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Res. 04192-2014 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/03/2014

Constitutionality of the Costa Rica–Colombia Free Trade AgreementConstitucionalidad del TLC entre Costa Rica y Colombia

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OutcomeResultado

No defectsSin vicios

The Chamber held that the bill approving the Costa Rica–Colombia FTA contained no essential procedural defects or constitutional violations, although two justices dissented regarding dispute settlement.La Sala determinó que el proyecto de aprobación del TLC entre Costa Rica y Colombia no contenía vicios esenciales de procedimiento ni lesiones constitucionales, aunque dos magistrados disintieron respecto de la solución de controversias.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber resolved the mandatory legislative consultation concerning the bill approving the Free Trade Agreement between Costa Rica and Colombia. It found no essential defects in the legislative procedure and no constitutional violations in the treaty’s content. The Chamber held that the bill could be approved by an absolute majority of the legislators present because it neither transferred powers to a community legal order nor pursued the type of regional community objectives contemplated in Article 121(4) of the Constitution. It emphasized that this was abstract, preventive constitutional review, that its opinion was binding only as to legislative procedure, and that it did not address the treaty’s political or economic desirability. The majority also declined to find the investor–State dispute-settlement mechanism unconstitutional. Two justices dissented, however, concluding that this mechanism and other portions of the agreement violated the constitutional order. The treaty also encompassed matters with environmental and agro-environmental implications.La Sala Constitucional evacuó la consulta legislativa preceptiva sobre el proyecto de aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Colombia. Determinó que el procedimiento legislativo no presentaba vicios esenciales y que el contenido del tratado no lesionaba la Constitución. Consideró que el proyecto podía aprobarse por mayoría absoluta de los diputados presentes, pues no transfería competencias a un ordenamiento comunitario ni perseguía objetivos propios de una comunidad regional en los términos del artículo 121 inciso 4) constitucional. La Sala recalcó que este control era abstracto y preventivo, que su criterio solo resultaba vinculante respecto de los trámites legislativos y que no comprendía la conveniencia política o económica del tratado. La mayoría tampoco declaró inconstitucional el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y el Estado. Sin embargo, dos magistrados salvaron el voto por estimar que ese mecanismo, entre otros aspectos del convenio, infringía el orden constitucional. El tratado incluyó materias con dimensión ambiental y agroambiental.

Key excerptExtracto clave

I.—Purpose and scope of this consultation.—This mandatory legislative consultation on constitutionality is brought under Articles 96 et seq. of the Constitutional Jurisdiction Law so that the Chamber may rule on any aspects or grounds it considers constitutionally relevant; its opinion, however, is binding only with respect to procedure. It should also be clarified that a ruling in a mandatory constitutional consultation is an abstract review, so if a violation should eventually occur through acts implementing the law, subsequent judicial review remains available. It is likewise important to state expressly that this body may not rule on questions concerning the expediency or desirability of the commitments undertaken by the Costa Rican State in the bill, as such questions fall outside its jurisdiction. Thus, as with the free trade agreements previously examined by this Court, nothing said in this decision should be understood as expressing this body’s view on the desirability or undesirability of the decisions embodied in the bill. The consultation is answered to the effect that there are no essential procedural defects or constitutional violations in the content of the bill entitled “Approval of the Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Colombia,” legislative file number 18805. Justices Jinesta Lobo, Hernández López, and Salazar Alvarado, on the one hand, and Justices Castillo Víquez and Rueda Leal, on the other, issue separate opinions. Justices Armijo Sancho and Cruz Castro dissent and declare that the dispute-settlement provisions violate the constitutional legal order.I.- Finalidad y alcance de esta consulta.- Esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad se plantea al amparo de lo establecido en los artículos 96 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional con la finalidad de que la Sala dictamine sobre cualesquiera aspectos o motivos que estime relevantes desde el punto de vista constitucional; sin embargo su opinión resulta vinculante sólo en lo que se refiere a los trámites. Cabe aclarar además que el pronunciamiento en la consulta preceptiva de constitucionalidad, es un juicio en abstracto, de tal forma que si se llegare a dar una eventual infracción en actos de aplicación, queda habilitado el control judicial posterior. Igualmente también resulta relevante dejar expresamente establecido que a este órgano no le corresponde emitir pronunciamiento sobre cuestiones de oportunidad y conveniencia respecto de los compromisos asumidos por el Estado costarricense dentro del proyecto, pues tales cuestiones son ajenas a su competencia.- De tal modo, al igual que en los casos de Tratados de Libre Comercio analizados con anterioridad por este Tribunal, nada de lo que se diga en esta resolución, debe entenderse como la expresión del criterio de este órgano respecto de la conveniencia o inconveniencia de las decisiones plasmadas en el proyecto.- Se evacua la consulta formulada en el sentido de que no existen vicios esenciales de procedimiento ni lesiones constitucionales en el contenido del proyecto de "Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia", expediente legislativo número 18805. Los Magistrados Jinesta Lobo, Hernández López y Salazar Alvarado por una parte y los Magistrado Castillo Víquez y Rueda Leal por otra, ponen nota separada.- Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvan el voto y declara la existencia de infracciones al ordenamiento constitucional en el punto de la resolución de controversias.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En este caso, la Sala comparte el criterio del Departamento de Servicios Técnicos en cuanto señala que “…el proyecto puede ser aprobado con la mayoría absoluta de los presentes que dispone el artículo 119 de la Constitución Política”"

    "In this case, the Chamber agrees with the Legislative Technical Services Department that “the bill may be approved by the absolute majority of those present prescribed by Article 119 of the Constitution.”"

    Considerando V

  • "En este caso, la Sala comparte el criterio del Departamento de Servicios Técnicos en cuanto señala que “…el proyecto puede ser aprobado con la mayoría absoluta de los presentes que dispone el artículo 119 de la Constitución Política”"

    Considerando V

  • "La postura que estamos siguiendo tiene una ventaja adicional, en la medida que el Tribunal Constitucional ejerce una función preventiva ante eventuales responsabilidades internacionales que pudieran exigírsele al Estado costarricense por incumplir obligaciones internacionales derivadas de un instrumento internacional."

    "The approach we follow has an additional advantage, insofar as the Constitutional Court performs a preventive function against potential international liability that Costa Rica might incur for breaching obligations derived from an international instrument."

    Nota separada

  • "La postura que estamos siguiendo tiene una ventaja adicional, en la medida que el Tribunal Constitucional ejerce una función preventiva ante eventuales responsabilidades internacionales que pudieran exigírsele al Estado costarricense por incumplir obligaciones internacionales derivadas de un instrumento internacional."

    Nota separada

  • "En realidad, se requiere una manifestación específica de consentimiento (ya sea un acuerdo o un compromiso arbitral) de ambas partes para someter a un proceso de arbitraje internacional una controversia individual o un grupo de controversias que hubieran surgido o pudieran surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual."

    "In fact, a specific manifestation of consent by both parties—whether an agreement or an arbitration undertaking—is required to submit to international arbitration an individual dispute or group of disputes that has arisen or may arise between them concerning a particular legal relationship, whether contractual or noncontractual."

    Nota separada sobre el artículo 12.18

  • "En realidad, se requiere una manifestación específica de consentimiento (ya sea un acuerdo o un compromiso arbitral) de ambas partes para someter a un proceso de arbitraje internacional una controversia individual o un grupo de controversias que hubieran surgido o pudieran surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual."

    Nota separada sobre el artículo 12.18

  • "Es decir, la decisión de acudir a la sede jurisdiccional interna o bien al mecanismo en cuestión, es potestativa solo para el demandante y, una vez que éste se decante por una u otra opción, la decisión se torna irrevocable, lo que es ilegítimo, por contrariar lo dispuesto en el artículo 43 constitucional."

    "That is, the decision whether to resort to domestic courts or to the mechanism in question belongs solely to the claimant and, once the claimant chooses either option, the decision becomes irrevocable, which is illegitimate because it contravenes Article 43 of the Constitution."

    Voto salvado

  • "Es decir, la decisión de acudir a la sede jurisdiccional interna o bien al mecanismo en cuestión, es potestativa solo para el demandante y, una vez que éste se decante por una u otra opción, la decisión se torna irrevocable, lo que es ilegítimo, por contrariar lo dispuesto en el artículo 43 constitucional."

    Voto salvado

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

*140031310007CO* vgranados vgranados 2 0 2015-04-06T19:31:00Z 2015-04-06T19:31:00Z 2 15894 87422 Poder-Judicial 728 206 103110 11.9999 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 *140031310007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fourteen hours thirty minutes on veintiseis de marzo de dos mil catorce.

Mandatory legislative constitutional consultation (consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad) submitted by the Directorio de la Asamblea Legislativa regarding the bill entitled “Approval of the Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Colombia,” legislative expediente number 18805.

Background:

  1. 1The consultation was submitted in compliance with subsection a) of Article 96 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and was received by the Secretaría de la Sala together with a certified copy of the legislative expediente. The Presidencia de la Sala deemed the consultation submitted by means of a ruling issued at the hours of that same day. The deadline for issuing a response expires on the day of the current year.
  2. 2The formalities established by law were fulfilled in the proceedings.

Justice Hernández López writes the opinion; and,

Considering:

I.Purpose and scope of this consultation.- This mandatory legislative constitutional consultation is brought pursuant to Articles 96 et seq. of the Ley de la Jurisdicción Constitucional so that the Sala may issue an opinion on any aspects or grounds it deems relevant from a constitutional standpoint; however, its opinion is binding only with respect to procedural steps. It should also be clarified that the ruling in a mandatory constitutional consultation constitutes an abstract review (juicio en abstracto), such that if a violation were ultimately to occur through acts of implementation, subsequent judicial review would remain available. It is likewise important to state expressly that this body is not responsible for ruling on questions of expediency or advisability concerning the commitments undertaken by the Costa Rican State under the bill, since such matters fall outside its jurisdiction.- Thus, as in the cases involving Free Trade Agreements previously examined by this Tribunal, nothing stated in this ruling should be understood as expressing this body’s view as to the advisability or inadvisability of the decisions embodied in the bill.-

II.Processing of expediente number 18805 in the Asamblea Legislativa.- The bill entitled “Approval of the Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Colombia” is being processed under legislative expediente number 18805 and has fulfilled the following relevant stages of the legislative procedure:

  • 1)On 14 de junio de 2013, the Directorio de la Asamblea Legislativa received for processing the bill entitled “Approval of the Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Colombia” (see folio 958 of the certified copy of the legislative expediente).
  • 2)On 18 de junio de 2013, a copy was forwarded to the Departamento de Servicios Técnicos for its opinion, and on 1 de julio de 2013 the bill was sent for publication, which occurred on 18 de julio de 2013 (see folios 960 and 961 of the certified copy of the legislative expediente).
  • 3)On 22 de julio de 2013, the Comisión Permanente de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior received the bill for processing.- (see folio 962 of the certified copy of the legislative expediente).
  • 4)On 7 de agosto de 2013, processing of the bill began in the Comisión, and motions were approved to hear testimony from the Ministerio de Comercio Exterior and to consult the following persons and entities: Corte Suprema de Justicia; Refinadora Costarricense de Petróleo, Contraloría General de la República, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Dirección General de Aduanas, Tribunal Supremo de Elecciones, Ministerio de Planificación, Corporación Bananera Nacional, Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Justicia, Dirección General de Migración y Extranjería, Cámara de Representantes de Casas Extranjeras, CINDE, all municipalities in the country, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Corporación Hortícola Nacional, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Cámara Nacional de Avicultores, all autonomous institutions, Universidad de Costa Rica, Tecnológico de Costa Rica, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Salud, Universidad Estatal a Distancia, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública, Cámara de Comercio de Costa Rica, Cámara de Porcicultores, Consejo Nacional de Educación Superior Privada, Colegios Profesionales, Consejo Nacional de Rectores, Corporación Ganadera, Cámara de Industrias, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Universidad Nacional de Costa Rica, UCCAEP, Concejos Municipales de Distrito, Consejo Nacional de Concesiones, Servicio de Protección Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, Cámara Nacional de Agricultura, Cámara de Exportadores de Costa Rica, Universidad Técnica Nacional, Servicio Nacional de Salud Animal, Cámara de Industrias Alimentarias.

Approval was likewise granted to hear testimony from representatives of the following entities: Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Cámara de Industrias de Costa Rica, Cámara de Comercio, Cámara de Exportadores, Cámara de Representantes de Casas Extranjeras, Asociación Industria Farmacéutica Nacional, Asociación Nacional de Exportadores de la Industria textil. (see folios 987 to 989 of the certified copy of the legislative expediente).

  • 5)On 8 de agosto de 2013, representatives of the Asociación nacional de Exportadores de la Industria Textil and the Cámara de Comecio de Costa Rica were heard. (see folios 1032 et seq. of the certified copy of the legislative expediente).
  • 6)On 13 de agosto de 2013, representatives of the Cámara de Agricultura y Agroindustria and the Cámara de Industrias de Costa Rica were heard. (see folios 1470 et seq. of the certified copy of the legislative expediente).
  • 7)On 21 de agosto de 2013, representatives of the Cámara de Representantes de Casas Extranjeras and the Asociación Industria Farmacéutica Nacional were heard. (see folio 1032 of the certified copy of the legislative expediente).- 8) On 27 de agosto de 2013, the report of the Departamento de Servicios Técnicos was incorporated into the legislative expediente ((see folios 1565 et seq. of the certified copy of the legislative expediente).
  • 9)On 28 de agosto de 2013, representatives of the Cámara de Exportadores de Costa Rica were heard, after which the bill was approved on its merits by the Comisión. (see folios 1642 et seq. of the certified copy of the legislative expediente).
  • 10)On 13 de setiembre de 2013, the majority favorable report concerning the bill under consideration was received at the offices of the Directorio Legislatov (see folios 2676 et seq. of the certified copy of the legislative expediente).
  • 11)On 27 de setiembre, an errata concerning Chapters 2 and 8 of the bill was published in La Gaceta (see the official electronic journal for that date on the website www.imprentanacional.go.cr).
  • 12)On 17 de octubre de 2013, substantive debate on the expediente began, and a motion was approved to resubmit the updated text published in La Gaceta for consultation with the following entities:

Corte Suprema de Justicia; Refinadora Costarricense de Petróleo, Contraloría General de la República, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Dirección General de Aduanas, Tribunal Supremo de Elecciones, Ministerio de Planificación, Corporación Bananera Nacional, Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Justicia, Dirección General de Migración y Extranjería, Cámara de Representantes de Casas Extranjeras, CINDE, all municipalities in the country, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Corporación Hortícola Nacional, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Cámara Nacional de Avicultores, all autonomous institutions, Universidad de Costa Rica, Tecnológico de Costa Rica, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Salud, Universidad Estatal a Distancia, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública, Cámara de Comercio de Costa Rica, Cámara de Porcicultores, Consejo Nacional de Educación Superior Privada, Colegios Profesionales, Consejo Nacional de Rectores, Corporación Ganadera, Cámara de Industrias, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Universidad Nacional de Costa Rica, UCCAEP, Concejos Municipales de Distrito, Consejo Nacional de Concesiones, Servicio de Protección Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, Cámara Nacional de Agricultura, Cámara de Exportadores de Costa Rica, Universidad Técnica Nacional, Servicio Nacional de Salud Animal, Cámara de Industrias Alimentarias. (see folios 2779 et seq. of the certified copy of the legislative expediente).

  • 12)On 6 de febrero de 2014, substantive debate on the bill continued with the second day for the submission of Rule 137 motions (mociones 137), two of which were submitted and referred to the reporting Comisión (see folio 3290 of the certified copy of the legislative expediente).
  • 13)On 14 de febrero de 2014, the Comisión Dictaminadora delivered to the Secretaría del Directorio its report on the Rule 137 motions submitted regarding the bill. The report states that they were considered on 13 de febrero de 2014 and that both were rejected.- (see folio 3297 et seq. of the certified copy of the legislative expediente).
  • 14)On 25 de febrero de 2014, substantive debate on the bill continued with the submission of one Rule 137 motion, which was referred to the reporting Comisión (see folio 3308 of the certified copy of the legislative expediente).
  • 15)On 28 de febrero de 2014, the Comisión Dictaminadora delivered to the Secretaría del Directorio its second report on the Rule 137 motions submitted regarding the bill. The report states that it concerned a motion considered on 27 de febrero de 2014 and that it was rejected. See folios 3310 et seq. of the certified copy of the legislative expediente).
  • 16)On 3 de marzo de 2014, the Plenario Legislativo approved the bill under consultation in first debate by a vote of thirty-two in favor and nine against (see folio 3325 of the certified copy of the legislative expediente).
  • 17)On 4 de marzo de 2014, the approved bill was forwarded to the Comisión Permanente de Redacción, which approved the final wording on 5 de marzo de 2014, and the bill was returned the following day to the Directorio for further processing (see folios 3329 et seq. of the certified copy of legislative expediente Nº 18.563).

III.Observations on the procedure. The Free Trade Agreement between the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Colombia was signed by the President of the Republic on 22 de mayo de 2013, and she submitted it to the Legislative Assembly for ratification on 14 de junio de 2013.- Thus began the legislative process for the bill entitled “Approval of the Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Colombia,” legislative file number 18805, the text of which was published in Supplement 121 of La Gaceta of dieciocho de julio de 2013. Nevertheless, that act was carried out defectively because chapters 2 and 8 of the Treaty were omitted from publication; this was remedied through the publication of an erratum in La Gaceta on 27 de setiembre de 2013. The Technical Services Report submitted on 27 de agosto de 2013, appearing at folios 1565 et seq. of the certified copy of the legislative file, is also included.- It is likewise noted that the legislative Committee received the file from the Legislative Directorate and, in processing it, conducted an extremely broad consultation with public and private institutions of every kind and heard testimony from entities deemed relevant, such as the Ministry of Foreign Trade, as well as from members of private productive sectors associated with the activities covered by the Treaty.- Following analysis and discussion, the text of the bill was unanimously approved, and two favorable reports were issued.- During proceedings before the Plenary, few motions under Rule 137 (mociones vía 137) were submitted; they were reviewed and rejected by the reporting Committee.- The Plenary approved the bill in the first debate on 3 de marzo de 2014, with thirty-two votes in favor and nine against.

IV.In light of this last circumstance concerning the vote in the first debate, the Chamber finds it necessary to note that the absence of a qualified-majority vote (votación calificada) in favor of the initiative during the first debate does not constitute any constitutional violation, for two reasons: first, because the text of the proposed Free Trade Agreement contains no decisions that must be endorsed by a qualified majority; and second, because the majority of this Chamber has held that such qualified-majority votes—if required—must take place after discussion in the second debate has concluded.-

V.Indeed, with respect to the first point, it is established that this bill does not fall within the provisions of numeral 121 subsection 4) of the Political Constitution, which requires a vote of two-thirds of all deputies when international rules assign or transfer certain powers to a community legal order (ordenamiento jurídico comunitario) for the purpose of achieving regional and common objectives. That character is distinguished:

“…insofar as it is capable of imposing on the States Parties obligations, duties, burdens, or limitations beyond those agreed upon and even against their will, for example through decisions adopted by a majority; this is entirely different from merely international orders, under which States undertake only those commitments that they assume by treaty, or, if the treaty also creates some type of international body, the decisions of that body either are not binding or, if they are, must be adopted unanimously, that is, with the express acceptance of the Costa Rican State through its lawful representatives competent for that purpose (…)”; (judgment 2013-003655) In this case, the Chamber agrees with the opinion of the Technical Services Department insofar as it states that “…the bill may be approved by the absolute majority of those present, as provided in Article 119 of the Political Constitution” (folio 1597 of the copy of the legislative file), because the text is typical of this type of agreement, in which no powers are transferred, nor is there any intent to pursue “community objectives” or create a “community” in the sense described above; indeed, no new obligations have been created, but rather those already existing under other international instruments are reiterated.-

VI. For its part, regarding the point at which the qualified-majority vote must occur, this Chamber has stated

“IV.-In its earliest rulings, the Chamber established that when the Constitution requires legal rules to be approved by a qualified majority, that majority must be attained in each legislative debate. Judgment #678-91 of 14:16 hours on 27 de marzo de 1991 reflects this position:

“It follows from the relationship among Articles 119, 124, and 195 subsection 4) of the Constitution and Article 72 subsection d) of the Rules of Order, Governance, and Internal Discipline of the Legislative Assembly that every constitutional reform bill must be approved, in each of the three debates, by two-thirds of all members of the Assembly. Under those rules, each debate is autonomous and independent of the others; accordingly, the legislative intent to approve a bill must be expressly manifested in each debate, which necessarily means that the specific majority required for each bill must be attained in each of the three debates, and not only in the third. Therefore, the interpretation adopted by the current Legislative Directorate of the Legislative Assembly, following the precedent established at the session of 29 de octubre de 1962, to the effect that a qualified majority of two-thirds of all members of the Legislative Assembly is required only in the third debate when constitutional reforms are being approved, openly contravenes the aforementioned constitutional and regulatory provisions.” Nevertheless, that position was modified in ruling #5976-96 of 15:00 hours on 6 de noviembre de 1996, on the following grounds:

“…according to its literal wording, Article 195, subsection 4, of the Fundamental Law requires that ‘Once the committee report has been submitted, it shall be discussed in accordance with the procedures established for the enactment of laws; such reform must be approved by a vote of no less than two-thirds of all members of the Assembly.’ By referring to numeral 124 thereof, that provision requires the reform to be discussed in two debates, each held on a different, nonconsecutive day, and to obtain the Assembly’s approval. Strictly speaking, the Constitution does not require the first debate to be followed by a vote; rather, that requirement arises from Article 143, subsection 2, of the Rules of the Legislative Assembly, which in turn is consistent with Article 98 of the Law on Constitutional Jurisdiction. Nevertheless, it must be recognized that the qualified-majority vote referred to in the aforementioned numeral 195, subsection 4, of the Political Constitution must be the vote following the second debate on the bill, and not necessarily the vote following the first. For the latter, in the absence of a rule providing otherwise, it is sufficient to apply the general rule in constitutional Article 119, which requires the subsequent vote to be decided by an absolute majority.

In reconsidering its position, the Chamber takes into account the fact that, generally speaking, the procedure leading to the promulgation of the legislature’s will—whether acting as the constituent or derived constituent authority—consists of an entire predefined and unavoidable sequence of successive stages, none of which may appear in an order other than its proper place, and whose final result is a decision-making act of a legal nature embodied in a law or, as in this case, in a constitutional reform. In short, the procedure is the legal channel through which the legislature’s political will flows throughout its entire course, from the moment it is set in motion by an act exercising the power of initiative until it culminates in the issuance of a decree expressing how that will shall innovate or transform the preexisting legal order. The procedure, therefore, cannot stand in opposition to the flow of the legislature’s will; rather, it shapes and guides that will until its realization. It is precisely in this spirit that the Chamber has deemed it appropriate and timely to set forth its revised position.

Of course, for present purposes, the fact that the proceedings continued under the understanding that the enhanced majority (mayoría reforzada) was required for approval following the first debate is not deemed a defect that in any way invalidates the procedure followed, because, since the vote comfortably attained two-thirds of the deputies present, it necessarily satisfied the lower threshold actually required.” This position has been maintained to date and extended to ordinary legislative procedure, as reflected in ruling #2008-10450 of 9:00 hours on 23 de junio del 2008:

“The consulting parties should also bear in mind that challenges concerning the majority required to approve a bill are not examined as procedural defects during the preliminary consultation process, their review being reserved for an action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad), since a qualified-majority requirement applies only to the vote in the second debate, not the first (to this effect, see the recent judgment number 2008-3154).” (see, to similar effect, rulings #2001-11560 of 15:17 hours on 7 de noviembre del 2001 and #2002-7016 of 14:39 hours on 16 de julio de 2002) Consequently, approval of the bill by a simple majority (mayoría simple) in the first debate does not constitute a substantive constitutional defect. With respect to this aspect of the consultation, Justices Armijo Sancho and Cruz Castro dissent and declare the bill’s approval in the first debate by an absolute majority unconstitutional” (see judgment No. 2011-000992 of 15:57 hours on 26 de enero de 2011).

It may therefore be concluded that this bill does not require a qualified-majority vote; moreover, it should be stated that, had such a vote been required, it would have had to take place upon conclusion of the second debate and not during the first-debate proceedings. Accordingly, there is no procedural violation on this point.

VII.Observations on the substance of the bill. With regard to the substance of the bill, it is observed that it consists of 18 chapters addressing the various matters on which both countries have agreed in order to promote trade between them.- In Chapter 1, entitled “Initial Provisions and General Definitions,” the Parties undertake, in accordance with the rules of the World Trade Organization, to establish a free trade area for goods and services (Art. 1.1). It is also provided that, should the provisions of the Treaty be incompatible with WTO regulations, the matter shall be resolved in favor of this Agreement, unless expressly provided otherwise (Art. 1.2). A glossary is appended to facilitate understanding of the matters agreed upon (Art. 1.3). Chapter 2, “National Treatment and Market Access for Goods,” states that, unless expressly provided otherwise, this chapter shall apply to trade in goods (Art. 2.1).

Matters governed by the chapter include the national-treatment principle (principio de trato nacional) (Art. 2.2, paragraph 1); guidelines for modifying tariff policies (Art. 2.3); the prohibition against making a tariff exemption (exención arancelaria) conditional upon compliance with requirements (Art. 2.4); which products may be temporarily exempted from customs duties, regardless of their origin (Art. 2.5), and the conditions under which that benefit may be applied; the prohibition against imposing non-tariff measures (medidas de carácter no arancelario) for the purpose of restricting the import or export of products (Art. 2.8); and the relationship between the States Parties and state trading enterprises (empresas comerciales del Estado) (Art. 2.12). Lastly, it regulates the policy to be followed regarding export subsidies for agricultural products (Art. 2.15). Chapter 3, entitled “Rules of Origin and Origin Procedures,” addresses originating goods (mercancías originarias) (Art. 3.1 et seq.).

It also establishes the conditions for requesting certificates of origin (certificaciones de origen) for exports and imports (Art. 3.15), the circumstances in which such certification is not required (Art. 3.22), and the origin-related obligations of importers and exporters (Art. 3.17 and 3.18). It also regulates cooperation between customs authorities to determine the authenticity of certificates (Art. 3.23), the possibility of establishing civil, administrative, and criminal penalties for violations related to this chapter (Art. 3.25), and the right to challenge such acts through administrative and judicial remedies (vías administrativas y judiciales) (Art. 3.26). Finally, several tables are appended listing products by category and specifying the conditions under which they shall be deemed products originating in one of the signatory States. Chapter 4 establishes the following guiding principles for “trade facilitation and customs procedures”: the publication principle (principio de publicación) (Art. 4.1), simplification of customs procedures (Art. 4.2), automation of procedures (Art. 4.3), and the establishment of means for challenging administrative acts in customs matters (Art. 4.9).

Lastly, the signatory States agree to adopt measures for the imposition of penalties (Art. 4.10). Chapter 5 covers “Technical Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters.” For purposes of the Agreement, technical cooperation is understood to include the exchange of information, legislation, and best practices in customs matters, training, and any technical or material support, while mutual assistance means cooperation in the prevention, investigation, and punishment of customs violations (Art. 5.2 and 5.3). It establishes the requirements for submitting requests for mutual assistance and for processing and executing them (Art. 5.5, 5.6 and 5.7), and sets forth exceptions to the obligation to provide mutual assistance (5.8.). Lastly, confidential treatment of information is guaranteed at the request of the competent authority of the State Party (Art. 5.12). Chapter 6 sets forth what the States Parties agreed upon regarding sanitary and phytosanitary policy.

First, they undertake to conduct risk assessments and determine the level of sanitary and phytosanitary protection in accordance with national technical and scientific information and with the guidelines, standards, and recommendations of international organizations (Art. 6.3). They likewise agree to implement control, inspection, and approval procedures in accordance with Article 8 of the SPS Agreement (Art. 6.6). The Treaty also provides for the possibility of cooperation and technical assistance (Art. 6.9) in sanitary matters. Lastly, to avoid unjustified restrictions on trade, the States Parties must reach a mutual understanding regarding the application of sanitary and phytosanitary measures (medidas sanitarias y fitosanitarias, MSF) (Art. 6.10), and may resort to the Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures or, as a last resort, to the procedure established in Chapter 18 (Art. 6.14).

Chapter 7 governs all matters relating to “Technical Barriers to Trade,” referring to the preparation, adoption, and application of all standards and assessment procedures that may affect trade in goods. Notwithstanding the foregoing, this category does not include any matters agreed upon regarding sanitary and phytosanitary measures or purchasing specifications established by public institutions (Art. 7.2). The signatory States agree to the following obligations: First, to use international standards, guidelines, and recommendations as a basis for preparing their technical regulations (Art. 7.5). Second, to consider accepting the other Party’s technical regulations as equivalent (Art. 7.6). Third, to notify the other Party of their proposed technical regulations and publish them electronically on the competent authorities’ websites so that both the other Party and any interested party may access them easily and free of charge (Art. 7.8).

Lastly, each Party undertakes to assist the other Party with respect to standards, technical regulations, and procedures in order to facilitate access to its markets (Art. 7.9). Chapter 8, entitled “Trade Remedies,” lists a series of measures that may be applied during the transition period, particularly where a good originating in one of the Parties is being imported in such quantities as to constitute a substantial cause of injury or threat of injury to the domestic industry producing a like good (Art. 8.1). In all cases, the State seeking to apply a measure must investigate its necessity and appropriateness (Art. 8.3) before notifying the other Party (Art. 8.5), and must provide it with an opportunity to hold consultations concerning appropriate compensation measures (Art. 8.6). Chapter 9 establishes the principles and rules concerning intellectual property for purposes of the trade agreement (Art. 9.1).

First, the Parties shall protect trademarks in accordance with the TRIPS Agreement and must provide a trademark registration system (Art. 9.3). They must also establish mechanisms in their legislation to protect geographical indications (indicaciones geográficas) for products (Art. 9.4). The Parties further reaffirm their recognition of their rights and obligations concerning sovereignty over their natural resources and their authority over their biological and genetic resources and derivatives (Art. 9.5 paragraph 1). They undertake to respect, preserve, and maintain the traditional knowledge, innovations, and practices of the indigenous and local communities within their territories (Art. 9.5 paragraph 2). With respect to copyright and related rights (derechos de autor y derechos conexos), the Parties recognize the rights and obligations arising under the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works; the Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations; the WIPO Copyright Treaty; and the WIPO Treaty (Art. 9.6. paragraph 1), and must afford adequate protection to authors, performers, producers of phonograms, and broadcasting organizations (Art. 9.6. paragraph 2).

Notwithstanding the foregoing, the contracting Parties may provide in their legislation for limitations and exceptions to copyright and related rights only in cases that do not conflict with the normal exploitation of the work or unreasonably prejudice the legitimate interests of the rights holder (Art. 9.6. paragraph 7). The Parties undertake to carry out scientific and technological cooperation activities, such as joint participation in education, research, technological development, and innovation projects (Art 9.8 paragraph 4), as well as the exchange of information concerning legislative processes and the legal framework governing intellectual property rights (Art. 9.8 paragraph 5). Appended to the chapter is a list of products bearing the Parties’ geographical indications, that is, products whose trade names refer to a region in their country of origin. Chapter 10 addresses government procurement (contratación pública) for purposes of the Treaty (Art. 10.1 paragraph 2) and the circumstances in which its provisions do not apply (Art. 10.1 paragraph 3).

It provides that no clause of the chapter shall be construed to prevent a Party from taking any action or refraining from disclosing information it considers necessary to protect its essential national-security interests (Art. 10.2). A series of general principles concerning administrative procurement (contratación administrativa) are identified and explained (Art. 10.3 to 10.5), namely: the most-favorable-treatment principle (principio de trato más favorable); the duty to apply rules of origin as if the procurement involved ordinary procurement of goods and services; the prohibition against seeking special offsets at any stage of government procurement; and the principle that tender specifications must be made public (principio de publicidad del cartel). The applicable procurement methods are listed (Art. 10.11), together with the corresponding procedure. The duty to provide information, its regulation, and its limitations are then established (Art. 10.15 and 10.16).

Lastly, the possibility of filing claims concerning the procurement process before administrative or judicial bodies is regulated (Art. 10.17). A list of institutions to which the chapter’s provisions shall apply is appended. Chapter 11 sets forth the rules applicable to competition and consumer protection, the principal objective of which is to ensure that the benefits of liberalization are not undermined by anticompetitive practices and also to safeguard consumer rights (Art. 11.1). It should be noted that, in matters of competition and consumer protection, recourse may not be had to the dispute-settlement mechanisms (mecanismos de solución de controversias) provided for in Chapter 12 or 18 of the trade agreement (Art. 11.7). Chapter 12, entitled “Investment,” states that its provisions shall apply to a state-owned enterprise or to any person exercising regulatory, administrative, or governmental authority delegated by a State Party (Art. 12.1 paragraph 2).

None of the clauses contained in the chapter shall be construed as imposing an obligation on the contracting States to privatize any investment they own or as preventing them from designating a monopoly (Art. 12.1 paragraph 4). Reference is made to the national-treatment standard (Art. 12.2) and the most-favored-nation standard (Art.

12.3), in addition to the minimum standard of treatment (nivel mínimo de trato)—to accord investments treatment in accordance with customary international law (derecho internacional consuetudinario), including fair and equitable treatment (trato justo y equitativo), as well as full protection and security (protección y seguridad plenas)—(Art. 12.4). Investment may not be promoted through measures that weaken or reduce established domestic health, safety, environmental, and labor protections (Art. 12.8). The Parties shall encourage enterprises operating within their territory or subject to their jurisdiction to voluntarily incorporate into their policies recognized standards of social responsibility approved by the Parties (Art. 12.9). A covered investment (inversión cubierta) may not be nationalized or expropriated except for a public purpose, in accordance with due process (debido proceso), and upon payment of prompt, adequate, and effective compensation (Art. 12.11).

Benefits under the agreement may be denied if a person from a non-Party country controls the enterprise or if the enterprise does not conduct substantial business activities in the territory of the other Party (Art. 12.13). The procedure for investor-State dispute settlement (resolución de controversias entre inversionista y Estado) is established, subject to the proviso that a consultation and negotiation stage must be completed before resorting to arbitration (arbitraje) (Art. 12.15 y 12.16). The States agree to submit to arbitration their claims concerning any matter covered by this chapter (Art. 12.18), and if a tribunal renders an award (laudo) adverse to the respondent, it may award only monetary damages or restitution of property. Chapter 13 governs trade in services supplied by service providers of the other Party, but not where those services are supplied in the exercise of governmental authority (Art. 13.1).

With respect to cross-border trade in services (comercio transfronterizo de servicio), the rules on national treatment (trato nacional) and most-favored-nation treatment (nación más favorecida) shall apply (Art. 13.3 y 13.4). For purposes of service providers’ compliance with requirements, a Party may recognize education, experience, or requirements fulfilled in a particular country (Art. 13.11). The provisions to be followed in the case of professional services are appended. “Financial Services” are addressed in Chapter 14, which applies to financial institutions of one Party located in the territory of the other, without prejudice to its application to financial entities that may be established in the future (Art. 14.4), whether they provide traditional financial services or new financial services. Chapter 15, entitled “Telecommunications,” governs measures adopted by the Parties concerning access to and use of public telecommunications networks and services, as well as the obligations of service providers.

It shall not, however, apply to measures relating to the broadcasting and cable distribution of radio and television programming (Art. 15.1. acápite 2). Nothing agreed upon may be construed to mean that one Party may require the other Party to take the measures necessary to provide the service itself, authorize an enterprise to provide the service, or prevent an enterprise from providing the service (Art. 15.1 acápite 3). The contracting parties undertake to ensure that enterprises of the other Party have access to and may use public telecommunications networks or services (Art. 15.2). They shall also maintain appropriate measures to prevent providers located in their territory from engaging in anticompetitive practices (medidas anticompetitivas) (Art. 15.3). Lastly, they shall ensure that their regulatory body is not accountable to any service provider (Art. 15.5); that body shall be responsible for settling disputes between providers (Art. 15.10).

Chapter 16, governing “Electronic Commerce,” applies to measures affecting trade conducted by electronic means (Art. 16.1). It should be noted that customs duties may not be imposed on electronic commerce (Art. 16.3), although this does not preclude the imposition of other types of charges. Furthermore, the Parties undertake to maintain transparent measures to protect consumers from fraudulent commercial practices in electronic commerce (Art. 16.4).- Chapter 17, entitled “Temporary Entry for Business Persons,” seeks to facilitate the temporary entry of business persons and therefore does not apply to natural persons of one country seeking access to the labor market of the other Party (Art. 17.1). The State undertakes to authorize temporary entry for business persons who comply with the applicable immigration, health, and national security measures (Art. 17.3). The signatories agree that, except where there is a recurring practice or the affected person has exhausted domestic remedies (vías internas), recourse may not be had to the procedure governed by Chapter 18 (Art. 17.7).

A list detailing the categories of business persons is attached (Anexo 17-B). Pursuant to Chapter 18, the Parties shall at all times endeavor to agree on the interpretation of the agreement and shall make every effort, through cooperation, consultations, or other means, to reach a mutually satisfactory resolution of any matter that might affect its operation (Art. 18.1). If a disagreement arises, the complaining Party may select the forum (foro) in which to address the matter (Art. 18.3). Either contracting party may request in writing that consultations be held concerning any measure that might affect the operation of the Agreement (Art. 18.4). Finally, the measures applicable to dispute settlement are listed (Art. 18.5). Chapter 19, entitled “Transparency,” sets out the rules governing communications between the signatories concerning any aspect of the agreement (Art. 19.1). First, a contact point must be designated to transmit and receive all communications between the Parties (Art. 19.1).

Likewise, the contracting States undertake to make available to the other Party, by any possible means, all legislation relating to the treaty, as well as any information considered relevant for its purposes (Art. 19.2 y 3). Chapter 20 establishes the guidelines for administering the trade agreement, for which purpose the Free Trade Commission (Comisión de Libre Comercio) is established (Art. 20.1). The Commission shall oversee the proper implementation and application of the Convention and shall also serve as the oversight body for all bodies established as a result of this treaty (Art. 20.1). Lastly, the Commission may delegate responsibilities to the other bodies created by the treaty or amend the regulations annexed thereto (Art. 20.2). In Chapter 21, the Parties establish the exceptions to the Convention. First, Article XX of the GATT of 1994 is incorporated into the Treaty, solely to the extent relevant and insofar as it does not conflict with what the Parties have agreed (Art. 21.1).

Second, the signatories agree that none of the provisions of the trade agreement requires them to disclose information that could prejudice any of their security interests or the public and general interest (Art. 21.4), or to apply measures that would prevent them from acting to safeguard international order and peace (Art. 21.2). Nor shall any provision of the treaty apply to taxation measures (medidas tributarias) (Art. 21.3 acápite 1). Finally, Chapter 22, entitled “Amendments,” covers the following matters: First, it provides that all appendices, annexes, and footnotes form an integral part of the agreement (Art. 22.1). Second, the contracting parties may agree upon any amendment they consider necessary to fulfill the purposes of the Convention (Art. 22.2), and they even reserve the right to denounce the treaty (denunciar el tratado) (Art. 22.7).

VIII.As indicated by the Department of Technical Services, the bill contains provisions that repeat others already included in other free trade agreements, which is also the case with respect to dispute settlement (solución de controversias). On this point, clauses are presented that are similar to those this Chamber has already analyzed, and from that perspective it may be stated that the proposed Free Trade Agreement with the Republic of Colombia does not, on the one hand, provide for an arbitration proceeding (procedimiento de arbitraje) that is compulsory for our country, since—as may be seen in Clause 2.17—the aforementioned arbitration proceeding is governed by the ICSID Convention, such that Article 26 of the latter instrument is applicable to this point. On the other hand, this proposed treaty also contains no unconditional and general arbitration clause (cláusula compromisoria) or arbitration agreement (acuerdo arbitral) applicable to each and every investment agreement or authorization, since a proper reading of Clause 12.18 (the text of which is practically identical to that of the other approved Treaties) makes clear—through its reference to international law—that the consent of the Costa Rican State must be given specifically and in writing for each dispute. Therefore, there is no violation of the Political Constitution on this point.

IX.The foregoing summary clearly leads to the conclusion that the Treaty whose approval is sought is very similar to the group of international instruments of this type that have been signed, studied, and approved by our country in order to promote Costa Rica’s integration into world trade. In particular, it may be observed that the instrument now under review does not create new obligations for the States other than those related to facilitating trade between Colombia and Costa Rica; from that perspective, it may be said that, on its face, the bill presents no issues of unconstitutionality, as it contains provisions, measures, and instruments that essentially repeat those already incorporated into the Costa Rican legal system (ordenamiento jurídico costarricense).

It should be clarified that a ruling in a mandatory constitutional consultation (consulta preceptiva de constitucionalidad) is an abstract review, such that if an eventual violation were to occur through implementing acts, subsequent judicial review would remain available.

X.Conclusion. After analyzing the procedure followed and reviewing the substantive provisions whose approval is sought, this Court concludes that there are no constitutional violations that warrant identification and, therefore, the consultation should be answered accordingly.

XI. NOTE BY JUSTICE JINESTA LOBO, JOINED BY JUSTICE HERNÁNDEZ LÓPEZ AND JUSTICE SALAZAR ALVARADO.-

With respect to Section B of Chapter 12, entitled “Investor-State Dispute Settlement,” which establishes rules for the resolution of disputes and the arbitration mechanism, the considerations contained in Vote No. 2007-9469 are applicable and are set forth below:

“ARBITRATION AS A MECHANISM FOR INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT. In the opinion of those submitting the consultation, Articles 10.16, 10.17, 10.22, and 10.28 of the Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement establish arbitration that they characterize as ‘mandatory’ and ‘binding’ upon the Costa Rican State. Under this interpretation, the central issues in this portion of the consultations are to determine whether (A) arbitration to resolve State-investor disputes is compulsory or binding upon the Costa Rican State and whether (B) the aforementioned Free Trade Agreement contains an unconditional, advance, and unrestricted arbitration clause.

A.- COMPULSORY OR OPTIONAL NATURE OF ARBITRATION AS A MECHANISM FOR INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT.

  • 1)Stages of State-investor dispute settlement under the Free Trade Agreement.

Chapter X, ‘Investment,’ in Section B, ‘Investor-State Dispute Settlement,’ establishes the following stages for resolving such conflicts of interest: (a) consultation and negotiation stage; (b) arbitration; and (c) compliance with the arbitral award (laudo arbitral). Once the first stage of consultation and negotiation has been exhausted without achieving a result, the second stage, arbitration itself, begins.

  • 2)Arbitration stage for Investor-State dispute settlement under the FTA. Reference to the ICSID Convention.

Article 10.16, ‘Submission of a Claim to Arbitration,’ provides the following in paragraph 3:

‘Provided that six months have elapsed since the events giving rise to the claim, the claimant may submit the claim referred to in paragraph 1:

<![if !supportLists]>a. <![endif]>under the ICSID Convention and the ICSID Rules of Procedure for Arbitration Proceedings, provided that both the respondent and the Party of the claimant are parties to the ICSID Convention; <![if !supportLists]>b. <![endif]>under the ICSID Additional Facility Rules, provided that either the respondent or the Party of the claimant is a party to the ICSID Convention; or <![if !supportLists]>c. <![endif]>under the UNCITRAL Arbitration Rules.’ It is manifestly clear from this provision of the Free Trade Agreement that the claimant—that is, the investor—must abide by the provisions of the ICSID Convention. There is thus an express, explicit, and unequivocal reference to that instrument of international law, making it absolutely essential to clarify what that Convention establishes with respect to arbitration.

  • 3)Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States of 18 March 1965. Article 26 grants the State the authority to require, as a condition of its consent to arbitration, the prior exhaustion of domestic administrative or judicial remedies.

This Convention of 18 March 1965 was approved by the Legislative Assembly, pursuant to Article 7 of the Political Constitution, through Law No. 7332 of 30 March 1993. Chapter II, Article 26, of this instrument of international law expressly provides as follows: ‘(…) A Contracting State may require the prior exhaustion of its administrative or judicial remedies as a condition of its consent to arbitration under this Convention.’ This provision of the ICSID Convention is sufficiently clear and unequivocal to establish that arbitration to resolve a dispute between an investor and the Costa Rican State is not mandatory; on the contrary, it clearly empowers the State sued by the investor to require that the dispute first be heard in administrative proceedings or before the domestic courts. It must be emphasized that, when the Legislative Assembly approved the ICSID Convention, the following interpretative clause (cláusula interpretativa) was introduced with respect to Article 26: ‘That recourse may be had to the arbitration procedure established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes only after all existing local remedies, whether administrative or judicial, have first been exhausted.’ For its part, in Vote No. 1079-93 at 14:48 hrs. on 2 March 1993, when answering the mandatory consultation regarding the bill that would approve the ICSID Convention, this Constitutional Court held in the operative portion (parte dispositiva) that ‘(…) no defects of unconstitutionality are found in its content or in the interpretative declaration concerning Article 26 (…).’ It should be added that, although the constitutionality of the interpretative clause introduced by the Legislative Assembly might be questioned insofar as it effectively imposes on the State the obligation to litigate the matter through domestic remedies, the fact remains that Article 26 of the ICSID Convention is entirely constitutional because it grants the State discretion by stating that ‘A Contracting State may require (…),’ thereby leaving open the option of resorting to domestic administrative and judicial remedies or to international arbitration.

  • 4)Constitutional impossibility of reopening a dispute finally adjudicated with res judicata effect in domestic judicial proceedings.

If the respondent State in a dispute with an investor elects to require, as a condition, recourse to the domestic courts, and those courts render a judgment having substantive res judicata effect (cosa juzgada material), the matter may not then be submitted to arbitration, because Article 42, paragraph 2, of the Political Constitution—which prevails over the Free Trade Agreement—provides that ‘The reopening of (…) cases decided with res judicata effect is prohibited, except where a motion for review is appropriate.’ Consequently, in such a scenario, the only forum for further proceedings between the investor and the Costa Rican State is the domestic extraordinary motion for review (recurso extraordinario de revisión), based on the grounds prescribed by the legal system. The situation would be different where the Costa Rican State elects to address the matter solely through administrative proceedings, or through judicial proceedings but, while the latter remain pending, freely decides to grant its consent to submit the matter to an arbitral panel, since in such cases no final judgment having res judicata effect yet exists, and Article 43 of the Constitution authorizes any person—including the State—to settle property-related disputes through arbitrators ‘(…) even when litigation is pending.’ 5) Conclusion Investor-State arbitration is not compulsory or mandatory for the Costa Rican State because Article 26 of the ICSID Convention expressly empowers it to require prior exhaustion of its domestic administrative or judicial remedies as a condition for granting its consent to arbitration.

That provision of the ICSID Convention applies by virtue of the express reference made to that instrument of international law in Articles 10.16.3(a) and 10.17.2(a) of the Treaty itself, and at no time was it stated or agreed that Article 26 would not apply. In any event, it should be noted that the Costa Rican State’s exercise of the authority contained in Article 26 of the ICSID Convention must be consistent with the security and certainty afforded to foreign investment by alternative dispute-resolution mechanisms (mecanismos alternos de solución de conflictos).

B.- UNCONDITIONAL AND GENERAL ARBITRATION CLAUSE OR SPECIFIC ARBITRATION AGREEMENT FOR EACH INVESTMENT AUTHORIZATION OR AGREEMENT.

  • 1)Consent of the parties to submit a dispute to arbitration (Article 10.17 of the Free Trade Agreement).

The Free Trade Agreement does not impose upon the Costa Rican State open-ended, blanket, or unrestricted consent to resolve any dispute with an investor before an arbitral panel. First, this is because of the express reference in Article 10.16.3(a) and (b) to the ICSID Convention or the ICSID Additional Facility, which makes Article 26 of that instrument of international law applicable under the terms already discussed; and second, because Article 10.17 clearly establishes the rules governing ‘Consent of Each of the Parties to Arbitration.’ Indeed, Article 10.17 provides as follows:

‘1. Each Party consents to the submission of a claim to arbitration under this Section and in accordance with this Treaty.

2. The consent under paragraph 1 and the submission of a claim to arbitration under this Section shall satisfy the requirements set forth in:

(a) Chapter II of the ICSID Convention (Jurisdiction of the Centre) and the ICSID Additional Facility Rules, which require the written consent of the parties to the dispute; (b) Article II of the New York Convention, which requires an “agreement in writing”; and (c) Article I of the Inter-American Convention, which requires an “agreement.” 2) Reference to Chapter II of the ICSID Convention (Article 10.17.2.a).

Article 25, paragraph 1, of the ICSID Convention, located in Chapter II (Jurisdiction of the Centre), provides that the jurisdiction of that Centre extends to legal disputes arising between a Contracting State and a national of another Contracting State when they have “(…) consented in writing (…).” This provision of the ICSID Convention makes it sufficiently clear that the State, merely by approving the Free Trade Agreement, does not express generic and open consent to submit disputes to arbitration; rather, for each controversy, dispute, or conflict arising with an investor, a specific expression of consent—namely, an arbitration agreement (acuerdo arbitral)—is necessarily required. Moreover, as noted above, Article 26—also located in Chapter II of the ICSID Convention—grants the Contracting State the authority to require the prior exhaustion of administrative or judicial remedies as a condition for expressing its consent to arbitration.

It must be added that unrestricted or generic consent—which the Free Trade Agreement does not impose on the Costa Rican State—cannot be confused with an arbitration clause (cláusula compromisoria) that the parties may agree upon as ancillary to a substantive legal relationship in order to submit any future, not-yet-arisen, or potential dispute to arbitration. Arbitration may also be based on a submission agreement (compromiso arbitral), which the parties enter into to resolve one or more existing disputes or disputes that have already arisen. Both the arbitration clause and the submission agreement are generically referred to as an arbitration agreement.

  • 3)Reference to Article II of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards—New York Convention of 10 de junio de 1958 (Article 10.17.2.b).

The requirement that there be a written arbitration agreement for each investment act or authorization in order to submit potential disputes (arbitration clause) or existing disputes (submission agreement) to arbitration is fully confirmed by the reference made in Article 10.17.2(b) to the New York Convention (Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 10 de junio de 1958), approved by the Asamblea Legislativa through Ley No. 6157 de 2 de diciembre de 1977. Indeed, that instrument of international law provides as follows in Article II:

“Article II. 1. Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or certain disputes that have arisen or may arise between them concerning a defined legal relationship, whether contractual or not, relating to a matter capable of settlement by arbitration. 2. The term ‘agreement in writing’ shall include an arbitration clause in a contract or a submission agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams.

(…)” It follows from the transcribed text that, insofar as the Free Trade Agreement refers to the New York Convention, it does not impose upon the Costa Rican State open-ended, blank, generic, or unrestricted consent. It is clear that, upon the formalization or establishment of each investment agreement or authorization, the question will arise whether to enter into an arbitration clause or a submission agreement; that is, each particular investment will require a written arbitration agreement.

  • 4)Reference to Article I of the Inter-American Convention on International Commercial Arbitration of 30 de enero de 1975 (Article 10.17.2.c) The reference made in Article 10.17.2.c of the Free Trade Agreement to the Inter-American Convention on International Commercial Arbitration of 30 de enero de 1975, approved by the Asamblea Legislativa through Ley No. 6165 de 2 de diciembre de 1977, demonstrates once again the need for a written arbitration agreement for each investment and the absence of any generic imposition by the Agreement of open consent upon the Costa Rican State. Indeed, Article 1 of that convention establishes the following:

“Article 1 An agreement by which the parties undertake to submit to an arbitral decision any disputes that may arise or have arisen between them with respect to a commercial transaction is valid. The respective agreement shall be set forth in a document signed by the parties or in an exchange of letters, telegrams, or telex communications.” 5) Conclusions In short, Article 10.17.1 of the Dominican Republic–Central America–United States Free Trade Agreement cannot be understood as a generic and unconditional arbitration clause, since, when such a clause has been intended in a Free Trade Agreement or in an Agreement for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments—“bilateral investment treaties”—an express and unequivocal provision to that effect has been included, as occurred in the past with the Agreement between the República de Chile and the República de Costa Rica for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (approved by Ley No. 7748 de 23 de febrero de 1998), Article IX, paragraph 2, of which provided that “(…) each Contracting Party gives its advance and irrevocable consent for any dispute to be submitted to this arbitration (…)”; or in the Agreement with Canadá on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (approved by Ley No. 7870 de 5 de mayo de 1999), Article XII.5 of which stipulated that “Each Contracting Party hereby gives its unconditional consent to submit a dispute to international arbitration in accordance with the provisions of this Article.” None of the articles in Section B of Chapter X of the Free Trade Agreement under review indicates that the Costa Rican State granted advance, unconditional, and irrevocable consent merely by signing it and before the emergence of any dispute between the State and an investor of a State Party.

On the contrary, a contextual and systematic interpretation of the Free Trade Agreement leads to the conclusion that it is for each specific and individual investment that the State may grant its consent—through an arbitration clause or submission agreement—to submit a dispute with an investor to arbitration, taking into account that the State may require, as a prior condition, the exhaustion of domestic administrative and judicial remedies, as established by Article 26 of the ICSID Convention. Articles 10.16.3 and 10.17.2 do not provide that any of the ICSID rules are inapplicable; quite the contrary, the first makes a general reference to the ICSID Convention, and the second makes a specific reference to Chapter II of that instrument, in which Articles 25 and 26, already mentioned, are located. Consequently, if the parties’ negotiators had intended Article 26 of the ICSID Convention not to apply, they should have stipulated this expressly in the Agreement.

Likewise, if an unconditional and advance arbitration clause had been intended, no reference should have been made to Chapter II of the ICSID Convention, Article II of the New York Convention, and Article I of the Inter-American Convention. It should be noted that all the foregoing neither contradicts nor calls into question the commitment undertaken by the Costa Rican State upon signing the Free Trade Agreement to endeavor, seek, and use every means to submit disputes involving economic interests to international arbitration, all with the manifest purpose of creating a climate of security and certainty for foreign investors.”

XI.SEPARATE REASONS OF JUSTICES CASTILLO VÍQUEZ AND RUEDA LEAL, JOINTLY DRAFTED, REGARDING ARTICLE 12.18 OF SECTION B, CHAPTER 12 OF THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA AND THE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

In decision number 2007-9469, Justices Mora (q.d.D.g) and Jinesta, regarding investor–State arbitration, in an opinion drafted by the latter, stated the following:

“We, the undersigned Justices Mora and Jinesta, in an opinion drafted by the latter, concur with the remainder of the majority that investor–State arbitration—included in Section B of Chapter X of the Agreement under review—does not present any constitutional defects, for the separate reasons set forth below:

ARBITRATION AS A MECHANISM FOR RESOLVING INVESTOR–STATE DISPUTES. In the petitioners’ view, the Dominican Republic–Central America–United States Free Trade Agreement establishes, in Articles 10.16, 10.17, 10.22, and 10.28, arbitration that they characterize as “mandatory” and “binding” upon the Costa Rican State. Under this interpretation, the central issues presented by this aspect of the petitions are whether (A) arbitration to resolve State–investor disputes is compulsory or binding upon the Costa Rican State and whether (B) the aforementioned Free Trade Agreement contains an unconditional, advance, and unrestricted arbitration clause.

A.- COMPULSORY OR OPTIONAL NATURE OF ARBITRATION AS A MECHANISM FOR RESOLVING INVESTOR–STATE DISPUTES.

  • 1)Stages for resolving State–investor disputes under the Free Trade Agreement.

Chapter X, “Investment,” in Section B, “Investor–State Dispute Settlement,” establishes the following stages for resolving such conflicts of interest: (a) consultation and negotiation stage; (b) arbitration; and (c) compliance with the arbitral award (laudo arbitral). Once the first consultation and negotiation stage has been exhausted without obtaining a result, the second stage, arbitration itself, begins.

  • 2)Arbitration stage for resolving Investor–State disputes under the FTA. Reference to the ICSID Convention.

Article 10.16, “Submission of a Claim to Arbitration,” provides as follows in paragraph 3:

“Provided that six months have elapsed since the events giving rise to the claim, the claimant may submit the claim referred to in paragraph 1:

in accordance with the ICSID Convention and the ICSID Rules of Procedure for Arbitration Proceedings, provided that both the respondent and the Party of the claimant are parties to the ICSID Convention; in accordance with the ICSID Additional Facility Rules, provided that either the respondent or the Party of the claimant is a party to the ICSID Convention; or in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules.” This provision of the Free Trade Agreement makes it entirely clear that the claimant—that is, the investor—must comply with the ICSID Convention. It thus makes an express, explicit, and unequivocal reference to that instrument of international law, making it absolutely essential to clarify what that Convention establishes concerning arbitration.

  • 3)Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States of 18 de marzo de 1965. Article 26 empowers the State to require, as a condition for consenting to arbitration, the prior exhaustion of domestic administrative or judicial remedies.

This Convention of 18 de marzo de 1965 was approved by the Asamblea Legislativa, pursuant to Article 7 of the Constitución Política, through Ley No. 7332 de 30 de marzo de 1993. In Chapter II, Article 26, this instrument of international law expressly provides as follows: “(…) A Contracting State may require the prior exhaustion of its administrative or judicial remedies as a condition of its consent to arbitration under this Convention.” This provision of the ICSID Convention is sufficiently clear and conclusive to establish that arbitration to resolve a dispute between an investor and the Costa Rican State is not mandatory; on the contrary, it clearly empowers the State against which the investor has brought a claim to require that the dispute first be heard in administrative proceedings (sede administrativa) or through domestic judicial proceedings (vía jurisdiccional interna). It should be emphasized that, when the Asamblea Legislativa approved the ICSID Convention, the following interpretative clause was added to Article 26: “That recourse may be had to the arbitration procedure established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes only after all available domestic remedies, whether administrative or judicial, have been exhausted.” For its part, when ruling on the mandatory constitutional consultation (consulta preceptiva) concerning the bill that would approve the ICSID Convention, this Tribunal Constitucional held in the operative portion of Voto No. 1079-93 de las 14:48 hrs. de 2 de marzo de 1993 that “(…) no constitutional defects are found in its content or in the interpretative declaration concerning Article 26 (…).” It should be added that, although the constitutionality of the interpretative clause introduced by the Asamblea Legislativa might be questioned insofar as it effectively imposes on the State an obligation to litigate the matter through domestic proceedings, Article 26 of the ICSID Convention is unquestionably constitutional because it grants the State a power by providing that “A Contracting State may require (…)”; it thereby leaves open the option of resorting to domestic administrative or judicial proceedings or to international arbitration.

  • 4)Constitutional impossibility of reopening a dispute conclusively resolved with the force of res judicata (cosa juzgada) in domestic judicial proceedings.

If the State against which an investor has brought a claim elects to require recourse to domestic judicial proceedings as a condition, and a judgment having the substantive force of res judicata (cosa juzgada material) is rendered in those proceedings, recourse may not subsequently be had to arbitration because Article 42, paragraph 2, of the Constitución Política, which prevails over the Free Trade Agreement, provides that “The reopening of (…) cases decided with the force of res judicata is prohibited, except where a motion for review (recurso de revisión) is available.” Consequently, in such circumstances, the only forum in which the investor and the Costa Rican State may continue to dispute the matter is through the extraordinary domestic motion for review, on the grounds prescribed by the legal system. The situation would be different if the Costa Rican State elects to address the matter solely through administrative proceedings, or through judicial proceedings but, while those proceedings remain pending, freely decides to consent to recourse to an arbitral panel.

In such cases, no judgment having the force of res judicata yet exists, and Article 43 of the Constitución Política authorizes any person—including the State—to settle property-related disputes (diferencias patrimoniales) through arbitrators “(…) even when litigation is pending.” 5) Conclusion Investor-State arbitration is not compulsory or mandatory for the Costa Rican State because Article 26 of the ICSID Convention expressly empowers it to require the prior exhaustion of its domestic administrative or judicial remedies as a condition for granting its consent to arbitration. That provision of the ICSID Convention applies by virtue of the express reference to that instrument of international law in Articles 10.16.3(a) and 10.17.2(a) of the Agreement itself; at no time was it stated or agreed that Article 26 would not apply. In any event, it should be noted that the Costa Rican State’s exercise of the power contained in Article 26 of the ICSID Convention must be consistent with the security and certainty that alternative dispute-resolution mechanisms (mecanismos alternos de solución de conflictos) provide to foreign investment.

B.- UNCONDITIONAL AND GENERAL ARBITRATION CLAUSE (CLÁUSULA COMPROMISORIA) OR SPECIFIC ARBITRATION AGREEMENT FOR EACH INVESTMENT AUTHORIZATION OR AGREEMENT.

  • 1)Consent of the parties to submit a dispute to arbitration (Article 10.17 of the Free Trade Agreement).

The Free Trade Agreement does not impose upon the Costa Rican State open-ended, blanket, or unrestricted consent to resolve any dispute with an investor before an arbitral panel. First, Article 10.16.3(a) and (b) expressly refers to the ICSID Convention or the ICSID Additional Facility, thereby making Article 26 of that instrument of international law applicable on the terms already explained. Second, Article 10.17 clearly establishes the rules governing the “Consent of Each of the Parties to Arbitration.” Indeed, Article 10.17 provides as follows:

“1. Each Party consents to the submission of a claim to arbitration under this Section and in accordance with this Agreement.

2. The consent referred to in paragraph 1 and the submission of a claim to arbitration under this Section shall satisfy the requirements of:

(a) Chapter II of the ICSID Convention (Jurisdiction of the Centre) and the Rules of the ICSID Additional Facility, which require the written consent of the parties to the dispute; (b) Article II of the New York Convention, which requires an ‘agreement in writing’; and (c) Article I of the Inter-American Convention, which requires an ‘agreement.’” 2) Reference to Chapter II of the ICSID Convention (Article 10.17.2(a)).

Article 25, paragraph 1, of the ICSID Convention, contained in Chapter II (Jurisdiction of the Centre), provides that the jurisdiction of the Centre extends to legal disputes arising between a Contracting State and a national of another Contracting State when they have “(…) consented in writing (…).” This provision of the ICSID Convention makes sufficiently clear that, merely by approving the Free Trade Agreement, the State does not express general and open-ended consent to submit disputes to arbitration. On the contrary, each dispute or conflict arising with an investor necessarily requires a specific expression of consent—that is, an arbitration agreement (acuerdo arbitral). Furthermore, as already noted, Article 26—also contained in Chapter II of the ICSID Convention—empowers a Contracting State to require the prior exhaustion of administrative or judicial remedies as a condition for expressing its consent to arbitration.

It should be added that unrestricted or general consent—which the Free Trade Agreement does not impose upon the Costa Rican State—must not be confused with an arbitration clause that the parties may agree upon as an ancillary term of a substantive legal relationship (relación jurídico-sustancial) in order to submit any future, not-yet-arisen, or potential dispute to arbitration. Arbitration may also be based on a submission agreement (compromiso arbitral), which the parties execute to resolve one or more existing disputes that have already arisen. Both an arbitration clause and a submission agreement are generally referred to as an arbitration agreement.

  • 3)Reference to Article II of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards—New York Convention of 10 de junio de 1958 (Article 10.17.2(b)).

The need for a written arbitration agreement for each investment act or authorization, in order to submit potential disputes through an arbitration clause or existing disputes through a submission agreement, is fully confirmed by the reference in Article 10.17.2(b) to the New York Convention (Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 10 de junio de 1958), approved by the Asamblea Legislativa through Ley No. 6157 de 2 de diciembre de 1977. Article II of that instrument of international law provides as follows:

“Article II. 1. Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or certain disputes that have arisen or may arise between them with respect to a defined legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration.

2. The term ‘agreement in writing’ shall denote an arbitration clause in a contract or a submission agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams.

(…)” It follows from the quoted text that, insofar as the Free Trade Agreement refers to the New York Convention, it does not impose upon the Costa Rican State open-ended, blanket, general, or unrestricted consent. It is clear that, whenever an investment agreement or authorization is formalized or established, a determination must be made whether to enter into an arbitration clause or a submission agreement; that is, each individual investment requires a written arbitration agreement.

  • 4)Reference to Article I of the Inter-American Convention on International Commercial Arbitration of 30 de enero de 1975 (Article 10.17.2(c)) The reference in Article 10.17.2(c) of the Free Trade Agreement to the Inter-American Convention on International Commercial Arbitration of 30 de enero de 1975, approved by the Asamblea Legislativa through Ley No. 6165 de 2 de diciembre de 1977, demonstrates once again the need for a written arbitration agreement for each investment and the absence of any general requirement under the Agreement that the Costa Rican State provide open-ended consent. Article 1 of that Convention provides as follows:

“Article 1 An agreement by which the parties undertake to submit to arbitral decision any disputes that may arise or have arisen between them with respect to a commercial transaction shall be valid. The respective agreement shall be set forth in a document signed by the parties or in an exchange of letters, telegrams, or telex communications.” 5) Conclusions In sum, Article 10.17.1 of the Dominican Republic–Central America–United States Free Trade Agreement cannot be understood as a general and unconditional arbitration clause (cláusula compromisoria), since, when that has been the intended effect of a Free Trade Agreement or an Agreement for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments—“bilateral investment treaties”—an express and unequivocal clause to that effect has been included, as occurred in the past with the Agreement between the Republic of Chile and the Republic of Costa Rica for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (approved by Law No. 7748 of 23 February 1998), Article IX, paragraph 2 of which provided, for that purpose, that “(…) each Contracting Party gives its advance and irrevocable consent for any dispute to be submitted to such arbitration (…)”; or with the Agreement with Canada for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (approved by Law No. 7870 of 5 May 1999), Article XII.5 of which stipulated that “Each Contracting Party hereby gives its unconditional consent to submit a dispute to international arbitration in accordance with the provisions of this Article.” None of the articles in Section B of Chapter X of the Free Trade Agreement under review supports the conclusion that, merely by signing it and before any dispute arose between it and an investor of a State Party, the Costa Rican State gave advance, unconditional, and irrevocable consent.

On the contrary, a contextual and systematic interpretation of the Free Trade Agreement leads to the conclusion that the State may give its consent—for each specific, individual investment, through an arbitration clause or submission agreement (compromiso)—to submit a dispute with an investor to arbitration, bearing in mind that the State may require, as a prior condition, the exhaustion of domestic administrative and judicial remedies (agotamiento de las vías internas administrativa y jurisdiccional), as established by Article 26 of the ICSID Convention. Articles 10.16.3 and 10.17.2 do not provide that any of the ICSID rules are inapplicable; quite the contrary, the former contains a general reference to the ICSID Convention, while the latter contains a specific reference to Chapter II of that instrument, which is precisely where Articles 25 and 26, referred to above, are located. Consequently, had the parties intended Article 26 of the ICSID Convention not to apply, their negotiators should have expressly stipulated this in the Agreement.

Likewise, had they intended an unconditional, advance arbitration clause, they should not have referred to Chapter II of the ICSID Convention, Article II of the New York Convention, and Article I of the Inter-American Convention. It must be noted that none of the foregoing contradicts or casts doubt upon the commitment assumed by the Costa Rican State, upon signing the Free Trade Agreement, to endeavor, seek, and use every means to submit disputes involving pecuniary matters (diferencias de orden patrimonial) to international arbitration, with the manifest aim of creating an environment of security and certainty for foreign investors.” In the case under review (sub examine), the Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Costa and that of the Republic of Colombia contains provisions similar to those analyzed above, as indicated below:

Regarding the general reference for submitting a claim to ICSID and UNCITRAL, Section B) of Chapter 12, “Investor–State Dispute Settlement,” Article 12.17, subsection 4), provides: “Once the conditions established in paragraph 2 and Article 12.19 have been satisfied, the claimant may submit the claim referred to in paragraph 1: (a) pursuant to the ICSID Convention and the ICSID Rules of Procedure for Arbitration Proceedings, provided that both the respondent and the claimant’s Party are parties to the ICSID Convention; (b) pursuant to the ICSID Additional Facility Rules, provided that either the respondent or the claimant’s Party is a party to the ICSID Convention; (c) pursuant to the UNCITRAL Arbitration Rules; or (d) if the disputing parties so agree, before an ad hoc arbitration institution, before any other arbitration institution, or under any other arbitration rules.” With respect to each Party’s specific consent to arbitration, with an express reference to Chapter II of the ICSID Convention, Article 12.18, subsection 2 a), of the Agreement provides: “The consent referred to in paragraph 1 and the submission of a claim to arbitration under this Section shall satisfy the requirements set forth in: (a) Chapter II of the ICSID Convention (Jurisdiction of the Centre) and the ICSID Additional Facility Rules, which require the written consent of the parties to the dispute;”.

Regarding the Agreement’s reference to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, the New York Convention, Article II of that Convention, Article 12.18, subsection 2 b), states the following: “(b) Article II of the New York Convention, which requires an ‘agreement in writing.’” Finally, regarding the reference to Article I of the Inter-American Convention on International Commercial Arbitration, Article 12.18, subsection 2 in fine, establishes: “and Article I of the Inter-American Convention, which requires an agreement in writing.” Having established the similarity between the investor–State dispute-settlement provisions of the treaty addressed in this consultation and those of the Dominican Republic–Central America–United States Free Trade Agreement, we consider it appropriate to make the following observations.

  • 1)As Justices Mora (q.d.D.g) and Jinesta note, Article 26 of the ICSID Convention provides that “(…) A Contracting State may require the prior exhaustion of its administrative or judicial remedies as a condition of its consent to arbitration under this Convention.” It must be added that, when Costa Rica approved that Convention through Law number 7332 of 30 March 1993, it adopted an interpretive declaration (declaración interpretativa) regarding Article 26 and a reservation (reserva) to Article 42 of the ICSID Convention. In the case under review, the former is relevant and states: “INTERPRETIVE DECLARATION REGARDING ARTICLE 26: The arbitration procedure established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes may be resorted to only after all existing local remedies, whether administrative or judicial, have first been exhausted.” Those provisions, regarding whose constitutionality we currently have no doubt whatsoever (we agree with the view expressed in decision number 1079-93 at 14:48 on 2 March 1993, and in this respect differ from the view of Justices Mora (q.d.D.g) and Jinesta that there might be constitutional doubts), mean that Costa Rica may proceed to arbitration only after domestic administrative and judicial proceedings have first been exhausted.

For those Justices, this entails another consequence: if the State decides to require the prior exhaustion of judicial remedies, the result will be the issuance of a judgment having the effect of substantive res judicata (cosa juzgada material).

However, contrary to the position maintained by Justices Mora (q.d.D.g) and Jinesta, we consider that the aforementioned interpretive declaration regarding Article 26 does not mean that, once domestic judicial remedies have been exhausted, the matter cannot be submitted to arbitration under the ICSID Convention. In fact, in such cases, a matter finally adjudicated with the authority of res judicata would not be reopened; rather, true res judicata would arise only once the international arbitration phase under the ICSID Convention had been exhausted.

In this regard, the significance of interpretive declarations must be recalled. As is well known, an interpretive declaration is intended to clarify the meaning of a provision of an international treaty when it is unclear or the text permits several possible interpretations, provided that it does not distort the original purpose of the agreement. The International Law Commission of the United Nations defines them as: “A unilateral statement, however phrased or named, made by a State or by an international organization, whereby that State or that organization purports to specify or clarify the meaning or scope attributed by the declarant to the treaty or to certain of its provisions.” (see International Law Commission, 51st session, 3 May–23 July 1999, New York, United Nations, 1999, p. 194). Unlike reservations, interpretive declarations of this kind are not intended to exclude or modify the legal effects of a treaty.

As correctly stated in the Treaty Handbook of the United Nations, prepared by the Treaty Section of its Office of Legal Affairs, both mandatory and optional declarations are legally binding on the declarant subjects of international law. Interpretive declarations therefore do impose international legal obligations upon the declarants. Furthermore, in this matter we cannot disregard the rules governing the interpretation of international treaties. In this area, this Court has stated the following: “a) The Treaty must be interpreted in accordance with the reasonable meaning of the subject matter it regulates; b) The subject matter itself must likewise be reasonable—that is, appropriate and not inconsistent with generally recognized principles; c) The parties are presumed to agree on the effects of the Treaty, so that the parties agree on the effects of the Treaty, and therefore an interpretation that renders a provision, or the treaty itself, meaningless or ineffective is inadmissible; Ch) Every interpretation must be directed toward making the operation of the Treaty consistent with good faith.” (Emphasis added). Voto 123-93.

If the agreement addressed in this consultation were interpreted to mean that domestic remedies must first be exhausted and that international arbitration becomes impossible once a national court ruling has acquired the effect of substantive res judicata, this would quite simply render ineffective not only the agreement addressed in this consultation with respect to this issue, but also the ICSID Convention itself. All of this would violate both the rules governing treaty interpretation and the basic principles of public international law that govern the interpretation and application of treaties, particularly the principle of good faith.

We therefore adopt a different interpretation: by virtue of the interpretive declaration regarding Article 26 of the ICSID Convention, in the case under review, the authority of res judicata—whose determination is a question of law (tema de legalidad)—arises only once the international arbitration process has been exhausted.

In this regard, it should be noted that the standard of constitutional review (parámetro de control de constitucionalidad), pursuant to Article 1 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, comprises not only the provisions of the Fundamental Law, but also “the constitutional principles and principles of International or Community Law in force in the Republic, their uniform interpretation and application, as well as the fundamental rights and freedoms enshrined in the Constitution or in the international human rights instruments in force in Costa Rica.” Therefore, all the cited legal sources, principles, and rights, which include both constitutional principles and other principles of International or Community Law, must be applied harmoniously in the exercise of constitutional review, so that their protective content is optimized to the greatest extent possible without impairing the essential content (contenido esencial) of any of them.

Indeed, one of the fundamental principles of international law is that no State may invoke its domestic legal system to release itself from or fail to comply with an obligation arising from an international convention, as set forth in Article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.

Likewise, in the interpretation and application of treaties, including those that are not self-executing (no autoaplicables), the international-law principle of effet utile requires the State to encourage all bodies of the State apparatus to generate lasting effects within the domestic legal system in accordance with the international obligations undertaken. Accordingly, all necessary measures must be taken as a whole to ensure that the terms of an international agreement produce effects in harmony with domestic law. This is followed by mechanisms for cooperation among States and international organizations and for monitoring the compatibility of domestic legislation with international conventions.

Similarly, the principles of pacta sunt servanda and bona fides establish that treaties must be performed in good faith as stipulated, because the binding force of the treaty between the parties requires them to establish policies aimed at ensuring its proper performance.

The foregoing principles require domestic law—including, of course, the Constitution and the provisions of treaties signed by Costa Rica—to be interpreted in light of the principle of coherentia. Under that principle, when faced with two provisions, one from an international treaty and another from domestic law, they should, insofar as possible, not be assigned meanings that would create an incompatibility between them. The requirement of coherence is a logical consequence of the principles of pacta sunt servanda, bona fides, and effet utile already discussed. If States undertake commitments at the international level, it is because they intend to fulfill the obligations assumed, and it is the duty of States and their domestic bodies to adopt all measures, including interpretive measures, to adapt their domestic legal systems so that the intended objective is achieved.

Accordingly, concluding that, given the interpretative declaration concerning Article 26, no matter having the force of res judicata on the merits (cosa juzgada material) could be submitted to arbitration would amount to nothing less than depriving international arbitration of all substance under the commitments undertaken by the country through ICSID and all subsequent treaties referring matters to it. This, in turn, would constitute a flagrant violation of the aforementioned principles of international law, which form part of the standard of constitutional review, and would place the country in a highly compromising position before the international community. Moreover, such an interpretation would be contrary to the constitutional corpus (bloque de constitucionalidad) itself, because it fails to weigh the cited principles of public international law.

For these reasons, in exercising constitutional review, the Constitutional Court has an obligation to harmonize the obligations arising from the Political Constitution and International Law, insofar as precise legal and technical reasoning grounded in the constitutional corpus permits, so that the protective content of the various sources is optimized to the greatest extent possible, provided that this does not impair the essential content of any fundamental right.

Certainly, at the domestic level, constitutional law takes precedence over international law; at the external level, however, this does not justify a State’s unilateral failure to comply with a binding treaty obligation. Such a failure would inevitably entail responsibility for the noncomplying State because it constitutes a violation of international law, and the State would have only the complicated option of proceeding under the rules governing the invalidity, termination, or suspension of the operation of treaties pursuant to Part V of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties.

Hence, before exposing the country to such complex situations, the constitutional judge must first interpret the instruments involved in a conflict between domestic and international law in a manner that reconciles them. Only where a harmonious interpretation is not legally plausible, or where a constitutional right would inevitably be deprived of its essential content, would domestic law prevail. This position is followed in its essential respects by renowned international-law scholars such as Thomas Buergenthal, Hector Gross Espiell, Claudio Grosman and Harold G. Maier. This approach or method of analyzing this type of situation is even more justified because, as explained supra, the standard of constitutional review includes the principles of international or community law, as provided in Article 1 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Furthermore, the reasoning of other international courts supports our position.

For example, the Permanent Court of International Justice (PCIJ), in the “Free Zones” case (CPJI, Ser. A/B, No. 46, p.167), stated: “France cannot rely on its own legislation to limit the scope of its international obligations”; likewise, the arbitral awards in the “Montijo” (26/7/1875) and “Georges Pinson” (19/10/28) cases may be cited. In addition, in the case concerning Polish nationals of Dantzig (1932), who had passed in that same capacity to Poland, the PCIJ stated, regarding an agreement concluded between two subjects of International Law (CPJI, Ser. A/B, No. 44, p. 24): “… it may readily be admitted that, according to a well-established principle of International Law, the agreement, being an international treaty, cannot as such directly create rights and obligations for individuals. But it cannot be denied that the very object of an international agreement, in accordance with the intention of the contracting parties, may be the adoption by those parties of certain definite rules creating rights and obligations for individuals and capable of being applied by national courts.” It further stated: “A State cannot invoke its own Constitution against another State with a view to evading obligations incumbent upon it under International Law.” For its part, in the matter concerning the exchange of Greek and Turkish populations, the PCIJ stated: “A State that has validly undertaken international obligations is required to introduce into its legislation such modifications as may be necessary to ensure the performance of the commitments assumed” (CPJI, Serie B, núm. 10, p. 20).

Similarly, in the case concerning the legal status of Eastern Greenland, the PCIJ considered a declaration made by the Minister of Foreign Affairs to the Minister of Denmark. The Court held that the declaration was binding on Norway, even though that State argued that its minister had exceeded his constitutional powers (CPJI, Serie A/B, núm. 46, p. 170). The International Court of Justice, in its advisory opinion in the matter “Applicability of the Obligation to Arbitrate under Section 21 of the Agreement of 26 June 1947 regarding the Headquarters of the United Nations” (1988), also stated: “It would suffice to recall the fundamental principle that International Law prevails over Domestic Law. This principle was endorsed in decisions dating as far back as the arbitral award of 14 September 1872 in the Alabama case between Great Britain and the United States, and has frequently been cited since then, for example in the case of the Greco-Hungarian Communities, in which the Permanent Court of International Justice stated: ‘It is a universally accepted principle of international law that, in relations between powers that are parties to a treaty, the rules of domestic law cannot prevail over those of the treaty’” (ICJ Reports-CIJ Recueil, 1988).

The position we are following has an additional advantage, insofar as the Constitutional Court performs a preventive function with respect to potential international liability that could be asserted against the Costa Rican State for failure to comply with international obligations arising from an international instrument.

  • 2)In addition to the foregoing, and consistent with what Justices Mora (q.d.D.g) and Jinesta stated regarding the Dominican Republic–Central America–United States Free Trade Agreement, this Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Colombia does not require the Costa Rican State to provide open-ended, blanket, or unrestricted consent to resolve any dispute with an investor before an arbitral panel.

As with the Dominican Republic–Central America–United States Free Trade Agreement, in the case of the Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Colombia, Article 12.18, subsection 2(a), refers to the ICSID Convention, while subsection 2(b) provides as follows: “(b) Article II of the New York Convention, which requires an ‘agreement in writing,’” and finally states: “and Article I of the Inter-American Convention, which requires an agreement in writing.” Based on that reference, it is ruled out, with respect to the treaty under consideration in this consultation, that the State may issue generic and open-ended consent to submit any future disputes to arbitration. Rather, a specific manifestation of consent—whether an arbitration agreement or an agreement to arbitrate (acuerdo o compromiso arbitral)—is required from both parties in order to submit to international arbitration an individual dispute or a group of disputes that have arisen or may arise between them concerning a particular legal relationship, whether contractual or noncontractual.

It is clear that the provisions of Article 12.18 constitute a special rule specifically governing each Party’s consent to arbitration. As a special rule, it must always be observed under any of the procedures through which the parties decide to submit a matter to arbitration (subsections 4(a), (b), (c), and (d) of Article 12.17).

  • 3)In conclusion, we find that paragraph 12.18 of Section B, Chapter 12 of the Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Colombia is not unconstitutional, provided it is interpreted as follows: 1) the arbitration procedure established by the “Convention on the Settlement of Investment Disputes” (ICSID) may be invoked only after all available domestic remedies, whether administrative or judicial, have been exhausted; and 2) with regard to the treaty that is the subject of this consultation, each individual dispute or group of disputes that has arisen or may arise between the parties concerning a specific legal relationship, whether contractual or non-contractual, invariably requires a specific expression of consent by the State to arbitration.

XII. DISSENTING OPINION (VOTO SALVADO) OF JUSTICES ARMIJO SANCHO AND CRUZ CASTRO, DRAFTED BY THE FORMER

As to the substance of the agreement under review, we, the undersigned Justices, wish to place on record that we adhere to the position expressed in judgment No. 2007– 09469 of 10:00 hrs. on 3 de julio de 2007, insofar as we consider the dispute-settlement mechanism between investors and the States Parties, established in Chapter XI of the Treaty, to be unconstitutional, essentially because Article 11.21.1 provides for generic State consent to submit disputes concerning an indeterminate range of matters to arbitration. Furthermore, paragraph 11.20.1.a) makes arbitration depend solely and exclusively on the investor’s will by providing that: “(…) the claimant, on its own behalf, may submit a claim to arbitration (…)” (emphasis not in the original). In other words, the decision to resort either to the domestic courts or to the mechanism in question rests solely with the claimant, and once the claimant chooses one option or the other, that decision becomes irrevocable, which is illegitimate because it contravenes Article 43 of the Constitution. We also consider contrary to our supreme body of law the provisions granting powers to the Administrative Commission, regulating the provision of telecommunications services, and governing patents for plant varieties; on these points, we adhere to the position expressed in the aforementioned ruling.

Por tanto:

The consultation submitted is answered to the effect that there are no material procedural defects or constitutional violations in the content of the bill entitled “Approval of the Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Colombia,” legislative expediente number 18805. Justices Jinesta Lobo, Hernández López, and Salazar Alvarado, on the one hand, and Justices Castillo Víquez and Rueda Leal, on the other, issue separate opinions.- Justices Armijo Sancho and Cruz Castro dissent and declare that the provisions on dispute resolution violate the constitutional legal order.

Gilbert Armijo S.

Chief Justice Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

*SMKTQNMJJYA61* Telephone numbers: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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Consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa, sobre el proyecto de "Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia", expediente legislativo número 18805.

Resultando:

  1. 1La consulta, se formula en cumplimiento de lo que establece el inciso a) del artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y fue recibida en la Secretaría de la Sala el con una copia certificada del expediente legislativo. La Presidencia de la Sala tuvo por presentada la consulta mediante resolución de las horas del mismo día. El término para evacuarla vence el día del año en curso.
  2. 2En el procedimiento se cumplió con las formalidades establecidas en la ley.

Redacta la Magistrada Hernández López; y,

Considerando:

I.Finalidad y alcance de esta consulta.- Esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad se plantea al amparo de lo establecido en los artículos 96 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional con la finalidad de que la Sala dictamine sobre cualesquiera aspectos o motivos que estime relevantes desde el punto de vista constitucional; sin embargo su opinión resulta vinculante sólo en lo que se refiere a los trámites. Cabe aclarar además que el pronunciamiento en la consulta preceptiva de constitucionalidad, es un juicio en abstracto, de tal forma que si se llegare a dar una eventual infracción en actos de aplicación, queda habilitado el control judicial posterior. Igualmente también resulta relevante dejar expresamente establecido que a este órgano no le corresponde emitir pronunciamiento sobre cuestiones de oportunidad y conveniencia respecto de los compromisos asumidos por el Estado costarricense dentro del proyecto, pues tales cuestiones son ajenas a su competencia.- De tal modo, al igual que en los casos de Tratados de Libre Comercio analizados con anterioridad por este Tribunal, nada de lo que se diga en esta resolución, debe entenderse como la expresión del criterio de este órgano respecto de la conveniencia o inconveniencia de las decisiones plasmadas en el proyecto.-

II.La tramitación del expediente número 18805 en la Asamblea Legislativa.- El proyecto de ley de "Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia", se tramita en expediente legislativo número 18805 y ha seguido cumplido con los siguientes puntos relevantes del procedimiento legislativo:

  • 1)El 14 de junio de 2013, se recibe en el Directorio de la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley denominado e "Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia", para su tramitación (ver folio 958 de la copia certificada del expediente legislativo)
  • 2)el 18 de junio de 2013 se remite copia al Departamento de Servicios Técnicos para su dictamen y el 1 de julio de 2013 se envía a publicar el proyecto lo cual ocurre 18 de julio de 2013 (ver folios 960 y 961 de la copia certificada del expediente legislativo)
  • 3)El 22 de julio de 2013, la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior; recibe el proyecto para su tramitación.- (ver folio 962 de la copia certificada del expediente legislativo)
  • 4)El 7 de agosto de 2013, se inicia el trámite del proyecto en la Comisión y se aprueban mociones para recibir en audiencia al Ministerio de Comercio Exterior y para que se consulte a las siguientes personas y entidades: Corte Suprema de Justicia; Refinadora Costarricense de Petróleo, Contraloría General de la República, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Dirección General de Aduanas, Tribunal Supremo de Elecciones, Ministerio de Planificación, Corporación Bananera Nacional, Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Justicia, Dirección General de Migración y Extranjería, Cámara de Representantes de Casas Extranjeras, CINDE, todas las municipalidades del país, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Corporación Hortícola Nacional, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Cámara Nacional de Avicultores, todas las instituciones autónomas, Universidad de Costa Rica, Tecnológico de Costa Rica, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Salud, Universidad Estatal a Distancia, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública, Cámara de Comercio de Costa Rica, Cámara de Porcicultores, Consejo Nacional de Educación Superior Privada, Colegios Profesionales, Consejo Nacional de Rectores, Corporación Ganadera, Cámara de Industrias, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Universidad Nacional de Costa Rica, UCCAEP, Concejos Municipales de Distrito, Consejo Nacional de Concesiones, Servicio de Protección Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, Cámara Nacional de Agricultura, Cámara de Exportadores de Costa Rica, Universidad Técnica Nacional, Servicio Nacional de Salud Animal, Cámara de Industrias Alimentarias. De igual forma se aprueba recibir en audiencia a los representantes de las siguientes entidades: Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria,. Cámara de Industrias de Costa Rica, Cámara de Comercio, Cámara de Exportadores, Cámara de Representantes de Casas Extranjeras, Asociación Industria Farmacéutica Nacional, Asociación Nacional de Exportadores de la Industria textil. (ver folios 987 a 989 copia certificada del expediente legislativo)
  • 5)El 8 de agosto de 2013 se recibe en audiencia a los representantes de Asociación nacional de Exportadores de la Industria Textil y la Cámara de Comecio de Costa Rica. (ver folios 1032 y siguientes de la copia certificada del expediente legislativo)
  • 6)El 13 de agosto de 2013 se recibe en audiencia a los representantes de la Cámara de Agricultura y Agroindustria y a la Cámara de Industrias de Costa Rica. (ver folios 1470 y siguientes de la copia certificada del expediente legislativo)
  • 7)El 21 de agosto de 2013, se recibe en audiencia a los representantes de la Cámara de Representantes de Casas Extranjeras y la Asociación Industria Farmacéutica Nacional. (ver folio 1032 de copia certificada del expediente legislativo) -
  • 8)El 27 de agosto de 2013 se incorpora al expediente legislativo el informe del Departamento de Servicios Técnicos ((ver folios 1565 y siguientes de la copia certificada del expediente legislativo)
  • 9)El 28 de agosto de 2013 se recibe en audiencia a los representantes de Cámara de Exportadores de Costa Rica y seguidamente el proyecto se aprueba por el fondo en la Comisión. (ver folios 1642 y siguientes de la copia certificada del expediente legislativo)
  • 10)El 13 de setiembre de 2013 se recibe en las oficinas del Directorio Legislatov, el dictamen afirmativo de mayoría correspondiente al proyecto en estudio (ver folios 2676 y siguientes de la copia certificada del expediente legislativo)
  • 11)El 27 de setiembre de publica en la Gaceta una fe de erratas en relación con los capítulos 2 y 8 del proyecto (Ver diario electrónico oficial de esa fecha en el sitio de internet www.imprentanacional.go.cr)
  • 12)El 17 de octubre de 2013, se inicia la discusión de fondo del expediente y se aprueba una moción para volver a consultar el texto actualizado y publicado en la Gaceta a las siguientes entidades:

Corte Suprema de Justicia; Refinadora Costarricense de Petróleo, Contraloría General de la República, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Dirección General de Aduanas, Tribunal Supremo de Elecciones, Ministerio de Planificación, Corporación Bananera Nacional, Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Justicia, Dirección General de Migración y Extranjería, Cámara de Representantes de Casas Extranjeras, CINDE, todas las municipalidades del país, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Corporación Hortícola Nacional, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Cámara Nacional de Avicultores, todas las instituciones autónomas, Universidad de Costa Rica, Tecnológico de Costa Rica, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Salud, Universidad Estatal a Distancia, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública, Cámara de Comercio de Costa Rica, Cámara de Porcicultores, Consejo Nacional de Educación Superior Privada, Colegios Profesionales, Consejo Nacional de Rectores, Corporación Ganadera, Cámara de Industrias, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Universidad Nacional de Costa Rica, UCCAEP, Concejos Municipales de Distrito, Consejo Nacional de Concesiones, Servicio de Protección Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, Cámara Nacional de Agricultura, Cámara de Exportadores de Costa Rica, Universidad Técnica Nacional, Servicio Nacional de Salud Animal, Cámara de Industrias Alimentarias. (ver folios 2779 y siguientes de la copia certificada del expediente legislativo)

  • 12)El día 6 de febrero de 2014 se continúa la discusión de fondo del proyecto con el segundo día de presentación de mociones 137, de las cuales se presentan dos que son enviadas a la Comisión dictaminadora (ver folio 3290 de la copia certificada del expediente legislativo)
  • 13)El 14 de febrero de 2014, la Comisión Dictaminadora entrega a la Secretaría del Directorio el informe de las mociones vía 137 presentadas al proyecto. Allí se indica que ellas se conocieron el día 13 de febrero de 2014 y se desecharon ambas.- (ver folio 3297 y siguientes de la copia certificada del expediente legislativo)
  • 14)El 25 de febrero de 2014 continúa la discusión por el fondo del proyecto con la presentación de una moción vía 137 que es enviada a la Comisión dictaminadora (ver folio 3308 de la copia certificada del expediente legislativo)
  • 15)El 28 de febrero de 2014, la Comisión Dictaminadora entrega a la Secretaría del Directorio el segundo informe de las mociones vía 137 presentadas al proyecto. Allí se indica que se trataba de una moción que se conoció el día 27 de febrero de 2014 y se desechó. ver folios 3310 y siguientes de la copia certificada del expediente legislativo)
  • 16)El 3 de marzo de 2014, el Plenario Legislativo aprueba en primer debate el proyecto consultado con una votación de treinta y dos votos a favor y nueve en contra (ver folio 3325 de la copia certificada del expediente legislativo).
  • 17)El 4 de marzo de 2014 se envía el proyecto aprobado a la Comisión Permanente de Redacción quien aprueba la redacción final el día 5 de marzo de 2014 y se devuelve el proyecto al día siguiente al Directorio para continuar con su tramitación (ver folios 3329 y siguientes de la copia certificada del expediente legislativo Nº 18.563).

III.Observaciones sobre el procedimiento. El Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia", fue suscrito por la Presidenta de la República el 22 de mayo de 2013, quien lo somete a conocimiento de la Asamblea Legislativa para su ratificación el 14 de junio de 2013.- Así inicia su trámite el proyecto de "Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia", expediente legislativo número 18805 cuyo texto se publica en el Alcance 121 de la Gaceta del dieciocho de julio de 2013. No obstante, ese acto se realizó en forma defectuosa pues se omitió publicar los capítulos 2 y 8 del Tratado, lo cual se remedió mediante publicación de una fe erratas realizada en la Gaceta el 27 de setiembre de 2013. Se cuenta también con el Informe de Servicios Técnicos presentado el 27 de agosto de 2013 y visible a folios 1565 y siguientes de la copia certificada del expediente legislativo.- Se observa igualmente que la Comisión legislativa recibió el expediente de parte del Directorio y en su tramitación realizó una amplísima consulta a instituciones públicas y privadas de todo género y recibió en audiencia a entidades consideradas relevantes como el Ministerio de Comercio Exterior, así como a miembros de sectores productivos privados relacionados con las actividades que abarca el tratado.- Luego del análisis y discusión, se aprobó en forma unánime el texto del proyecto y se emitieron dos informes afirmativos.- En el trámite ante el Plenario se presentaron pocas mociones vía 137 que se analizaron y resolvieron negativamente en la Comisión dictaminadora.- La aprobación del proyecto en primer debate por parte del Plenario se da el 3 de marzo de 2014, con treinta y dos votos a favor y nueve en contra.

IV.A partir de ésta última circunstancia relacionada con la votación en primer debate, la Sala encuentra necesario observar que no existe ninguna lesión constiucional por la falta de una votación calificada en primer debate en favor de la iniciativa por dos razones: en primer lugar porque el texto del proyecto de Tratado de libre Comercio no contiene decisiones que deban ser avaladas por una mayoría calificada y en segundo lugar porque la mayoría de esta Sala ha sostenido que tales votaciones calificadas -en caso de requerirse- deben cumplirse luego de agotada la discusión en segundo debate.-

V.En efecto, sobre el primer punto se verifica que este proyecto no está dentro las previsiones del numeral 121 inciso 4) de la Constitución Política que impone una votación dos tercios de la totalidad de los diputados cuando se trate de normativa internacional que atribuya o transfiera determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes. Dicho carácter se distingue:

“…en cuanto que es capaz de imponer a los Estados Partes obligaciones, deberes, cargas o limitaciones más allá de las pactadas y aún contra su voluntad por ejemplo, mediante decisiones adoptadas por una mayoría; cosa esta completamente diferente que la de los órdenes meramente internacionales, en que los Estados se comprometen solamente a los que se comprometen por tratado, o, si éste crea, además, algún tipo de organismo internacional, las decisiones en ese organismo, o no son vinculantes, o si lo son deben tomarse por unanimidad, es decir, con la aceptación expresa del Estado costarricense, mediante sus legítimos representantes competentes al efecto (…)”; (sentencia 2013-003655) En este caso, la Sala comparte el criterio del Departamento de Servicios Técnicos en cuanto señala que “…el proyecto puede ser aprobado con la mayoría absoluta de los presentes que dispone el artículo 119 de la Constitución Política” (folio 1597 de la copia del expediente legislativo) pues se observa que el texto resulta ser típico de este tipo de acuerdos donde no se transfieren competencias ni se busca “objetivos comunitarios” ni crear una “comunidad” en el sentido arriba expuesto, y de hecho no se han creado nuevas obligaciones, sino que se reiteran las ya existentes en otros instrumentos internacionales.-

VI. Por su parte, en cuanto al tema del momento en que debe ocurrir la votación calificada, esta Sala ha indicado

"IV.-En sus primeros pronunciamientos estableció la Sala que cuando la Constitución exige la aprobación de normas jurídicas, por mayoría calificada, esta debía operar en cada uno de los debates legislativos. Reflejo de esta posición es la sentencia #678-91 de las 14:16 horas del 27 de marzo de 1991:

“De la relación de los artículos 119, 124 y 195 inciso 4) de la Constitución y del artículo 72 inciso d) del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa, se desprende que todo proyecto de reforma constitucional debe ser aprobado, en cada uno de los tres debates, por dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea. Según ese ordenamiento, cada debate es autónomo e independiente de los otros, por lo que la voluntad legislativa de aprobación de un proyecto debe manifestarse expresamente en cada uno de ellos, lo que implica, de manera necesaria, que la mayoría específica requerida para cada proyecto debe ser alcanzada en cada uno de los tres debates, y no sólo en el tercero. Por lo tanto, la interpretación dada por el Directorio de la Asamblea Legislativa actual, siguiendo el precedente fijado en la sesión del 29 de octubre de 1962, de que la mayoría calificada de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa sólo se requiere en tercer debate cuando se trata de la aprobación de reformas constitucionales, contraviene abiertamente las disposiciones constitucionales y reglamentarias precitadas.” No obstante, la tesis fue modificada en el pronunciamiento #5976-96 de las 15:00 horas del 6 de noviembre de 1996, bajo los siguientes argumentos:

“…en su literalidad, el artículo 195, inciso 4, de la Ley Fundamental, exige que, "Presentado el dictamen, se procederá a su discusión por los trámites establecidos para la formación de las leyes; dicha reforma deberá aprobarse por votación no menor de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea". Al remitir dicho precepto al numeral 124 ibídem, se tiene que la discusión de la reforma exige que se realice en dos debates, cada uno en distinto día no consecutivo, y obtener la aprobación de la Asamblea. Estrictamente, no exige la Constitución que el primer debate esté seguido de una votación, requisito que deviene más bien del artículo 143, inciso 2, del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que concuerda -a su vez- con el 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. No obstante, es preciso admitir que la votación por mayoría calificada a que se refiere el precitado numeral 195, inciso 4, de la Carta Política, debe ser aquélla que sigue al segundo debate del proyecto, no necesariamente al primero. Para este último, a falta de norma que ordene otra cosa, basta aplicar la regla general del artículo 119 constitucional, que pide la subsecuente votación mediante mayoría absoluta.

En la reconsideración de su tesitura, la Sala tiene en cuenta la circunstancia de que, en general, el procedimiento que conduce a la promulgación de la voluntad del legislador (sea éste constituyente o derivado), está constituido por toda una secuencia, predefinida e ineludible, de etapas sucesivas, en la que ninguna puede figurar en un orden distinto al que le corresponde y cuyo resultado final es un acto decisorio -de carácter jurídico- que se plasma en una ley, o, como en este caso, en una reforma constitucional. El procedimiento es, en suma, el cauce jurídico por el que discurre la voluntad política del legislador durante todo su trayecto, desde que es puesta en movimiento por un acto de ejercicio del poder de iniciativa, hasta que desemboca en la emisión de un decreto que expresa la manera en que esa voluntad innovará o transformará el ordenamiento preexistente. El procedimiento, por tanto, no se puede oponer al flujo de la voluntad del legislador; más bien lo troquela y orienta hasta su consecución. Es justamente dentro de este espíritu que la Sala ha estimado conveniente y oportuno verter su renovado criterio.

Desde luego, y para lo que aquí interesa, el hecho de que se haya proseguido con la percepción de que era necesaria la mayoría reforzada para la aprobación posterior al primer debate, no se estima un vicio que invalide en modo alguno el trámite seguido, ya que, al haber alcanzado holgadamente la votación los dos tercios de los diputados presentes, con mayor razón se satisfizo el mínimo realmente requerido.” Posición que se ha mantenido, hasta la fecha, y se ha extendido al ámbito del procedimiento legislativo ordinario, como quedó plasmado en el pronunciamiento #2008-10450 de las 9:00 horas del 23 de junio del 2008:

“Tomen en cuenta además los consultantes, que los cuestionamientos sobre la mayoría requerida para aprobar un proyecto de ley no se constatan como vicio de procedimiento en la vía previa de consulta, quedando reservado su estudio a la acción de inconstitucionalidad, puesto que el requerimiento de mayoría calificada es una votación que se exige únicamente en el segundo debate, no en el primero (en este sentido, ver recientemente sentencia número 2008-3154).” (v. en similar sentido las resoluciones #2001-11560 de las 15:17 horas del 7 de noviembre del 2001 y #2002-7016 de las 14:39 horas del 16 de julio de 2002) En consecuencia, la aprobación por mayoría simple del proyecto, en primer debate, no constituye un vicio sustantivo de constitucionalidad. Sobre este aspecto de la consulta, los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvan el voto y declaran inconstitucional la aprobación del proyecto, en primer debate, por mayoría absoluta " (ver sentencia No. 2011-000992 de las 15:57 horas del 26 de enero de 2011).

De tal modo, puede concluirse que este proyecto no requiere una votación calificada, pero además debe indicarse que de haberse requerido, ella debería darse al concluir el segundo debate y no dentro del trámite de primer debate por lo que no exsite lesión al procedimiento en este punto.

VII.Observaciones en cuanto al fondo del proyecto. En lo que toca al fondo del proyecto, se observa está conformado por 18 capítulos que abordan los distintos temas en los que ámbos países se han puesto de acuerdo para dar un impulso al comercio entre ellos.- En el Capítulo 1, intitulado “Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales”, las partes se comprometen, de conformidad con los estatutos de la Organización Mundial de Comercio, a establecer una zona de libre comercio de bienes y servicios (Art. 1.1). Asimismo se prevé que, en caso de resultar incompatibles las estipulaciones del Tratado con las reglamentaciones de la OMC, se resolverá a favor de este Convenio, salvo disposición expresa (Art. 1.2). Se adjunta un glosario para una mejor comprensión de lo acordado (Art. 1.3). El Capítulo 2, “Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado”, señala que, salvo disposición expresa, este capítulo aplicará al comercio de mercancías (Art. 2.1).

Dentro de los aspectos reglados dentro del capítulo se encuentran el principio de trato nacional (Art. 2.2, acápite 1), las pautas para la modificación de las políticas arancelarias (Art. 2.3), la prohibición de condicionar la exención arancelaria al cumplimiento de requisitos (Art. 2.4), cuáles productos pueden ser exentos de tasas arancelarias en forma temporal, independientemente de su origen (Art. 2.5) y las condiciones en las que puede aplicarse dicho beneficio; la prohibición de imponer medidas de carácter no arancelario con el fin de restringir la importación y exportación de productos (Art. 2.8), la relación que existirá entre los Estados Parte y las empresas comerciales del Estado (Art. 2.12). Por último, se regula la política a seguir sobre los subsidios a la exportación de productos agrícolas (Art. 2.15). El Capítulo 3, denominado “Reglas de origen y procedimientos de origen”, desarrolla lo relativo a mercancías originarias (Art. 3.1 y siguientes).

Además, se establecen las condiciones para solicitar las certificaciones de origen para exportaciones e importaciones (Art. 3.15) y en qué instancias dicha certificación no es requerida (Art. 3.22); las obligaciones en materia de origen de importadores y exportadores (Art. 3.17 y 3.18). También regula la cooperación entre autoridades aduaneras para determinar la autenticidad de las certificaciones (Art. 3.23), la posibilidad de establecer sanciones de carácter civil, administrativo y penal por infracciones relacionadas con este capítulo (Art. 3.25) y el derecho a recurrir a vías administrativas y judiciales para recurrir dichos actos (Art. 3.26). Finalmente, se adjuntan varias tablas donde se hacen listados de productos por categorías y en qué condiciones se tendrán por productos originarios de alguno de los Estados firmantes. El Capítulo 4, establece como principios rectores para la “facilitación del comercio y procedimientos aduaneros” los siguientes: principio de publicación (Art. 4.1), simplificación de procedimientos aduaneros (Art. 4.2), la automatización de procedimientos (Art. 4.3) y el establecimiento de medios de impugnación de actos administrativos en materia aduanera (Art. 4.9).

Por último, los Estados firmantes acuerdan adoptar medidas para la imposición de sanciones (Art. 4.10). El contenido del Capítulo 5, abarca la “Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros”. Para efectos del convenio, se entiende que la cooperación técnica comprende el intercambio de información, legislación, buenas prácticas en materia aduanera, capacitación y cualquier apoyo técnico o material; mientras que la asistencia mutua es la cooperación para prevención, investigación y sanción de infracciones aduaneras (Art. 5.2 y 5.3). Establece los requisitos a seguir para hacer la solicitud de asistencia mutua, trámite y ejecución de las mismas (Art. 5.5, 5.6 y 5.7) y señala las excepciones a la obligación de brindar asistencia mutua (5.8.). Por último, se garantiza el tratamiento confidencial de la información a solicitud de la autoridad competente del Estado Parte (Art. 5.12).

En el Capítulo 6, se desarrolla lo acordado por los Estados Parte en política sanitaria y fitosanitaria. En primer lugar, se comprometen a implementar evaluaciones de riesgo y determinación del nivel de protección sanitaria y fitosanitaria de conformidad con la información técnico-científico nacional y directrices, estándares y recomendaciones de organizaciones internacionales (Art. 6.3). De igual manera, convienen en ejecutar los procedimientos de control, inspección y aprobación según lo dispuesto en el Artículo 8 del Acuerdo MSF (Art. 6.6). Asimismo en el Tratado se contempla la posibilidad de cooperación y asistencia técnica (Art. 6.9) en materia sanitaria. Por último, los Estados Parte deberán, con el fin de evitar restricciones injustificadas al comercio, lograr un entendimiento mutuo para aplicar las MSF (Art. 6.10), pudiendo recurrir al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias o, en última instancia, al procedimiento establecido en el Capítulo 18 (Art. 6.14).

El Capítulo 7, regula todo lo relativo a “Obstáculos técnicos al comercio”, lo cual se refiere a la preparación, adopción y aplicación de todas las normas y procedimientos de evaluación que puedan afectar el comercio de mercancías. No obstante lo anterior, no forma parte de esta categoría todo lo acordado sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y las especificaciones de compra establecidas por instituciones públicas (Art. 7.2). Los Estados firmantes convienen en las siguientes obligaciones: Primero, utilizar normas, orientaciones y recomendaciones internacionales como base para la elaboración de sus reglamentos técnicos (Art. 7.5). Segundo, considerar la posibilidad de aceptar como equivalentes los reglamentos técnicos de la otra Parte (Art. 7.6). Tercero, comunicar a la contraparte sus proyectos de reglamentos técnicos y publicarlos electrónicamente en las páginas Web de las autoridades competentes con el fin de que tanto la otra Parte como cualquier interesado pueda acceder a estos de manera fácil y gratuita (Art. 7.8).

Por último, cada Parte se compromete a brindar asistencia a la otra parte en lo relativo a las normas, reglamentos técnicos y procedimientos con el fin de facilitar el acceso a sus mercados (Art. 7.9). En cuanto al Capítulo 8, titulado “Defensa Comercial”, se enumera una serie de opciones a aplicar durante el proceso de transición, particularmente en aquellos casos cuando una mercancía originaria de una de las Partes está siendo importada en cantidades tales que constituya una causa sustancial de daño o amenaza de daño a la rama de producción nacional que produzca una mercancía similar (Art. 8.1). En todos los casos, el Estado que busque aplicar una medida, deberá realizar una investigación sobre su necesidad y conveniencia (Art. 8.3) antes de notificarlo a la contraparte (Art. 8.5) y deberá brindarle oportunidad para celebrar consultas sobre las medidas de compensación apropiadas (Art. 8.6).

El Capítulo 9, establece los principios y reglas concernientes a la materia de propiedad intelectual para efectos del acuerdo comercial (Art. 9.1). En primer lugar, las partes protegerán las marcas de conformidad con el acuerdo sobre las ADPIC y deberán proporcionar un sistema para el registro de marcas (Art. 9.3). También deberán establecer medios en sus legislaciones para proteger las indicaciones geográficas de los productos (Art. 9.4). Asimismo se reafirma el reconocimiento de las partes sobre sus derechos y obligaciones en relación con su soberanía sobre sus recursos naturales, su autoridad sobre sus recursos biológicos y genéticos y derivados (Art. 9.5 acápite 1) Se comprometen a respetar, preservar y mantener los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales de sus territorios (Art. 9.5 acápite 2). En relación con los derechos de autor y derechos conexos, las Partes reconocen los derechos y obligaciones existentes en virtud del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; de la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión; del Tratado de la IMPI sobre Derecho de Autor, y del Tratado de la OMPI (Art. 9.6. acápite 1), debiendo reconocer una protección adecuada a los autores, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión (Art. 9.6. acápite 2).

No obstante lo anterior, las partes contratantes podrán prever en su legislación limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos, solo en casos que no atenten contra la explotación normal de la obra, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos (Art. 9.6. acápite 7). Las Partes se comprometen a llevar a cabo actividades de cooperación en ciencia y tecnología, tales como participación conjunta en proyectos de educación, investigación, desarrollo tecnológico e innovación (Art 9.8 acápite 4), además del intercambio de información sobre los procesos legislativos y el marco legal relativo a los derechos de propiedad intelectual (Art. 9.8 acápite 5). Se adjunta al capítulo un listado de productos con indicaciones geográficas de las Partes, es decir, productos que en su nombre comercial hacen referencia a alguna región de su país de origen.

Sobre el Capítulo 10, se observa que desarrolla la materia de contratación pública para efectos del tratado (Art. 10.1 acápite 2) y las situaciones donde no se aplican sus disposiciones (Art. 10.1 acápite 3). Se hace la previsión que ninguna cláusula del capítulo se interpretará en el sentido de impedir a una parte de adoptar cualquier acción o de abstenerse de divulgar información que se considere necesaria para la protección de sus intereses esenciales para la seguridad nacional (Art. 10.2). Se mencionan y explican una serie de principios generales en materia de contratación administrativa (Art. 10.3 al 10.5), a saber: el principio de trato más favorable, el deber de aplicar las reglas de origen como si se tratara de la contratación común de bienes y servicios, prohibición de buscar condiciones compensatorias especiales en ninguna etapa de la contratación pública y el principio de publicidad del cartel.

Se enumeran los formas de contratación aplicables (Art. 10.11) y el procedimiento correspondiente. Posteriormente, se establece el deber de información, su regulación y limitaciones (Art. 10.15 y 10.16). Por último, se regula la posibilidad de presentar reclamos sobre el proceso de contratación ante instancias administrativas o jurisdiccionales (Art. 10.17). Se anexa un listado de instituciones a las que se aplicarán las disposiciones del capítulo. El Capítulo 11, señala la normativa aplicable en materia de competencia y defensa del consumidor, cuyo objetivo principal es asegurar que los beneficios de la liberalización no sean menoscabados por prácticas anticompetitivas y también asegurar la defensa de los derechos de los consumidores (Art. 11.1). Cabe señalar que en materia de competencia y protección al consumidor no cabe la posibilidad de recurrir a los mecanismos de solución de controversias previstos en el capítulo 12 o 18 del acuerdo comercial (Art. 11.7).

El Capítulo 12, titulado “Inversión”, señala que sus disposiciones aplicarán a una empresa estatal o a cualquier persona que ejerza actividad regulatoria, administrativa o gubernamental por delegación del Estado Parte (Art. 12.1 acápite 2). Ninguna de las cláusulas recogidas en el capítulo se interpretará en el sentido de imponer una obligación a los Estados contratantes para privatizar cualquier inversión que posean o para impedirles designar un monopolio (Art. 12.1 acápite 4). Se hace referencia a la norma de trato nacional (Art. 12.2) y de nación más favorecida (Art. 12.3), además del nivel mínimo de trato –otorgar a las inversiones un trato acorde al derecho internacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas- (Art. 12.4). No puede promoverse la inversión mediante medidas que debiliten o reduzcan las protecciones establecidas sobre salud, seguridad, materia ambiental y laboral nacional (Art. 12.8).

Las Partes alentarán a las empresas que operen en su territorio o estén sujetas a su jurisdicción a que incorporen voluntariamente dentro de sus políticas estándares reconocidos de responsabilidad social aprobados por las Partes (Art. 12.9). No se podrá nacionalizar o expropiar una inversión cubierta, salvo por interés público, de conformidad con el debido proceso y mediante el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva (Art. 12.11). Se podrán denegar beneficios del acuerdo si una persona de un país que no sea Parte controla la empresa o si esta no realiza actividades sustanciales en el territorio de la otra Parte (Art. 12.13). Se establece el procedimiento para la resolución de controversias entre inversionista y Estado, con la salvedad que debe superarse una etapa de consultas y negociación de manera previa a recurrir al arbitraje (Art. 12.15 y 12.16). Los Estados acuerdan someter a arbitraje sus reclamaciones respecto de cualquier punto abarcado por este capítulo (Art. 12.18) y, en caso de que un tribunal dicte un laudo desfavorable al demandado, solo se podrá condenar en daños pecuniarios o en restitución de la propiedad.

El Capítulo 13, regula el comercio de servicios administrados por proveedores de servicios de la otra Parte, pero no en aquellos casos en que los servicios suministrados lo sean en el ejercicio de facultades gubernamentales (Art. 13.1). En materia de comercio transfronterizo de servicio resultarán aplicables las normas de trato nacional y de nación más favorecida (Art. 13.3 y 13.4). Para efectos del cumplimiento de requisitos por parte de los proveedores de servicios, una Parte podrá reconocer la educación, experiencia o requisitos cumplidos en un determinado país (Art. 13.11). Se anexan las disposiciones a seguir en el caso de servicios profesionales. Los “Servicios financieros” se incluyen en el Capítulo 14, que aplica a las instituciones financieras de una Parte que estén ubicadas en el territorio de otra, sin perjuicio de que aplique a aquellas entidades financieras que puedan constituirse a futuro (Art. 14.4), ya sean servicios financieros tradicionales o nuevos servicios financieros.

El Capítulo 15, es denominado “Telecomunicaciones”, regulará las medidas que adopten las Partes relacionadas con el acceso y uso de redes y servicios públicos de telecomunicaciones, además de las obligaciones de los proveedores de servicios. No obstante, no aplicará a las medidas dispuestas en relación con la radiodifusión y la distribución por cable de programación de radio y televisión (Art. 15.1. acápite 2). Nada de lo acordado podrá interpretarse en el sentido de que una Parte pueda exigirle a otra Parte tomar las disposiciones necesarias para brindar por su cuenta el servicio, aceptar a una empresa para brindar el servicio o impedir a una empresa para que brinde el servicio (Art. 15.1 acápite 3). Los contratantes se comprometen a garantizar a las empresas de la otra Parte acceso y posibilidad de uso a las redes o servicios públicos de telecomunicaciones (Art. 15.2). Asimismo deberán mantener medidas apropiadas para impedir que proveedores situados en su territorio empleen medidas anticompetitivas (Art. 15.3).

Por último, garantizarán que su organismo regulador no sea responsable ante ningún proveedor de servicios (Art. 15.5), mismo que asumirá la solución de controversias entre proveedores (Art. 15.10). El Capítulo 16, regula el “Comercio electrónico” aplicará a las medidas que afectan el comercio realizado por medios electrónicos (Art. 16.1), debiendo destacarse que no procede la imposición de derechos aduaneros al comercio electrónico (Art. 16.3), sin que esto impida la imposición de otra clase de tasas. Además, las Partes se comprometen a mantener medidas transparentes para proteger a los consumidores de prácticas comerciales fraudulentas en el comercio electrónico (Art. 16.4).- En el Capítulo 17, intitulado “Entrada temporal de personas de negocios”, busca facilitar la entrada temporal de las personas de negocios, por lo que no aplica a las personas naturales de un país que busquen acceso al mercado laboral de la otra parte (Art. 17.1).

El Estado se compromete a autorizar la entrada temporal a personas de negocios que cumplan con las medidas migratorias, de salud y seguridad nacional aplicables (Art. 17.3). Los firmantes acuerdan que, salvo casos donde sea una práctica recurrente o la persona afectada haya agotado las vías internas, no procederá recurrir al procedimiento regulado en el Capítulo 18 (Art. 17.7). Se adjunta un listado que detalla las categorías de personas de negocios (Anexo 17-B). Según lo dispuesto en el Capítulo 18, las Partes procurarán en todo momento llegar a un acuerdo sobre la interpretación del acuerdo y realizarán todos los esfuerzos, mediante cooperación, consultas u otros medios para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiese afectar su funcionamiento (Art. 18.1). En caso que se presente un desacuerdo, la parte reclamante podrá escoger el foro (Art. 18.3) en donde discutir el asunto.

Cualquiera de las partes contratantes podrá solicitar por escrito la realización de consultas respecto de cualquier medida que pudiera afectar el funcionamiento del Acuerdo (Art. 18.4). Finalmente, se hace un listado de las medidas aplicables para la solución de controversias (Art. 18.5). En el Capítulo 19 denominado “Transparencia” se desarrollan las normas que regularánla comunicación entre los firmantes sobre cualquier aspecto del acuerdo (Art. 19.1). En primer lugar, debe fijarse un punto de contacto que se encargará de transmitir y recibir todas las comunicaciones entre las Partes (Art. 19.1). De igual forma, los Estados contratantes se comprometen a poner a disposición de la contraparte y de cualquier manera posible toda la legislación relativa al tratado, además de toda aquella información que se considere de interés para efectos del mismo (Art. 19.2 y 3). El capítulo 20 señala las pautas a seguir para la administración del acuerdo comercial, para lo cual se establece la Comisión de Libre Comercio (Art. 20.1), la cual deberá vigilar la correcta implementación y aplicación del Convenio, además de fungir como órgano contralor de todos los organismos que sean establecidos como consecuencia del presente tratado (Art. 20.1).

Por último, la Comisión podrá delegar responsabilidades a los otros órganos creados por el tratado o modificar las reglamentaciones anexas al mismo (Art. 20.2). En el Capítulo 21 las Partes fijan cuáles serán las excepciones al Convenio. En primer término, se incorpora el artículo XX del GATT de 1994 al Tratado, únicamente en lo conducente y mientras no se oponga a lo acordado por las partes (Art. 21.1). En segundo lugar, los firmantes acuerdan que ninguna de las cláusulas del convenio comercial les obliga a revelar información que pueda atentar contra cualesquiera intereses que tengan en materia de seguridad o contra el interés público y general (Art. 21.4) o, a aplicar medidas que les impidan actuar para garantizar el orden y la paz internacional (Art. 21.2). Tampoco ninguna de las disposiciones presentes en el tratado será aplicable a medidas tributarias (Art. 21.3 acápite 1). Finalmente el Capítulo 22, intitulado “Enmiendas”, abarca los siguientes aspectos: Primeramente, se señala que todos los apéndices, anexos y pie de página son parte integral del acuerdo (Art. 22.1).

En segundo lugar, las partes contratantes podrán acordar cualquier enmienda que estimen necesaria para cumplir con los fines de dicha convención (Art. 22.2), reservándose inclusive el derecho de denunciar el tratado (Art. 22.7).

VIII.Como se indicó por parte del Departamento de Servicios Técnicos el proyecto contiene disposiciones que son repetición de otras ya incluidas en otros tratados de libre comercio lo cual sucede también en relación con el tema de la solución de controversias, En este punto se presentan cláusulas similares a las que esta Sala ya ha analizado y desde tal perspectiva cabe afirmar que el proyecto de Tratado de libre Comercio con la Republica de Colombia no recoge por una parte un procedimiento de arbitraje que tenga carácter forzoso para nuestro país pues -como se aprecia en la cláusula 2.17- el citado proceso de arbitraje se regula a través del Convenio de CIADI, de manera que sobre este punto resulta aplicable el artículo 26 de esta última normativa. Por otra parte, tampoco existe en este proyecto de tratado una cláusula compromisoria incondicional y genérica o de acuerdo arbitral, aplicada para todos y cada uno de los acuerdos o autorización de inversión, pues la lectura apropiada de la cláusula 12.18 (cuyo texto es prácticamente idéntido a los demás Tratados aprobados) deja claro -a través de la remisión que se hace a la normativa internacional- que el consentimiento del Estado costarricense debe ser emitido en concreto y por escrito para cada caso de controversia.- Por ello no existe en este punto lesión de la Constitución Política.-

IX.Del resumen anterior se concluye de manera clara que el Tratado que se pretende aprobar, es muy similar al grupo de instrumentos internacionales de este tipo que han sido firmados, estudiados y aprobados por nuestro país con el fin de promover la inserción de Costa Rica en el comercio mundial.- En particular, se observa que el instrumento que ahora se estudia no contiene la creación de obligaciones nuevas para los Estados, diferentes de las que relacionadas con la facilitación del comercio entre Colombia y Costa Rica y desde tal perspectiva puede decirse que facialmente el proyecto no presenta problemas de inconstitucionalidad al recoger disposiciones, medidas e instrumentos que son esencialmente repetición de los que se ya se han incorporado al ordenamiento jurídico costarricense.

Cabe aclarar que el pronunciamiento en la consulta preceptiva de constitucionalidad, es un juicio en abstracto, de tal forma que si se llegare a dar una eventual infracción en actos de aplicación, queda habilitado el control judicial posterior.-

X.Conclusión. Luego de hacer un análisis del procedimiento seguido y una revisión de las disposiciones de fondo que se pretenden aprobar, este tribunal concluye que no existen lesiones constitucionales que quepa advertir y por ello procede evacuar la consulta en ese sentido.

XI. NOTA DEL MAGISTRADO JINESTA LOBO A LA QUE SE ADHIERERN LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ Y EL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO.-

En relación con la sección B del capítulo 12 denominado "Solución de controversias Inversionista-Estado" en la cual se establecen reglas para la resolución de controversias y el mecanismo de arbitraje, resultan aplicables las consideraciones contenidas en el voto número 2007-9469, y que se exponen a continuación :

“ARBTIRAJE COMO MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO. En criterio de los consultantes el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos, establece, en los artículos 10.16, 10.17, 10.22 y 10.28, un arbitraje que califican de “obligatorio” y “vinculante” para el Estado costarricense. Bajo esta inteligencia, los puntos medulares de este extremo de las consultas, consisten en determinar si (A) el arbitraje para solucionar las controversias Estado-inversionista resulta forzoso o vinculante para el Estado costarricense y si (B) el referido Tratado de Libre Comercio contiene o no una cláusula compromisoria incondicional, anticipada e irrestricta.

A.- CARÁCTER FORZOSO O FACULTATIVO DEL ARBITRAJE COMO MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO.

  • 1)Fases de la solución de controversias Estado-inversionista en el Tratado de Libre Comercio.

El Capítulo X ‘Inversión’ en la Sección B ‘Solución de controversias Inversionista-Estado’ establece las siguientes fases en la resolución de tales conflictos de interés: a) Etapa de consultas y negociación, b) arbitraje y c) cumplimiento del laudo arbitral. Agotada la primera fase de consultas y negociación sin haber obtenido un resultado, se inicia la segunda etapa que es la del arbitraje propiamente dicho.

  • 2)Fase de arbitraje para solución de controversias Inversionista-Estado en el TLC. Remisión al Convenio del CIADI.

El artículo 10.16 ‘Sometimiento de una reclamación a Arbitraje’, dispone en el punto 3 lo siguiente:

‘Siempre que hayan transcurrido seis meses desde que tuvieron lugar los hechos que motivan la reclamación el demandante podrá someter la reclamación a la que se refiere el párrafo 1:

<![if !supportLists]>a. <![endif]>de conformidad con el Convenio del CIADI y las Reglas de Procedimiento para procedimientos arbitrales del CIADI, siempre que tanto el demandado como la Parte del demandante sean partes del Convenio del CIADI; <![if !supportLists]>b. <![endif]>de conformidad con las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, siempre que el demandado o la Parte del demandante sean parte del Convenio del CIADI; o <![if !supportLists]>c. <![endif]>de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI.’ De esta norma del Tratado de Libre Comercio resulta, a todas luces, claro que el demandante, esto es, el inversionista, debe someterse a lo establecido por el Convenio del CIADI, se produce, así, una remisión expresa, explícita e inequívoca a ese instrumento del Derecho Internacional, de modo que resulta absolutamente indispensable clarificar lo que se establece en ese Convenio en lo que atañe al arbitraje.

  • 3)Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estado de 18 de marzo de 1965. Artículo 26 otorga facultad al Estado para exigir como condición para dar consentimiento para arbitraje agotar previamente vía administrativa o judicial interna.

Este Convenio de 18 de marzo de 1965 fue aprobado por la Asamblea Legislativa, en aplicación del artículo 7° de la Constitución Política, mediante la Ley No. 7332 de 30 de marzo de 1993. Este instrumento del Derecho Internacional en su Capítulo II, artículo 26 establece, expresamente, lo siguiente “(…) Un Estado Contratante podrá exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales, como condición a su consentimiento al arbitraje conforme a este Convenio”. Esta norma del Convenio del CIADI es lo suficientemente clara y contundente para aclarar que el arbitraje para resolver un conflicto entre un inversionista y el Estado costarricense no es obligatorio, por el contrario le otorga una clara facultad al Estado demandado por el inversionista para exigir que, previamente, se discuta el diferendo surgido en la sede administrativa o en la vía jurisdiccional interna. Es menester resaltar que al momento de la aprobación legislativa del Convenio del CIADI por la Asamblea Legislativa se introdujo la siguiente cláusula interpretativa al numeral 26: “Que solo se podrá recurrir al procedimiento de arbitraje dispuesto por el Convenio para la Solución de controversias relativas a inversiones, cuando previamente se haya hecho agotamiento de todos los medios locales existentes ya sean de tipo administrativo o judicial”.

Por su parte, este Tribunal Constitucional en el Voto No. 1079-93 de las 14:48 hrs. de 2 de marzo de 1993, al evacuar la consulta preceptiva sobre el proyecto de ley que aprobaría el Convenio del CIADI, estimó en la parte dispositiva que ‘(…) no se encuentran vicios de inconstitucionalidad en su contenido ni en la declaración interpretativa sobre el artículo 26 (…)”. Cabe agregar que aunque podría dudarse de la constitucionalidad de la cláusula interpretativa introducida por la Asamblea Legislativa, en cuanto, prácticamente, le impone la obligación al Estado de discutir el asunto en las vías internas, es lo cierto que el artículo 26 del Convenio del CIADI, resulta absolutamente constitucional, puesto que, le concede al Estado una facultad al señalar que “Un Estado Contratante podrá exigir (…)’, con lo cual le deja abierta la opción de acudir a las vías internas –administrativas y jurisdiccionales- o al arbitraje internacional.

  • 4)Imposibilidad constitucional de reabrir una controversia fenecida con autoridad de cosa juzgada en la vía judicial interna.

Si el Estado demandado en una controversia con un inversionista, establece, facultativamente, como condición acudir a la sede jurisdiccional interna y en ésta se dicta una sentencia con autoridad de cosa juzgada material no podrá acudirse a la sede arbitral, por cuanto el artículo 42, párrafo 2°, de la Constitución Política que está por sobre el Tratado de Libre Comercio, dispone que ‘Se prohíbe reabrir (…) juicios fallados con autoridad de cosa juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revisión’. Consecuentemente, en tal hipótesis el único escenario de discusión entre el inversionista y el Estado costarricense lo constituye el recurso extraordinario interno de revisión, según las causales que pauta el ordenamiento jurídico. Distinto sería cuando, el Estado costarricense decide, facultativamente, discutir solo el asunto en la vía administrativa o bien en la judicial pero estando en esta última decide libremente otorgar su consentimiento para acudir a un panel arbitral, puesto que, en tales supuestos no existe aún sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y el artículo 43 constitucional habilita a cualquier persona –incluido el Estado- para terminar sus diferencias patrimoniales mediante árbitros ´(…) aún habiendo litigio pendiente’.

  • 5)Conclusión El arbitraje inversionista-Estado no resulta forzoso u obligatorio para el Estado costarricense, por cuanto, el artículo 26 del Convenio del CIADI, lo faculta, expresamente, para exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales internas, como condición para otorgar su consentimiento al arbitraje. La aplicación de esa norma del Convenio del CIADI resulta de la remisión expresa que formulan los artículos 10.16.3, inciso a), y el 10.17.2, inciso a), del propio Tratado a ese instrumento del Derecho Internacional, siendo que, en ningún momento, se indicó o se convino que ese numeral no sería de aplicación. En todo caso, cabe advertir que el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 26 del Convenio del CIADI por el Estado costarricense debe ser congruente y conforme con la seguridad y certeza que ofrecen a la inversión extranjera los mecanismos alternos de solución de conflictos.

B.- CLAUSULA COMPROMISORIA INCONDICIONAL Y GENÉRICA O ACUERDO ARBITRAL ESPECÍFICO PARA CADA AUTORIZACIÓN O ACUERDO DE INVERSIÓN.

  • 1)Consentimiento de las partes para someter una controversia al arbitraje (artículo 10.17 del Tratado de Libre Comercio).

El Tratado de Libre Comercio no le impone al Estado costarricense un consentimiento abierto, en blanco o irrestricto para solventar cualquier diferendo con un inversionista ante un panel arbitral. Primero, por la remisión expresa que hace el artículo 10.16.3, (a) y (b), al Convenio del CIADI o al Mecanismo Complementario del CIADI, con lo cual rige el artículo 26 de ese instrumento del Derecho Internacional en los términos ya expuestos y segundo por cuanto el artículo 10.17 establece claramente las reglas de ‘Consentimiento de cada una de las Partes al Arbitraje’.

En efecto el artículo 10.17 dispone lo siguiente:

‘1. Cada Parte consiente en someter una reclamación al arbitraje, con arreglo a esta Sección y de conformidad con este Tratado.

2. El consentimiento a que se refiere el párrafo 1 y el sometimiento de la reclamación a arbitraje con arreglo a esta Sección cumplirá con los requisitos señalados en:

(a) el Capítulo II del Convenio del CIADI (Jurisdicción del Centro) y las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI que exigen el consentimiento por escrito de las partes de la controversia; (b) el Artículo II de la Convención de Nueva York que exige un “acuerdo por escrito”; y (c) el Artículo I de la Convención Interamericana que requiere un “acuerdo’.’ 2) Remisión al Capítulo II del Convenio del CIADI (artículo 10.17.2. a).

El artículo 25, párrafo 1°, del Convenio del CIADI, emplazado en el Capítulo II (Jurisdicción del Centro), dispone que la jurisdicción de ese Centro se extiende a las diferencias jurídicas surgidas entre un Estado Contratante y el nacional de otro Estado Contratante cuando hayan ‘(…) consentido por escrito (…)’. De este precepto del Convenio del CIADI queda suficientemente claro que el Estado, a través de la simple aprobación del Tratado de Libre Comercio, no manifiesta un consentimiento genérico y abierto para someter los diferendos al arbitraje, sino que, por el contrario, para cada controversia, diferencia o conflicto surgido con un inversionista se precisa, necesariamente, de una manifestación específica de consentimiento, sea de un acuerdo arbitral. A mayor abundamiento, tal y como fue apuntado el artículo 26 –también emplazado en el Capítulo II del Convenio del CIADI- le concede al Estado Contratante la facultad de poder exigir el agotamiento previo de las vías administrativas o judiciales como condición para manifestar su consentimiento al arbitraje.

Es menester agregar que no puede confundirse un consentimiento irrestricto o genérico –que no le impone el Tratado de Libre Comercio al Estado costarricense- con la cláusula compromisoria que pueden convenir las partes de modo accesorio con motivo de una relación jurídico-sustancial para someter cualquier diferencia futura, no surgida o potencial a un arbitraje. De otra parte, el arbitraje puede tener por sustento un compromiso arbitral que es el cual suscriben las partes para dirimir una o varias controversias actuales o ya surgidas. Tanto la cláusula compromisoria como el compromiso arbitral son denominados genéricamente como acuerdo arbitral.

  • 3)Remisión al artículo II de la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras - Convención de Nueva York de 10 de junio de 1958 (artículo 10.17.2. b).

La necesidad de que exista un acuerdo arbitral por escrito, de cara a cada acto o autorización de inversión para someter las diferencias potenciales (cláusula compromisoria) o actuales (compromiso) al arbitraje, queda plenamente ratificada por la remisión que efectúa el artículo 10.17.2 (b), a la Convención de Nueva York (Reconocimiento y Ejecución Sentencias Arbitrales Extranjeras de 10 de junio de 1958), aprobada por la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 6157 de 2 de diciembre de 1977. En efecto ese instrumento del Derecho Internacional dispone en su artículo II lo siguiente:

‘Artículo II. 1. Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. 2. La expresión "acuerdo por escrito" denotara una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas.

(…)’ Síguese del texto transcrito, que el Tratado de Libre Comercio, en cuanto remite a la Convención de Nueva York, no le impone al Estado costarricense un consentimiento abierto, en blanco, genérico o irrestricto, resulta claro que ante la formalización o establecimiento de cada acuerdo o autorización de inversión se planteará la disyuntiva de concertar una cláusula arbitral o un compromiso, esto es, para cada inversión en particular se precisará de un acuerdo arbitral escrito.

  • 4)Remisión al artículo I de la Convención Interamericana sobre arbitraje comercial internacional de 30 de enero de 1975 (artículo 10.17.2.c) La remisión que efectúa el artículo 10.17.2.c del Tratado de Libre Comercio a la Convención Interamericana sobre arbitraje comercial internacional de 30 de enero de 1975, aprobada por la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 6165 de 2 de diciembre de 1977, demuestra, una vez más, la necesidad de un acuerdo arbitral por escrito frente a cada inversión y la ausencia de una imposición genérica por el Tratado al Estado costarricense de un consentimiento abierto. En efecto, el artículo 1 de la referida convención establece lo siguiente:

‘Artículo 1 Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil. El acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, telegramas o comunicaciones por telex.’ 5) Conclusiones En suma, el artículo 10.17.1 del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos, no puede ser entendido como una cláusula compromisoria genérica e incondicional, puesto que, cuando así se ha querido establecer en un Tratado de Libre Comercio o en un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones –“tratados bilaterales de inversión”-, se incluye una cláusula expresa e inequívoca en ese sentido, tal y como sucedió, en el pasado, con el Acuerdo entre la República de Chile y la República de Costa Rica para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (aprobado por la Ley No. 7748 de 23 de febrero de 1998), cuyo artículo IX, párrafo 2°, dispuso, al efecto, “(…) cada Parte Contratante da su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda diferencia pueda ser admitida a este arbitraje (…)” o bien en el Acuerdo con Canadá sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (aprobado por Ley No. 7870 de 5 de mayo de 1999), cuyo numeral XII.5 estipuló que “Cada Parte Contratante por medio del presente Acuerdo otorga su consentimiento incondicional para someter una diferencia a arbitraje internacional de acuerdo con lo dispuesto en este Artículo”.

De ninguno de los artículos de la Sección B del Capítulo X del Tratado de Libre Comercio objeto de análisis, se puede extraer que el Estado costarricense haya otorgado un consentimiento anticipado, incondicional e irrevocable con solo su suscripción y de previo al surgimiento de cualquier diferendo entre aquél y un inversionista de un Estado parte. Por el contrario, la interpretación contextual y sistemática del Tratado de Libre Comercio, permite concluir que es para cada inversión concreta y particular que el Estado puede otorgar su consentimiento –vía cláusula compromisoria o compromiso- para someter la controversia con un inversionista al arbitraje, tomando en consideración que el Estado puede exigir como condición previa el agotamiento de las vías internas administrativa y jurisdiccional, según lo establece el artículo 26 del Convenio del CIADI. Los artículos 10.16.3 y 10.17.2 no disponen que alguna de las normas del CIADI no deben ser aplicada, todo lo contrario, se trata, en el primer caso, de una remisión genérica al Convenio del CIADI y, en el segundo supuesto, de una remisión específica al Capítulo II de ese instrumento, en el cual se encuentran, precisamente, emplazados los ordinales 25 y 26 ya referidos.

Consecuentemente, si se hubiere querido la no aplicación del artículo 26 del Convenio del CIADI, los negociadores de las partes debieron haberlo estipulado expresamente en el Tratado, de igual forma si se quería una cláusula compromisoria incondicional y anticipada no debió haberse efectuado una remisión al Capítulo II del Convenio del CIADI, al artículo II de la Convención de Nueva York y al artículo I de la Convención Interamericana. Es menester señalar que todo lo anteriormente apuntado no desdice o pone en tela de duda el compromiso que asumió el Estado costarricense, al suscribir el Tratado de Libre Comercio, de esforzarse, procurar y utilizar todos los medios para someter las diferencias de orden patrimonial al arbitraje internacional, todo con el fin manifiesto de crear un clima de seguridad y certeza para los inversionistas extranjeros”.

XI.RAZONES DISTINTAS DE LOS MAGISTRADOS CASTILLO VÍQUEZ Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN CONJUNTA, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 12.18 DE LA SECCIÓN B, CAPÍTULO 12 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

En el voto número 2007-9469, los Magistrados Mora (q.d.D.g) y Jinesta, en cuanto a la la figura del arbitraje inversionista-Estado, con redacción del segundo, expresaron lo siguiente:

“Los sucritos Magistrados Mora y Jinesta, con redacción del segundo, coincidimos con el resto de la mayoría en el sentido que en cuanto a la figura del arbitraje inversionista-Estado -incluida en la Sección B, del Capítulo X del Tratado objeto de consulta- no se observan vicios de constitucionalidad, por las razones diferentes que se exponen a continuación:

ARBTIRAJE COMO MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO. En criterio de los consultantes el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos, establece, en los artículos 10.16, 10.17, 10.22 y 10.28, un arbitraje que califican de “obligatorio” y “vinculante” para el Estado costarricense. Bajo esta inteligencia, los puntos medulares de este extremo de las consultas, consisten en determinar si (A) el arbitraje para solucionar las controversias Estado-inversionista resulta forzoso o vinculante para el Estado costarricense y si (B) el referido Tratado de Libre Comercio contiene o no una cláusula compromisoria incondicional, anticipada e irrestricta.

A.- CARÁCTER FORZOSO O FACULTATIVO DEL ARBITRAJE COMO MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO.

  • 1)Fases de la solución de controversias Estado-inversionista en el Tratado de Libre Comercio.

El Capítulo X ‘Inversión’ en la Sección B ‘Solución de controversias Inversionista-Estado’ establece las siguientes fases en la resolución de tales conflictos de interés: a) Etapa de consultas y negociación, b) arbitraje y c) cumplimiento del laudo arbitral. Agotada la primera fase de consultas y negociación sin haber obtenido un resultado, se inicia la segunda etapa que es la del arbitraje propiamente dicho.

  • 2)Fase de arbitraje para solución de controversias Inversionista-Estado en el TLC. Remisión al Convenio del CIADI.

El artículo 10.16 ‘Sometimiento de una reclamación a Arbitraje’, dispone en el punto 3 lo siguiente:

‘Siempre que hayan transcurrido seis meses desde que tuvieron lugar los hechos que motivan la reclamación el demandante podrá someter la reclamación a la que se refiere el párrafo 1:

de conformidad con el Convenio del CIADI y las Reglas de Procedimiento para procedimientos arbitrales del CIADI, siempre que tanto el demandado como la Parte del demandante sean partes del Convenio del CIADI; de conformidad con las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, siempre que el demandado o la Parte del demandante sean parte del Convenio del CIADI; o de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI.’ De esta norma del Tratado de Libre Comercio resulta, a todas luces, claro que el demandante, esto es, el inversionista, debe someterse a lo establecido por el Convenio del CIADI, se produce, así, una remisión expresa, explícita e inequívoca a ese instrumento del Derecho Internacional, de modo que resulta absolutamente indispensable clarificar lo que se establece en ese Convenio en lo que atañe al arbitraje.

  • 3)Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estado de 18 de marzo de 1965. Artículo 26 otorga facultad al Estado para exigir como condición para dar consentimiento para arbitraje agotar previamente vía administrativa o judicial interna.

Este Convenio de 18 de marzo de 1965 fue aprobado por la Asamblea Legislativa, en aplicación del artículo 7° de la Constitución Política, mediante la Ley No. 7332 de 30 de marzo de 1993. Este instrumento del Derecho Internacional en su Capítulo II, artículo 26 establece, expresamente, lo siguiente “(…) Un Estado Contratante podrá exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales, como condición a su consentimiento al arbitraje conforme a este Convenio”. Esta norma del Convenio del CIADI es lo suficientemente clara y contundente para aclarar que el arbitraje para resolver un conflicto entre un inversionista y el Estado costarricense no es obligatorio, por el contrario le otorga una clara facultad al Estado demandado por el inversionista para exigir que, previamente, se discuta el diferendo surgido en la sede administrativa o en la vía jurisdiccional interna. Es menester resaltar que al momento de la aprobación legislativa del Convenio del CIADI por la Asamblea Legislativa se introdujo la siguiente cláusula interpretativa al numeral 26: “Que solo se podrá recurrir al procedimiento de arbitraje dispuesto por el Convenio para la Solución de controversias relativas a inversiones, cuando previamente se haya hecho agotamiento de todos los medios locales existentes ya sean de tipo administrativo o judicial”.

Por su parte, este Tribunal Constitucional en el Voto No. 1079-93 de las 14:48 hrs. de 2 de marzo de 1993, al evacuar la consulta preceptiva sobre el proyecto de ley que aprobaría el Convenio del CIADI, estimó en la parte dispositiva que ‘(…) no se encuentran vicios de inconstitucionalidad en su contenido ni en la declaración interpretativa sobre el artículo 26 (…)”. Cabe agregar que aunque podría dudarse de la constitucionalidad de la cláusula interpretativa introducida por la Asamblea Legislativa, en cuanto, prácticamente, le impone la obligación al Estado de discutir el asunto en las vías internas, es lo cierto que el artículo 26 del Convenio del CIADI, resulta absolutamente constitucional, puesto que, le concede al Estado una facultad al señalar que “Un Estado Contratante podrá exigir (…)’, con lo cual le deja abierta la opción de acudir a las vías internas –administrativas y jurisdiccionales- o al arbitraje internacional.

  • 4)Imposibilidad constitucional de reabrir una controversia fenecida con autoridad de cosa juzgada en la vía judicial interna.

Si el Estado demandado en una controversia con un inversionista, establece, facultativamente, como condición acudir a la sede jurisdiccional interna y en ésta se dicta una sentencia con autoridad de cosa juzgada material no podrá acudirse a la sede arbitral, por cuanto el artículo 42, párrafo 2°, de la Constitución Política que está por sobre el Tratado de Libre Comercio, dispone que ‘Se prohíbe reabrir (…) juicios fallados con autoridad de cosa juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revisión’. Consecuentemente, en tal hipótesis el único escenario de discusión entre el inversionista y el Estado costarricense lo constituye el recurso extraordinario interno de revisión, según las causales que pauta el ordenamiento jurídico. Distinto sería cuando, el Estado costarricense decide, facultativamente, discutir solo el asunto en la vía administrativa o bien en la judicial pero estando en esta última decide libremente otorgar su consentimiento para acudir a un panel arbitral, puesto que, en tales supuestos no existe aún sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y el artículo 43 constitucional habilita a cualquier persona –incluido el Estado- para terminar sus diferencias patrimoniales mediante árbitros ´(…) aún habiendo litigio pendiente’.

  • 5)Conclusión El arbitraje inversionista-Estado no resulta forzoso u obligatorio para el Estado costarricense, por cuanto, el artículo 26 del Convenio del CIADI, lo faculta, expresamente, para exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales internas, como condición para otorgar su consentimiento al arbitraje. La aplicación de esa norma del Convenio del CIADI resulta de la remisión expresa que formulan los artículos 10.16.3, inciso a), y el 10.17.2, inciso a), del propio Tratado a ese instrumento del Derecho Internacional, siendo que, en ningún momento, se indicó o se convino que ese numeral no sería de aplicación. En todo caso, cabe advertir que el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 26 del Convenio del CIADI por el Estado costarricense debe ser congruente y conforme con la seguridad y certeza que ofrecen a la inversión extranjera los mecanismos alternos de solución de conflictos.

B.- CLAUSULA COMPROMISORIA INCONDICIONAL Y GENÉRICA O ACUERDO ARBITRAL ESPECÍFICO PARA CADA AUTORIZACIÓN O ACUERDO DE INVERSIÓN.

  • 1)Consentimiento de las partes para someter una controversia al arbitraje (artículo 10.17 del Tratado de Libre Comercio).

El Tratado de Libre Comercio no le impone al Estado costarricense un consentimiento abierto, en blanco o irrestricto para solventar cualquier diferendo con un inversionista ante un panel arbitral. Primero, por la remisión expresa que hace el artículo 10.16.3, (a) y (b), al Convenio del CIADI o al Mecanismo Complementario del CIADI, con lo cual rige el artículo 26 de ese instrumento del Derecho Internacional en los términos ya expuestos y segundo por cuanto el artículo 10.17 establece claramente las reglas de ‘Consentimiento de cada una de las Partes al Arbitraje’.

En efecto el artículo 10.17 dispone lo siguiente:

‘1. Cada Parte consiente en someter una reclamación al arbitraje, con arreglo a esta Sección y de conformidad con este Tratado.

2. El consentimiento a que se refiere el párrafo 1 y el sometimiento de la reclamación a arbitraje con arreglo a esta Sección cumplirá con los requisitos señalados en:

(a) el Capítulo II del Convenio del CIADI (Jurisdicción del Centro) y las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI que exigen el consentimiento por escrito de las partes de la controversia; (b) el Artículo II de la Convención de Nueva York que exige un “acuerdo por escrito”; y (c) el Artículo I de la Convención Interamericana que requiere un “acuerdo’.’ 2) Remisión al Capítulo II del Convenio del CIADI (artículo 10.17.2. a).

El artículo 25, párrafo 1°, del Convenio del CIADI, emplazado en el Capítulo II (Jurisdicción del Centro), dispone que la jurisdicción de ese Centro se extiende a las diferencias jurídicas surgidas entre un Estado Contratante y el nacional de otro Estado Contratante cuando hayan ‘(…) consentido por escrito (…)’. De este precepto del Convenio del CIADI queda suficientemente claro que el Estado, a través de la simple aprobación del Tratado de Libre Comercio, no manifiesta un consentimiento genérico y abierto para someter los diferendos al arbitraje, sino que, por el contrario, para cada controversia, diferencia o conflicto surgido con un inversionista se precisa, necesariamente, de una manifestación específica de consentimiento, sea de un acuerdo arbitral. A mayor abundamiento, tal y como fue apuntado el artículo 26 –también emplazado en el Capítulo II del Convenio del CIADI- le concede al Estado Contratante la facultad de poder exigir el agotamiento previo de las vías administrativas o judiciales como condición para manifestar su consentimiento al arbitraje.

Es menester agregar que no puede confundirse un consentimiento irrestricto o genérico –que no le impone el Tratado de Libre Comercio al Estado costarricense- con la cláusula compromisoria que pueden convenir las partes de modo accesorio con motivo de una relación jurídico-sustancial para someter cualquier diferencia futura, no surgida o potencial a un arbitraje. De otra parte, el arbitraje puede tener por sustento un compromiso arbitral que es el cual suscriben las partes para dirimir una o varias controversias actuales o ya surgidas. Tanto la cláusula compromisoria como el compromiso arbitral son denominados genéricamente como acuerdo arbitral.

  • 3)Remisión al artículo II de la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras - Convención de Nueva York de 10 de junio de 1958 (artículo 10.17.2. b).

La necesidad de que exista un acuerdo arbitral por escrito, de cara a cada acto o autorización de inversión para someter las diferencias potenciales (cláusula compromisoria) o actuales (compromiso) al arbitraje, queda plenamente ratificada por la remisión que efectúa el artículo 10.17.2 (b), a la Convención de Nueva York (Reconocimiento y Ejecución Sentencias Arbitrales Extranjeras de 10 de junio de 1958), aprobada por la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 6157 de 2 de diciembre de 1977. En efecto ese instrumento del Derecho Internacional dispone en su artículo II lo siguiente:

‘Artículo II. 1. Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje.

2. La expresión "acuerdo por escrito" denotara una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas.

(…)’ Síguese del texto transcrito, que el Tratado de Libre Comercio, en cuanto remite a la Convención de Nueva York, no le impone al Estado costarricense un consentimiento abierto, en blanco, genérico o irrestricto, resulta claro que ante la formalización o establecimiento de cada acuerdo o autorización de inversión se planteará la disyuntiva de concertar una cláusula arbitral o un compromiso, esto es, para cada inversión en particular se precisará de un acuerdo arbitral escrito.

  • 4)Remisión al artículo I de la Convención Interamericana sobre arbitraje comercial internacional de 30 de enero de 1975 (artículo 10.17.2.c) La remisión que efectúa el artículo 10.17.2.c del Tratado de Libre Comercio a la Convención Interamericana sobre arbitraje comercial internacional de 30 de enero de 1975, aprobada por la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 6165 de 2 de diciembre de 1977, demuestra, una vez más, la necesidad de un acuerdo arbitral por escrito frente a cada inversión y la ausencia de una imposición genérica por el Tratado al Estado costarricense de un consentimiento abierto. En efecto, el artículo 1 de la referida convención establece lo siguiente:

‘Artículo 1 Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil. El acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, telegramas o comunicaciones por telex.’ 5) Conclusiones En suma, el artículo 10.17.1 del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos, no puede ser entendido como una cláusula compromisoria genérica e incondicional, puesto que, cuando así se ha querido establecer en un Tratado de Libre Comercio o en un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones –“tratados bilaterales de inversión”-, se incluye una cláusula expresa e inequívoca en ese sentido, tal y como sucedió, en el pasado, con el Acuerdo entre la República de Chile y la República de Costa Rica para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (aprobado por la Ley No. 7748 de 23 de febrero de 1998), cuyo artículo IX, párrafo 2°, dispuso, al efecto, “(…) cada Parte Contratante da su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda diferencia pueda ser admitida a este arbitraje (…)” o bien en el Acuerdo con Canadá sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (aprobado por Ley No. 7870 de 5 de mayo de 1999), cuyo numeral XII.5 estipuló que “Cada Parte Contratante por medio del presente Acuerdo otorga su consentimiento incondicional para someter una diferencia a arbitraje internacional de acuerdo con lo dispuesto en este Artículo”.

De ninguno de los artículos de la Sección B del Capítulo X del Tratado de Libre Comercio objeto de análisis, se puede extraer que el Estado costarricense haya otorgado un consentimiento anticipado, incondicional e irrevocable con solo su suscripción y de previo al surgimiento de cualquier diferendo entre aquél y un inversionista de un Estado parte. Por el contrario, la interpretación contextual y sistemática del Tratado de Libre Comercio, permite concluir que es para cada inversión concreta y particular que el Estado puede otorgar su consentimiento –vía cláusula compromisoria o compromiso- para someter la controversia con un inversionista al arbitraje, tomando en consideración que el Estado puede exigir como condición previa el agotamiento de las vías internas administrativa y jurisdiccional, según lo establece el artículo 26 del Convenio del CIADI. Los artículos 10.16.3 y 10.17.2 no disponen que alguna de las normas del CIADI no deben ser aplicada, todo lo contrario, se trata, en el primer caso, de una remisión genérica al Convenio del CIADI y, en el segundo supuesto, de una remisión específica al Capítulo II de ese instrumento, en el cual se encuentran, precisamente, emplazados los ordinales 25 y 26 ya referidos.

Consecuentemente, si se hubiere querido la no aplicación del artículo 26 del Convenio del CIADI, los negociadores de las partes debieron haberlo estipulado expresamente en el Tratado, de igual forma si se quería una cláusula compromisoria incondicional y anticipada no debió haberse efectuado una remisión al Capítulo II del Convenio del CIADI, al artículo II de la Convención de Nueva York y al artículo I de la Convención Interamericana. Es menester señalar que todo lo anteriormente apuntado no desdice o pone en tela de duda el compromiso que asumió el Estado costarricense, al suscribir el Tratado de Libre Comercio, de esforzarse, procurar y utilizar todos los medios para someter las diferencias de orden patrimonial al arbitraje internacional, todo con el fin manifiesto de crear un clima de seguridad y certeza para los inversionistas extranjeros”.

En el sub examine, el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa y el de la República de Colombia contiene normas similares a las analizadas supra, como se indica de seguido:

En relación con la remisión general para el sometimiento de una reclamación al CIADI y al CNUDMI, la Sección B) del Capítulo 12 “Solución de Controversias Inversionista – Estado”, artículo 12.17 inciso 4) dispone: “Una vez cumplidas las condiciones establecidas en el párrafo 2 y en el artículo 12.19, el demandante puede someter la reclamación a la que se refiere el párrafo 1: (a) de conformidad con el Convenio del CIADI y las Reglas de Procedimiento para Procedimientos Arbitrales del CIADI, siempre que tanto el demandado como la Parte del demandante sean partes del Convenio del CIADI; (b) de conformidad con el Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI, siempre que el demandado o la Parte del demandante sean parte del Convenio del CIADI; (c) de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI; o (d) si las partes contendientes lo acuerdan, ante una institución de arbitraje ad hoc, o ante cualquier otra institución de arbitraje o bajo cualesquiera otras reglas de arbitraje”.

Atinente al consentimiento específico de cada una de las Partes al arbitraje, con remisión expresa al Capítulo II del Convenio del CIADI, el artículo 12.18 inciso 2 a) del Tratado dispone: “El consentimiento a que se refiere el párrafo 1 y el sometimiento de la reclamación a arbitraje con arreglo a la presente Sección cumplirá con los requisitos señalados en: (a) el Capítulo II del Convenio del CIADI (Jurisdicción del centro) y el Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI, que exigen el consentimiento por escrito de las partes de la controversia;”.

Con referencia a la remisión del Tratado a la Convención sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras Convención de Nueva York, artículo II de dicha Convención, expresa en el artículo 12.18 inciso 2 b) lo siguiente: “(b) el Artículo II de la Convención de Nueva York, que exige un “acuerdo por escrito”.

Finalmente respecto de la remisión al artículo I de la Convención Interamericana sobre arbitraje comercial internacional, el numeral 12.18 inciso 2 in fine establece: “y el Artículo I de la Convención Interamericana, que requiere un acuerdo por escrito”.

Una vez establecida la similitud regulatoria en materia de solución de controversias inversionista - Estado entre el tratado objeto de esta consulta y el Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica -Estados Unidos, nos parece oportuno hacer las siguientes consideraciones.

  • 1)Como señalan los Magistrados Mora (q.d.D.g) y Jinesta, el artículo 26 del Convenio del CIADI establece que “(…) Un Estado Contratante podrá exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales, como condición a su consentimiento al arbitraje conforme a este Convenio”.

A lo anterior se debe agregar que Costa Rica, al momento de aprobar tal Convenio por Ley número 7332 de 30 de marzo de 1993, determinó una declaración interpretativa al numeral 26 y una reserva al ordinal 42 del CIADI. En el sub examine, interesa la primera, la cual dice: “DECLARACION INTERPRETATIVA AL ARTICULO 26: Que solo se podrá recurrir al procedimiento de arbitraje dispuesto por el Convenio para la Solución de controversias relativas a inversiones, cuando previamente se haya hecho agotamiento de todos los medios locales existentes ya sean de tipo administrativo o judicial”.

Tales disposiciones, respecto de las cuales a la fecha no tenemos duda alguna de constitucionalidad (compartimos el criterio vertido en el voto número 1079-93 de las 14:48 horas de 2 de marzo de 1993 y en esto diferimos del criterio de los Magistrados Mora (q.d.D.g) y Jinesta en cuanto que podría haber dudas de constitucionalidad), implican que Costa Rica solo podrá ir a arbitraje cuando primero se agoten las instancias internas administrativas y jurisdiccionales. Esto conlleva, para esos magistrados, otra consecuencia: si el Estado decide el agotamiento previo de la vía jurisdiccional, el resultado será la emisión de una sentencia con carácter de cosa juzgada material.

Ahora bien, contrario a la posición sostenida por los Magistrados Mora (q.d.D.g) y Jinesta, estimamos que la referida declaración interpretativa al artículo 26 no implica que una vez agotada la sede jurisdiccional interna, el asunto no pueda ser sometido a arbitraje en los términos del CIADI. En realidad, en tales casos, no se estaría reabriendo una causa fallada con autoridad de cosa juzgada, sino que la verdadera cosa juzgada no se daría sino hasta que estuviese agotada la fase del arbitraje internacional en los términos del CIADI.

En este sentido, hay que recordar el valor de las declaraciones interpretativas. Como es bien sabido, la declaración interpretativa tiene como objeto aclarar el sentido de una cláusula de un tratado internacional cuando es oscura o el texto ofrece diversas opciones posibles, siempre y cuando no desvirtúe el objeto original del convenio. La Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas las define como: "Una declaración unilateral, cualquiera [que] sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional, con el objeto de precisar o aclarar el sentido o el alcance que ese Estado o esa organización internacional atribuye al tratado o algunas de sus disposiciones". (véase Comisión de Derecho Internacional, 51 periodo de sesiones, 3 de mayo-23 de julio de 1999, Nueva York, Naciones Unidas, 1999, p. 194). Las declaraciones interpretativas de este tipo, a diferencia de las reservas, no tienen por objeto excluir o modificar los efectos jurídicos de un tratado.

Como bien se señala en el Manual de Tratados de la Organización de Naciones Unidas, preparado por la Sección de Tratados de su Oficina de Asuntos Jurídicos, tanto las declaraciones obligatorias como las facultativas son jurídicamente vinculantes para los sujetos de Derecho internacional declarantes. De ahí que las declaraciones interpretativas sí impongan obligaciones jurídicas a los declarantes en el ámbito internacional. Por otra parte, en este asunto no podemos dejar de lado las reglas de interpretación de los tratados internacionales. En este ámbito, este Tribunal ha expresado lo siguiente: “a) El Tratado debe ser interpretado de acuerdo con el sentido razonable del objeto que regula, b) El objeto, en sí mismo, debe ser igualmente razonable; es decir, que sea adecuado y no inconsistente con los principios generalmente reconocidos; c) Se presume que las partes coinciden en los efectos del Tratado, de manera que las partes coinciden en los efectos de Tratado, de manera que no es admisible la interpretación que vuelva sin sentido o ineficaz a una estipulación, o al mismo tratado, Ch) Toda interpretación debe estar dirigida a hacer la operación del Tratado, consistente con la buena fe”. (El subrayado es nuestro). Voto 123-93.

De interpretarse el convenio objeto de esta consulta en el sentido que primero deben agotarse las vías internas y que es imposible acudir al arbitraje internacional una vez que haya cosa juzgada material por un fallo de la jurisdicción nacional, simple y llanamente se estaría haciendo ineficaz no solo el convenio consultado en cuanto a este extremo, sino el propio CIADI, toda lo cual vulnera tanto las reglas de interpretación de los tratados, como principios básicos del derecho internacional público, que regentan la interpretación y aplicación de los tratados, en particular el de la buena fe.

De ahí que optamos por una interpretación diferente, en el sentido que en virtud de la cláusula interpretativa al artículo 26 del CIADI, en el sub examine, la autoridad de cosa juzgada, cuya determinación es un tema de legalidad, solo se da cuando se agota la vía del arbitraje internacional.

Al respecto, se debe advertir que el parámetro de control de constitucionalidad, según el artículo 1º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no solo está compuesto por las normas de la Ley Fundamental, sino que también por “los principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica”. Ergo, todas las fuentes jurídicas, principios y derechos citados, que comprenden tanto principios constitucionales como otros del Derecho Internacional o Comunitario, en el ejercicio del control de constitucionalidad, deben aplicarse de manera armonizada, de manera que sus contenidos protectores se optimicen de la mejor manera posible y no se afecte el contenido esencial de ninguno de ellos.

Precisamente, uno de los principios fundamentales del derecho internacional consiste en que ningún Estado puede invocar su ordenamiento jurídico interno para desligarse o incumplir una obligación derivada de un convenio internacional, el cual está recogido en el numeral 27 de la Convención de Viena sobre los Tratados.

Asimismo, el principio de derecho internacional effet utile exige del Estado, en la interpretación y aplicación de los Tratados, y de aquellos no autoaplicables (non-self executing), la obligación de estimular a todos los órganos del aparato estatal para que se generen efectos duraderos en el orden interno de acuerdo con las obligaciones internacionales adquiridas, de modo que se deben tomar las medidas necesarias en todo su conjunto, para asegurar que los términos de un acuerdo internacional tengan efectos en armonía con el derecho interno. A esto siguen los mecanismos de cooperación entre los Estados y organizaciones internacionales, y de seguimiento sobre la compatibilidad de la legislación interna con la de los convenios internacionales.

En igual sentido, los principios de pacta sunt servanda y bona fides determinan que los tratados deben ser cumplidos tal y como se consagran de buena fe, por cuanto la obligatoriedad del tratado entre las partes les impone establecer políticas tendentes a su adecuado cumplimiento.

Los principios anteriores obligan a una interpretación del derecho interno, incluida por supuesto la Constitución y de las normas de los tratados suscritos por Costa Rica, a la luz del principio de coherentia, en virtud del cual, ante dos enunciados, uno de una norma de un tratado internacional y otra de una del derecho interno, en la medida de lo posible, no debe atribuírseles un significado que produzca una incompatibilidad entre ellas. La exigencia de coherencia es una consecuencia lógica de los principios de pacta sunt servanda, bona fides y effet utile a los que ya hemos hecho referencia. Si los Estados se comprometen en el orden internacional es porque tienen la voluntad de cumplir las obligaciones contraídas y es deber de los Estados y de sus órganos internos adoptar todas las medidas, incluidas aquellas de carácter interpretativo, para adaptar el ordenamiento interno de manera que el objetivo perseguido se alcance.

Así las cosas, la conclusión de que dada la declaración interpretativa al artículo 26, ningún asunto con cosa juzgada material podría ser sometido a arbitraje, implicaría, ni más ni menos, que vaciar de contenido el arbitraje internacional según los compromisos adquiridos por el país a través del CIADI y todos los tratados posteriores que a él han remitido, lo que a su vez supone una flagrante violación a los mencionados principios del derecho internacional, que forman parte del parámetro de control de constitucional y pondría al país en un situación muy comprometida frente a la comunidad internacional. Por lo demás, tal interpretación sería contraria al propio bloque de constitucionalidad, toda vez que no pondera los citados principios del derecho internacional público.

Por tales razones, el Tribunal Constitucional, en ejercicio del control de constitucionalidad, tiene la obligación de armonizar las obligaciones derivadas de la Constitución Política y el Derecho Internacional, todo ello en la medida que el razonamiento técnico jurídico preciso y fundado en el bloque de constitucionalidad así lo permita, de manera que los contenidos protectores de las diversas fuentes se optimicen de la mejor manera posible, eso sí sin que eso afecte el contenido esencial de ninguno derecho fundamental.

Ciertamente, en el plano interno, el derecho constitucional tiene prioridad sobre el internacional; sin embargo, en el plano externo, lo anterior no justifica el incumplimiento unilateral de un Estado de una obligación convencional vinculante, lo que irremediablemente acarrearía responsabilidad para el Estado que incumple por tratarse de la violación del derecho internacional, y solo tendría la posibilidad complicada de proceder con la regulación de la nulidad, terminación o suspensión de la aplicación de los tratados conforme a la Parte V de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

De ahí que el juez constitucional, antes de someter al país a situaciones tan complejas, primeramente tenga el deber de interpretar de manera conciliatoria los instrumentos inmersos en un conflicto derecho interno-derecho internacional, y solo en caso de que no sea jurídicamente plausible una interpretación armoniosa o que irremediablemente se vacíe de su contenido esencial a un derecho constitucional, tendría preponderancia el derecho interno, tesis que en lo fundamental es seguida por reconocidos internacionalistas como Thomas Buergenthal, Hector Gross Espiell, Claudio Grosman y Harold G. Maier. Esta aproximación o modo de análisis a este tipo de situación se justifica aún más puesto que el parámetro de constitucionalidad incluye, según se explicó supra, los principios del derecho internacional o comunitario como dispone el artículo 1º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

A mayor abundamiento, el criterio de otros tribunales internacionales explica nuestra posición.

Por ejemplo, la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI), en el caso de las “zonas francas” (CPJI, Ser. A/B, No. 46, p.167), dijo: “Francia no puede apoyarse en su propia legislación para limitar el alcance de sus obligaciones internacionales”; igualmente se pueden citar las sentencias arbitrales en los asuntos “Montijo” (26/7/1875) y “Georges Pinson” (19/10/28). Además, la CPIJ, en el caso de los nacionales polacos de Dantzig (1932) que habían pasado en este mismo carácter a Polonia, respecto a un acuerdo celebrado entre dos sujetos de Derecho Internacional (CPJI, Ser. A/B, No. 44, p. 24), dijo: “… puede fácilmente admitirse que, según un principio bien establecido de Derecho Internacional, el acuerdo, siendo un tratado internacional, no puede, como tal, crear directamente derechos y obligaciones para particulares. Pero no puede negarse que el objeto mismo de un acuerdo internacional, conforme a la intención de las partes contratantes, puede ser la adopción por las partes contratantes, de algunas reglas definidas que creen derechos y obligaciones para los individuos y sean susceptibles de ser aplicadas por los tribunales nacionales.” En adición señaló: “Un Estado no puede invocar contra otro su propia Constitución con miras a evadir obligaciones que le incumba por el Derecho Internacional”.

Por su parte, el CPJI en el asunto del intercambio de poblaciones griegas y turcas expresó: “Un Estado que ha contraído válidamente obligaciones internacionales está obligado a introducir en su legislación las modificaciones que sean necesarias para asegurar la ejecución de los compromisos asumidos” (CPJI, Serie B, núm. 10, p. 20). En igual sentido, en el caso del estatuto jurídico de Groenlandia Oriental, la CPJI juzgó una declaración hecha por el ministro de Relaciones Exteriores al ministro de Dinamarca. La Corte dijo que dicha declaración obligaba a Noruega, a pesar de que este Estado aducía que su ministro había sobrepasado sus poderes constitucionales (CPJI, Serie A/B, núm. 46, p. 170). También la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva en el asunto “Aplicabilidad de la obligación de arbitraje en virtud de la sección 21 del acuerdo de 26 de junio de 1947 relativo a la Sede de la Organización de las Naciones Unidas (1988), dispuso: “Bastaría recordar el principio básico de que el Derecho Internacional prevalece sobre el Derecho Interno.

Este principio fue avalado por decisiones tan antiguas como la sentencia arbitral de 14 de septiembre de 1872 en el asunto Alabama entre Gran Bretaña y los EE.UU., y ha sido frecuentemente citado desde entonces, por ejemplo en el asunto de las Comunidades greco-húngaras en el que la Corte Permanente de Justicia Internacional afirmó que: “es un principio de derecho internacional universalmente aceptado el que en las relaciones entre potencias que son partes de un tratado, la normas de derecho interno no pueden prevalecer sobre las del tratado” (ICJ Reports-CIJ Recueil, 1988).

La postura que estamos siguiendo tiene una ventaja adicional, en la medida que el Tribunal Constitucional ejerce una función preventiva ante eventuales responsabilidades internacionales que pudieran exigírsele al Estado costarricense por incumplir obligaciones internacionales derivadas de un instrumento internacional.

  • 2)Amén de lo anterior, en el mismo sentido que los Magistrados Mora (q.d.D.g) y Jinesta indicaron en cuanto al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América, en este Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia, no se le impone al Estado costarricense un consentimiento abierto, en blanco o irrestricto para solventar cualquier diferendo con un inversionista ante un panel arbitral.

Al igual que el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América, en el caso del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia, su artículo 12.18 inciso 2 a) remite al Convenio del CIADI, el inciso 2 b) dispone lo siguiente: “(b) el Artículo II de la Convención de Nueva York que exige un “acuerdo por escrito”, mientras que finalmente se señala: “y el Artículo I de la Convención Interamericana, que requiere un acuerdo por escrito”.

Con base en tal referencia, se descarta que, en cuanto al tratado objeto de esta consulta, que el Estado pueda emitir un consentimiento genérico y abierto para someter cualesquiera futuros diferendos a un arbitraje. En realidad, se requiere una manifestación específica de consentimiento (ya sea un acuerdo o un compromiso arbitral) de ambas partes para someter a un proceso de arbitraje internacional una controversia individual o un grupo de controversias que hubieran surgido o pudieran surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual.

Está claro que lo dispuesto en el ordinal 12.18 constituye una regla especial que en particular regula el consentimiento de cada Parte al arbitraje. En tanto norma especial, la misma siempre deberá ser acatada en cualquiera de las vías a que se decida someter un arbitraje (inciso 4 (a), (b), (c) y (d) del artículo 12.17).

  • 3)En conclusión, estimamos que el numeral 12.18 de la Sección B, Capítulo 12 del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia no es inconstitucional siempre que se interprete 1) que solo se podrá recurrir al procedimiento de arbitraje dispuesto por el “Convenio para la solución de controversias relativas a inversiones” (CIADI), cuando previamente se haya hecho agotamiento de todos los medios locales existentes ya sean de tipo administrativo o judicial, 2) que en relación con el tratado objeto de esta consulta, para cada controversia individual o grupo de controversias que hubieran surgido o pudieran surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, se precisa, inexorablemente, de una manifestación específica de consentimiento por parte del Estado al arbitraje.

XII. VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS ARMIJO SANCHO Y CRUZ CASTRO, CON REDACCIÓN DEL PRIMERO

En cuanto al fondo del convenio consultado, los suscritos Magistrados deseamos dejar constancia de que mantenemos la posición que expresamos en la sentencia No. 2007– 09469 de las 10:00 hrs. de 3 de julio de 2007, en el tanto consideramos inconstitucional el mecanismo de solución de controversias entre los inversionistas y los Estados parte, instaurado en el Capítulo XI del Tratado, básicamente porque en el artículo 11.21.1 se estipula un consentimiento estatal genérico para someter la controversia a arbitraje, en cuanto a una gama indeterminada de materias; además, el numeral 11.20.1.a) hace depender el arbitraje, única y exclusivamente de la voluntad del inversionista, al disponer que: “(…) el demandante, por cuenta propia, podrá someter a arbitraje una reclamación (…)” (el énfasis no pertenece al original). Es decir, la decisión de acudir a la sede jurisdiccional interna o bien al mecanismo en cuestión, es potestativa solo para el demandante y, una vez que éste se decante por una u otra opción, la decisión se torna irrevocable, lo que es ilegítimo, por contrariar lo dispuesto en el artículo 43 constitucional.

De otra parte, también estimamos contrarias a nuestro supremo cuerpo normativo, las normas que otorgan potestades a la Comisión Administradora, regulan lo relativo a la prestación de servicios de telecomunicaciones, así como lo referente a las patentes sobre obtenciones vegetales, puntos respecto de los cuales mantenemos nuestra posición externada en el pronunciamiento supra mencionado.

Por tanto:

Se evacua la consulta formulada en el sentido de que no existen vicios esenciales de procedimiento ni lesiones constitucionales en el contenido del proyecto de "Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia", expediente legislativo número 18805. Los Magistrados Jinesta Lobo, Hernández López y Salazar Alvarado por una parte y los Magistrado Castillo Víquez y Rueda Leal por otra, ponen nota separada.- Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvan el voto y declara la existencia de infracciones al ordenamiento constitucional en el punto de la resolución de controversias.

Gilbert Armijo S.

Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

*SMKTQNMJJYA61*

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