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Res. 13808-2013 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 16/10/2013

The Term “Invalidity” Does Not Violate Fundamental RightsEl término «invalidez» no vulnera derechos fundamentales

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Chamber denied the action because it interpreted “invalidity” as a technical social-security contingency having no discriminatory purpose or irreconcilable conflict with disability-rights treaties.La Sala rechazó la acción porque interpretó «invalidez» como una contingencia técnica de la seguridad social sin finalidad discriminatoria ni contradicción insuperable con los tratados sobre discapacidad.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber denied the action challenging the term “invalidity” in Article 73 of the Constitution. It first recognized the claimant’s standing because persons with disabilities constitute an indeterminate group sharing a diffuse interest in avoiding harm from the contested language. On the merits, the majority interpreted “invalidity” according to its technical meaning within the social-security system: it identifies a contingency or risk that the State must cover, rather than assigning a derogatory status to individuals. The Chamber concluded that the term serves a special protective purpose connected to human dignity and formal and substantive equality and has no discriminatory or stigmatizing aim. It therefore found no objective and irreconcilable conflict between the Constitution and international instruments protecting the rights of persons with disabilities, making it unnecessary to decide whether constitutional provisions are subject to conventionality review. Two judges dissented, reasoning that the expression should be understood in accordance with the conventionality standard and terminology respectful of the dignity of persons with disabilities.La Sala Constitucional rechazó la acción dirigida contra el término «invalidez» del artículo 73 de la Constitución Política. Primero reconoció la legitimación del accionante por existir un interés difuso de las personas con discapacidad, grupo indeterminado unido por la posible afectación derivada del lenguaje cuestionado. En cuanto al fondo, la mayoría interpretó «invalidez» según su sentido técnico dentro del régimen de seguridad social: designa una contingencia o riesgo que el Estado debe cubrir y no una calificación peyorativa de las personas. Concluyó que el término procura una protección especial vinculada con la dignidad humana y la igualdad formal y material, sin finalidad discriminatoria ni estigmatizante. Por ello, estimó que no existía contradicción objetiva e insuperable entre la Constitución y los instrumentos internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad, y no abordó el control de convencionalidad de normas constitucionales. Dos magistrados salvaron el voto, pues consideraron que el término debía interpretarse conforme al parámetro de convencionalidad y a una terminología respetuosa de la dignidad.

Key excerptExtracto clave

The fact is that there is a technical meaning encompassing the language used by the Constituent Assembly, referring to the protection that the State must provide to persons facing a social risk because circumstances external or congenital to the individual prevent them from engaging in activities that guarantee their own livelihood. To this extent, the individual in these circumstances has a special connection with fundamental rights, particularly human dignity and formal and substantive equality. “Invalidity” is certainly a concept in constant evolution, still subject to legislative review and development. The term used in the Constitution is highly specific and relates to social security, which grants this group special protection from the State and Costa Rican society; consequently, it has no discriminatory or stigmatizing purpose. In view of the foregoing, the question whether conventionality review may be exercised over a constitutional provision is not addressed in this case, because it is evident and manifest that no objective and irreconcilable conflict exists between the constitutional and conventional provisions. For the reasons stated, the action must be denied. Therefore: The action is denied. Judges Jinesta Lobo and Rueda Leal dissent and would grant the action, so that when Article 73 of the Constitution uses the expression “invalidity,” it must be understood in accordance with the conventionality standard.Lo cierto es que existe una acepción técnica donde se subsume el lenguaje utilizado por el Constituyente, que se refiere a aquella protección que debe dar el Estado a las personas que se encuentran en un riesgo social, dado que, por razones externas o congénitas al individuo, le impide ejercer actividades que le garanticen su propio sustento. En esta medida, se trata de una vinculación especial del individuo, en estas circunstancias con los derechos fundamentales, con aquellos de la dignidad humana y la igualdad formal y material. Ciertamente “invalidez” es un concepto que está en evolución constantemente, bajo la revisión y elaboración que aún no termina por las legislaciones. Lo cierto es que el término utilizado en la Constitución Política es muy específico, relacionado con tema de la seguridad social, que otorga a este grupo una protección especial del Estado y de la sociedad costarricense, y, por consiguiente, no tiene una finalidad discriminatoria ni estigmatizante. En vista de lo anterior, el tema de si es posible ejercer un control de convencionalidad sobre una norma constitucional no se aborda en este caso, ya que es evidente y manifiesto que entre la norma constitucional y la convencional, no hay una contradicción objetiva e insuperable. Por lo expuesto, lo que procede es declarar sin lugar la acción. Por tanto: Se declara sin lugar la acción. Los magistrados Jinesta Lobo y Rueda Leal salvan el voto y declaran con lugar la acción, de modo que cuando el artículo 73 de la Constitución Política utiliza la expresión ''invalidez'', debe entenderse conforme al parámetro de convencionalidad.-

Pull quotesCitas destacadas

  • "En efecto, existe un interés difuso de un conglomerado de personas no determinable, diluido entre la población, con personas que por un suceso o eventualidad, congénito o no congénito, caen entre la población de personas con alguna discapacidad, y que se encuentran unidos por un mismo interés, en el cual el accionante puede representar."

    "There is, indeed, a diffuse interest belonging to an indeterminate group of persons, dispersed throughout the population, who, because of a congenital or non-congenital event or circumstance, become persons with some disability and are united by a common interest that the claimant may represent."

    Considerando II

  • "En efecto, existe un interés difuso de un conglomerado de personas no determinable, diluido entre la población, con personas que por un suceso o eventualidad, congénito o no congénito, caen entre la población de personas con alguna discapacidad, y que se encuentran unidos por un mismo interés, en el cual el accionante puede representar."

    Considerando II

  • "Un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad;"

    "Environmental harm does not affect merely the residents of a region or the consumers of a product; it damages or seriously endangers the natural heritage of the entire country and even of humanity."

    Considerando I

  • "Un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad;"

    Considerando I

  • "El lenguaje como construcción social refleja concepciones que tiene la sociedad en un momento determinado. En esa medida puede constituirse en un instrumento para establecer discriminaciones contrarias a la dignidad humana."

    "Language, as a social construction, reflects the views held by society at a particular time. To that extent, it may become an instrument for establishing discrimination contrary to human dignity."

    Voto salvado

  • "El lenguaje como construcción social refleja concepciones que tiene la sociedad en un momento determinado. En esa medida puede constituirse en un instrumento para establecer discriminaciones contrarias a la dignidad humana."

    Voto salvado

  • "Este control puede, incluso, ejercerse respecto de normas constitucionales por cuanto el parámetro de convencionalidad asume un rango y una jerarquía supraconstitucional, obligando, entonces, a la Sala Constitucional a declarar en un caso concreto su “inconvencionalidad”."

    "This review may even be exercised with respect to constitutional provisions because the conventionality standard assumes supraconstitutional rank and hierarchy, thereby requiring the Constitutional Chamber to declare their “incompatibility with the Convention” in a specific case."

    Voto salvado

  • "Este control puede, incluso, ejercerse respecto de normas constitucionales por cuanto el parámetro de convencionalidad asume un rango y una jerarquía supraconstitucional, obligando, entonces, a la Sala Constitucional a declarar en un caso concreto su “inconvencionalidad”."

    Voto salvado

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

*120161380007CO* Decision No. 2013013808 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at sixteen hours and eleven minutes on the sixteenth day of October, two thousand thirteen.

Action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) brought by MARTIN MONESTEL CONTRERAS, of legal age, married, a member of the Asamblea Legislativa representing the Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), holder of identity card number 1-0670-0911, against the term “invalidity” contained in Article 73 of the Constitución Política.

Findings of Fact:

  1. 1In a written submission received by the Chamber’s Secretariat at eleven hours and fifty-two minutes on November 28, 2012, the petitioner requests that the term “invalidity” contained in Article 73 of the Constitución Política be declared unconstitutional. He argues that the term “invalidity” contained in the challenged provision is contrary to the concept of persons with disabilities protected by international human-rights instruments. He considers the term discriminatory and offensive. He notes that international conventions recognizing and protecting the rights of persons with disabilities have been promulgated, such as the Convenio Iberoamericano para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, promulgated by the Organización de Estados Americanos (OEA) and approved by Costa Rica through Law No. 7948, as well as the Convención de los derechos de las personas con discapacidad, promulgated by the Organización de las Naciones Unidas (ONU) and also approved by our country through Ley 8661, together with its corresponding regulations.He argues that this is a defect which, by its nature, does not cause individual or direct harm and, moreover, constitutes an offense against a group that necessitates the defense of diffuse interests (intereses difusos) concerning the community as a whole; he therefore considers that no prior case or underlying proceeding (asunto base) is required to bring this action. He requests that the action of unconstitutionality be granted and that the term “invalidity” be removed from the text of the challenged provision.
  2. 2Standing (legitimación) to bring the action of unconstitutionality arises from the defense of the diffuse interests of persons with a disability.
  3. 3By a decision issued at fifteen hours and fifty-seven minutes on March 25, 2013, the action was admitted for consideration, and the Procuraduría General de la República was granted a hearing.
  4. 4The Procuraduría General de la República submitted its report, stating that the diffuse interest invoked does not exist. There are two essential characteristics: transindividuality and indivisibility. In other words, it is an interest that, without belonging to any particular person, encompasses an entire community. It notes that, in judgment No. 2013-1040, issued at sixteen hours and twenty-three minutes on January 23, 2013, the Sala Constitucional held that, if it is determined that application of the challenged provision may produce individual and direct effects, the existence of a prior proceeding must be required in order to institute the corresponding action of unconstitutionality. The term “invalidity” is challenged because it may entail discrimination, which Article 33 of the Constitution prohibits as a discriminatory practice contrary to human dignity. The purpose of the provision is plainly to protect personal dignity.In other words, the interest being defended can indeed be individualized and is clearly not indivisible. Therefore, in the absence of a prior proceeding, the petitioner lacks standing. It further states that the petitioner’s status as a member of the Asamblea Legislativa, according to judgment No. 2007-2958 and the Sala Constitucional’s settled case law, does not grant members of the Asamblea Legislativa special standing under the law to bring an action of unconstitutionality without a prior proceeding. On the merits, it states that the term “invalidity” was used in the Constitución to describe a particular type of risk to which workers are exposed and which must mandatorily be covered by the social-insurance system established by the Constitución. Quoting statements by constituent assembly member Volio Jiménez, it concludes that the term “invalidity” was included not to characterize a person’s condition, but to describe a particular type of risk that must be covered by the State’s social insurance.It forms part of the essential core of the insurance coverage that must be provided. Case law recognizes it as a constitutional right that protects persons in certain circumstances; this is an elementary and long-established canon of constitutional interpretation. It has a particular meaning in the 1949 Constitución, when the 1947 edition of the Diccionario de la Real Academia Española defined “invalidity,” as applied to persons, as a lack of strength or vigor. By contrast, the more recent 22nd edition broadens the term to describe the condition of a person who has a congenital or acquired physical or mental impairment that prevents or hinders the performance of certain activities or participation in social life. The meaning of the provision, however, is to prescribe the State’s obligation to maintain an insurance system that protects workers if they experience congenital or acquired contingencies that place them in a position that hinders or prevents them from performing their ordinary activities.It has not departed from its technical meaning, under which the literature defines it as a limitation on an individual’s ability to perform an activity necessary for that person’s development as a consequence of an organic, psychological, or social limitation. The same meaning is used in forensic medicine (medicina legal), but the term is not used in the Constitución to classify persons as lesser; rather, it describes social-insurance risks. It is used in Article 25 of the Declaración Universal de Derechos Humanos, as well as in the resolutions and conventions of the Organización Internacional de Trabajo. Examples include Recommendation No. 99—Recomendación sobre la adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos—of 1955, and ILO Convention No. 102, Norma Mínima de Seguridad of 1952, Articles 53 and 54. Finally, in Costa Rican legal history, the concept of incapacity (incapacidad) is more closely related to persons’ legal capacity to acquire rights and obligations, which depends on physical or legal capacity.It ultimately concludes that the use of the term “invalidity,” when employed in its proper sense, is not discriminatory. The Constitución already incorporates a series of safeguards preventing the State or private parties from disregarding the right to legal personality and the dignity of persons with disabilities. This is consistent with the State’s obligation upon signing and approving the Convención Interamericana contra la Discriminación de Discapacitados—Law No. 7948 of November 22, 1999—and Article 2.a is quoted; it likewise refers to the Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad—Law No. 8661 of August 19, 2008. The use of the term “invalidity” in the Constitución Política in no way entails a diminution, much less an elimination, of the fundamental rights of persons with disabilities.
  5. 5The notices referred to in the second paragraph of Article 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional were published in issues 75, 76, and 77 of the Boletín Judicial on April 19, 22, and 23, 2013.
  6. 6The hearing provided for in Articles 10 and 85 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is dispensed with pursuant to the authority granted to the Chamber by Article 9 thereof, because this decision is deemed sufficiently grounded in evident principles and rules, as well as in this Court’s case law.
  7. 7The statutory requirements have been observed in the proceedings.

Justice Castillo Víquez authored the opinion; and, Conclusions of Law:

I.Admissibility. Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional governs the prerequisites determining the admissibility of actions of unconstitutionality, requiring the existence of a matter pending resolution in administrative or judicial proceedings in which unconstitutionality has been invoked. This requirement is unnecessary in the cases provided for in the second and third paragraphs of that article: when, due to the nature of the provision, there is no individual or direct harm; when the action is based on the defense of diffuse interests or interests concerning the community as a whole; or when it is brought by the Procurador General de la República, the Contralor General de la República, the Fiscal General de la República, or the Defensor de los Habitantes, in the latter cases within their respective spheres of authority. Under the first circumstance provided for in paragraph 2 of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the challenged provision must not be susceptible to specific application that would subsequently permit the implementing act to be challenged and consequently used as the underlying proceeding.

The text in question provides that an action may proceed when “due to the nature of the matter, there is no individual or direct harm”; that is, when, by that same nature, the harm is collective—the antonym of individual—and indirect. Second, it provides for the possibility of bringing an action in defense of “diffuse interests.” This concept, whose content has gradually been delineated by the Chamber, may be summarized in the terms used in this Court’s judgment number 3750-93, issued at fifteen hours on July 30, 1993:

“… Although difficult to define and even more difficult to identify, diffuse interests cannot under our law—as this Chamber has already held—be merely collective interests; nor may they be so diffuse that their ownership merges with that of the national community as a whole, or so specific that particular persons or organized groups are identified or readily identifiable in relation to them, whose standing would derive not from diffuse interests but from corporate interests concerning a community as a whole. They are, therefore, individual interests that are simultaneously dispersed among more or less extensive and amorphous groups of persons who share an interest and consequently suffer actual or potential harm that is more or less equal for all. It is therefore rightly said that these are equal interests belonging to groups situated in particular circumstances and, at the same time, to each member of those groups.

In other words, diffuse interests have a dual nature, since they are simultaneously collective—because they are shared by the public at large—and individual, and may therefore be asserted in that capacity.” In summary, diffuse interests (intereses difusos) are those held by groups of persons who are not formally organized but are united by a particular social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, consumption of a certain product, etc. In these cases, the interest is dispersed, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of persons. In such cases, of course, any challenge that a member of one of these sectors might bring under paragraph 2 of Article 75 must necessarily concern provisions that affect that person in such capacity. This Sala has identified various rights that it has characterized as “diffuse,” including the environment, cultural heritage, protection of the country’s territorial integrity, and proper management of public spending, among others.

Two clarifications must be made in this regard: first, the aforementioned interests transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since in principle they concern matters affecting the national community rather than particular groups within it; environmental harm does not merely affect the residents of a region or the consumers of a product, but instead damages or seriously endangers the natural heritage of the entire country and even of Humanity; likewise, safeguarding the proper management of public funds authorized in the Budget of the Republic is an interest shared by all inhabitants of Costa Rica, not merely by any particular group among them. Second, the list drawn up by the Sala Constitucional amounts only to a description inherent in its duty—as a judicial body—to limit itself to hearing the cases submitted to it, and it cannot in any way be understood to mean that only those rights expressly recognized as such by the Sala may be considered diffuse rights.

II.Standing (legitimación) in this specific case. The constitutional challenge (acción) is brought principally because the petitioner alleges that Article 73 of the Political Constitution affects the rights of persons with disabilities, since the constitutional provision’s use of the word “invalidity” subjects them to unconstitutional stigmatization contrary to the international obligations undertaken in the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities (Ley No. 7948) and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Ley No. 8661). Indeed, there is a diffuse interest held by an indeterminate group of persons, dispersed throughout the population, comprising persons who, because of a congenital or non-congenital event or circumstance, become part of the population of persons with a disability and who are united by a common interest that the petitioner may represent.

III.On the merits.- As the Procuraduría General de la República correctly notes, the Political Constitution contains indeterminate or determinable terms or concepts whose content is supplied through constitutional interpretation or interpretation of the legal system. As history evolves, concepts change in meaning; some fall into disuse, while new meanings are added, giving way to other, more precise and politically correct content as a result of the treatment they receive through advances in science and in international instruments concerning fundamental rights. The fact that the Political Constitution contains one of these indeterminate but determinable concepts, as noted, is demonstrated by the fact that in 1947 the meaning of “invalidity” referred to a person lacking strength or vigor; however, the more modern definition of the concept contains two meanings: first, the “condition of being invalid,” and second, “In employment or civil-service relations, a state of permanent incapacity” (see the electronic version of the definition at: http://lema.rae.es/drae/?val=invalidez).

The fact is that there is a technical meaning encompassing the language used by the Constituent Assembly, which refers to the protection that the State must provide to persons facing a social risk because circumstances external or congenital to the individual prevent them from engaging in activities that would ensure their own livelihood. To this extent, it concerns the individual’s special connection, under these circumstances, with fundamental rights, including the rights to human dignity and formal and substantive equality. “Invalidity” is certainly a concept that is constantly evolving and remains subject to ongoing legislative review and development. The term used in the Political Constitution is in fact highly specific and relates to social security, which grants this group special protection from the State and Costa Rican society; consequently, it has neither a discriminatory nor a stigmatizing purpose.

In view of the foregoing, the question of whether conventionality review (control de convencionalidad) may be exercised over a constitutional provision is not addressed in this case, since it is clear and manifest that there is no objective and insurmountable contradiction between the constitutional provision and the treaty provision.

IV.Justices Jinesta Lobo and Rueda Leal dissent and would grant the challenge, such that when Article 73 of the Political Constitution uses the expression “invalidity,” it must be understood in accordance with the conventionality standard (parámetro de convencionalidad).

For the foregoing reasons, the challenge must be denied.

Therefore:

The challenge is denied. Justices Jinesta Lobo and Rueda Leal dissent and would grant the challenge, such that when Article 73 of the Political Constitution uses the expression “invalidity,” it must be understood in accordance with the conventionality standard.- Gilbert Armijo S.

Acting President Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V. Paul Rueda L.

Aracelly Pacheco S. José Paulino Hernández G.

Res. No. 2013-13808 DISSENTING OPINION OF JUSTICES JINESTA LOBO AND RUEDA LEAL Justices Jinesta Lobo and Rueda Leal dissent and would grant the challenge, such that when Article 73 of the Political Constitution uses the expression “invalidity,” it must be understood in accordance with the conventionality standard, based on the considerations drafted by the former.

Conventionality review, judicially developed by the Corte Interamericana de Derechos Humanos primarily through its judgments in Almonacid Arellano et al. v. Chile of 26 de septiembre de 2006, Dismissed Congressional Employees v. Peru of 24 de noviembre de 2006, Cabrera García and Montiel Flores v. Mexico of 26 de noviembre de 2010, and Gelman v. Uruguay of 24 de febrero de 2011, is mandatory for Constitutional Chambers and Courts, which must compare any conduct, whether an act or omission, or any domestic provision against the conventionality standard or inter-American corpus juris (corpus iuris interamericano), comprising regional conventions and declarations on Human Rights, the case law of that Court, and its advisory opinions.

This review may even be exercised with respect to constitutional provisions because the conventionality standard has supraconstitutional rank and hierarchy, thus requiring the Sala Constitucional to declare their “incompatibility with treaty obligations” in a specific case. Specifically, the present challenge questioned the term “invalidity” contained in Article 73 of the Political Constitution because, as alleged, it is discriminatory and offensive to persons with some form of disability, whose rights have been extensively protected by numerous international Human Rights instruments.

In the majority’s view, the challenged provision concerns social security, which grants persons with disabilities special protection from the Costa Rican State, and therefore has neither a discriminatory nor a stigmatizing purpose, thus ruling out any objective contradiction between the constitutional provision and the treaty provision.

Nevertheless, the undersigned disagree with that position because the challenged term is indeed contrary to the conventionality standard, specifically the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities—approved by the Asamblea Legislativa through Ley No. 7948 of 22 de noviembre de 1999, published in La Gaceta No. 238 of 08 de diciembre de 1999—which uses the term disability to refer to “a physical, mental, or sensory impairment, whether permanent or temporary in nature, that limits the capacity to perform one or more essential activities of daily life and that may be caused or aggravated by the economic and social environment.” (Article 1.1.) The decision of the Corte Interamericana de Derechos Humanos in Ximenes Lopes v. Brazil of 4 de julio de 2006 is likewise applicable insofar as it establishes the obligation of States to respect the dignity of persons with disabilities, from which follows the obligation to adopt all appropriate legislative, administrative, and judicial measures to eliminate every form of discrimination on the basis of that condition.

Language, as a social construct, reflects the conceptions held by society at a particular time. To that extent, it may become an instrument for establishing discrimination contrary to human dignity. Language may determine a person’s inclusion in or exclusion from society and their status as a citizen with full rights.

The introduction of the term “invalidity” into Article 73 of the Political Constitution was conditioned by its historical and social context. Initially, the terms invalid and handicapped were used to refer to persons with some form of physical or mental disability. Nevertheless, the terminology used to refer to these persons has evolved, such that the aforementioned words have gradually given way to terms such as persons with disabilities and persons with differing abilities, which are more inclusive and more respectful of dignity as a constitutional value of the highest order.

The term disability, following the Organización Mundial de la Salud (World Report on Disability, 2011), denotes the negative aspects of the interaction between persons with a health condition and personal and environmental factors. Disability is therefore a complex phenomenon reflecting an interaction between the characteristics of the human organism and those of the society in which the person lives.

For the foregoing reasons, considering the terminology used in the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities—and, as a further example, the terminology used in the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol, instruments of the universal system for the international protection of Human Rights—we conclude that the term “invalidity” contained in Article 73 of the Political Constitution must be understood in accordance with the conventionality standard, and therefore dissent and would grant the challenge.

Ernesto Jinesta L. Paul Rueda L.

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*120161380007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y once minutos del dieciséis de octubre del dos mil trece.

Acción de inconstitucionalidad promovida por MARTIN MONESTEL CONTRERAS, mayor, casado, diputado de la Asamblea Legislativa por el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), portador de la cédula de identidad número 1-0670-0911, contra el término “invalidez” contenido en el artículo 73 de la Constitución Política.

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas cincuenta y dos minutos del veintiocho de noviembre de 2012, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del término “invalidez” contenido en el artículo 73 de la Constitución Política. Alega que el término “invalidez” que contiene la norma impugnada, es contraria al concepto de personas con discapacidad, tutelado por instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. Considera dicho término como discriminatorio y ofensivo. Señala que se han promulgado convenios internacionales que reconocen y defienden los derechos de las personas con discapacidad, tales como el Convenio Iberoamericano para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, promulgado por la Organización de Estados Americanos (OEA), y aprobado por Costa Rica, mediante Ley No. 7948; así como la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobado también por nuestro país por medio de la Ley 8661, con su respectivo reglamento.Alega que se trata de un vicio que, por su naturaleza, no produce una lesión individual ni directa, y además, es una ofensa a un conglomerado que impone una defensa de intereses difusos que atañen a la colectividad en su conjunto, por lo que considera que no requiere la existencia de un caso previo o asunto base para interponer la presente demanda. Solicita que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad, y se elimine el término “invalidez” del texto de la norma impugnada.
  2. 2La legitimación para interponer la acción de inconstitucional proviene de la defensa de intereses difusos de las personas con alguna discapacidad.
  3. 3Por resolución de las quince horas cincuenta y siete minutos del veinticinco de marzo de dos mil trece, se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República.
  4. 4La Procuraduría General de la República rindió su informe, señalando que no existe el interés difuso que se invoca. Existen dos notas esenciales: transindividualidad e indivisibilidad. Es decir que se trata de un interés que sin pertenecer a ninguna persona en particular, comprende a toda una colectividad. Señala que en la sentencia No. 2013-1040 de las dieciséis horas veintitrés minutos del 23 de enero de 2013, la Sala Constitucional señaló que de determinarse que la aplicación de la norma impugnada puede causar efectos individuales y directos, debe exigirse la existencia de un asunto previo para incoar la correspondiente acción de inconstitucionalidad. Se impugna el término “invalidez” porque puede implicar una discriminación, lo que el artículo 33 constitucional prohíbe, como la práctica de la discriminación contraria a la dignidad humana. El objeto de la norma es obviamente la protección de la dignidad personal.Es decir, el interés defendido sí puede ser individualizable y definitivamente no tiene el carácter de indivisible. Ergo, ante la ausencia de asunto previo, el actor carece de legitimación. Por otra parte, señala que la condición de diputado, según lo señala la sentencia No. 2007-2958, de reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional, que señala que la Ley no otorga a los diputados una legitimación especial para interponer la acción de inconstitucionalidad sin un asunto previo. Sobre el fondo, señala que el término “invalidez” ha sido utilizado en la Constitución para describir un determinado tipo de riesgo al que se encuentran expuestos los trabajadores y que debe ser cubierto, preceptivamente, por el sistema de seguros sociales ordenado por la Constitución. Al transcribir manifestaciones del constituyente Volio Jiménez, concluye que se incorpora el término “invalidez” no para determinar la condición de una persona, sino para describir un determinado tipo de riesgo que debe ser cubierto obligatoriamente por los seguros sociales del Estado.Es parte del núcleo duro de los seguros que deben cubrirse. La jurisprudencia lo reconoce como un derecho constitucional, que protege a las personas en determinados supuestos, es un canon de interpretación constitucional elemental y por demás de antiguo acuño. Que tiene un sentido propio en la Constitución de 1949, donde el Diccionario de la Real Academia Española, en su edición de 1947, tiene la acepción de “invalidez” aplicable a las personas, la que hace referencia a la carencia de fuerza o vigor. En contraste la edición No. 22°, más reciente, amplia el término para describir la condición de una persona que adolece de un defecto físico o mental, ya sea congénito, ya adquirido, que le impide o dificulta alguna de sus actividades o participar en la vida social. Pero el sentido de la norma es prescribir la obligación al Estado de tener un sistema de seguros que proteja a los trabajadores si sufren contingencias, congénitas o adquiridas, que los pongan en una posición que estorbe o impida la realización de sus actividades ordinarias.No se ha alejado de su sentido técnico, donde la literatura indica que es la limitación de la capacidad del individuo para desempeñar una actividad necesaria para su desarrollo, como consecuencia de una limitación orgánica, psicológica o social. Lo mismo que la utilizada por la medicina legal, pero en la Constitución no se utiliza para menos clasificar a las personas, sino describir riesgos de los seguros sociales. Se utiliza en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25, como también, en las resoluciones y convenios de la Organización Internacional de Trabajo. Ejemplos son: la recomendación No. 99 –Recomendación sobre la adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos- de 1955; el Convenio No. 102 OIT, Norma Mínima de Seguridad de 1952, en los artículos 53 y 54. Finalmente, en el derecho histórico costarricense, el concepto de incapacidad se relaciona más con la aptitud legal de las personas para adquirir derechos y obligaciones, la que depende de la capacidad física o legal.Por último, concluye que el uso del término “invalidez” no resulta, utilizado en su sentido propio, discriminatorio. La constitución ya incorpora una serie de garantías que impiden al Estado o a los particulares, desconocer el derecho a la personalidad y la dignidad de las personas con discapacidad. Es congruente con la obligación del Estado al firmar y aprobar la Convención Interamericana contra la Discriminación de Discapacitados – Ley No. 7948 de 22 de noviembre de 1999-, y se transcribe el artículo 2.a; igualmente señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad –Ley No. 8661 del 19 de agosto de 2008-. El uso del término “invalidez” que utiliza la Constitución Política de ninguna forma implica una disminución, mucho menos una supresión, de los derechos fundamentales de la persona con discapacidad.
  5. 5Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 75, 76 y 77 del Boletín Judicial, de los días 19, 22 y 23 de abril de 2013.
  6. 6Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.
  7. 7En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.Sobre la admisibilidad. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es necesario en los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, cuando por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa, cuando se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o cuando sea presentada por el procurador General de la República, el contralor General de la República, el fiscal General de la República o el defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. De acuerdo con el primero de los supuestos previstos por el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la norma cuestionada no debe ser susceptible de aplicación concreta, que permita luego la impugnación del acto aplicativo y su consecuente empleo como asunto base.

Dispone el texto en cuestión que procede cuando "por la naturaleza del asunto, no exista lesión individual ni directa", es decir, cuando por esa misma naturaleza, la lesión sea colectiva (antónimo de individual) e indirecta. En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres)

"… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas.

Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter" En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros.

Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación -como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda, de ninguna manera, llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala

II.Sobre la legitimación en el caso concreto. La acción se interpone principalmente porque el accionante acusa que el artículo 73 de la Constitución Política afecta los derechos de las personas con discapacidad, dado que al utilizar la norma constitucional la palabra “invalidez”, les produce una estigmatización inconstitucional contraria a las obligaciones internacionales adquiridas en el Convenio Iberoamericano para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (Ley No. 7948) y la Convención de los derechos de las personas con discapacidad (Ley No. 8661). En efecto, existe un interés difuso de un conglomerado de personas no determinable, diluido entre la población, con personas que por un suceso o eventualidad, congénito o no congénito, caen entre la población de personas con alguna discapacidad, y que se encuentran unidos por un mismo interés, en el cual el accionante puede representar.

III.Sobre el fondo.- Como bien señala la Procuraduría General de la República, en la Constitución Política existen términos o conceptos indeterminados o determinables cuyo contenido se llena con la interpretación constitucional o del ordenamiento jurídico. Ocurre, que con la evolución histórica los conceptos van cambiando de significado, unos van cayendo en desuso, o nuevas acepciones son agregadas, para dar paso a otros contenidos más precisos, políticamente correctos por el abordaje que reciben con el avance de las ciencias y de los instrumentos internacionales de derechos fundamentales. El hecho de que la Constitución Política contenga uno de estos conceptos indeterminados, pero determinables, como se señala, queda evidenciado que en 1947 la acepción de “invalidez” se refería a una persona que carecía de fuerza o vigor; pero inmediatamente, la definición más moderna del concepto contiene dos acepciones, primero a: “cualidad de inválido” y dos: “En las relaciones laborales o funcionariales, situación de incapacidad permanente” (véase la versión electrónica de la definición en: http://lema.rae.es/drae/?val=invalidez).

Lo cierto es que existe una acepción técnica donde se subsume el lenguaje utilizado por el Constituyente, que se refiere a aquella protección que debe dar el Estado a las personas que se encuentran en un riesgo social, dado que, por razones externas o congénitas al individuo, le impide ejercer actividades que le garanticen su propio sustento. En esta medida, se trata de una vinculación especial del individuo, en estas circunstancias con los derechos fundamentales, con aquellos de la dignidad humana y la igualdad formal y material. Ciertamente “invalidez” es un concepto que está en evolución constantemente, bajo la revisión y elaboración que aún no termina por las legislaciones. Lo cierto es que el término utilizado en la Constitución Política es muy específico, relacionado con tema de la seguridad social, que otorga a este grupo una protección especial del Estado y de la sociedad costarricense, y, por consiguiente, no tiene una finalidad discriminatoria ni estigmatizante.

En vista de lo anterior, el tema de si es posible ejercer un control de convencionalidad sobre una norma constitucional no se aborda en este caso, ya que es evidente y manifiesto que entre la norma constitucional y la convencional, no hay una contradicción objetiva e insuperable.

IV.Los magistrados Jinesta Lobo y Rueda Leal salvan el voto y declaran con lugar la acción, de modo que cuando el artículo 73 de la Constitución Política utiliza la expresión ''invalidez'', debe entenderse conforme al parámetro de convencionalidad.

Por lo expuesto, lo que procede es declarar sin lugar la acción.

Por tanto:

Se declara sin lugar la acción. Los magistrados Jinesta Lobo y Rueda Leal salvan el voto y declaran con lugar la acción, de modo que cuando el artículo 73 de la Constitución Política utiliza la expresión ''invalidez'', debe entenderse conforme al parámetro de convencionalidad.- Gilbert Armijo S.

Presidente a.i Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

Fernando Castillo V. Paul Rueda L.

Aracelly Pacheco S. José Paulino Hernández G.

Res. No. 2013-13808 VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS JINESTA LOBO Y RUEDA LEAL Los Magistrados Jinesta Lobo y Rueda Leal salvan el voto y declaran con lugar la acción, de modo que cuando el artículo 73 de la Constitución Política utiliza la expresión “invalidez”, debe entenderse conforme el parámetro de convencionalidad, con base en las consideraciones que redacta el primero.

El control de convencionalidad diseñado pretorianamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, básicamente, a través de las sentencias en los casos Almonacid Arellano y otros c/. Chile de 26 de septiembre de 2006, Trabajadores Cesados del Congreso c/. Perú de 24 de noviembre de 2006, Cabrera García y Montiel Flores c/. México de 26 de noviembre de 2010 y Gelman c/. Uruguay de 24 de febrero de 2011, resulta de acatamiento obligatorio para las Salas y Tribunales Constitucionales, debiendo contrastar cualquier conducta (activa u omisiva) o norma interna con el parámetro de convencionalidad o el corpus iuris interamericano, conformado por las convenciones y declaraciones regionales en materia de Derechos Humanos, la jurisprudencia de esa Corte y sus opiniones consultivas.

Este control puede, incluso, ejercerse respecto de normas constitucionales por cuanto el parámetro de convencionalidad asume un rango y una jerarquía supraconstitucional, obligando, entonces, a la Sala Constitucional a declarar en un caso concreto su “inconvencionalidad”. Precisamente, en la presente acción se cuestionó el término “invalidez” contenido en el artículo 73 de la Constitución Política pues, conforme lo alegado, resulta discriminatorio y ofensivo de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, cuyos derechos han sido ampliamente tutelados por numerosos instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.

Para la mayoría del Tribunal, la norma cuestionada se relaciona con el tema de la seguridad social que otorga a las personas con discapacidad la protección especial del Estado costarricense y no tiene, pues, una finalidad discriminatoria ni estigmatizante, descartándose, así una contradicción objetiva entre la norma constitucional y la convencional.

No obstante, los suscritos difieren de ese criterio pues el término impugnado sí resulta contrario al parámetro convencional, muy concretamente, a la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad —aprobada por la Asamblea Legislativa por Ley No. 7948 de 22 de noviembre de 1999, publicada en La Gaceta No. 238 de 08 de diciembre de 1999— la cual utiliza el término discapacidad para referirse a “una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.” (artículo 1.1.) Asimismo, resulta aplicable lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Ximenes Lopez vs. Brasil, de 4 de julio de 2006, en cuanto, establece la obligación de los Estados de respetar la dignidad de las personas con discapacidad, con lo cual se deriva la obligación de establecer todas las medidas legislativas, administrativas y judiciales que correspondan para eliminar cualquier forma de discriminación en razón de esa condición.

El lenguaje como construcción social refleja concepciones que tiene la sociedad en un momento determinado. En esa medida puede constituirse en un instrumento para establecer discriminaciones contrarias a la dignidad humana. A través del lenguaje puede determinarse la inclusión o exclusión de una persona en la sociedad y su pertenencia como un ciudadano de pleno derecho.

La introducción del término “invalidez” en el artículo 73 constitucional estaba condicionada por el contexto histórico y social. Inicialmente, se habían utilizado los términos inválido y minusválido para referirse a las personas que presentaban algún tipo de discapacidad física o mental. No obstante, ha habido una evolución de la terminología para referirse a estas personas, de modo que los vocablos recién indicados han ido cediendo espacio a términos como personas con discapacidad, personas con capacidades diferentes, los cuales resultan más incluyentes y respetuosos de la dignidad como valor constitucional de primer orden.

El término discapacidad, siguiendo a la Organización Mundial de la Salud (Informe Mundial de Discapacidad, 2011) denota los aspectos negativos de la interacción entre personas con un problema de salud y factores personales y ambientales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.

Por lo expuesto, considerando la terminología utilizada en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad –podría citarse, además, como ejemplo, la utilizada en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, instrumentos del sistema universal de protección internacional de los Derechos Humanos- estimamos que el término “invalidez” contenido en el artículo 73 constitucional debe entenderse conforme el parámetro de convencionalidad y, por ende, salvamos el voto declarando con lugar la acción.

Ernesto Jinesta L. Paul Rueda L.

203

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