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Res. 01235-2014 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 31/01/2014

Reopening of municipal road through primary forest and biological corridor without environmental permitsReapertura de camino municipal en bosque primario y corredor biológico sin permisos ambientales

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The amparo complaint is denied because no environmental impacts were proven; the majority opinion examines the facts, while the dissenting and concurring votes argue that amparo is improper when there is a dense sub-constitutional regulatory framework and competent administrative and judicial bodies.Se declara sin lugar el recurso de amparo porque no se acreditaron impactos ambientales; de fondo, el voto mayoritario analiza los hechos, mientras que los votos salvados y concurrentes discuten la improcedencia del amparo cuando existe un denso marco normativo infraconstitucional y órganos administrativos y jurisdiccionales competentes.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviewed a constitutional complaint (amparo) filed by owners of private forests in Sarapiquí against the Municipality of Sarapiquí and other entities, regarding the reopening of a public road that crosses an area of dense primary forest, wetlands, and a declared biological corridor (San Juan-La Selva). The complainants argued that the works were being carried out without environmental impact studies, environmental viability permits, or tree-felling permits, allegedly causing a change in land use and forest fragmentation. The Chamber found that the works consisted only of clearing and rehabilitating an existing public road, with no tree felling or impact on water resources, per an inspection by the Conservation Area. However, the ruling includes dissenting and separate opinions arguing that such conflicts, which involve administrative authorities and a dense sub-constitutional regulatory framework, fall under the jurisdiction of the administrative courts and not constitutional amparo, except in exceptional cases of evident and serious violations of the right to a healthy environment.La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo interpuesto por propietarios de bosques privados en Sarapiquí contra la Municipalidad de Sarapiquí y otras entidades, por la reapertura de un camino público que atraviesa un área de denso bosque primario, humedales y un corredor biológico declarado (San Juan-La Selva). Los recurrentes alegaron que la obra se realizaba sin estudios de impacto ambiental, viabilidad ambiental, ni permisos de corta de árboles, lo que implicaría un cambio de uso del suelo y fragmentación del bosque. La Sala constató que los trabajos consistían únicamente en limpieza y rehabilitación de una vía pública ya existente, sin tala de árboles ni afectación al recurso hídrico, según inspección del Área de Conservación. Sin embargo, el fallo incluye votos salvados y razones diferentes que argumentan que este tipo de conflictos, donde hay intervención de autoridades administrativas y normativa infraconstitucional densa, corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa y no al amparo constitucional, salvo casos excepcionales de violación evidente y grave del derecho al ambiente.

Key excerptExtracto clave

First, while it is true that as an immediate consequence of the road being little used, the area was intervened with municipal machinery, clearing and rehabilitating the road so that normal public access was restored for the inhabitants of that locality. The Central Volcanic Mountain Range Conservation Area conducted an on-site inspection on July 12, 2013, in official communication OS 1071.13, concluding that municipal workers were found carrying out clearing work on the road and no tree felling was observed outside or inside the road, nor any encroachment for the protection of water resources. Additionally, the Municipal Council of Sarapiquí was notified that trees must not be cut without the respective permits and that reopening the road could damage the environment. Thus, it was proven that the respondents with their activity have not harmed the environment, and the very administrations have taken steps to safeguard the right that the complainants consider injured. Therefore, given that the alleged facts were not proven, the appropriate course is to dismiss the complaint.En primer término, si bien se reconoce que como consecuencia inmediata de que el camino es poco tránsito, se procedió a intervenir la zona con maquinaria municipal, realizando la limpieza y rehabilitación del camino, de manera que se restableció la condición normal de acceso público para los habitantes de esa localidad. El Área de Conservación Cordillera Volcánica Central realizó una inspección en el lugar, en fecha 12 de julio de 2013 oficio OS 1071.13, en el que concluyó que se encontraron funcionarios municipales realizando trabajos de limpieza en la vía y no se observó la corta de árboles fuera o dentro del camino o invasión en aras de protección del recurso hídrico. Además, se notificó al Concejo Municipal de Sarapiqui que no se debe cortar árboles sin los permisos respectivos y la reapertura del camino puede dañar el ambiente. De manera que, se acreditó que los recurridos con su actividad no han perjudicado el ambiente, y las mismas administraciones se han encargado de poner a recaudo el derecho que estiman lesionados los recurrentes. Así, en vista de que no se acreditaron los hechos denunciados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El Área de Conservación Cordillera Volcánica Central realizó una inspección en el lugar, en fecha 12 de julio de 2013 oficio OS 1071.13, en el que concluyó que se encontraron funcionarios municipales realizando trabajos de limpieza en la vía y no se observó la corta de árboles fuera o dentro del camino o invasión en aras de protección del recurso hídrico."

    "The Central Volcanic Mountain Range Conservation Area conducted an on-site inspection on July 12, 2013, in official communication OS 1071.13, concluding that municipal workers were found carrying out clearing work on the road and no tree felling was observed outside or inside the road, nor any encroachment for the protection of water resources."

    Considerando III

  • "El Área de Conservación Cordillera Volcánica Central realizó una inspección en el lugar, en fecha 12 de julio de 2013 oficio OS 1071.13, en el que concluyó que se encontraron funcionarios municipales realizando trabajos de limpieza en la vía y no se observó la corta de árboles fuera o dentro del camino o invasión en aras de protección del recurso hídrico."

    Considerando III

  • "En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos."

    "In that context, it is not legally appropriate, nor from a functional standpoint, for the Constitutional Chamber to displace—or worse, replace—the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring effective compliance with laws and regulations."

    Voto salvado de la Magistrada Hernández López, punto 3

  • "En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos."

    Voto salvado de la Magistrada Hernández López, punto 3

  • "Cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público –ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional."

    "When a public power—administrative entity or body—has intervened regarding an activity, work, or project by conducting studies, evaluations, reports, or assessments of any nature, in application of the dense and vast sub-constitutional legal order, it is clear that the matter must be brought before the ordinary jurisdiction and not the constitutional one."

    Razones diferentes del Magistrado Jinesta, punto 2

  • "Cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público –ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional."

    Razones diferentes del Magistrado Jinesta, punto 2

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Constitutional Chamber Date of Resolution: January 31, 2014 at 09:05 Type of matter: Amparo recourse Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with protected data, in accordance with current regulations Res. No. 2014001235 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and five minutes on the thirty-first of January of two thousand fourteen.

Amparo recourse processed in expediente number 13-007862-0007-CO, filed by [NOMBRE 01], identity card [VALOR 01], [NOMBRE 02], identity card [VALOR 02], against the MUNICIPAL MAYOR OF SARAPIQUI, MUNICIPAL MAYORESS OF SARAPIQUI, HEAD OF THE SARAPIQUI OFFICE OF THE CENTRAL VOLCANIC MOUNTAIN RANGE CONSERVATION AREA, PRESIDENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF SARAPIQUI, GENERAL SECRETARY OF SETENA.

Whereas:

1.- In a writ filed on July sixteenth, two thousand thirteen, the appellant states that on July fifth of this year, she witnessed the start of work apparently being carried out by the Municipality of Sarapiquí to reopen a road, which, from its inception due to the environmental fragilities through which it was traced (wetlands, streams and dense forest), could not become well-used and was left abandoned in complete disuse, especially since its final destination has been easily reached for over twenty-five years by four public roads that connect to national highways, without having to pass through the center of the forest and its wetlands. She says that the reopening of this road is apparently being attempted, and according to rumors, to facilitate a massive squatter invasion by a group called Pulmón del Mundo, into the privately owned forests of the protected party on farms with real estate folio numbers 4-205860-000 and 4-205861-000. She indicates that the reopening is being done without having permits, without foundations or technical studies justifying its reopening, without an environmental impact study or environmental feasibility study since it is an area of dense primary forest, largely with the presence of wetlands, immersed within a declared biological corridor. They state that with said action, a land-use change (cambio de uso del suelo) of the forest is generated in the area of the road or street, and if the road is opened, it will bisect the forest, affecting forest areas that are subject to forestry regime, and one of the most fragile parts of the San Juan La Selva biological corridor, as stated in SINAC reports. She says it is clear that the Municipality is the authority in charge of overseeing local roads and the law empowers them for their opening or closure, however, this cannot be done by violating the rest of the legal order; said road has been abandoned for more than twenty-five years and is already an integral part of a primary forest reserve of more than three hundred forty hectares, with several sites classified as wetlands; the entire forest area on both sides is subject to the Program for Payment of Environmental Services (Programa de Pago por Servicios Ambientales) implemented by the Ministry of Environment through the National Forestry Financing Fund, under Contract with the State number [VALOR 03]. She indicates that the truth is that all environmental controls and permits required for such an impactful action are being evaded, and that this activity is tacitly implying a land-use change by eliminating the existing tree vegetation, Natural Heritage of the State, and closing and crossing the wetlands with heavy machinery. They state that as a supervening condition, it is important to indicate that there is not and has never been any interest from the neighboring residents for its reopening, given that this road is situated among their private properties dedicated solely to forest protection, and does not provide any communication service that contributes to the residents' economy or facilitates communication between communities. They say that the unilateral, arbitrary, and unfounded action of the Municipality, which apparently only serves to facilitate a squatter invasion, violates the protected party's rights since at no time have they been given any notification of the opening of the road, and with it, and the irresponsible way in which the work is carried out, their forest protection effort is being affected, thus violating the right to due process, but in addition, said action is considered a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, since the intention is to destroy part of a forest possibly being Natural Heritage of the State, created by non-use and the passage of time, by acting arbitrarily and lacking a technical study justifying its social need for opening; it is even striking that there is not even a criterion from the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area (Área de Conservación Cordillera Volcánica Central), which is responsible for overseeing the protection of this area in forestry matters. They indicate that this permit from the Conservation Area is vital to be able to cut the forest trees required for the opening of the road, which is four kilometers long, which multiplied by its width, results in an area of three and a half hectares of forest to be cut, with which, furthermore, a forest unit will be subdivided (fraccionará) into two blocks and a critical point known as the bottleneck of the San Juan La Selva Biological Corridor will be affected. They state that they have gone to the Municipality and the Regional Office of the Conservation Area, but the process is too slow on their part to stop the work, which will cause irreversible environmental damage.

2.- The Municipal Mayoress of Sarapiquí reports that the road mentioned by the appellants is a public road of the cantonal road network with nomenclature Junction National Route No. 4, El Palmar Street to Río Sucio, which connects La Caño Negro of Puerto Viejo; that the work on the road is for cleaning and removing materials accumulated on the surface; that it is not a new path for vehicular traffic, but an existing public road that crosses the complainants' farms, whose public domain nature they acknowledge in their complaint; that the land-use was not changed and trees were not cut.

3.- The Head of the Office of the Central Volcanic Mountain Range Conservation Areas reports that the place mentioned by the appellants was visited; that municipal officials were found carrying out cleaning work on the road; that the cutting of trees outside or inside the road or invasion for the protection of water resources was not observed.

4.- The General Secretary of SETENA reports that they do not have an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) process for the place, since it is the project developers who request SETENA's action and not ex officio; that in the present case, there is no reprehensible conduct at the administrative level.

5.- The terms and prescriptions of law have been observed in the proceedings.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considering:

I.- On the object of the recourse. They consider their environmental right injured as a consequence of the action of the Municipality of Sarapiquí in reopening a road without having permits, without foundations or technical studies justifying its reopening, and without an environmental impact study or environmental feasibility study since it is an area of dense primary forest, largely with the presence of wetlands, immersed within a declared biological corridor.

II.- On the facts. Of importance for the resolution of this matter, the following facts are noted: a) that the protected parties are residents of Sarapiquí, Heredia (see the orders); b) that the road mentioned by the appellants is a public road of the cantonal road network with nomenclature Junction National Route No. 4, El Palmar Street to Río Sucio, which connects La Caño Negro of Puerto Viejo (see electronic file); c) that the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area conducted an inspection at the site, on July 12, 2013, official letter OS 1071.13, in which it concluded that municipal officials were found carrying out cleaning work on the road; that the cutting of trees outside or inside the road or invasion for the protection of water resources was not observed (see report of the respondents); d) that the Municipal Council of Sarapiquí was informed that the reopening of the road is ominous for natural resources (see report of the respondents).

III.- On the right. The appellants request the amparo of their fundamental environmental right, as they are residents of Sarapiquí where there is a road, which from its inception due to the environmental fragilities through which it was traced (wetlands, streams and dense forest) could not become well-used and was left abandoned in complete disuse, especially since its final destination has been easily reached for over twenty-five years by four public roads that connect to national highways, without having to pass through the center of the forest and its wetlands. They indicate that the reopening is being done without having permits, without foundations or technical studies justifying its reopening, without an environmental impact study or environmental feasibility study since it is an area of dense primary forest, largely with the presence of wetlands, immersed within a declared biological corridor. They state that with said action, a land-use change (cambio de uso del suelo) of the forest is generated in the area of the road or street, and if the road is opened, it will bisect the forest, affecting forest areas that are subject to forestry regime, and one of the most fragile parts of the San Juan La Selva biological corridor, as stated in SINAC reports. In the first place, while it is recognized that as an immediate consequence of the road having little traffic, the area was intervened with municipal machinery, carrying out the cleaning and rehabilitation of the road, so that the normal condition of public access for the inhabitants of that locality was reestablished. The Central Volcanic Mountain Range Conservation Area conducted an inspection at the site, on July 12, 2013, official letter OS 1071.13, in which it concluded that municipal officials were found carrying out cleaning work on the road and the cutting of trees outside or inside the road or invasion for the protection of water resources was not observed. Furthermore, the Municipal Council of Sarapiquí was notified that trees should not be cut without the respective permits and the reopening of the road could damage the environment. Thus, it was proven that the respondents with their activity have not harmed the environment, and the administrations themselves have been responsible for safeguarding the right that the appellants consider injured. So, in view of the fact that the reported facts were not proven, the appropriate course is to declare the recourse without merit.

IV.- Dissenting vote of Magistrate Hernández López: I make my own the reasoning with which Magistrate Jinesta Lobo bases his position on the intervention of this Court in cases for violation of Article 50 of the Political Constitution, and I add the following:

1. The historical context that at the time motivated the broad intervention of the Chamber in environmental matters has undergone a considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring people's right to a healthy and balanced environment, as has been protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation –characterized by a very extensive legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for the fulfillment of what is ordered in the Fundamental Charter– is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and of state entities with appropriate jurisdiction imposed on the Chamber a role of protagonist, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.

2. Today, we are faced with a "dense framework" of environmental regulations –as accurately described by Magistrate Jinesta Lobo in his dissenting vote on this topic– which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all regulated, thus the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this increasing juridification –predominantly legislative and regulatory– brings with it an unavoidable entrance onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction –primarily the contentious-administrative, but also the criminal. In them, in accordance with the importance of environmental law, broad procedural avenues and inclusive standing mechanisms have been regulated, so that individuals can assert what is established in that broad legal order relating to environmental matters.

3. In this context, it is neither legally appropriate nor functionally suitable for the Constitutional Chamber to displace, or –worse yet– substitute for the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, with which it risks overlapping its jurisdictions with those of other jurisdictional bodies that –these indeed– have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes does not sit well with the complexity present in numerous environmental conflicts that consist of series of facts and acts that are technically and legally complex. On both issues, there are known examples in which the Chamber has issued a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and affectation of legal certainty have been generated.

4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence execution judges that would allow it to provide adequate follow-up to the same –generally complex– sentences, which occasionally involve the follow-up of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up for months and even years.

5. From this perspective, the decision to take a step aside in environmental matters by this Court should not be seen as an abandonment of the environmental matter, but rather the opposite, as its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as the declination of this instance in its task of protecting the constitutional rights imposed by the Political Constitution and its Organic Law, which from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise of readjustment of the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each one of them can fully deploy its work within the assigned scope, as well as the exercise of fixing its own jurisdiction, as established by Article 7 of its Organic Law.

6. It remains clear that the Chamber does not plan to abandon to other jurisdictions the task of protecting people's rights in environmental matters. It is known that while any complaint for violation of legal and regulatory norms can be reconducted to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. It is, therefore, about ensuring that the Chamber becomes a protagonist alongside others, so that –among all and each in their space– the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society in which there are also other equally pressing needs can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but substantially gains in breadth, in perspective, and in respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system like ours.- 7. In line with the above, I maintain that this Chamber should abstain from hearing the claims presented to it for alleged violation of Article 50 of the Political Constitution to leave their hearing in the hands of administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed with a general character, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, according to my criteria, would indeed be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enunciation being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber must reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also put people's health, or access to or quality of water, at direct risk; cases of gross and direct violations of the environment in which a glaring absence of protection by state authorities is verified, provided that –in addition– the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I also consider that amparo should not be "ordinary-process-ized" to address, even in these cited cases, topics that exceed the capacity to be adequately attended to within it.

8. In the specific case, it is observed that the situation raised is located within those situations in which the intervention of the ordinary justice protection means turns out to be a more agile, broad, and complete avenue, for which, in application of the foregoing reasoning and Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I vote to reject the recourse outright.- V.- DIFFERENT REASONS OF MAGISTRATE JINESTA AND MAGISTRATE SALAZAR WITH DRAFTING BY THE FIRST. Magistrates Jinesta Lobo and Salazar Alvarado declare the recourse without merit for different reasons, which are the following:

1.- RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT AND ITS INFRA-CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT THROUGH A VAST NORMATIVE FRAMEWORK. Article 50 of the 1949 Constitution, in the year 1994 (Law No. 7412 of June 3, 1994), underwent a partial reform to introduce in its 2nd paragraph, as an express and clearly typified fundamental right, that which "Every person" has to enjoy "a healthy and ecologically balanced environment." This fundamental right, before the constitutional reform of 1994, was widely developed by a progressive and protective jurisprudence of this Constitutional Court, all based on the existing norms in International Human Rights Law, which fostered and established the conditions for the partial reform of Article 50 of the Constitution. After the partial reform of numeral 50 of the Constitution in 1994, a dense, broad, and prolix infra-constitutional normative framework has been developing for the effective protection of the enjoyment and exercise of the right to a healthy and ecologically balanced environment, given that the 3rd paragraph provided that "The State shall guarantee, defend, and preserve that right"; constitutional imperatives and obligations that have led the Costa Rican State to establish a vast and extensive infra-constitutional normative framework that translates into various laws, regulations, and executive decrees, which deal with substantive and formal issues for the guarantee, protection, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Additionally, this sub-constitutional legal order has established an extensive and complex administrative organization to effectuate the imperatives and constitutional obligations contained in the 3rd paragraph of Article 50 of the Constitution. Within this block or parameter of legality, created to develop Article 50 of the Constitution, the Organic Law of the Environment No. 7554 of October 4, 1995, stands out, which, among other extremes, develops and regulates key topics such as citizen participation in environmental matters (Chapter II), environmental impact assessment (Chapter IV), protection and improvement of the environment in human settlements (Chapter V), territorial planning and environmental protection (Chapter VI), protected wild areas (Chapter VII), marine, coastal, and wetland resources (Chapter VIII), biological diversity (Chapter IX), natural resources such as air, water, and soil (Chapters XI, XII, XIII), as well as forest and energy resources (Chapters X and XIV), pollution (Chapter XV), environmental administrative organization (XVII), and the creation of an Administrative Environmental Tribunal for the protection, defense, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Chapter XXI). Also standing out in this dense and vast legislative framework are the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 5, 1996, and its reforms, the Law of Phytosanitary Protection, No. 7664 of April 8, 1997, the Law of Concession and Operation of Tourist Marinas, No. 7744 of December 19, 1997, the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998, the Law of Use, Management, and Conservation of Soils, No. 7779 of April 30, 1998, and, more recently, the Law for the Integrated Management of Waste, No. 8839 of June 24, 2010. On the other hand, even before the partial reform of Article 50 of the Constitution, there were already sectoral laws for the protection and defense of certain aspects of the environment, such as the Water Law, No. 276 of August 27, 1942, and its reforms, the General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973, and its reforms, the Animal Health Law, No. 6243 of May 2, 1978, the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 21, 1992, and its reforms, the Hydrocarbons Law, No. 7399 of May 3, 1994, and the Law on the Rational Use of Energy, No. 7447 of November 3, 1994. The regulatory framework, at the infra-legal level, is even more abundant with various executive regulations of those laws and decrees that regulate the protection, conservation, and defense of the environment. At this hierarchical level of protection, by way of example, Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, stands out, which is the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures that regulates, in detail, all aspects of the Environmental Impact Assessment Procedures of activities, works, and projects, according to predefined categories, to prevent any damage or harm to the environment, its review and environmental feasibility (viabilidad ambiental), its subsequent control and monitoring, complaints, participation mechanisms, the environmental responsible party, compliance and operation guarantees, and a sanctioning regime. Also notable is Executive Decree No. 34136 of June 20, 2007, which is the Procedure Regulation of the Administrative Environmental Tribunal responsible for hearing and resolving complaints for the threat of infringement or effective violation of the legislation protecting the environment and natural resources, and for establishing compensations for damages or harm to them.

2.- NEED TO DELINEATE THE CONTROL OF CONSTITUTIONALITY AND LEGALITY IN MATTERS OF PROTECTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. The dense normative framework or infra-constitutional legal order that develops and strengthens the right to a healthy and ecologically balanced environment contemplated in Article 50 of the Constitution, and that seeks its guarantee, protection, and preservation, obliges this Constitutional Court to have to delineate, in the matter, the orbit of constitutionality control from the sphere of legality control. In the case of the mechanisms or questions of constitutionality, as Title IV of the Law of Constitutional Jurisdiction is named, a concept that includes the unconstitutionality action and the constitutionality consultation –legislative and judicial–, the delimitation between constitutionality control and legality control is clear and unequivocal, since, without a doubt, it is incumbent upon this Constitutional Court to hear and resolve such matters exclusively and to the exclusion of others (Articles 10 of the Constitution, 1, 2, subsection b), 73 to 108 of the Law of Constitutional Jurisdiction), thus, for example, when it is alleged that a legal or regulatory norm is unconstitutional for violating Article 50, that is, the right to a healthy and ecologically balanced environment, the values and principles underlying it. The real problem in the delimitation of both spheres of control arises with respect to the amparo recourse or process, for several evident reasons, which are the following: a) The transversal nature of the right to a healthy and ecologically balanced environment that penetrates all layers or strata of the legal order; b) the open texture of constitutional norms, whereby any grievance can appear to have a constitutional nature; and c) the tendency to use the amparo process as a substitute avenue for the ordinary jurisdiction. However, some criteria can be established, based on Article 7 of the Law of Constitutional Jurisdiction, that allow delimiting the amparo process from other ordinary jurisdictional processes. Thus, when regarding an activity, work, or project, a public power –administrative entity or body– has intervened by carrying out studies, evaluations, reports, or assessments of any nature, by application of the dense and vast infra-constitutional legal order, it is clear that the matter must be addressed before the ordinary jurisdiction and not the constitutional one. The same occurs when a public power has omitted to comply with the obligations imposed on it, in matters of environmental and natural resource protection, by the infra-constitutional legal order, whether of a legal or regulatory nature. Under this understanding, this Constitutional Court must hear and resolve a matter in the amparo process only when no public power has intervened exercising its supervisory or authorization powers and a conduct is being developed that is potentially or currently harmful to the right to a healthy and ecologically balanced environment; additionally, it must be a violation of that right that is evident and manifest or easily verifiable –without major production or evacuation of evidence– and, furthermore, it must hold great relevance or transcendence and be serious. If a public power has breached the obligations and duties developed by the infra-constitutional legal order, the matter must also not be heard by the constitutional jurisdiction, since, in addition to the complaint mechanisms provided for in the administrative venue, the ordinary jurisdiction, especially the contentious-administrative one, has sufficient competence to oversee the material or formal omissions of public entities. From the moment a public power has intervened by exercising its legal and regulatory powers, substantiating a proceeding –a concatenated series of administrative actions– and issuing administrative acts, the matter will be outside the orbit of constitutionality control, likewise if it breaches or omits its legal and regulatory obligations. The amparo recourse is, essentially, a summary process governed by simplicity, or, in the terms of Article 25 of the American Convention on Human Rights, a recourse that must be simple and fast. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions –procedures and formal acts that translate and materialize in an administrative file– the matter ceases to be a subject of amparo, since one must resort to a full cognizance process, that is, a full knowledge process that is only possible to substantiate before the ordinary jurisdiction. Amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria rendered in light of the infra-constitutional legal order, or to evacuate new elements of conviction to contrast those contained in an administrative file that has been processed over prolonged periods and calmly.

The amparo proceeding, in short, cannot be turned into an ordinary proceeding of full cognition ("ordinariarlo"), inasmuch as it becomes distorted and perverted in its purposes and objectives; hence, when a public authority has intervened by carrying out studies, endorsing or approving expert reports submitted by interested parties, rendering reports, issuing administrative decisions, permits, licenses, or any other formal administrative act or, in general, processing one or more administrative proceedings, the amparo proceeding is not the proper avenue to review such actions—rather, the contentious-administrative proceeding is. The administrative intervention that can be verified or confirmed is decisive for considering that the matter lies on the plane or level—inherently abstract and open—of constitutionality, or on the denser one of legality. Nor should this Constitutional Court take up and resolve the breach of obligations imposed by the legal or regulatory framework, since, for that purpose, there exist robust and efficient instruments at the administrative level (the sanctions regime, complaints, the Environmental Administrative Tribunal) and, in the final instance, a contentious-administrative jurisdiction whose function is to review the legality of administrative action (Article 49 of the Constitution), within which material or formal legal or regulatory omissions figure; that ordinary jurisdiction, now with the new procedural legislation, is more flexible, expeditious, swift, plenary, and universal.

3.- COROLLARY. Based on the foregoing, I consider that this amparo petition should have been dismissed outright ad limine litis because it raises a matter pertaining to legality review; however, that not having been the case, I consider that it should be declared without merit, without pronouncing on the substance of the matter, since it falls to the ordinary jurisdiction—specifically, the contentious-administrative jurisdiction—to determine whether the administrative actions and conduct undertaken (whether active or omissive) in the case sub-lite substantially conform, or do not, to the infra-constitutional legal framework for the protection, guarantee, and preservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

Por tanto:

The petition is DECLARED WITHOUT MERIT. Magistrate Hernández dismisses the petition outright. Magistrates Jinesta Lobo and Salazar Alvarado give different reasons.

Gilbert Armijo S.

Presidente a.i Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Res. Nº 2014001235 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil catorce.

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 13-007862-0007-CO, interpuesto por [NOMBRE 01 ], cédula de identidad [VALOR 01 ], [NOMBRE 02 ], cédula de identidad [VALOR 02 ], contra ALCALDE MUNICIPAL DE SARAPIQUI, ALCALDESA MUNICIPAL DE SARAPIQUI, JEFE DE LA OFICINA DE SARAPIQUI DEL AREA DE CONSERVACION DE LA CORDILLERA VOLCANICA CENTRAL, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SARAPIQUI, SECRETARIO GENERAL DE SETENA.

Resultando:

1.- En escrito presentado el dieciséis de julio del dos mil trece, la recurrente manifiesta que el cinco de julio de este año fue testigo del inicio de labores que hace en apariencia la Municipalidad de Sarapiquí para reabrir un camino, mismo que desde su inicio por las fragilidades ambientales por las que fue trazado (humedales, quebradas y denso bosque) no pudo llegar a ser bien utilizado y quedo abandonado en pleno desuso, máxime que a su destino final desde hace más de veinticinco años se llega fácilmente por cuatro calles públicas que se comunican a carreteras nacionales, sin tener que pasar por el centro del bosque y sus humedales. Dice que la reapertura de este camino se está tratando de hacer en apariencia y según rumores para facilitar una invasión precarista masiva, de un grupo denominado Pulmón del Mundo, en los bosques propiedad privada de la amparada en las fincas folio real número 4-205860-000y 4-205861-000. Indica que la reapertura se está haciendo sin contar con permisos, sin fundamentos o estudios técnicos que justifiquen su reapertura, sin estudio de impacto ambiental o viabilidad ambiental por ser área de denso bosque primario en gran parte con presencia de humedales, inmersa dentro de un corredor biológico declarado. Manifiestan que con dicha actuación se genera un cambio de uso de suelo del bosque en el área del camino o calle y si el camino se llega a abrir seccionará el bosque en dos, afectando áreas de bosque que están sometidas a régimen forestal, y una de las partes más frágiles del corredor biológico San Juan La Selva, según consta en informes del SINAC. Dice que es claro que la Municipalidad es la autoridad encargada de velar por los caminos vecinales y la ley les faculta para su apertura o cierre, sin embargo, esto no lo puede hacer violando el resto del ordenamiento legal, dicho camino se encuentra abandonado desde hace más de veinticinco años y ya es parte integral de una reserva de bosque primario de más de trescientas cuarenta hectáreas, con varios sitios catalogados como humedales, toda el área de bosque a ambos lados se encuentra sometida al Programa de Pago por Servicios Ambientales implementado por el Ministerio de Ambiente a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, bajo el Contrato con el Estado número [VALOR 03 ]. Indica que lo cierto es que se están evadiendo todos los controles y permisos ambientales requeridos para tan impactante acción y que esta actividad está implicando tácitamente un cambio de uso de suelo al eliminar la vegetación arbórea existente, Patrimonio Natural del Estado y cerrando y cruzando los humedales con maquinaria pesada. Manifiestan que como condición sobrevenida es importante indicar que no existe ni ha existido ningún interés de los pobladores vecinos por su reapertura dado que este camino se encuentra enclavado entre sus propiedades privadas dedicadas solo a la protección del bosque, y no presta ningún servicio de comunicación que contribuya a la economía de los pobladores o facilite la comunicación entre comunidades. Dicen que la acción unilateral, arbitraria e infundada de la Municipalidad que en apariencia solo obedece a facilitar una invasión precarista, atenta contra los derechos de la amparada puesto que en ningún momento se les ha otorgado comunicación alguna de la apertura del camino, y con el mismo y la forma irresponsable con la que se trabaja, se les está afectando el esfuerzo de protección del bosque existente, violando así el derecho al debido proceso, pero además de eso dicha acción se considera violatoria de un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, puesto que se pretende destruir parte de un bosque posible Patrimonio Natural del Estado, surgido por no uso y transcurso del tiempo, al accionar en forma arbitraria y por carecer de un estudio técnico que justifique su necesidad social de apertura, incluso llama la atención que ni siquiera se cuente con un criterio del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central a quienes les corresponde velar por la protección de esta área en materia forestal. Indican que este permiso del Área de Conservación es vital para poder cortar los árboles del bosque que implica la apertura del camino, que es de cuatro kilómetros, lo que multiplicado por su ancho, resulta en un área de tres hectáreas y media de bosque a talar, con lo que además se fraccionará una unidad boscosa en dos bloques y se afectará un punto crítico conocido como cuello de botella del Corredor Biológico San Juan La Selva. Manifiestan que han acudido al a Municipalidad y a la Oficina Regional del Área de Conservación, pero el proceso es demasiado lento por parte de ellos para detener la obra lo que ocasionará que se produzcan daños ambientales irreversibles.

2.- La Alcaldesa Municipal de Sarapiquí informa que el camino que dicen los recurrentes es una vía pública de red vial cantonal con nomenclatura Entronque Ruta Nacional No. 4 Calle El Palmar a Río Sucio que comunica la Caño Negro de Puerto Viejo; que los trabajos en la vía son de limpieza y quitar materiales acumulados sobre la superficie; que no se trata de una senda nueva para el transito vehicular, sino una vía pública existente que atraviesa fincas de los quejosos, cuya naturaleza demanial reconoce en su denuncia; que no se cambió el uso del suelo y no se talaron árboles.

3.- El Jefe de la Oficina de Áreas de Conservación Cordillera Volcánica Central informa que se visitó el lugar que dicen los recurrentes; que se encontraron funcionarios municipales realizando trabajos de limpieza en la vía; que no se observó la corta de árboles fuera o dentro del camino o invasión en aras de protección del recurso hídrico.

4.- El Secretario General de Setena informa que no cuentan con un proceso de evaluación de impacto ambiental del lugar, ya que son los desarrolladores de proyectos, quien solicitan la actuación de Setena y no de oficio; que en el presente caso no hay conducta reprochable a nivel administrativo.

5.- En los procedimientos se han observado los términos y prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- Sobre el objeto del recurso. Estiman lesionado su derecho al ambiente como consecuencia de la actuación de la Municipalidad de Sarapiqui de reabrir un camino sin contar con permisos, sin fundamentos o estudios técnicos que justifiquen su reapertura y sin estudio de impacto ambiental o viabilidad ambiental por ser área de denso bosque primario en gran parte con presencia de humedales, inmersa dentro de un corredor biológico declarado.

II.- Sobre los hechos. De importancia para la resolución de este asunto, se tienen los siguientes hechos: a) que los amparados son vecinos de Sarapiquí de Heredia (ver los autos); b) que el camino que dicen los recurrentes es una vía pública de red vial cantonal con nomenclatura Entronque Ruta Nacional No. 4 Calle El Palmar a Río Sucio que comunica la Caño Negro de Puerto Viejo (ver exp electrónico); c) que el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central realizó una inspección en el lugar, en fecha 12 de julio de 2013 oficio OS 1071.13, en el que concluyó que se encontraron funcionarios municipales realizando trabajos de limpieza en la vía; que no se observó la corta de árboles fuera o dentro del camino o invasión en aras de protección del recurso hídrico (ver informe recurridos); d) que se le informó al Concejo Municipal de Sarapiqui que la reapertura del camino es ominosa para los recursos naturales (ver informe recurridos).

III.- Sobre el derecho. Los recurrentes solicitan el amparo de su derecho fundamental al ambiente, ya que son residentes de Sarapiquí en el que existe un camino, mismo que desde su inicio por las fragilidades ambientales por las que fue trazado (humedales, quebradas y denso bosque) no pudo llegar a ser bien utilizado y quedo abandonado en pleno desuso, máxime que a su destino final desde hace más de veinticinco años se llega fácilmente por cuatro calles públicas que se comunican a carreteras nacionales, sin tener que pasar por el centro del bosque y sus humedales. Indica que la reapertura se está haciendo sin contar con permisos, sin fundamentos o estudios técnicos que justifiquen su reapertura, sin estudio de impacto ambiental o viabilidad ambiental por ser área de denso bosque primario en gran parte con presencia de humedales, inmersa dentro de un corredor biológico declarado. Manifiestan que con dicha actuación se genera un cambio de uso de suelo del bosque en el área del camino o calle y si el camino se llega a abrir seccionará el bosque en dos, afectando áreas de bosque que están sometidas a régimen forestal, y una de las partes más frágiles del corredor biológico San Juan La Selva, según consta en informes del SINAC. En primer término, si bien se reconoce que como consecuencia inmediata de que el camino es poco tránsito, se procedió a intervenir la zona con maquinaria municipal, realizando la limpieza y rehabilitación del camino, de manera que se restableció la condición normal de acceso público para los habitantes de esa localidad. El Área de Conservación Cordillera Volcánica Central realizó una inspección en el lugar, en fecha 12 de julio de 2013 oficio OS 1071.13, en el que concluyó que se encontraron funcionarios municipales realizando trabajos de limpieza en la vía y no se observó la corta de árboles fuera o dentro del camino o invasión en aras de protección del recurso hídrico. Además, se notificó al Concejo Municipal de Sarapiqui que no se debe cortar árboles sin los permisos respectivos y la reapertura del camino puede dañar el ambiente. De manera que, se acreditó que los recurridos con su actividad no han perjudicado el ambiente, y las mismas administraciones se han encargado de poner a recaudo el derecho que estiman lesionados los recurrentes. Así, en vista de que no se acreditaron los hechos denunciados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.

IV.- Voto salvado de la Magistrada Hernández López: Hago míos los razonamientos con los cuales el Magistrado Jinesta Lobo sustenta su posición sobre la intervención de este Tribunal en casos por infracción del artículo 50 de la Constitución Política y agrego lo siguiente:

1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.

2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental –tal y como acertadamente lo ha descrito el Magistrado Jinesta Lobo en su voto salvado sobre este tema- lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.

3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.

6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando –además- la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.

8. En el caso concreto, se observa que la situación planteada se ubica dentro de aquellas situaciones en las que la intervención de los medios de protección de la justicia ordinaria, resultan ser una vía más ágil, amplia y completa por lo cual, en aplicación de los anteriores razonamientos y el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional voto por rechazar de plano el recurso.- V.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO JINESTA Y DEL MAGISTRADO SALAZAR CON REDACCION DEL PRIMERO. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado declaran sin lugar el recurso por razones diferentes que son las siguientes:

1.- DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO Y SU DESARROLLO INFRA CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE UN VASTO ENTRAMADO NORMATIVO. El artículo 50 de la Constitución de 1949, en el año de 1994 (Ley No. 7412 de 3 de junio de 1994) sufrió una reforma parcial para introducir en el, párrafo 2°, como un derecho fundamental expreso y claramente tipificado el que tiene “Toda persona” de gozar “a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho fundamental, antes de la reforma constitucional de 1994, fue ampliamente desarrollado por una jurisprudencia progresista y tuitiva de este Tribunal Constitucional, todo con fundamento en la normativa existente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que propició y estableció las condiciones para la reforma parcial del artículo 50 de la Constitución. Después de la reforma parcial al numeral 50 de la Constitución en 1994, se ha venido desarrollando un denso, amplio y prolijo marco normativo infra constitucional para la protección efectiva del goce y ejercicio del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, habida cuenta que el párrafo 3° dispuso que “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho”; imperativos y obligaciones constitucionales que han llevado al Estado costarricense a establecer un vasto y extenso entramado normativo infra constitucional que se traduce en diversas leyes, reglamentos y decretos ejecutivos, los que se encargan de cuestiones sustantivas y formales para la garantía, tutela y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Adicionalmente, ese ordenamiento jurídico sub constitucional, ha establecido una organización administrativa extensa y compleja para actuar los imperativos y obligaciones constitucionales contenidas en el párrafo 3° del artículo 50 constitucional. Dentro de este bloque o parámetro de legalidad, creado para desarrollar el artículo 50 de la Constitución, destaca la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 4 de octubre de 1995, la que, entre otros extremos, desarrolla y regula temas de primer orden como la participación ciudadana en materia ambiental (Capítulo II), la evaluación del impacto ambiental (Capítulo IV), la protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos (Capítulo V), el ordenamiento territorial y la protección del ambiente (Capítulo VI), las áreas silvestres protegidas (Capítulo VII), los recursos marinos, costeros y humedales (Capítulo VIII), la diversidad biológica (Capítulo IX), los recursos naturales como el aire, agua y suelo (Capítulos XI, XII, XIII), así como los forestales y energéticos (Capítulos X y XIV), la contaminación (artículo XV), la organización administrativa ambiental (XVII) y la creación de un Tribunal Ambiental Administrativo para la tutela, defensa y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Capítulo XXI). También destacan, en ese denso y vasto entramado legislativo, la Ley Forestal, No. 7575 de 5 de febrero de 1996 y sus reformas, la Ley de Protección Fitosanitaria, No. 7664 de 8 de abril de 1997, la Ley de concesión y operación de marinas turísticas, No. 7744 de 19 de diciembre de 1997, la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, No. 7779 de 30 de abril de 1998 y, más recientemente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839 de 24 de junio de 2010. De otra parte, incluso, antes de reformarse parcialmente el artículo 50 de la Constitución, ya existían leyes sectoriales de protección y defensa de ciertos aspectos del medio ambiente, tales como la Ley de Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942 y sus reformas, la Ley General de Salud, No. 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas, la Ley de Salud Animal, No. 6243 de 2 de mayo de 1978, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 de 21 de octubre de 1992 y sus reformas, la Ley de Hidrocarburos, No. 7399 de 3 de mayo de 1994 y la Ley del uso racional de la energía, No. 7447 de 3 de noviembre de 1994. El marco normativo, en el plano infra legal, es aún más nutrido con diversos reglamentos ejecutivos de esas leyes y decretos que regulan la protección, conservación y defensa del medio ambiente. En este nivel jerárquico de protección, a modo de ejemplo, destaca el Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004 que es el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que regula, prolijamente, todas las aristas de los procedimientos de Evaluación del Impacto ambiental de actividades, obras y proyectos, según categorías predefinidas, para prevenir cualquier daño o lesión al ambiente, su revisión y la viabilidad ambiental, su control y seguimiento posterior, denuncias, mecanismos de participación, el responsable ambiental, las garantías de cumplimiento y de funcionamiento y un régimen sancionador. También descuella el Decreto Ejecutivo No. 34136 de 20 de junio de 2007 que es el Reglamento de procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo encargado de conocer y resolver las denuncias por amenaza de infracción o violación efectiva a la legislación tutelar del ambiente y de los recursos naturales y para establecer las indemnizaciones por daños o lesiones a éstos.

2.- NECESIDAD DE DESLINDAR EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE LEGALIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. El denso marco normativo o ordenamiento jurídico infra constitucional que desarrolla y fortalece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado contemplado en el artículo 50 de la Constitución y que procura su garantía, tutela y preservación, obliga a este Tribunal Constitucional a tener que deslindar, en la materia, la órbita del control de constitucionalidad de la esfera del control de legalidad. Tratándose de los mecanismos o de las cuestiones de constitucionalidad, tal y como se denomina el Título IV de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, concepto que comprende a la acción de inconstitucionalidad y la consulta de constitucionalidad –legislativas y judiciales-, la delimitación entre el control de constitucionalidad y de legalidad es clara e inequívoca, por cuanto, sin duda alguna, le compete a este Tribunal Constitucional conocer y resolver tales materias de manera exclusiva y excluyente (artículos 10 de la Constitución, 1°, 2°, inciso b), 73 a 108 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) así, por ejemplo, cuando se aduce que una norma legal o reglamentaria es inconstitucional por quebrantar el artículo 50, sea el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los valores y principios subyacentes en éste. El problema real en la delimitación de sendas esferas de control, surge respecto del recurso o proceso de amparo, por varias razones evidentes que son las siguientes: a) El carácter transversal del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que penetra todas las capas o estratos del ordenamiento jurídico; b) la textura abierta de la normas constitucionales con lo que cualquier agravio puede parecer que tiene naturaleza constitucional y c) la tendencia de utilizar el proceso de amparo como una vía sustitutiva de la jurisdicción ordinaria. Empero, pueden establecerse algunos criterios, con fundamento en el artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que permiten delimitar el proceso de amparo de otros procesos jurisdiccionales ordinarios. Así, cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público –ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional. Lo mismo sucede cuando un poder público ha omitido cumplir con las obligaciones que le impone, en materia de protección del ambiente y de los recursos naturales, el ordenamiento jurídico infra constitucional sea de naturaleza legal o reglamentario. Bajo esta inteligencia, este Tribunal Constitucional debe conocer y resolver un asunto en el proceso de amparo, únicamente, cuando ningún poder público haya intervenido ejerciendo sus competencias de fiscalización o de autorización y se esté desarrollando una conducta, potencial o actualmente, lesiva del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, adicionalmente, debe tratarse de una violación de ese derecho evidente y manifiesta o fácilmente constatable –sin mayor producción o evacuación de prueba- y, además, debe revestir gran relevancia o trascendencia y ser grave. Si un poder público ha incumplido las obligaciones y deberes que desarrolla el ordenamiento jurídico infra constitucional, el tema tampoco debe ser conocido por la jurisdicción constitucional, por cuanto, además de los mecanismos de denuncia previstos en sede administrativa, la jurisdicción ordinaria, en especial la contencioso-administrativa, tiene competencia suficiente para fiscalizar las omisiones materiales o formales de los entes públicos. Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento –serie concatenada de actuaciones administrativas- y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad, lo mismo si incumple u omite sus obligaciones legales y reglamentarias. El recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria. El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente. El proceso de amparo, en definitiva, no puede ser convertido en un proceso ordinario de cognición plena (“ordinariarlo”), por cuanto, se desnaturaliza y pervierte en sus fines y propósitos, de ahí que, cuando un poder público ha intervenido efectuando estudios, avalando u homologando experticias presentadas por las partes interesadas, rendido informes, emitiendo resoluciones administrativas, permisos, licencias o cualquier otro acto administrativo formal o, en general, sustanciando uno o varios procedimientos administrativos, el proceso de amparo no es la vía para fiscalizar tales actuaciones sino el proceso contencioso-administrativo. La intervención administrativa que se logre verificar o comprobar, es determinante para estimar que el asunto se ubica en el plano o nivel, de por sí abstracto y abierto, de la constitucionalidad o en el más denso de la legalidad. Tampoco, este Tribunal Constitucional debe entrar a conocer y resolver el incumplimiento de las obligaciones que impone el marco normativo legal o reglamentario, puesto que, para tal efecto, existen poderosos y eficientes instrumentos en sede administrativa (régimen sancionador, quejas, el Tribunal Ambiental Administrativo) y, en último término, una jurisdicción contencioso-administrativa cuya función es controlar la legalidad de la función administrativa (artículo 49 constitucional), dentro de la que figuran las omisiones legales o reglamentarias, materiales o formales, jurisdicción ordinaria que ahora, con la nueva legislación adjetiva, es más flexible, expedita, célere, plenaria y universal.

3.- COROLARIO. Por lo expuesto, estimo que el presente recurso de amparo debió haber sido rechazado de plano ad limine litis por entrañar una cuestión propia del control de legalidad, sin embargo, no habiendo sido así, considero que se debe declarar sin lugar, sin pronunciarme en cuanto al mérito del asunto, por cuanto, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en particular, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisivas) en el sub-lite se ajustan o no, sustancialmente, al ordenamiento jurídico infra constitucional de protección, garantía y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Por tanto:

Se declara SIN LUGAR el recurso. La Magistrada Hernández rechaza de plano el recurso. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado dan razones diferentes.

Gilbert Armijo S.

Presidente a.i Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

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    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos
    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal
    • Biological Corridors — Decree 40043-MINAECorredores Biológicos — Decreto 40043-MINAE

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    • Constitución Política Art. 50
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