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Res. 03841-2014 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 19/03/2014
OutcomeResultado
The Chamber summarily dismissed the action because the cited disciplinary proceeding was not a reasonable vehicle for challenging judgments from concluded mining litigation and because the claim lacked clear and precise constitutional grounds.La Sala rechazó de plano la acción porque el procedimiento disciplinario invocado no era un medio razonable para impugnar sentencias de un proceso minero concluido y porque la demanda carecía de fundamentación constitucional clara y precisa.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber summarily dismissed a constitutional challenge to an alleged line of precedent from the First Chamber and the administrative courts concerning the binding scope of constitutional judgments. The claimant connected that precedent to disciplinary proceedings arising from official actions related to the Crucitas Mining Project. The Chamber did not decide the substantive controversy over constitutional res judicata or the project’s environmental legality. It held that the administrative dismissal proceeding was not a reasonable vehicle for challenging judgments issued in an already concluded judicial case: the former concerned alleged misconduct in public office, while the latter addressed the legality of a mining authorization. The filing was also inadequately reasoned. Although the claimant discussed the binding effect of constitutional decisions in general terms, she did not clearly connect the challenged precedent to specific constitutional provisions or explain how it impaired a fundamental right. Two justices considered summary dismissal premature because the claimant should first have been allowed to cure the deficiencies.La Sala Constitucional rechazó de plano una acción que cuestionaba una supuesta línea jurisprudencial de la Sala Primera y de los tribunales contencioso-administrativos sobre el alcance vinculante de las sentencias constitucionales. La promovente vinculó esa jurisprudencia con un procedimiento disciplinario derivado de actuaciones relacionadas con el Proyecto Minero Crucitas. La Sala no resolvió el debate sustantivo sobre cosa juzgada constitucional ni sobre la validez ambiental del proyecto. Determinó que el procedimiento administrativo de despido no era un medio razonable para impugnar sentencias dictadas en un proceso judicial ya concluido, pues aquel examinaba posibles faltas funcionales y este último había resuelto la legalidad de una autorización minera. Además, consideró insuficiente la fundamentación: la accionante expuso en términos generales la vinculatoriedad de los fallos constitucionales, pero no relacionó claramente la jurisprudencia impugnada con normas constitucionales concretas ni explicó cómo lesionaba un derecho fundamental. Dos magistrados estimaron prematuro el rechazo sin prevención previa.
Key excerptExtracto clave
IV.- CONCLUSION. In view of the foregoing, the action is inadmissible because it does not constitute a reasonable means of protecting the right considered to have been infringed and because it lacks adequate grounds. Therefore: The action is summarily dismissed. Justice Rueda Leal and Justice Hernández López dissent solely with respect to the matters stated in Consideration III of this judgment. Justice Castillo Víquez files a separate note.IV.- CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto, la acción resulta inadmisible por no constituir medio razonable para amparar el derecho que se considera lesionado y por falta de fundamentación. Por tanto: Se rechaza de plano la acción. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrado Hernández López salvan el voto, únicamente, en relación con lo indicado en el considerando III de esta sentencia. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.
Pull quotesCitas destacadas
"En otras palabras, en el proceso judicial en el que se dictaron las sentencias de referencia, se impugnó el permiso otorgado por el Estado a una empresa privada, para la explotación minera; mientras que en el procedimiento administrativo tramitado ante el Servicio Civil en contra de la actora, se pretende sancionar a ésta por las supuestas faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones; lo que constituye procesos de diferente naturaleza, no vinculantes entres sí."
"In other words, the judicial proceeding in which the referenced judgments were issued challenged the permit granted by the State to a private company for mining operations, whereas the administrative proceeding brought against the claimant before the Civil Service seeks to sanction her for alleged misconduct in the performance of her duties; these are proceedings of a different nature and are not binding upon one another."
Considerando II
"En otras palabras, en el proceso judicial en el que se dictaron las sentencias de referencia, se impugnó el permiso otorgado por el Estado a una empresa privada, para la explotación minera; mientras que en el procedimiento administrativo tramitado ante el Servicio Civil en contra de la actora, se pretende sancionar a ésta por las supuestas faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones; lo que constituye procesos de diferente naturaleza, no vinculantes entres sí."
Considerando II
"Dicho requisito no se traduce en una mera formalidad, sino en un requisito esencial de admisibilidad, pues en virtud del principio pro sentencia –desarrollado en otras ocasiones por esta Sala- según el cual, los requisitos de admisibilidad deben interpretarse en sentido favorable a la acción, además, el Derecho Constitucional es de orden público preferente y en garantía de su supremacía y vigencia hay un interés público en virtud del cual los obstáculos para la admisión y resolución de fondo de una acción, deben interpretarse y aplicarse restrictivamente."
"That requirement is not a mere formality but an essential condition of admissibility because, under the pro-judgment principle developed by this Chamber, admissibility requirements must be interpreted in favor of the action; moreover, Constitutional Law is preferential public law, and the public interest in safeguarding its supremacy and effectiveness requires obstacles to admission and a merits decision to be interpreted and applied restrictively."
Considerando III
"Dicho requisito no se traduce en una mera formalidad, sino en un requisito esencial de admisibilidad, pues en virtud del principio pro sentencia –desarrollado en otras ocasiones por esta Sala- según el cual, los requisitos de admisibilidad deben interpretarse en sentido favorable a la acción, además, el Derecho Constitucional es de orden público preferente y en garantía de su supremacía y vigencia hay un interés público en virtud del cual los obstáculos para la admisión y resolución de fondo de una acción, deben interpretarse y aplicarse restrictivamente."
Considerando III
"En consecuencia, la falta de fundamentación de la acción, impide el dictado de una sentencia debidamente motivada y congruente con lo pretendido."
"Consequently, the action’s lack of supporting grounds prevents the issuance of a properly reasoned judgment consistent with the relief sought."
Considerando III
"En consecuencia, la falta de fundamentación de la acción, impide el dictado de una sentencia debidamente motivada y congruente con lo pretendido."
Considerando III
"De igual forma, no sobra en absoluto dejar sentado además que -en nuestro criterio- tanto la interpretación de los artículos 78 y 79 como la del propio 80 de la Ley que rige esta jurisdicción, debe ser amplia en beneficio de quienes acuden a esta Sala, de modo el acceso a la justicia constitucional no se resulte innecesariamente limitado."
"Likewise, it bears emphasizing that, in our view, Articles 78 and 79, as well as Article 80 of the law governing this jurisdiction, must be interpreted broadly for the benefit of those who come before this Chamber, so that access to constitutional justice is not unnecessarily restricted."
Voto salvado
"De igual forma, no sobra en absoluto dejar sentado además que -en nuestro criterio- tanto la interpretación de los artículos 78 y 79 como la del propio 80 de la Ley que rige esta jurisdicción, debe ser amplia en beneficio de quienes acuden a esta Sala, de modo el acceso a la justicia constitucional no se resulte innecesariamente limitado."
Voto salvado
Full documentDocumento completo
*130121010007CO* Decision No. 2014003841 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and five minutes on March nineteenth, two thousand fourteen.
Action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) filed by [NOMBRE 001], of legal age, single, attorney, holder of identity card number [VALOR 001], resident of Mata de Plátano, Goicoechea; against the CASE LAW (JURISPRUDENCIA) OF THE FIRST CHAMBER OF CASSATION AND THE ADMINISTRATIVE LITIGATION COURTS REGARDING THE SCOPE OF THE BINDING EFFECT OF THE JUDGMENTS OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER.
Background (Resultando):
The Constitutional Chamber heard the Proyecto Crucitas case on several occasions and issued seven rulings, all of them binding erga omnes and having the authority of res judicata (cosa juzgada). She alleges that the acts attributed to her were analyzed, in one way or another, by those rulings and found to be entirely lawful. Furthermore, the case file contains no evidence establishing intentional misconduct; all the evidence submitted and the basis invoked by the plaintiff consist of judgment 4399-2010 of the Tribunal Contencioso Administrativo, affirmed by the Sala Primera in ruling 1469-F-SI-2011. The Constitutional Chamber determined that the conduct of the public officials now characterized as improper, contrary to the principle of probity (principio de probidad), and even criminal, was lawful—that is, valid from both a constitutional and a legal standpoint. Por tanto, following that judgment of the Constitutional Chamber, no other judicial or administrative body may consider such conduct criminal.
She asserts that the determination made by the Constitutional Chamber is binding not only on the Administration but also on every court, where conduct found by a binding ruling of the Constitutional Chamber to have occurred within the applicable constitutional and legal parameters cannot be deemed improper. Regarding the ratio decidendi, the claimant states that it consists of the reasons that led the Constitutional Court to decide as it did. German legal scholarship has employed various lines of reasoning to justify that the ratio decidendi of Constitutional Court judgments is also binding on the other courts, constitutional bodies, and administrative entities. The Chamber addressed this issue in votes 2582-94 and 279-98. The binding force (vinculatoriedad) of the Constitutional Chamber’s judgments is not limited to the operative part of the decision, because the most important elements are its grounds and reasoning.
Constitutional proceedings (proceso constitucional) are not proceedings concerning claims, but proceedings for the protection of subjective legal situations (situaciones jurídicas subjetivas) and for judicial review of the constitutionality (control de constitucionalidad) of laws, general provisions, and individual acts of public authorities. That binding force has particular characteristics derived from the cited rules and principles, which stand in direct opposition to the jurisprudential criteria of the Sala Primera and the Tribunal Contencioso-Administrativo. Emphasizing the reasoning, there are three important consequences. First, it is the legal grounds, the recitals (considerandos) of the decision, and its factual framework that ultimately define the scope and expansion of the judgment’s effects and that alone make it possible to understand where “constitutionality” ends and “legality” begins, with neither a boundary nor a predetermined statutory demarcation between them.
Second, all rulings of the Constitutional Chamber, both those granting relief and those denying relief, have the same binding force and therefore equally produce constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional). Third, the binding nature of the Constitutional Chamber’s judgments produces effects beyond the parties involved, since they must be observed by all branches and public authorities and in similar future cases, and it encompasses both the Chamber’s interpretation of constitutional provisions and its interpretation of infra-constitutional provisions (normas infraconstitucionales). The conclusions drawn from the challenged case law disregard the binding erga omnes nature of the Constitutional Chamber’s judgments. From the perspective of the Constitución Política, all judgments have the same binding nature, and their effects cannot be limited to judgments granting relief, to the parties involved, or exclusively to determining the content of constitutional provisions.
According to the cited case law, the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa) restricts their effects to matters described as being of a constitutional nature and significance. This assertion contains a fallacy and is absurd and illogical. The Constitution is the supreme law and therefore extends its normative force and resilience to the remainder of the rules comprising the legal system. The sole purpose of that assertion is to disregard the effects of the Constitutional Chamber’s judgments and to claim exclusive jurisdiction to resolve what are defined as matters of mere legality. Fundamental rights, as well as all other constitutional provisions, have general constitutional content that necessarily must be specified through statutory or regulatory provisions for them to be operative. Accordingly, the Constitutional Chamber’s interpretation of infra-constitutional provisions that contribute to determining the content and scope of a constitutional provision, especially those establishing fundamental rights, is binding on all legal practitioners in the country, including the courts of every jurisdiction.
Moreover, the determination of the identities required by civil procedural legislation serves to constrain the general effects of judgments because it introduces formalistic criteria developed for disputes between private parties. All the foregoing demonstrates the constitutional defects in the previously described case law of the Sala Primera and the Tribunal Contencioso Administrativo. Furthermore, the manner in which the Tribunal Contencioso Administrativo ruled, as affirmed in all respects by the Sala I de Casación, in the Proyecto Minero Crucitas case demonstrates the application of that case law and its departure from the constitutional mandate. In the amparo proceeding (recurso de amparo) challenging the constitutional and legal validity of Proyecto Minero Crucitas, the Constitutional Chamber conducted a complete examination of the administrative conduct submitted for its review to protect the right to the environment, and its analysis addressed every dimension—constitutional, legal, and technical—to ensure effective protection of that constitutional right.
Accordingly, in assessing the challenged conduct that could cause environmental damage, the Constitutional Chamber examined the complete regulatory framework governing the activity, which, because it involved the use and exploitation of public-domain property (bienes de dominio público), was subject to a diverse body of rules and regulations establishing the conditions and requirements under which the authorized activity could be carried out, as well as the steps that had to be followed for that purpose. In this regard, in judgment number 2010-6922, issued at 14:35 on 16 de abril de 2010, the Chamber conducted an exhaustive, in-depth, and complete study and review of the substantive aspects of Proyecto Minero Crucitas, encompassing a wide variety of complex issues and clearly concluding that the concession granted to Industrias Infinitivo S.A. was lawful. Consequently, neither the Tribunal Contencioso-administrativo nor the case law on which that ruling was based could depart from the binding criterion expressed by the Constitutional Chamber in the aforementioned judgment.
The challenged case law therefore grossly and manifestly violates the constitutional principle that the rulings and precedents of the Constitutional Chamber are binding erga omnes, including upon the courts of justice. She states that the Constitutional Chamber has recognized legal certainty (seguridad jurídica) as a general principle of law that may also be conceptualized as an individual guarantee insofar as it makes it possible to establish a high degree of certainty regarding the continued existence of each person’s legal situations. Moreover, the Chamber has stated that it is also one of the fundamental values of the legal system. With respect to legal certainty, it is important to emphasize the ordering function of the Constitutional Chamber, insofar as it gives practical effect to the text of the Constitución Política; its judgments must therefore be implemented by all public authorities and likewise by the bodies of ordinary jurisdiction (jurisdicción ordinaria).
Legal certainty requires respect for and application of the constitutional principle that the Constitutional Chamber’s rulings and precedents are binding erga omnes, in order to prevent the same constitutional dispute from being litigated again and thereby avert disruption of social peace and order. Disregard for constitutional res judicata and, therefore, for the constitutional principle thus constitutes a breach of legal security and certainty, as well as of social peace and order.
Justice Armijo Sancho writes the opinion; and,
Considering:
An action of unconstitutionality is a proceeding subject to certain formalities, which must be satisfied for the Chamber to validly consider the merits of the challenge. In this regard, Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes the admissibility requirements for an action of unconstitutionality. First, there must be a prior matter pending resolution, whether in judicial proceedings or in proceedings to exhaust administrative remedies (agotar la vía administrativa), in which unconstitutionality has been invoked as a reasonable means of protecting the right or interest alleged to have been infringed. In its second and third paragraphs, the law exceptionally establishes circumstances in which no prior matter is required: when, owing to the nature of the matter, there is no individual and direct injury; when the defense of diffuse or collective interests (intereses difusos o colectivos) is involved; or when the action is filed directly by the Contralor General de la República, the Procurador General de la República, the Fiscal General de la República, or the Defensor de los Habitantes. Regarding the requirement of a matter pending resolution, this Chamber stated the following in judgment number 04190-95, issued at eleven thirty-three a.m. on the twenty-eighth of July, nineteen ninety-five:
“(…) First, this is an incidental proceeding (proceso de naturaleza incidental), rather than a direct or popular action (acción directa o popular), meaning that a matter pending resolution—whether before the courts of justice or in proceedings to exhaust administrative remedies—must exist in order to obtain access to constitutional review (vía constitucional), and the action must constitute a reasonable means of protecting the right alleged to have been infringed in the principal matter, such that the Constitutional Court’s ruling has a positive or negative effect on that pending proceeding because it determines the constitutionality of the provisions that must be applied in that matter; only as an exception does the legislation permit direct access to this form of review—the circumstances contemplated in the second and third paragraphs of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—” Accordingly, the requirement of a prior matter pending resolution is not merely formal, because neither the mere existence of an underlying matter nor the mere invocation of unconstitutionality is sufficient; the action must also constitute a reasonable means of protecting the right or interest alleged to have been infringed.
This means that the challenged provisions must be applicable to the underlying matter. (See, to the same effect, judgments numbers 01668-90, 04085-93, 00798-94, 03615-94, 00409-I-95, 00851-95, 04190-95, 00791-96). Other formalities must likewise be satisfied, namely: explicit identification of the challenged provisions, supported by proper grounds and specific citation to the constitutional rules and principles alleged to have been violated; authentication by an attorney of the pleading filing the action; proof of the circumstances establishing standing, including powers of attorney and certifications; and a verbatim certified copy of the pleading in which the unconstitutionality of the provisions was invoked in the underlying matter. If petitioners fail to satisfy these requirements, the Presidency of the Chamber may order them to cure the deficiencies.
This Chamber has repeatedly stated that an action of this kind is principally incidental in nature and therefore requires a matter pending resolution in administrative or judicial proceedings, within which the unconstitutionality of the provision has been invoked as a reasonable means of protecting the right alleged to have been infringed. These requirements are not merely formal: simple compliance with them is insufficient, because the provision challenged through this form of review must also have a direct bearing on the underlying matter, such that the ruling on the action serves as a reasonable means of protecting the right infringed within the prior matter. Conversely, if there is no direct connection between the subject of the dispute in the underlying matter and what is challenged in the action, this Chamber cannot issue a ruling on it. It is therefore pursuant to Article 75 of the Law governing this Jurisdiction that petitioners must establish and submit a verbatim certified copy of the pleading in which they invoked the unconstitutionality of the provisions in the underlying matter, so that their bearing on that matter may be verified.
In this case, to establish her standing to act, the petitioner stated that the appeal and accompanying motion for nullity she filed against resolution 12171, which ordered her dismissal without employer liability, remain pending before the Tribunal del Servicio Civil. However, neither the certification nor the other documentation submitted by the petitioner herself shows that she invoked the unconstitutionality of the purported case law (jurisprudencia) challenged here or of any other provision being applied in the specific case. Indeed, in both the appeal and the motion for nullity filed on 17 and 26 June 2013, the petitioner expressly stated: “[…] Before analyzing and setting forth the grounds for rejecting the resolution challenged here, and pursuant to Articles 1, 2, 3, 73 and 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, I invoke the unconstitutionality of resolution number 12171 of the Tribunal de Servicio Civil because: 1- It violates Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, …[…]. 2- The other reason for invoking the constitutional defect in resolution 12171 of the Tribunal de Servicio Civil is the clear violation, both during the investigation proceedings and in resolution 12171, of Articles 1, 5, 8, 9, 11 and 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, known as Pacto de San José, which therefore—pursuant to Article 7 of the Constitución Política—have authority superior to that of statutes.
The evident lack of reasoning, failure to assess the evidence, and biased handling thereof grossly violate my right to a fair and impartial proceeding in which my dignity is respected, but above all my right to be heard, which entails not merely the opportunity to submit arguments and evidence, but also that those arguments and evidence be examined and objectively analyzed and that clear, precise, and specific reasons be provided for their rejection, particularly when disciplinary proceedings (procesos sancionatorios) are involved. […]” It follows from the foregoing that, in the underlying matter, the petitioner invoked only the unconstitutionality of the specific resolution number 12171 of June 2013, issued by the Tribunal del Servicio Civil, which ordered her dismissal without employer liability; she did not invoke the unconstitutionality of any provision, not even that of the purported case law against which she brings this action, namely judgment number 4399-2010 of Sección IV de Tribunal Contencioso Administrativo and judgment number 001469-F-S1-2011 of Sala Primera de Casación.
In this regard, it is evident that the petitioner did not invoke the unconstitutionality of any provisions in the underlying matter to demonstrate that this action would constitute a reasonable means of protecting the asserted right. On the contrary, it is evident that what the petitioner actually seeks to challenge is the specific dismissal decision issued against her, which this Chamber cannot hear through an action of unconstitutionality, in light of Article 73 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. In any event, it should be noted that judgment number 4399-2010 of Sección IV de Tribunal Contencioso Administrativo and judgment number 001469-F-S1-2011 of Sala Primera de Casación, to which the petitioner refers in this action, were issued in judicial proceedings that have already concluded and addressed and resolved acts different in nature from those addressed and disputed in the administrative proceeding brought against the petitioner; consequently, they are unrelated.
In other words, the judicial proceeding in which the cited judgments were issued challenged the permit granted by the State to a private company for mining operations, whereas the administrative proceeding conducted against the petitioner before the Servicio Civil seeks to discipline her for alleged misconduct committed in the performance of her duties; these are proceedings of a different nature and are not binding upon one another. Furthermore, it must be clarified that even if the petitioner had invoked the unconstitutionality of judgments 4399-2010 of Tribunal Contencioso Administrativo and 001469-F-S1-2011 of Sala Primera, both decisions were issued in judicial proceedings that had already been resolved; therefore, the administrative proceeding cited as the underlying matter is not an appropriate means of challenging them. In light of the foregoing, and because the unconstitutionality of no provisions applicable to the specific case cited as the underlying matter was invoked, the action does not constitute a reasonable means of protecting the right alleged to have been infringed and is therefore inadmissible.
Pursuant to Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the pleading filing a constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) must set forth the grounds clearly and precisely, with specific citation to the provisions or principles deemed to have been infringed. This requirement is not a mere formality, but rather an essential admissibility requirement, because, by virtue of the pro-judgment principle (principio pro sentencia)—developed on other occasions by this Chamber—under which admissibility requirements must be interpreted in a manner favorable to the action, and because Constitutional Law is a matter of overriding public policy, there is a public interest in guaranteeing its supremacy and effectiveness, pursuant to which obstacles to the admission and adjudication on the merits of an action must be interpreted and applied restrictively. Accordingly, all procedural rules must be interpreted and applied in such a way as to result in the issuance of a judgment; this not only facilitates the administration of justice but also prevents obstacles from being imposed that would preclude its attainment (see, to the same effect, judgments numbers 93-5175, 3041-97, 01-06, 2874-06, 1622-08 and 2887-08).
Consequently, the lack of legal grounds for the action prevents the issuance of a properly reasoned judgment consistent with the relief sought. Likewise, it is improper for this Chamber to rule on the merits of provisions challenged in an action when the party bringing the action fails to state the grounds for the challenge, since doing so would entail conducting constitutional review in the abstract as an academic exercise, which is incompatible with the purpose of a proceeding of this nature. In this particular case, although the petitioner discussed—in general terms—the binding nature that, in her view, the judgments of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) possess, in order to challenge the rulings of the Tribunal Contencioso Administrativo and the Sala Tercera in judgments 4399-2010 of the Tribunal Contencioso Administrativo and 001469-F-S1-2011 of the Sala Primera, the fact remains that the petitioner did not provide clear and precise legal grounds for the action, since her initial pleading did not clearly and specifically explain the reasons why she considers the challenged rulings contrary to Constitutional Law (Derecho de la Constitución).
In other words, the petitioner discussed the binding force of judgments separately and in general terms, but did not connect the alleged line of precedent she seeks to challenge with the constitutional provisions she considers infringed, nor did she explain which fundamental right had been violated so as to provide this Chamber with the elements necessary to determine or establish how the challenged rulings deprive the fundamental right deemed violated of its essential content. In view of the aforementioned deficiency in the grounds for the action, issuing the order to cure defects (prevención) referred to in Article 80 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional would serve no purpose, since doing so would effectively require the petitioner to redraft the action. It is therefore more reasonable to dismiss it summarily, without prejudice to the petitioner filing a new action, should she deem it appropriate, in compliance with the requirements established in Articles 73 to 79 of the aforementioned law.
In light of the foregoing, and because the statement of legal grounds is an essential requirement for the admissibility of a proceeding of this nature, its omission in this case requires dismissal of the action.
In light of the foregoing, the action is inadmissible because it does not constitute a reasonable means of protecting the right deemed violated and because it lacks legal grounds.
We depart from the majority opinion of this Court and dissent in this matter because we consider the decision to summarily dismiss this constitutional challenge premature.- It is unquestionable that a constitutional challenge is a proceeding “instituted for the purpose of guaranteeing the supremacy of the Constitución Política over rules or other provisions of a general nature and that, for this very reason, a set of formal requirements must be met so that the Chamber may validly adjudicate the merits of the challenge,” as stated in this Chamber’s extensive body of precedent. Nevertheless, it is the law itself that prescribes how the various formal requirements and any failure to comply with them must be addressed, as may be seen from Article 80 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, which provides:
“Article 80.- If the formal requirements referred to in the preceding two articles have not been satisfied, the President of the Chamber shall identify by order which requirements were omitted and shall direct that they be satisfied within three days (…)” In this matter, the action lacks the adequate and sufficient grounds required by Article 79 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. It is therefore indisputable that the petitioner must be ordered to cure the identified omissions.- Likewise, it is by no means superfluous to make clear that—in our view—Articles 78 and 79, as well as Article 80 itself, of the law governing this jurisdiction must be interpreted broadly for the benefit of those who come before this Chamber, so that access to constitutional justice is not unnecessarily restricted.
Although in judgment number 13807-2013, issued in constitutional challenge number 13-008178-0007-CO, filed—prior to this one—against the precedent of the Sala Primera de Casación and the Tribunales Contencioso Administrativo, I dissented and directed that the action proceed; on this occasion I do not dissent because the grounds for dismissal are different, and I therefore concur in the declaration that the action is inadmissible.
Por tanto:
The action is summarily dismissed. Magistrate Rueda Leal and Magistrate Hernández López dissent solely with respect to the matters stated in Considerando III of this judgment. Magistrate Castillo Víquez files a separate opinion.
Gilbert Armijo S.
President Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Ronald Salazar Murillo Telephone numbers: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
*130121010007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil catorce.
Acción de inconstitucionalidad promovida por [NOMBRE 001], mayor, soltera, abogada, portadora de la cédula de identidad número [VALOR 001], vecina de Mata de Plátano, Goicoechea; contra la JURISPRUDENCIA DE LA SALA I DE CASACIÓN Y LOS TRIBUNALES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN RELACIÓN CON LOS ALCANCES DE LA VINCULATORIEDAD DE LAS SENTENCIAS DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Resultando:
Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y,
Considerando:
La acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que deben ser satisfechas a efecto de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación. En ese sentido, el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece los presupuestos de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. En primer término, se exige la existencia de un asunto previo pendiente de resolver, sea en vía judicial, o bien, en el procedimiento para agotar de la vía administrativa, en que se haya invocado la inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado. En el párrafo segundo y tercero, la ley establece de manera excepcional, presupuestos en los que no se exige el asunto previo, cuando por la naturaleza del asunto, no exista una lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos o colectivos, o bien cuando es formulada en forma directa por el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. Ahora bien, en cuanto a la exigencia de un asunto pendiente de resolver, esta Sala mediante sentencia número 04190-95, de las once horas treinta y tres minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cinco, señaló lo siguiente:
“(…)En primer término, se trata de un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-” Así las cosas, la exigencia de un asunto previo pendiente de resolver, no constituye un requisito meramente formal, toda vez, que no basta con la sola existencia de un asunto base, ni con la simple invocación de la inconstitucionalidad, pues se requiere además, que la acción sea un medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado.
Esto quiere decir, que la normativa impugnada debe ser aplicable en el asunto base. (Ver en igual sentido las sentencias números 01668-90, 04085-93, 00798-94, 03615-94, 00409-I-95, 00851-95, 04190-95, 00791-96). Asimismo, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, la determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de las normas y principios constitucionales que se consideren infringidos, la autenticación por abogado del escrito en el que se plantea la acción, la acreditación de las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), así como la certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas en el asunto base, requisitos que en caso de no ser cumplidos por los accionantes, pueden ser prevenidos por la Presidencia de la Sala.
En reiteradas ocasiones, esta Sala ha expresado que el proceso de acción es principalmente, de carácter incidental, por lo que se requiere que exista un asunto pendiente de resolver en vía administrativa o judicial, dentro del cual se haya invocado la inconstitucionalidad de la norma como medio razonable para amparar el derecho que se considera lesionado. Tales requisitos no se traducen en una cuestión meramente formal, pues no basta con el simple cumplimiento de los mismos, se requiere además, que la norma impugnada a través de esta vía tenga una incidencia directa sobre el asunto que sirve como base, de tal suerte, que lo resuelto en la acción sirva como un medio razonable para amparar el derecho lesionado dentro del asunto previo. A contrario sensu, sino existe una conexidad directa entre el objeto de discusión del asunto base y lo impugnado en la acción, no resulta posible que esta Sala se pronuncie al respecto.
En por lo anterior, que de conformidad con el artículo 75 de la Ley que rige a esta Jurisdicción, los accionantes deben acreditar y aportar certificación literal del escrito en el que invocaron la inconstitucionalidad de las normas, en el asunto base, a efecto de verificar la incidencia en el asunto base. En el caso particular, a efecto de fundamentar su legitimación para actuar, la accionante señaló que ante el Tribunal del Servicio Civil se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación y nulidad concomitante que interpuso en contra de la resolución 12171, que acordó su despido sin responsabilidad patronal. Sin embargo, de la certificación y demás documentación aportada por la propia accionante, no se constata la invocatoria de inconstitucionalidad de la supuesta jurisprudencia aquí impugnada o de alguna otra normativa que se esté aplicando en el caso concreto, pues tanto en el escrito de interposición del recurso de apelación como en el de nulidad presentados el 17 y 26 de junio del 2013, la accionante expresamente indicó que: “[…] De previo al análisis y fundamentos del repudio de la resolución aquí cuestionada, y de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 73 y 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, invoco la inconstitucionalidad de la resolución número 12171 del Tribunal de Servicio Civil, por cuanto: 1- Es violatoria del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, …[…]. 2- La otra razón para invocar el quebranto constitucional de la resolución 12171 del Tribunal de Servicio Civil, es la clara violación que tanto durante el proceso de instrucción como en la resolución 12171, se hace de los artículos 1, 5, 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, por lo que -de conformidad con el artículo 7 de la Constitución Política- adquieren autoridad superior a la ley.
La evidente ausencia de motivación, de análisis de la prueba y el manejo sesgado de la misma, trasgrede groseramente el derecho que me corresponde de un proceso justo e imparcial, donde se respete mi dignidad, pero sobre todo se respete el derecho a ser oída, que no implica solo la oportunidad de presentar alegatos y pruebas, sino que esos alegatos y pruebas sean examinados, analizados en forma objetiva y que se establezcan las razones claras, precisas y circunstancias de su rechazo, máxime cuando estamos frente a procesos sancionatorios. […]”. De lo anterior, se desprende, que la accionante, únicamente, invocó la inconstitucionalidad de la resolución concreta número 12171 de junio del 2013, emitida por el Tribunal del Servicio Civil, en el asunto base, en la cual se dispuso su despido sin responsabilidad patronal, pero no invocó la inconstitucionalidad de norma alguna, ni siquiera de la supuesta jurisprudencia contra la cual dirige la presente acción, sea las sentencias número 4399-2010 de la Sección IV de Tribunal Contencioso Administrativo y la número 001469-F-S1-2011 de la Sala Primera de Casación.
En ese sentido, se observa, que la accionante no invocó la inconstitucionalidad de normas en el asunto base, a fin de acreditar que la presente acción sería un medio razonable para amparar el derecho alegado. Por el contrario, se observa que lo que en realidad pretende impugnar la actora es el acto concreto de despido dictado en su contra, lo que no puede ser conocido por esta Sala a través de un proceso de acción de inconstitucionalidad, a la luz de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En todo caso, cabe mencionar, que las sentencias número 4399-2010 de la Sección IV de Tribunal Contencioso Administrativo y la número 001469-F-S1-2011 de la Sala Primera de Casación, a las que hace referencia la actora en esta acción, fueron dictadas en un proceso judicial ya finalizado, en dónde se conoció y resolvió sobre actos de diferente naturaleza a los que se conocen y discuten en el procedimiento administrativo seguido en contra de la actora, por lo que no guardan una relación entre sí.
En otras palabras, en el proceso judicial en el que se dictaron las sentencias de referencia, se impugnó el permiso otorgado por el Estado a una empresa privada, para la explotación minera; mientras que en el procedimiento administrativo tramitado ante el Servicio Civil en contra de la actora, se pretende sancionar a ésta por las supuestas faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones; lo que constituye procesos de diferente naturaleza, no vinculantes entres sí. Aunado a lo anterior, es necesario aclarar que aún cuando la accionante hubiese invocado la inconstitucionalidad de las sentencias 4399-2010 del Tribunal Contencioso Administrativo y 001469-F-S1-2011 de la Sala Primera, lo cierto es, que ambas resoluciones fueron dictadas dentro de un proceso judicial ya resuelto, por lo que el procedimiento administrativo que se cita como base, no resulta un medio idóneo para impugnarlas. En virtud de lo expuesto y al no haberse invocado inconstitucionalidad alguna de normas aplicables al caso concreto citado como base, la acción no constituye un medio razonable para amparar el derecho que se considera lesionado, por ende la acción resulta inadmisible.
De conformidad con el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el escrito en que se interponga la acción de inconstitucionalidad, se deberán exponer los fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos. Dicho requisito no se traduce en una mera formalidad, sino en un requisito esencial de admisibilidad, pues en virtud del principio pro sentencia –desarrollado en otras ocasiones por esta Sala- según el cual, los requisitos de admisibilidad deben interpretarse en sentido favorable a la acción, además, el Derecho Constitucional es de orden público preferente y en garantía de su supremacía y vigencia hay un interés público en virtud del cual los obstáculos para la admisión y resolución de fondo de una acción, deben interpretarse y aplicarse restrictivamente. Así las cosas, todas las normas procesales deben ser interpretadas y aplicadas de manera tal que se obtenga el dictado de la sentencia, lo anterior, no solo facilita la administración de la justicia, sino que además, evita que se impongan obstáculos para no alcanzarla (ver en igual sentido, las sentencias números 93-5175, 3041-97, 01-06, 2874-06, 1622-08 y 2887-08).
En consecuencia, la falta de fundamentación de la acción, impide el dictado de una sentencia debidamente motivada y congruente con lo pretendido. Asimismo, resulta improcedente que esta Sala se pronuncie por el fondo de normas cuestionadas en una acción, cuando el que acciona no fundamenta las razones por las cuales impugna, toda vez, que ello implicaría efectuar un control constitucional en abstracto a manera de ejercicio académico, lo que no es compatible con la finalidad de un proceso de esta naturaleza. En el caso particular, si bien la accionante desarrolló – en términos generales- el carácter vinculante que a su juicio, tienen las sentencias de la Sala Constitucional, a fin de cuestionar lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Administrativo y la Sala Tercera en las sentencias 4399-2010 del Tribunal Contencioso Administrativo y 001469-F-S1-2011 de la Sala Primera, lo cierto es, que la actora no fundamentó en forma clara y precisa la acción, toda vez, que en el escrito de interposición no efectuó una estima que lo impugnado resulta contraria al Derecho de la Constitución.
En otras palabras, la accionante desarrolló el tema de la vinculatoriedad de las sentencias en forma separada y en términos generales, pero no relacionó la supuesta línea jurisprudencial que pretende impugnar, con los preceptos constitucionales que considera infringidos, así como tampoco explicó cuál es el derecho fundamental lesionado a efecto de aportar a esta Sala los elementos de juicio necesarios para establecer o acreditar de qué forma lo impugnado vacía el contenido esencial del derecho fundamental que se considera vulnerado. Ahora bien, ante la deficiencia apuntada en cuanto a la fundamentación de la acción, resulta inútil practicar la prevención a que hace referencia el artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez, que ello implicaría obligar a la accionante a rehacer la acción, por lo que es más razonable rechazarla de plano, para que si a bien lo tienen la promovente formule una nueva acción en cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 73 a 79 de la citada ley. En virtud de lo anterior y al ser la fundamentación un requisito esencial para que un proceso de esta naturaleza resulte admisible, su incumplimiento en este caso, provoca el rechazo de la acción.
En virtud de lo expuesto, la acción resulta inadmisible por no constituir medio razonable para amparar el derecho que se considera lesionado y por falta de fundamentación.
Nos separamos del criterio de la mayoría de este Tribunal y salvamos el voto en este asunto, por considerar que la decisión de rechazar de plano esta acción de inconstitucionalidad es prematura.- Es incuestionable que la acción de inconstitucionalidad es un proceso, “instaurado con el propósito de garantizar la supremacía de la Constitución Política frente a normas u otras disposiciones de carácter general y que por esa misma razón deben cumplirse un conjunto de formalidades, a efecto de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación” como se ha señalado en la amplia jurisprudencia de esta Sala, sin embargo, es precisamente la propia ley la que ordena el tratamiento que debe darse a las distintas formalidades y a su eventual incumplimiento, como se extrae del texto del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que señala:
“artículo 80.- Si no se llenaren las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la Sala señalará por resolución, cuáles son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día (…)” En este asunto, se echa de menos una fundamentación adecuada y suficiente tal y como la exige el artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que resulta de incuestionable aplicación la prevención al accionante para remedie las omisiones detectadas.- De igual forma, no sobra en absoluto dejar sentado además que -en nuestro criterio- tanto la interpretación de los artículos 78 y 79 como la del propio 80 de la Ley que rige esta jurisdicción, debe ser amplia en beneficio de quienes acuden a esta Sala, de modo el acceso a la justicia constitucional no se resulte innecesariamente limitado.
Si bien en la sentencia número 13807-2013, dictada dentro la acción de inconstitucionalidad número 13-008178-0007-CO, interpuesta -con anterioridad a esta- en contra de la Jurisprudencia de la Sala Primera de Casación y de los Tribunales Contencioso Administrativo, salvé el voto ordenando dar curso a la acción; en esta ocasión no salvo el voto por cuanto los presupuestos del rechazo son diferentes, por lo que coincido con la declaratoria de inadmisibilidad de la acción.
Por tanto:
Se rechaza de plano la acción. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrado Hernández López salvan el voto, únicamente, en relación con lo indicado en el considerando III de esta sentencia. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.
Gilbert Armijo S.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Ronald Salazar Murillo 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
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