Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 02149-2014 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 18/02/2014

Constitutional Chamber on municipal permits for telecommunications towersSala Constitucional sobre permisos municipales para torres de telecomunicaciones

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Chamber dismisses the amparo on the merits, holding that complaints about the illegality of municipal permits and lack of public consultation do not constitute a violation of fundamental rights and must be pursued through other channels.La Sala rechaza por el fondo el amparo, declarando que las quejas sobre ilegalidad de permisos municipales y falta de consulta pública no constituyen lesión a derechos fundamentales y deben ventilarse en otras vías.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber dismisses an amparo action against the Municipality of La Unión for granting construction permits for a telecommunications tower. The claimant alleged illegality of permits, lack of public consultation, and placement on usurped land, but the Chamber finds no violation of fundamental rights—the dispute is a matter of ordinary legality to be resolved through other channels. It reaffirms its settled case law: installation of cell phone towers is a matter of national public interest prevailing over local interests, there is no scientific evidence of health risks, and citizen participation is not required in every case, especially when SETENA classifies the project as low environmental impact. Three dissenting magistrates hold that the right to citizen participation and urban planning procedures must be respected, but the majority confirms the amparo is inadmissible for lack of fundamental rights violation.La Sala Constitucional rechaza un recurso de amparo contra la Municipalidad de La Unión por el otorgamiento de permisos de construcción para una torre de telecomunicaciones. El recurrente alegaba ilegalidad en los permisos, falta de consulta pública y emplazamiento en terrenos usurpados, pero la Sala determina que no se trata de una lesión a derechos fundamentales sino de un asunto de legalidad ordinaria que debe ventilarse en otras vías. Reitera su jurisprudencia consolidada: la instalación de torres de telefonía celular es un tema de interés público nacional que prevalece sobre los intereses locales, no existe evidencia científica de riesgo para la salud, y la participación ciudadana no es exigible en todos los casos, especialmente cuando SETENA califica el proyecto como de bajo impacto ambiental. Un voto salvado de tres magistrados sostiene que debe respetarse el derecho a la participación ciudadana y que deben aplicarse los procedimientos urbanísticos, pero la mayoría confirma la improcedencia del amparo por no existir violación de derechos fundamentales.

Key excerptExtracto clave

IV. ON THE SPECIFIC CASE. In the present amparo, the petitioner does not properly denounce an issue that concerns the environment, in the terms indicated in the preceding recitals, but rather is dissatisfied with the mere illegality of the permits granted. In addition, as he himself acknowledges, the Administration has already noted that illegality and ordered the closure of the work in question. Therefore, his objections have no relation to an infringement of his fundamental rights and, consequently, do not warrant activating this remedy. In this regard, the alleged failure to observe the duties inherent in administrative functions that he points out and claims does not constitute a matter that must be resolved in this jurisdiction, since it must be raised and resolved before the instances that hear such complaints within the respondent Local Government itself, before the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), which is the body competent to monitor the degree of efficiency with which public institutions work, or even in criminal proceedings, in the event of breach of duties, given that this Court cannot directly substitute the administrative will, not only because it lacks jurisdiction to do so, but also because doing so would be tantamount to condoning the indolence or negligence of the official or office responsible for handling the case in question. Consequently, the amparo is inadmissible and so declared.IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el presente amparo, el recurrente no denuncia propiamente un problema que ataña al medio ambiente, en los términos señalados en los considerandos anteriores, sino que se encuentra inconforme con la mera ilegalidad de los permisos otorgados. A ello se agrega que, según él mismo acepta, la Administración ya advirtió esa ilegalidad y ordenó clausurar la obra en cuestión. Por consiguiente, sus reparos no tienen relación con una lesión a sus derechos fundamentales y, por ende, no ameritan activar esta vía. En este sentido, la presunta inobservancia de los deberes inherentes a la función administrativa que apunta y reclama, a la sazón, no constituye un supuesto que deba dilucidarse ante esta jurisdicción, pues debe ser planteada y resuelta ante las instancias que conocen de tales quejas en el propio Gobierno Local recurrido, ante la Defensoría de los Habitantes, que es el órgano competente para vigilar el grado de eficiencia con que trabajan las instituciones públicas, o inclusive en la vía penal, ante el supuesto de incumplimiento de deberes, toda vez que este Tribunal no puede sustituir directamente la voluntad administrativa, no sólo porque carece de competencia para hacerlo, sino además por cuanto ello equivaldría a cohonestar la desidia o negligencia del funcionario o despacho responsable de atender el caso en cuestión. En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara.

Pull quotesCitas destacadas

  • "esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no le compete revisar si dichos permisos se ajustan o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional."

    "this Chamber is not a reviewer of the legality of the Administration's actions or decisions, so it is not its role to review whether such permits comply with current legal provisions, a task belonging to the ordinary, administrative or judicial channels."

    Considerando I

  • "esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no le compete revisar si dichos permisos se ajustan o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional."

    Considerando I

  • "la infraestructura, en materia de telecomunicaciones, tiene una relevancia que excede la esfera de lo local o cantonal, asumiendo un claro interés público y, desde luego, erigiéndose como una cuestión que atañe a la órbita de lo nacional"

    "infrastructure, in telecommunications matters, has a relevance that exceeds the local or cantonal sphere, assuming a clear public interest and, indeed, standing as a matter that concerns the national sphere"

    Considerando II — extracto de sentencia 015763-2011

  • "la infraestructura, en materia de telecomunicaciones, tiene una relevancia que excede la esfera de lo local o cantonal, asumiendo un claro interés público y, desde luego, erigiéndose como una cuestión que atañe a la órbita de lo nacional"

    Considerando II — extracto de sentencia 015763-2011

  • "no existe evidencia de que la operación de tales torres suponga un riesgo o amenaza para la salud de las personas y, por el contrario, se ha determinado que sus emisiones son de tan baja potencia que resultan inocuas para la salud."

    "there is no evidence that the operation of such towers poses a risk or threat to people's health and, on the contrary, it has been determined that their emissions are of such low power that they are harmless to health."

    Considerando II — extracto de sentencia 2010-014449

  • "no existe evidencia de que la operación de tales torres suponga un riesgo o amenaza para la salud de las personas y, por el contrario, se ha determinado que sus emisiones son de tan baja potencia que resultan inocuas para la salud."

    Considerando II — extracto de sentencia 2010-014449

  • "en el presente amparo, el recurrente no denuncia propiamente un problema que ataña al medio ambiente... sino que se encuentra inconforme con la mera ilegalidad de los permisos otorgados."

    "in the present amparo, the petitioner does not properly denounce an issue concerning the environment... but rather is dissatisfied with the mere illegality of the permits granted."

    Considerando IV

  • "en el presente amparo, el recurrente no denuncia propiamente un problema que ataña al medio ambiente... sino que se encuentra inconforme con la mera ilegalidad de los permisos otorgados."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sala Constitucional Date of Resolution: February 18, 2014, at 2:30 p.m.

Case File: 14-001799-0007-CO Type of Matter: Amparo Action Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with protected data, in accordance with current regulations Case File No. 14-001799-0007-CO PROCEEDING: AMPARO ACTION RESOLUTION No. 2014002149 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fourteen hours and thirty minutes on the eighteenth of February of two thousand fourteen.

Amparo action filed by DANIEL SANABRIA MARTÍNEZ, identification card 0302310321, against THE MAYOR AND THE PRESIDENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE MUNICIPALITY OF LA UNIÓN.

Whereas:

1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at fifteen hours and twenty-two minutes on the eleventh of February of two thousand fourteen, the claimant files an amparo action against THE MAYOR AND THE PRESIDENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE MUNICIPALITY OF LA UNIÓN, and states the following, in summary: that he disagrees because, despite the opposition of the community's residents, the respondent local corporation granted construction permits for a telecommunications tower on usurped land. Given this, those residents requested the annulment of the respective land-use permits, for violating established construction guidelines. He affirms that, indeed, as a result of that action, an order was issued to close said tower. However, the claimant denounces that the structure is currently operating. He also accuses that a public consultation was never convened, pursuant to Article 17 of the Urban Planning Law and the Regulations of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. The claimant requests that the action be granted, with the legal consequences.

2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject, outright or on the merits, at any time, even from its submission, any action presented for its consideration that is manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a previous, identical or similar rejected action.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

Considering:

I.- ON THE GRANTING OF MUNICIPAL PERMITS.- In the present case, the claimant accuses that a project to install a telecommunications tower was not submitted to a public consultation prior to granting the respective permits, adding that the antenna was located on usurped land. However, to begin with, this Chamber is not a comptroller of the legality of the actions or resolutions of the Administration, meaning it is not within its purview to review whether said permits comply or not with the current legal regulations, a task proper to the ordinary, administrative, or jurisdictional channels. Thus, when ruling on an analogous case in judgment No. 2012-006792 of fifteen hours five minutes on the twenty-second of May of two thousand twelve, the Chamber held as follows:

"In regard to what is alleged by the claimants concerning the supposed disregard by the respondent authority of the distance that must exist between one cell phone tower and another, since both structures are located less than 250 meters apart. It should be noted that this Chamber cannot determine whether the Municipality of Alajuela has complied or not with the provisions of the Regulatory Plan (Plan Regulador) for the area when granting construction permits to the Claro company to erect a cell phone tower, as this constitutes a matter of legality that must be alleged before the respondent municipal corporation itself through the remedies that the law provides for this purpose. Therefore, the action is inadmissible in this regard." II.- ON TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE AND THE RIGHT TO HEALTH.- Now then, the issue of installing telecommunications and cell phone towers has already been extensively addressed by this Chamber, which is a matter of public interest. In this manner, in pronouncement No. 2013-006649 of ten hours twenty minutes on the seventeenth of May of two thousand thirteen, the Chamber held as follows:

"ON THE INSTALLATION OF CELL PHONE TOWERS. In the case of the installation of cell signal transmission towers, the Sala Constitucional has determined that it is a matter of public interest that exceeds the local or cantonal sphere, which pertains to the national orbit and even extends into the field of Public International Law. Thus, this Court, in judgment number 015763-2011 of nine hours forty-six minutes on the sixteenth of November of two thousand eleven, indicated the following:

V.- IMPORTANCE, PUBLIC INTEREST, AND NATIONAL SCOPE OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE IN THE CONSTITUTIONAL AND INFRACONSTITUTIONAL ORDER. From a systematic analysis of the current constitutional and infraconstitutional legal order, it is possible to conclude that infrastructure, in the matter of telecommunications, has a relevance that exceeds the local or cantonal sphere, assuming a clear public interest and, of course, standing as a matter concerning the national orbit, even with projections in the field of Public International Law, since its development entails compliance with a series of international obligations previously assumed by the Costa Rican State. First, as this Constitutional Court has indicated, the topic of telecommunications has great constitutional relevance, so much so that in Article 121, section 14), subsection c), of the Constitution, it is indicated that 'wireless services' or the electromagnetic spectrum form part of the constitutional public domain and, specifically, is a good belonging to the Nation, meaning it cannot be disaffected or leave the domain of the State. The General Telecommunications Law No. 8642 of June 4, 2008 -hereinafter LGT-, when enunciating the guiding principles in this sector, indicates in its Article 3, section i), that there must be 'optimization of scarce resources,' highlighting that the use of telecommunications infrastructure must be 'objective, timely, transparent, non-discriminatory, and efficient, with the dual objective of ensuring effective competition, as well as the expansion and improvement of networks and services.' Precisely, the optimization, weighted utilization, expansion, and improvement of infrastructure and networks in telecommunications matters obeys the manifest purposes of that regulatory body, such as ensuring the application of the principles of universal access, efficiency, equality, continuity, quality, greater and better coverage, and solidarity in telecommunications (Article 2 LGT). On the other hand, Article 32, section d), LGT establishes with meridian clarity that the objective of universal access, universal service, and solidarity is achieved, among other means, through the 'development of infrastructure,' given that only with robust and fully developed infrastructure can the digital divide be reduced, the benefits of the Information and Knowledge Society be enjoyed, and connectivity and the availability of access devices and broadband services be achieved. For its part, the Law of the Regulatory Authority for Public Services, No. 7593 of August 9, 1993, in its Article 74, amended by the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities of the Telecommunications Sector No. 8660 of August 8, 2008, made a declaration of public interest regarding telecommunications infrastructure and networks by providing the following: 'The establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements is considered an activity of public interest.' Such a declaration has great repercussions, as it is recognized, by law, that the subject of infrastructure in this matter possesses a clear and unequivocal public or general interest that transcends the local or regional sphere within the country, to project itself into the national and international sphere, by allowing the Costa Rican State to fulfill, in good faith, a series of obligations and commitments assumed in the context of Public International Law. It should be noted that public interest is defined by Article 113, paragraph 1, of the General Law of Public Administration of 1978 'as the expression of the coinciding individual interests of the administered,' meanwhile, paragraph 2 of the cited provision of the LGAP of 1978 clearly provides that 'The public interest shall prevail over the interest of the Public Administration when they may be in conflict.' One consequence of the foregoing is that the interests of any Costa Rican decentralized public entity, such as municipalities, cannot be placed before the clear public interest of telecommunications infrastructure, as expressly declared by the national legislator through a law that manifests the general will (Articles 105 and 121, section 1, of the Constitution), which must prevail over interests of a local nature, given that municipal autonomy does not allow city councils to exempt themselves from what has been declared as an interest of a national character; otherwise, territorial autonomy is perverted, transforming municipalities into micro-states, abstracted from the intersubjective direction or oversight that the State can exercise, through constitutional organs, by issuing valid and effective laws, and by the conclusion of international agreements and treaties by the Executive Branch and approved by the Legislative Assembly (Articles 7, 121, section 4, and 140, section 10, of the Political Constitution). The declaration of public interest made by Article 74 of the ARESEP Law has, in turn, sufficient and legitimate constitutional basis in number 45, paragraph 1, of the Political Constitution, by establishing the principle of the relative intangibility of property, by admitting the figure of expropriation 'for legally proven public interest.' A second consequence extracted from the declaration of public interest is that the subject of construction, expansion, or development and improvement of infrastructure in telecommunications matters has a clear and unequivocal national vocation. Thus, it is the State and its organs that assume leadership and direction in the matter to which all minor public entities must submit to achieve objectives such as universal access and services, the reduction of the digital divide for reasons of solidarity, and the interconnection and connectivity necessary to allow all Costa Ricans, regardless of the locality, district, canton, or region where they live, to enjoy the benefits and advantages of the Information and Knowledge Society. The national legislator, far from 'localizing' the topic of telecommunications infrastructure, nationalized it expressly and unequivocally. A reflection of the foregoing is the creation of the 'Telecommunications Sector' provided for by Article 38 of the cited Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities of the Telecommunications Sector, providing the following: The Telecommunications Sector is created, within the framework of the State's sectorization. It shall be composed of the Public Administration, both centralized and decentralized, as well as public enterprises that carry out functions or activities related to telecommunications. Pursuant to this rule, the telecommunications sector has a cross-cutting and, therefore, national character, as it includes the entire universe of public entities, including those decentralized territorially, such as municipalities. Thus, city councils cannot exempt themselves from such a sector. The national character of telecommunications, in general, and, particularly, of its infrastructure, becomes more evident when considering Article 39 of the cited Law, insofar as it establishes that the sector's governing body shall be the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications (Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones), to whom corresponds, in exercise of a general function of intersubjective direction or administrative oversight, among others, the following: a) Formulate policies for the use and development of telecommunications; b) Coordinate ('the preparation of the National Plan for the development of telecommunications ('); c) Ensure that the Sector's policies are executed by the public and private entities that participate in the Telecommunications Sector'; e) Issue the National Telecommunications Plan (Plan nacional de telecomunicaciones), as well as the corresponding executive decrees; h) Coordinate telecommunications development policies with other public policies aimed at promoting the information society; i) Ensure compliance with applicable national environmental regulations and the sustainable development of telecommunications in harmony with nature. Finally, the evidently national character of telecommunications and its various components is made manifest when Article 40 of the aforementioned Law regulates the 'National Plan for the development of telecommunications' (Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones), which is defined in paragraph 1 of that provision as ('the planning and general guidance instrument for the Sector and defines its goals, objectives, and priorities.' The legislator opted, then, to plan the subject of telecommunications at a national level and not merely at a local or regional level. On the other hand, the national nature of telecommunications is reinforced by the creation of the Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), which is entrusted with a series of competencies of unequivocal national nature; thus, pursuant to Articles 59 and 60 of the Law Creating ARESEP, it is responsible for ('regulating, applying, overseeing, and controlling the legal order of telecommunications ('), for all of which it shall act in accordance with the Sector's policies, the provisions of the National Plan for the development of telecommunications, the General Telecommunications Law, the provisions established in this Law, and other applicable legal and regulatory provisions.' The National Plan for the Development of Telecommunications 2009-2014 (Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014), for its part, establishes that 'To advance in leveraging the benefits of the Information and Knowledge Society, the country must make a significant investment effort in the development of telecommunications infrastructure in a way that allows for more and better telecommunications services for all sectors of the population. In this sense, the development of infrastructure in that sector constitutes a necessary and indispensable condition to which special priority must be given in any country project regarding ICT ('),' and later specifies that to achieve the development of the national telecommunications infrastructure, it must address the following guidelines: a.1 Take the necessary measures to guarantee that the country has modern telecommunications infrastructure, and at the same time ensure the provision of quality services and the generation of value-added applications, enabling convergence, interoperability between systems, the incorporation of advanced technologies, and security in communications; and a.6 Guarantee the development of infrastructure that allows bringing telecommunications services to all the country's inhabitants, fulfilling the objectives and goals of universal access, universal service, and solidarity ('). It is, then, a plan that, by express legal provision, binds or obligates, among others, municipal entities and urges them to have robust, modern, optimal, adequate, and developed telecommunications infrastructure to enjoy the benefits of the Information and Knowledge Society. The achievement of this goal or objective will necessarily be frustrated if each territorial corporation, in a matter of clear national vocation, intends to establish its own direction and requirements, overriding national legislation and the instruments of Public International Law that bind all the entities that constitute the State in a broad sense...' (The highlighting and underlining is not from the original)." Added to this is that, currently, there is simply not enough evidence to consider that cell phone towers represent a danger to public health. In this manner, in judgment No. 2010-014449 of eight hours fifty-four minutes on the thirty-first of August of two thousand ten, it was stated:

"[…] regarding the potential impact that the installation and operation of such towers could have on the population's health, both the Instituto Costarricense de Electricidad and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental agree in their reports – which are rendered under the solemnity of oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction – that, according to the scientific studies that have been conducted, both internationally and nationally, there is no evidence that the operation of such towers poses a risk or threat to people's health, and, on the contrary, it has been determined that their emissions are of such low power that they are harmless to health. This Chamber has already had the opportunity to rule on various occasions regarding this matter, and in the specific case of judgment number 2003-03419 of 15:54 hours on April 29, 2003, this Court indicated:

'(…) In the present matter, the claimant does not challenge a specific administrative act, but rather the possible effects that the installation of the cell tower at Cerro Plano de Monteverde may have on the health of the population and the environment. However, it must be taken into consideration that the works carried out are based on the exercise of the public service corresponding to the respondent entity. Additionally, from the documentation contained in the case file, it was not reliably demonstrated that there are risks to the health of the population or the environment deriving from exposure to those electromagnetic fields, since the Instituto Costarricense de Electricidad, in the report it renders under oath, has indicated that the base stations are of low power and comply with the technical specifications contained in Executive Decree No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, meaning that the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low. On this point, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile telephony base station antennas is too low to produce health risks…' A position reiterated in judgments number 2004-07890 of 15:37 hours on July 20, 2004, and 2006-14550 of 10:35 hours on September 29, 2006. Therefore, this Court concludes, in light of the elements of conviction provided to the process and the scientific information existing to date, that, in general, the installation of cell phone towers does not imply an undue threat or risk to the health of persons or to the environment." III.- ON CITIZEN PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL MATTERS.- In light of these considerations, the Chamber has addressed the problem of citizen participation and the installation of telecommunications towers, in the following terms:

"[...] Although it is true that this Chamber has recognized the existence of the right to citizen participation in matters of an environmental nature, this right must be understood, at least to be cognizable by this jurisdiction, for those projects that, due to their special nature and great significance or impact, could significantly affect a community. As a constitutional principle, its adoption in other legal regulations is consequent, even covering broader areas than those constitutionally protected via amparo, which is consistent with the legal order; however, the verification of these hearings or communications does not correspond to being verified in all cases by this jurisdiction, but only in those where they are indispensable due to their degree of impact, such as cases technically considered of high environmental impact, an assumption that is not the one we face in the present case, since it concerns a work that is classified as having 'low potential environmental impact.' The Secretaría Técnica Nacional Ambiental, by resolution number 02031-2009-SETENA of nine hours on the twenty-sixth of August of two thousand nine, ordered that the installation of the telecommunications tower in this specific case generates negative environmental impacts of low significance and mitigable through simple implementation environmental measures, which has been verified in other cases submitted for the consideration of this Court:

'(...) the works carried out are based on the exercise of the public service corresponding to the respondent entity. Additionally, from the documentation contained in the case file, it was not reliably demonstrated that there are risks to the health of the population or the environment deriving from exposure to those electromagnetic fields, since the Instituto Costarricense de Electricidad, in the report it renders under oath, has indicated that the base stations are of low power and comply with the technical specifications contained in Executive Decree No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, meaning that the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low. On this point, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile telephony base station antennas is too low to produce health risks. Likewise, the respondent institution carried out the environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) in the area where said cell tower would be built, reaffirming the project's safety (report visible on folios 20-30). (...)' (judgment No. 2003-3419) Notwithstanding the foregoing, by resolution number 0123-2010-SETENA of eight hours on the twentieth of January of two thousand ten, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in any case, requested the company for a 'Community Communication Plan' (Plan de Comunicación a las Comunidades), requiring the following minimum content:

'(…) Objective (Must indicate what the project will consist of and what implications it has), Target group (communities, must indicate what the AID is and justify it), Strategy or dissemination mechanism to be employed in the communities located in the Direct Influence Area (Área de Influencia Directa, AID) (include impacts) in order to inform about the project to be developed, which includes at least the following aspects: dissemination period, message to be transmitted (a description of the project must be provided explaining the impacts it will generate), timeline of activities to be carried out in the communication plan, response format to communities regarding concerns related to the project's dissemination, highlight a timeline of the activities to be carried out in the communication plan, costs of the dissemination (…)', which was provided by the company. Subsequently, and within the monitoring framework, by resolution number 2898-2010-SETENA of nine hours ten minutes on the thirtieth of November of two thousand ten, SETENA requested the company Costa Pacífico Operaciones Ltda. to present a progress report on the implementation and application of the 'Community Communication Plan', for which reason the respondent company presented on the twenty-first of February of two thousand eleven the 'Dissemination Plan Results Report' (Informe de Resultados del Plan de Divulgación) before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, regarding which SETENA has even requested the correction of some inaccuracies at the nomenclature level of the responsible company. Thus, this Court does not consider that any fundamental right of the claimant has been harmed, since, as indicated, the verification of compliance with legal requirements for community communication of a project of this nature does not correspond to being elucidated in this jurisdiction, and in any case, as was accredited, the respondent authority has followed up on the legal right claimed by the amparo petitioner, who, should she consider in any event that it does not conform to legal parameters, must resort, if she so desires, to the corresponding contentious-administrative channel. Accordingly, the action must be declared without merit." (Judgment No. 2011-005516 of twelve hours and thirty-one minutes on the twenty-ninth of April of two thousand eleven, see in the same sense resolution No. 2012-007661 of nine hours five minutes on the eighth of June of two thousand twelve; the highlighting and underlining is not from the original).

To this can be added what was stated in resolution No. 2013-003121 of nine hours twenty minutes on the eighth of March of two thousand thirteen:

“[…] After analyzing the evidentiary elements provided, this Court rules out injury to the fundamental rights of the claimant. Indeed, from the study of the case file and the report provided under the solemnity of oath by the respondent authority, the Chamber holds as proven that the Municipality of Moravia did not modify the Regulatory Plan (Plan Regulador) to grant the land use for the installation of the telecommunications tower at the site indicated by the claimant. As the respondents rightly allude, the provision of telecommunications services throughout the country has been declared by this same Chamber as a fundamental right; under this premise, it corresponds to Local Governments to grant the permits for the establishment of urban furniture required for the provision of that service. It is for this reason that local governments, far from being inhibited from granting said permits, are compelled to grant them, clearly, in a valid and legal manner, through the granting of use certificates and construction permits, after prior verification of compliance with requirements. And it is for that very reason that the fact of granting a construction permit for a telecommunications tower is not injurious to the claimant’s fundamental rights, regardless of the location where it is intended to be installed, as long as it is not within a legally restricted zone, such as protection areas, since, as reported under oath, telecommunications do not adhere to urban zoning criteria, provided current legislation is complied with.” IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the present amparo, the claimant does not properly denounce a problem that concerns the environment, under the terms indicated in the preceding considering clauses, but rather disagrees with the mere illegality of the permits granted. Added to this is that, as he himself accepts, the Administration already noted that illegality and ordered the closure of the work in question. Consequently, his objections are not related to an injury to his fundamental rights and, therefore, do not warrant activating this channel. In this sense, the presumed inobservance of the duties inherent to the administrative function that he points out and claims, at the time, does not constitute an assumption that must be elucidated before this jurisdiction, as it must be raised and resolved before the instances that hear such complaints within the respondent Local Government itself, before the Defensoría de los Habitantes, which is the competent body to monitor the degree of efficiency with which public institutions work, or even in the criminal courts, upon the assumption of breach of duties, since this Court cannot directly substitute the administrative will, not only because it lacks the competence to do so, but also because that would be equivalent to condoning the indolence or negligence of the official or office responsible for attending to the case in question. Consequently, the action is inadmissible, and it is so declared.

V.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES ARMIJO SANCHO, CRUZ CASTRO, AND RUEDA LEAL, WITH THE LATTER DRAFTING.

Respectfully, we depart from the majority opinion, as our position regarding the requirement for land-use certificates and construction permits for the building of cell phone towers is as follows: as indicated in the dissenting vote accompanying judgment number 015763-2011 of 9:46 a.m. on November 16, 2011, we recognize and emphasize the legal significance of both the fundamental right to telecommunications and the constitutional right to participatory government. On one hand, the importance of telecommunications for societal development and the personal growth of citizens is recognized; on the other, the construction of cell phone towers also affects community interests that are legally relevant. It is noted that the legal nature of the regulations governing this matter is urban planning in nature and, due to specialty, Article 43 of the Municipal Code, referring to external municipal regulations, is inapplicable. Consequently, the consultation mechanism established in Article 17 of the Urban Planning Law must be respected because it constitutes a manifestation of the constitutional right to participatory government; however, such a mechanism cannot result in the stagnation of telecommunications development and, thereby, in harm to the fundamental right to that service, as would occur if decisions lacking technical foundation were made at the municipal level. Therefore, in accordance with the current legal framework and a balancing process of the constitutional rights at stake (the right to telecommunications and the right to citizen participation), we consider that the construction of cell phone towers, as the erection of a structure, requires the issuance of land-use certificates and construction permits through urban planning regulations that respect the terms of the aforementioned Article 17 of the Urban Planning Law. In the absence of urban planning rules issued by the respective municipalities, the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU) holds residual competence, as established by this Chamber in judgments numbers 1996-4205 of 2:33 p.m. on August 20, 1996 and 2004-01923 of 2:55 p.m. on February 25, 2004. By virtue of the foregoing, we order that the amparo proceeding be given course.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The appellant is warned that if any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, have been provided, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the 'Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial', approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is rejected on the merits. Magistrates Armijo Sancho, Cruz Castro and Rueda Leal dissent and order that the amparo proceeding be given course.

Marcadores

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2014002149 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil catorce.

Recurso de amparo interpuesto por DANIEL SANABRIA MARTÍNEZ, cédula de identidad 0302310321, contra EL ALCALDE Y EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas y veintidós minutos del once de febrero del dos mil catorce, el recurrente interpone recurso de amparo contra EL ALCALDE Y EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que se encuentra inconforme porque, pese a la oposición de los vecinos de la comunidad, la Corporación Local accionada otorgó los permisos de construcción para una torre de telecomunicaciones en terrenos usurpados. Dado lo anterior, aquellos solicitaron la anulación de los permisos de uso de suelo respectivos, por violentar los lineamientos constructivos establecidos. Afirma que, efectivamente, a raíz de esa gestión se ordenó clausurar dicha torre. Sin embargo, denuncia el reclamante que actualmente la estructura se encuentra funcionando. Acusa además que nunca se convocó a una consulta pública, al tenor del artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana y los Reglamentos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.- SOBRE EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS MUNICIPALES.- En el presente caso, el recurrente acusa que un proyecto para instalar una torre de telecomunicaciones no fue sometido a consulta pública de previo a otorgar los permisos respectivos, a lo que se agrega que la antena fue emplazada en terrenos usurpados. Sin embargo, para empezar, esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no le compete revisar si dichos permisos se ajustan o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional. De esta forma, al pronunciarse sobre un caso análogo en sentencia N° 2012-006792 de las quince horas cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil doce, la Sala dispuso lo siguiente:

“En cuanto a lo alegado por los recurrentes en relación con el supuesto irrespeto de la autoridad recurrida en cuanto a la distancia que debe haber entre una torre de telefonía celular y otra, pues ambas estructuras se encuentran a menos de 250 metros de distancia. Cabe indicar que esta Sala no puede entrar a determinar si la Municipalidad de Alajuela ha cumplido o no con lo establecido en el Plan Regulador de la zona al momento de otorgar los permisos de construcción a la empresa Claro para levantar una torre de telefonía celular, pues ello constituye un asunto de legalidad que deberá ser alagado ante la propia corporación municipal recurrida a través de los recursos que la ley les prevé al efecto. Por lo que el recurso es inadmisible en este sentido.” II.- SOBRE LA INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES Y EL DERECHO A LA SALUD.- Ahora bien, el tema de de la instalación de torres de telecomunicaciones y telefonía celular ya ha sido ampliamente tratado por esta Sala, que se trata de un tema de interés público. De esta manera, en el pronunciamiento N° 2013-006649 de las diez horas veinte minutos del diecisiete de mayo de dos mil trece, la Sala dispuso lo siguiente:

“SOBRE LA INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. Tratándose de la instalación de torres transmisoras de señal celular, la Sala Constitucional ha determinado que se trata de un tema de interés público que excede la esfera de lo local o cantonal que atañe a la órbita de lo nacional e incluso se proyecta al terreno del Derecho Internacional Público. Así, este Tribunal en la sentencia número 015763-2011 de las nueve horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de noviembre de dos mil once, indicó lo siguiente:

V.- IMPORTANCIA, INTERÉS PÚBLICO Y VOCACIÓN NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. A partir de un análisis sistemático del ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional vigente, es factible concluir que la infraestructura, en materia de telecomunicaciones, tiene una relevancia que excede la esfera de lo local o cantonal, asumiendo un claro interés público y, desde luego, erigiéndose como una cuestión que atañe a la órbita de lo nacional con, incluso, proyecciones en el terreno del Derecho Internacional Público al suponer su desarrollo el cumplimiento de una serie de obligaciones internacionales asumidas previamente por el Estado costarricense. En primer término, como lo ha indicado este Tribunal Constitucional, el tema de las telecomunicaciones tiene gran relevancia constitucional, tanto que en el artículo 121, inciso 14), subinciso c), de la Constitución se indica que los ‘servicios inalámbricos’ o el espectro electromagnético forma parte del dominio público constitucional y concretamente es un bien propio de la Nación, siendo que no puede ser desafectado o salir del dominio del Estado. La Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 de 4 de junio de 2008 -en adelante LGT-, al enunciar los principios rectores en este sector, indica en su artículo 3°, inciso i), que debe haber una ‘optimización de los recursos escasos’, destacando que la utilización de las infraestructuras de telecomunicaciones debe ser ‘(«) objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios’. Precisamente, la optimización, utilización ponderada, expansión y mejora de la infraestructura y redes en materia de telecomunicaciones, obedece a los fines manifiestos de ese cuerpo normativo, tales como los de asegurar la aplicación de los principios de acceso universal, eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura y solidaridad en las telecomunicaciones (artículo 2° LGT). De otra parte, el artículo 32, inciso d), LGT establece con claridad meridiana que el objetivo del acceso y servicio universales y de la solidaridad, se logra, entre otros medios, a través del ‘desarrollo de la infraestructura’, dado que, sólo con una infraestructura robusta y plenamente desarrollada logra reducir la brecha digital, disfrutar de los beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, la conectividad y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha. Por su parte la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593 de 9 de agosto de 1993, en su artículo 74, modificado por la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660 de 8 de agosto de 2008, hizo una declaratoria de interés público de la infraestructura y las redes en telecomunicaciones al preceptuar lo siguiente: ‘Considérase una actividad de interés público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos’. Tal declaratoria tiene grandes repercusiones, por cuanto, se reconoce, por ley, que el tema de la infraestructura en la materia reviste un claro e inequívoco interés público o general que trasciende la esfera de lo local o regional a lo interno del país, para proyectarse en el ámbito nacional e internacional, al permitirle al Estado costarricense cumplir, de buena fe, una serie de obligaciones y compromisos asumidos en el contexto del Derecho Internacional Público. Cabe advertir que el interés público es definido por el artículo 113, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública de 1978 ‘como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados’, por su parte, el párrafo 2 del numeral citado de la LGAP de 1978 dispone, claramente, que ‘El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto’. Una consecuencia de lo anterior es que los intereses de cualquier ente público descentralizado costarricense, como podrían ser las municipalidades, no puede anteponerse al claro interés público de la infraestructura en telecomunicaciones así declarado, expresamente, por el legislador nacional a través de una ley que manifiesta la voluntad general (artículos 105 y 121, inciso 1°, de la Constitución), el que debe prevalecer sobre los intereses de carácter local, dado que, la autonomía municipal no le permite a los ayuntamientos sustraerse de lo que ha sido declarado como un interés de carácter nacional, de lo contrario se pervierte la autonomía territorial transformando a los municipios en micro estados, abstraídos de la dirección intersubjetiva o tutela que pueda ejercer el Estado, a través de los órganos constitucionales, mediante la emisión de leyes válidas y eficaces, la celebración de convenios y tratados internacionales por el Poder Ejecutivo y aprobados por la Asamblea Legislativa (artículos 7°, 121, inciso 4°, y 140, inciso 10°, de la Constitución Política). La declaratoria de interés público efectuada por el artículo 74 de la Ley de la ARESEP, tiene, a su vez, asidero constitucional suficiente y legítimo en el numeral 45, párrafo 1°, de la Constitución Política, al establecer el principio de la intangibilidad relativa del patrimonio, al admitir la figura de la expropiación ‘por interés público legalmente comprobado’. Una segunda consecuencia que se extrae de la declaratoria de interés público, es que el tema de construcción, ampliación o desarrollo y mejora de la infraestructura en materia de telecomunicaciones tiene una clara e inequívoca vocación nacional. De modo que es el Estado y sus órganos los que asumen la rectoría y dirección en la materia a la que deben someterse todos los entes públicos menores para lograr objetivos como el acceso y servicios universales, la reducción de la brecha digital por razones de solidaridad, la interconexión y conectividad necesarias que le permitan a todos los costarricenses, independientemente de la localidad, distrito, cantón o región donde habiten, gozar de los beneficios y ventajas de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El legislador nacional, lejos de ‘localizar’ el tema de la infraestructura en telecomunicaciones lo nacionalizó expresa e inequívocamente. Reflejo de lo anterior, son la creación del ‘Sector Telecomunicaciones previsto por el artículo 38 de la citada Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, al disponer lo siguiente: Créase el Sector de Telecomunicaciones, dentro del marco de sectorización del Estado. Estará constituido por la Administración Pública, tanto la centralizada como la descentralizada, así como por las empresas públicas que desarrollen funciones o actividades relacionadas con las telecomunicaciones a tenor de esta norma el sector de las telecomunicaciones tiene un carácter transversal y, por ende, nacional, por cuanto, incluye a todo el universo de los entes públicos, incluidos, los descentralizados territorialmente como las municipalidades. Es así, como los ayuntamientos no pueden sustraerse de tal sector. El carácter nacional de las telecomunicaciones, en general, y, particularmente, de su infraestructura queda más patente al considerar el artículo 39 de la Ley citada, en cuanto establece que el rector del sector lo será el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, al que le corresponde, en ejercicio de una función general de dirección intersubjetiva o tutela administrativa, entre otras, las siguientes: a) Formular las políticas para el uso y desarrollo de las telecomunicaciones; b) Coordinar («) la elaboración del Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones («)’; c) Velar por que las políticas del Sector sean ejecutadas por las entidades públicas y privadas que participan en el Sector Telecomunicaciones’; e) Dictar el Plan nacional de telecomunicaciones, así como los reglamentos ejecutivos que correspondan; h) Coordinar las políticas de desarrollo de las telecomunicaciones con otras políticas públicas destinadas a promover la sociedad de la información i) Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental nacional aplicable y el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en armonía con la naturaleza. Por último, el carácter evidentemente nacional de las telecomunicaciones y sus diversos componentes, queda de manifiesto, cuando el artículo 40 de la Ley precitada regula el ‘Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones’, el cual es definido en el párrafo 1° de ese numeral como («) el instrumento de planificación y orientación general del Sector y define las metas, los objetivos y las prioridades de éste. El legislador optó, entonces, por planificar a nivel nacional y no meramente local o regional el tema de las telecomunicaciones. De otra parte, la naturaleza nacional de las telecomunicaciones queda reforzada al crearse la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), a la que le corresponde una serie de competencias de inequívoca índole nacional, así, conforme a los artículos 59 y 60 de la Ley de Creación de la ARESEP, le corresponde («) regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones («) para todo lo cual actuará en concordancia con las políticas del Sector, lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, la Ley general de telecomunicaciones, las disposiciones establecidas en esta Ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables’. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014, por su parte, establece que ‘Para avanzar en el aprovechamiento de los beneficios de la Sociedad de Información y Conocimiento, el país debe hacer un esfuerzo importante de inversión en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de manera que permita contar con más y mejores servicios de telecomunicaciones para todos los sectores de la población. En este sentido, el desarrollo de la infraestructura en ese sector constituye una condición necesaria e indispensable a la que deberá brindarse una prioridad especial en cualquier proyecto país en materia de TIC («)’ y luego especifica que para lograr el desarrollo de la infraestructura nacional de telecomunicación deberá atender los siguientes lineamientos: a.1 Tomar las medidas necesarias para garantizar que el país cuente con una infraestructura moderna de telecomunicaciones, y al mismo tiempo asegurar la prestación de servicios de calidad y la generación de aplicaciones de valor agregado, permitiendo la convergencia, la interoperabilidad entre los sistemas, la incorporación de tecnologías de avanzada y la seguridad en las comunicaciones y a.6 Garantizar el desarrollo de una infraestructura que permita llevar los servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del país, cumpliendo con los objetivos y metas de acceso universal, servicio universal y solidaridad («). Se trata, entonces, de un plan que, por disposición expresa de ley, vincula u obliga, entre otros, a los entes municipales y que les conmina a contar con una infraestructura de telecomunicaciones, robusta, moderna, óptima, adecuada y desarrollada para disfrutar de los beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El logro de esta meta u objetivo, se verá, necesariamente, frustrado si cada corporación territorial, en un tema de clara vocación nacional, pretende establecer su propia orientación y requerimientos, por sobre la legislación nacional y los instrumentos del Derecho Internacional Público que obligan a todos los entes que conforman el Estado en sentido amplio...” (El resaltado y subrayado no es del original).

A lo que se suma que, en la actualidad, simplemente no hay suficiente evidencia para estimar que las torres de telefonía celular representen un peligro para la salud pública. De esta manera, en sentencia Nº 2010-014449 de las ocho horas y cincuenta y cuatro minutos del treinta y uno de agosto de dos mil diez, se dijo:

“[…] en lo relativo al eventual impacto que podría tener la instalación y puesta en funcionamiento de tales torres en la salud de la población, tanto el Instituto Costarricense de Electricidad como la Secretaria Técnica Nacional Ambiental coinciden en sus informes –que son rendidos bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, que, según los estudios científicos que se han efectuado, tanto en el ámbito internacional como nacional, no existe evidencia de que la operación de tales torres suponga un riesgo o amenaza para la salud de las personas y, por el contrario, se ha determinado que sus emisiones son de tan baja potencia que resultan inocuas para la salud. Esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones respecto a este tema, y en el caso específico de la sentencia número 2003-03419 de las 15:54 horas del 29 de abril del 2003, este Tribunal indicó:

‘(…) En el presente asunto, el accionante no impugna un acto administrativo concreto, sino los posibles efectos que la instalación de la torre celular de Cerro Plano de Monteverde pueda tener sobre la salud de la población y el medio ambiente. Sin embargo, debe tomarse en consideración que los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud...’ Posición que se reiteró en sentencias número 2004-07890 de las 15:37 horas del 20 de julio del 2004 y 2006-14550 de las 10:35 horas del 29 de setiembre del 2006. Por lo que este Tribunal concluye, a la luz de los elementos de convicción aportados al proceso y a la información científica que existe a la fecha, que, en general, la instalación de la torres de telefonía celular no implican una amenaza o riesgo indebido para la salud de las personas o para el medio ambiente.” III.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL.- A la luz de estas consideraciones, la Sala se ha referido al problema de la participación ciudadana y la instalación de torres de telecomunicaciones, en los siguientes términos:

"[...] Si bien es cierto esta Sala ha reconocido la existencia del derecho de participación ciudadana en asuntos de índole ambiental, este derecho debe ser comprendido, al menos para ser de conocimiento de esta jurisdicción, para aquellos proyectos que por su índole especial y de gran trascendencia o afectación pueda afectar sensiblemente a una comunidad. Tratándose de un principio constitucional, resulta consecuente su adoptación también en otra normativa de índole legal, incluso abarcando mayores ámbitos a los que constitucionalmente se tutelen vía amparo, lo cual es acorde al ordenamiento jurídico, sin embargo la verificación de estas audiencias o comunicaciones, no corresponde ser verificada en todos los casos por esta jurisdicción, sino únicamente en aquéllos en que éstas resulten indispensables por su grado de afectación, como los casos considerados técnicamente de alto impacto ambiental, supuesto que no es al que nos enfrentamos en el presente caso, ya que se trata de una obra que se encuentra calificada como de 'bajo impacto ambiental potencial'. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental por resolución número 02031-2009-SETENA de las nueve horas del veintiséis de agosto de dos mil nueve, dispuso que la instalación de la torre de telecomunicaciones en este caso concreto, genera impactos ambientales negativos de baja significancia y mitigables por medio de medidas ambientales de implementación sencilla, lo cual se ha verificado en otros casos sometidos bajo consideración de este Tribunal:

'(...) los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud. Asimismo, la institución recurrida realizó los estudios de impacto ambiental en la zona donde se construiría dicha torre celular, reafirmando la seguridad del proyecto (informe visible a folios 20-30). (...)' (sentencia No. 2003-3419) No obstante lo anterior, por resolución número 0123-2010-SETENA de las ocho horas del veinte de enero de dos mil diez, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en todo caso solicitó a la empresa un 'Plan de Comunicación a las Comunidades', exigiendo el siguiente contenido mínimo:

'(…) Objetivo (Debe indicar en qué consistirá el proyecto y que implicaciones posee), Grupo meta (comunidades, debe ser indicado cuál es el AID y justificarse), Estrategia o mecanismo de divulgación a emplear en las comunidades ubicadas en el Área de Influencia Directa (AID) (incluir impactos) con el fin de informar sobre el proyecto a desarrollar, que incluya como mínimo los siguientes aspectos: período de divulgación, mensaje a transmitir (debe brindarse una descripción del proyecto explicando los impactos que generará), cronograma de actividades a llevar a cabo en el plan de comunicación, formato de respuesta a las comunidades sobre inquietudes relacionadas con la divulgación del proyecto, destacar un cronograma de las actividades a llevar a cabo en el plan de comunicación, costos de la divulgación (…)', lo cual fue aportado por la empresa. Posteriormente, y dentro del marco de fiscalización, por resolución número 2898-2010-SETENA de las nueve horas diez minutos del treinta de noviembre de dos mil diez, SETENA le solicitó a la empresa Costa Pacífico Operaciones Ltda. que presentara un informe del avance y aplicación del 'Plan de Comunicación a la Comunidad', por lo cual la empresa recurrida presentó el veintiuno de febrero de dos mil once el 'Informe de Resultados del Plan de Divulgación' ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, sobre el cual incluso SETENA ha solicitado la corrección de algunas imprecisiones a nivel de nomenclatura de la empresa responsable. De manera que, no estima este Tribunal que se haya lesionado derecho fundamental alguno de la recurrente, pues como se indicó la verificación del cumplimiento de requisitos legales de la comunicación a la comunidad de un proyecto de esta índole, no corresponde ser dilucidada en esta jurisdicción y en todo caso, según quedó acreditado, la autoridad recurrida ha dado seguimiento al derecho legal reclamado por la amparada, la cual de considerar en todo caso, que no se ajusta a los parámetros legales, deberá acudir, si a bien lo tiene, a la vía contenciosa correspondiente. Así las cosas, procede declarar sin lugar el recurso." (Sentencia N° 2011-005516 de las doce horas y treinta y uno minutos del veintinueve de abril de dos mil once, véase en el mismo sentido la resolución Nº 2012-007661 de las nueve horas cinco minutos del ocho de junio de dos mil doce; el resaltado y subrayado no es del original).

A lo que puede añadirse lo dicho en la resolución Nº 2013-003121 de las nueve horas veinte minutos del ocho de marzo de dos mil trece:

“[…] Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales del recurrente. En efecto, del estudio de los autos y del informe aportado bajo la solemnidad del juramento por la autoridad recurrida, la Sala tiene por acreditado que la Municipalidad de Moravia no modificó el Plan Regulador para otorgar el uso de suelo para la instalación de la torre de telecomunicaciones en el sitio indicado por el recurrente. Como bien aluden los accionados, la prestación del servicio de telecomunicaciones en todo el país, ha sido declarada por esta misma Sala, como un derecho fundamental, bajo esta tesitura, corresponde a los Gobiernos Locales, el otorgamiento de los permisos para el establecimiento del mobiliario urbano, que se ha de requerir para la prestación del servicio ese servicio. Es por lo anterior que, los gobiernos locales, contrario de verse inhibidos de dar dichos permisos, se ven compelidos a otorgarlos, claro está, de manera válida y legal, mediante el otorgamiento de certificados de uso y de permisos de construcción, previa verificación del cumplimiento de requisitos. Y es por ello mismo, que no resulta lesivo de los derechos fundamentales del recurrente, el hecho de que se otorgue un permiso de construcción para una torre de telecomunicaciones, independiente de la ubicación donde ésta se pretenda instalar, siempre y cuando, no se encuentre dentro de una zona legalmente restringida, como lo serían las áreas de protección, ya que, tal y como se informa bajo juramento, las telecomunicaciones no atienden a criterios de zonificación urbanística, si se cumple con la legislación vigente.” IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el presente amparo, el recurrente no denuncia propiamente un problema que ataña al medio ambiente, en los términos señalados en los considerandos anteriores, sino que se encuentra inconforme con la mera ilegalidad de los permisos otorgados. A ello se agrega que, según él mismo acepta, la Administración ya advirtió esa ilegalidad y ordenó clausurar la obra en cuestión. Por consiguiente, sus reparos no tienen relación con una lesión a sus derechos fundamentales y, por ende, no ameritan activar esta vía. En este sentido, la presunta inobservancia de los deberes inherentes a la función administrativa que apunta y reclama, a la sazón, no constituye un supuesto que deba dilucidarse ante esta jurisdicción, pues debe ser planteada y resuelta ante las instancias que conocen de tales quejas en el propio Gobierno Local recurrido, ante la Defensoría de los Habitantes, que es el órgano competente para vigilar el grado de eficiencia con que trabajan las instituciones públicas, o inclusive en la vía penal, ante el supuesto de incumplimiento de deberes, toda vez que este Tribunal no puede sustituir directamente la voluntad administrativa, no sólo porque carece de competencia para hacerlo, sino además por cuanto ello equivaldría a cohonestar la desidia o negligencia del funcionario o despacho responsable de atender el caso en cuestión. En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara.

V.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS ARMIJO SANCHO, CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, CON REDACCIÓN DEL ÚLTIMO. Respetuosamente, nos separamos del criterio de mayoría, toda vez que nuestra posición en lo atinente al requerimiento de certificados de uso de suelo y permisos de construcción relativos a la edificación de torres para la telefonía celular es la siguiente: conforme se indica en el voto salvado relativo a la sentencia número 015763-2011 de las 9:46 horas del 16 de noviembre de 2011, reconocemos y subrayamos la relevancia jurídica tanto del derecho fundamental a las telecomunicaciones, como del derecho constitucional al gobierno participativo. De un lado, se reconoce la importancia que tienen las telecomunicaciones para el desarrollo de la sociedad y el desenvolvimiento personal de los ciudadanos; del otro, la construcción de torres para la telefonía celular afecta también intereses comunales, jurídicamente relevantes. Se advierte que la naturaleza jurídica de la reglamentación que regula esta materia es de naturaleza urbanística y por cuestiones de especialidad, resulta inaplicable el artículo 43 del Código Municipal, referido a reglamentos municipales externos. En consecuencia, el mecanismo de la consulta estatuido en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana debe respetarse pues constituye una manifestación del derecho constitucional al gobierno participativo; empero, tal mecanismo no puede derivar en un estancamiento del desarrollo de las telecomunicaciones y, con ello, en una lesión al derecho fundamental a ese servicio, como ocurriría si en el ámbito municipal se tomasen decisiones carentes de fundamento técnico. Por consiguiente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y un proceso de ponderación de los derechos constitucionales en juego (derecho a las telecomunicaciones y a la participación ciudadana), estimamos que la construcción de torres para la telefonía celular, en tanto edificación de una estructura, requiere la emisión de certificados de uso de suelo y permisos de construcción a través de una reglamentación urbanística que respete los términos del mencionado artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana. En ausencia de normas urbanísticas dictadas por las respectivas municipalidades, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo tiene una competencia residual, conforme estableció esta Sala en sentencias números 1996-4205 de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996 y 2004-01923 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004. En virtud de lo expuesto, ordenamos dar curso al amparo.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el 'Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial', aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza por el fondo el recurso. Los Magistrados Armijo Sancho, Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y ordenan dar curso al amparo.

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos
    • Environmental Law 7554 — EIA, SETENA, and Public ParticipationLey Orgánica del Ambiente 7554 — EIA, SETENA y Participación Pública

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 9
    • Ley de Planificación Urbana Art. 17
    • Ley General de Telecomunicaciones Arts. 3, 32
    • Constitución Política Art. 45

    Spanish key termsTérminos clave en español

    News & Updates Noticias y Actualizaciones

    All articles → Todos los artículos →

    Weekly Dispatch Boletín Semanal

    Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

    ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

    One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

    Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
    Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

    Stay Informed Mantente Informado

    Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

    Email Updates Actualizaciones por Correo

    Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

    Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

    WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

    Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

    Join Channel Unirse al Canal
    Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
    🙏