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Res. 03841-2014 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 19/03/2014

Inadmissibility of Challenge on Binding Constitutional JudgmentsInadmisibilidad de acción sobre vinculatoriedad de sentencias constitucionales

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OutcomeResultado

InadmissibleInadmisible

The Chamber summarily dismissed the action because the cited disciplinary proceeding was not a reasonable vehicle for challenging judgments from concluded mining litigation and because the claim lacked clear and precise constitutional grounds.La Sala rechazó de plano la acción porque el procedimiento disciplinario invocado no era un medio razonable para impugnar sentencias de un proceso minero concluido y porque la demanda carecía de fundamentación constitucional clara y precisa.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber summarily dismissed a constitutional challenge to an alleged line of precedent from the First Chamber and the administrative courts concerning the binding scope of constitutional judgments. The claimant connected that precedent to disciplinary proceedings arising from official actions related to the Crucitas Mining Project. The Chamber did not decide the substantive controversy over constitutional res judicata or the project’s environmental legality. It held that the administrative dismissal proceeding was not a reasonable vehicle for challenging judgments issued in an already concluded judicial case: the former concerned alleged misconduct in public office, while the latter addressed the legality of a mining authorization. The filing was also inadequately reasoned. Although the claimant discussed the binding effect of constitutional decisions in general terms, she did not clearly connect the challenged precedent to specific constitutional provisions or explain how it impaired a fundamental right. Two justices considered summary dismissal premature because the claimant should first have been allowed to cure the deficiencies.La Sala Constitucional rechazó de plano una acción que cuestionaba una supuesta línea jurisprudencial de la Sala Primera y de los tribunales contencioso-administrativos sobre el alcance vinculante de las sentencias constitucionales. La promovente vinculó esa jurisprudencia con un procedimiento disciplinario derivado de actuaciones relacionadas con el Proyecto Minero Crucitas. La Sala no resolvió el debate sustantivo sobre cosa juzgada constitucional ni sobre la validez ambiental del proyecto. Determinó que el procedimiento administrativo de despido no era un medio razonable para impugnar sentencias dictadas en un proceso judicial ya concluido, pues aquel examinaba posibles faltas funcionales y este último había resuelto la legalidad de una autorización minera. Además, consideró insuficiente la fundamentación: la accionante expuso en términos generales la vinculatoriedad de los fallos constitucionales, pero no relacionó claramente la jurisprudencia impugnada con normas constitucionales concretas ni explicó cómo lesionaba un derecho fundamental. Dos magistrados estimaron prematuro el rechazo sin prevención previa.

Key excerptExtracto clave

IV.- CONCLUSION. In view of the foregoing, the action is inadmissible because it does not constitute a reasonable means of protecting the right considered to have been infringed and because it lacks adequate grounds. Therefore: The action is summarily dismissed. Justice Rueda Leal and Justice Hernández López dissent solely with respect to the matters stated in Consideration III of this judgment. Justice Castillo Víquez files a separate note.IV.- CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto, la acción resulta inadmisible por no constituir medio razonable para amparar el derecho que se considera lesionado y por falta de fundamentación. Por tanto: Se rechaza de plano la acción. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrado Hernández López salvan el voto, únicamente, en relación con lo indicado en el considerando III de esta sentencia. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En otras palabras, en el proceso judicial en el que se dictaron las sentencias de referencia, se impugnó el permiso otorgado por el Estado a una empresa privada, para la explotación minera; mientras que en el procedimiento administrativo tramitado ante el Servicio Civil en contra de la actora, se pretende sancionar a ésta por las supuestas faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones; lo que constituye procesos de diferente naturaleza, no vinculantes entres sí."

    "In other words, the judicial proceeding in which the referenced judgments were issued challenged the permit granted by the State to a private company for mining operations, whereas the administrative proceeding brought against the claimant before the Civil Service seeks to sanction her for alleged misconduct in the performance of her duties; these are proceedings of a different nature and are not binding upon one another."

    Considerando II

  • "En otras palabras, en el proceso judicial en el que se dictaron las sentencias de referencia, se impugnó el permiso otorgado por el Estado a una empresa privada, para la explotación minera; mientras que en el procedimiento administrativo tramitado ante el Servicio Civil en contra de la actora, se pretende sancionar a ésta por las supuestas faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones; lo que constituye procesos de diferente naturaleza, no vinculantes entres sí."

    Considerando II

  • "Dicho requisito no se traduce en una mera formalidad, sino en un requisito esencial de admisibilidad, pues en virtud del principio pro sentencia –desarrollado en otras ocasiones por esta Sala- según el cual, los requisitos de admisibilidad deben interpretarse en sentido favorable a la acción, además, el Derecho Constitucional es de orden público preferente y en garantía de su supremacía y vigencia hay un interés público en virtud del cual los obstáculos para la admisión y resolución de fondo de una acción, deben interpretarse y aplicarse restrictivamente."

    "That requirement is not a mere formality but an essential condition of admissibility because, under the pro-judgment principle developed by this Chamber, admissibility requirements must be interpreted in favor of the action; moreover, Constitutional Law is preferential public law, and the public interest in safeguarding its supremacy and effectiveness requires obstacles to admission and a merits decision to be interpreted and applied restrictively."

    Considerando III

  • "Dicho requisito no se traduce en una mera formalidad, sino en un requisito esencial de admisibilidad, pues en virtud del principio pro sentencia –desarrollado en otras ocasiones por esta Sala- según el cual, los requisitos de admisibilidad deben interpretarse en sentido favorable a la acción, además, el Derecho Constitucional es de orden público preferente y en garantía de su supremacía y vigencia hay un interés público en virtud del cual los obstáculos para la admisión y resolución de fondo de una acción, deben interpretarse y aplicarse restrictivamente."

    Considerando III

  • "En consecuencia, la falta de fundamentación de la acción, impide el dictado de una sentencia debidamente motivada y congruente con lo pretendido."

    "Consequently, the action’s lack of supporting grounds prevents the issuance of a properly reasoned judgment consistent with the relief sought."

    Considerando III

  • "En consecuencia, la falta de fundamentación de la acción, impide el dictado de una sentencia debidamente motivada y congruente con lo pretendido."

    Considerando III

  • "De igual forma, no sobra en absoluto dejar sentado además que -en nuestro criterio- tanto la interpretación de los artículos 78 y 79 como la del propio 80 de la Ley que rige esta jurisdicción, debe ser amplia en beneficio de quienes acuden a esta Sala, de modo el acceso a la justicia constitucional no se resulte innecesariamente limitado."

    "Likewise, it bears emphasizing that, in our view, Articles 78 and 79, as well as Article 80 of the law governing this jurisdiction, must be interpreted broadly for the benefit of those who come before this Chamber, so that access to constitutional justice is not unnecessarily restricted."

    Voto salvado

  • "De igual forma, no sobra en absoluto dejar sentado además que -en nuestro criterio- tanto la interpretación de los artículos 78 y 79 como la del propio 80 de la Ley que rige esta jurisdicción, debe ser amplia en beneficio de quienes acuden a esta Sala, de modo el acceso a la justicia constitucional no se resulte innecesariamente limitado."

    Voto salvado

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Sections

Procedural marks

*130121010007CO* Decision No. 2014003841 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and five minutes on March nineteenth, two thousand fourteen.

Action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) filed by [NOMBRE 001], of legal age, single, attorney, holder of identity card number [VALOR 001], resident of Mata de Plátano, Goicoechea; against the CASE LAW (JURISPRUDENCIA) OF THE FIRST CHAMBER OF CASSATION AND THE ADMINISTRATIVE LITIGATION COURTS REGARDING THE SCOPE OF THE BINDING EFFECT OF THE JUDGMENTS OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER.

Background (Resultando):

  1. 1By a written submission received by the Secretariat of the Chamber on 24 de octubre del 2013, the claimant requests that the case law of the First Chamber of Cassation and the Administrative Litigation Courts concerning the scope of the binding force (vinculatoriedad) of the judgments of the Constitutional Chamber be declared unconstitutional. She alleges that, in the dismissal proceeding being conducted against her, both the Ministry of Environment and Energy, in filing the dismissal petition, and the Civil Service Tribunal, in issuing resolution number 12171 at 07:40 in the month of junio del 2013, based their factual and legal grounds on judgment number 4399-2010 of Section IV of the Administrative Litigation Court, which was affirmed in all respects by judgment number 001469-F-S1-2011 of the First Chamber of Cassation. Furthermore, when considering the statute-of-limitations defense (excepción de prescripción) that she raised, the Civil Service Tribunal rejected the defense, upheld the Ministry’s actions, and treated judgment 4399-2010 of Section IV of the Administrative Litigation Court as evidence of the violations allegedly committed, according to the Minister’s complaint.She states that both judgments disregarded the binding force of the judgments of the Constitutional Chamber because the same case had already been decided with the effect of substantive res judicata (cosa juzgada material) by judgments number 2010-6922 and 14009-2010 of the Constitutional Chamber. Por tanto, it was the administrative litigation jurisdiction’s disregard for the binding force of the aforementioned judgment of that Court that allowed a petition for dismissal without employer liability (despido sin responsabilidad patronal) to be filed against her and two other officials. She asserts that both judgments form part of the settled line of case law of the Administrative Litigation Courts and the First Chamber of Cassation, which systematically disregards the binding force of Constitutional Chamber judgments in administrative litigation matters. Accordingly, she considers herself to have standing (legitimación) to bring this action because a judgment granting relief in this proceeding would have factual and legal scope and implications within the dismissal proceeding, in which she is accused of acts classified as serious violations that the Administrative Litigation Court deemed irregular and void, whereas the Constitutional Chamber’s rulings, specifically 2010-6922 and 2010-14009, which carry the authority of substantive res judicata, found precisely the opposite by deeming those administrative actions lawful; and if the constitutional decision were accepted because of its binding nature, the grounds relied upon to find dismissal without employer liability warranted would clearly disappear.She maintains that, in this case, the aforementioned judgment of the Constitutional Chamber takes on greater significance because the parties, subject matter of the proceeding, and claims of the claimants were exactly the same both in the amparo proceeding (recurso de amparo), which this Chamber dismissed in all respects, and in the judgments granting relief issued by the administrative litigation jurisdiction. On the merits, she argues that the First Chamber and the Administrative Litigation Courts have departed from the judgments of the Constitutional Chamber and created an autonomy that compromises basic tenets of the rule of law. To curtail the effects of Constitutional Chamber judgments is to violate the Constitution itself and, with it, the foundations of the Costa Rican legal system. In the case law whose unconstitutionality she seeks to have declared, the First Chamber and the Administrative Litigation Courts reach the following conclusions: a) They recognize the authority of res judicata (cosa juzgada) only for judgments granting relief and therefore treat that doctrine as relative with respect to judgments denying relief, particularly those issued in amparo proceedings.They consider that such proceedings do not preclude review of the same issue in the ordinary courts. b) The effects of the Chamber’s decisions—that is, their binding force—are limited to issues of a constitutional nature and significance, while matters involving mere legality are reserved for the administrative litigation jurisdiction. c) For res judicata to be declared, the requirements of artículo 163 of the Código Procesal Civil must be verified; that is, there must be identity of parties, subject matter, and cause. d) Res judicata is limited to the operative portion (parte resolutiva) of the judgment. Consequently, many matters litigated through both avenues have produced different outcomes, creating a conflict between jurisdictions and a situation of legal uncertainty and infringement of the right to social peace because disputes are resolved in contradiction to the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución) and constitutional res judicata, as occurred in the proceeding that serves as the underlying matter for filing this action of unconstitutionality.She states that artículo 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes the principle that the case law and precedents of the Constitutional Chamber are binding erga omnes, except upon the Chamber itself. This provision is the legislative expression of a constitutional principle constructed through two different avenues: first, through a harmonious interpretation of artículo 42 of the Carta Política, insofar as it grants the Chamber’s decisions in the various constitutional proceedings the authority of res judicata, together with artículos 10, 48, 155 y 166 of the Constitución. Indeed, it is well known that the effectiveness of res judicata in constitutional proceedings is twofold: backward-looking, as in civil matters, and forward-looking, since otherwise public authorities, exercising the privilege of enforceability of their own decisions—a privilege that private parties lack—could render the judgments issued in such proceedings ineffective by adopting new provisions or acts similar to those annulled.In other words, judgments in the constitutional jurisdiction perform a preventive function for the future to prevent subsequent decisions by public bodies from infringing the Law of the Constitution. Consequently, res judicata in constitutional proceedings binds everyone, including those who were not parties to the proceeding; that is, it has erga omnes effect, except upon the court that issued the decision itself. Otherwise, it would not be legally possible to explain why that Chamber’s decisions bind the other Chambers of the Court, which occupy the same hierarchical level and are even vested with subject-matter specialization. There is another avenue for reaching the same conclusion: the erga omnes binding force of Constitutional Chamber precedents, except upon the Chamber itself, is one of those principles derivable from ordinary legislation by virtue of the principle of legal regularity (regularidad jurídica) developed by Hans Kelsen.Under that principle, which excludes the existence of areas devoid of Constitutional Law, every rule must necessarily derive its validity from another rule of higher rank. Consequently, for artículo 13 of the L.J.C. to be constitutionally valid, it presupposes the existence of a constitutional principle providing its normative foundation. Thus, it is clear that the constitutional principle of the erga omnes binding force of Constitutional Chamber decisions has a dual constitutional basis: first, artículo 42 of the Carta Política in relation to artículos 10, 48, 155 y 166 of the Constitución; and second, the legal principle of legal regularity. The Constitución Política provides that the Constitutional Chamber is the preeminent guardian of the Constitution, established to protect fundamental rights and exercise supreme oversight of the constitutional regularity of the legal system and governmental actions.To safeguard that vital function, the Constitutional Chamber’s decisions have erga omnes effect as an unmistakable reflection of the Constitution’s legal supremacy; moreover, the ultimate determination of what is or is not constitutional, as well as the reach of constitutional law into every regulatory field, resides exclusively with the Constitutional Chamber as the supreme interpreter of the Constitution. The binding force of the Chamber’s decisions and precedents is the procedural manifestation of the Constitution’s superior hierarchy, and when faced with rulings issued by the constitutional jurisdiction, the Courts must respect the authority of the position expressed under the authority of the supreme law. Judicial bodies may neither contradict nor depart from the decisions of the Constitutional Chamber, since doing so would undermine our justice system and democratic institutions. By virtue of its constitutional jurisdiction and stature, the Constitutional Chamber addresses issues and extends its protection to all matters it deems necessary to safeguard fundamental rights.Accordingly, the ordinary jurisdictions, including the administrative litigation jurisdiction, hear only those matters that the Chamber itself determines they may hear, usually on a residual basis. The case law of the First Chamber of Cassation considers that there is a difference between res judicata and binding force and that the latter applies only “with respect to the interpretation of the scope of fundamental rights and constitutional provisions, but not with respect to matters of legality” (judgment 1000-F-SI-2010 at 9:35 on 26 de agosto del 2010). That conclusion is legally erroneous because it disregards the legal nature of constitutional rules and principles. Constitutional rules are general, flexible, and often abstract provisions that enshrine principles which necessarily must first be developed by the legislature and may subsequently be developed through the exercise of regulatory authority (potestad reglamentaria).The normative content of fundamental rights is established not only by their constitutional formulation, which enshrines their essential core, but also by their statutory and regulatory implementation. Most fundamental rights become operative only through legislative development. Environmental rights are an example, as they cannot be separated from constitutional regulations. Therefore, when the Chamber rules on an amparo proceeding concerning environmental matters, it must necessarily rule not only on the constitutionality of the challenged conduct but also on its legality, because the right to a healthy and ecologically balanced environment is defined both by its essential core (constitutional content) and by its ancillary and necessary elements (statutory and regulatory content). Accordingly, the judgments and precedents of the Constitutional Chamber are binding not only with respect to that Court’s interpretation of constitutional provisions but also with respect to the subconstitutional provisions (normas infraconstitucionales) that contribute to determining and defining the content of the respective fundamental right.Citing Maunz, the claimant states that the difference between the effects of res judicata and those of binding force is subjective in nature. The latter extends beyond the parties participating in the proceeding, unlike res judicata, which binds only the parties who participated in it. From the outset, the Chamber’s case law has defined the scope of its judgments and the binding force of its rulings.

The Constitutional Chamber heard the Proyecto Crucitas case on several occasions and issued seven rulings, all of them binding erga omnes and having the authority of res judicata (cosa juzgada). She alleges that the acts attributed to her were analyzed, in one way or another, by those rulings and found to be entirely lawful. Furthermore, the case file contains no evidence establishing intentional misconduct; all the evidence submitted and the basis invoked by the plaintiff consist of judgment 4399-2010 of the Tribunal Contencioso Administrativo, affirmed by the Sala Primera in ruling 1469-F-SI-2011. The Constitutional Chamber determined that the conduct of the public officials now characterized as improper, contrary to the principle of probity (principio de probidad), and even criminal, was lawful—that is, valid from both a constitutional and a legal standpoint. Por tanto, following that judgment of the Constitutional Chamber, no other judicial or administrative body may consider such conduct criminal.

She asserts that the determination made by the Constitutional Chamber is binding not only on the Administration but also on every court, where conduct found by a binding ruling of the Constitutional Chamber to have occurred within the applicable constitutional and legal parameters cannot be deemed improper. Regarding the ratio decidendi, the claimant states that it consists of the reasons that led the Constitutional Court to decide as it did. German legal scholarship has employed various lines of reasoning to justify that the ratio decidendi of Constitutional Court judgments is also binding on the other courts, constitutional bodies, and administrative entities. The Chamber addressed this issue in votes 2582-94 and 279-98. The binding force (vinculatoriedad) of the Constitutional Chamber’s judgments is not limited to the operative part of the decision, because the most important elements are its grounds and reasoning.

Constitutional proceedings (proceso constitucional) are not proceedings concerning claims, but proceedings for the protection of subjective legal situations (situaciones jurídicas subjetivas) and for judicial review of the constitutionality (control de constitucionalidad) of laws, general provisions, and individual acts of public authorities. That binding force has particular characteristics derived from the cited rules and principles, which stand in direct opposition to the jurisprudential criteria of the Sala Primera and the Tribunal Contencioso-Administrativo. Emphasizing the reasoning, there are three important consequences. First, it is the legal grounds, the recitals (considerandos) of the decision, and its factual framework that ultimately define the scope and expansion of the judgment’s effects and that alone make it possible to understand where “constitutionality” ends and “legality” begins, with neither a boundary nor a predetermined statutory demarcation between them.

Second, all rulings of the Constitutional Chamber, both those granting relief and those denying relief, have the same binding force and therefore equally produce constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional). Third, the binding nature of the Constitutional Chamber’s judgments produces effects beyond the parties involved, since they must be observed by all branches and public authorities and in similar future cases, and it encompasses both the Chamber’s interpretation of constitutional provisions and its interpretation of infra-constitutional provisions (normas infraconstitucionales). The conclusions drawn from the challenged case law disregard the binding erga omnes nature of the Constitutional Chamber’s judgments. From the perspective of the Constitución Política, all judgments have the same binding nature, and their effects cannot be limited to judgments granting relief, to the parties involved, or exclusively to determining the content of constitutional provisions.

According to the cited case law, the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa) restricts their effects to matters described as being of a constitutional nature and significance. This assertion contains a fallacy and is absurd and illogical. The Constitution is the supreme law and therefore extends its normative force and resilience to the remainder of the rules comprising the legal system. The sole purpose of that assertion is to disregard the effects of the Constitutional Chamber’s judgments and to claim exclusive jurisdiction to resolve what are defined as matters of mere legality. Fundamental rights, as well as all other constitutional provisions, have general constitutional content that necessarily must be specified through statutory or regulatory provisions for them to be operative. Accordingly, the Constitutional Chamber’s interpretation of infra-constitutional provisions that contribute to determining the content and scope of a constitutional provision, especially those establishing fundamental rights, is binding on all legal practitioners in the country, including the courts of every jurisdiction.

Moreover, the determination of the identities required by civil procedural legislation serves to constrain the general effects of judgments because it introduces formalistic criteria developed for disputes between private parties. All the foregoing demonstrates the constitutional defects in the previously described case law of the Sala Primera and the Tribunal Contencioso Administrativo. Furthermore, the manner in which the Tribunal Contencioso Administrativo ruled, as affirmed in all respects by the Sala I de Casación, in the Proyecto Minero Crucitas case demonstrates the application of that case law and its departure from the constitutional mandate. In the amparo proceeding (recurso de amparo) challenging the constitutional and legal validity of Proyecto Minero Crucitas, the Constitutional Chamber conducted a complete examination of the administrative conduct submitted for its review to protect the right to the environment, and its analysis addressed every dimension—constitutional, legal, and technical—to ensure effective protection of that constitutional right.

Accordingly, in assessing the challenged conduct that could cause environmental damage, the Constitutional Chamber examined the complete regulatory framework governing the activity, which, because it involved the use and exploitation of public-domain property (bienes de dominio público), was subject to a diverse body of rules and regulations establishing the conditions and requirements under which the authorized activity could be carried out, as well as the steps that had to be followed for that purpose. In this regard, in judgment number 2010-6922, issued at 14:35 on 16 de abril de 2010, the Chamber conducted an exhaustive, in-depth, and complete study and review of the substantive aspects of Proyecto Minero Crucitas, encompassing a wide variety of complex issues and clearly concluding that the concession granted to Industrias Infinitivo S.A. was lawful. Consequently, neither the Tribunal Contencioso-administrativo nor the case law on which that ruling was based could depart from the binding criterion expressed by the Constitutional Chamber in the aforementioned judgment.

The challenged case law therefore grossly and manifestly violates the constitutional principle that the rulings and precedents of the Constitutional Chamber are binding erga omnes, including upon the courts of justice. She states that the Constitutional Chamber has recognized legal certainty (seguridad jurídica) as a general principle of law that may also be conceptualized as an individual guarantee insofar as it makes it possible to establish a high degree of certainty regarding the continued existence of each person’s legal situations. Moreover, the Chamber has stated that it is also one of the fundamental values of the legal system. With respect to legal certainty, it is important to emphasize the ordering function of the Constitutional Chamber, insofar as it gives practical effect to the text of the Constitución Política; its judgments must therefore be implemented by all public authorities and likewise by the bodies of ordinary jurisdiction (jurisdicción ordinaria).

Legal certainty requires respect for and application of the constitutional principle that the Constitutional Chamber’s rulings and precedents are binding erga omnes, in order to prevent the same constitutional dispute from being litigated again and thereby avert disruption of social peace and order. Disregard for constitutional res judicata and, therefore, for the constitutional principle thus constitutes a breach of legal security and certainty, as well as of social peace and order.

  1. 2To establish her standing (legitimación) to bring this action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad), the petitioner states that the appeal and accompanying motion for nullity (nulidad) she filed against resolution 12171, which ordered her dismissal without employer liability (despido sin responsabilidad patronal), remain pending before the Tribunal del Servicio Civil.
  2. 3Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional authorizes the Chamber to summarily dismiss, on procedural grounds or on the merits, at any time, including upon filing, any application submitted for its consideration that is manifestly inadmissible, when it finds that sufficient grounds exist to dismiss it, or when it is merely a reiteration or reproduction of a previously rejected identical or similar application.

Justice Armijo Sancho writes the opinion; and,

Considering:

I. FORMAL REQUIREMENTS FOR ADMISSIBILITY OF THE ACTION

An action of unconstitutionality is a proceeding subject to certain formalities, which must be satisfied for the Chamber to validly consider the merits of the challenge. In this regard, Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes the admissibility requirements for an action of unconstitutionality. First, there must be a prior matter pending resolution, whether in judicial proceedings or in proceedings to exhaust administrative remedies (agotar la vía administrativa), in which unconstitutionality has been invoked as a reasonable means of protecting the right or interest alleged to have been infringed. In its second and third paragraphs, the law exceptionally establishes circumstances in which no prior matter is required: when, owing to the nature of the matter, there is no individual and direct injury; when the defense of diffuse or collective interests (intereses difusos o colectivos) is involved; or when the action is filed directly by the Contralor General de la República, the Procurador General de la República, the Fiscal General de la República, or the Defensor de los Habitantes. Regarding the requirement of a matter pending resolution, this Chamber stated the following in judgment number 04190-95, issued at eleven thirty-three a.m. on the twenty-eighth of July, nineteen ninety-five:

“(…) First, this is an incidental proceeding (proceso de naturaleza incidental), rather than a direct or popular action (acción directa o popular), meaning that a matter pending resolution—whether before the courts of justice or in proceedings to exhaust administrative remedies—must exist in order to obtain access to constitutional review (vía constitucional), and the action must constitute a reasonable means of protecting the right alleged to have been infringed in the principal matter, such that the Constitutional Court’s ruling has a positive or negative effect on that pending proceeding because it determines the constitutionality of the provisions that must be applied in that matter; only as an exception does the legislation permit direct access to this form of review—the circumstances contemplated in the second and third paragraphs of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—” Accordingly, the requirement of a prior matter pending resolution is not merely formal, because neither the mere existence of an underlying matter nor the mere invocation of unconstitutionality is sufficient; the action must also constitute a reasonable means of protecting the right or interest alleged to have been infringed.

This means that the challenged provisions must be applicable to the underlying matter. (See, to the same effect, judgments numbers 01668-90, 04085-93, 00798-94, 03615-94, 00409-I-95, 00851-95, 04190-95, 00791-96). Other formalities must likewise be satisfied, namely: explicit identification of the challenged provisions, supported by proper grounds and specific citation to the constitutional rules and principles alleged to have been violated; authentication by an attorney of the pleading filing the action; proof of the circumstances establishing standing, including powers of attorney and certifications; and a verbatim certified copy of the pleading in which the unconstitutionality of the provisions was invoked in the underlying matter. If petitioners fail to satisfy these requirements, the Presidency of the Chamber may order them to cure the deficiencies.

II. INADMISSIBILITY OF THE ACTION BECAUSE IT DOES NOT CONSTITUTE A MEANS OF PROTECTING THE RIGHT

This Chamber has repeatedly stated that an action of this kind is principally incidental in nature and therefore requires a matter pending resolution in administrative or judicial proceedings, within which the unconstitutionality of the provision has been invoked as a reasonable means of protecting the right alleged to have been infringed. These requirements are not merely formal: simple compliance with them is insufficient, because the provision challenged through this form of review must also have a direct bearing on the underlying matter, such that the ruling on the action serves as a reasonable means of protecting the right infringed within the prior matter. Conversely, if there is no direct connection between the subject of the dispute in the underlying matter and what is challenged in the action, this Chamber cannot issue a ruling on it. It is therefore pursuant to Article 75 of the Law governing this Jurisdiction that petitioners must establish and submit a verbatim certified copy of the pleading in which they invoked the unconstitutionality of the provisions in the underlying matter, so that their bearing on that matter may be verified.

In this case, to establish her standing to act, the petitioner stated that the appeal and accompanying motion for nullity she filed against resolution 12171, which ordered her dismissal without employer liability, remain pending before the Tribunal del Servicio Civil. However, neither the certification nor the other documentation submitted by the petitioner herself shows that she invoked the unconstitutionality of the purported case law (jurisprudencia) challenged here or of any other provision being applied in the specific case. Indeed, in both the appeal and the motion for nullity filed on 17 and 26 June 2013, the petitioner expressly stated: “[…] Before analyzing and setting forth the grounds for rejecting the resolution challenged here, and pursuant to Articles 1, 2, 3, 73 and 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, I invoke the unconstitutionality of resolution number 12171 of the Tribunal de Servicio Civil because: 1- It violates Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, …[…]. 2- The other reason for invoking the constitutional defect in resolution 12171 of the Tribunal de Servicio Civil is the clear violation, both during the investigation proceedings and in resolution 12171, of Articles 1, 5, 8, 9, 11 and 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, known as Pacto de San José, which therefore—pursuant to Article 7 of the Constitución Política—have authority superior to that of statutes.

The evident lack of reasoning, failure to assess the evidence, and biased handling thereof grossly violate my right to a fair and impartial proceeding in which my dignity is respected, but above all my right to be heard, which entails not merely the opportunity to submit arguments and evidence, but also that those arguments and evidence be examined and objectively analyzed and that clear, precise, and specific reasons be provided for their rejection, particularly when disciplinary proceedings (procesos sancionatorios) are involved. […]” It follows from the foregoing that, in the underlying matter, the petitioner invoked only the unconstitutionality of the specific resolution number 12171 of June 2013, issued by the Tribunal del Servicio Civil, which ordered her dismissal without employer liability; she did not invoke the unconstitutionality of any provision, not even that of the purported case law against which she brings this action, namely judgment number 4399-2010 of Sección IV de Tribunal Contencioso Administrativo and judgment number 001469-F-S1-2011 of Sala Primera de Casación.

In this regard, it is evident that the petitioner did not invoke the unconstitutionality of any provisions in the underlying matter to demonstrate that this action would constitute a reasonable means of protecting the asserted right. On the contrary, it is evident that what the petitioner actually seeks to challenge is the specific dismissal decision issued against her, which this Chamber cannot hear through an action of unconstitutionality, in light of Article 73 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. In any event, it should be noted that judgment number 4399-2010 of Sección IV de Tribunal Contencioso Administrativo and judgment number 001469-F-S1-2011 of Sala Primera de Casación, to which the petitioner refers in this action, were issued in judicial proceedings that have already concluded and addressed and resolved acts different in nature from those addressed and disputed in the administrative proceeding brought against the petitioner; consequently, they are unrelated.

In other words, the judicial proceeding in which the cited judgments were issued challenged the permit granted by the State to a private company for mining operations, whereas the administrative proceeding conducted against the petitioner before the Servicio Civil seeks to discipline her for alleged misconduct committed in the performance of her duties; these are proceedings of a different nature and are not binding upon one another. Furthermore, it must be clarified that even if the petitioner had invoked the unconstitutionality of judgments 4399-2010 of Tribunal Contencioso Administrativo and 001469-F-S1-2011 of Sala Primera, both decisions were issued in judicial proceedings that had already been resolved; therefore, the administrative proceeding cited as the underlying matter is not an appropriate means of challenging them. In light of the foregoing, and because the unconstitutionality of no provisions applicable to the specific case cited as the underlying matter was invoked, the action does not constitute a reasonable means of protecting the right alleged to have been infringed and is therefore inadmissible.

III. INADMISSIBILITY FOR LACK OF LEGAL GROUNDS

Pursuant to Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the pleading filing a constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) must set forth the grounds clearly and precisely, with specific citation to the provisions or principles deemed to have been infringed. This requirement is not a mere formality, but rather an essential admissibility requirement, because, by virtue of the pro-judgment principle (principio pro sentencia)—developed on other occasions by this Chamber—under which admissibility requirements must be interpreted in a manner favorable to the action, and because Constitutional Law is a matter of overriding public policy, there is a public interest in guaranteeing its supremacy and effectiveness, pursuant to which obstacles to the admission and adjudication on the merits of an action must be interpreted and applied restrictively. Accordingly, all procedural rules must be interpreted and applied in such a way as to result in the issuance of a judgment; this not only facilitates the administration of justice but also prevents obstacles from being imposed that would preclude its attainment (see, to the same effect, judgments numbers 93-5175, 3041-97, 01-06, 2874-06, 1622-08 and 2887-08).

Consequently, the lack of legal grounds for the action prevents the issuance of a properly reasoned judgment consistent with the relief sought. Likewise, it is improper for this Chamber to rule on the merits of provisions challenged in an action when the party bringing the action fails to state the grounds for the challenge, since doing so would entail conducting constitutional review in the abstract as an academic exercise, which is incompatible with the purpose of a proceeding of this nature. In this particular case, although the petitioner discussed—in general terms—the binding nature that, in her view, the judgments of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) possess, in order to challenge the rulings of the Tribunal Contencioso Administrativo and the Sala Tercera in judgments 4399-2010 of the Tribunal Contencioso Administrativo and 001469-F-S1-2011 of the Sala Primera, the fact remains that the petitioner did not provide clear and precise legal grounds for the action, since her initial pleading did not clearly and specifically explain the reasons why she considers the challenged rulings contrary to Constitutional Law (Derecho de la Constitución).

In other words, the petitioner discussed the binding force of judgments separately and in general terms, but did not connect the alleged line of precedent she seeks to challenge with the constitutional provisions she considers infringed, nor did she explain which fundamental right had been violated so as to provide this Chamber with the elements necessary to determine or establish how the challenged rulings deprive the fundamental right deemed violated of its essential content. In view of the aforementioned deficiency in the grounds for the action, issuing the order to cure defects (prevención) referred to in Article 80 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional would serve no purpose, since doing so would effectively require the petitioner to redraft the action. It is therefore more reasonable to dismiss it summarily, without prejudice to the petitioner filing a new action, should she deem it appropriate, in compliance with the requirements established in Articles 73 to 79 of the aforementioned law.

In light of the foregoing, and because the statement of legal grounds is an essential requirement for the admissibility of a proceeding of this nature, its omission in this case requires dismissal of the action.

IV. CONCLUSION

In light of the foregoing, the action is inadmissible because it does not constitute a reasonable means of protecting the right deemed violated and because it lacks legal grounds.

V. DISSENTING OPINION (VOTO SALVADO) OF MAGISTRATE RUEDA LEAL AND MAGISTRATE HERNANDEZ LÓPEZ, DRAFTED BY THE LATTER

We depart from the majority opinion of this Court and dissent in this matter because we consider the decision to summarily dismiss this constitutional challenge premature.- It is unquestionable that a constitutional challenge is a proceeding “instituted for the purpose of guaranteeing the supremacy of the Constitución Política over rules or other provisions of a general nature and that, for this very reason, a set of formal requirements must be met so that the Chamber may validly adjudicate the merits of the challenge,” as stated in this Chamber’s extensive body of precedent. Nevertheless, it is the law itself that prescribes how the various formal requirements and any failure to comply with them must be addressed, as may be seen from Article 80 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, which provides:

“Article 80.- If the formal requirements referred to in the preceding two articles have not been satisfied, the President of the Chamber shall identify by order which requirements were omitted and shall direct that they be satisfied within three days (…)” In this matter, the action lacks the adequate and sufficient grounds required by Article 79 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. It is therefore indisputable that the petitioner must be ordered to cure the identified omissions.- Likewise, it is by no means superfluous to make clear that—in our view—Articles 78 and 79, as well as Article 80 itself, of the law governing this jurisdiction must be interpreted broadly for the benefit of those who come before this Chamber, so that access to constitutional justice is not unnecessarily restricted.

VI. SEPARATE OPINION OF MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ

Although in judgment number 13807-2013, issued in constitutional challenge number 13-008178-0007-CO, filed—prior to this one—against the precedent of the Sala Primera de Casación and the Tribunales Contencioso Administrativo, I dissented and directed that the action proceed; on this occasion I do not dissent because the grounds for dismissal are different, and I therefore concur in the declaration that the action is inadmissible.

Por tanto:

The action is summarily dismissed. Magistrate Rueda Leal and Magistrate Hernández López dissent solely with respect to the matters stated in Considerando III of this judgment. Magistrate Castillo Víquez files a separate opinion.

Gilbert Armijo S.

President Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Ronald Salazar Murillo Telephone numbers: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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*130121010007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil catorce.

Acción de inconstitucionalidad promovida por [NOMBRE 001], mayor, soltera, abogada, portadora de la cédula de identidad número [VALOR 001], vecina de Mata de Plátano, Goicoechea; contra la JURISPRUDENCIA DE LA SALA I DE CASACIÓN Y LOS TRIBUNALES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN RELACIÓN CON LOS ALCANCES DE LA VINCULATORIEDAD DE LAS SENTENCIAS DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 24 de octubre del 2013, la accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Jurisprudencia de la Sala I de Casación y los Tribunales Contencioso Administrativo en relación con los alcances de la vinculatoriedad de las sentencias de la Sala Constitucional. Alega que en el procedimiento de despido que se sigue en su contra, tanto el Ministerio de Ambiente y Energía al presentar la gestión de despido, como el Tribunal de Servicio Civil al emitir la resolución número 12171 de las 07:40 horas del mes de junio del 2013, se fundamentan fáctica y jurídicamente, en la sentencia número 4399-2010 de la Sección IV de Tribunal Contencioso Administrativo, la cual fue ratificada en todos sus extremos por la sentencia número 001469-F-S1-2011 de la Sala Primera de Casación. Aun más el Tribunal del Servicio Civil al conocer la excepción de prescripción que interpuso, rechazó la excepción respaldando las actuaciones del Ministerio y teniendo como evidencia de las faltas cometidas, según denuncia el Ministro, en la sentencia 4399-2010 del Tribunal Contencioso Administrativo, sección IV.Manifiesta que ambas sentencias desconocieron el valor de la vinculatoriedad de las sentencias de la Sala Constitucional, pues el mismo caso había sido ya resuelto, con anterioridad de cosa juzgada material, mediante las sentencias número 2010-6922 y 14009-2010 de la Sala Constitucional. Por tanto, el desconocimiento de la vinculatoriedad de la precitada sentencia de ese Tribunal, por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, fue lo que permitió que se presentara en su contra y de dos funcionarios más, la gestión de despido sin responsabilidad patronal. Asegura que ambas sentencias se inscriben dentro de una línea jurisprudencial inveterada de los tribunales contencioso administrativos y de la Sala Primera de Casación, en el sentido de desconocer sistemáticamente la vinculatoriedad de las sentencias de la Sala Constitucional en materia contencioso administrativa. Por lo anterior, estima que está legitimada para presentar la presente acción, pues una eventual sentencia estimatoria en este proceso, tendría un alcance e implicaciones fácticas y jurídicas dentro del procedimiento de despido, en el que se le imputan hechos calificadas como faltas graves, que el Tribunal Contencioso consideró irregulares y viciados de nulidad, mientras que los pronunciamientos de la Sala Constitucional, específicamente, 2010-6922 y 2010-14009, que conllevan autoridad de cosa juzgada material en dichos fallos, consideró todo lo contrario, al considerar dichas actuaciones administrativas conforme a Derecho, y de resultar de aceptación la resolución constitucional por su carácter vinculante, es claro que desaparecerían los supuestos en que se han fundamentado para considerar procedente el despido sin responsabilidad patronal.Sostiene que en el presente caso, la precitada sentencia de la Sala Constitucional adquiere mayor relevancia, por cuanto los sujetos, el objeto del juicio y las pretensiones de los accionantes, tanto en el recurso de amparo fallado por esta Sala sin lugar en todos sus extremos y en las sentencias estimatorias de la jurisdicción contencioso administrativa fueron exactamente los mismos. En cuanto al fondo, aduce que la Sala Primera y los Tribunales Contencioso Administrativo se han desvinculado de las sentencias de la Sala Constitucional y generado una emancipación que compromete postulados básicos del Estado de Derecho. Mutilar los efectos de las sentencias de la Sala Constitucional, es violentar la Constitución misma y con ello los fundamentos del sistema jurídico costarricense. En la jurisprudencia cuya inconstitucionalidad se solicita declarar, la Sala Primera y los Tribunales Contencioso Administrativos llegan a las siguientes conclusiones: a) Reconocen la autoridad de la cosa juzgada únicamente a las sentencias estimatorias y por ello relativizan ese instituto para las sentencias desestimatorias, especialmente las recaídas en los recursos de amparo.Estiman que estos recursos, no impiden la revisión del mismo punto en la jurisdicción ordinaria. b) Los efectos de las decisiones de la Sala, es decir, su vinculatoriedad, se limitan a las cuestiones de naturaleza y trascendencia constitucional, quedando reservadas a la jurisdicción contencioso administrativa las de mera legalidad. c) Para declarar la cosa juzgada deben verificarse los requisitos del artículo 163 del Código Procesal Civil, es decir que haya identidad de partes, objeto y causa. d) La cosa juzgada se halla limitada a la parte resolutiva del fallo. En razón de ello, muchos asuntos que se han ventilado en ambas vías, han tenido resultados diversos, generando una confrontación entre jurisdicciones y una situación de inseguridad jurídica y de violación del derecho a la paz social, por cuanto las controversias son resueltas en contradicción al Derecho de la Constitución y la cosa juzgada constitucional, tal y como ocurrió en el proceso que sirve de asunto previo para la presentación de esta acción de inconstitucionalidad.Manifiesta que el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece el principio de que la jurisprudencia y los precedentes de la Sala Constitucional son vinculantes erga omnes salvo para sí misma. Esta norma es la expresión legislativa de un principio constitucional que se construye por dos vías diferentes: primero, por medio de la interpretación armónica del artículo 42 de la Carta Política, en cuanto le otorga autoridad de cosa juzgada a las resoluciones de la Sala en los distintos procesos constitucionales y los artículos 10, 48, 155 y 166 de la Constitución. En efecto, es sabido que la eficacia de la cosa juzgada en los procesos constitucionales es doble: hacia el pasado, al igual que en materia civil y hacia el futuro, pues de lo contrario, las autoridades públicas en uso del privilegio de su decisión ejecutoria de la que carecen los particulares, podrían hacer inoperantes las sentencias que recaigan en aquellos procesos, mediante la emisión de nuevas disposiciones o actos similares a los anulados.Es decir, las sentencias en la jurisdicción constitucional cumplen una tarea de prevención hacia el futuro, a fin de evitar que futuras decisiones de los órganos públicos puedan lesionar el Derecho de la Constitución. Consecuencia de lo anterior, la cosa juzgada en los procesos constitucionales vincula a todos, inclusive a los que no fueron parte del proceso, es decir, tienen eficacia erga omnes, salvo para el propio tribunal que dictó la resolución. De lo contrario, no sería jurídicamente factible explicarse el porqué las decisiones de esa Sala vinculan a las otras Salas de la Corte, las cuales se encuentran a su mismo nivel jerárquico e, inclusive, están dotadas de especialidad por razón de la materia. Existe otra vía para llegar a la misma conclusión: el de la vinculatoriedad erga omnes de los precedentes de la Sala Constitucional, salvo para sí misma, es uno de aquellos principios que son derivables de la legislación ordinaria, en virtud del principio de regularidad jurídica desarrollado por Hans Kelsen.En virtud de ese principio, que excluye la existencia de espacios vacíos de Derecho Constitucional, toda norma tiene necesariamente que fundar su validez en otra de rango superior. Por consiguiente, el artículo 13 de la L.J.C. para ser constitucionalmente válido presupone la existencia de un principio constitucional que le otorgue fundamento normativo. Así, queda claro que el principio constitucional de la vinculatoriedad erga omnes de las resoluciones de la Sala Constitucional tiene un doble fundamento constitucional: el primero, en el artículo 42 de la Carta Política en relación con los artículos 10, 48, 155 y 166 de la Constitución y el segundo, en el principio jurídico de regularidad jurídica. La Constitución Política dispone que la Sala Constitucional es el custodio selecto de la Constitución, incardinado para la protección de los derechos fundamentales y del supremo control de la regularidad constitucional del ordenamiento jurídico y de las actuaciones públicas.Para proteger esa vital función, las decisiones de la Sala Constitucional producen efectos erga omnes, como indudable reflejo de la supremacía jurídica constitucional, siendo que además la calificación de la última ratio de lo que es o no constitucional, así como de su penetración en todos los campos normativos, reside exclusivamente en la Sala Constitucional como supremo intérprete de la constitución. La vinculatoriedad de las resoluciones y de los precedentes de la Sala es la manifestación procesal de la jerarquía superior de la Constitución y frente a fallos producidos en la jurisdicción constitucional, los Tribunales deben respetar la virtud del criterio vertido con autoridad de la norma suprema. Los órganos jurisdiccionales no pueden contradecir ni desligarse de las decisiones de la Sala Constitucional, pues ello significaría desvanecer nuestro sistema de justicia y la institucionalidad democrática.En razón de su competencia y linaje constitucional, la Sala Constitucional aborda los temas y amplía su tutela a todas aquellas cuestiones que estime necesarias para resguardar los derechos fundamentales. Por ello, las jurisdicciones ordinarias, incluyendo la contencioso administrativa, conoce solo de aquellos asuntos que así lo decida la misma Sala y usualmente con carácter residual. La jurisprudencia de la Sala Primera de Casación considera que existe una diferencia entre la cosa juzgada y la vinculatoriedad y que esta última solo se da “respecto de la interpretación de los alcances de los derechos fundamentales y las normas constitucionales, no así en cuanto a aspectos de legalidad” (sentencia 1000-F-SI-2010 de las 9:35 horas del 26 de agosto del 2010). Dicha conclusión es jurídicamente errónea pues desconoce la naturaleza jurídica de las normas y principios constitucionales. En efecto, las normas constitucionales son disposiciones genéricas, elásticas, muchas veces abstractas, que consagran principios que necesariamente tienen que ser desarrollados inicialmente por el legislador y eventualmente por el ejercicio de la potestad reglamentaria.El contenido normativo de los derechos fundamentales viene dado no sólo por su enunciación constitucional, que es la que se consagra su núcleo duro, sino, además, por su regulación legal y reglamentaria. La mayoría de los derechos fundamentales sólo son operativos a partir de su desarrollo legislativo. Ejemplo de ello, los derechos ambientales, que no se pueden deslindar las regulaciones constitucionales. Por ello, cuando la Sala resuelve sobre un amparo en materia ambiental debe necesariamente pronunciarse no sólo sobre la constitucionalidad de la conducta impugnada, sino también sobre su legalidad, pues el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se configura tanto por su núcleo duro (contenido constitucional) sino además por sus contenidos accesorios y necesarios (contenido legal y reglamentario). Por ello, las sentencias y precedentes de la Sala Constitucional son vinculantes no solo respecto de la interpretación que haga ese tribunal de las normas constitucionales, sino también de aquella infraconstitucionales que concurran a determinar y precisar los contenidos del respectivo derecho fundamental.Citando a Maunz, la accionante indica que la diferencia entre los efectos de la cosa juzgada y los de la vinculatoriedad son de carácter subjetivo. Esta última se extiende más allá de las partes que intervienen en el proceso, a diferencia de la cosa juzgada que solo vincula a las partes que intervinieron en él. Desde un inicio, la jurisprudencia de la Sala ha precisado el alcance de sus sentencias y la fuerza vinculante de sus fallos. La Sala Constitucional conoció el Proyecto Crucitas en varias ocasiones y dictó siete resoluciones, todas ellas con efecto vinculantes erga omnes y bajo autoridad de cosa juzgada. Alega que los hechos que se le atribuyen, fueron analizados de una u otra manera, por esas resoluciones como totalmente conforme a derecho. Además, no existe en el expediente ninguna prueba que acredite una actuación dolosa, toda la prueba aportada y el fundamento que el actor alega son las sentencias 4399-2010 del Tribunal Contencioso Administrativo y confirmada por la Sala Primera en la resolución 1469-F-SI-2011.La Sala Constitucional determinó que las conductas de los funcionarios públicos que ahora se califican de incorrectas, contrarias al principio de probidad y hasta delictivas, estuvieron a derecho, es decir que fueron válidas tanto desde el punto de vista constitucional como legal. Por tanto, luego de esa sentencia de la Sala Constitucional, no puede ningún otro órgano judicial o administrativo, considerar tales conductas como delictivas. Afirma que la calificación realizada por la Sala Constitucional es vinculante no solo para la Administración, sino para cualquier instancia judicial, donde no se pueden tener como incorrectas, conductas que de acuerdo con una resolución vinculante de la Sala Constitucional, se dictaron dentro de los cánones constitucionales y legales aplicables. En relación con al ratio decidendi, manifiesta la accionante que constituyen las razones que han motivado al Tribunal Constitucional a decidir en la forma en que lo hizo.La doctrina alemana ha utilizado diversos razonamientos para justificar que la ratio decidendi de las sentencias del Tribunal Constitucional es también vinculante para los demás tribunales, los órganos constitucionales y las entidad administrativas. La Sala se pronunció en relación con este punto en los votos 2582-94 y 279-98. La vinculatoriedad de las sentencias de la Sala Constitucional no está limitada a la parte resolutiva del fallo, pues lo más relevantes son los motivos y razonamientos. El proceso constitucional no es un proceso de pretensiones, sino uno para la protección de situaciones jurídicas subjetivas y el control de constitucionalidad de las leyes, disposiciones generales y actos subjetivos de las autoridades públicas. Esa vinculatoriedad tiene características particulares que derivan de las normas y principios citados y que se oponen tajantemente a los criterios jurisprudenciales de la Sala Primera y el Tribunal Contencioso-Administrativo.Poniendo énfasis en la motivación, hay tres consecuencias importantes. En primer lugar, que será la fundamentación, los considerandos del fallo y su cuadro fáctico, los que en definitiva definan la extensión y ensanche de los efectos de la sentencia y será lo único que permitirá entender hasta dónde llega la “constitucionalidad” y dónde empieza la “legalidad”, sin que exista ni un límite, ni una predeterminación normativa de esa frontera. Segundo, todos los fallos de la Sala Constitucional, tanto los estimatorios, como los desestimatorios, tiene la misma fuerza vinculante y por ello, producen igualmente cosa juzgada constitucional. Tercero, el carácter vinculante de las sentencias de la Sala Constitucional produce efectos más allá de las partes involucradas, pues deben ser observados por todos los poderes y autoridades públicas, y para casos futuros similares, y abarca tanto la interpretación dada por aquella a las normas constitucionales como a las infraconstitucionales.Las conclusiones que se extraen de la jurisprudencia impugnada desconocen el carácter vinculante erga omnes de las sentencias de la Sala Constitucional. Desde la perspectiva de la Constitución Política todas las sentencias tienen la misma naturaleza vinculante y sus efectos no pueden ser limitados a las sentencias estimatorias, a las partes involucradas y a la determinación del contenido exclusivamente de las normas constitucionales. En la jurisdicción contencioso administrativa, según la jurisprudencia citada, se restringen sus efectos a las cuestiones denominadas como de naturaleza y trascendencia constitucional. Esta afirmación encierra una falacia y resulta absurda e ilógica. La Constitución es la norma suprema y por ello irradia su potencia y resistencia normativa al resto de las normas del ordenamiento jurídico. El único propósito de esa afirmación es desconocer los efectos de las sentencias de la Sala Constitucional y reclamar para sí una competencia exclusiva para resolver lo que definen como aspectos de mera legalidad.Tanto los derechos fundamentales, pero también las demás normas constitucionales, tienen un contenido constitucional genérico, que necesariamente tiene que ser precisado por normas de rango legal o reglamentario para ser operativos. Por ello, la interpretación que realiza la Sala Constitucional de normas infraconstitucionales que concurren a determinar el contenido y los alcances de una norma constitucional, especialmente las que consagran derechos fundamentales, es vinculante para todos los operadores jurídicos del país, incluidos los tribunales de justicia de cualquier jurisdicción. Por otra parte, la determinación de las identidades que exige la legislación procesal civil, resultan ser ataduras de los efectos generales de las sentencias, puesto que introduce criterios formalistas desarrollados para conflictos entre particulares. Todo lo apuntado evidencia los vicios de constitucionalidad de la jurisprudencia ya detallada de la Sala Primera y del Tribunal Contencioso Administrativo.Además, la forma en que resolvió el Tribunal Contencioso Administrativo, ratificado en todos sus extremos por la Sala I de Casación, en el caso del Proyecto Minero Crucitas, comprueba la aplicación de dicha jurisprudencia y su desvinculación del mandato constitucional. En el recurso de amparo en que se cuestionó la validez constitucional y legal del Proyecto Minero Crucitas, la Sala Constitucional hizo un examen completo de las conductas administrativas sometidas a su conocimiento para la protección del derecho al ambiente, y su juicio contempló todos los alcances (constitucional, legal y técnico) para lograr una tutela efectiva de ese derecho constitucional. Por ello, la valoración de las conductas cuestionadas que podrían implicar un daño al ambiente, la Sala Constitucional examinó el marco normativo completo de la actividad, la que por tratarse del uso y aprovechamiento de bienes de dominio público, tiene un conjunto diverso de normas y regulaciones, que permiten determinar bajo qué condiciones y requisitos, se puede desarrollar la actividad autorizada, así como los pases que deben seguirse al efecto.En este sentido, en la sentencia número 2010-6922 de las 14:35 horas del 16 de abril de 2010, la Sala hizo un estudio y revisión exhaustiva, profunda y completa de los aspectos sustanciales del Proyecto Minero Crucitas, abarcando los más variados y complejos temas, concluyendo claramente que la concesión otorgada a Industrias Infinitivo S.A. estaba ajustada a derecho. Por consiguiente, no podía el Tribunal Contencioso-administrativo y la jurisprudencia en que fundamenta esa resolución, apartarse del criterio vinculante vertido por la Sala Constitucional en la precitada sentencia. En consecuencia, la jurisprudencia impugnada viola de manera grosera y evidente el principio constitucional de que las resoluciones y los precedentes de la Sala Constitucional son vinculantes erga omnes, incluidos los tribunales de justicia. Refiere que la Sala Constitucional ha reconocido que la seguridad jurídica constituye un principio general del Derecho, que también puede conceptualizarse como una garantía individual, en tanto permite establecer un alto grado de certeza sobre la permanencia de las situaciones jurídicas de cada uno.Pero más aún, ha indicado que es a la vez uno de los valores fundamentales del ordenamiento jurídico. En relación con la seguridad jurídica es importante destacar la función ordenadora de la Sala Constitucional, en tanto instrumentaliza el texto de la Constitución Política, y por ello sus sentencias deben ser actuadas por todos los poderes públicos y asimismo, por los órganos de la jurisdicción ordinaria. La seguridad jurídica exige el respeto y aplicación del principio constitucional de la vinculatoriedad erga omnes de las resoluciones y precedentes de la Sala Constitucional, a fin de impedir que la misma controversia constitucional pueda discutirse nuevamente y prevenir así una alteración a la paz y orden social. El desconocimiento de la cosa juzgada constitucional y, por tanto, del principio constitucional, constituye entonces un quebrando a la seguridad y certeza jurídica y también, a la paz y orden social.
  2. 2A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, la accionante señala que ante el Tribunal del Servicio Civil se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación y nulidad concomitante que interpuso en contra de la resolución 12171, que acordó su despido sin responsabilidad patronal.
  3. 3El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y,

Considerando:

I. SOBRE LOS PRESUPUESTOS FORMALES DE ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN

La acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que deben ser satisfechas a efecto de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación. En ese sentido, el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece los presupuestos de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. En primer término, se exige la existencia de un asunto previo pendiente de resolver, sea en vía judicial, o bien, en el procedimiento para agotar de la vía administrativa, en que se haya invocado la inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado. En el párrafo segundo y tercero, la ley establece de manera excepcional, presupuestos en los que no se exige el asunto previo, cuando por la naturaleza del asunto, no exista una lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos o colectivos, o bien cuando es formulada en forma directa por el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. Ahora bien, en cuanto a la exigencia de un asunto pendiente de resolver, esta Sala mediante sentencia número 04190-95, de las once horas treinta y tres minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cinco, señaló lo siguiente:

“(…)En primer término, se trata de un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-” Así las cosas, la exigencia de un asunto previo pendiente de resolver, no constituye un requisito meramente formal, toda vez, que no basta con la sola existencia de un asunto base, ni con la simple invocación de la inconstitucionalidad, pues se requiere además, que la acción sea un medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado.

Esto quiere decir, que la normativa impugnada debe ser aplicable en el asunto base. (Ver en igual sentido las sentencias números 01668-90, 04085-93, 00798-94, 03615-94, 00409-I-95, 00851-95, 04190-95, 00791-96). Asimismo, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, la determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de las normas y principios constitucionales que se consideren infringidos, la autenticación por abogado del escrito en el que se plantea la acción, la acreditación de las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), así como la certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas en el asunto base, requisitos que en caso de no ser cumplidos por los accionantes, pueden ser prevenidos por la Presidencia de la Sala.

II. INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN POR NO CONSTITUIR MEDIO PARA AMPARAR EL DERECHO

En reiteradas ocasiones, esta Sala ha expresado que el proceso de acción es principalmente, de carácter incidental, por lo que se requiere que exista un asunto pendiente de resolver en vía administrativa o judicial, dentro del cual se haya invocado la inconstitucionalidad de la norma como medio razonable para amparar el derecho que se considera lesionado. Tales requisitos no se traducen en una cuestión meramente formal, pues no basta con el simple cumplimiento de los mismos, se requiere además, que la norma impugnada a través de esta vía tenga una incidencia directa sobre el asunto que sirve como base, de tal suerte, que lo resuelto en la acción sirva como un medio razonable para amparar el derecho lesionado dentro del asunto previo. A contrario sensu, sino existe una conexidad directa entre el objeto de discusión del asunto base y lo impugnado en la acción, no resulta posible que esta Sala se pronuncie al respecto.

En por lo anterior, que de conformidad con el artículo 75 de la Ley que rige a esta Jurisdicción, los accionantes deben acreditar y aportar certificación literal del escrito en el que invocaron la inconstitucionalidad de las normas, en el asunto base, a efecto de verificar la incidencia en el asunto base. En el caso particular, a efecto de fundamentar su legitimación para actuar, la accionante señaló que ante el Tribunal del Servicio Civil se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación y nulidad concomitante que interpuso en contra de la resolución 12171, que acordó su despido sin responsabilidad patronal. Sin embargo, de la certificación y demás documentación aportada por la propia accionante, no se constata la invocatoria de inconstitucionalidad de la supuesta jurisprudencia aquí impugnada o de alguna otra normativa que se esté aplicando en el caso concreto, pues tanto en el escrito de interposición del recurso de apelación como en el de nulidad presentados el 17 y 26 de junio del 2013, la accionante expresamente indicó que: “[…] De previo al análisis y fundamentos del repudio de la resolución aquí cuestionada, y de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 73 y 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, invoco la inconstitucionalidad de la resolución número 12171 del Tribunal de Servicio Civil, por cuanto: 1- Es violatoria del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, …[…]. 2- La otra razón para invocar el quebranto constitucional de la resolución 12171 del Tribunal de Servicio Civil, es la clara violación que tanto durante el proceso de instrucción como en la resolución 12171, se hace de los artículos 1, 5, 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, por lo que -de conformidad con el artículo 7 de la Constitución Política- adquieren autoridad superior a la ley.

La evidente ausencia de motivación, de análisis de la prueba y el manejo sesgado de la misma, trasgrede groseramente el derecho que me corresponde de un proceso justo e imparcial, donde se respete mi dignidad, pero sobre todo se respete el derecho a ser oída, que no implica solo la oportunidad de presentar alegatos y pruebas, sino que esos alegatos y pruebas sean examinados, analizados en forma objetiva y que se establezcan las razones claras, precisas y circunstancias de su rechazo, máxime cuando estamos frente a procesos sancionatorios. […]”. De lo anterior, se desprende, que la accionante, únicamente, invocó la inconstitucionalidad de la resolución concreta número 12171 de junio del 2013, emitida por el Tribunal del Servicio Civil, en el asunto base, en la cual se dispuso su despido sin responsabilidad patronal, pero no invocó la inconstitucionalidad de norma alguna, ni siquiera de la supuesta jurisprudencia contra la cual dirige la presente acción, sea las sentencias número 4399-2010 de la Sección IV de Tribunal Contencioso Administrativo y la número 001469-F-S1-2011 de la Sala Primera de Casación.

En ese sentido, se observa, que la accionante no invocó la inconstitucionalidad de normas en el asunto base, a fin de acreditar que la presente acción sería un medio razonable para amparar el derecho alegado. Por el contrario, se observa que lo que en realidad pretende impugnar la actora es el acto concreto de despido dictado en su contra, lo que no puede ser conocido por esta Sala a través de un proceso de acción de inconstitucionalidad, a la luz de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En todo caso, cabe mencionar, que las sentencias número 4399-2010 de la Sección IV de Tribunal Contencioso Administrativo y la número 001469-F-S1-2011 de la Sala Primera de Casación, a las que hace referencia la actora en esta acción, fueron dictadas en un proceso judicial ya finalizado, en dónde se conoció y resolvió sobre actos de diferente naturaleza a los que se conocen y discuten en el procedimiento administrativo seguido en contra de la actora, por lo que no guardan una relación entre sí.

En otras palabras, en el proceso judicial en el que se dictaron las sentencias de referencia, se impugnó el permiso otorgado por el Estado a una empresa privada, para la explotación minera; mientras que en el procedimiento administrativo tramitado ante el Servicio Civil en contra de la actora, se pretende sancionar a ésta por las supuestas faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones; lo que constituye procesos de diferente naturaleza, no vinculantes entres sí. Aunado a lo anterior, es necesario aclarar que aún cuando la accionante hubiese invocado la inconstitucionalidad de las sentencias 4399-2010 del Tribunal Contencioso Administrativo y 001469-F-S1-2011 de la Sala Primera, lo cierto es, que ambas resoluciones fueron dictadas dentro de un proceso judicial ya resuelto, por lo que el procedimiento administrativo que se cita como base, no resulta un medio idóneo para impugnarlas. En virtud de lo expuesto y al no haberse invocado inconstitucionalidad alguna de normas aplicables al caso concreto citado como base, la acción no constituye un medio razonable para amparar el derecho que se considera lesionado, por ende la acción resulta inadmisible.

III. INADMISIBILIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN

De conformidad con el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el escrito en que se interponga la acción de inconstitucionalidad, se deberán exponer los fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos. Dicho requisito no se traduce en una mera formalidad, sino en un requisito esencial de admisibilidad, pues en virtud del principio pro sentencia –desarrollado en otras ocasiones por esta Sala- según el cual, los requisitos de admisibilidad deben interpretarse en sentido favorable a la acción, además, el Derecho Constitucional es de orden público preferente y en garantía de su supremacía y vigencia hay un interés público en virtud del cual los obstáculos para la admisión y resolución de fondo de una acción, deben interpretarse y aplicarse restrictivamente. Así las cosas, todas las normas procesales deben ser interpretadas y aplicadas de manera tal que se obtenga el dictado de la sentencia, lo anterior, no solo facilita la administración de la justicia, sino que además, evita que se impongan obstáculos para no alcanzarla (ver en igual sentido, las sentencias números 93-5175, 3041-97, 01-06, 2874-06, 1622-08 y 2887-08).

En consecuencia, la falta de fundamentación de la acción, impide el dictado de una sentencia debidamente motivada y congruente con lo pretendido. Asimismo, resulta improcedente que esta Sala se pronuncie por el fondo de normas cuestionadas en una acción, cuando el que acciona no fundamenta las razones por las cuales impugna, toda vez, que ello implicaría efectuar un control constitucional en abstracto a manera de ejercicio académico, lo que no es compatible con la finalidad de un proceso de esta naturaleza. En el caso particular, si bien la accionante desarrolló – en términos generales- el carácter vinculante que a su juicio, tienen las sentencias de la Sala Constitucional, a fin de cuestionar lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Administrativo y la Sala Tercera en las sentencias 4399-2010 del Tribunal Contencioso Administrativo y 001469-F-S1-2011 de la Sala Primera, lo cierto es, que la actora no fundamentó en forma clara y precisa la acción, toda vez, que en el escrito de interposición no efectuó una estima que lo impugnado resulta contraria al Derecho de la Constitución.

En otras palabras, la accionante desarrolló el tema de la vinculatoriedad de las sentencias en forma separada y en términos generales, pero no relacionó la supuesta línea jurisprudencial que pretende impugnar, con los preceptos constitucionales que considera infringidos, así como tampoco explicó cuál es el derecho fundamental lesionado a efecto de aportar a esta Sala los elementos de juicio necesarios para establecer o acreditar de qué forma lo impugnado vacía el contenido esencial del derecho fundamental que se considera vulnerado. Ahora bien, ante la deficiencia apuntada en cuanto a la fundamentación de la acción, resulta inútil practicar la prevención a que hace referencia el artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez, que ello implicaría obligar a la accionante a rehacer la acción, por lo que es más razonable rechazarla de plano, para que si a bien lo tienen la promovente formule una nueva acción en cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 73 a 79 de la citada ley. En virtud de lo anterior y al ser la fundamentación un requisito esencial para que un proceso de esta naturaleza resulte admisible, su incumplimiento en este caso, provoca el rechazo de la acción.

IV. CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, la acción resulta inadmisible por no constituir medio razonable para amparar el derecho que se considera lesionado y por falta de fundamentación.

V. VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL Y LA MAGISTRADA HERNANDEZ LÓPEZ, CON REDACCIÓN DE LA SEGUNDA

Nos separamos del criterio de la mayoría de este Tribunal y salvamos el voto en este asunto, por considerar que la decisión de rechazar de plano esta acción de inconstitucionalidad es prematura.- Es incuestionable que la acción de inconstitucionalidad es un proceso, “instaurado con el propósito de garantizar la supremacía de la Constitución Política frente a normas u otras disposiciones de carácter general y que por esa misma razón deben cumplirse un conjunto de formalidades, a efecto de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación” como se ha señalado en la amplia jurisprudencia de esta Sala, sin embargo, es precisamente la propia ley la que ordena el tratamiento que debe darse a las distintas formalidades y a su eventual incumplimiento, como se extrae del texto del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que señala:

“artículo 80.- Si no se llenaren las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la Sala señalará por resolución, cuáles son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día (…)” En este asunto, se echa de menos una fundamentación adecuada y suficiente tal y como la exige el artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que resulta de incuestionable aplicación la prevención al accionante para remedie las omisiones detectadas.- De igual forma, no sobra en absoluto dejar sentado además que -en nuestro criterio- tanto la interpretación de los artículos 78 y 79 como la del propio 80 de la Ley que rige esta jurisdicción, debe ser amplia en beneficio de quienes acuden a esta Sala, de modo el acceso a la justicia constitucional no se resulte innecesariamente limitado.

VI. NOTA SEPARADA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ

Si bien en la sentencia número 13807-2013, dictada dentro la acción de inconstitucionalidad número 13-008178-0007-CO, interpuesta -con anterioridad a esta- en contra de la Jurisprudencia de la Sala Primera de Casación y de los Tribunales Contencioso Administrativo, salvé el voto ordenando dar curso a la acción; en esta ocasión no salvo el voto por cuanto los presupuestos del rechazo son diferentes, por lo que coincido con la declaratoria de inadmisibilidad de la acción.

Por tanto:

Se rechaza de plano la acción. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrado Hernández López salvan el voto, únicamente, en relación con lo indicado en el considerando III de esta sentencia. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.

Gilbert Armijo S.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Ronald Salazar Murillo 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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