restitution or just, impartial, and equitable compensation, for the lands, territories, and resources that they have traditionally owned, occupied, or used and that have been “confiscated, taken, occupied, used or damaged without their free, prior and informed consent” (paragraph 1°).
Paragraph 2° of that same provision states: “Unless otherwise freely agreed upon by the peoples concerned, compensation shall take the form of lands, territories and resources equal in quality, size and legal status, or of monetary compensation or other appropriate redress.” These peremptory norms (ius cogens) have not been respected in this matter because, although the area of the hydroelectric project overlaps the indigenous reserve at no fewer than three points and, in addition, will be seriously affected by the future flooding of 6% of its area, the indigenous communities were not consulted beforehand, nor were they offered the relevant compensatory or remedial measures. There can be no doubt that indigenous communities, as a disadvantaged group, are entitled to affirmative action (acciones afirmativas) because of the discrimination, dispossession, or destruction of their culture; the forced process of transculturation (transculturación)—bordering on acculturation (aculturación)—to which they have unjustly been subjected; and the dramatic uprooting and forced displacement they have suffered since the time of the tragic Spanish conquest.
Such affirmative action requires public authorities to respect their ancestral traditions and customs and, of course, their historical and human rights. An essential component of those rights of indigenous communities, as developed in ILO Convention No. 169, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of 13 de septiembre de 2007, and the case law of the Inter-American Court of Human Rights, is the effective and prior participation that must be afforded to them whenever a project affects their reserves or seeks, directly or indirectly, to reduce them, so that they may express their free, prior and informed consent or rejection. Such rights were not observed in this matter when the area of a hydroelectric project was delineated by executive decree. Although the project’s importance to the nation and to development is beyond dispute, abundant and consistent technical evidence shows that it affects an indigenous reserve.
All the foregoing requires Article 8° of the challenged Executive Decree to be declared unconstitutional so that the area of the hydroelectric project may be adjusted in such a manner that it does not affect the indigenous reserve, much less reduce its territory or extent; or, alternatively, so that, following prior consultation and the indigenous community’s free, express, and informed consent, that community may determine the extent to which it will be affected, in the exercise of its free self-determination, with the resulting compensation or indemnification.
Ana Virginia Calzada Ernesto Jinesta Fernando Cruz Constitutional Challenge (Acción Inconstitucionalidad) 08-009215-0007-CO Note by Justice Cruz Castro:
The minority opinion establishes that Article eight of the challenged Executive Decree is unconstitutional, so that the area of the hydroelectric project may be adjusted to ensure that it does not affect the indigenous reserve, much less reduce its territory or extent; or, alternatively, so that, following prior consultation and free, express, and informed consent, the indigenous community may determine the extent to which it will be affected, in the exercise of its free self-determination, with the resulting compensation or indemnification. The following consequences may be drawn from this minority decision: a- Prior consultation is not a mere formality; it is the expression of a process grounded in democratic principles, which may also have practical consequences because, by hearing the affected community, alternative solutions may be proposed without affecting the essential substance of the agreement.
Dialogue between the representative of the public interest and the community’s representatives makes it possible to find solutions that confer legitimacy on the decision of the state institution affecting the indigenous reserve; b- Consultation, like any public consultation, must ensure balanced information that guarantees effective informed consent. Biased information, or information that does not ensure that the citizens participating in the consultation are on an equal footing to question and assess the arguments of the state institution promoting the project, is excluded.
Fernando Cruz Castro
*080092150007CO* svillegas lbarahonah 2 0 2014-10-08T17:04:00Z 2014-10-08T17:04:00Z 1 14376 79072 . 658 186 93262 11.9999 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 *080092150007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y treinta minutos del veintitrés de setiembre del dos mil once.
Acción de inconstitucionalidad promovida por Jenaro Gutiérrez Reyes, conocido como Genaro Gutiérrez Reyes, mayor, casado una vez, dirigente comunal, portador de la cédula de identidad número 6-125-936, vecino de la reserva indígena de Térraba de Buenos Aires de Puntarenas; en su condición de representante judicial y extrajudicial de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE TÉRRABA, contra los artículos 1, 4 y 8 del Decreto Ejecutivo número 34312-MP-MINAE del 6 de febrero del 2008.-
Resultando:
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
Genaro Gutiérrez Reyes es representante de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires. De conformidad con el escrito de interposición, su representada es propietaria de los bienes inmuebles que vienen certificados por el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble. La Sala no pretende definir la ubicación exacta de los terrenos que presuntamente serán afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís. A partir de las certificaciones se determina la legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad, por el ligamen de la persona jurídica propietaria del territorio, titular de los derechos patrimoniales. La legislación costarricense hace el reconocimiento de la capacidad jurídica del grupo indígena para representarse en los artículos 2 y 4 de la Ley Indígena, 3, 4 y 5 del Reglamento a la Ley Indígena, y el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 13568-C-G de 30 de abril de 1982, donde se reconoce la representación legal de las Comunidades Indígenas en las Asociaciones de Desarrollo Integral, que actúan como gobierno local, pero sin que se les pueda considerar entidades estatales.
En el caso de esta acción de inconstitucionalidad, la legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad deriva del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, razón por la que se debe resolver la acción de inconstitucionalidad por el fondo.
Alega la parte accionante que las áreas dentro de las cuales se ejecutará el Proyecto Hidroeléctrico el Diquís, a que se refiere el Decreto Ejecutivo número 34312, se ubican mayoritariamente en zonas declaradas como reserva indígena. En concreto, el recurrente considera inconstitucionales los artículos 1, 4 y 8 del citado decreto. El numeral 1 dispone lo siguiente: “En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º inciso m), 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996, se declara de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante el ICE.” Al respecto, asegura que el proyecto se ejecutará mayoritariamente en zonas declaradas como reserva indígena. Expresa que de conformidad con el artículo 14 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo [OIT], ratificado por Costa Rica, los pueblos indígenas tienen derecho a que se les garantice la protección efectiva de sus tierras y a que se respete su derecho de propiedad.
Pese a ello, el decreto impugnado afecta aproximadamente 700 hectáreas de territorio indígena, lo que contraviene los numerales 14 del Convenio 169 y 45 de la Constitución Política. En cuanto al ordinal 4 del Decreto, establece que: “Artículo 4º—El ICE dispondrá de mecanismos de información y negociación con las comunidades involucradas en el desarrollo del Proyecto, a efecto de alcanzar los acuerdos que permitan balancear los intereses locales en materia de reconocimiento del arraigo de los habitantes, con los intereses nacionales de abastecimiento energético. Los mecanismos de información y negociación deberán: a) Contener etapas preclusivas de negociación, de modo que lo acordado en cada etapa no podrá ser sometido a discusión en una etapa posterior y b) Constituir instrumentos de transparencia, compromiso y participación comunal. El ICE podrá solicitar asesoría a la Defensoría de los Habitantes y al Programa Estado de la Nación, para la elaboración y ejecución de los mecanismos de información y negociación; los que se consultarán a las Municipalidades de los cantones de Buenos Aires, Osa y Pérez Zeledón, previo a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.” Al respecto reclama que esa norma incumple el requisito de consulta previa a las comunidades indígenas afectadas previsto en el Convenio 169.
Explica que en su reserva indígena se han iniciado y se realizan importantes obras que afectarán severamente a la comunidad indígena que representa, tanto en su modo de vida, como en sus costumbres, tradiciones, cultura, valores religiosos y el disfrute de su territorio, y que la comunidad que representa debió ser, previamente, consultada sobre ese proyecto, o sea, debió mediar una obligada consulta previa a los pueblos indígenas afectados, en particular a través de sus instituciones representativas, con la finalidad de llegar a un acuerdo acerca de las medidas propuestas, todo conforme a los deseos expresados libremente por los pueblos afectados y lo dispuesto en el Convenio 169. Sostiene que se quiso forjar a sus espaldas, sin consultarse su posición, un proyecto en el que deben y tienen derecho de participar de manera activa, con la meta de superar la histórica condición de pobreza y retraso a la que se les ha tenido confinados y que la actuación gubernamental impugnada ha obviado adrede, recabar de previo su opinión, lo que implica una clara violación a sus derechos, pues estos se conculcan al reducir la actividad de la comunidad accionante a participar tardíamente en ridículos arreglos o conversaciones que solo pueden calificarse como “post morten”, pues no permitir que participen sino de manera limitada e impropia, luego de tomada la decisión de ejecutar actos iniciales del proyecto, para seguidamente continuarlo en todos sus detalles sin antes haber escuchado, valorado y accedido en lo pertinente a sus pretensiones, significa no recabar ni apreciar su opinión.
Señala que no se menciona siquiera la consulta a organizaciones legalmente representativas de sus comunidades indígenas, ni al CONAI y que su comunidad debe participar desde las etapas más incipientes, de todo plan o programa que les afecte, y no solo cuando el programa ya es una realidad en proceso de ejecución. También estima inconstitucional el artículo 8 del Decreto impugnado, en el que se estipula lo siguiente:
“Artículo 8º—Los sitios para explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas; se localizan en las Hojas Topográficas General, Buenos Aires, Changuena, Cabagra, a escala 1:50 000 del Instituto Geográfico Nacional, tienen los siguientes puntos de polígonos:
Punto Inicio Punto Final 534000 E / 337700 N 536000 E / 337875 N 536000 E / 337875 N 538000 E / 337500 N 530650 E / 339603 N 531747 E / 338563 N 534939 E / 347661 N 533541 E / 346603 N 533541 E / 346603 N 532202 E / 345356 N 532202 E / 345356 N 531470 E / 343697 N 522600 E / 323750 N 520000 E / 323000 N 520000 E / 323000 N 518000 E / 322283 N 518000 E / 322283 N 516000 E / 322052 N 547052 E / 334121 N 546614 E / 332384 N 548576 E / 328715 N 547800 E / 326781 N” Este numeral, según lo alega, es inconstitucional en la medida que los sitios para explotación establecidos afectan territorio indígena, sin que de previo se haya consultado a la comunidad indígena que representa, lo que violenta el artículo 45 de la Constitución Política en relación con el artículo 14 del Convenio N° 169.
La Reserva Indígena de Térraba se encuentra delimitada en el Decreto Ejecutivo 22203 del 2 de abril de 1993. Asimismo, su fundamento legislativo se desprende de la denominada Ley Indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, cuyo artículo 2, en forma expresa, declara propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en su artículo 1°, dentro de las cuales se incluye la reserva Térraba. Ahora bien, de acuerdo con el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folio 318), el artículo 8 del citado Decreto refiere puntos de coordenadas planas que representan sitios para la explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas. Por su parte, el proyecto se compone de sitios de explotación, por tanto, no posee un único espacio o área de acción, y como no se manifiestan las dimensiones espaciales de tales sitios o puntos, es imposible por ahora -de acuerdo con la información que consta en este proceso-, calcular un área de terreno en común que pueda existir entre el Proyecto Hidroeléctrico Diquís y la Reserva Indígena de Térraba.
No obstante, establecidos los límites de la Reserva Indígena de Térraba sobre las hojas topográficas respectivas, en asocio y ubicación de los lugares que forman parte del proyecto hidroeléctrico, existen tres sitios coincidentes con el área de la Reserva: los puntos 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 N y 546614 E / 332384 N. Por otro lado, en su informe, el Instituto Costarricense de Electricidad admite que se estarían inundando aproximadamente 74 hectáreas en la reserva indígena de China Kichá y 653 hectáreas de la reserva indígena de Térraba. En total se inundarían aproximadamente 727 hectáreas, que afecta un 7.5% del total de territorio indígena de Térraba y un 5.7% del total de territorio de China Kichá. En consecuencia, resulta indubitable que el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, en su fase de ejecución -que todavía no ha comenzado- y de acuerdo con la información que sí consta en el expediente de esta acción, comprenderá territorio indígena Térraba.
Previo a discutir esta acción, se revisaron los casos fallados en que se ha cuestionado el proyecto hidroeléctrico objeto de este asunto. Al respecto, es relevante lo siguiente:
“Por otra parte, en lo referente a la falta de entrega de los estudios técnicos que justificaron la promulgación del Decreto Ejecutivo número 34312-MP-MINAE, la autoridad explica en su informe -que es rendido bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, que a la fecha no existen tales estudios, sino que, por el contrario, se está en la primera fase del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, que comprende la preparación de los insumos para la firma consultora que se contratará para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental. Lo que implica que se trabaja en la elaboración de estudios de entorno físico requeridos como insumos para el diseño de las obras, así como en la colecta de información biótica, física y socioeconómica que se empleará como sustento técnico para hacer el Estudio de Impacto Ambiental. Por lo que alega que aún no existen estudios técnicos concluidos o finalizados que se puedan facilitar al recurrente, como así se le explicó a éste al momento de responder sus gestiones” (ver sentencia No. 2008-011743 de las doce horas y dieciséis minutos del veinticinco de julio del dos mil ocho; el subrayado no es del original).
“ÚNICO.- El recurrente demandó la tutela del derecho de propiedad de la comunidad indígena de Terraba, pues en su criterio, dentro de esa Reserva Indígena se está construyendo el proyecto hidroeléctrico El Diquís, sin la autorización de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral correspondiente. No obstante lo anterior, el Apoderado General Judicial del Instituto Costarricense de Electricidad explicó, en su informe -rendido bajo la solemnidad del juramento, con el oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales-, que la represa no está en construcción, por el contrario, se está evaluando la factibilidad del proyecto, para luego realizar los estudios impacto ambiental (visible a folio 22). Además, resaltó que el Instituto Costarricense de Electricidad ha propiciado el diálogo, no solo entre los representantes de las comunidades, sino también de los grupos del entorno al desarrollo del proyecto (visible a folio 23).
Ante esto, es criterio de esta Sala Constitucional que no se ha transgredido derecho fundamental alguno. En primer lugar, la autoridad recurrida certificó que la represa no está en construcción. El proyecto está apenas en su fase inicial. Aunado a esto, el recurrente no acreditó la existencia de alguna medida tomada por parte del ente recurrido, que atentara contra la integridad de la reserva indígena o sus centros de población. De otra parte, el Apoderado General Judicial del Instituto garantizó a este Tribunal que se ha incentivado el diálogo con la población de la localidad y los posibles afectados. Por ello no se puede concluir que se irrespetaron los artículos del 13 al 19 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Consecuentemente, se impone desestimar el recurso planteado” (ver sentencia No. 2008-013560 de las diez horas y veinte minutos del cinco de septiembre del dos mil ocho; el subrayado no es del original).
“I.- Hechos Probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
II.Objeto del recurso. El recurrente acusa que el Instituto Costarricense de Electricidad, lesiona el artículo 6 del Convenio Internacional No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, toda vez que no se ha realizado la consulta respectiva a los pueblos correspondiente al Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. […]
IV.Sobre el caso concreto. En el caso bajo estudio, el recurrente acusa lesión al artículo 6 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 1989, ya que, el Instituto Costarricense de Electricidad, no le consultó a los habitantes de la Reserva Indígena de Térraba, previo a realizar los estudios para el Proyecto Hidroeléctrico El Díquís. Efectivamente, y con sustento en la normativa internacional esbozada en el considerando anterior, existe un derecho de parte de los pueblos indígenas a ser consultados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Ciertamente la construcción de una Planta Hidroeléctrica es uno de esos temas; sin embargo, es menester analizar si en el caso concreto existía el deber de consultar.
En ese sentido, del informe rendido bajo juramento, con las consecuencias incluso penales que prevé el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se colige que actualmente el proyecto en cuestión se encuentra en la primera fase, la de factibilidad, que comprende la preparación de los insumos para la firma consultora que se contratará para el Estudio de Impacto Ambiental, siendo que dicho estudio ni siquiera se ha iniciado. De esta manera, se tiene que aún la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, no esta siquiera definido su desarrollo y efectiva construcción, toda vez que todavía ni siquiera se han solicitado los permisos correspondientes, por cuanto no se ha determinado aún la factibilidad para realizar el mencionado proyecto, ya que si las investigaciones no se llevan a cabo no hay forma de saber si es posible o no, por la geología de lugar, construir una presa.
Es así, como esta Sala considera que el presente amparo es prematuro, ya que se está ante un hecho futuro e incierto, por cuanto aún no se sabe con seguridad si se va a realizar o no la construcción en cuestión. […]
En razón de lo anterior, esta Sala estima que la autoridad recurrida ha realizado esfuerzos para acercarse a los habitantes indígenas de la comunidad de Térraba, ello a pesar de que todavía no se ha concretizado de manera definitiva la construcción de la presa. Sin embargo, es menester recordarle a la autoridad recurrida, que en caso de decidirse desarrollo el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, deberán asegurarle a los pueblos indígenas una efectiva participación en el proceso y en la toma de decisiones” (ver sentencia No. 2009-06045 de las catorce horas y cincuenta y tres minutos del veintidós de abril del dos mil nueve; el subrayado no es del original).
“III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
En el mismo orden de ideas, la Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental aseguró que el proyecto hidroeléctrico El Diquís está en su etapa de evaluación, las obras que se están ejecutando como la realización de perforaciones, galerías, investigaciones geofísicas, no corresponden a la etapa constructiva del proyecto, sino a la fase de investigación que cuenta, también, con la viabilidad ambiental, otorgada mediante la resolución No. 1584-2005-SETENA del 1° de julio de 2005. Adicionalmente, el campamento Buenos Aires, diseñado para facilitar la ejecución de esta etapa inicial, cuenta con la viabilidad ambiental, conferida por medio de la resolución No. 2634-2007-SETENA del 6 de diciembre de 2007. A partir de lo expuesto, en criterio de esta Sala Constitucional, no se ha lesionado derecho fundamental alguno. En primer lugar, las autoridades recurridas certificaron que la represa no está en construcción. El proyecto está apenas en una de sus fases iniciales. Aunado a esto, el Apoderado General Judicial del Instituto garantizó a este Tribunal que se ha incentivado el diálogo con la población de la localidad y los posibles afectados. Por ello, no se puede concluir que, hasta esta etapa, se hubieran irrespetado los artículos 13 al 19 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo. […]
Por consiguiente, este Tribunal considera que no existe fundamento para variar el criterio vertido en esta sentencia. Por lo tanto, no se constata irrespeto del convenio no. 169 de la organización internacional del trabajo, ya que, como se mencionó, el proyecto está apenas en una de sus fases iniciales, por lo que no se puede concluir que, hasta esta etapa, se hubieran irrespetado el mencionado convenio. […]
Por consiguiente, no se acreditó que los recurridos hayan iniciado obras que dañen el ambiente y la fauna del territorio indígena con este proyecto, ya que, como se mencionó, se encuentra en la fase de estudios de impacto ambiental y técnicos en la cuenca del Río Terraba, por lo que no es la etapa constructiva sino la fase de investigación. Por todo lo anterior, el recurso de amparo resulta prematuro, pues, por el momento no se ha concretado ninguna violación a los derechos fundamentales de los presuntos agraviados” (ver sentencia No. 2010-009536 de las once horas y un minuto del veintiocho de mayo del dos mil diez; el subrayado no es del original).
“Pues bien, lo dicho hasta ahora sirve para indicar que el Poder Ejecutivo no se ha excedido en sus atribuciones y las exenciones que ha otorgado están plenamente amparadas en su obligación de velar porque el país siga un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible, basado en formas de producción de energía limpia. Adicionalmente, la declaratoria de conveniencia nacional del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís se encuentra amparada en lo dispuesto en la Ley Forestal y su reglamento, pues, una represa hidroeléctrica es, ciertamente, un proyecto que lo que pretende es la “generación, transmisión y distribución de electricidad”, de tal suerte que, el decreto impugnado daría abrigo a un proyecto que cabe dentro de los supuestos del artículo 19 de la Ley Forestal y el artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal. Aunado a esto, debe tomarse en cuenta que el decreto en ningún momento implica la posibilidad de llevar adelante el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís sin cumplir los controles ambientales dispuestos por el ordenamiento, pues, como bien lo admiten los informantes en esta acción, el decreto no lo exime de la realización de un estudio de impacto ambiental para la obtención de la respectiva viabilidad ambiental, requisito esencial e indispensable si se desea continuar hasta la materialización del proyecto.
En adición, debe hacerse ver que el accionante no enjuicia, de manera concreta, los incisos b), c) y d) del artículo 9 del decreto ejecutivo 34312-MP-MINAE de 6 de febrero de 2008, debido a que no aporta las razones concretas por las cuales esos tres apartados de ese decreto pueden vaciar de su contenido esencial el artículo 50 Constitucional. […]
Desde esa perspectiva, los incisos b), c) y d) del artículo 9 del decreto impugnado no resultan contrarios al Derecho de la Constitución, pues se encuentran amparados en una norma legal que autoriza al Poder Ejecutivo a tomar determinadas acciones, para aligerar el tipo de proyectos ahí contemplados, sin que esto signifique o acarree una desprotección del medio y sin que la autorización se erija como una prerrogativa arbitraria, irrazonable e ilimitada para la destrucción del ambiente o el vaciamiento del contenido mínimo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado” (ver sentencia No. 2010-013100 de las catorce horas y cincuenta y siete minutos del cuatro de agosto del dos mil diez; el subrayado no es del original).
“Segundo: Debe quedar claro que sólo es con ocasión de una situación de emergencia o excepción en los términos previstos en el artículo 180 constitucional (“para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción o calamidad pública”) que puede excepcionarse la vinculatoriedad de la normativa ambiental –al igual que el resto del ordenamiento jurídico, como lo consideró este Tribunal en la citada sentencia número 2340-92–. […]
Sin embargo, sí es lo cierto que las normas impugnadas sí prevén un caso en que se puede modificar el destino de los inmuebles particulares sobre los que pese una afectación al patrimonio forestal del Estado, para permitir la construcción de obras de infraestructura de conveniencia social, pero se insiste, no es un régimen de excepción que autorice a las instituciones públicas a contaminar el ambiente, en tanto en aquél no se aplica la normativa ambiental, en cambio en esta excepción sí, en tanto, la decisión debe estar sustentada precisamente en ella. Se trata de inmuebles a los que se les ha impuesto una limitación de evidente interés social, sustentada en la finalidad de la preservación y tutela del ambiente, de ahí la regla general y absoluta de la imposibilidad de su cambio de uso (párrafo primero del artículo 19 y frase primera del primer párrafo del artículo 34 de la Ley Forestal); finalidad que se modifica en aras del interés general de la colectividad nacional. […]
De la lectura del precedente parcialmente transcrito se desprende que la declaratoria de un proyecto u obra como de conveniencia nacional o interés público, al amparo de los artículos 19, inciso b), y 34 de la Ley Forestal, no supone, en forma alguna, eximir a tal proyecto u obra de la aplicación de la normativa ambiental, incluida la obligación de realizar los correspondientes estudios técnicos (artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente) para acreditar la pertinencia del proyecto en la ubicación dispuesta, y el impacto que tales obras tendrán sobre el ambiente, a fin de determinar las medidas compensatorias necesarias para mitigar los efectos negativos. […]
Lo cierto es que la eventual ejecución del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís podría tener un impacto ambiental en dicho refugio de vida silvestre. Posible impacto que, evidentemente, no puede ser previamente dilucidado por medio de esta acción de inconstitucionalidad. Para valorar tal aspecto existe el estudio de impacto ambiental exigido por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. Por lo que se reitera que la mera declaración de conveniencia nacional e interés público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión no supone, en forma alguna, la exoneración del deber de realizar tal estudio. […]
En ese sentido, nuestro legislador, al emitir la Ley Forestal, número 7575, con gran visión, dejó un espacio dentro del artículo 19 de ese cuerpo legal para que el Estado pudiera llevar adelante proyectos que, eventualmente, podrían tener impactos ambientales, como cualquier otra actividad humana, pero que, sopesados con los beneficios sociales, económicos y ambientales, resultaran ser aquellos mucho menores que estos últimos, de tal suerte que fuera beneficioso llevarlos adelante, para lo cual se requeriría que estos sean de conveniencia nacional. […]
Entonces, es claro que esas autorizaciones, otorgadas legalmente al Poder Ejecutivo, lo que pretenden es que este tenga un espacio idóneo para, justamente, poder impulsar un desarrollo ambientalmente sostenible […]
“El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.” […]
Conforme con lo expuesto, una gestión sostenible de los recursos implica satisfacer las necesidades de los países, teniendo en consideración los requerimientos de las generaciones presentes y futuras y balanceando tres objetivos principales: ambiental, social y económico. Lo anterior, en aras de invertir las tendencias que amenazan la calidad de vida de los seres humanos y evitar un aumento de los costos para la sociedad. [...]
Velar por la existencia de un vínculo sostenible entre la humanidad y la naturaleza. Incluso, la adopción de políticas sostenibles está basada en la concordancia entre el crecimiento económico, la equidad social y la conservación de los recursos naturales […]
El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. […]
Aunado a esto, debe tomarse en cuenta que el decreto en ningún momento implica la posibilidad de llevar adelante el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís sin cumplir los controles ambientales dispuestos por el ordenamiento, pues, como bien lo admiten los informantes en esta acción, el decreto no lo exime de la realización de un estudio de impacto ambiental para la obtención de la respectiva viabilidad ambiental, requisito esencial e indispensable si se desea continuar hasta la materialización del proyecto. […]
La dignidad humana es el centro, la piedra angular, de cualquier Estado de Derecho, por lo que esta y el respeto por la integridad del entorno deben, sin duda, ir de la mano, pues una política ambiental que no tome en cuenta el pleno desarrollo de las personas difícilmente será sostenible, como tampoco lo será un modelo de desarrollo socioeconómico que no se preocupe por el entorno y que sacrifique, a toda costa, la protección del medio […]” (ver sentencia No. 2010-013622 de las quince horas y cuarenta y dos minutos del diecisiete de agosto del dos mil diez; el subrayado no es del original).
De estos antecedentes se desprende una serie de ideas y principios por los cuales la Sala no ha considerado inconstitucional la actuación estatal desplegada en lo que ahí se entendió como la fase inicial del proyecto hidroeléctrico El Diquís.
Al respecto, esa norma establece lo siguiente: “En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º inciso m), 19 inciso b) y 34 de la Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996, se declara de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante el ICE.”. En relación con ese numeral, la mera declaración de que el proyecto de marras sea de conveniencia nacional, no puede ser considerada como violatoria al derecho a la propiedad cobijado en el artículo 45 constitucional ni contraria al artículo 14 del Convenio 169. En todo caso, el Estado, de previo a la decisión estatal que permita el inicio de las obras del proyecto, deberá hacer efectivos a los pueblos indígenas interesados los derechos fundamentales que se derivan tanto de su derecho de propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, es decir, la reserva, así como los derechos sobre recursos naturales referidos a tales territorios y los que dispone el convenio 169, lo que implicará -entre otros- el derecho a medidas de compensación o indemnizatorias que en su momento deberán ser determinadas, así como medidas de mitigación y el reparto de beneficios del proyecto de manera proporcionada y razonable, con observancia de lo que indican el artículo 45 de la Constitución y los compromisos del Estado costarricense adquiridos al ratificar el citado Convenio de la OIT.
No obstante, tal obligación jurídica no resulta incompatible con la declaratoria de conveniencia nacional e interés público de la obra en mención, que se justifica por la necesidad del país de reducir la dependencia de combustibles fósiles en la producción de electricidad, lo que promueve el derecho constitucional de toda la población a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el derecho de toda la ciudadanía de asegurar una nivel de producción de electricidad óptimo para resguardar el desarrollo económico del país y el abastecimiento de ese bien jurídico fundamental a los habitantes de la República.
La citada norma dispone lo siguiente:
“Artículo 4º—El ICE dispondrá de mecanismos de información y negociación con las comunidades involucradas en el desarrollo del Proyecto, a efecto de alcanzar los acuerdos que permitan balancear los intereses locales en materia de reconocimiento del arraigo de los habitantes, con los intereses nacionales de abastecimiento energético. Los mecanismos de información y negociación deberán:
El ICE podrá solicitar asesoría a la Defensoría de los Habitantes y al Programa Estado de la Nación, para la elaboración y ejecución de los mecanismos de información y negociación; los que se consultarán a las Municipalidades de los cantones de Buenos Aires, Osa y Pérez Zeledón, previo a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.” Al respecto, el accionante estima esa norma inconstitucional porque antes de dictarse, el ICE debió consultar a la ADI de la Reserva Indígena Térraba con base en el artículo 6 del Convenio 169, que regula lo siguiente:
“1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.” En opinión de la Sala, la norma cuestionada, en el fondo, lo que busca es aplicar el mandato establecido en el artículo 6 del Convenio 169 al caso concreto, toda vez que obliga al ICE a negociar y alcanzar acuerdos y compromisos, así como la participación de la comunidad indígena, es decir, se trata de una disposición tendente a cumplir ese convenio internacional, lo que implica efectuar la consulta extrañada por la accionante. Asimismo, el hecho de que se determinen etapas preclusivas de negociación, de modo que lo acordado en cada fase no pueda ser sometido a discusión en una posterior, resulta razonable, pues de lo contrario se podría caer en tardanzas injustificadas por cualquiera de las partes, en detrimento de la requerida agilidad administrativa que demanda un proyecto de declarada conveniencia nacional e interés público.
No obstante, conviene resaltar que cada etapa debe respetar criterios de transparencia, compromiso y participación comunal, de modo que si ello se incumple, no se pueda tener por precluida una fase de negociación. Dicho de otra forma: la transparencia, compromiso y participación comunal, en un ambiente de libertad y buena fe, son condiciones sine qua non para la conclusión de cada fase de la negociación. Al respecto, la buena fe requiere de todas las partes de la consulta, inclusive las partes indígenas y la representación del ICE, que se reconozcan los intereses legítimos relativos al proyecto hidroeléctrico de ambas partes, y que se intente llegar a decisiones consensuadas. Así las cosas, como la norma cuestionada reconoce y promueve el derecho de las poblaciones indígenas a ser consultadas dentro de cánones razonables, no se estima que exista inconstitucionalidad alguna. Ahora bien, el artículo 4 cuestionado solo regula una base mínima para establecer el procedimiento de la consulta, cuyo objetivo debe ser el consentimiento libre, previo e informado de la población Térraba así como de otras poblaciones indígenas que pudieran verse afectadas de manera directa por el mencionado proyecto hidroeléctrico.
Evidentemente, en la definición de dicho procedimiento ninguna de las partes podrá imponer a la otra unilateralmente su criterio más allá de la base establecida en la citada norma y de acuerdo, por supuesto, con lo que dispone el Convenio 169. Lo anterior implica que en un proceso de diálogo libre, constructivo y de buena fe, la representación indígena y el ICE tendrán que definir el procedimiento de la consulta en sí, para cuyo efecto resulta adecuado, tal como lo estipula el artículo 4 del Decreto Ejecutivo número 34312, contar con asesoría de la Defensoría de los Habitantes y el Programa Estado de la Nación, entre otras instituciones, pues también podrían coadyuvar otras entidades de derecho público o privado, nacionales o internacionales. En concreto, los demás elementos específicos del procedimiento de consulta en sí deberán ser definidos de acuerdo con los pueblos indígenas afectados por el proyecto, entre ellos la comunidad Térraba.
A efectos de desarrollar lo dispuesto en el artículo 4 inciso b) del Decreto Ejecutivo número 34312, la consulta a los indígenas deberá plantearse de forma tal que estos puedan manifestar su voluntad de manera libre, previa e informada, según dispone el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, para cuyo efecto los indígenas deberán tener acceso a los estudios técnicos correspondientes, entre ellos los de factibilidad del proyecto hidroeléctrico ya realizados y los que estén en curso. Esta actitud de apertura a entregar información deberá mantenerla el ICE durante todas las fases del proceso de consulta. Además, el conocimiento informado supone que los pueblos indígenas dispongan del conocimiento y capacidad técnica requerida, para cuyo efecto resulta indispensable que estos cuenten con sus propios asesores expertos en las materias pertinentes; tales consultores serán libre y autónomamente escogidos y contratados por los indígenas pero su costo correrá a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad.
Complementariamente, si ambas partes estuviesen de acuerdo, un equipo de expertos independientes y confiables podrían facilitar el proceso de consulta, el cual podría ser auspiciado por el sistema de Naciones Unidas. En todo caso, la consulta deberá ejecutarse en el plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, todo antes de la decisión estatal que permita el inicio de las obras del proyecto. Resulta inconciliable con la buena fe en el proceso de consulta, el hecho de que cualquiera de las partes llegue a adoptar posiciones abiertamente contrarias a reglas unívocas de la ciencia o la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Ninguna de las partes, en el proceso de consulta, podrá partir del supuesto que impondrá su voluntad a la otra; por el contrario, deberá imperar un ambiente de recíproco respeto y consideración para con los criterios de cada una de ellas.
Asimismo, la buena fe demanda que el Instituto Costarricense de Electricidad suspenda toda actividad de investigación o de otra índole que implique operaciones en los territorios indígenas afectados hasta tanto no concluya la consulta estipulada en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo número 34312.
Este ordinal regula lo siguiente:
“Artículo 8º—Los sitios para explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas; se localizan en las Hojas Topográficas General, Buenos Aires, Changuena, Cabagra, a escala 1:50 000 del Instituto Geográfico Nacional, tienen los siguientes puntos de polígonos:
Punto Inicio Punto Final 534000 E / 337700 N 536000 E / 337875 N 536000 E / 337875 N 538000 E / 337500 N 530650 E / 339603 N 531747 E / 338563 N 534939 E / 347661 N 533541 E / 346603 N 533541 E / 346603 N 532202 E / 345356 N 532202 E / 345356 N 531470 E / 343697 N 522600 E / 323750 N 520000 E / 323000 N 520000 E / 323000 N 518000 E / 322283 N 518000 E / 322283 N 516000 E / 322052 N 547052 E / 334121 N 546614 E / 332384 N 548576 E / 328715 N 547800 E / 326781 N” Al respecto, como se indicó supra, de acuerdo con el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (folio 318), el mencionado artículo refiere puntos de coordenadas planas que representan sitios para la explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas. El proyecto se compone de sitios de explotación, por tanto, no posee un único espacio o área de acción. Establecidos los límites de la Reserva Indígena de Térraba sobre las hojas topográficas respectivas (véase el mapa confeccionado por ese Instituto a folio 321 de esta acción), en asocio y ubicación de los lugares que forman parte del proyecto hidroeléctrico, existen tres sitios en el Decreto número 34312, coincidentes con el área de la Reserva: los puntos 536000 E / 337875 N, 547052 E / 334121 N y 546614 E / 332384 N. Ahora bien, la mera determinación de los mencionados sitios, si bien comprende territorio de la Reserva Indígena de Térraba, no puede catalogarse como contraria al Convenio 169.
A efecto de sustentar este criterio, conviene advertir que en la especie no se necesita analizar los problemas de titularidad de la propiedad de una comunidad tribal (que en nuestro caso no se da dado que existe pleno reconocimiento a la propiedad comunal), pero si el otorgamiento de concesiones de explotación de recursos naturales que repercuten en la forma de vida indígena y su espiritualidad. En este sentido, la Corte Interamericana establece en el caso de los Saramaka (sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 28 de noviembre de 2007) que “En virtud de todas las consideraciones mencionadas, la Corte concluye lo siguiente: primero, que los integrantes del pueblo Saramaka tienen el derecho a usar y gozar de los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio que ocupan tradicionalmente y que sean necesarios para su supervivencia; segundo, que el Estado puede restringir dicho derecho mediante el otorgamiento de concesiones para exploración y extracción de recursos naturales que se hallan dentro del territorio Saramaka sólo si el Estado garantiza la participación efectiva y los beneficios del pueblo Saramaka, si realiza o supervisa evaluaciones previas de impacto ambiental o social y si implementa medidas y mecanismos adecuados a fin de asegurar que estas actividades no produzcan una afectación mayor a las tierras tradicionales Saramaka y a sus recursos naturales, y por último, que las concesiones ya otorgadas por el Estado no cumplieron con estas garantías. ”.
(Parr. 159 Sentencia del 28 de noviembre de 2007 Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam). Es claro, que en el caso que analizó la Corte muchas de estas violaciones se consumaron, situación que no es el caso, pues se está en las etapas previas de análisis y de consulta al pueblo indígena. En efecto, contrario al caso Saramaka, en este asunto, la norma impugnada se dictó en un periodo que corresponde a la fase inicial de investigación, por lo que en ese momento no resultaba razonable formular la consulta aludida en el artículo 6 del Convenio 169, pues para ello se requería, como presupuesto lógico jurídico, mayor claridad y precisión en el proyecto por realizar, lo que serviría de base para el inicio de las negociaciones. Lo anterior confirma la línea jurisprudencial seguida por esta Sala en los votos números 2010-009536 de las 11:01 horas del 28 de mayo de 2010 y 2008-014549 de las 14:24 horas del 26 de setiembre de 2008, en los que no se constató irrespeto alguno al Convenio 169 de la OIT, ya que como ahí se dijo, el proyecto de marras estaba en etapa de estudio e investigación.
En todo caso, obsérvese que esta forma de resolver según el criterio de la mayoría del Tribunal, corresponde a la doctrina jurisprudencial usualmente aplicada en materia de derecho constitucional de propiedad, porque la sola indicación hecha por el Estado respecto de determinado inmueble que podría ser necesario para la realización de una obra de interés público, no implica por sí misma, la violación de ese derecho. Con base en lo expuesto, el artículo 8º del Decreto Ejecutivo número 34312 resulta constitucional, porque los sitios ahí señalados, aunque concuerden con la reserva de la accionante, solamente eran referencias al momento en que la norma fue dictada. Sin embargo, al momento actual, es público y notorio que aquella fase primaria ya precluyó, de manera que la evolución de los acontecimientos implica un cambio de circunstancias significativo, que, efectivamente, podría derivar en una inconstitucionalidad sobrevenida de la norma cuestionada de no hacerse la consulta a los pueblos indígenas afectados, como se ordena en este pronunciamiento.
En tal sentido, esta Sala advierte el criterio emitido por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, fechado 30 de mayo de 2011, quien, por un lado, considera que “debería haberse iniciado un proceso de consulta sobre el proyecto hidroeléctrico antes de haberse comenzado los estudios técnicos” pero por el otro estima “No obstante, el Relator Especial considera que es posible remediar la falta de participación indígena previa a la elaboración del proyecto, si en la actualidad se iniciara un proceso de consulta adecuado de acuerdo a las normas internacionales y con algunas características para atender a los desafíos particulares que se han presentado en este caso.” Conteste con tal criterio, la constitucionalidad de la norma se preserva, siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto se realice en el plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, todo ello conforme a los requerimientos descritos en el considerando anterior.
De conformidad con lo expuesto corresponde desestimar la acción, aunque la consulta prevista en el artículo 4 del Decreto impugnado deberá realizarse sin demora, dentro del plazo fijado en la parte dispositiva de este pronunciamiento. Los Magistrados Calzada, Jinesta y Cruz salvan el voto y declaran parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad, únicamente, contra el artículo 8° del Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE, en cuanto la delimitación del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís comprende puntos de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires de Puntarenas y no le fue consultado a la comunidad indígena. El Magistrado Cruz pone nota.
Por tanto:
Se declara sin lugar la acción respecto de los artículos 1 y 4 del Decreto Ejecutivo número 34312. Por mayoría, se interpreta conforme a la Constitución el numeral 8 del Decreto Ejecutivo número 34312, siempre y cuando la consulta establecida en el artículo 4 de ese Decreto se realice en el plazo improrrogable de 6 meses contado a partir de la notificación de este pronunciamiento. Los Magistrados Calzada, Jinesta y Cruz salvan el voto y declaran parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad, únicamente, contra el artículo 8° del Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE, en cuanto la delimitación del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís comprende puntos de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires de Puntarenas y no le fue consultado a la comunidad indígena. El Magistrado Cruz pone nota.
Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V. Paul Rueda L.
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA CALZADA Y DE LOS MAGISTRADOS JINESTA Y CRUZ La Magistrada Calzada y los Magistrados Jinesta y Cruz, salvan el voto y declaran parcialmente la acción de inconstitucionalidad, únicamente, contra el articulo 8° del Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE, en cuanto la delimitación del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís comprende puntos de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires de Puntarenas y no le fue consultado a la comunidad indígena, por las siguientes razones:
Redacta el Magistrado Jinesta; y
CONSIDERANDO:
I.TRASLAPE DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EN CIERTOS PUNTOS DE LA RESERVA INDÍGENA, SU AFECTACIÓN, POR INUNDACIÓN, EN UN 6% DE SU EXTENSIÓN Y MEDIOS DE PRUEBA TÉCNICOS. El artículo 8° del Decreto Ejecutivo No. 34312-MP-MINAE de 6 de febrero de 2008, delimitó el área del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, concretamente, las áreas de explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas. Los derroteros y área del proyecto fueron establecidos en el Decreto con fundamento en hojas Topográficas del Instituto Geográfico Nacional. Empero, en el expediente obra prueba contundente aportada por los órganos técnicos en el sentido que el área del proyecto se traslapa con parte de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires. Así, a folios 318-320 del Tomo II del expediente judicial, consta el oficio No. DEGEO-095-08 de 1° de agosto de 2008, donde el Departamento de Geografía del Instituto Geográfico Nacional, señala, de manera concluyente, lo siguiente: “Establecidos los límites de la Reserva Indígena de Térraba sobre las hojas topográficas respectivas, en asocio y ubicación de los sitios que forman parte del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, se concluye que existen tres sitios (puntos) de dicho Proyecto que son coincidentes con el área de la Reserva” (folio 320 Tomo II del expediente judicial, el resaltado no es del original).
El Instituto Geográfico Nacional aportó, como parte del oficio referido anteriormente, una hoja cartográfica (visible a folio 321 del Tomo II del expediente judicial) donde se aprecian, claramente, los tres puntos en rojo donde existe un traslape entre la Reserva Indígena y el Proyecto Hidroeléctrico, que aunque se encuentren en la zona limítrofe de las dos áreas, coinciden con el área de reserva. En igual sentido se pronunció la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas que mediante oficio CEDET-047-2008 de 4 de agosto de 2008, le hizo ver a la Procuradora Adjunta que “Según puntos de coordenadas dadas en el decreto No. 34312 Artículo 8° Se (sic) localiza tres puntos de estos dentro de la reserva indígena de Térraba” (visible a folio 322 Tomo II expediente judicial). Por su parte, el Coordinador General del Departamento Catastral Registral del Catastro Nacional, mediante oficio CR-094-2008 de 6 de agosto de 2008 (visible a folios 324-325 Tomo II expediente judicial), concluyó, categóricamente, lo siguiente: “Con vista a la información (sic) suministrada, se ha podido determinar, en forma aproximada, que el área de la Reserva Indígena Térraba se ve afectada en un 6% de su área total por el área de explotación (inundación), del P. H. El Diquís” (el destacado no es del original).
En la ocho láminas que aportó el Departamento Catastra Registral, visibles a folios 326-333 del Tomo II del expediente judicial, se aprecia en color azul, con suficiente claridad gráfica, el área de la reserva indígena que será inundada y afectada por el Proyecto Hidroeléctrico. Es así como, en criterio de los Magistrados de la minoría, quedó plena, idónea y fehacientemente acreditado que la reserva indígena es cubierta en tres puntos por el área del Proyecto Hidroeléctrico y que será, significativa y seriamente, afectada al inundarse, como parte del proyecto, un 6% de su área total.
II.DERECHO DE PARTICIPACIÓN PREVIO Y EFECTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, IRREDUCTIBILIDAD DE LOS TERRENOS DE RESERVA INDÍGENA Y ACCIONES AFIRMATIVAS EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. Los Magistrados de la minoría entendemos que cuando un proyecto afecta puntos de una reserva indígena, impacta terrenos de ésta o los reduce, es menester, ineluctablemente, darle participación previa y efectiva a las comunidades indígenas para que se les suministre toda la información necesaria y puedan formular las observaciones y objeciones que estimen pertinentes. En tal sentido, el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 2007, estatuye lo siguiente:
“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativa o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.
Como se desprende de esta norma del Derecho internacional público de los Derechos Humanos, la consulta debe ser previa o anterior (ex ante) a la adopción de una medida administrativa como lo es, en la especie, la emisión de un decreto ejecutivo que declara de conveniencia nacional e interés público un proyecto hidroeléctrico, que lo delimita, traslapándose en tres puntos sobre la reserva indígena –aunque sea en la zona limítrofe entre la reserva y el proyecto hidroeléctrico- y la afecta por la inundación de un 6% de su área. Empero, no sucedió de esta forma, de manera que estimamos se ha quebrantado, palmariamente, el Derecho internacional de los Derechos Humanos, en particular, el Convenio No. 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 2007, que protegen, tutelan y aseguran a las comunidades indígenas su derecho de participación previo y efectivo.
La postura de la mayoría de este Tribunal Constitucional no resulta congruente con lo establecido en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas citada, por cuanto, la consulta debe ser, ineluctablemente, previa y no posterior o ex post. De otra parte, existe consenso en el Derecho de protección de las comunidades indígenas, que los terrenos destinados a reservas, no pueden ser disminuidos o diezmados por varias razones tales como el vínculo ancestral y espiritual que mantienen estos pueblos con la tierra como parte de su cosmovisión, el régimen de propiedad comunal o colectiva que los caracteriza, así como la circunstancia histórica que desde la conquista española han sufrido toda clase de vejámenes, discriminaciones y marginación, ya que, después de ser los pobladores autóctonos y originarios del continente americano, han sido, progresivamente, reducidos a terrenos relativamente pequeños y acotados cuyas dimensiones, extensión y características debe evitarse, a toda costa, que sean mermados por el designio de personas y comunidades que son ajenas a las tradiciones y costumbres milenarias de las etnias indígenas. Sobre este particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 10° prescribe lo siguiente:
“Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, siempre que sea posible, la opción del regreso”.
Varios preceptos de la Declaración de Naciones Unidas de 2007, insisten sobre la integridad de los territorios y el derecho a las tierras de las comunidades indígenas, así el artículo 26, párrafos 1° y 2°, proclaman el derecho que tienen sobre las tierras, territorios y recursos que, tradicionalmente, han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Por su parte, el numeral 28 estatuye el derecho de las comunidades indígenas a obtener reparación, mediante la restitución o una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado y que hayan sido “tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado” (párrafo 1°). El párrafo 2° de ese mismo precepto dispone que “Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada”.
Estas normas de ius cogens, no han sido respetadas en el presente asunto, por cuanto, pese a que el área del proyecto hidroeléctrico se traslapa en, por lo menos, tres puntos con la reserva indígena y, adicionalmente, se verá seriamente afectada por la inundación futura de un 6% de su extensión, no se le ha consultado previamente a las comunidades indígenas, como tampoco se les ha ofrecido las medidas compensatorias o de reparación pertinentes. No cabe la menor duda que las comunidades indígenas, por tratarse de un grupo en desventaja, son acreedoras de acciones afirmativas, por la discriminación, despojo o destrucción de su cultura, proceso forzado de transculturación –rayano en la aculturación- al que se han sometido injustamente y el dramático desarraigo y desplazamiento coactivo que han sufrido desde tiempos de la trágica conquista española; tales acciones afirmativas, demandan de los poderes públicos, el respeto de sus tradiciones y costumbres ancestrales y, desde luego, de sus derechos históricos y humanos.
Como parte esencial de tales derechos de las comunidades indígenas, decantados por el Convenio No. 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 2007 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra la participación efectiva y previa que debe brindárseles cuando un proyecto afecta sus reservas o se pretende, directa o colateralmente, disminuirlas, para que pueden manifestar su libre, previo e informado consentimiento o rechazo. La observancia de tales derechos se echa de menos en el presente asunto, al delimitarse, por vía de decreto ejecutivo, el área de un proyecto hidroeléctrico, cuya importancia nacional y para el desarrollo está fuera de discusión, pero que, según abundante y concordante prueba técnica afecta una reserva indígena. Todo lo anterior, impone declarar inconstitucional el artículo 8° del Decreto Ejecutivo impugnado, para que, se rectifique el área del proyecto hidroeléctrico de tal manera que no afecte la reserva indígena y menos aún reduzca su territorio o extensión o bien para que, previa consulta y consentimiento libre, expreso e informado de la comunidad indígena, ésta determine los alcances de su afectación, en el ejercicio de su libre autodeterminación, con las consecuentes compensaciones o indemnizaciones.
Ana Virginia Calzada Ernesto Jinesta Fernando Cruz Acción Inconstitucionalidad 08-009215-0007-CO Nota del magistrado Cruz Castro:
En el voto de minoría se establece la inconstitucionalidad del artículo ocho del Decreto Ejecutivo impugnado, para que se rectifique el área del proyecto hidroeléctrico, para que no afecte la reserva indígena y menos aún reduzca su territorio o extensión o bien para que, previa consulta y consentimiento libre, expreso e informado, la comunidad indígena determine los alcances de su afectación, en el ejercicio de su libre autodeterminación, con las consecuentes compensaciones o indemnizaciones. Esta decisión de la minoría permite derivar las siguientes consecuencias: a- La consulta previa no es una simple formalidad, es la expresión de un procedimiento de vocación democrática, que también puede tener consecuencias prácticas, porque al escuchar a la comunidad afectada, ésta puede sugerir soluciones alternativas, sin afectar el contenido esencial del acuerdo. El diálogo entre quien representa el interés público y los representantes de la comunidad, permite encontrar soluciones que le dan legitimidad a la decisión de la institución estatal que afecta la reserva indígena; b- La consulta, al igual que cualquier consulta a la ciudadanía, debe responder a un equilibrio en la información que asegure un consentimiento informado efectivo.
Se excluyen las informaciones sesgadas o que no asegure a los ciudadanos que participan en la consulta, estar en igualdad de condiciones para cuestionar y evaluar los argumentos de la institución estatal que impulsa el proyecto.
Fernando Cruz Castro
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