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Res. 01715-2014 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/02/2014
OutcomeResultado
The amparo is dismissed on the merits, finding no violation of fundamental rights and that the issues raised must be litigated in ordinary proceedings.Se rechaza por el fondo el recurso de amparo, al determinarse que no hubo violación a derechos fundamentales y que las cuestiones planteadas deben discutirse en la vía ordinaria.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber dismisses on the merits an amparo filed by Mauricio Elizondo Munguía against the Ministry of Public Security, the Municipality of Puntarenas, and the National Environmental Technical Secretariat. The petitioner alleged that members of the Public Force evicted occupants of an informal settlement in Chacarita de Puntarenas, on lands claimed to be mangrove strips protected by the Maritime Zone Law, and that the eviction was based on an alleged unexhibited court order. The Chamber holds that the legality of the eviction must be discussed in ordinary administrative or judicial proceedings, not in constitutional court. Furthermore, if the lands are indeed maritime zone, they constitute public domain property, regarding which the Administration may exercise direct action (interdictum propium) without prior process, as such property is outside commerce. If the eviction followed a court order, the amparo is inadmissible under article 30(b) of the Constitutional Jurisdiction Law, as acts of a judicial organ in the exercise of its jurisdictional function are not subject to amparo review.La Sala Constitucional rechaza por el fondo un recurso de amparo presentado por Mauricio Elizondo Munguía contra el Ministerio de Seguridad Pública, la Municipalidad de Puntarenas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. El recurrente alegó que miembros de la Fuerza Pública realizaron un desalojo en un precario ubicado en Chacarita de Puntarenas, sobre terrenos que afirmó ser franjas de manglar protegidas por la Ley de Zona Marítimo Terrestre, y que el desalojo se basaba en una supuesta orden judicial no exhibida. La Sala determina que la legalidad del desalojo debe discutirse en la vía administrativa o jurisdiccional ordinaria, no en sede constitucional. Además, si los terrenos son efectivamente zona marítimo terrestre, constituyen bienes de dominio público, respecto de los cuales la Administración puede ejercer acción directa (interdictum propium) sin necesidad de proceso previo, por estar fuera del comercio. Si el desalojo obedeció a una orden judicial, el amparo es improcedente según el artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al tratarse de actos de un órgano del Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional.
Key excerptExtracto clave
III. Now, if in the petitioner's view said eviction is improper because those lands are mangrove strips protected by the Maritime Zone Law, it must be noted that no fundamental right has been violated to the detriment of the protected parties, since if those lands are part of the "Maritime Zone" —article 11 of the Maritime Zone Law—, these spaces have been considered by this Chamber as dominical property, demanial property, public goods or things that do not belong individually to private parties and are destined for public use and subject to a special regime, that is, outside human commerce, i.e., affected by their nature and purpose, which is why these goods belong in the broadest sense to the State and are affected to the service they provide, which is invariably essential by express legal provision. It is worth noting that this same court has stated in its extensive jurisprudence on the matter that the national regime of public domain property, such as the maritime zone, places them outside human commerce. It has also been held that regarding de facto occupants of public domain property, as could be the case here, no judicial or administrative process or procedure need be observed, since the Administration's direct action (interdictum propium) replaces court interdicts and it is not necessary to follow the procedure established for administrative evictions (In a similar sense see rulings no. 2004-05543 of 1:05 p.m. on May 21, 2004 and no. 2009-06969 of 4:06 p.m. on April 30, 2009).III. Ahora bien, si a juicio del accionante, dicho desalojo es improcedente, pues dichos terrenos son franjas de manglares, los cuales son protegidos por la Ley de Zona Marítimo Terrestre, se impone advertir que no se ha violentado derecho fundamental alguno en perjuicio de los amparados, pues de ser dichos terrenos parte de la “Zona Marítimo Terrestre” –artículo 11 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre-, éstos espacios han sido considerados por esta Sala como bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, sea fuera del comercio de los hombres, es decir, afectados por su naturaleza y vocación, motivo por el cual, esos bienes pertenecen en el sentido más amplio del concepto al Estado, y están afectados al servicio que prestan y que, invariablemente, es esencial en virtud de norma expresa. No está demás, señalar que este mismo tribunal, ha señalado en su amplia jurisprudencia referida al tema, que el régimen patrio de los bienes de dominio público, como es la zona marítimo terrestre, los coloca fuera del comercio de los hombres. También se ha dicho que tratándose de ocupantes de hecho de bienes de dominio público, como podría ocurrir en este caso, se ha considerado que no se requiere la observancia de un proceso o procedimiento, ya sea judicial o administrativo, pues la acción directa de la Administración (interdictum propium) viene a sustituir a los interdictos en estrados y no se hace necesario seguir el procedimiento previsto para los desalojos administrativos (En similar sentido ver las sentencias números 2004-05543 de las 13:05 del 21 de mayo de 2004 y la 2009-06969 de las 16:06 horas del 30 de abril de 2009).
Pull quotesCitas destacadas
"tratándose de ocupantes de hecho de bienes de dominio público, como podría ocurrir en este caso, se ha considerado que no se requiere la observancia de un proceso o procedimiento, ya sea judicial o administrativo, pues la acción directa de la Administración (interdictum propium) viene a sustituir a los interdictos en estrados y no se hace necesario seguir el procedimiento previsto para los desalojos administrativos"
"regarding de facto occupants of public domain property, as could be the case here, it has been considered that no judicial or administrative process or procedure need be observed, since the Administration's direct action (interdictum propium) replaces court interdicts and it is not necessary to follow the procedure established for administrative evictions"
Considerando III
"tratándose de ocupantes de hecho de bienes de dominio público, como podría ocurrir en este caso, se ha considerado que no se requiere la observancia de un proceso o procedimiento, ya sea judicial o administrativo, pues la acción directa de la Administración (interdictum propium) viene a sustituir a los interdictos en estrados y no se hace necesario seguir el procedimiento previsto para los desalojos administrativos"
Considerando III
"no se ha violentado derecho fundamental alguno en perjuicio de los amparados, pues de ser dichos terrenos parte de la “Zona Marítimo Terrestre” –artículo 11 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre-, éstos espacios han sido considerados por esta Sala como bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, sea fuera del comercio de los hombres"
"no fundamental right has been violated to the detriment of the protected parties, since if those lands are part of the "Maritime Zone" —article 11 of the Maritime Zone Law—, these spaces have been considered by this Chamber as dominical property, demanial property, public goods or things that do not belong individually to private parties and are destined for public use and subject to a special regime, that is, outside human commerce"
Considerando III
"no se ha violentado derecho fundamental alguno en perjuicio de los amparados, pues de ser dichos terrenos parte de la “Zona Marítimo Terrestre” –artículo 11 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre-, éstos espacios han sido considerados por esta Sala como bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, sea fuera del comercio de los hombres"
Considerando III
Full documentDocumento completo
Sala Constitucional Date of Resolution: February 7, 2014 at 09:20 Type of matter: Recurso de amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL *140014400007CO* PROCEEDING: RECURSO DE AMPARO RESOLUTION Nº 2014001715 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty hours on February seventh, two thousand fourteen.
Recurso de amparo filed by MAURICIO ELIZONDO MUNGUÍA, identity card 0601780277, against the MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, the MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, and the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.
Resultando:
1.- By brief received in the Secretariat of the Sala at 15:59 hours on February 4, 2014, the petitioner files a recurso de amparo against the MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, the MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, and the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, and states the following: that on February 4, 2014, members of the Fuerza Pública appeared at the squatter settlement (precario) located at the Los Garraberos entrance, 450 meters west and 500 meters north of the Catholic Church of Barrio El Huero, in Chacarita de Puntarenas, for the purpose of evicting the inhabitants of said property. He maintains that one of the officials who appeared told the occupants of those lands that the basis for the eviction was an order from a Judge of the Republic; however, the respective document was not delivered to the leaders of the squatter settlement (precario). He asserts that Ingenio Palmar Sociedad Anónima presented itself as the owner or lessee of the lands occupied by the inhabitants of the cited squatter settlement (precario). He alleges that said lands are mangrove strips, which are protected by the Ley de Zona Marítimo Terrestre, and consequently, the protected parties cannot be evicted from said site. In his opinion, this Sala must suspend the disputed eviction. The petitioner requests that the recurso be granted, with the legal consequences.
2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Sala to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any motion submitted for its consideration that is manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of a previous, identical or similar, rejected motion.
Drafted by Magistrate Hernández López; and,
Considerando:
I.- The petitioner alleges that on February 4, 2014, members of the Fuerza Pública appeared at the squatter settlement (precario) located at the Los Garraberos entrance, in Barrio El Huero, in Chacarita de Puntarenas, for the purpose of evicting the inhabitants of said property. He maintains that one of the officials who appeared told the occupants of those lands that the basis for the eviction was an order from a Judge of the Republic. He asserts that Ingenio Palmar Sociedad Anónima presented itself as the owner or lessee of the lands occupied by the inhabitants of the cited squatter settlement (precario). He alleges that said lands are mangrove strips, which are protected by the Ley de Zona Marítimo Terrestre, and consequently, the protected parties cannot be evicted from said site. In his opinion, this Sala must suspend the disputed eviction.
II.- In the first place, if what the petitioner intends is for this Sala to analyze whether the action of the Ministerio de Seguridad Pública in evicting the protected parties from the property they occupied in a precarious manner was carried out in accordance with the law, those types of allegations are points that must be discussed in the corresponding administrative or jurisdictional legality proceeding. In the same vein, it is not within the competence of this sala to analyze the legal nature of the real property under discussion—which is said to be owned by Ingenio Palmar Sociedad Anónima—. Therefore, the petitioner must raise his disagreements or claims before the respondent authorities, or in the competent jurisdictional proceeding, venues in which he may, extensively, discuss the merits of the matter and assert his claims.
III.That said, if in the claimant's judgment, said eviction is improper, since those lands are mangrove strips, which are protected by the Ley de Zona Marítimo Terrestre, it must be noted that no fundamental right has been violated to the detriment of the protected parties, because if those lands are part of the “Zona Marítimo Terrestre”—article 11 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre—, these spaces have been considered by this Sala as dominical goods, demanial goods, public goods or things that do not belong individually to private parties and that are destined for public use and subject to a special regime, that is, outside the commerce of men, i.e., affected by their nature and vocation, for which reason, those goods belong, in the broadest sense of the concept, to the State, and are affected to the service they provide and which, invariably, is essential by virtue of an express norm. It is not superfluous to point out that this same tribunal has indicated in its ample jurisprudence on the matter, that the national regime of public domain goods, such as the maritime-terrestrial zone, places them outside the commerce of men. It has also been said that in the case of de facto occupants of public domain goods, as could occur in this case, it has been considered that the observance of a process or procedure, whether judicial or administrative, is not required, because the direct action of the Administration (interdictum propium) replaces the interdicts in court and it is not necessary to follow the procedure provided for administrative evictions (In a similar sense, see judgments numbers 2004-05543 at 13:05 on May 21, 2004, and 2009-06969 at 16:06 hours on April 30, 2009). If the protected parties consider that they are entitled to some right over those properties, this is a matter properly to be raised in the administrative proceeding for the pertinent effects, or failing that, before the competent jurisdictional proceeding. Consequently, the appropriate course is to reject the matter as inadmissible, as is hereby ordered.
IV.- Finally, it is important to highlight that if said eviction is based on an order from a Judge of the Republic, its claim would likewise not be admissible, because the actions and resolutions that would be deemed contrary to Constitutional Law are from an organ of the Poder Judicial in the exercise of its jurisdictional function, and it is inadmissible for this Sala to rule on the points alleged in the recurso, given that, in accordance with the provisions of article 30 subsection b) of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, those acts are not subject to constitutional control by means of amparo.
V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The petitioner is warned that if any documents on paper were provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The recurso is rejected on the merits.
Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Digitally Signed Document -- Verification code -- *WLTEF3IEUZA61* Telephones: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 14:27:57.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *140014400007CO* PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2014001715 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del siete de febrero de dos mil catorce.
Recurso de amparo interpuesto por MAURICIO ELIZONDO MUNGUÍA, cédula de identidad 0601780277, contra el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, y la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:59 horas del 4 de febrero de 2014, el recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, y la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, y manifiesta lo siguiente: que el día 4 de febrero de 2014, miembros de la Fuerza Pública se apersonaron al precario ubicado en la entrada Los Garraberos, 450 metros al oeste y 500 metros al norte de la Iglesia Católica del Barrio El Huero, en Chacarita de Puntarenas, con la finalidad de desalojar a los habitantes de dicho predio. Sostiene que uno de los funcionarios que se apersonó les indicó a los ocupantes de dichos terrenos que el fundamento para el desalojo era una orden de un Juez de la República; sin embargo, el documento respectivo no le fue entregado a los dirigentes del precario. Asegura que el Ingenio Palmar Sociedad Anónima se presentó como dueño o arrendatario de los terrenos que ocupan los habitantes del precario citado. Acusa que dichos terrenos son franjas de manglares, los cuales son protegidos por la Ley de Zona Marítimo Terrestre, y en consecuencia, los amparados no pueden ser desalojados de dicho sitio. En su criterio, esta Sala debe suspender el desalojo en disputa. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.
2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta la Magistrada Hernández López; y,
Considerando:
I.- El recurrente acusa que el día 4 de febrero de 2014, miembros de la Fuerza Pública se apersonaron al precario ubicado en la entrada Los Garraberos, en el barrio El Huero, en Chacarita de Puntarenas, con la finalidad de desalojar a los habitantes de dicho predio. Sostiene que uno de los funcionarios que se apersonó les indicó a los ocupantes de dichos terrenos que el fundamento para el desalojo era una orden de un Juez de la República. Asegura que el Ingenio Palmar Sociedad Anónima se presentó como dueño o arrendatario de los terrenos que ocupan los habitantes del precario citado. Acusa que dichos terrenos son franjas de manglares, los cuales son protegidos por la Ley de Zona Marítimo Terrestre, y en consecuencia, los amparados no pueden ser desalojados de dicho sitio. En su criterio, esta Sala debe suspender el desalojo en disputa.
II.- En primer plano, si lo que pretende el gestionante es que esta Sala analice si la actuación del Ministerio de Seguridad Pública de desalojar a los amparados del predio que ocuparon de forma precaria, se ha hecho conforme a derecho, ese tipo de alegados son extremos que deben ser discutidos en la vía de legalidad correspondiente, administrativa o jurisdiccional. En el mismo sentido, no es competencia de esta sala analizar la naturaleza jurídica del bien inmueble objeto de discusión –el cual se dice que es propiedad del Ingenio Palmar Sociedad Anónima-. Por ello, deberá el recurrente plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas, o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.
III.Ahora bien, si a juicio del accionante, dicho desalojo es improcedente, pues dichos terrenos son franjas de manglares, los cuales son protegidos por la Ley de Zona Marítimo Terrestre, se impone advertir que no se ha violentado derecho fundamental alguno en perjuicio de los amparados, pues de ser dichos terrenos parte de la “Zona Marítimo Terrestre” –artículo 11 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre-, éstos espacios han sido considerados por esta Sala como bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, sea fuera del comercio de los hombres, es decir, afectados por su naturaleza y vocación, motivo por el cual, esos bienes pertenecen en el sentido más amplio del concepto al Estado, y están afectados al servicio que prestan y que, invariablemente, es esencial en virtud de norma expresa. No está demás, señalar que este mismo tribunal, ha señalado en su amplia jurisprudencia referida al tema, que el régimen patrio de los bienes de dominio público, como es la zona marítimo terrestre, los coloca fuera del comercio de los hombres. También se ha dicho que tratándose de ocupantes de hecho de bienes de dominio público, como podría ocurrir en este caso, se ha considerado que no se requiere la observancia de un proceso o procedimiento, ya sea judicial o administrativo, pues la acción directa de la Administración (interdictum propium) viene a sustituir a los interdictos en estrados y no se hace necesario seguir el procedimiento previsto para los desalojos administrativos (En similar sentido ver las sentencias números 2004-05543 de las 13:05 del 21 de mayo de 2004 y la 2009-06969 de las 16:06 horas del 30 de abril de 2009). De considerar los amparados que les asiste algún derecho sobre esos inmuebles, ello es un asunto propio de plantearse en vía administrativa para los efectos pertinentes, o en su defecto, ante la vía jurisdiccional competente. En consecuencia, lo procedente es rechazar el asunto por improcedente, como en efecto se dispone.
IV.- Por último, es importante destacar que si dicho desalojo tiene como fundamento una orden de un Juez de la República, de igual modo no sería procedente su reclamo, pues las actuaciones y resoluciones que se estimarían contrarias al Derecho de la Constitución son de un órgano del Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional, es improcedente que esta Sala se pronuncie sobre los extremos alegados en el recurso, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esos actos no están sometidos al control de constitucionalidad por vía de amparo.
V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se rechaza por el fondo el recurso.
Gilbert Armijo S.
Ernesto Jinesta L.
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *WLTEF3IEUZA61*
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