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Res. 12974-2013 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 25/09/2013
OutcomeResultado
The Chamber summarily dismissed for lack of standing the challenge to free-trade-zone exemptions and denied the claims against the Comprehensive Waste Management Law.La Sala rechazó de plano por falta de legitimación la impugnación de las exoneraciones de zonas francas y declaró sin lugar los reclamos contra la Ley para la Gestión Integral de Residuos.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed a challenge brought by the mayor of Mora against tax exemptions granted to free-trade-zone companies and against several powers assigned to the Ministry of Health under the Comprehensive Waste Management Law. It summarily dismissed, for lack of standing, the challenge to the exemptions in Article 20 of the Free Trade Zone Regime Law. Regarding waste management, the Chamber held that national oversight by the Ministry of Health, the required alignment of municipal plans with the national plan, and the Ministry’s monitoring, enforcement, and inspection powers do not violate municipal autonomy. Although municipalities are responsible for waste generated within their cantons, the matter extends beyond exclusively local interests because it affects public health and requires nationwide coordination. The Chamber also found it constitutional for the legislature to determine the funding and distribution of resources for the Comprehensive Waste Management Fund. It therefore denied the remaining constitutional claims.La Sala Constitucional examinó la impugnación promovida por el alcalde de Mora contra exoneraciones concedidas a empresas de zona franca y contra varias competencias atribuidas al Ministerio de Salud por la Ley para la Gestión Integral de Residuos. Rechazó de plano, por falta de legitimación, el cuestionamiento de las exoneraciones del artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas. Sobre la gestión de residuos, concluyó que la rectoría nacional del Ministerio de Salud, la sujeción de los planes municipales al plan nacional y las potestades ministeriales de seguimiento, fiscalización e inspección no lesionan la autonomía municipal. Aunque las municipalidades son responsables de los residuos generados en sus cantones, esta materia trasciende el interés exclusivamente local porque repercute en la salud pública y exige coordinación nacional. También consideró constitucional que el legislador determine cómo financiar y distribuir los recursos del Fondo para la Gestión Integral de Residuos. En consecuencia, declaró sin lugar los restantes reclamos de inconstitucionalidad.
Key excerptExtracto clave
To fulfill the stated purposes, the challenged legislation placed oversight in the hands of the Ministry of Health—Article 7—but did not disregard the necessary involvement of local governments, since Article 8 itself provides that “Municipalities shall be responsible for the comprehensive management of waste generated in their canton.” Nevertheless, because waste management is a matter in which local and national interests must necessarily be reconciled, municipalities are required to establish and implement their municipal comprehensive waste management plans in accordance with the national policy and the National Plan formulated by the Ministry of Health in coordination with the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications. As indicated, this necessary alignment between municipal plans and the National Comprehensive Waste Management Plan is not unconstitutional, because it is not an unlawful imposition by the Executive Branch but a matter of national, rather than exclusively local, impact, contrary to the claimant’s contention. Under the same reasoning, the challenges to Articles 10, 12, 14, 16, and 53 of the Law must be rejected, since it is not unlawful for the Ministry of Health to be responsible for formulating the national comprehensive waste management policy; for municipal plans necessarily to be developed from the national plan; or for Ministry of Health authorities to monitor implementation of generators’ waste programs and ultimately act as enforcement and inspection authorities. It must be emphasized that, with respect to the proper disposal and management of waste, a nationwide and general interest prevails over a merely local one because oversight concerns a matter affecting public health.Con miras a cumplir con los fines señalados, en la normativa impugnada se estableció una Rectoría, en manos del Ministerio de Salud –artículo 7–, pero no se desconoció la necesaria intervención de los Gobiernos Locales, toda vez que, el propio artículo 8 dispone que “Las municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en su cantón”. Sin embargo, por tratarse de una materia en la que, necesariamente, se debe conciliar lo local con lo nacional –como es el manejo de residuos– se dispone que le corresponde a las municipalidades establecer y aplicar el plan municipal para la gestión integral de residuos en concordancia con la política nacional y el Plan Nacional formulado por el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Esa necesaria concordancia entre los planes municipales y el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, como se ha indicado, no resulta inconstitucional, por cuanto, no se trata de una imposición ilegítima de parte del Poder Ejecutivo, sino que, se trata de una materia de repercusión nacional y no, exclusivamente, local, como lo pretende el accionante. Bajo esa misma línea de consideraciones, deben desestimarse los agravios planteados respecto a los artículos 10, 12, 14, 16 y 53 de la ley, toda vez que, no resulta ilegítimo que sea el Ministerio de Salud el órgano responsable de formular la política nacional para la gestión integral de residuos; que los planes municipales deban, necesariamente, elaborarse a partir del plan nacional; que las autoridades del Ministerio de Salud sean las competentes para dar seguimiento y monitoreo a la implementación de los programas de residuos por parte de los generadores y, en definitiva, erigirse como fiscalizadores e inspectores. Debe insistirse, sobre el particular, que tratándose de la correcta disposición y manejo de los residuos predomina un interés nacional y generalizado sobre lo meramente local, pues se procura fiscalizar un tema que atañe a la salud pública.
Pull quotesCitas destacadas
"Finalmente, en criterio de este Tribunal, tampoco resulta inconstitucional lo dispuesto en el artículo 24 de la ley, específicamente, en cuanto a la financiación del Fondo para la gestión integral de los residuos, toda vez que es una decisión del legislador –de oportunidad y conveniencia– definir la forma en que se va a financiar dicho Fondo y cómo se van a distribuir los fondos para ser administrados por parte del Ministerio de Salud –como órgano encargado del referido Fondo– y las Municipalidades."
"Finally, in this Court’s view, Article 24 of the Law is not unconstitutional with respect to financing the Comprehensive Waste Management Fund, because it is for the legislature—as a matter of policy and expediency—to determine how the Fund will be financed and how its resources will be distributed for administration by the Ministry of Health, as the body responsible for the Fund, and the municipalities."
Considerando VI
"Finalmente, en criterio de este Tribunal, tampoco resulta inconstitucional lo dispuesto en el artículo 24 de la ley, específicamente, en cuanto a la financiación del Fondo para la gestión integral de los residuos, toda vez que es una decisión del legislador –de oportunidad y conveniencia– definir la forma en que se va a financiar dicho Fondo y cómo se van a distribuir los fondos para ser administrados por parte del Ministerio de Salud –como órgano encargado del referido Fondo– y las Municipalidades."
Considerando VI
"A partir de lo expuesto, no se observa, respecto a las disposiciones impugnadas, un roce con el Derecho de la Constitución."
"Based on the foregoing, the challenged provisions do not appear to conflict with the Law of the Constitution."
Considerando VI
"A partir de lo expuesto, no se observa, respecto a las disposiciones impugnadas, un roce con el Derecho de la Constitución."
Considerando VI
"Corolario de las consideraciones realizadas, se impone rechazar de plano la acción de inconstitucionalidad –por falta de legitimación– en cuanto a la impugnación del artículo 20, incisos d) y h), de la Ley de Régimen de Zonas Francas. Respecto de los demás agravios, se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad."
"As a consequence of the foregoing considerations, the constitutional challenge to Article 20(d) and (h) of the Free Trade Zone Regime Law must be summarily dismissed for lack of standing. As to the remaining claims, the constitutional challenge is denied."
Conclusión
"Corolario de las consideraciones realizadas, se impone rechazar de plano la acción de inconstitucionalidad –por falta de legitimación– en cuanto a la impugnación del artículo 20, incisos d) y h), de la Ley de Régimen de Zonas Francas. Respecto de los demás agravios, se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad."
Conclusión
"Se rechaza de plano la acción en cuanto a la impugnación de los incisos d) y h) del artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas. En lo demás, se declara sin lugar la acción."
"The action is summarily dismissed insofar as it challenges Article 20(d) and (h) of the Free Trade Zone Regime Law. In all other respects, the action is denied."
Por tanto
"Se rechaza de plano la acción en cuanto a la impugnación de los incisos d) y h) del artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas. En lo demás, se declara sin lugar la acción."
Por tanto
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*120034830007CO* vgranados vgranados 2 0 2014-08-25T14:43:00Z 2014-08-25T14:43:00Z 2 15372 84552 Poder-Judicial 704 199 99725 11.9999 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 *120034830007CO* Case File: 12-003483-0007-CO Decision No. 2013-012974 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at sixteen hours and twenty-one minutes on the twenty-fifth of September, two thousand thirteen.
Constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) filed by GILBERTO MONGE PIZARRO, of legal age, in a domestic partnership, attorney, resident of Ciudad Colón, holder of identity card No. 1-734-346, in his capacity as MUNICIPAL MAYOR OF MORA, seeking a declaration that subsections d) and h) of Article 20 of the Ley de Régimen de Zonas Francas and Articles 7, subsection a); 8, subsections a) and i); 10; 12; 14; 16; 24, subsection g); and 53, third paragraph, of the Ley para la Gestión Integral de Residuos are unconstitutional. The PROCURADORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AND THE MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA participated in the proceedings.
RESULTS:
With regard to the distribution of resources arising from violations of the regulations under review, it is properly balanced, given that extremely serious offenses (faltas gravísimas) fall within the exclusive jurisdiction of the Ministerio de Salud, while the Municipalidades are responsible solely for providing transportation, collection, and final disposal services for ordinary waste (residuos ordinarios). It requests that the action (acción) be dismissed.
8794 of 12 de enero del 2010 are partially constitutionally suspect. Such an assessment must be made insofar as the transitory provisions transcribed above extend—among others—the exemptions established in subsections d) and h) of the Law, and a review of expediente No 17.340, through which the amendment to Ley No. 7210 was processed, shows that the municipal entities were not afforded a hearing, as they had been with the original law. Regarding the alleged unconstitutionality of the Ley para la Gestión Integral de Residuos, it states that an analysis of the claimant’s arguments shows that they focus specifically on defending municipal autonomy (autonomía municipal) with respect to local interests, insofar as the challenged provisions grant the Ministerio de Salud powers that, in the claimant’s opinion, properly belong to municipal entities and were granted in the absence of a law nationalizing the waste-management service.
This necessarily requires a distinction between national interests and local interests in order to delineate the scope of Ley No. 8839 with respect to State intervention through its governing policies (políticas rectoras). Articles 169 and 170 of the Constitución Política establish the autonomy of municipal entities, which is founded on local interests; however, the territorial decentralization (descentralización territorial) of the municipal system in no way entails divesting other State bodies of constitutionally assigned powers, such that there are local interests whose protection falls to municipal corporations and, alongside them, other interests whose constitutional and legal protection falls to the State. In analyzing the issue of municipal autonomy, the Procuraduría General de la República developed the concepts of local and national matters in Opinion No. C-226-2005 of 20 de junio de 2005.
It maintains that, in the area of comprehensive waste management (gestión integral de los residuos), the coexistence of national and local interests cannot be denied, and that the establishment of governing policies by the State does not undermine the municipal autonomy enshrined in Article 170 of the Constitución Política or, consequently, the safeguarding of local interests. It emphasizes that a national interest coexists with the local interest because the treatment of solid waste (residuos sólidos) concerns not only the territorial jurisdiction of each canton but also the State, by virtue of the right to health and to a healthy environment. Because the health of the population is a matter of public interest (bien de interés público), it is an essential function of the State to safeguard it through the Ministerio de Salud, which is responsible for defining national health policies and for regulating, planning, and coordinating all public and private health-related activities, as established by Articles 1 and 2 of the Ley General de Salud.
An analysis of the purpose of Ley No. 8839 shows that it is to regulate comprehensive waste management and the efficient use of resources, and that one of its primary objectives is precisely to guarantee every person’s right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and to protect public health. It explains that Chapter II of the Law regulates institutional powers and that, specifically through Article 7, the legislature designates the Ministerio de Salud as the governing authority (rector) for comprehensive waste management, with monitoring, assessment, and oversight powers. It cites the ruling of the Sala Constitucional in Judgment No. 2009-6256 at 9:00 hrs. on 24 de abril de 2009, which emphasizes the leading role of the Ministerio de Salud in oversight matters. There can be no doubt that comprehensive waste management is a matter of national interest and, therefore, falls within the authority of the State, because it involves protecting fundamental rights (derechos fundamentales) of general interest that are constitutionally grounded.
Although, under our democratic system and as follows from Article 169 in conjunction with Article 170 of the Constitución Política, each municipal corporation is responsible for safeguarding local interests and services, excluding any interference incompatible with the concept of local affairs, so that everything related to the collection, treatment, and disposal of garbage and solid waste falls within the sphere of local interests and services, as the Sala held in Votos Nos. 2231-96 and 2237-96, it is no less true that the same Sala, as discussed above, has recognized in its case law the right of Costa Ricans to health and to a healthy environment, derived from the Constitución Política itself and protected by subconstitutional legislation (normativa infraconstitucional) such as the Ley General de Salud. This plainly gives comprehensive waste management the character of a matter of general interest, as provided for and developed by Ley No. 8839, thereby filling the regulatory gap (vacío normativo) that the Sala Constitucional previously identified in Votos Nos. 2231-96 and 2237-96 when it classified the collection, treatment, and disposal of garbage and solid waste as a matter of local interest until such time as a formal law nationalizing it existed, as is now the case with the challenged Law.
Nor did the legislature undermine the autonomy of municipal entities in the area of comprehensive waste management by enacting Ley No. 8839; instead, it strengthened that autonomy by establishing a regulatory framework under which the Ministerio de Salud—in its capacity as governing authority—is granted powers of direction, monitoring, assessment, oversight, policy formulation, and implementation under the Plan Nacional de Gestión Integral, while municipal autonomy is expressly recognized by assigning municipal entities a series of powers regarding the management of waste generated in their canton, as follows from Article 8 of the Law. Furthermore, because national and local interests coexist, the legislature expressly provides that the national comprehensive waste-management policy must be developed in a participatory manner, thereby ensuring coordination with the municipalities in preparing the national plan.
Accordingly, Article 12 of the Law grants municipal entities the authority to prepare the municipal comprehensive waste-management plan in accordance with the guidelines of the national plan, without thereby undermining municipal autonomy, as the claimant alleges. This is because it must be borne in mind that, by express provision, the national comprehensive waste-management plan must be developed in a participatory manner, which also guarantees municipal participation, as well as citizen participation, which must be promoted both by the Ministerio de Salud and by municipal entities, as follows from Article 23 of the Law. As for the constitutional objection raised by the claimant regarding subsection g) of Article 24 of the Law, based on the argument that municipal revenues are harmed because the amounts collected for the extremely serious and serious violations established in the Law are allocated to the fund, it is unfounded because Article 25, which governs the management of funds consisting of amounts collected as fines and the revenues referred to in subsections h), i), and j), provides that such funds must be transferred by the Tesorería Nacional to the municipalities of the canton where the violation occurred so that those resources may be used to fulfill the objectives established in the Law.
The claimant is likewise incorrect in asserting that the third paragraph of Article 53 of the Law violates municipal autonomy because, in matters of oversight, the legislature grants municipal entities authority to supervise public and private waste generators (generadores), with the same powers as the inspectors of the Ministerio de Salud. It concludes that the exemptions granted by the legislature to companies operating under the free-trade-zone regime (régimen de zonas francas) through subsections d) and h) are not contrary to Articles 121 subsection 13), 170, 175, and 190 of the Constitución Política. Nor are Articles 7 subsection a), 8 subsections a) and i), 10, 12, 14, 16, 24 subsection g), and 53, third paragraph, of Ley No. 8839 contrary to Articles 169 and 170 of the Constitución Política.
Drafted by Magistrate Jinesta Lobo; and,
WHEREAS:
According to the applicant, a prior pending case is not necessary when, owing to the nature of the matter, there is no individual and direct injury, or when the case concerns the defense of diffuse interests (intereses difusos) or interests pertaining to the community as a whole. In the case at bar, the Alcalde Municipal de Mora maintains that “the subject matter of the challenge concerns fundamental issues of local interest, such as municipal autonomy.” He further maintains that standing is based on the provisions of Article 169 of the Constitución Política, since the administration of local interests and services in each canton is entrusted to the Gobierno Municipal; therefore, he considers that the action is brought in defense of the municipal system and its constitutional autonomy. In this regard, the record shows that the Alcalde Municipal submitted to the case file the resolution adopted by the Concejo Municipal de Mora at ordinary session No. 11-2012, held on 12 de marzo de 2012, by which he was authorized to bring this action and thereby defend municipal autonomy (see, in this regard, judgment No. 2007-07136 at 16:46 hrs. on 23 de mayo de 2007).
As his first claim, the applicant requests that subsections d) and h) of Article 20 of Ley No. 7210 de 23 de noviembre de 1990, the Ley de Régimen de Zonas Francas, be declared unconstitutional insofar as they exempt companies covered by the free-trade-zone regime (régimen de zona franca) from paying property taxes, real-property transfer taxes, and all municipal taxes and business-license fees (patente municipal). The applicant considers that those provisions impair the autonomy of the Municipalidades, specifically their financial autonomy and their programming or planning authority, as manifested in their capacity to approve and execute their own budgets. Specifically, he states that the Ley de Zonas Francas could not establish municipal tax exemptions without a prior municipal initiative, consultation, or affirmative response. In addition, several provisions of Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839 de 24 de junio de 2010 are challenged because, in his view, they violate Article 169 of the Constitución Política, which provides that municipal corporations are responsible for “the administration of local interests and services,” whereas the challenged legislation diminishes the powers and preeminence of local governments in waste management, making them subordinate to the Poder Ejecutivo and, specifically, to the Ministerio de Salud.
This constitutional challenge contests subsections d) and h) of Article 20 of Ley de Régimen de Zonas Francas No. 7210 de 23 de noviembre de 1990, insofar as they establish tax exemptions for companies covered by the free-trade-zone regime. Those subsections provide as follows:
“ARTICLE 20.- Companies covered by the free-trade-zone regime shall enjoy the following incentives, subject to the qualifications indicated below:
(As amended, this first paragraph, by Article 1º, subsection h), of Ley No.7830 de 22 de setiembre de 1998) (…)
(…)
(…)” (The text highlighted in bold is specifically what the applicant challenges).
Additionally, several provisions of Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839 de 24 de junio de 2010 are challenged; they are reproduced below:
“ARTICLE 7.- Governing authority (Rectoría) The head of the Ministerio de Salud shall be the governing authority for integrated waste management (gestión integral de residuos), with powers of direction, monitoring, evaluation, and oversight. To fulfill the objectives of this Law, the head’s functions shall include the following:
(…)
ARTICLE 8.- Functions of the municipalities The municipalities shall be responsible for the integrated management of waste generated in their canton; to that end, they shall:
(…)
(…)
ARTICLE 10.- National waste policy The Ministerio de Salud shall formulate the national integrated waste management policy through a participatory process.
ARTICLE 12.- Municipal waste plans The municipal integrated waste management plan is the instrument that shall guide municipal actions for integrated waste management in the canton. It shall be prepared on the basis of the guidelines set forth in the Plan Nacional and the Reglamento of this Law. This plan may be formulated jointly with other municipalities.
The municipality shall convene a public hearing, as established by the Reglamento of this Law, in coordination with the Ministerio de Salud, to formally present the scope of the municipal integrated waste management plan to the community and interested parties.
Municipal plans shall be submitted to the Ministerio de Salud for registration, follow-up, and monitoring.
ARTICLE 14.- Waste programs prepared by generators Every generator must have and keep current an integrated waste-handling program (programa de manejo integral de residuos). If the program includes delivering waste to authorized waste managers (gestores autorizados), the generator must verify that the manager is authorized to handle it in accordance with health and environmental requirements and the principles of this Law.
This program must be prepared and implemented by the generator for follow-up and monitoring by officials of the Ministerio de Salud.
The Reglamento of this Law shall determine the contents of the integrated waste-handling program, which must contribute to compliance with the national policy, the Plan Nacional, the municipal plan, and the objectives of this Law. It shall also establish which generators, depending on their activities, shall be exempt from submitting the handling programs referred to in this Article. Single-family dwellings shall be exempt from preparing such a program.
ARTICLE 16.- Oversight of generators’ waste programs Duly identified officials of the Ministerio de Salud may visit, without prior notice, the facilities of public and private generators to inspect the existence and implementation of the respective handling program. Officials of the Ministerio de Salud must be granted mandatory and immediate access to the facilities of those generators. By written notice, the Ministerio de Salud may issue technical recommendations for improvement or require the adoption of any corrective measures deemed appropriate.
To inspect the programs, officials of the Ministerio de Salud may request the assistance of officials of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones in evaluating the environmental impact (impacto ambiental) of those programs.
ARTICLE 24.- Fund The Fund for Integrated Waste Management is hereby created to achieve the objectives of this Law, and its resources shall consist of the following:
(…)
ARTICLE 53.- Inspections (…)
Municipal inspectors may assist the Ministerio de Salud in supervising public and private generators under the same terms as the aforementioned officials.”
In the case at bar, the applicant seeks to challenge the exceptional-measures regime (régimen de medidas de excepción) known as Zonas Francas, basing his standing on the defense of local interests and municipal autonomy. Notwithstanding the foregoing, this Tribunal finds that the petitioner, in his capacity as Alcalde Municipal de Mora, lacks standing to bring this proceeding because no “zona franca” formally established and authorized by the Poder Ejecutivo exists in the canton he represents. It should be noted in this regard that, in some cases, this Tribunal Constitucional has recognized the direct standing of Alcaldes Municipales—provided they have the approval of the Concejo Municipal, as stipulated in judgment No. 2007-07136 at 16:46 hrs. on 23 de mayo de 2007—but has qualified that recognition by stating that “the provisions challenged are those that affect the interests of the Municipalidad as a corporation because they violate municipal autonomy and/or powers, or the matter involves the defense of diffuse interests (including, among others, those related to the environment or public health) that directly affect the interests of the residents within its jurisdiction” (see judgment No. 2004-03906 at 15:13 hrs. on 21 de abril de 2004). This Tribunal had so held since judgment No. 1999-05669 at 15:21 hrs. on 21 de julio de 1999, in which it stated, as relevant, the following:
“(…) ON THE APPLICANT’S STANDING. This proceeding is brought by the Ejecutivo Municipal de San José, in his capacity as the legal representative of that institution, pursuant to subsection k) of Article 57 of the former Código Municipal, now Alcalde Municipal, under Article 14 of the new Código Municipal, number 7794, which provides, as relevant: ‘The executive official referred to in Article 169 of the Constitución Política shall be called the alcalde municipal’; who holds the legal representation of the municipality (Article 17, subsection n), ibid.). In this regard, this Sala finds that, notwithstanding the absence of a pending matter to be resolved under the terms established in Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the applicant has proper standing to bring this action precisely by virtue of his position, namely, that of municipal executive—now alcalde municipal—of the applicant municipality, and insofar as his challenge is directed against legislation allegedly violating municipal autonomy and powers, in defense of the local entity he represents. (…)” (The text highlighted in bold does not appear in the original).
Accordingly, it must be clarified that the Municipal Mayor—provided that he or she has the respective approval of the Municipal Council—has standing (legitimación) to file directly a constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) against regulations that may violate municipal autonomy and powers, provided that the Mayor acts in defense of the interests of the corporate entity represented. In this specific case, with respect to the challenge to the Ley de Régimen de Zonas Francas, the Municipalidad de Mora lacks standing to bring a direct action because, as stated, no Zona Franca has been authorized in that Canton; consequently, the Municipality is not being deprived of any tax revenue that directly affects it. Instead, this would constitute an abstract constitutional challenge, which is not authorized by the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Therefore, as to these claims, the constitutional challenge is inadmissible and must be dismissed.
In the report submitted to this Court, the Procuraduría General de la República recommends that the Court, on its own motion, assess the constitutionality of certain transitional provisions enacted in Ley No. 8794 de 12 de enero de 2012, which amends the Ley de Régimen de Zonas Francas, because, in the opinion of that advisory body, the Municipalities were not consulted concerning those transitional provisions. That request is inadmissible because the petitioner did not challenge those provisions in compliance with the applicable formalities and, as is evident, a constitutional challenge is a formal proceeding subject to a series of requirements established in the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Those requirements therefore cannot be disregarded in order to examine, on the Court’s own motion, the constitutionality of provisions below the constitutional level (normas infra constitucionales). Furthermore, a declaration of unconstitutionality based on relatedness (inconstitucionalidad por conexidad) is appropriate only when a judgment granting relief has been issued pursuant to artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, which is not the case here (see judgment of this Chamber No. 2478-94 de las 14:30 hrs. de 26 de mayo de 1994). Consequently, the request is unfounded.
As a second line of argument, the petitioner challenges several provisions of the Ley para la Gestión Integral de Residuos on the ground that they violate artículos 169 y 170 de la Constitución Política. In general terms, the petitioner alleges that municipal corporations are deprived of their primary role in waste management, even though solid-waste collection falls within the sphere of “local interests and services” (intereses y servicios locales). This is so despite the fact that the law does not nationalize the issue of waste management; therefore, in the petitioner’s view, it should fall within municipal jurisdiction rather than that of the Ministerio de Salud. Thus, with respect to artículo 7, inciso a), the petitioner challenges the designation of the Ministerio de Salud as the governing authority for integrated waste management (gestión integral de residuos) and its assignment of responsibility for formulating the Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, without establishing any requirement for coordination with local governments.
The petitioner challenges incisos a) e i) del artículo 8 because, although that provision recognizes that the Municipalities are responsible for waste management within the canton, it imposes a restriction by requiring such management to conform to the national policy and the national plan. The petitioner considers it unconstitutional to impose a waste-management model on the Municipalities, arguing that the relationship should be one of coordination rather than subordination. The petitioner challenges artículo 10 because it assigns the Ministerio de Salud responsibility for formulating the national policy for integrated waste management without first coordinating the relevant matters with the competent municipal authorities. Similarly, the petitioner alleges that artículo 12 is unconstitutional because municipal autonomy is made subject to the provisions of the Poder Ejecutivo, since the municipal waste plan must be prepared on the basis of the national plan.
With respect to artículo 14, the petitioner considers it unconstitutional because, although waste management falls within municipal jurisdiction, only inspectors from the Ministerio de Salud have authority to monitor the waste-management programs that waste generators are required to prepare. Along the same lines, the petitioner challenges the provisions of artículo 16 insofar as they divest the Municipalities of their supervisory authority over waste management. The petitioner argues that inciso g) del artículo 24 is unconstitutional because funds derived from fines are administered by the Ministerio de Salud when, in the petitioner’s view, those resources should be allocated to the Municipalities. Finally, the petitioner challenges artículo 53 because, in the petitioner’s opinion, municipal inspectors should not be limited to acting in support of the Ministerio de Salud, but should also be able to conduct oversight independently.
With respect to these claims, this Court finds that the petitioner does have standing because the challenged provisions apply nationwide and could potentially impair the powers of the Municipal Government represented by the petitioner. On the merits, the petitioner’s arguments are based on considerations set forth by this Court in judgments Nos. 2231-1996 de las 14:33 hrs. y 2237-1999 de las 14:51 hrs., ambas de 14 de mayo de 1996, which held as follows:
“(…) In view of the repercussions that this decision may have, it is therefore important to establish that, although the State, through its competent constitutional bodies—particularly the Asamblea Legislativa and, to a lesser extent, the Poder Ejecutivo—may establish a general policy concerning priorities arising from the needs facing the country at a given time, under our democratic system and as established by the Constitución Política itself, each municipality is responsible, within its jurisdiction, for safeguarding local interests and services, to the exclusion of any other interference incompatible with the concept of ‘local matters’ (lo local), under the terms established by the Constitución Política; everything relating to the collection, treatment, and disposal of garbage and solid waste falls within the sphere of ‘local interests and services,’ at least until its ‘nationalization’ is ordered by formal legislation.
(…)” Notwithstanding the foregoing, in judgment No. 2007-013577 de las 14:40 hrs. de 19 de setiembre de 2007, this Court qualified that position, finding that “waste management (…) within a particular territorial jurisdiction ceases to be an essentially local problem and becomes a matter of national concern,” because “the problem of waste management within a particular territorial jurisdiction cannot be confined solely to the municipal or regional sphere, since the importance of this subject and the consequences that improper management may cause transform it into a national conflict affecting the community as a whole.” This is particularly true where the protection of constitutional principles and rights such as those enshrined in artículos 21 y 50 de la Constitución Política—the rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment—is at stake, as those rights are cross-cutting in nature and bind all public authorities, both national and local.
Accordingly, on that occasion, a majority of this Court held that the governing powers of the Ministerio de Salud in these matters are not unlawful on the alleged ground that they infringe municipal autonomy. In that decision, the majority of the Chamber held, in relevant part, as follows:
“(…) II. Regarding local and national powers in matters of waste management. On previous occasions, this Chamber has balanced national powers against local powers, recognizing as a matter of principle that no conflict based on antagonism between them may be created, because matters encompassed within the general purpose of ‘local interests and services’ must coexist with ‘national’ or ‘State’ public interests and services, particularly in order to safeguard the autonomy constitutionally guaranteed to the Municipalities vis-à-vis the central government. Therefore, as stated above, a relationship of coordination between municipal entities and other public bodies, including the Poder Ejecutivo, is indispensable. Along those lines, in judgment 005445-99 de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, the Chamber stated, in relevant part:
‘From a political standpoint, the Municipalities are representative governments with jurisdiction over a specified territory (canton), their own legal personality, and public powers over their residents (inhabitants of the canton); they operate in a decentralized manner in relation to the Gobierno de la República and enjoy constitutionally guaranteed and reinforced autonomy. This autonomy manifests itself in political matters through their authority to determine their own objectives and the regulatory and administrative means for providing all types of public services to further the common good within their communities. In summary, it may be said that the Municipalities or local governments are territorial entities of a corporate and public, non-State nature, endowed with independence in matters of governance and operation. This means, for example, that municipal autonomy encompasses taxation matters, which require legislative authorization to be valid, the taking out of loans, and the preparation and allocation of their own revenues and expenditures, together with general powers.
All of this necessarily implies that, in order to define correctly the structure of the Costa Rican State, there must be an exact alignment of the Municipal Governments, collectively and individually, with respect to their relations and coordinated operation with the Gobierno de la República, so as to prevent the simultaneous coexistence of spheres of power having different origins and natures, duplication of national and local efforts, and confusion regarding the rights and obligations of the various parties involved.’ Now then, this autonomy of the Municipalities granted by the Constituent Assembly in article 170 of the Fundamental Law, while formally constituting a limit on interference by the Executive Branch, cannot be understood as full or unlimited autonomy, since it is always subject to certain limits, given that the territorial decentralization (descentralización territorial) of the municipal system does not entail the elimination of the powers assigned to other State bodies and entities.
Accordingly, there are local interests whose protection falls to the Municipalities, alongside others whose constitutional and legal protection is entrusted to other public bodies, including the Executive Branch. For that reason, this Chamber has recognized that when a problem extends beyond the territorial jurisdiction to which local governments are subject, powers may be exercised by national State institutions, since the actions of the former are integrated into the general guidelines established in the national development plan, without this constituting a violation of their autonomy. On that basis, this Chamber has recognized that waste management—including domestic and industrial wastewater—within a particular territorial jurisdiction ceases to be an eminently local problem and becomes a matter of national concern. It so held in judgment 4423-93 at twelve hours on siete de setiembre de mil novecientos noventa y tres, stating, insofar as relevant:
‘It is therefore necessary for State policies to include environmental awareness arising from the very foundations of society itself, to ensure genuine protection of the environment, because even if a new legal framework existed that made it possible to conceive of its genuine protection, awareness of the need for such protection, in order to guarantee us a more appropriate quality of life, must arise within each of us. Within the framework of our legislation, we lack regulations that adequately govern the problem of waste, since article 169 of the Constitution establishes only municipal authority over the provision of local services in general. In the Chamber’s view, it is therefore important to determine whether waste disposal is a national or regional matter and whether its management should be planned at the national or local level, particularly because we must also consider that environmental problems can have repercussions beyond our borders, hence the agreements on international cooperation concerning the environment that have been entered into.
(...)
Development cannot be sustained in an environment where the resource base is deteriorating, nor can that base be protected when growth plans constantly disregard it. Sustainable development (desarrollo sostenible) must be pursued, meeting the needs of the present without compromising our ability to meet those of the future. It is therefore a policy centered on long-term planning through State policies...
... It follows from what has been stated thus far that the preservation of health must be approached for the benefit of the national community rather than from a strictly regional perspective, since, with respect to these matters, the resulting problems cease to be merely local in scope because they transcend that sphere and even extend beyond national borders.’ (Boldface does not appear in the original) It is clear from the foregoing that the problem of waste management within a particular territorial jurisdiction cannot be confined solely to the municipal or regional sphere, since the significance of this matter and the consequences that improper management may cause make it a conflict of national concern affecting the community as a whole.
III.Analysis of the conflict presented. Based on what was stated in the preceding recital (considerando), the majority of the Chamber considers that the treatment of domestic and industrial wastewater carried out by Kimberly Clark Costa Rica S.A constitutes a national and not exclusively local power, because it transcends the municipal sphere insofar as fundamental rights are at stake. Undoubtedly, the generation and treatment of this type of waste is a matter concerning the entire national community, regardless of the powers also held by the municipalities. The Ley General de Salud states in article 1º that “The health of the population is a public-interest good protected by the State,” and article 2° provides, insofar as relevant, that “... The Executive Branch, through the Ministerio de Salubridad Pública, hereinafter referred to in abbreviated form in this law as the ‘Ministerio,’ is responsible for defining national health policy and for regulating, planning, and coordinating all public and private health-related activities, as well as carrying out those activities falling within its authority pursuant to the Law...”.
For that reason, the Chamber considers that the authority prevailing in this particular case is that exercised by the Executive Branch through the President of the Republic and the Ministers of Health and the Presidency, who, upon declaring the management of domestic and industrial wastewater in the canton of Belén to be a national emergency (Decreto 33726-S-MP), were required to take the measures available to them to prevent greater harm to the population. Accordingly, the award made to Kimberly Clark for the management of waste from the canton of Belén was carried out in the exercise of the constitutional and statutory powers assigned to the Ministerio de Salud as the body responsible for establishing health policies at the national level. (…)” (The emphasized text does not appear in the original wording).
In accordance with those considerations, it is evident that waste management and final-disposal systems (sistemas de disposición final) have a national or supra-local purpose or character and are not eminently or exclusively local, since individuals’ fundamental rights are at stake and this public-health problem cannot be viewed in isolation within a particular canton as though it were a sealed compartment. In light of the foregoing, this Court considers that the powers entrusted to the Ministerio de Salud, as the national governing body for waste management, are not unconstitutional and do not violate municipal autonomy, because this is a matter concerning the national community, without prejudice to the powers that local governments may also hold. Regarding the specific analysis of the challenged provisions, it follows that the Ley para la Gestión Integral de Residuos began its consideration by the Legislative Plenary as a bill entitled “Ley General de Residuos,” under legislative expediente No. 15.897.
The explanatory statement (exposición de motivos) for that bill demonstrated the need for waste management to receive comprehensive treatment at the national level. This was intended to guarantee the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment (see article 2, subsections a) and h), of the Ley para la Gestión Integral de Residuos). The explanatory statement for that bill included the following considerations:
“(…) Population growth and Costa Ricans’ consumption habits, together with national- and cantonal-level administrative structures that have made little progress in developing effective instruments for self-sustainability and medium- and long-term alternatives, have resulted in inadequate management of the waste generated by our society.
It is estimated that in 2002 each of our country’s four million inhabitants generated approximately 318 kilograms of solid waste. This amounts to 1.28 million metric tons of municipal solid waste during that period, meaning that the Per- Per generation or production indicator was 0,87 kilograms per inhabitant per day, as a national average. 70% of this waste was collected and transported to a final-disposal site, while the remaining 30% of solid waste was not collected; it is therefore presumed to have been burned or dumped without any controls on vacant land, in watercourses, and in parks, polluting the environment and endangering community health.
For many years, the State has assumed responsibility for the collection, management, and final disposal of waste, a responsibility that has fallen primarily upon the municipalities, which have not been provided with specific regulations that are technically, economically, and environmentally adequate to address the problem described here. Although it is true that the Executive Branch has issued several regulations to address specific matters, such as sanitary landfills (rellenos sanitarios), hazardous waste (residuos peligrosos), garbage management, etc., and the Legislative Branch has enacted laws addressing certain aspects of the problem, e.g., the Ley orgánica del ambiente, Ley general de salud, and Código Municipal, and although bills intended to resolve problems related to the management of particular types of waste are currently under legislative consideration, we consider it important for the country to have a general waste law that develops the principles contained in the international regulations ratified by our country; consolidates the regulations that are currently dispersed and updates them in technical, scientific, and economic terms; incorporates modern principles of environmental, civil, and criminal liability; and clarifies the existing inconsistencies regarding institutional authority. (…)” (The highlighted text does not appear in the original).
With a view to fulfilling the stated purposes, the challenged regulations vested governing authority (Rectoría) in the Ministerio de Salud—Article 7—but did not disregard the necessary involvement of Local Governments, since Article 8 itself provides that “Municipalities shall be responsible for the integrated management of waste (gestión integral de los residuos) generated in their canton.” However, because this is a matter in which local and national concerns must necessarily be reconciled—as is the case with waste management—it provides that municipalities are responsible for establishing and implementing the municipal integrated waste management plan in accordance with the national policy and the National Plan formulated by the Ministerio de Salud in coordination with the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. That necessary consistency between municipal plans and the Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, as stated above, is not unconstitutional, because it is not an illegitimate imposition by the Executive Branch; rather, this is a matter with national repercussions and not an exclusively local matter, as the petitioner claims.
Following that same line of reasoning, the grievances (agravios) raised concerning Articles 10, 12, 14, 16, and 53 of the law must be dismissed, since it is not illegitimate for the Ministerio de Salud to be the body responsible for formulating the national integrated waste management policy; for municipal plans necessarily to be prepared on the basis of the national plan; for the authorities of the Ministerio de Salud to have jurisdiction to follow up on and monitor the implementation of waste programs by generators; and, ultimately, to serve as oversight and inspection authorities. It bears emphasizing in this regard that, when it comes to the proper disposal and management of waste, a national and general interest prevails over merely local interests, because the aim is to oversee a matter concerning public health. Finally, in the opinion of this Tribunal, the provisions of Article 24 of the law, specifically those concerning the financing of the Fund for Integrated Waste Management, are likewise not unconstitutional, since it is for the legislature—as a matter of policy and expediency—to determine how that Fund will be financed and how the funds will be distributed for administration by the Ministerio de Salud—as the body responsible for that Fund—and the Municipalities.
In this regard, it should be noted, as the Procuraduría General de la República correctly points out, that the petitioner overlooks the provisions of Article 25, second paragraph, of the regulations under review, since that provision specifies the revenues that must be transferred to the Municipality of the Canton where the corresponding violation originated, as a result of investigations initiated by the Tribunal Ambiental Administrativo. Based on the foregoing, the challenged provisions do not appear to conflict with Constitutional Law (Derecho de la Constitución).
As a corollary to the foregoing considerations, the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) must be summarily dismissed—for lack of standing (legitimación)—insofar as it challenges Article 20, subsections d) and h), of the Ley de Régimen de Zonas Francas. As to the remaining grievances, the constitutional challenge is denied. Justice Castillo Víquez files a separate statement.
I depart from the majority’s position that a mayor may bring a constitutional challenge only with the approval of the council. From my perspective, there is no hierarchical relationship between the council and the mayor; instead, their powers are mutually exclusive by statutory mandate, and not by operation of Constitutional Law (values, principles, and rules). Accordingly, the mayor may bring an action in defense of local interests and services, as well as municipal autonomy—political and administrative—when the mayor considers that a rule or omission affects them. This is all the more true given that the mayor and deputy mayors are elected by universal suffrage, making it likely that the two bodies—the collegial body and the individual officeholder—will have different ideological, political, and legal views regarding the meaning of the indeterminate legal concepts (conceptos jurídicos indeterminados) of local interests and services, political and administrative autonomy, and other powers vested in local governments.
THEREFORE:
The action is summarily dismissed insofar as it challenges subsections d) and h) of Article 20 of the Ley de Régimen de Zonas Francas. In all other respects, the action is denied. Justice Castillo Víquez files a separate statement. Justices Armijo and Cruz file a separate statement.
Gilbert Armijo S.
Acting President Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V. Aracelly Pacheco S.
Roxana Salazar C. José Paulino Hernández G.
EJL/168 Separate statement of Justices Armijo Sancho and Cruz Castro: The undersigned Justices disagree with the position adopted by the majority of the Tribunal Constitucional in this matter and state the following with respect to the challenge to subsections d) and h) of Article 20 of Ley No. 7210 de 23 de noviembre de 1990, the Ley de Régimen de Zonas Francas, and the challenge to Articles 7, subsection a); 8, subsections a) and i); 10; 12; 14; 16; 24, subsection g); and 53, third paragraph, of the Ley para la Gestión Integral de Residuos:
- First, the Municipal Mayor of the Cantón de Mora has standing to bring this constitutional challenge under Article 75, paragraph 2, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, insofar as he appears in defense of the collective interests of the members of and persons residing in that Canton. In this respect, whether or not the petitioner has the approval of the Concejo Municipal has no bearing on the standing he unquestionably possesses, in view of the powers conferred upon the Mayor by the legal system precisely as a consequence of his election, as well as that of the Deputy Mayors, by universal suffrage. In this regard, the undersigned Justices fully concur with the reasoning set forth by Justice Castillo Víquez in his separate statement on this matter.
- Second, subsections d) and h) of Article 20 of Ley No. 7210 de 23 de noviembre de 1990, the Ley de Régimen de Zonas Francas, are unconstitutional precisely because the Municipal Corporations were not consulted regarding these regulations. From this perspective, it is likewise immaterial whether or not a free trade zone (zona franca) exists within the territory of the Municipality appearing before the Sala in defense of the interests of the Canton’s inhabitants, bearing in mind that consultation with the municipalities regarding these rules may occur either before or after the establishment of a free trade zone and the corresponding exemption from municipal taxes.
- Third, Articles 7, subsection a); 8, subsections a) and i); 10; 12; 14; 16; 24, subsection g); and 53, third paragraph, of the Ley para la Gestión Integral de Residuos expressly violate the sphere of powers conferred upon the Municipal Corporations by Articles 169 and 170 of the Constitución Política with respect to the administration of the local interests and services of each canton. In this regard, consideration must be given to the reasons stated by Justice Armijo Sancho in his dissenting opinion (voto particular) in judgment No. 2007-13577, according to which the municipalities are the entities vested with authority to manage this matter and other analogous matters.
Gilbert Armijo S. Fernando Cruz C.
Telephone numbers: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
*120034830007CO* vgranados vgranados 2 0 2014-08-25T14:43:00Z 2014-08-25T14:43:00Z 2 15372 84552 Poder-Judicial 704 199 99725 11.9999 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 *120034830007CO* Res. Nº 2013-012974 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y veintiuno minutos del veinticinco de setiembre del dos mil trece.
Acción de inconstitucionalidad promovida por GILBERTO MONGE PIZARRO, mayor, en unión libre, abogado, vecino de Ciudad Colón, con cédula de identidad No. 1-734-346, en su condición de ALCALDE MUNICIPAL DE MORA para que se declaren inconstitucionales los incisos d) y h) del artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas y contra los artículos 7, inciso a), 8, incisos a), e i), 10, 12, 14, 16, 24 inciso g), y 53, párrafo tercero, de la Ley para la Gestión Integral de Residuos. Intervino en el proceso la PROCURADORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.
RESULTANDO:
Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y,
CONSIDERANDO:
De conformidad con el accionante no es necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no exista una lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto. En el sub lite, el Alcalde Municipal de Mora sostiene que “el objeto de la impugnación se refiere a temas fundamentales de interés local como lo es la autonomía municipal”. Sostiene, además, que la legitimación se funda en lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política toda vez que la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, por lo cual, considera que se actúa en defensa del sistema municipal y su autonomía constitucional. Al respecto, consta que el Alcalde Municipal aportó a los autos el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Mora en la sesión ordinaria No. 11-2012 celebrada el 12 de marzo de 2012, mediante el cual, se le autorizó interponer esta acción y, de este modo, defender la autonomía municipal (ver, sobre el particular, la sentencia No. 2007-07136 de las 16:46 hrs. de 23 de mayo de 2007).
Como primer extremo, el accionante solicita que se declaren inconstitucionales los incisos d) y h) del artículo 20 de la Ley No. 7210 de 23 de noviembre de 1990, que es Ley de Régimen de Zonas Francas, en cuanto a que exoneran a las empresas acogidas al régimen de zona franca del pago de impuestos territoriales, traspaso de bienes inmuebles y del pago de todo tributo y patente municipal. El accionante considera que dichas normas afectan la autonomía de las Municipalidades, específicamente, su autonomía financiera y la potestad de programación o planificación que se manifiesta en la capacidad de aprobar y ejecutar sus propios presupuestos. Señala, concretamente, que mediante la Ley de Zonas Francas, sin previa iniciativa municipal, consulta o respuesta afirmativa, no se podían establecer exoneraciones de impuestos municipales. Adicionalmente, se impugnan varios numerales de la Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839 de 24 de junio de 2010, pues, en su criterio, se está lesionado el artículo 169 de la Constitución Política que dispone que les corresponde a las corporaciones municipales “la administración de los intereses y servicios locales”, siendo que, mediante la normativa impugnada, se le restan competencias y preponderancia a los gobiernos locales para la gestión de los residuos, pasando a ser subordinados del Poder Ejecutivo y, en concreto, del Ministerio de Salud.
En la presente acción de inconstitucionalidad, se cuestionan los incisos d) y h) del artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas No. 7210 de 23 de noviembre de 1990, en cuanto, establecen exenciones tributarias a favor de las empresas acogidas al régimen de zonas francas. Dichos incisos disponen lo siguiente:
“ARTÍCULO 20.- Las empresas acogidas al régimen de zona franca gozarán de los siguientes incentivos, con las salvedades que a continuación se indican:
(Así reformado este primer párrafo por el artículo 1º, inciso h), de la ley No.7830 de 22 de setiembre de 1998) (…)
(…)
(…)” (Lo destacado en negrita es, propiamente, lo cuestionado por el accionante).
De otra parte, se impugnan varios numerales de la Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839 de 24 de junio de 2010, los que se transcriben a continuación:
“ARTÍCULO 7.- Rectoría El jerarca del Ministerio de Salud será el rector en materia de gestión integral de residuos, con potestades de dirección, monitoreo, evaluación y control. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, tiene entre sus funciones las siguientes:
(…)
ARTÍCULO 8.- Funciones de las municipalidades Las municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en su cantón; para ello deberán:
(…)
(…)
ARTÍCULO 10.- Política nacional de residuos El Ministerio de Salud debe formular, en forma participativa, la política nacional para la gestión integral de residuos.
ARTÍCULO 12.- Planes municipales de residuos El plan municipal de gestión integral de residuos es el instrumento que orientará las acciones de las municipalidades para la gestión integral de residuos en el cantón. Se elaborará a partir de los lineamientos dictados en el Plan Nacional y el Reglamento de esta Ley. Este plan podrá ser formulado en forma mancomunada con otras municipalidades.
La municipalidad convocará a una audiencia pública conforme lo establecerá el Reglamento de esta Ley, en coordinación con el Ministerio de Salud, a fin de presentar formalmente a la comunidad y a los interesados los alcances del plan municipal de gestión integral de residuos.
Los planes municipales serán presentados ante el Ministerio de Salud para su registro, seguimiento y monitoreo.
ARTÍCULO 14.- Programas de residuos por parte de los generadores Todo generador debe contar y mantener actualizado un programa de manejo integral de residuos. En caso de que el programa incluya la entrega de residuos a gestores autorizados, el generador debe vigilar que esté autorizado para el manejo sanitario y ambiental de acuerdo con los principios de esta Ley.
Este programa debe ser elaborado e implementado por el generador para el seguimiento y monitoreo por parte de los funcionarios del Ministerio de Salud.
El Reglamento de esta Ley determinará los contenidos del programa de manejo integral de residuos, el cual deberá coadyuvar al cumplimiento de la política nacional, el Plan Nacional, el plan municipal y los objetivos de esta Ley. Además, establecerá cuáles generadores, dependiendo de su actividad, estarán exentos de presentar los programas de manejo que indica este artículo. Quedan exentas de la elaboración de dicho programa las viviendas unifamiliares.
ARTÍCULO 16.- Fiscalización de los programas de residuos de los generadores Los funcionarios del Ministerio de Salud debidamente identificados podrán visitar, sin previo aviso, las instalaciones de los generadores públicos y privados para fiscalizar la existencia y la implementación del respectivo programa de manejo. El ingreso de las personas funcionarias del Ministerio de Salud a las instalaciones de estos generadores será de carácter obligatorio e inmediato. Mediante notificación escrita, el Ministerio de Salud podrá girar recomendaciones técnicas para su mejora o para que se adopten las medidas correctivas que se estimen pertinentes.
Para realizar la fiscalización de los programas, las personas funcionarias del Ministerio de Salud podrán solicitar la colaboración de las personas funcionarias del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a fin de evaluar el impacto ambiental de dichos programas.
ARTÍCULO 24.- Fondo Créase el Fondo para la gestión integral de residuos para alcanzar los objetivos de esta Ley, cuyos recursos se constituirán a partir de lo siguiente:
(…)
ARTÍCULO 53.- Inspecciones (…)
Los inspectores municipales podrán coadyuvar con el Ministerio de Salud en la supervisión de los generadores públicos y privados, en los mismos términos en que lo hacen los funcionarios precitados.”
En el sub lite, el accionante pretende cuestionar el régimen de medidas de excepción denominado Zonas Francas, basando su legitimación en la defensa del interés local y la autonomía municipal. No obstante lo anterior, estima este Tribunal que el actor, en su condición de Alcalde Municipal de Mora, carece de legitimación para plantear este proceso, toda vez que, en el Cantón que representa no existe ninguna “zona franca” formalmente, conformada y autorizada por el Poder Ejecutivo. Nótese, sobre el particular, que este Tribunal Constitucional, en algunos casos, ha admitido la legitimación directa de los Alcaldes Municipales –siempre y cuando tengan el aval del Concejo Municipal según lo dispuesto en la sentencia No. 2007-07136 de las 16:46 hrs. de 23 de mayo de 2007– , pero lo ha matizado en el sentido que “lo impugnado son normas que afectan los intereses de la Municipalidad como corporación, porque violan la autonomía y/o competencias municipales o se trata de la defensa de intereses difusos (entre otros, aquellos relacionados con el medio ambiente o la salud pública) que afectan de manera directa los intereses de los habitantes de su jurisdicción” (ver sentencia No. 2004-03906 de las 15:13 hrs. de 21 de abril de 2004). Así lo había establecido este Tribunal desde la sentencia No. 1999-05669 de las 15:21 hrs. de 21 de julio de 1999, en la que se consideró, en lo conducente, lo siguiente:
“(…) DE LA LEGITIMACIÓN DE LA ACCIONANTE. Esta gestión es promovida por el Ejecutivo Municipal de San José, en su condición de representante legal de esta institución, de conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del artículo 57 del Código Municipal anterior, ahora Alcalde Municipal, conforme el artículo 14 del nuevo Código Municipal, número 7794, que dispone, en lo que interesa: “Denomínase alcalde municipal al uncionario ejecutivo indicado en el artículo 169 de la Constitución Política”; quien ostenta la representación legal de la municipalidad (artículo 17 inciso n) ibídem). En este sentido, esta Sala estima que no obstante que no hay un asunto pendiente de resolver, en los términos establecidos en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el accionante se encuentra debidamente legitimado para promoverla, fundado precisamente, en su condición, sea la de ejecutivo municipal –ahora alcalde municipal– del promovente, y en tanto su impugnación la dirige contra normativa supuestamente violatoria de la autonomía y competencias municipales, en defensa del ente local que representa. (…)” (lo destacado en negrita no corresponde al original).
De este modo, debe aclararse que el Alcalde Municipal –siempre y cuando cuente con el respectivo aval del Concejo Municipal– está legitimado para presentar, en forma directa, una acción de inconstitucionalidad contra normativa que pueda violentar la autonomía y competencias municipales, siempre y cuando actúe en defensa de los intereses del ente corporativo que represente. En el caso concreto y, respecto a la impugnación de la Ley de Régimen de Zonas Francas, la Municipalidad de Mora no cuenta con legitimación para accionar de manera directa, toda vez que, como se indicó, en el referido Cantón no existe autorizada una Zona Franca, con lo cual, la Municipalidad no está dejando de percibir ningún tributo que le afecte, directamente, sino que se trataría de una acción de inconstitucionalidad en sentido abstracto, lo cual, no está autorizado por la Ley de la Jurisdicción Constitucional. De esta forma, en cuanto a estos extremos, la acción de inconstitucionalidad resulta inadmisible y debe rechazarse.
En el informe rendido ante este Tribunal, la Procuraduría General de la República recomienda que, de oficio, se valore la constitucionalidad de unas disposiciones transitorias dictadas en la Ley No. 8794 de 12 de enero de 2012 que es una Reforma a la Ley de Régimen de Zonas Francas, por cuanto, en consideración de dicho órgano asesor, dichos transitorios no fueron consultados a las Municipalidades. Dicha pretensión es inadmisible, por cuanto, dichas normas no fueron cuestionadas bajo las formalidades del caso por parte del accionante y, como es evidente, la acción de inconstitucionalidad es un proceso formal que está sujeto a una serie de requisitos previstos en la Ley de la Jurisdicción Constitucional y que, de tal modo, no pueden obviarse para, oficiosamente, examinar la constitucionalidad de normas infra constitucionales. Asimismo, la declaratoria de inconstitucionalidad por conexidad sólo procede cuando existe una sentencia estimatoria a la luz de lo preceptuado en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no así en el caso concreto (ver sentencia de esta Sala No. 2478-94 de las 14:30 hrs. de 26 de mayo de 1994). En consecuencia, la gestión planteada resulta improcedente.
En un segundo orden de ideas, el accionante cuestiona varias disposiciones de la Ley para la Gestión Integral de Residuos por lesionar los artículos 169 y 170 de la Constitución Política. En términos generales el accionante acusa que se le resta preponderancia a las corporaciones municipales para el manejo de los residuos, siendo que, la recolección de desechos sólidos pertenece a la esfera de “los intereses y servicios locales”. Lo anterior, pese a que la ley no nacionaliza el tema de la gestión de los residuos, por lo que, en su criterio, debería ser una competencia municipal y no correspondiente al Ministerio de Salud. Así, en relación con el artículo 7, inciso a), cuestiona que sea el Ministerio de Salud el ente rector en materia de gestión integral de residuos y que le corresponda formular el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, sin que se establezca la necesidad de generar una coordinación con los gobiernos locales.
Cuestiona los incisos a) e i) del artículo 8 porque si bien reconoce que las Municipalidades son las responsables del tema de manejo de residuos en el cantón, impone una restricción al decir que debe ser en concordancia con la política nacional y el plan nacional. El accionante considera que es inconstitucional que se les imponga a las municipalidades un modelo de gestión de residuos, siendo que, en su criterio, debe existir una relación de coordinación y no de subordinación. Impugna el artículo 10 porque le corresponde al Ministerio de Salud formular la política nacional para la gestión integral de residuos, ello, sin que, de previo, se coordine lo correspondiente con las autoridades municipales competentes. En igual sentido, acusa que el artículo 12 es inconstitucional porque la autonomía municipal queda sometida a las disposiciones del Poder Ejecutivo, ya que, el plan municipal de residuos debe realizarse a partir de lo dispuesto en el plan nacional.
En relación al artículo 14, estima que es inconstitucional porque siendo el tema de gestión de residuos una competencia municipal, solamente, los inspectores del Ministerio de Salud tienen competencia para dar seguimiento a los programas de manejo de residuos que deben elaborar los generadores. En ese mismo sentido, cuestiona lo regulado en el artículo 16, en el tanto, despoja a las Municipalidades de la competencia fiscalizadora en el tema de manejo de residuos. Sostiene que el inciso g) del artículo 24 es inconstitucional porque los fondos por las multas pasan a ser administrados por el Ministerio de Salud, cuando, en su criterio, deberían ser recursos destinados a las Municipalidades. Finalmente, cuestiona el artículo 53, ya que, a su parecer, la participación de los inspectores municipales no solamente puede ser como coadyuvantes del Ministerio de Salud, sino que su supervisión se puede realizar de manera independiente.
Respecto a estos agravios, este Tribunal considera que el accionante sí se encuentra legitimado, por cuanto, la normativa impugnada es de aplicación nacional y, eventualmente, se podrían comprometer las competencias del Gobierno Municipal al cual representa. En cuanto al fondo, los argumentos del accionante se basan en consideraciones realizadas por este Tribunal en las sentencias Nos. 2231-1996 de las 14:33 hrs. y 2237-1999 de las 14:51 hrs., ambas de 14 de mayo de 1996, en las que se consideró lo siguiente:
“(…) Es importante, entonces, vista la repercusión que esta resolución puede ocasionar, dejar establecido que, si bien es cierto el Estado a través de sus órganos constitucionales competentes -particularmente la Asamblea Legislativa y, en menor escala el Poder Ejecutivo- puede establecer una política general en cuanto a prioridades por las necesidades que afronta el país en determinado momento, de acuerdo con nuestro sistema democrático y según lo establece la propia Constitución Política, corresponde a cada municipalidad en su jurisdicción velar por los intereses y servicios locales con exclusión de toda otra interferencia que sea incompatible con el concepto de "lo local", en los términos que fija la Constitución Política; todo lo relativo a la recolección, tratamiento y disposición de las basuras y desechos sólidos pertenece a la esfera de los "intereses y servicios locales", por lo menos mientras no se disponga su "nacionalización" mediante ley formal.
(…)” No obstante lo anterior, este Tribunal en la sentencia No. 2007-013577 de las 14:40 hrs. de 19 de setiembre de 2007, matizó esa postura considerando que “el manejo de desechos (…) en una determinada circunscripción territorial, deja de ser un problema eminentemente local para convertirse en un asunto de carácter nacional”, pues, “el problema de manejo de desechos en una determinada circunscripción territorial, no puede limitarse únicamente al ámbito municipal o regional, pues la trascendencia de esta materia y las implicaciones que un mal manejo puede ocasionar, lo convierten en un conflicto de carácter nacional que afecta a la colectividad en general” máxime, si está en juego la tutela de principios y derechos constitucionales como los contemplados en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política –a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado– que tienen un carácter transversal y que obligan a todos los poderes públicos –tanto a los nacionales como locales–.
En tal sentido, la mayoría de este Tribunal dispuso, en aquella oportunidad, que no resultan ilegítimas –por, supuestamente, infringir la autonomía municipal– las competencias rectoras del Ministerio de Salud en estas materias. En dicha resolución, la mayoría de la Sala, consideró, en lo conducente, lo siguiente:
“(…) II. Sobre las competencias locales y nacionales en tratándose del manejo de desechos. Esta Sala en anteriores oportunidades ha realizado una ponderación entre las competencias nacionales y las competencias locales, entendiendo en principio, que no puede crearse un conflicto por antagonismo entre ambas, por cuanto la materia que integra el fin general de "los intereses y servicios locales" debe coexistir con los intereses y servicios públicos "nacionales" o "estatales", sobre todo en resguardo de la autonomía garantizada constitucionalmente a las municipalidades frente al poder central. Es por ello como se indicó, que resulta indispensable que exista una relación de coordinación entre las entidades municipales y los demás órganos públicos, incluyendo al Poder Ejecutivo. En esa línea, la Sala señaló en la sentencia 005445-99 de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve en lo conducente:
‘Desde el punto de vista político, las municipalidades son gobiernos representativos con competencia sobre un determinado territorio (cantón), con personalidad jurídica propia y potestades públicas frente a sus munícipes (habitantes del cantón); operan de manera descentralizada frente al Gobierno de la República, y gozan de autonomía constitucionalmente garantizada y reforzada que se manifiesta en materia política, al determinar sus propias metas y los medios normativos y administrativos en cumplimiento de todo tipo de servicio público para la satisfacción del bien común en su comunidad. Puede decirse, en síntesis, que las municipalidades o gobiernos locales son entidades territoriales de naturaleza corporativa y pública no estatal, dotadas de independencia en materia de gobierno y funcionamiento, lo que quiere decir, por ejemplo, que la autonomía municipal involucra aspectos tributarios, que para su validez requieren de la autorización legislativa, la contratación de empréstitos y la elaboración y disposición de sus propios ingresos y gastos, con potestades genéricas.
Todo esto implica, necesariamente, que para poder definir correctamente la conformación del Estado Costarricense, debe existir un ensamble exacto en la suma de los Gobiernos Municipales en su conjunto e individualmente, en orden a las relaciones y funcionamiento coordinado con el Gobierno de la República, para evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, y la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas.’ Ahora bien, esa autonomía de las Municipalidades otorgadas por el Constituyente en el artículo 170 de la Norma Fundamental, si bien constituye formalmente un límite a las injerencias del Poder Ejecutivo, no puede entenderse que se trata de una autonomía plena o ilimitada, pues siempre se encuentra sujeta a ciertos límites, ya que la descentralización territorial del régimen municipal, no implica eliminación de las competencias asignadas a otros órganos y entes del Estado.
Es por ello, que existen intereses locales cuya custodia corresponde a las Municipalidades y junto a ellos, coexisten otros cuya protección constitucional y legal es atribuida a otros órganos públicos, entre ellos el Poder Ejecutivo. Por tal razón, ha reconocido esta Sala que cuando el problema desborda la circunscripción territorial a la que están supeditados los gobiernos locales, las competencias pueden ser ejercidas por instituciones nacionales del Estado, pues el accionar de las primeras quedan integradas dentro de los lineamientos generales que se han trazado dentro del plan nacional de desarrollo, sin que ello signifique una violación a su autonomía. Partiendo de ello, esta Sala ha reconocido que el manejo de desechos -incluyendo aguas residuales, domésticas e industriales- en una determinada circunscripción territorial, deja de ser un problema eminentemente local para convertirse en un asunto de carácter nacional. Así lo dispuso en la sentencia 4423-93 de las doce horas del siete de setiembre de mil novecientos noventa y tres al indicar en lo conducente:
‘Es necesario, en consecuencia, que dentro de las políticas estatales se cuente con una conciencia ambiental que surja desde las bases de la propia sociedad para la protección real del medio, puesto que aunque existiese un nuevo marco jurídico que permitiera concebir su protección real, la necesidad de esa protección para garantizarnos una calidad de vida más apropiada debe surgir de cada uno de nosotros. Dentro del marco de nuestra legislación no tenemos una normativa que regule adecuadamente el problema de los desechos, pues el artículo 169 constitucional lo que establece es únicamente la competencia municipal para la prestación de los servicios locales en general. Entonces es, a criterio de la Sala, importante establecer si la materia de disposición de los desechos es de carácter nacional o regional, y si la planificación de su manejo debe, hacerse a nivel nacional o local, pues inclusive debemos tomar en consideración que los problemas ambientales llegan a tener trascendencia fuera de nuestras fronteras, de allí los convenios que sobre cooperación internacional en relación con el ambiente se han suscrito.
(...)
El desarrollo no puede subsistir en un ambiente de deterioro de la base de recursos y no se puede proteger cuando los planes de crecimiento constantemente hacen caso omiso de ello. Es preciso optar por el desarrollo sostenible, el cual satisface las necesidades del presente sin comprometer nuestra capacidad para hacer frente a las del futuro. Se trata, en consecuencia, de una política cuyo núcleo es una planificación a largo plazo a través de políticas estatales...
... De lo dicho hasta ahora se desprende que la preservación de la salud debe ser enfocado en beneficio de la colectividad nacional y no desde un punto de vista estrictamente regional, ya que en cuanto a estos temas se refiere, los problemas que de ello se derivan dejan de tener perspectivas meramente locales, porque los mismos transcienden dicha esfera y van incluso más allá de las fronteras nacionales.’ (La negrita no forma parte del original) De lo anterior, se desprende claramente que el problema de manejo de desechos en una determinada circunscripción territorial, no puede limitarse únicamente al ámbito municipal o regional, pues la trascendencia de esta materia y las implicaciones que un mal manejo puede ocasionar, lo convierten en un conflicto de carácter nacional que afecta a la colectividad en general.
III.Sobre el análisis del conflicto planteado. Partiendo de lo indicado en el considerando anterior la mayoría de la Sala estima que lo relativo al tratamiento de las aguas residuales, domésticas e industriales realizado por la empresa Kimberly Clark Costa Rica S.A, constituye una competencia nacional y no exclusivamente local, puesto que trasciende al ámbito municipal en la medida que se encuentran de por medio derechos fundamentales. Sin duda, la generación y tratamiento de este tipo de desechos es materia que atañe a toda la colectividad nacional en su conjunto, independientemente de las competencias que también tienen las municipalidades. La Ley General de Salud en su artículo 1º, señala que “La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado” y en su artículo 2° dispone en lo conducente que “... Corresponde al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salubridad Pública, al cual se referirá abreviadamente la presente ley como "Ministerio", la definición de la política nacional de salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a la salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la Ley...”.
Por tal motivo, estima la Sala que la competencia que prevalece en el caso concreto es la ejercida por el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República y los Ministros de Salud y Presidencia, que al decretar el manejo de aguas residuales, domésticas e industriales en el cantón de Belén como un problema de emergencia nacional (Decreto 33726-S-MP), debían tomar las medidas a su alcance para evitar un daño mayor a la población. Por ello, la adjudicación realizada a la empresa Kimberly Clark para el manejo de los desechos del cantón de Belén, se realizó en ejercicio de las competencias constitucionales y legales atribuidas al Ministerio de Salud, como encargado de la fijación de políticas de salud en el ámbito nacional. (…)” (Lo destacado no corresponde a la redacción original).
De conformidad con tales consideraciones, resulta evidente que el manejo de residuos y los sistemas de disposición final tienen una vocación o connotación nacional o supra-local y no, eminentemente, o, exclusivamente, local, puesto que, se encuentran de por medio derechos fundamentales de las personas y esa problemática sanitaria no puede ser vista de forma aislada en un cantón específico como si se tratara de un compartimento estanco. A partir de lo expuesto, considera este Tribunal que las competencias encomendadas al Ministerio de Salud, como ente rector a nivel nacional en la materia de la gestión de residuos, no son inconstitucionales ni violentan la autonomía municipal, por cuanto, es una cuestión que le atañe a la colectividad nacional, sin demérito de las competencias que puedan tener, también, las corporaciones locales. Ahora bien, respecto el análisis concreto de la normativa cuestionada, se desprende que la Ley para la Gestión Integral de Residuos inició su trámite en el Plenario Legislativo con un proyecto de ley denominado “Ley General de Residuos”, en el expediente legislativo No. 15.897.
En la exposición de motivos de dicho proyecto de ley se puso en evidencia la necesidad de darle un tratamiento integral y nacional al manejo de los residuos. Lo anterior, en aras de garantizar los derechos fundamentales a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado (ver artículo 2, incisos a) y h), de la Ley para la Gestión Integral de Residuos). En la exposición de motivos de dicho proyecto de ley se realizaron las siguientes consideraciones:
“(…) El crecimiento poblacional, los hábitos de consumo de los costarricenses, aunado a estructuras administrativas de nivel nacional y cantonal con poco desarrollo de instrumentos eficaces para el autosostenimiento y alternativas de mediano y largo plazo, han provocado un manejo insuficiente de los residuos que generamos en nuestra sociedad.
Se calcula que en el año 2002 cada uno de los cuatro millones de habitantes de nuestro país generó alrededor de 318 kilogramos de residuos sólidos. Esto totaliza la cifra de 1.28 millones de toneladas métricas de residuos sólidos municipales en dicho período, lo que significa que el indicador de generación o producción Per- Per es de 0,87 kilogramos por habitante al día, como promedio nacional. Un 70% de estos residuos fue recolectado y transportado a algún sitio de disposición final, el otro 30% de residuos sólidos no se recolectó, por lo que se presume que fueron quemados o vertidos sin control alguno en: terrenos baldíos, cauces de agua y parques, contaminando el ambiente y poniendo en peligro la salud de las comunidades.
El Estado ha asumido por muchos años la responsabilidad por la recolección, manejo y disposición final de los residuos, responsabilidad que ha recaído básicamente en los municipios, a los cuales no se ha dotado de una normativa específica, técnica, económica y ambientalmente adecuada para poder hacer frente al problema aquí planteado. Si bien es cierto, el Poder Ejecutivo ha decretado varios reglamentos para hacer frente a temas específicos, como lo son los rellenos sanitarios, residuos peligrosos, manejo de basuras, etc y el Poder Legislativo ha emitido leyes que han tocado algunas aristas del problema vg la Ley orgánica del ambiente, Ley general de salud, Código Municipal y existen en trámite legislativo proyectos tendientes a solucionar problemas relacionados con el manejo de algún residuo específico, consideramos importante que el país cuente con una ley general de residuos que venga desarrollar los principios contenidos en la normativa internacional que ha sido ratificada por nuestro país; que integre la normativa que hoy se encuentra dispersa y la actualice en términos técnicos, científicos y económicos; que integre principios modernos de responsabilidad ambiental, civil y penal y aclare las inconsistencias actuales en materia de competencia institucional. (…)” (Lo resaltado no corresponde al original).
Con miras a cumplir con los fines señalados, en la normativa impugnada se estableció una Rectoría, en manos del Ministerio de Salud –artículo 7–, pero no se desconoció la necesaria intervención de los Gobiernos Locales, toda vez que, el propio artículo 8 dispone que “Las municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en su cantón”. Sin embargo, por tratarse de una materia en la que, necesariamente, se debe conciliar lo local con lo nacional –como es el manejo de residuos– se dispone que le corresponde a las municipalidades establecer y aplicar el plan municipal para la gestión integral de residuos en concordancia con la política nacional y el Plan Nacional formulado por el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Esa necesaria concordancia entre los planes municipales y el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, como se ha indicado, no resulta inconstitucional, por cuanto, no se trata de una imposición ilegítima de parte del Poder Ejecutivo, sino que, se trata de una materia de repercusión nacional y no, exclusivamente, local, como lo pretende el accionante.
Bajo esa misma línea de consideraciones, deben desestimarse los agravios planteados respecto a los artículos 10, 12, 14, 16 y 53 de la ley, toda vez que, no resulta ilegítimo que sea el Ministerio de Salud el órgano responsable de formular la política nacional para la gestión integral de residuos; que los planes municipales deban, necesariamente, elaborarse a partir del plan nacional; que las autoridades del Ministerio de Salud sean las competentes para dar seguimiento y monitoreo a la implementación de los programas de residuos por parte de los generadores y, en definitiva, erigirse como fiscalizadores e inspectores. Debe insistirse, sobre el particular, que tratándose de la correcta disposición y manejo de los residuos predomina un interés nacional y generalizado sobre lo meramente local, pues se procura fiscalizar un tema que atañe a la salud pública. Finalmente, en criterio de este Tribunal, tampoco resulta inconstitucional lo dispuesto en el artículo 24 de la ley, específicamente, en cuanto a la financiación del Fondo para la gestión integral de los residuos, toda vez que es una decisión del legislador –de oportunidad y conveniencia– definir la forma en que se va a financiar dicho Fondo y cómo se van a distribuir los fondos para ser administrados por parte del Ministerio de Salud –como órgano encargado del referido Fondo– y las Municipalidades.
Debe destacarse, en este sentido, como bien lo apunta la Procuraduría General de la República, que el accionante está obviando lo señalado en el artículo 25, párrafo segundo, de la normativa de análisis, toda vez que en dicho numeral se disponen los ingresos que deben ser girados a la Municipalidad del Cantón donde se originó la infracción correspondiente, producto de las investigaciones instauradas por el Tribunal Ambiental Administrativo. A partir de lo expuesto, no se observa, respecto a las disposiciones impugnadas, un roce con el Derecho de la Constitución.
Corolario de las consideraciones realizadas, se impone rechazar de plano la acción de inconstitucionalidad –por falta de legitimación– en cuanto a la impugnación del artículo 20, incisos d) y h), de la Ley de Régimen de Zonas Francas. Respecto de los demás agravios, se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.
Me separo de la tesis de la mayoría, que sostiene que el alcalde solo puede incoar una acción de inconstitucionalidad si cuenta con el aval del concejo. Desde mi perspectiva, entre el concejo y el alcalde no hay una relación de jerarquía, sino de exclusión de competencias por mandato de ley, y no por imperio del Derecho de la Constitución (valores, principios y normas). Así las cosas, bien puede el alcalde presentar una acción en defensa de los intereses y servicios locales, así como de la autonomía municipal –política y administrativa- cuando considere que una norma o una omisión los afecten. Lo anterior es mayormente cierto, a partir de la elección del alcalde y vicealcaldes por medio del sufragio universal, por lo que es un hecho probable que ambos órganos –el colegiado y el individual- tengan visiones ideológicas, políticas y jurídicas diferentes sobre el contenido de los conceptos jurídicos indeterminados de intereses y servicios locales, de autonomía política y administrativa y de otras competencias propias de los gobiernos locales.
POR TANTO:
Se rechaza de plano la acción en cuanto a la impugnación de los incisos d) y h) del artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas. En lo demás, se declara sin lugar la acción. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. Los Magistrados Armijo y Cruz ponen nota.
Gilbert Armijo S.
Presidente a.i.
Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V. Aracelly Pacheco S.
Roxana Salazar C. José Paulino Hernández G.
EJL/168 Nota separada de los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro: Los suscritos Magistrados discrepan del criterio sostenido por la mayoría del Tribunal Constitucional en este asunto y declaran, con respecto a la impugnación de los incisos d) y h) del artículo 20 de la Ley No. 7210 de 23 de noviembre de 1990, que es Ley de Régimen de Zonas Francas, y al cuestionamiento de los artículos 7, inciso a), 8, incisos a), e i), 10, 12, 14, 16, 24 inciso g) y 53 párrafo tercero, de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, lo siguiente:
- en primer lugar, que el Alcalde Municipal del Cantón de Mora goza de legitimación para plantear esta acción de inconstitucionalidad, según el artículo 75 párrafo 2º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto acude en defensa de los intereses colectivos de los miembros y de quienes habitan en ese Cantón. En este sentido, en nada incide sobre la legitimación que ciertamente ostenta el actor, el hecho de contar o no con el aval del Concejo Municipal, teniendo en cuenta las competencias que el ordenamiento le atribuye al Alcalde, justamente a partir de su nombramiento, así como el de los Vice-alcaldes, por medio del sufragio universal. En este sentido, los suscritos Magistrados comparten plenamente los razonamientos formulados por el Magistrado Castillo Víquez en su nota separada acerca del particular.
- en segundo, que los incisos d) y h) del artículo 20 de la Ley No. 7210 de 23 de noviembre de 1990, que es Ley de Régimen de Zonas Francas, son inconstitucionales, justamente por la falta de consulta a las Corporaciones Municipales de esta normativa. Desde esta perspectiva, también es indiferente el hecho que exista o no una zona franca sobre el territorio de la Municipalidad que acude ante la Sala en defensa de los intereses de los habitantes del Cantón, teniendo en cuenta que la consulta a las municipalidades de estas normas puede ser previa o no al establecimiento de una zona franca, así como a la exoneración que ello supone con respecto al cobro de los tributos municipales.
- Tercero, que los artículos 7, inciso a), 8, incisos a), e i), 10, 12, 14, 16, 24 inciso g) y 53 párrafo tercero, de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, violan expresamente el ámbito de competencias que ha sido atribuido a las Corporaciones Municipales por fuerza de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, con respecto a la administración de los intereses y servicios locales de cada cantón. En este orden, es preciso tener en cuenta las razones que suscribió el Magistrado Armijo Sancho en su voto particular a la sentencia No. 2007-13577, en cuyo motivo quienes tienen la competencia para gestionar esta materia y otras análogas son las municipalidades.
Gilbert Armijo S. Fernando Cruz C.
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