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Res. 01235-2014 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 31/01/2014
OutcomeResultado
The amparo complaint is denied because no environmental impacts were proven; the majority opinion examines the facts, while the dissenting and concurring votes argue that amparo is improper when there is a dense sub-constitutional regulatory framework and competent administrative and judicial bodies.Se declara sin lugar el recurso de amparo porque no se acreditaron impactos ambientales; de fondo, el voto mayoritario analiza los hechos, mientras que los votos salvados y concurrentes discuten la improcedencia del amparo cuando existe un denso marco normativo infraconstitucional y órganos administrativos y jurisdiccionales competentes.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed a constitutional complaint (amparo) filed by owners of private forests in Sarapiquí against the Municipality of Sarapiquí and other entities, regarding the reopening of a public road that crosses an area of dense primary forest, wetlands, and a declared biological corridor (San Juan-La Selva). The complainants argued that the works were being carried out without environmental impact studies, environmental viability permits, or tree-felling permits, allegedly causing a change in land use and forest fragmentation. The Chamber found that the works consisted only of clearing and rehabilitating an existing public road, with no tree felling or impact on water resources, per an inspection by the Conservation Area. However, the ruling includes dissenting and separate opinions arguing that such conflicts, which involve administrative authorities and a dense sub-constitutional regulatory framework, fall under the jurisdiction of the administrative courts and not constitutional amparo, except in exceptional cases of evident and serious violations of the right to a healthy environment.La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo interpuesto por propietarios de bosques privados en Sarapiquí contra la Municipalidad de Sarapiquí y otras entidades, por la reapertura de un camino público que atraviesa un área de denso bosque primario, humedales y un corredor biológico declarado (San Juan-La Selva). Los recurrentes alegaron que la obra se realizaba sin estudios de impacto ambiental, viabilidad ambiental, ni permisos de corta de árboles, lo que implicaría un cambio de uso del suelo y fragmentación del bosque. La Sala constató que los trabajos consistían únicamente en limpieza y rehabilitación de una vía pública ya existente, sin tala de árboles ni afectación al recurso hídrico, según inspección del Área de Conservación. Sin embargo, el fallo incluye votos salvados y razones diferentes que argumentan que este tipo de conflictos, donde hay intervención de autoridades administrativas y normativa infraconstitucional densa, corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa y no al amparo constitucional, salvo casos excepcionales de violación evidente y grave del derecho al ambiente.
Key excerptExtracto clave
First, while it is true that as an immediate consequence of the road being little used, the area was intervened with municipal machinery, clearing and rehabilitating the road so that normal public access was restored for the inhabitants of that locality. The Central Volcanic Mountain Range Conservation Area conducted an on-site inspection on July 12, 2013, in official communication OS 1071.13, concluding that municipal workers were found carrying out clearing work on the road and no tree felling was observed outside or inside the road, nor any encroachment for the protection of water resources. Additionally, the Municipal Council of Sarapiquí was notified that trees must not be cut without the respective permits and that reopening the road could damage the environment. Thus, it was proven that the respondents with their activity have not harmed the environment, and the very administrations have taken steps to safeguard the right that the complainants consider injured. Therefore, given that the alleged facts were not proven, the appropriate course is to dismiss the complaint.En primer término, si bien se reconoce que como consecuencia inmediata de que el camino es poco tránsito, se procedió a intervenir la zona con maquinaria municipal, realizando la limpieza y rehabilitación del camino, de manera que se restableció la condición normal de acceso público para los habitantes de esa localidad. El Área de Conservación Cordillera Volcánica Central realizó una inspección en el lugar, en fecha 12 de julio de 2013 oficio OS 1071.13, en el que concluyó que se encontraron funcionarios municipales realizando trabajos de limpieza en la vía y no se observó la corta de árboles fuera o dentro del camino o invasión en aras de protección del recurso hídrico. Además, se notificó al Concejo Municipal de Sarapiqui que no se debe cortar árboles sin los permisos respectivos y la reapertura del camino puede dañar el ambiente. De manera que, se acreditó que los recurridos con su actividad no han perjudicado el ambiente, y las mismas administraciones se han encargado de poner a recaudo el derecho que estiman lesionados los recurrentes. Así, en vista de que no se acreditaron los hechos denunciados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"El Área de Conservación Cordillera Volcánica Central realizó una inspección en el lugar, en fecha 12 de julio de 2013 oficio OS 1071.13, en el que concluyó que se encontraron funcionarios municipales realizando trabajos de limpieza en la vía y no se observó la corta de árboles fuera o dentro del camino o invasión en aras de protección del recurso hídrico."
"The Central Volcanic Mountain Range Conservation Area conducted an on-site inspection on July 12, 2013, in official communication OS 1071.13, concluding that municipal workers were found carrying out clearing work on the road and no tree felling was observed outside or inside the road, nor any encroachment for the protection of water resources."
Considerando III
"El Área de Conservación Cordillera Volcánica Central realizó una inspección en el lugar, en fecha 12 de julio de 2013 oficio OS 1071.13, en el que concluyó que se encontraron funcionarios municipales realizando trabajos de limpieza en la vía y no se observó la corta de árboles fuera o dentro del camino o invasión en aras de protección del recurso hídrico."
Considerando III
"En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos."
"In that context, it is not legally appropriate, nor from a functional standpoint, for the Constitutional Chamber to displace—or worse, replace—the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring effective compliance with laws and regulations."
Voto salvado de la Magistrada Hernández López, punto 3
"En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos."
Voto salvado de la Magistrada Hernández López, punto 3
"Cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público –ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional."
"When a public power—administrative entity or body—has intervened regarding an activity, work, or project by conducting studies, evaluations, reports, or assessments of any nature, in application of the dense and vast sub-constitutional legal order, it is clear that the matter must be brought before the ordinary jurisdiction and not the constitutional one."
Razones diferentes del Magistrado Jinesta, punto 2
"Cuando respecto de una actividad, obra o proyecto haya intervenido un poder público –ente u órgano administrativo- efectuando estudios, evaluaciones, informes o valoraciones de cualquier naturaleza, por aplicación del denso y vasto ordenamiento jurídico infra constitucional, es claro que la cuestión debe ser residenciada ante la jurisdicción ordinaria y no la constitucional."
Razones diferentes del Magistrado Jinesta, punto 2
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: January 31, 2014 at 09:05 Type of matter: Amparo recourse Judgment with protected data, in accordance with current regulations CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and five minutes on the thirty-first of January of two thousand fourteen.
Amparo recourse processed in expediente number 13-007862-0007-CO, filed by [NOMBRE 01], identity card [VALOR 01], [NOMBRE 02], identity card [VALOR 02], against the MUNICIPAL MAYOR OF SARAPIQUI, MUNICIPAL MAYORESS OF SARAPIQUI, HEAD OF THE SARAPIQUI OFFICE OF THE CENTRAL VOLCANIC MOUNTAIN RANGE CONSERVATION AREA, PRESIDENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF SARAPIQUI, GENERAL SECRETARY OF SETENA.
Whereas:
Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,
Considering:
I.On the object of the recourse. They consider their environmental right injured as a consequence of the action of the Municipality of Sarapiquí in reopening a road without having permits, without foundations or technical studies justifying its reopening, and without an environmental impact study or environmental feasibility study since it is an area of dense primary forest, largely with the presence of wetlands, immersed within a declared biological corridor.
II.On the facts. Of importance for the resolution of this matter, the following facts are noted: a) that the protected parties are residents of Sarapiquí, Heredia (see the orders); b) that the road mentioned by the appellants is a public road of the cantonal road network with nomenclature Junction National Route No. 4, El Palmar Street to Río Sucio, which connects La Caño Negro of Puerto Viejo (see electronic file); c) that the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area conducted an inspection at the site, on July 12, 2013, official letter OS 1071.13, in which it concluded that municipal officials were found carrying out cleaning work on the road; that the cutting of trees outside or inside the road or invasion for the protection of water resources was not observed (see report of the respondents); d) that the Municipal Council of Sarapiquí was informed that the reopening of the road is ominous for natural resources (see report of the respondents).
III.On the right. The appellants request the amparo of their fundamental environmental right, as they are residents of Sarapiquí where there is a road, which from its inception due to the environmental fragilities through which it was traced (wetlands, streams and dense forest) could not become well-used and was left abandoned in complete disuse, especially since its final destination has been easily reached for over twenty-five years by four public roads that connect to national highways, without having to pass through the center of the forest and its wetlands. They indicate that the reopening is being done without having permits, without foundations or technical studies justifying its reopening, without an environmental impact study or environmental feasibility study since it is an area of dense primary forest, largely with the presence of wetlands, immersed within a declared biological corridor.
They state that with said action, a land-use change (cambio de uso del suelo) of the forest is generated in the area of the road or street, and if the road is opened, it will bisect the forest, affecting forest areas that are subject to forestry regime, and one of the most fragile parts of the San Juan La Selva biological corridor, as stated in SINAC reports. In the first place, while it is recognized that as an immediate consequence of the road having little traffic, the area was intervened with municipal machinery, carrying out the cleaning and rehabilitation of the road, so that the normal condition of public access for the inhabitants of that locality was reestablished. The Central Volcanic Mountain Range Conservation Area conducted an inspection at the site, on July 12, 2013, official letter OS 1071.13, in which it concluded that municipal officials were found carrying out cleaning work on the road and the cutting of trees outside or inside the road or invasion for the protection of water resources was not observed.
Furthermore, the Municipal Council of Sarapiquí was notified that trees should not be cut without the respective permits and the reopening of the road could damage the environment. Thus, it was proven that the respondents with their activity have not harmed the environment, and the administrations themselves have been responsible for safeguarding the right that the appellants consider injured. So, in view of the fact that the reported facts were not proven, the appropriate course is to declare the recourse without merit.
IV.Dissenting vote of Magistrate Hernández López: I make my own the reasoning with which Magistrate Jinesta Lobo bases his position on the intervention of this Court in cases for violation of Article 50 of the Political Constitution, and I add the following:
1. The historical context that at the time motivated the broad intervention of the Chamber in environmental matters has undergone a considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring people's right to a healthy and balanced environment, as has been protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation –characterized by a very extensive legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for the fulfillment of what is ordered in the Fundamental Charter– is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and of state entities with appropriate jurisdiction imposed on the Chamber a role of protagonist, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.
2. Today, we are faced with a "dense framework" of environmental regulations –as accurately described by Magistrate Jinesta Lobo in his dissenting vote on this topic– which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all regulated, thus the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this increasing juridification –predominantly legislative and regulatory– brings with it an unavoidable entrance onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction –primarily the contentious-administrative, but also the criminal. In them, in accordance with the importance of environmental law, broad procedural avenues and inclusive standing mechanisms have been regulated, so that individuals can assert what is established in that broad legal order relating to environmental matters.
3. In this context, it is neither legally appropriate nor functionally suitable for the Constitutional Chamber to displace, or –worse yet– substitute for the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, with which it risks overlapping its jurisdictions with those of other jurisdictional bodies that –these indeed– have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes does not sit well with the complexity present in numerous environmental conflicts that consist of series of facts and acts that are technically and legally complex. On both issues, there are known examples in which the Chamber has issued a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and affectation of legal certainty have been generated.
4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence execution judges that would allow it to provide adequate follow-up to the same –generally complex– sentences, which occasionally involve the follow-up of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up for months and even years.
5. From this perspective, the decision to take a step aside in environmental matters by this Court should not be seen as an abandonment of the environmental matter, but rather the opposite, as its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as the declination of this instance in its task of protecting the constitutional rights imposed by the Political Constitution and its Organic Law, which from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise of readjustment of the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each one of them can fully deploy its work within the assigned scope, as well as the exercise of fixing its own jurisdiction, as established by Article 7 of its Organic Law.
6. It remains clear that the Chamber does not plan to abandon to other jurisdictions the task of protecting people's rights in environmental matters. It is known that while any complaint for violation of legal and regulatory norms can be reconducted to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. It is, therefore, about ensuring that the Chamber becomes a protagonist alongside others, so that –among all and each in their space– the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society in which there are also other equally pressing needs can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but substantially gains in breadth, in perspective, and in respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system like ours.- 7.
In line with the above, I maintain that this Chamber should abstain from hearing the claims presented to it for alleged violation of Article 50 of the Political Constitution to leave their hearing in the hands of administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed with a general character, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, according to my criteria, would indeed be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enunciation being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber must reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also put people's health, or access to or quality of water, at direct risk; cases of gross and direct violations of the environment in which a glaring absence of protection by state authorities is verified, provided that –in addition– the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I also consider that amparo should not be "ordinary-process-ized" to address, even in these cited cases, topics that exceed the capacity to be adequately attended to within it.
8. In the specific case, it is observed that the situation raised is located within those situations in which the intervention of the ordinary justice protection means turns out to be a more agile, broad, and complete avenue, for which, in application of the foregoing reasoning and Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I vote to reject the recourse outright.-
Magistrates Jinesta Lobo and Salazar Alvarado declare the recourse without merit for different reasons, which are the following:
The amparo proceeding, in short, cannot be turned into an ordinary proceeding of full cognition ("ordinariarlo"), inasmuch as it becomes distorted and perverted in its purposes and objectives; hence, when a public authority has intervened by carrying out studies, endorsing or approving expert reports submitted by interested parties, rendering reports, issuing administrative decisions, permits, licenses, or any other formal administrative act or, in general, processing one or more administrative proceedings, the amparo proceeding is not the proper avenue to review such actions—rather, the contentious-administrative proceeding is. The administrative intervention that can be verified or confirmed is decisive for considering that the matter lies on the plane or level—inherently abstract and open—of constitutionality, or on the denser one of legality. Nor should this Constitutional Court take up and resolve the breach of obligations imposed by the legal or regulatory framework, since, for that purpose, there exist robust and efficient instruments at the administrative level (the sanctions regime, complaints, the Environmental Administrative Tribunal) and, in the final instance, a contentious-administrative jurisdiction whose function is to review the legality of administrative action (Article 49 of the Constitution), within which material or formal legal or regulatory omissions figure; that ordinary jurisdiction, now with the new procedural legislation, is more flexible, expeditious, swift, plenary, and universal.
Por tanto:
The petition is DECLARED WITHOUT MERIT. Magistrate Hernández dismisses the petition outright. Magistrates Jinesta Lobo and Salazar Alvarado give different reasons.
Gilbert Armijo S.
Presidente a.i Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil catorce.
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 13-007862-0007-CO, interpuesto por [NOMBRE 01 ], cédula de identidad [VALOR 01 ], [NOMBRE 02 ], cédula de identidad [VALOR 02 ], contra ALCALDE MUNICIPAL DE SARAPIQUI, ALCALDESA MUNICIPAL DE SARAPIQUI, JEFE DE LA OFICINA DE SARAPIQUI DEL AREA DE CONSERVACION DE LA CORDILLERA VOLCANICA CENTRAL, PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SARAPIQUI, SECRETARIO GENERAL DE SETENA.
Resultando:
Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,
Considerando:
I.Sobre el objeto del recurso. Estiman lesionado su derecho al ambiente como consecuencia de la actuación de la Municipalidad de Sarapiqui de reabrir un camino sin contar con permisos, sin fundamentos o estudios técnicos que justifiquen su reapertura y sin estudio de impacto ambiental o viabilidad ambiental por ser área de denso bosque primario en gran parte con presencia de humedales, inmersa dentro de un corredor biológico declarado.
II.Sobre los hechos. De importancia para la resolución de este asunto, se tienen los siguientes hechos: a) que los amparados son vecinos de Sarapiquí de Heredia (ver los autos); b) que el camino que dicen los recurrentes es una vía pública de red vial cantonal con nomenclatura Entronque Ruta Nacional No. 4 Calle El Palmar a Río Sucio que comunica la Caño Negro de Puerto Viejo (ver exp electrónico); c) que el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central realizó una inspección en el lugar, en fecha 12 de julio de 2013 oficio OS 1071.13, en el que concluyó que se encontraron funcionarios municipales realizando trabajos de limpieza en la vía; que no se observó la corta de árboles fuera o dentro del camino o invasión en aras de protección del recurso hídrico (ver informe recurridos); d) que se le informó al Concejo Municipal de Sarapiqui que la reapertura del camino es ominosa para los recursos naturales (ver informe recurridos).
III.Sobre el derecho. Los recurrentes solicitan el amparo de su derecho fundamental al ambiente, ya que son residentes de Sarapiquí en el que existe un camino, mismo que desde su inicio por las fragilidades ambientales por las que fue trazado (humedales, quebradas y denso bosque) no pudo llegar a ser bien utilizado y quedo abandonado en pleno desuso, máxime que a su destino final desde hace más de veinticinco años se llega fácilmente por cuatro calles públicas que se comunican a carreteras nacionales, sin tener que pasar por el centro del bosque y sus humedales. Indica que la reapertura se está haciendo sin contar con permisos, sin fundamentos o estudios técnicos que justifiquen su reapertura, sin estudio de impacto ambiental o viabilidad ambiental por ser área de denso bosque primario en gran parte con presencia de humedales, inmersa dentro de un corredor biológico declarado. Manifiestan que con dicha actuación se genera un cambio de uso de suelo del bosque en el área del camino o calle y si el camino se llega a abrir seccionará el bosque en dos, afectando áreas de bosque que están sometidas a régimen forestal, y una de las partes más frágiles del corredor biológico San Juan La Selva, según consta en informes del SINAC.
En primer término, si bien se reconoce que como consecuencia inmediata de que el camino es poco tránsito, se procedió a intervenir la zona con maquinaria municipal, realizando la limpieza y rehabilitación del camino, de manera que se restableció la condición normal de acceso público para los habitantes de esa localidad. El Área de Conservación Cordillera Volcánica Central realizó una inspección en el lugar, en fecha 12 de julio de 2013 oficio OS 1071.13, en el que concluyó que se encontraron funcionarios municipales realizando trabajos de limpieza en la vía y no se observó la corta de árboles fuera o dentro del camino o invasión en aras de protección del recurso hídrico. Además, se notificó al Concejo Municipal de Sarapiqui que no se debe cortar árboles sin los permisos respectivos y la reapertura del camino puede dañar el ambiente. De manera que, se acreditó que los recurridos con su actividad no han perjudicado el ambiente, y las mismas administraciones se han encargado de poner a recaudo el derecho que estiman lesionados los recurrentes. Así, en vista de que no se acreditaron los hechos denunciados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.
IV.Voto salvado de la Magistrada Hernández López: Hago míos los razonamientos con los cuales el Magistrado Jinesta Lobo sustenta su posición sobre la intervención de este Tribunal en casos por infracción del artículo 50 de la Constitución Política y agrego lo siguiente:
1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.
2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental –tal y como acertadamente lo ha descrito el Magistrado Jinesta Lobo en su voto salvado sobre este tema- lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.
3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.
4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.
5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.
6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7.
En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando –además- la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.
8. En el caso concreto, se observa que la situación planteada se ubica dentro de aquellas situaciones en las que la intervención de los medios de protección de la justicia ordinaria, resultan ser una vía más ágil, amplia y completa por lo cual, en aplicación de los anteriores razonamientos y el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional voto por rechazar de plano el recurso.-
Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado declaran sin lugar el recurso por razones diferentes que son las siguientes:
Por tanto:
Se declara SIN LUGAR el recurso. La Magistrada Hernández rechaza de plano el recurso. Los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado dan razones diferentes.
Gilbert Armijo S.
Presidente a.i Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
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